Sentencia T.S.J. Andalucía 2393/2010, de 14 de septiembre

PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, contra el Instituto Hispalense de Pediatría S.L., sobre Contrato de Trabajo, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 6 de noviembre de 2.008 por el referido Juzgado, con desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

PRIMERO.- El 13/5/05 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó acta de infracción y liquidación a la empresa Instituto Hispalense de Pediatría S.L. por falta de alta en el Régimen General de la Seguridad Social de Doña Mariana en el periodo 1/11/04 a 31/1/05 en el que estuvo dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

SEGUNDO.- El 1/11/04 Doña Mariana suscribió con el Instituto Hispalense de Pediatría "contrato de prestación de servicios médicos" cuyo contenido se da por reproducido (folios 201 y ss.).

TERCERO.- En el periodo 1/11/04 a 31/1/05 la Sra. Mariana desarrolló funciones de pediatra en los servicios de urgencia en los que presta su atención el Instituto Hispalense de Pediatría S.L. - Clínica Sagrado Corazón y Clínica Fátima-.

Las guardias las fijaba la empresa, si bien la trabajadora decidía el número de horas que realizaba.

Su retribución dependía del trabajo desarrollado, que era variable. En noviembre 04 ascendió a 1514,77; en diciembre 04 a 1.252,86 € y en enero 05 a 594,90 €.

La clínica en la que prestaba sus servicios se la indicaba la demandada, cuyo material y ropa utilizaba.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, que fue impugnado por la parte contraria.

PRIMERO.- El presente recurso de suplicación lo interpone el Abogado del Estado, al amparo del artículo 191 b) y c) de la Ley de Procedimiento Laboral, contra la sentencia de instancia que desestimó la demanda interpuesta por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en el procedimiento de oficio y declaró que la relación que unía a Dª Mariana con el Instituto Hispalense de Pediatría S.L., era un arrendamiento de servicios y no una relación laboral.

En primer lugar por la vía del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, solicita la revisión del hecho probado 3º, en el que se describen las condiciones en las que desarrollaba su trabajo la actora para que se haga constar que la Dra. Mariana "firmaba un control horario" y que "la retribución por horas trabajada quedaba fijada en función de la clínica en que se trabajaba y si la guardia en urgencias era en día festivo o no", revisión que no podemos aceptar pues de funda el en acta de liquidación de la Inspección de Trabajo, ya que la el valor probatorio de las actas de infracción de la Inspección Provincial de Trabajo y la presunción de certeza que establecía el art. 52.2 de la Ley 8/88 de 7 de Abril, actual art. 53,2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto ha sido atenuado por el Tribunal Supremo, y no otorga al contenido del acta una veracidad absoluta e indiscutible, sino que su valor probatorio puede ser desvirtuado por otras pruebas aportadas por las partes, que conduzcan a conclusiones distintas.

En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 16 de julio de 2.001, declara que "En vía judicial, las actas de la Inspección administrativa incorporadas al expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas (sentencias del Tribunal Constitucional 76/1.990, 23/1.995 y 169/1.998).", continúa diciendo la sentencia que "Ese valor probatorio sólo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los inspectores consignen en las actas y diligencias (sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, en consonancia con reiterada jurisprudencia de esta Sala).", por ello concluye la sentencia "la presunción de veracidad de las actas no supone, estrictamente, que se invierta la carga de la prueba, sino la necesidad de actuar contra el medio de prueba aportado por la Administración (sentencias de esta Sala de 29 de junio de 1998, recurso 4717/1992 y 27 de abril de 1998).".

Además, el hecho de que exista un control horario al ser la retribución por horas, o que el precio de la hora trabajada tuviera en cuenta si el día era festivo o no, no son motivos suficientes para calificar como laboral una relación jurídica, laboralidad a la que se opone incluso en la impugnación del recurso la trabajadora demandada, por lo que debemos desestimar el primer motivo de recurso.

SEGUNDO.- En segundo lugar se denuncia en el recurso, por la vía del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la inaplicación de los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, pretendiendo nuevamente que se declare que la relación que unía a Dª Mariana con el Instituto Hispalense de Pediatría S.L., era una relación laboral y no un arrendamiento de servicios como declara la sentencia.

Para resolver la cuestión debatida en autos, hay que determinar cual es la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes, como consecuencia del trabajo prestado por Dª Mariana para el Instituto Hispalense de Pediatría S.L., para lo que hay que atender a las prestaciones recíprocas a las que se obligaron las partes, pues como declara el Tribunal Supremo: "Los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido obligacional independientemente de la denominación que les otorguen los intervinientes; por lo que para establecer su auténtica naturaleza, debe estarse a la realidad de su contenido, manifestado por los actos realizados en su ejecución, que debe prevalecer sobre el "nomen iuris" empleado por los contratantes; ya que la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes, no está a la libre disposición de las partes, sino que es una calificación que debe derivar del contenido real de las prestaciones concertadas, y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual" (sentencias del Tribunal Supremo 11 de diciembre de 1.989, 11 de Junio de 1990, 29 de diciembre de 1.999 y 9 de diciembre de 2.004).

