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Sentencia A.N. de 3 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

IRPF. Ganancias patrimoniales no declaradas, comprobadas con el extracto de movimientos de cuentas bancarias. Letras "de favor" o "de peloteo": Se alega que no suponen realmente ingresos por resultar diversas letras impagadas. No se acredita, ni se justifica, la procedencia de los ingresos que dieron lugar a la regularización. Desestimación.

Madrid, a tres de noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el presente recurso número

155/2009, interpuesto por la Procuradora D.ª Lucía Carazo Gallo, en representación de D. Julio contra la

resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 12 de marzo de 2009, por el que se desestima la reclamación

económico administrativa, en segunda instancia, interpuesta contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional

de Andalucía de 22 de diciembre de 2006, en reclamación n.º NUM000 y NUM001 (acumuladas), relativas al Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2000; siendo demandada la Administración del Estado, representada y asistida por el

Sr. Abogado del Estado.

La cuantía del recurso se ha fijado en 42.472,72 euros.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el recurrente expresado en el encabezamiento se ha interpuesto ante esta Sala con fecha de 22 de mayo de 2009 recurso contencioso administrativo contra la resolución antes mencionada, acordándose mediante providencia de 27 de mayo de 2009 la incoación del proceso contencioso-administrativo, al que se dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta jurisdicción.

Segundo.-La parte actora, formalizó la demanda mediante escrito presentado el 28 de septiembre de 2009, en el cual, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó suplicando: " (...)dicte en su día sentencia por la que, estimando la demanda, declare no conforme a derecho la resolución administrativa impugnada, es decir, la resolución del TEAC de fecha 12 de marzo de 2009, y en consecuencia, la anule, por no haberse producido ganancia patrimonial injustificada alguna en el patrimonio de mi representado ";.

Tercero.-El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 13 de noviembre de 2009, en el cual, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportuno, terminó suplicando la desestimación del recurso y la confirmación del acto impugnado.

Cuarto.-Mediante providencia de fecha 7 de julio de 2010 se señaló para que tuviera lugar la votación y fallo el día 27 de octubre de 2010, fecha en la que tuvo lugar.

Expresa el parecer de la Sala la Magistrado designada ponente, Ilma. Sra. Doña ANA MARTIN VALERO.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-D. Julio impugna la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 12 de marzo de 2009, por la que se desestima la reclamación económico administrativa, en segunda instancia, interpuesta contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía de 22 de diciembre de 2006, en reclamación n.º NUM000 y NUM001 (acumuladas), relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2000.

La cuestión discutida en este recurso contencioso administrativo es la modificación por parte de la Administración de la base imponible declarada por el recurrente en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2000, por la existencia de ganancias patrimoniales no justificadas. Al respecto, se indica en el acta de disconformidad que en el desarrollo de las actuaciones de comprobación se obtuvo el extracto de la cuenta bancaria titularidad conjunta del reclamante y su cónyuge. En relación con los movimientos de dicha cuenta se realizaron actuaciones inspectoras solicitando al recurrente justificantes en relación con el origen de determinados ingresos, y se considera que no se han justificado adecuadamente determinados ingresos, que fueron calificados como incrementos de patrimonio injustificados, y practicada la correspondiente regularización.

