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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 681/2013 de 23 de mayo


 RESUMEN:

Incapacidad permanente: Se declara al trabajador afecto de incapacidad permanente total para su profesión habitual como mozo especializado tras sufrir un accidente de circulación. Apartamiento del mercado de trabajo: Debe considerarse al trabajador en situación asimilada al alta, al constar en los ficheros de la empresa de trabajo temporal que le suministró su última ocupación.

ALBACETE

SENTENCIA: 00681/2013

T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIALALBACETE

C/ SAN AGUSTIN N.º 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071 ALBACETE

Tfno: 967 596 714

Fax:967 596 569

NIG: 02003 34 4 2013 0102016

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000108 /2013

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000547 /2011 JDO. DE LO SOCIAL n.º 001 de GUADALAJARA

Recurrente/s: Patricio

Abogado/a: MIGUEL HERREROS LAMPARERO

Procurador/a: ANA JERONIMA GOMEZ IBAÑEZ

Graduado/a Social:

Recurrido/s: INSS, TGSS

Abogado/a: LETRADO SEGURIDAD SOCIAL

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Magistrado/a Ponente: Ilmo. Sr. D. JOSE MONTIEL GONZALEZ

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. JOSE MONTIEL GONZALEZ

D.ª PETRA GARCIA MARQUEZ

D.ª LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO

En Albacete, a veintitrés de mayo de dos mil trece.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla - La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as anteriormente citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NO MBRE DE S. M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

- SENTENCIA N.º 681 -

en el RECURSO DE SUPLICACION número 108/2013, sobre INCAPACIDAD PERMANENTE, formalizado por la representación de D. Patricio contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara en los autos número 547/2011, siendo recurrido/s INSS y TGSS; y en el que ha actuado como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MONTIEL GONZALEZ, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que con fecha 30 de mayo de 2012 se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara en los autos número 547/2011, cuya parte dispositiva establece:

«Que desestimo la demanda interpuesta por D. Patricio y absuelvo a las entidades gestoras INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de las pretensiones ejercitadas.»

Segundo.—Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

«I.- El demandante D. Patricio, con NIF Núm. NUM000, nacido el NUM001 /1986, ha prestado sus servicios para la empresa AGIO II GESTORES DE EMPLEO ETT. SA, con la categoría profesional de mozo especializado desde el 27/02/2006 hasta el 9/6/2006.

· Expediente administrativo y documento número 1 acompañado con la demanda.

II.- Que las tareas que el demandante realizaba consistían en:

- Entrada/salida de mercancías.

- Carga, descarga, preparación de pedidos.

- Manejo de máquinas de manutención.

- Labores de almacén, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, etc.

· Expediente administrativo, certificado de empresa.

III.- Que el demandante a fecha 23/02/2011 tenía cotizados a la Seguridad Social 2 años, 9 meses y 23 días, por haber trabajado en las siguientes empresas:

AGIO II GESTORES DE EMPLEO ETT 103 días.

Abraxas control y servicios SL 4 días.

Grupo de Empresas Bucogar SL 919 días.

· Documento número 1 acompañado con la demanda, informe de vida laboral.

IV.- Que el demandante sufrió un accidente de circulación por atropello el día 14/11/2006.

· Documental acompañada con la demanda y expediente administrativo.

V.- Que como consecuencia del accidente sufrió las siguientes lesiones:

TCE con fístula de LCR, fracluxación de 3.º y 4.º dedo MD, fractura de 4.º y 5.º dedos del pie izquierdo, fractura de conminuta de codo izquierdo, fractura de malar izquierdo.

Para alcanzar la sanidad tardó 330 días, 40 de ellos de estancia hospitalaria y 290 ambulatorios todos ellos impeditivos de sus ocupaciones habituales.

Precisando tratamiento médico quirúrgico y varias asistencias.