Conforme a la doctrina anterior la Sala debe tener en cuenta que hay contrato de trabajo, cuando una persona realiza una prestación de servicios, forma personal, voluntaria y remunerada, por cuenta de otro y dentro del ámbito de organización y dirección de éste, salvo expresa exclusión legal (artículo 1.1 Estatuto de los Trabajadores), presumiéndose la existencia de un contrato de trabajo, cuando la prestación de servicios se incardina dentro del ámbito de organización y dirección de otro a cambio de una retribución (artículo 8.1 Estatuto de los Trabajadores), es decir, cuando en la prestación de servicios concurren los tres requisitos: 1º) remuneración, 2º) ajeneidad y 3º) dependencia, que caracterizan el contrato de trabajo.

TERCERO.- El elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el contrato civil o mercantil de prestación de servicios para una empresa, radica en que el trabajo se preste dentro o fuera del ámbito de organización y dirección del empresario (sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1.992); puesto que en ambos supuestos las partes convienen la realización de unos servicios que constituyen el objeto del contrato a cambio de un precio cierto, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2.007 "Si en el contrato de arrendamiento de servicios lo característico es la prestación de estos últimos mediante la contrapartida de un precio o remuneración pactada, en el contrato de trabajo, se produce también, ese intercambio de prestación de servicios por pago de un precio pero, a través de las notas específicas de ajeneidad y dependencia que son, precisamente, las que permiten su encuadramiento en el ámbito de la legislación laboral.".

En el contrato de trabajo, el trabajador utiliza los medios que son propios de la empresa, que ejerce también facultades de control sobre su ejecución, requisito de dependencia se acredita fácilmente cuando el trabajador tiene un puesto en la empresa, sometido a un horario fijo y a las instrucciones de la empresa sobre el modo de realizar el trabajo, así como porque puede ser sancionado por hechos relacionados con la prestación del servicio.

En los contratos civiles y mercantiles, el personal contratado realiza el servicio con sus propios medios, organizándolo autónomamente, sin que el empresario disponga de facultades de control y dirección del mismo.

Por ello, la jurisprudencia ha elaborado una serie de indicios en los supuestos de dudosa calificación del contrato para determinar si nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de servicios o ante un contrato de trabajo estos indicios se sistematizan en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2.004, en la que se declara que: "Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario. También se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1.989), compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones (sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1.995); la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad (sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1.992 y 22 de abril de 1.996); y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador."

"Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados (sentencia de 31 de marzo de 1.997); la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender (sentencias de 11 de abril de 1.990 y 29 de diciembre de 1.999, el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo (sentencia de 20 de septiembre de 1995); y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones (Sentencia de 23 de octubre de 1989).".

En relación con las profesiones liberales declara la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2.009, que "son indicios contrarios a la existencia de laboralidad la percepción de honorarios por actuaciones o servicios fijados de acuerdo con indicaciones corporativas (sentencias del Tribunal Supremo 15 de abril de 1990 y 3 de abril de 1992), o la percepción de igualas o cantidades fijas pagadas directamente por los clientes (sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2001); en cambio, la percepción de una retribución garantizada a cargo no del paciente sino de la entidad de asistencia sanitaria en función de una tarifa predeterminada por actos médicos realizados (sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1986) o de un coeficiente por el número de asegurados atendidos o atendibles, constituyen indicios de laboralidad, en cuanto que la atribución a un tercero de la obligación retributiva y la correlación de la remuneración del trabajo con criterios o factores estandarizados de actividad profesional manifiestan la existencia de trabajo por cuenta ajena (sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre 1995).7) No está de más señalar, por último, que tanto en la profesión médica como en general en las profesiones liberales la nota de la dependencia en el modo de la prestación de los servicios se encuentra muy atenuada e incluso puede desaparecer del todo a la vista de las exigencias deontológicas y profesionales de independencia técnica que caracterizan el ejercicio de las mismas (sentencia del Tribunal Supremo 11 de diciembre de 1989)"

Aplicando estos criterios al caso enjuiciado no cabe sino denegar la existencia de una relación laboral entre el Instituto Hispalense de Pediatría S.L.y Dª Mariana, ya que era esta última la que fijaba las horas que quería trabajar para el Instituto Hispalense de Pediatría S.L., que a su vez prestaba servicios en la Clínica Sagrado Corazón y la Clínica Fátima, limitándose la empresa a controlar las horas de prestación de servicios, desempeñando su trabajo autónomamente al ser la que fijaba su horario de trabajo, por lo que no concurren los requisitos establecidos en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores para calificar una relación jurídica como contrato de trabajo, es decir, la voluntariedad, ajeneidad, retribución y la dependencia, entendida como la inserción en el círculo organicista y rector del empresario, procediendo la desestimación del recurso de suplicación interpuesto y la confirmación de la sentencia impugnada.

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el ABOGADO DEL ESTADO, contra la sentencia dictada el día 6 de noviembre de 2.008, en el Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla en el procedimiento iniciado de oficio por la INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL contra la empresa por las empresa "HISPALENSE DE PEDIATRÍA S.L." y Dª Mariana y confirmamos la sentencia impugnada en todos sus pronunciamientos.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación, debiendo la parte recurrente que no goce del beneficio de la justicia gratuita o de la exención de la obligación de constituir depósitos o consignar el importe de la condena, si recurre, al personarse en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo presentar en su Secretaría resguardo acreditativo del depósito de 300 euros en la cuenta corriente número 4052 0000 30 ROLLO, abierta a favor de esta Sala, en el Banco Español de Crédito (BANESTO), Oficina Jardines de Murillo en Sevilla.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y firme que sea esta resolución, por transcurso del término indicado sin prepararse el recurso, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la misma, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.