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Sentencia T.S.J. Asturias 2546/2010, de 25 de octubre


 RESUMEN:

Nulidad de actuaciones: Acto de juicio. Comparecencia del actor sin asistencia de letrado. No exhibición a la recurrente de los documentos aportados por la parte contraria. Tutela del derechos fundamentales: El Ministerio fiscal es parte, pero su asistencia al acto de juicio no es obligatoria, por lo que la celebración del  juicio no está condicionada a la asistencia al mismo del Ministerio Fiscal, citado en forma.

OVIEDO

SENTENCIA: 02546/2010

T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIAL

C/ SAN JUAN N.º 10

Tfno: 985 22 81 82

Fax:985 20 06 59

NIG: 33044 34 4 2010 0101837

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001804 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000873 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 003 OVIEDO

Recurrente/s: Pedro Enrique

Abogado/a: MANUEL SERRANO MARTINEZ

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES S.A., Alonso, Arsenio, Bernabe, Cecilio, MINISTERIO FISCAL

Abogado/a: JOSE IGNACIO MOYANO RODRIGUEZ, DANIEL ALBERTO POZUELO ROLDAN

Sentencia n.º 2546/10

En OVIEDO, a veinticinco de Octubre de dos mil diez.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA SOCIAL del T.S.J. ASTURIAS, formados por los Ilmos. Sres. D. JORGE GONZÁLEZ RODRIGUEZ, Presidente, D.ª CARMEN HILDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, y D. LUIS CAYETANO FERNÁNDEZ ARDAVIN, Magistrados de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO SUPLICACION 1804/2010, formalizado por el Letrado D. MANUEL SERRANO MARTÍNEZ, en nombre y representación de Pedro Enrique, contra la sentencia número 72/2010 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de OVIEDO en el procedimiento DEMANDA 873/2009, seguidos a instancia de Pedro Enrique frente a NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES S.A., a Alonso, a Arsenio, a Bernabe, a Cecilio, y al MINISTERIO FISCAL, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JORGE GONZÁLEZ RODRIGUEZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-D. Pedro Enrique presentó demanda contra NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES S.A., Alonso, Arsenio, Bernabe, Cecilio, y MINISTERIO FISCAL, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 72/2010, de fecha nueve de Febrero de dos mil diez.

Segundo.-En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:

1.º- El demandante don Pedro Enrique (DNI n.º NUM000) tiene reconocido desde 8-10-08 un grado de discapacidad global del 70%, revisable en Mayo/2011, por padecer limitación funcional de columna (idiopática), limitación funcional bimanual (traumática), trastorno mental (etiología psicógena) e hipoacusia severa, según resolución de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias de 11-5-09. Antes y desde 24-5-04 el grado de minusvalía era del 39%.

2.º- Interesado por el anterior que el Médico Forense informase sobre el "mobbing" o acoso u hostigamiento laboral padecido que denuncia, en el emitido se consigna que el informado padece trastorno anancástico de la personalidad de carácter severo, presentando clínica fóbica y obsesiva lo que le ha generado depresión y dificultad en sus relaciones familiares sociales y laborales; trastorno anancástico de la personalidad que se caracteriza por falta de decisión, dudas y precauciones excesivas, que reflejan una profunda inseguridad personal, preocupación excesiva por detalles, reglas, listas, orden, organización y horario, perfeccionismo que interfiere con la actividad práctica, rectitud y escrupulosidad excesivas junto con preocupación injustificada por el rendimiento, hasta el extremo de renunciar a actividades placenteras y a relaciones personales, pedantería y convencionalismo con una capacidad limitada para expresar emociones, rigidez y obstinación, insistencia poco razonable en que los demás se sometan a la propia rutina y a dejar a los demás hacer lo que tienen que hacer con la irrupción no deseada e insistente de pensamientos o impulsos. Dicho trastorno puede beneficiarse de terapias conductuales y de relajación para afrontar las situaciones ansiogenas pero su recuperación es difícil de conseguir debido a los rasgos de la propia enfermedad.