Segundo.-El recurrente explica en la demanda que ejerció la actividad de alhondiguista como persona física hasta el año 1998, en que abandona el ejercicio de la actividad de forma particular y funda con otros socios la SAT COSTA DE ALMERÍA, una de las mayores distribuidoras agrícolas de la provincia. Que una de las tareas fundamentales que exigía el ejercicio de la actividad de alhondiguista era la financiación de las campañas de los agricultores que posteriormente se convertían en proveedores de la alhondiga. Así, el agricultor, antes de empezar la campaña, acudía al recurrente para conseguir parte de la financiación necesaria para dar inicio a su campaña agrícola, y sería posteriormente, con el género que obtenía en su campaña y vendía en la alhóndiga, con lo que liquidaba con el alhondiguista, en este caso D. Julio, la deuda que previamente había contraído. En ocasiones la deuda se liquidaba totalmente al final de la campaña, pero en otros casos esto no era posible, por lo que se mantenía hasta la campaña siguiente. Todos estos préstamos y sus prórrogas se instrumentaban mediante efectos cambiarios que se iban renovando. Que el motivo que tenía para instrumentar estos préstamos mediante efectos cambiarios era tanto de garantía procesal, como de obtención de la liquidez necesaria para su concesión, ya que las negociaba en las líneas de descuento de efectos de las que era titular en distintas entidades de crédito. El descuento de letras de cambio en una línea de descuento convierte tanto al titular de la línea como al emisor del efecto en acreedores frente al banco por el importe del efecto descontado, y la simple posibilidad de que la entidad financiera descontante pudiera dar inicio a un procedimiento ejecutivo contra cualquiera de las dos partes, tanto el emisor como la persona que descuenta la póliza de crédito, determinaba que D. Julio nunca dejara vencer uno de estos efectos sin ser atendido adecuadamente, por lo que en los casos en los que se conocía que el efecto no iba a poder ser atendido por su emisor (prestatario) a su vencimiento, se procedía antes a garantizar la cobertura de su importe mediante el libramiento de un nuevo efecto que se emitía junto con los gastos que se generaban por parte del emisor a favor de D. Julio, descontándose en otras líneas de descuento de las que era titular y haciéndolo efectivo para cubrir el primer efecto que no había sido atendido.

Sostiene que las letras de cambio se utilizaban para servir a una doble finalidad: a) como instrumento para garantizar y obtener la liquidez necesaria para dar los anticipos solicitados por los agricultores; b) como forma de financiación propia de la actividad de alhondiguista. En definitiva, muchas de las letras de cambio descontadas en las líneas de descuento de las que era titular carecían de sustrato comercial y su exclusiva motivación era la financiera. Por todo ello, lo que en ningún caso se puede aceptar es el considerar que el cobro de una letra de cambio que tuviera como única motivación la financiera (garantía de préstamos concedidos a agricultores) pudiera originar una rectificación del beneficio declarado para dicha actividad, y menos ser considerado un incremento de patrimonio injustificado, tal y como ha considerado la Inspección de los Tributos.

Tercero.-El artículo 37 de la Ley 40/1998 considera ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales.

Se contemplan, así, dos supuestos de tales incrementos no justificados: Primero, los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente: y Segundo, la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales

Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de junio de 2009 (rec. 7807/2003), " la institución jurídica de los incrementos de patrimonio no justificados" -uno de cuyos supuestos, como es sabido, está constituido por " las adquisiciones que se produzcan a título oneroso y cuya financiación no se corresponda con la renta y el patrimonio declarados por el sujeto pasivo "- " se establece en nuestro sistema impositivo como un elemento especial de cierre que trata de evitar que ciertas rentas ocultadas al Fisco escapen de tributación, a cuyo efecto se gravan cuando se manifiesten o afloren " [ Sentencia de 20 de junio de 2008 (rec. cas. núm. 4580/2002 4580/2002), FD Tercero]. En relación con tales incrementos no justificados -hemos dicho- " el legislador aplica el mecanismo de la presunción "iuris tantum" para acreditar su existencia por parte de la Administración Tributaria, correspondiendo la carga de la prueba al sujeto pasivo del impuesto, no siendo suficiente para ello realizar simples manifestaciones cuya sola alegación suponga, a su vez, un desplazamiento hacia la Administración de la prueba de que las presunciones no son ciertas, sino que, por el contrario, es aquél quien debe acreditar la realidad de estas alegaciones en cuanto que es la Administración tributaria la favorecida por la presunción legal, extraída de un hecho base que es precisamente la existencia de un incremento patrimonial que no se justifica con las rentas declaradas " [ Sentencia de 20 de junio de 2008, cit., FD Tercero; en parecidos términos, Sentencia de 5 de marzo de 2008 (rec. cas. núm. 4606/2002 4606/2002), FD Tercero]; " una vez acreditado tal hecho base, el hecho consecuencia presunto es que el valor del incremento patrimonial no justificado es renta gravable ocultada y no rendimientos, sino incremento de patrimonio" [ Sentencias de 25 de febrero de 2003 (rec. cas. núm. 2649/1998), FD Tercero; de 12 de febrero de 2004 (rec. cas. núm. 8714/1998), FD Cuarto); y de 5 de marzo de 2008, cit., FD Tercero]. En fin, " [d]ichas presunciones legales de incrementos injustificados de patrimonio, en virtud de lo dispuesto en el art. 118 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, en consonancia con lo dispuesto en el art. 1251 del Código Civil, pueden destruirse por la prueba en contrario, por lo que si el contribuyente demuestra que las adquisiciones efectuadas o los elementos patrimoniales o los rendimientos ocultos proceden de rentas en su día declaradas, de rentas no sujetas al impuesto o de la transformación de algún elemento patrimonial preexistente en su patrimonio, las consecuencias fiscales, en su caso, serán las que procedan por los hechos imponibles ocultados o no pero nunca la integración de las mismas en la renta del sujeto pasivo " (Sentencia de 5 de marzo de 2008, cit., FD Tercero).

Desde la que se ha calificado como " una perspectiva complementaria ", también hemos afirmado en otras resoluciones que " los incrementos de patrimonio constituyen renta del sujeto pasivo del período en que se descubran, salvo que se pruebe que se produjeron en otro período ", " sin que la Ley presuma que se hayan producido "rendimientos o ingresos", sino que se limita a gravar un incremento de patrimonio no justificado fiscalmente en las anteriores declaraciones de Renta y Patrimonio" [ Sentencias de 25 de febrero de 2003, cit., FD Tercero; y de 12 de febrero de 2004, cit., FD Cuarto]. Y aunque hemos llegado a sostener que " [e]l criterio de que el incremento patrimonial no justificado diseñado en la ley, es renta, y no una presunción "iuris tantum" o "fictio legis", por lo que no supone, ni violación del principio de legalidad penal, ni del derecho a la presunción de inocencia, es el que patrocina el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 87/2001, de 2 de abril " [ Sentencia de 22 de noviembre de 2007 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 13/2002)], lo que el máximo intérprete de nuestra Constitución se ha limitado a señalar es que la tesis de que "los incrementos no justificados constituyen renta a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que, por tanto, constituyen hecho imponible del mismo", deriva de una interpretación de la normativa tributaria que no vulnera el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en la medida en que "no se aparta ni del tenor literal de la misma, ni de las pautas axiológicas que emanan de la Constitución, ni es irrazonable, constituyendo una de las interpretaciones posibles de la legalidad, que es, además, una de entre las realizadas por la doctrina y la jurisprudencia" (STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 8)";.

Cuarto.-Pues bien, en el presente supuesto la Administración consideró que determinados extractos de la cuenta abierta en la entidad CAJAMAR, n.º NUM002 no se habían justificado adecuadamente. En concreto, los siguientes:

a) Letra de Baltasar por deuda vencida de fecha 26 de enero de 2000 por importe de 1.000.000 ptas (6.010,12 euros).

b) Letra de Baltasar de fecha 24 de julio de 2000 por importe de 1.120.000 ptas (6.731,34 euros).

c) Cobros percibidos en efectivo por deudas sin que pueda justificarse quién realizó dicho ingreso cuando el recurrente tenía la condición de alhondiguista, con fecha de 23 de agosto de 2000 por importe de 3.000.000 ptas (18.030,36 euros).

d) Cobros percibidos en efectivo por deudas cuando el reclamante tenía la condición de alhondiguista sin que el reclamante pueda justificar quien se lo ingresó, de fecha 23 de agosto de 2000 por importe de 4.000.000 pts (24.040,48 euros).

e) Renovación de la primera letra mencionada con fecha 25 de agosto de 2000 por importe de 1.013.733 pts (6.092,66 euros).

f) Cobros percibidos por deudas cuando el recurrente tenía la condición de alhondiguista de fecha 12 de diciembre de 2000 por importe de 4.000.000 pts (24.040,48 euros).

