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Sentencia T.S. (Sala 3) de 21 de octubre de 2010


 RESUMEN:

Administración sanitaria: Responsabilidad Patrimonial. No hay mala praxis por la falta de información de los médicos acerca de la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica. Se realizaron los controles periódicos necesarios para erradicar las dolencias. Lo manifestado en los dictámenes, informes y documentos obrantes en las actuaciones judiciales, es una facultad que corresponde a la Sala de instancia y la valoración de la prueba que hace el Tribunal "a quo" no tiene cabida en casación. No ha lugar al recurso de casación.

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Octubre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 244/2009, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la procuradora doña Elvira Encinas Lorente, en nombre y representación de doña Valle, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho, recaída en los autos número 344/2007.

Habiendo comparecido en calidad de partes recurridas los procuradores don Jorge Deleito García y don Gustavo, en nombre de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la aseguradora Zurich España Cia de Seguros y Reaseguros, respectivamente.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en los autos número 344/2007, dictó sentencia el día cuatro de diciembre de dos mil ocho, cuyo fallo dice: " Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto, sin expresa imposición de costas.";

Segundo.-La representante procesal de doña Valle, interpuso recurso de casación por escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve.

Tercero.-Mediante providencia de fecha treinta de abril de dos mil nueve, dictada por la Sección Primera de esta Sala, se admite el recurso de casación interpuesto y se remiten las actuaciones a esta Sección Cuarta, conforme a las reglas del reparto de asuntos; donde se tienen por recibidas el uno de junio de dos mil nueve, confiriéndose traslado a las partes recurridas para formular oposición.

Cuarto.-La representación procesal de Zurich España Cia de Seguros y Reaseguros presentó escrito de oposición el día diecisiete de julio de dos mil nueve, presentándolo el representante procesal de la Comunidad Autónoma de La Rioja el día veinte del mismo mes y año.

Quinto.-Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo de este recurso el día trece de octubre de dos mil diez, fecha en que tuvo lugar habiéndose observado los trámites establecidos por la ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Marti,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el recurso de casación que enjuiciamos se impugna por la representación de doña Valle, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de La Rioja, de catorce de agosto de dos mil siete que le denegó la reclamación formulada por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria a consecuencia de una mala praxis por la falta de información de los médicos acerca de la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica.

Segundo.-La Sala de instancia, en base a los diferentes informes médicos obrantes en autos y, en concreto el de los doctores que intervinieron en el dictamen I&I, S.A., de la inspección médica y del Instituto de Ciencias Médicas y Jurídicas, declara como hechos probados los siguientes:

" 1.- D.ª Valle, fue diagnosticada de colitis ulcerosa tras un ingreso en el Servicio de Medicina Interna en el Hospital de La Rioja, el día 13 de febrero de 1984, por presentar un cuadro de rectorragias de un mes de evolución, realizándose una rectosigmoidoscopia que objetiva ulceras y erosiones superficiales a nivel del recto-sigma sin afectación de colon ascendente, con resultado anatomopatológico de estructuras compatibles con colitis ulcerosas estableciéndose el diagnostico de colitis ulcerosa grado I, indicándose dieta y tratamiento con salazopirina y cortenema. Desde 1984 hasta la actualidad ha requerido varios ingresos hospitalarios y ha seguido revisiones periódicas por parte del servicio de digestivo del servicio público de salud así como de especialistas privados.

2.- Con fecha 19 de noviembre de 1984 se emite por el Dr. Serafin, informe del estudio médico privado realizado a la citada asegurada, que establece el mismo diagnóstico e indica el mismo tratamiento que en el Hospital de La Rioja.

3.- Desde octubre de 1986 hasta el año 1993 la paciente acude al Servicio de Cirugía General y Digestiva de la Clínica de La Esperanza de Vitoria donde le realizaron ocho colonoscopias de control apreciando siempre signos de actividad de su enfermedad inflamatoria. La última colonoscopia se lleva a cabo en junio de 1993 visualizándose pequeñas lesiones en colon descendente, sigma y recto, realizándose también una manometría anorrectal, el día 7 de julio de 1993, con resultado de incontinencia por afectación rectal por su proceso inflamatorio con enervación normal, estableciéndose el diagnóstico de pancolitis ulcerosa.

4.- Con fecha 11 de agosto de 1988 se emite informe del Dr. Alexander, Jefe del Servicio Digestivo del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde específica el diagnóstico de rectitis ulcerosa mínima, estando quiescente en sigma y descendente, indicándose tratamiento médico.