Nada recoge acerca del supuesto acoso moral en el trabajo.

3.º- La ITSS de Asturias levantó el 15-4-08 Acta de Infracción proponiendo la imposición de una sanción de 8196,00 € a la empresa Seguridad Colectiva S.L. al constatar que un trabajador Sr. Joaquín se encontraba realizando trabajos careciendo de medidas de protección colectiva o individual, siendo la contratista principal Naves y Parques Industriales S.A.- NAPISA.

El 15-5-08 se levantó acta de Infracción frente a NAPISA proponiendo sendas sanciones de 2.046,00 € y de 40.986,00 €, al comprobar que Pleycor Coruña S.L. ha incumplido las exigencias legalmente establecidas para intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción como subcontrata, de poseer una organización productiva propia que, contando con los medios materiales y humanos necesarios, los utilice de manera efectiva para el desarrollo de la actividad contratada, ejerciendo así directamente las facultades de organización y dirección respecto de los trabajos subcontratados, sin que la empresa NAPISA, principal, haya adoptado medida alguna para impedirlo; y que NAPISA reinició los trabajos de montaje de estructura con plataformas elevadoras y bajo pilares de estructura metálica, paralizados por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra ante la existencia de riesgo grave e inminente de vuelco de las plataformas o de caída de estructura metálica, debido al fuerte viento existente, y que superaba, en el caso de las plataformas, los límites de utilización aconsejados por el fabricante, sin habérselo comunicado previamente y sin que, en su caso, éste hubiera autorizado su reinicio, y ello a pesar de permanecer las causas que motivaron tal paralización, de acuerdo con las mediciones facilitadas por dicho coordinador.

Ambas Actas están referidas al centro de trabajo sito en Polígono de Mercasturias, Llanera, consistente en la construcción de unas naves para almacenamiento y distribución de productos alimentarios.

El 7-5-08 y 19-06-08 con carácter respectivo NAPISA formuló alegaciones frente a sendas Actas ante la Consejería de Industria y Empleo de Asturias.

4.º- El 1-7-08 el Juzgado de lo Social n.º 5 de Oviedo (en demanda 181/08) dictó sentencia declarando la nulidad del despido del hoy demandante de efectos 22-2-08. Fijó una antigüedad del mismo en NAPISA de 23-5-07. Consideró que la decisión extintiva devenía a todas luces sospechosa, atendiendo a que el actor durante los meses anteriores a su despido ha ejercitado su derecho a reivindicar el cumplimiento de las medidas de seguridad como Recurso preventivo, lo que se erige en causa principal del despido efectuado y no ha resultado desvirtuado de contrario.

Fue recurrida en suplicación por el demandante que venció en la instancia y su recurso desestimado por sentencia de la Sala del TSJA de fecha 27-2-09 (Rec. n.º 2280-08).

El 24-4-09 el mismo Juzgado de lo Social en demanda 199-09 dictó sentencia por la que declaraba extinguida la relación laboral del Sr. Pedro Enrique con NAPISA el 26-1-09, negando que el despido de tales efectos fuera nulo y sí improcedente habiendo reconocido ya la empresa su improcedencia y consignado la indemnización legal cumpliendo el trámite del art. 56.2 E.T. Fue ratificada en sede de suplicación por la dictada en Rec. n.º 1957/09 por la Sala el 2-10-09.

Desde 26-1-09 no existe pues relación contractual del demandante con NAPISA.

5.º- Por sentencia dictada el 22-5-09 por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Oviedo (demanda 777-08), se desestimó la pretensión del actor relativa a que se condene a NAPISA por daños y perjuicios morales derivados del despido nulo de 22-2-08 a abonarle 11.797,15 € así como los gastos de alquiler de vivienda devengados de 01/2008 a X/08. Entendió que la situación patológica del actor se debía a contingencias comunes y no a la situación laboral vivida, y que no se hallaba probado que la empresa asumiera correr con los gastos de alquiler de la vivienda que arrendó el actor Sr. Pedro Enrique en Oviedo, C/ DIRECCION000 NUM001 - NUM002.