Quedando como secuelas hoipoacusia derecha, pseudo artrosis olécranon, anquilosis artrodesis de 3.º dedo de la mano, artrodesis parcial del 2.º dedo, material de osteosíntesis en maxilar, limitación funcional metafalángica de 4.º y 5.º dedos del pie izquierdo, cicatrices en varias partes del cuerpo.

· Expediente administrativo y documental de la parte demandante.

VI.- Que demandante ha presentado solicitud de prestación ante las Entidades Gestoras.

· Expediente administrativo.

VII.- Que el demandante presenta como limitaciones orgánicas y funcionales para tareas de precisión con mano derecha, carga de pesos con brazo izquierdo y tareas bimanuales.

· Expediente administrativo y documental de la parte demandante.

VIII.- Que el dictamen propuesta de 16/03/2011 proponía la calificación del trabajador como incapacitado permanente en grado de total.

· Expediente administrativo.

IX.- Que la Dirección Provincial del INSS por resolución de 21/3/2011 resolvía denegar al demandante la prestación de incapacidad permanente porque a la fecha del hecho causante 8/03/2011 no se encuentra en situación de alta ni asimilada al alta en ninguno de los regímenes que integran el sistema de seguridad social, habiendo sido calificado de incapacidad permanente total para su profesión habitual, no estando contemplado ese grado desde la situación de no alta.

Por no reunir el periodo mínimo de 15 años exigido para causar derecho a pensión de incapacidad permanente en los grado de IPA para todo trabajo o gran invalidez, sin estar en alta o situación asimilada a la de alta.

Según lo establecido en el artículo 118.2 y 3 de la LGSS.

Las entidades gestoras remitieron copia de la solicitud del demandante a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, en orden a un posible reconocimiento de una pensión no contributiva.

· Expediente administrativo y documental de la parte demandante.

X.- Que el demandante se inscribía como demandante de empleo en el extinto SEPECAM con fecha 16/02/2011.

· Expediente administrativo.

XI.- Que para el caso de ser estimada la demanda la base reguladora para IPT ascendería:

· 13/03/2011 no alta 689,10 euros. Alta o asimilada 630,37 euros.

· 14/11/2006 no alta, alta o asimilada 806,40 euros.

XII.- Se ha presentado reclamación previa que ha sido desestimada por resolución de 23/05/2011.

· Documental acompañada con la demanda y expediente administrativo.»

Tercero.—Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por la representación de D. Patricio, el cual no fue impugnado de contrario, elevándose los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez tuvieron entrada, se dictaron las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma; poniéndose en su momento a disposición del/de la Magistrado/a Ponente para su examen y resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—En el primer motivo de recurso, amparado en el art. 193 b) de la LRJS, se postula la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia a fin de adicionar un nuevo hecho probado que exprese "Que, en el momento de sobrevenir la contingencia, esto es, el 14 de noviembre de 2006 en que se produjo el accidente de circulación, el trabajador contaba con un firme animus laborando o deseo de volver a trabajar, no existiendo ninguna evidencia que permita inferir su voluntad de apartarse del mercado laboral".

Como se establece en los arts. 193 b) y 196.3 de la LRJS, la revisión fáctica de la sentencia necesariamente ha de fundarse en la prueba documental o en la pericial practicadas en juicio, y como tiene señalado el Tribunal Supremo, en la sentencia de 16-11-1998, "los documentos sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión de hechos declarados probados deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas". Doctrina reiterada en la sentencia de 11-12-2003, en la que se dicen que "solamente gozan de virtualidad revisora aquellos documentos que por sí mismos hagan prueba de su contenido y no resulten contradichos por otros documentos probatorios".

En el presente caso, los documentos carecen de la idoneidad y fehaciencia suficiente para concluir, de su solo examen, que se ha producido un error valorativo del Juez de instancia, por lo que no procede la revisión fáctica postulada; máxime cuando el contenido del nuevo hecho que se pretende incorporar no contiene "hechos" propiamente dichos, sino meras valoraciones, cuyo lugar adecuado es la fundamentación jurídica de la sentencia y no el relato fáctico de la misma.