5.- Con fecha 19 de abril de 1999, se emite informe por el Dr. Juan Antonio, facultativo Especialista de Digestivo del Complejo Hospitalario San Millán- San Pedro, en el que indica que la paciente en esos momentos presentaba más de seis disposiciones al día de carácter explosivo y urgente. Que el día 24 de febrero de 1999 coincidiendo con un brote agudo, se le realizó nueva colonoscopia con biopsia y se le extirparon de pólipos a 35 cm del ano, siendo el resultado de colitis crónica inespecífica, indicándose tratamiento con dacortin y claversal. En cuanto a la evolución, se informa que la paciente presenta un brote del cual parece que está recuperándose y que las posibilidades terapéuticas son las que se están llevando a cabo, quedando siempre como última posibilidad la intervención quirúrgica, que de momento no se indica.

6.- Con fecha 20 de septiembre de 2001, se emite nuevo informe Don. Juan Antonio, donde se indica que la paciente está siendo controlada en consultas desde el año 1988, con repetidos ingresos en el Servicio de o, teniendo un curso evolutivo típico con brotes de distinta intensidad, ole realizado desde entonces y hasta la actualidad al menos una copia anual con resultados que van desde colitis ulcerosa inactiva hasta de carácter leve o moderado. Se informa la última colonoscopia el día 17 de noviembre de 2000, con imágenes sugestivas de colitis inactiva desde ampolla rectal hasta el inicio de colon transverso. Con tratamiento habitual con claversal, mas corticoides en los brotes iniciándose tratamiento médico con inmunosupresores (Imurel 50).

7.- Con fecha 22 de noviembre de 2002, Don. Juan Antonio, emite informe solicitando una manometría ano-rectal, potenciales evocados del nervio pudendo y ecografía recto-anal, así como valoración de posibilidades de tratamiento quirúrgico o mediante feedback de la citada paciente en el Servicio de Cirugía del Hospital del Camino de Pamplona. La paciente es estudiada en dicho centro realizándose colonoscopia, ecografía anal y mamometría ano-rectal Informando con fecha 31 de marzo de que la paciente presenta una incontinencia por hiperaflujo asociada a ligera disminución de la compliance rectal, siendo la primera opción utica tratar su enfermedad de base para controlar las diarreas, considerando que el biofeedback se podría intentar aunque no parece que a aportar mucho a la paciente, y que si todo fracasara y la incontinencia siguiese muy limitante, habría que plantearse cirugía de la colitis ulcerosa.

8.- Con fecha 15 de marzo de 2004, la paciente es intervenida quirúrgicamente en Servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Camino, realizándose una prontocolectomia total con disección interesfinteriana e ileostomia tipo Brooke. ";

Y, de acuerdo con estos hechos considera que " no existe ninguna prueba en autos que acredite fehacientemente que se ha producido una violación de la lex artis, por la no información de la existencia de la opción quirúrgica, y ello porque ni durante el tiempo que estuvo en tratamiento en el Hospital de Vitoria, ni tampoco durante el tiempo que estuvo en tratamiento en Pamplona antes de la operación se ha informado por los distintos doctores de la opción quirúrgica y ello porque la operación quirúrgica es un opción del enfermo pero una vez que exista la correspondiente indicación médica, lo contrario no tendría sentido, sin que se haya acreditado en autos que en un determinado momento era aconsejable la operación quirúrgica. La información habrá de se exhaustiva y suficiente a fin de contar con todos los datos y precisos para poder someterse a la intervención que el facultativo o servicios médicos le propongan. Por todo lo anteriormente expuesto procede la desestimación del recurso contencioso- administrativo interpuesto. "

Tercero.-Disconforme con este razonamiento, la recurrente invoca contra la citada sentencia tres motivos de casación que se fundamentan en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional:

En el primero, se denuncia la vulneración del artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en relación con el artículo 2.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 11 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, así como la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha diez de mayo de dos mil seis, pues considera que hubo una mala praxis médica por la falta de información de los médicos acerca de la posibilidad de una opción quirúrgica.

En el segundo, se alega la infracción de los artículos 335 y siguientes y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no haber valorado el Tribunal el informe pericial del doctor Raimundo -Director del Instituto de Ciencias Médicas y Jurídicas-, en el que se ponía de manifiesto las opciones ante una situación grave de salud, entre ellas, la intervención quirúrgica. Y

En el tercero, con la misma base legal infringida, se aduce por la recurrente que también se omitió por la Sala otro informe determinante, el Don Juan Antonio, -uno de los médico cuya negligencia se denunció- en el que se ponía de manifiesto la opción médica de la cirugía.