6.º- En autos 758-08 el Juzgado de lo Social n.º 1 de Oviedo dictó el 30-1-09 sentencia en demanda dirigida frente a NAPISA, Hijos de Luis Rodríguez S.A., Promotora Edipersan S.A. y Promotora Lleira S.A., siendo demandante el Sr. Pedro Enrique, por la que con estimación parcial de la demanda (se reclamaban 22971,43 €) condenó sólo a NAPISA a abonar al demandante la cantidad de 540,22 €, con desestimación en lo restante.

Prestó el demandante servicios propios de su categoría para NAPISA en Guadalajara de 7-8-07 a 21-9-07.

La sentencia de 30-1-09 arriba referida fue parcialmente revocada por la Sala merced a la dictada el 25-9-09 en Rec. de Suplicación n.º 1040/09, condenando a NAPISA a abonar al Sr. Pedro Enrique por el concepto de dietas 1260,40 € confirmando el resto de pronunciamientos de la sentencia de instancia.

En sus HH.PP. consta que el demandante mientras prestó servicios en Guadalajara también realizó su cometido en otra obra en la que actuaba como promotora la empresa Lleira; que la empresa le ofreció vivir en una casa unifamiliar alquilada por Naves y Parques Industriales sin que el actor aceptase tal ofrecimiento, decidiendo alquilar un piso en Madrid.

7.º- El 3-2-10 se ha celebrado en el Juzgado de lo Social n.º 1 de Oviedo (demanda 817-09) juicio en materia de impugnación de alta médica siendo demandante el Sr. Pedro Enrique y demandados INSS, TGSS, SESPA, MUPRESPA, MUTUA ASEPEYO, COMSA S.A. Y NAPISA.

Se alega en demanda baja médica de 9-1-08 y alta médica de 26-06-09.

La baja de 9-1-08 lo es por contingencia común, habiendo promovido el anterior procedimiento judicial en materia de determinación de contingencia del que conoce el Juzgado de lo Social n.º 2 de Oviedo (demanda 882-09), habiéndose señalado el juicio para el día 25-2-1010, solicitando el Sr. Pedro Enrique contingencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.

8.º- El 19-10-09 ha presentado papeleta conciliatoria ante la UMAC de Oviedo en materia de Cantidad reclamando frente a NAPISA: 41.891,00 €, que desglosa:

- 35% del salario bruto 2007 (8 meses), 9529,60 €

- 3 mudanzas, Madrid/Oviedo/Guadalajara/Oviedo, 1800 €

- Daños y perjuicios por accidente, 18620,67 €

- Gastos de alquiler del piso de Oviedo (17 meses), 9440,73 €

- Gastos de alquiler del piso de Madrid (2 meses), 1200 €

- Honorarios de Letrado, 1300 €.

9.º- La presente demanda sobre Tutela de Derechos Fundamentales se presentó el 21-10-09 con entrada del 23 ss en este Juzgado de lo Social al que correspondió por turno de reparto.

Exceptuado el procedimiento de conciliación previa, se promovió no obstante el acto el 29-7-09 y se dio por "intentado sin efecto" el 13-8-09.

10.º- Ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Oviedo se siguen Dilig. Previas N.º 4307/09 sobre ACOSO LABORAL - Auto de incoación de 9-12-09 -.

Tercero.-En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Desestimando la demanda formulada por D. Pedro Enrique contra la Empresa NAPISA - NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES S.A., D. Alonso, D. Arsenio, D. Bernabe Y D. Cecilio, siendo parte el MINISTERIO FISCAL, debo absolver y ABSUELVO a los demandados de la pretensión formulada en su contra."

