Jurisprudencia
 
 
 
Buscador de jurisprudencia
          
 
 
ImprimirImprimir    
 

Sentencia A.P. Madrid 383/2010 de 20 de septiembre


 RESUMEN:

Arbitraje: Procedimiento. Ámbito de aplicación. Árbitros. Competencias. Arbitraje: Laudo arbitral. Incongruencia extra petitum y ultra petitum. Arbitraje de equidad y no de derecho. Laudo arbitral: Acción de anulación. Vulneración del orden público. Conceptuación jurisprudencial.

MADRID

SENTENCIA: 00383/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 8

65500

FERRAZ, 41

Tfno.: Fax:

N.I.G. 28000 1 7008310 /2009

Rollo: NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL 5 /2009

Proc. Origen: /

Órgano Procedencia: de

De: TRADERS VILLAMARC SA

Procurador: MARIA JESUS MARTIN LOPEZ

Contra: WENKO HISPANIA S.L.

Contra: Adelaida

Ponente: ILMA. SRA. D.ª MARGARITA VEGA DE LA HUERGA

SENTENCIA N.º 383

Magistrados:

ILMO. SR. D. ANTONIO GARCÍA PAREDES

ILMA. SRA. D.ª MARGARITA VEGA DE LA HUERGA

ILMA. SRA. D.ª MARÍA VICTORIA SALCEDO RUIZ

En Madrid, a veinte de septiembre de dos mil diez. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,

compuesta por los Sres. Magistrados expresados al margen, ha visto los autos de nulidad de Laudo Arbitral 05/2009, seguidos entre partes, de una como recurrente la mercantil TRADERS VILLAMARC S.A. representada por la Procuradora Doña María Jesús Martín López, y de otra, como recurrido la mercantil WENKO HISPANIA S.L. representada por la Procuradora Doña Marta Azpeitia Bello.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la Procuradora D.ª María Jesús Martín López, en nombre y representación de TRADERS VILLAMARC S.A., se promovió demanda de anulación contra Laudo arbitral dictado el día 14 DE MAYO DE 2009 por la Corte de Arbitraje de Madrid en el expediente con Ref. Arbitraje 1.817, el cual contenía las siguientes disposiciones:

" PRIMERO.- Estimar la excepción de preescripción de la acción para reclamar la indemnización por clientela y daños y perjuicios.

Segundo.-Desestimar en su integridad las pretensiones de TRADERS.

Tercero.-Condenar a TRADERS al pago a WENKO de la costas del presente arbitraje que, se establecen en 18.757,20.-Euros, de los que WENKO ha abonado el importe de 9.378,60.-Euros, cifra que deberá ser resarcida por TRADERS.

Cuarto.-Las partes asumirán a su propio y exclusivo cargo los gastos ocasionados a su instancia, incluidos los derivados de su defensa y representación.

Quinto.-Se desestiman cualesquiera otras peticiones de las partes que no estén expresamente comprendidas en la parte dispositiva del presente laudo".

Segundo.-Por providencia de fecha 21 de septiembre de 2009, se tuvo por interpuesta demanda de anulación, dándose traslado, en resolución de fecha 14 de octubre de 2009, a la demandada, WENKO HISPANIA, S.L. por plazo de veinte días, para contestar a la misma y proponer, en su caso, las pruebas de que intente valerse.

Tercero.-En fecha 30 de noviembre de 2009, se presenta escrito por la Procuradora Doña Marta Azpeitia, contestando a la demanda de nulidad del Laudo Arbitral y solicitando el recibimiento a prueba.

Cuarto.-Por providencia de fecha 1 de septiembre de 2010, se señaló para la celebración de la vista el día 15 de septiembre de 2010, que se celebró conforme consta en autos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por la legal representación de TRADERS VILLAMARC S.A. se solicita, frente a la también mercantil WENKO HISPANIA S.L., la anulación del laudo arbitral dictado el 14-5-2009 por D.ª Eva M. Vázquez Monzón, árbitro único designado por la Corte de Arbitraje de Madrid, alegando como causas al amparo del art. 41 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (L. A.) punto 1, las recogidas en los apartados c), d), e), y f), esto es:

--que la árbitra ha resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

-- Que el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes.