Segundo.—En el segundo motivo de recurso, amparado en el art. 193 c) de la LRJS, se denuncia infracción del art. 124.1 de la LGSS y art. 36.1.1.º del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, al entender el trabajador recurrente que al sobrevenir el accidente de trafico que le ha causado secuelas que le impiden desempeñar su profesión habitual, se encontraba en situación asimilada al alta, teniendo derecho por tanto a la prestación correspondiente por incapacidad permanente total para su profesión.

El art. 124.1 de la LGSS dispone que "Las personas incluidas en el campo de aplicación de este Régimen General causarán derecho a las prestaciones del mismo cuando, además de los particulares exigidos para la respectiva prestación, reúnan el requisito general de estar afiliadas y en alta en este Régimen o en situación asimilada al alta, al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa en contrario".

Por su parte, el art. 125.1 del mismo texto legal establece que "La situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será asimilada a la de alta".

Asimismo, el art. 36.1.1.º del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero dispone que: "Continuarán comprendidos en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social en que estuvieran encuadrados, pero en situación asimilada a la de alta en el mismo, quienes, aun cuando hubieren cesado en la prestación de servicios o en el desarrollo de la actividad determinante del encuadramiento en dicho Régimen, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 1.º La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez agotada la prestación, contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo. 2.º La excedencia forzosa. 3.º La situación de excedencia para el cuidado de hijos con reserva de puesto de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable. 4.º La suspensión del contrato de trabajo por servicio militar o prestación social sustitutoria. 5.º El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional. 6.º La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos. 7.º Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada. 8.º Los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, en los términos regulados en la Ley 18/1984, de 8 de junio. 9.º La situación de aquellos trabajadores que no se encuentren en alta ni en ninguna otra de la situaciones asimiladas a la misma, después de haber prestado servicios en puestos de trabajo que ofrecieran riesgo de enfermedad profesional y a los solos efectos de que pueda declararse una invalidez permanente debida a dicha contingencia".

Sobre la exigencia del requisito de alta o situación asimilada a la de alta, ha de estarse a la doctrina jurisprudencial (sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010, rec. 4014/08, con cita de la anterior del mismo Tribunal de 25 de julio de 2000, recurso 4436/99) que se resume del siguiente modo:

"a) Es cierto, como recoge la sentencia recurrida, que el art. 138.1 en relación con el art. 124 LGSS/1994 exige estar de alta o en situación asimilada a ella para causar las prestaciones de invalidez permanente en su modalidad contributiva y que a la situación de alta es asimilada la situación de desempleo total o subsidiado, conforme dispone el art. 125.1 LGSS; pero debe destacarse que, con relación al requisito del alta, la jurisprudencia de esta Sala ha atenuado su exigencia, mediante una interpretación humanizadora que pondera las circunstancias de cada caso concreto con el fin de evitar supuestos no justificados de desprotección.

b) Esta línea jurisprudencial, iniciada ya con anterioridad a la casación unificadora (entre otras, SSTS/Social 4-IV-1974, 2-VII- 1974, 6-III-1978, 27-X-1979, 14-IV-1980, 24-VI-1982, 11-XII-1986, 15-XII-1986, 2-II-1987, 21-III-1988, 12-VII-1988 y 13-IX-1988) y que ha tenido fiel reflejo en ésta (entre otras, STS/IV 19-XII-1996), estableció, como recuerda la citada STS/Social 15-XII-1986, la doctrina relativa a que el alta ha de referirse al momento en que sobrevino la contingencia determinante de la situación protegida (SSTS/Social 14-IV-1980 y 24-VI-1982), o aquélla otra que, tras analizar la normativa afectante al Convenio Especial, considera que la baja en la Seguridad Social ha de entenderse con carácter provisional durante los noventa días siguientes al cese, en los que el trabajador puede acogerse al Convenio Especial, conservando, por tanto, durante ese período los derechos que puedan serle legalmente atribuidos en relación al tiempo que duró la afiliación y la cotización a la Seguridad Social (SSTS/Social 27-X- 1979 y 15-XII-1986); doctrinas a las que es dable adicionar la que interpreta con flexibilidad el requisito de estar inscrito como demandante de empleo "tanto más cuanto que reunía los requisitos para obtener la pensión cuando los padecimientos se produjeron" (STS/Social 11-XII-1986).