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Pedro Enrique formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 25 de junio de 2010.

Sexto.-Admitido a trámite el recurso se señaló el día 29 de julio de 2010 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El demandante Pedro Enrique presentó demanda contra la empresa Naves y Parques Industriales S.A. (NAPISA), su representante Alonso y los trabajadores de ésta Arsenio, Bernabe y Cecilio sobre tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. En ella alega ser víctima de un acoso laboral continuado y reclama:

"Que se condene solidariamente a los demandados a reparar los daños y perjuicios causados al demandante por causa de actuaciones anticonstitucionales descritas, al amparo de los art. 10.1.2, 14, 15, 18, 20, 24, 28, 35.1, 43 de la CE a abonarle la cantidad de:

Reclamación del 35% del salario bruto 2007.- 8 meses.-7.537,32€

3 traslados Madrid/Oviedo/Guadalajara/Oviedo.

Reclamación de daños y perjuicios por el accidente.-18.620,67€

25% (Base diaria: 89,73€)= 22,43€/día x 533 días de baja de IT= 11.955,19€

Gastos del alquiler del piso de Oviedo durante 17 meses.-9.440,73€

Honorarios del Letrado (Abogado).- 6.200€

Paga de Beneficios de Marzo/2007 por importe de.- 3.000€

Facturación de NAPISA 2007.- 54.000.000€

Paga de Beneficios de Marzo/2008 por importe de.- 3.000€

Facturación de NAPISA 2008.- 90.000.000€

Paga extra de verano de Julio/2008 por importe de.- 2.273,22€

Tabla III.- 50-54 puntos.- 48 años. Daños morales 1.696,94

Gastos médicos por tratamiento farmacológico 1.000€ Total daños y perjuicios ocasionados por el acoso laboral 64.725,07€

Las indemnizaciones por lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultaran de aplicar durante 2009 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes, que considere oportunas de aplicación en la valoración de las secuelas por Trastornos Psiquiátricos".

El Juzgado de lo Social núm. 3 de Oviedo desestimó la demanda y frente a la sentencia el actor ha interpuesto recurso de suplicación en el que denuncia la infracción de normas o garantías del procedimiento causantes de indefensión, errores en la determinación de los hechos probados e infracción de normas sustantivas y de jurisprudencia.

Segundo.-El examen del recurso se enfrenta a un problema inicial por la dificultad de su lectura y comprensión. El extenso contenido está formado por textos muy diversos que combinan, a veces sin una separación o transición que permita distinguirlas, alegaciones actuales con amplias reproducciones de otros escritos presentados a lo largo del proceso, o en los que abundan reiteraciones o manifestaciones de escaso interés para fundar la violación de derechos fundamentales alegada. La exposición, además, entremezcla afirmaciones de hecho con manifestaciones de corte jurídico, en ocasiones sin un hilo conductor claro y con un tratamiento prolijo y disgregado de los datos y alegaciones.

A estas deficiencias se unen otras características del recurso, ya presentes desde la demanda, que contribuyen decisivamente a la dificultad señalada: el planteamiento de cuestiones fácticas y jurídicas de legalidad ordinaria que se entrecruzan o se unen con otras relativas al acoso laboral alegado por la vía específica del proceso de tutela de derechos fundamentales; y la confusión originada con las referencias a varios procesos laborales y penales en los que intervienen las mismas partes.