-- Que la árbitra ha resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

--Y que el laudo es contrario al orden público.

Se alega por la parte actora que se produce un supuesto de incongruencia por ultra petitum y por extra petitum, ya que lo pactado y lo que se inició por dicha parte fue un arbitraje de equidad, cuando lo resuelto por la árbitro ha sido en derecho y no en equidad; el laudo carece de motivación; hace depender la equidad de un concepto jurídico previo que no es susceptible de arbitraje como la prescripción. Todo lo anterior permite concluir que se ha infringido el orden público. El arbitraje de equidad no debe motivarse en derecho ya que es preciso explicar las razones por las que se ha resuelto en uno u otro sentido.

La parte demandada, WENKO HISPANIA S.L., se opone al recurso de anulación, negando cada una de las causas esgrimidas de contrario, como consta en los autos. En concreto alega que por ambas partes se aceptó que quedase sometida a la decisión de la árbitra la determinación de la naturaleza jurídica del contrato, aceptando precisamente en lo que tuviera que ver con la aplicación de la prescripción, que el laudo da a conocer suficientemente las razones que conducen a las conclusiones contenidas en el mismo. Hubo autorización de las partes para que la árbitra, respecto de la prescripción alegada, se pronunciase con arreglo a la Ley del Contrato de Agencia, si es que se calificaba el contrato como de agencia. Señala que la demandante está solicitando anulación, se entiende total, del laudo, pero los motivos que alega sólo hacen referencia a la prescripción de la acción para reclamar la indemnización por clientela y daños y perjuicios; pero que además formulaba reclamación de atrasos por diferencias de facturación, reclamación que fue desestimada sin referencia alguna a esa prescripción.

Segundo.-En cuanto al recurso de anulación, y como ya dijo esta Audiencia Provincial, en sentencia de 10 de diciembre de 1991, que reproduce la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 16 de febrero de 1982 y 17 de julio de 1986, según la cual, en ningún caso pueden servir de base al recurso de nulidad las estimaciones de las partes relativas a la justicia del laudo ni las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión, concluyendo que el texto del art. 45 de la LA (el 41 actual) no parece abonar más que la tesis de nuestro alto tribunal porque, de otro modo, se desnaturalizaría la esencia misma del arbitraje como instrumento de composición privada con el que dilucidar las controversias que surgen del tráfico mercantil interno o internacional y se abriría un portillo a una ilimitada recurribilidad de los laudos a favor de quienes no viesen acogidas en ellos sus pretensiones.

Los cuatro motivos de nulidad giran en torno a que lo acordado por las partes, y así se solicitó ante la Corte de Arbitraje de Madrid, fue un arbitraje de equidad, y el árbitro deja de lado la equidad para resolver en derecho, no siendo factible que decida aplicar conceptos jurídicos. Hay que recordar que según el artículo 34 de la LA los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente para ello.

Tal alegación ha de ser rechazada. Sobre el arbitraje de equidad tiene declarado el TS, Sala 1.ª, en su sentencia de 22-6-2009 (n.º 429/2009, rec. 62/2005) que: "...La aplicación de la equidad no supone, como ha declarado esta Sala, prescindir de los principios generales del Derecho y la justicia, ni contravenir el Derecho positivo (según la STS de 30 de mayo de 1987 la jurisprudencia no declara que los laudos de equidad deban desconocer o contravenir las normas de Derecho positivo, sino que viene a afirmar que no se apliquen exclusivamente normas de Derecho de forma rigurosa), sino más bien atenerse a criterios de justicia material fundados en principios de carácter sustantivo y premisas de carácter extrasistemático para fundar la argumentación, las cuales tienen un valor relevante en la aplicación del Derecho, aunque pueda prescindirse, dado el carácter esencialmente disponible del objeto del arbitraje, de aquellas reglas que tienden a la protección del sistema jurídico como institución (...)".