Quinto.-En relación con las letras de D. Baltasar, de fechas 26 de enero de 2000, 24 de julio de 2000 y 25 de agosto de 2000, manifiesta que se trata de una letra de cambio de favor. Señala que el ingreso que tiene en sus cuentas corrientes el 26 de enero de 2000, por importe de 1.000.000 ptas tiene por objeto atender el efecto comercial que le había emitido D. Baltasar el 30 de julio de 1999 con vencimiento el 26/01/2000. Que, dado que efecto había sido atendido efectivamente por D. Julio ante la falta de liquidez de D. Baltasar, se vuelve a emitir de nuevo un efecto por importe de 1.000.000 ptas (ya se había pagado parte de la deuda que tenía 45.000 ptas) y D. Julio lo vuelve a negociar en sus líneas de descuento con fecha de vencimiento 24 de julio de 2000. Llegado de nuevo la fecha de vencimiento 24/07/2000 y ante la falta de atención de dicho vencimiento por parte de D. Baltasar, se cubre por parte de D. Julio dicho vencimiento y se vuelve a girar un nuevo efecto por parte del Sr. Baltasar, esta vez incorporando los gastos de la operación, es decir por importe de 1.120.000 pts. Que este efecto se sigue renovando de forma sucesiva hasta que el 11 de enero de 2002, ante la falta de atención del mismo por parte del Sr. Baltasar de forma reiterada, hasta que el 11 de enero de 2002 es objeto de protesto notarial.

Argumenta que, antes de dejar de atender un vencimiento, era el propio recurrente el que cubría el importe en caso de que sus prestatarios no pudieran cubrir su importe, y se procedía de manera automática a renovar el efecto por el mismo importe, o por importe algo superior si no se habían cubierto los gastos de la renovación por parte del prestatario, para de esta forma volver a descontarlo y renovar la garantía procesal sobre dicho préstamo. Que el hecho de haber dejado algún impago hubiera supuesto la pérdida por parte de D. Julio de sus líneas de descuento.

En relación con estos ingresos la representante del recurrente fue requerida para que aportase los justificantes de los mismos, indicando en la diligencia n.º 6 de 14 de junio de 2004, que no podía aportarlos. Tampoco en la siguiente diligencia n.º 7 de 21 de junio de 2002 se aporta indicando que se trata de letras de favor.

Ya en el recurso de reposición formulado frente al acto de liquidación alega que tales ingresos corresponden al mismo efecto de Baltasar, lo que al menos determina que dos de ellos son renovaciones del mismo efecto, y que se incrementan los núms. 9 y 23 por los gastos ocasionados por el impago de los mismos.

A tal alegación respondió la Inspección manifestando que se trataba de una mera declaración no probada, y ello a pesar de que este concreto extremo trató de ser aclarado sin éxito en el curso de la comprobación realizada. Que en concreto en los apartados 2.º A y B de la diligencia n.º 13 de 29 de junio de 2005, se lee: "2.º A) Que con anterioridad a la reunión hoy mantenida se solicitó telefónicamente la aportación en el curso de la presente comparecencia de los extractos de la cuenta titularidad de D. Julio y de su esposa D.ª Carmen abierta e CAJAMAR n.º NUM002 correspondientes al año 2000 al objeto de determinar si los movimientos que aparecen en la misma de las siguientes fechas e importes se corresponden con una letra de las denominadas "de favor" o "de peloteo", o si los posteriores son renovaciones de alguna de ellas:

. 26/01/2000: 1.000.000 pts (6.010,12 euros)

. 24/07/2000: 1.120.000 pts (6.731,34 euros)

. 25/08/2000: 1.013.733 pts (6.092,66 euros)

B) D.ª Enma (representante a la sazón de los sujetos pasivos) manifiesta que no dispone aún de los extractos y que por lo tanto no ha podido efectuar el análisis de los mismos por lo que solicita el aplazamiento referente a su entrega y de la respuesta a la información solicitada".