La promoción de estos otros procesos suscita un problema adicional que complica el análisis. El demandante expone en el actual pleito cuestiones referidas al acoso laboral y sus consecuencias, al desenvolvimiento del contrato de trabajo y a la situación de incapacidad temporal en que permaneció el demandante durante largo tiempo, que al menos en parte fueron tratadas en ellos (o debieron serlo en razón a lo pretendido en dichos procesos). La posibilidad de un uso abusivo del proceso laboral aparece en alguna de las manifestaciones de la empresa contenidas en el escrito de impugnación del recurso de suplicación, pero no fue abordada de forma directa en la instancia como causa para el rechazo de la demanda, previamente al examen del fondo del asunto, por fraude procesal. Los datos consignados en la sentencia del Juzgado son insuficientes para que la Sala en la fase de recurso pueda disponer de los elementos indispensables para el análisis del tema que, por otra parte, no podría realizar de oficio. Guardan relación con el indicado problema las resoluciones y escritos que la empresa ha presentado junto con el escrito de impugnación del recurso, los cuales por eso mismo deben ser inadmitidos de plano, siendo por otra parte irrelevantes para la decisión del recurso.

Los defectos y características señalados no llegan al nivel de hacer ininteligible el recurso y las posibles consecuencias negativas para el recurrente que puedan originar sólo pueden pronunciarse con el examen de cada uno de los motivos impugnatorios.

Tercero.-En el primero de estos motivos, acogido al cauce procesal del art. 191 a) de la Ley de Procedimiento Laboral, el demandante denuncia la infracción de normas o garantías del proceso causantes de indefensión, cuya presencia determinaría la nulidad del juicio oral y las actuaciones posteriores. El motivo se construye fundamentalmente con la transcripción parcial del suplico de la demanda (en la parte relativa a la declaración judicial de ilegalidad o fraude en el contrato de trabajo); de los escritos presentados por el trabajador antes del juicio oral en los que solicitaba la práctica de varios medios de prueba; y de los escritos presentados por él después del juicio oral alegando defectos en su desarrollo y solicitando la práctica de diligencias para mejor proveer.

A pesar de participar el motivo de las deficiencias y particularidades referidas se puede identificar el núcleo de la denuncia, identificación que la empresa consigue en el escrito de impugnación del recurso lo que excluye la idea de indefensión.

El demandante alega la existencia de varios defectos procesales que según afirma le han causado indefensión:

a) El Ministerio Fiscal no asistió al juicio oral (alegación 8.ª del apartado primero del motivo).

b) En el acto de juicio, celebrado el 20 de enero de 2010, no se le dio vista de los documentos presentados por la empresa (alegación 8.ª del apartado primero del motivo).

c) El Juzgado inadmitió sus reiteradas solicitudes para la incorporación en el proceso de varios documentos (alegaciones 2.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª 8.ª, 9.ª y 10.ª del apartado primero del motivo y apartado segundo del mismo).

d) Al pedir los particulares de un procedimiento penal (las diligencias previas 3332/2008 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Oviedo) solicitadas por el actor y admitidas como medio de prueba, el Juzgado de lo Social se dirigió a un órgano judicial distinto del que las tramitaba por lo que recibió los particulares de un procedimiento penal distinto, sin relación con el objeto de la demanda (alegación 4.ª del apartado primero del motivo).

La respuesta a todas estas denuncias debe comenzar teniendo presente que, como la jurisprudencia indica reiteradamente, la nulidad de actuaciones procesales es un remedio último y excepcional, provocado por la existencia de vicios en el desenvolvimiento del proceso, que exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Han de identificarse en el recurso la actuación infractora y las normas reguladoras de los actos o garantías procesales infringidas.

b) La infracción debió producir una indefensión material a la parte que la alega, esto es, ha de ser la causante de una perdida real y efectiva de sus facultades de alegar y probar oportunamente los hechos que pueden condicionar el éxito de su pretensión u oposición así como de sus facultades de alegar los argumentos sustentadores de esta reclamación.

c) La parte que alega el defecto ha de haberlo denunciado tras su producción, sin esperar a hacerlo por primera vez en el recurso de suplicación, si antes dispuso de un trámite en el que pudo protestar la decisión o el acto judicial infractores.

d) La denuncia no puede efectuarla la parte que con su acción u omisión ha determinado el vicio procesal.