Tercero.-En este caso no concurre el supuesto del art. 41.1 c) de la LA, al no apreciar la incongruencia que se denuncia en la demanda. Así en el escrito dirigido a la Corte de Arbitraje de Madrid sobre petición de arbitraje, TRADERS VILLAMARC S.A. pretende la cantidad de 626.463,67 €, que corresponden a atrasos por diferencias de facturación y así como a indemnización por clientela, daños y perjuicios. En el escrito de WENKO HISPANIA S.L., de contestación a la solicitud de arbitraje, alega, entre otras cuestiones, la prescripción del derecho a reclamar indemnización por clientela, daños y perjuicios, al considerar que el contrato suscrito entre las partes es un contrato de agencia siendo por tanto aplicable el artículo 31 de la Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre el Contrato de Agencia (LCA), según el cual "la acción para reclamar la indemnización por clientela o la indemnización de daños y perjuicios prescribirá al año a contar desde la extinción del contrato". Prescripción reproducida en su escrito posterior sobre sus pretensiones y proposición de prueba. Por su parte TRADERS VILLAMARC S.A. en su escrito correlativo se refiere a la calificación jurídica del contrato, que sin duda considera es de arrendamiento de servicios "no sometido por tanto al plazo prescriptorio que se propugna de contrario". En la denominada orden procesal número 1, de 9 febrero 2009, la árbitra incluye como una de las cuestiones a resolver la prescripción de la acción ejercitada alegada por la parte demandada, señalando que su resolución se realizará en el laudo final que se dicte. Lo mismo se recoge en la orden procesal número 2, de 23 febrero 2009, así como la intención de la parte actora de interrogar es la vista principal al señor Köllner sobre particulares relativos a la naturaleza del contrato en lo que esto tuviera que ver con la aplicación de la prescripción. En los escritos de conclusiones de ambas partes se contienen manifestaciones sobre la naturaleza de la relación contractual, considerando la demandada que es un contrato de agencia y en consecuencia sujeto a la prescripción prevista con carácter imperativo por la LCA. Y en cuanto a la demandante, TRADERS VILLAMARC S.A., entiende que no se trata de un contrato de agencia, sino de un contrato de logística integral sometido al derecho común, considerando que el plazo de prescripción sería de 15 años, entendiendo asimismo que debe desestimarse la excepción de prescripción por tratarse de un arbitraje de equidad "en el que no pueden primar razones jurídicas sino de justicia sobre la base del buen saber y entender del árbitro".

No puede decirse por tanto que se ha resuelto en el laudo sobre cuestiones no sometidas a la decisión del árbitro, o no susceptibles de arbitraje de equidad ni que el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes. Como resulta de todo lo anterior, el laudo se pronuncia sobre las cuestiones planteadas por las partes siendo una de ellas la naturaleza del contrato suscrito entre ambas y una vez fijada dicha naturaleza, si procede o no la excepción de prescripción alegada por la demandada.

En este punto es oportuno recordar la sentencia de esta Audiencia Provincial, sec. 21.ª, de fecha 6-6-2006 (EDJ 2006/335491), dictada también en un procedimiento sobre anulación del laudo en la que se invocaban igualmente como motivos de anulación, al amparo del artículo 41.1 letras c) y f) de la LA, el haber resuelto los árbitros sobre cuestiones no sometidas a su decisión y ser el laudo contrario al orden público, todo ello con fundamento en que el laudo resuelve en derecho cuando se trataba de un arbitraje de equidad. Dice aquella resolución que: "Si establecido en el convenio arbitral que el arbitraje se debía resolver en equidad, se decide en derecho, o viceversa, tal vez se pueda aceptar que concurra la causa de anulación prevista en el artículo 41.1.f) de la Ley de Arbitraje, por ser el laudo contrario al orden público, teniendo peor encaje la cuestión en el motivo de anulación contemplado en la letra c) del precepto (haber resuelto los árbitros sobre cuestiones no sometidas a su decisión).

Pero el motivo de anulación alegado no concurre en el presente caso. Parece partir la parte impugnante de una contraposición entre Derecho y Equidad, como si el Derecho consistiera en la plasmación normativa de arbitrariedades, insensateces o criterios irrazonables, cuando esto, al menos en nuestra opinión, no es así. Por tanto, no creemos exista obstáculo, en que al resolver una controversia conforme a la equidad, el árbitro decida guiarse por las disposiciones legales, que no debe olvidarse, muchas de ellas vienen dando soluciones, desde hace siglos, a cuestiones litigiosas repetidas desde antiguo. Ahora bien, lo que tampoco ofrece dudas, es que en un arbitraje de equidad el árbitro no tiene porque sujetarse, ni siquiera fijarse, en la normativa legal.