Posteriormente, en las letras B y C del apartado 1.º de la diligencia n.º 14 de 7 de julio de 2005, tras recoger nuevamente en el apartado A la petición que se había efectuado, se lee:

"B) Este requerimiento es atendido por Dña. Enma aportando los extractos bancarios de la cuenta n.º NUM002 que cubren todo el año 2000, extractos que ya habían sido aportados en el curso de la comprobación, pero que fueron posteriormente devueltos a la misma. Estos extractos se incorporan a la presente diligencia.

C) En los citados extractos, no se recoge apunte alguno que suponga el impago de alguna de las letras a que se hace alusión en la letra A) del presente apartado 1.º, razón por la que no se puede justificar y ni siquiera intuir en base a los movimientos que figuran en dichos extractos que se trata de una misma letra de las denominadas "de favor" o "de peloteo", como en el curso de la comparecencia celebrada el día 27 de mayo de 2004 se manifestó por la representante de los sujetos pasivos, tal y como se recoge en el apartado 2) b de la diligencia n.º 5, suscrita en dicha fecha"

Sexto.-Por tanto, ha de concluirse que en vía administrativa no justificó suficientemente tales ingresos, pues, como señaló la Administración no hay constancia de que los efectos resultaran impagados, ni se aportó la documentación acreditativa del origen de la deuda.

Ahora en vía jurisdiccional ha aportado una serie de letras de cambio mediante las que pretende acreditar sus alegaciones, pero las mismas no permiten la justificación pretendida, pues de la documentación aportada no puede deducirse que sea la misma letra, que se ido renovando, dada la discrepancia existente en los importes de cada una de las letras y justificantes aportados.

Así, tenemos una primera letra con fecha de libramiento 30 de julio de 1999 por importe de 1.045.000 pts y vencimiento el 26- 01-2000.

Pero en fecha 26 de enero de 2000 se produce un ingreso por importe de 1.000.000 ptas, y el libramiento de una nueva letra por ese mismo importe con vencimiento el 24 de julio de 2000. Indica la parte actora que ya se habían pagado 45.000 ptas, pero no justifica dicho pago, ni por tanto la diferencia entre 1.045.000 ptas de la primera letra y 1.000.000 pts de la supuesta renovación.

Posteriormente, el 24 de julio de 2000 se libra una nueva letra en este caso, por importe de 1.120.000 ptas con vencimiento el 20 de enero de 2001.

Manifiesta que dicha letra se fue renovando hasta que el 11 de enero de 2002 se produjo el protesto notarial de la misma, pero los documentos que aporta para acreditar esta circunstancia no coinciden en su importe, y la letra finalmente protestada lo es por importe de 900.000 pts.

Séptimo.-- En relación con el ingreso de 1.013.733 pts el 25 de agosto de 2000, en el procedimiento de inspección manifestó que se trataba de una renovación de una letra anterior de D. Baltasar. En la reclamación económico administrativa formulada ante el TEAC indicó que se trataba de una entrega a cuenta de la venta de una finca, aportando al efecto un cheque bancario. El TEAC estimó que ello no era prueba suficiente del origen de los fondos recibidos ni la causa que deriva de los mismos, y que el contribuyente debería haber aportado otras pruebas o documentos que justificaran dicha venta, como escrituras, anotaciones registrales o cualquier otro documento que pudiera justificar la venta de la finca.