El examen sobre la concurrencia en el caso de tales requisitos no puede realizarse abstrayéndose de las circunstancias particulares del mismo que guarden relación con el derecho del demandante a un proceso con todas las garantías y en situación de igualdad respecto de los demandados (art. 24.1 CE). En función de estas circunstancias particulares, la prevalencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, del que es manifestación el derecho a un proceso con todas las garantías y en situación de igualdad, permite atemperar en algunos supuestos de marcada desprotección el rigor en la observancia de esos requisitos, permitiendo una interpretación más flexible especialmente de sus elementos formales.

Cuarto.-El actor no estuvo asistido en el juicio oral de letrado. Aunque lo solicitó después de presentada la demanda y se le nombró de oficio, la renuncia de éste pocos días antes del juicio oral (juicio ya suspendido en una convocatoria anterior a petición del letrado designado), motivó el anuncio al Juzgado de que comparecería por si mismo, sin asistencia profesional (folio 172 vuelto). La empresa demandada, sin embargo, compareció en el juicio oral con letrado, sin haberlo anunciado antes. Si bien la falta de este aviso, impuesto en el art. 21.2 LPL, puede justificarse por las vicisitudes habidas con el nombramiento y renuncia del abogado del actor, lo cierto es que en el juicio oral el demandante estuvo sólo y la empresa auxiliada por un profesional jurídico. Surgió, por eso, una situación de desequilibrio entre las partes que la Juzgadora de instancia debió tener en cuenta, para advertir al demandante de su derecho a solicitar abogado ante la presencia del contrario y para vigilar que durante el desarrollo del juicio no disminuyeran en mayor grado las posibilidades de defensa del actor. Tales advertencia y vigilancia no pueden confundirse con un trato de favor y resultaban más necesarias porque a lo largo del proceso el demandante ha recalcado que padece severos padecimientos psíquicas, cuyo origen imputaba al acoso alegado, sus escritos dejan ver las huellas de una importante tensión emocional y el médico forense en su informe, asumido por la Magistrada de instancia, aprecia una hipoacusia moderada y un trastorno anancástico de la personalidad de carácter severo, con clínica fóbica y obsesiva que le ha generado depresión y dificultad en sus relaciones familiares, sociales y laborales (hecho probado segundo de la sentencia). La referida advertencia, sin embargo, no se llevó a cabo y el desequilibrio se mantuvo durante el acto.

El juicio se celebró sin la asistencia del Ministerio Fiscal, que había sido citado. La repercusión en el proceso de esta ausencia fue examinada y resuelta con acierto en la sentencia de instancia, a raíz del escrito presentado por el actor inmediatamente después del juicio oral. El art. 172.3 LPL, invocado por el recurrente, establece que el Ministerio Fiscal ha de ser siempre parte en los procesos de tutela de derechos fundamentales adoptando, en su caso, las medidas necesarias para la depuración de las conductas delictivas, pero no condiciona la celebración del juicio a su presencia, siempre y cuando el Juzgado cumpla con el requisito de la citación previa. Aunque en el caso presente la intervención del Ministerio Fiscal resultaba especialmente conveniente, dado su protagonismo como defensor de la legalidad y la conexión del objeto del proceso con procedimientos penales en los que participa, su inasistencia no podía impedir el juicio, citado como estaba para la celebración del acto (folio 130 de los autos) y enterado por las notificaciones del Juzgado del desarrollo del proceso.

En el juicio, además, no se dio traslado al demandante de la prueba documental presentada entonces por la empresa demandada, que por medio de su letrado no sólo examinó los documentos aportados por el actor, de los cuales impugnó algunos, sino que solicitó y obtuvo permiso para que este examen fuera realizado en compañía del representante de la empresa. Las imágenes del juicio gravado muestran que los documentos presentados por la empresa permanecieron en la mesa del tribunal sin pasar a manos del actor, mientras los documentos de éste eran vistos por la parte contraria (en la grabación, minutos 43,15 a 56,20). Tal diferente actuación constituye otra expresión de la desigualdad en que el demandante se encontró frente a su contrario.