c) Pudiendo concluirse en esta línea, y siguiendo la doctrina marcada en la referida STS/IV 19-XII-1996, que el requisito del alta y las situaciones asimiladas a ella han sido interpretados de modo no formalista por esta Sala, estimando en general que sí concurría la situación de alta, cuando se inicia el acontecer que conduce al hecho causante y es fundadamente explicable que se hayan descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en alta, entonces el requisito ha de entenderse por cumplido".

En el presente caso, se trata de un trabajador nacido el 05/08/1986 que ha prestado servicios como trabajador por cuenta ajena como mozo especializado durante 2 años, 9 meses y 23 días, último contrato del 27/02/2006 al 09/06/2006) y que el 14/11/2006 sufre un accidente de tráfico del que se derivaron graves lesiones y las limitaciones funcionales que se describen en los hechos probados 5.º y 7.º

El trabajador solicitó el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, y el EVI, en su dictamen propuesta de fecha 15/03/2011, propuso el reconocimiento de tal grado de incapacidad (hecho probado 8.º), que finalmente fue denegado por el INSS en Resolución de 21/03/2011, al no encontrarse el trabajador en situación de alta o situación asimilada a la de alta.

Del examen de las circunstancias particulares que concurren en el presente caso, se desprende que el trabajador, pese a su juventud, tenía una inequívoca voluntad de trabajar, como lo evidencia el hecho de que desde que alcanzara la edad legal para trabajar de 16 años (art. 6.1 del ET) hasta la fecha en que ocurre el accidente de tráfico, en que tenía poco más de 20 años, ya acreditaba 2 años, 9 meses y 23 días de trabajo efectivo por cuenta ajena.

Por ello, aunque ciertamente el demandante no se encontraba inscrito como demandante de empleo desde la finalización de su último trabajo, tal circunstancia no puede valorarse en el presente caso como elemento demostrativo de un apartamiento del mercado de trabajo, si resulta que aparece como demandante de empleo en los ficheros de la empresa de trabajo temporal que le suministró su última ocupación, razón por la que ha de considerársele en situación asimilada al alta.

Procede, por consiguiente, declarar al demandante afecto de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, con derecho a una prestación vitalicia del 55% de su base reguladora de 630,87 €, y fecha de efectos económicos desde el 15/03/2011.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación de D. Patricio contra la Sentencia de fecha 30 de mayo de 2012 dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara en los autos número 547/2011, sobre incapacidad permanente, siendo recurridos INSS y TGSS, y revocando la expresada resolución, debemos declarar y declaramos al demandante afecto de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, con derecho a una prestación vitalicia del 55% de su base reguladora de 630,87 €, y fecha de efectos económicos desde el 15/03/2011.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación. Durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número 0044 0000 66 0108 13 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número 3001, sita en Albacete, C/ Marqués de Molins n.º 13, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de la citada Ley, que deberá ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

Para la interposición del recurso de casación se deberá justificar que se ha efectuado el ingreso de la TASA a que hace referencia la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, acompañando el justificante del pago de la misma, debidamente validado, bajo apercibimiento de que, de no acompañarse éste, no se dará curso al escrito hasta que tal omisión se haya subsanado ni se suspenderán los plazos procesales por este motivo.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal el día veintiocho de mayo de dos mil trece. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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