Ahora en la demanda manifiesta que se corresponde con un talón recibido de D. Serafin como parte del pago de la FINCA000 ", adquirida por éste último de D. Julio y del resto de los copropietarios mediante escritura pública de fecha 22 de agosto de 2000. Que la finca se vendió por un importe total de 19.041.200 pts pagándose el precio mediante dos letras de cambio por importe de 8.000.000 pts cada una, y tres cheques bancarios que se entregaron a cada uno de los vendedores por importes de 1.013.733 pts. Que el recurrente y su esposa eran copropietarios de la finca en un 33% junto con D. Luis Francisco y D. Juan Luis y esposa. Que dado que el matrimonio estaba casado en régimen de gananciales, y optaron por la tributación separada en el IRPF, cada cónyuge tenía que declarar como valor de transmisión de las referidas fincas el importe de 8.513.245 ptas, cantidad que como tal resulta de la página 8 de la liquidación de IRPF que presentó correspondiente al ejercicio 2000.

Tampoco en este caso aparecen justificadas las alegaciones del recurrente, y por ende, el origen del ingreso, dado que, por una parte, en la escritura de venta de la finca no se indica la forma de pago, y el cheque aportado sirve para acreditar el ingreso pero no el origen y causa del mismo. Y por otra, tampoco consta que dicho ingreso se correspondiera con rentas declaradas por el recurrente, pues en la declaración correspondiente al ejercicio 2000 aparece la venta de una finca rústica constando como fecha de transmisión el 31 de marzo de 2000, cuando según la escritura de venta aportada por el recurrente, la venta de la finca que habría sido la causa del ingreso referido tuvo lugar el 22 de agosto de 2000. Además la finca se vendió por 19.041.200 ptas, cantidad que habría que repartir entre las tres partes copropietarias de la finca, correspondiendo al recurrente y a su esposa el 33% según afirma, con lo que la cantidad que le correspondería del importe de la venta ascendería a 6.283.596 ptas; si además, como afirma, optaron por la tributación separada, cada uno de los cónyuges debería haber declarado 3.141.798 ptas, y no las 8.513245 ptas que se incluyen en su declaración. Por lo que no cabe concluir que la ganancia patrimonial declarada en el ejercicio 2000 se corresponda con la venta de la finca de la que, según él, procede el referido ingreso de 1.013.733 ptas.

Octavo.-Por lo que se refiere al ingreso de 3.000.000 pts el 25 de agosto de 2000 indica que corresponde a un traslado de fondos desde la cuenta del Banco de Murcia a la cuenta de Caja Rural de Almería, por lo que no supone incremento de patrimonio alguno; alegación esta que tampoco ha justificado mediante la documentación correspondiente.

Noveno.-Finalmente, en cuanto al ingreso de 4.000.000 ptas el 12 de diciembre de 2000, manifiesta que fue realizado por el propio recurrente con el objeto de cubrir el vencimiento que tenía lugar ese mismo día por un efecto librado por D. Augusto, ante la dificultad de este último de devolver el importe prestado por el recurrente como anticipo de campaña.

Como en casos anteriores ha aportado las letras y los ingresos pero no la causa de los mismos, y en concreto documento alguno justificativo del préstamo al que, supuestamente, respondía el referido ingreso.

En virtud de lo expuesto, procede desestimar el recurso contencioso administrativo.

Décimo.-- No procede efectuar pronunciamiento sobre las costas causadas, dado que no se aprecian méritos para ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.1 de la LRJCA.

Vistos los preceptos legales citados;


FALLO


 
DESESTIMAR

el presente recurso contencioso administrativo n.º 155/2009, promovido por la representación procesal DON Julio contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 12 de marzo de 2009; sin condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, en legal forma, haciéndoles saber los recursos que frente a la misma caben, y remítase, en su caso, a la oficina de procedencia.

Publicación.-; Fue publicada la anterior sentencia en la forma acostumbrada. Madrid a


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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