Si bien en la fase de solicitud y admisión de los medios de prueba no hubo protesta del actor por la falta de traslado, en las conclusiones finales el demandante aunque de una forma general, esto es, no referida a ese aspecto concreto, alegó las grandes dificultades que encontraba para conseguir las pruebas que consideraba indispensables a fin de acreditar los hechos de su pretensión. Y después, antes de dictarse la sentencia, en el escrito presentado el 27 de enero de 2010 (folio 686) al igual que ahora en el recurso de suplicación, puso de relieve la omisión del traslado, alegando la infracción del art. 94.1 LPL, que establece la necesidad del trámite sin condicionarlo a una solicitud específica. En las circunstancias en que se encontraba el demandante, lego en derecho y sin asistencia letrada, no puede serle exigido en el punto ahora objeto de análisis un comportamiento más diligente que el mantenido y era el órgano judicial el encargado de extremar el celo para evitar que se ampliara la situación de desigualdad procesal con la que se inició el proceso. El defecto afectó negativamente al derecho de defensa material del actor, privándole de la posibilidad de conocer, impugnar y alegar sobre los documentos presentados por la empresa en el juicio oral. Supuso un quebrantamiento sustancial que no puede ser subsanado tras el juicio y extiende sus efectos a las actuaciones posteriores del pleito, constituyendo por todo ello causa de nulidad de los actos procesales afectados que obliga a la Sala a reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse la infracción y como se produjo en el acto del juicio, al momento de su señalamiento, según ordena el art. 200 LPL invocado en el recurso.

Quinto.-Aun cuando no haya sido objeto de alegación por el demandante, en el examen efectuado para decidir el motivo de recurso la Sala ha advertido otra quiebra importante en el derecho de defensa del actor, que afecta asimismo a los demandados. El informe del médico forense que reconoció al demandante se presentó después del juicio oral [el 2 y el 4 de febrero de 2010 (folios 670 y 675, tras el escrito del actor de 27 de enero de 2010)]. Era un medio de prueba solicitado por éste y admitido por el Juzgado antes del acto oral, cuya incorporación en el proceso tras la celebración del juicio cabía como diligencia para mejor proveer y, por tanto, con sujeción a su régimen. El órgano judicial, sin embargo, no dio traslado del mismo a las partes, ni abrió un plazo para que alegaran por escrito cuanto estimaran conveniente acerca de su alcance o importancia, desatendiendo el mandato del art. 88.1 LPL en perjuicio del derecho de defensa de los litigantes y más en especial del actor. La omisión constituye causa de nulidad de la sentencia del Juzgado.

Sexto.-Quedan por examinar las alegaciones del recurrente sobre los documentos inadmitidos y el error del Juzgado en la petición relativa a las diligencias previas 3332/2008. Desde la demanda hasta dos días antes de la celebración del juicio el actor ha solicitado el auxilio judicial para la práctica de abundantes pruebas, entre ellas la incorporación en el proceso de documentos de muy diversa naturaleza. Las peticiones han sido numerosas, varias de ellas confusas y sobre documentos sin aptitud para influir en el proceso sustanciado. El demandante promovió con su demanda un proceso de tutela de derechos fundamentales y este tipo de proceso no permite incluir cuestiones distintas de las relativas a la violación de los derechos fundamentales del trabajador, ni basadas en fundamentos diversos a la tutela de estos derechos fundamentales (art. 181 en relación con el art. 176 LPL). El Juzgado de lo Social para decidir sobre la admisión de los documentos solicitados ha atendido fundamentalmente a este criterio, inobservado por el demandante en sus varias de las propuestas de prueba documental.

Los documentos interesados por el actor pueden dividirse en dos grupos, uno de los cuales está integrado por los procedimientos penales y el otro lo forman todos los demás. Respecto de éstos últimos, las resoluciones judiciales son razonables, fueron motivadas y no han causado indefensión al demandante, a quien se le admitieron los medios de prueba pertinentes y útiles para acreditar la violación de derechos fundamentales alegada así como sus consecuencias.