En este caso el arbitraje se decide en equidad, y así se expresa en el laudo, siendo cosa bien distinta que el Árbitro decida aplicar la equidad partiendo precisamente de normas de Derecho positivo, debiendo separarse de ellas sólo cuando su aplicación rigurosa conduzca a una solución injusta en el caso concreto, supuesto que entiende no darse en la decisión arbitral. Lo anterior podrá ser o no del gusto de la parte impugnante, pero es el criterio de equidad establecido por el Árbitro".

Por todo ello se desestiman los tres primeros motivos de anulación alegados.

Cuarto.-La última causa de anulación, al amparo del artículo 41.1, f) de la LA, esto es que el laudo es contrario al orden público, ha de correr la misma suerte que los anteriores.

Como ya se ha dicho por esta misma AP Madrid, "el orden público ha de ser entendido desde la perspectiva constitucional, como el conjunto de principios jurídico públicos, privados, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación de un modelo de sociedad en un pueblo y época determinados (SSTC 11/87, de 11 de febrero EDJ 1987/11, 116/1988, de 20 de junio EDJ 1988/432 y 54/1989, de 23 de febrero EDJ 1989/2014); núcleo o principios básicos y esenciales de un sistema", o bien como "el conjunto de principios que inspiran el ordenamiento jurídico tanto en su aspecto material como procesal, los cuales, a su vez, son consecuencia, manifestación o trasunto de los principios que constituyen la esencia misma de la sociedad y que ésta declara en su Ley Fundamental, de manera que, entre nosotros, un laudo será atentatorio contra el orden público cuando conculque alguno de los principios o derechos fundamentales de la Constitución Española (...)", los que deben ser concretados por la parte que lo alega (SS, sec. 14.ª, de fecha 30-5-2006, EDJ 2006/100879 y de 3-2-2009, EDJ 2009/67503).

Y en este caso no existe falta de motivación en el laudo ni se ve afectado el derecho a la tutela efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución Española, ni -como se ha dicho- el arbitraje de equidad excluye la aplicación de normas jurídicas. El laudo efectivamente razona la desestimación de las pretensiones de la actora en la consideración de que el contrato suscrito es de agencia y en que el ejercicio de la acción sobre reclamación de indemnizaciones por clientela y daños y perjuicios se ha hecho fuera del año previsto en el artículo 31 de la LCA y por tanto ha prescrito. En cuanto a la reclamación de atrasos por diferencias de facturación se desestima al entender que TRADERS resultó retribuida por sus servicios con arreglo a lo acordado... y que por tanto no se le adeuda cantidad alguna en tal concepto. Y todo ello tras el análisis detenido del contenido del contrato, y a la vista de la prueba practicada y de las alegaciones de las partes, por lo que no se ha quebrantado ningún principio básico y esencial de justicia y equidad, que conforman el concepto del orden público constitucional, sin que pueda este tribunal realizar un nuevo enjuiciamiento del fondo del asunto.

En consecuencia se desestima la demanda de anulación instada.

Quinto.-Por la desestimación de la demanda procede imponer las costas a la parte actora, a tenor de lo que dispone el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos, además de los citados, los artículos de general y pertinente aplicación.


III.- FALLAMOS


 
Que, desestimando la demanda de acción de anulación ejercitada por TRADERS VILLAMARC S.A. frente WENKO HISPANIA S.L., contra el Laudo Arbitral de fecha 14-5-2009 dictado por D.ª Eva M. Vázquez Pozón, árbitra única designada por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, debemos declarar y declaramos no haber lugar a la anulación de dicho Laudo, con imposición de las costas procesales de este juicio a la parte actora.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior Sentencia fue hecha pública por los Magistrados que la han firmado. Doy fe. En Madrid, a


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
Checkpoint Connect
Practicum Contable 2015
 
Acceso a través de Internet a información jurídica relacionada con el Derecho