Cuarto.-Sostiene la recurrente en su primer motivo de casación que la falta de información implica mala praxis médica ya que, a su juicio, la actuación de los facultativos contra el criterio de la "lex artis" quedó suficientemente acreditado en autos dado que corría un grave riesgo de padecer cáncer tras diez años de tratamiento, privándole del derecho de información sobre su estado de salud a fin de que pudiera ejercitar el derecho a la autonomía decisoria más conveniente a sus intereses.

Este motivo debe ser desestimado, pues si bien es cierto que el artículo 10 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, expresa que toda persona tiene con respecto a las distintas Administraciones públicas sanitarias, entre otros aspectos, derecho " a que se le de en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal o escrita, su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento "; -apartado 5- " a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento del usuario para la realización de cualquier intervención ";, es reiterada la doctrina jurisprudencial, por todas citamos la sentencia de nueve de diciembre de dos mil ocho, recaída en el recurso 6580/2004, que declara que " cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, no resulta suficiente la existencia de una lesión -que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable-, sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis" como modo de determinar cuál es la actuación médico correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible, ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o salud del paciente."

Y aquí, en el supuesto que analizamos, en atención a los hechos declarados como probados por la Sala de instancia -los cuales son incontrovertibles en casación- no podemos afirmar como sostiene la recurrente que hubo una mala praxis médica por la falta de información de los médicos acerca de una posible intervención quirúrgica pues aquellos realizaron los controles periódicos necesarios para erradicar las dolencias que padecía, hasta que por prescripción del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, se acordó después de dos años de tratamiento la necesidad de realizar una intervención quirúrgica, que según el dictamen médico de los especialistas en Cirugía General y Digestivo: "Solamente el 25% de los pacientes que presentan una colitis ulcerosa, necesitan cirugía alguna vez en la vida. La cirugía, al ser mutilante, hay que reservarla para aquellos casos de extrema necesidad..."

Quinto.-El segundo y tercer motivo de casación deben ser examinados conjuntamente, pues ambos se sustentan en la infracción de los mismos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En estos motivos vuelve a insistir la recurrente que su reclamación nunca se fundamentó en el error del diagnóstico sino en la falta de información de los médicos acerca de la posibilidad de realizar durante más de diez años y otros diez de un tratamiento fallido e involutivo una intervención quirúrgica en una paciente con antecedentes cancerígenos, y, al hilo de este planteamiento, sostiene que la sentencia es incongruente ya que se basa en una correcta aplicación de la "lex artis ad hoc", denunciando además, la falta de valoración por el Tribunal del informe pericial del Director del Instituto de Ciencias Médicas y Jurídicas, y el emitido por Don Juan Antonio, cuya negligencia, en su opinión, se evidenció en su informe.

Independientemente de que el vicio de incongruencia debe sustentarse en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, hemos de señalar que según constante jurisprudencia la voluntad manifestada en los dictámenes, en los informes y los documentos obrantes en las actuaciones judiciales, es una facultad que corresponde a la Sala de instancia y la valoración de la prueba que en su conjunto hace el Tribunal "a quo" no tiene cabida en casación, pues han de respetarse los hechos de la resolución recurrida, salvo que su apreciación sea arbitraria, ilógica o irracional, y aquí, en el supuesto que examinamos, esto no sucede, como se pone de relieve en el fundamento jurídico tercero de la sentencia impugnada al señalar:

" De los diferentes informes médicos aportados en el proceso jurisdiccional y en concreto del informe del informe de los Doctores que intervienen en el informe de Dictamen I &I S.A. (aportado por la Compañía demandada al contestar la demanda), así como del informe de la médico inspectora (f.66 a 69 del expediente) y del informe del Instituto de Ciencias Médicas y Jurídicas(folios 87 y siguientes) han quedado acreditados los siguientes hechos que son necesarios describirlos para una mayor comprensión de los temas debatidos en la presente causa ";

En consecuencia estos motivos deben ser desestimado.

Sexto.-De conformidad con lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, si bien la Sala de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del citado precepto limita el importe máximo a percibir por los honorarios de cada uno de los Abogados de las partes recurridas la cantidad de mil quinientos euros (1.500€).

Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña Valle contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho, recaída en los autos número 344/2007; con expresa condena de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente dentro de los límites señalados en el fundamento jurídico sexto de ésta, nuestra sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Enrique Lecumberri Marti, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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