De los procedimientos penales, las diligencias previas 3332/08 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Oviedo fueron admitidas por el Juzgado de lo Social, pero la solicitud para la remisión de su testimonio contenía datos equivocados, por lo que la copia remitida por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Oviedo no tiene relación con el caso. Aunque la confusa identificación del documento por el actor influyó en el error, éste no le es achacable por completo y el Juzgado de lo Social, al que el demandante reiteró la solicitud de las diligencias, tuvo la ocasión de corregirlo sin merma de las garantías de los demandados. Mas no fue así, privando al demandante del medio de prueba admitido.

Además de la mencionadas diligencias previas 3332/08, el demandante solicitó la incorporación de dos procedimientos penales más. En uno de los dos escritos presentados el 5 de enero de 2010 (folios 158 y siguientes), interesa el testimonio de las diligencias previas 4307/09 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Oviedo, sustanciadas tras denuncia del Ministerio Fiscal, en noviembre de 2009, sobre acoso del actor en el trabajo, en las que aparecían como imputados Cecilio y Bernabe, demandados en el presente proceso de tutela de derecho fundamentales. Y en el escrito presentado el 18 de enero de 2010 (folio 171) solicita el testimonio de las diligencias previas 1126/09 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Oviedo, sobre delito contra los derechos de los trabajadores art. 316-318 del Código Penal, cuya petición reiteró, para su aportación en el proceso laboral como diligencias para mejor proveer, en los escritos presentados después del juicio, donde también se refería a las diligencias previas 4307/09 antes mencionadas.

La petición sobre las diligencias previas 1126/09 fue extemporánea, al efectuarse con una antelación inferior a 3 días de la fecha de juicio oral, por lo que la negativa del Juzgado se acomodó al régimen del art. 90.2 LPL, máxime cuando el demandante tampoco justificó las razones por las que no había pedido antes el medio de prueba.

El rechazo judicial al testimonio de las diligencias previas 4307/09, sin embargo, constituyó una decisión contraria el derecho de defensa del demandante adoptada sin causa razonable, pues fue pedido dentro del periodo establecido en el art. 90.2 LPL y estaba conectado con el objeto del proceso de tutela de derechos fundamentales.

La fase de instrucción de las diligencias previas 3332/08 y 4307/09 puede haber finalizado y cabe que se hayan convertido en un proceso penal tramitado en un órgano judicial distinto del encargado de instruirlas. Es por eso que, caso de haberse producido este cambio, el demandante debe proporcionar con diligencia y claridad al Juzgado de lo Social los datos que permitan solicitar los testimonios correspondientes de los órganos judiciales de lo penal que estén conociendo o hayan conocido los asuntos, para su aportación en el proceso laboral.

Por lo expuesto


FALLAMOS


 
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por Pedro Enrique, debemos declarar y declaramos la nulidad del juicio oral y de la sentencia dictada el 9 de febrero de 2010 por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Oviedo en los autos 873/09, promovidos por aquella parte contra la empresa Naves y Parques Industriales S.A. (NAPISA), su representante Alonso y los trabajadores de ésta Arsenio, Bernabe y Cecilio. Y reponemos las actuaciones procesales al momento inmediato anterior, para que por el órgano judicial:

a) convoque a las partes a un nuevo juicio, que ha de desarrollarse en las condiciones señaladas en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución y en el que las partes podrán alegar lo que estimen pertinente sobre el informe médico forense presentado.

b) solicite los testimonios de las diligencias previas 3332/08 y 4307/09 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Oviedo o del órgano de lo penal donde se estén tramitando, para su aportación en el proceso laboral antes del juicio.

c) dicte nueva sentencia, con libertad de criterio, resolviendo las cuestiones planteadas en el proceso.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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