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Sentencia T.S.J. País Vasco 2418/2010 de 21 de septiembre


 RESUMEN:

Prueba testifical: Tacha de testigos. No conlleva la nulidad de las actuaciones. Se pondera por el juez en la sentencia al valorar la prueba.  Despido nulo por vulnerar el derecho de tutela judicial: Desestimación. La presentación de la papeleta se realiza por la demandante una vez conocida la voluntad empresarial de extinguir la relación laboral, al firmar un nuevo contrato el 4 de enero con fecha de vencimiento el 30 de enero del mismo año.

N.I.G. 48.04.4-10/001769

SENTENCIA N.º:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a veintiuno de septiembre de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los Iltmos. Sres. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, Presidente en funciones, D. JUAN CARLOS ITURRI GÁRATE y D. JUAN CARLOS BENITO BUTRÓN OCHOA, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación interpuesto por Inés contra la sentencia del Juzgado de lo Social num. 1 de los de Bilbao de fecha veintinueve de Abril de dos mil diez, dictada en proceso sobre (despido DSP), y entablado por Inés frente a SPRI S.A., ADECCO y ROBOTIKER-TECNALIA.

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JUAN CARLOS ITURRI GÁRATE, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

Primero.-Inés, mantiene una relación laboral con la demandada ADECCO desde el 8-2-08, en virtud de contrato de puesta a disposición para prestar sus servicios en la empresa ROBOTIKER, la cual por contrato administrativo firmado con el SPRI desarrolla el proyecto EUSKADI + INNOVA.

Segundo.-La empresa comunicó a la actora por burofax, una carta, cuyo contenido ha de darse por reproducido, en donde daba por finalizada la relación laboral con fecha de efectos 30-1-10.

Tercero.-La empresa procedió a consignar judicialmente, con fecha de 1-2-10, la cantidad de 4782'46 euros, en la cuenta de este Juzgado, al tiempo que reconocía la improcedencia del despido.

Cuarto.-La trabajadora no ha ostentado cargo de representación legal de los trabajadores durante el tiempo de la relación laboral con la demandada.

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Inés, contra la empresa ADECCO, ROBOTIKER-TECNALIA y contra EL SPRI SA, en consecuencia, declaro extinguida por despido improcedente con fecha de 30- 1-10, la relación laboral existente entre Inés y ADECCO."

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.

Cuarto.-El 16 de julio de 2010 se recibieron las actuaciones en esa Sala, deliberándose el recurso el 21 de septiembre.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Doña Inés plantea recurso de suplicación contra la sentencia que ha desestimado la demanda en la que postulaba la declaración de nulidad del despido actuado en fecha de efectos del día 30 de enero de 2010, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración o subsidiariamente su improcedencia, con aumento de la indemnización en su día consignada y abono de los salarios de tramitación, condenando a las tres codemandadas.

La Juzgadora considera que no cabe tildar la comunicación como represalia por recabar la tutela judicial efectiva, que es lo que alegaba la demandante para considerar nulo el despido, entendiendo que la categoría profesional de la actora era la de auxiliar administrativo y no la de técnico medio de servicios, por lo que consideró correcta la consignación realizada, al haberse basado la misma en el salario que se abonaba a la demandante, sin que procediera la condena ni de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (en adelante, SPRI) ni de la Fundación Robotiker-Tecnalia (en adelante, Robotiker), siendo empleadora Adecco, Empresa de Trabajo Temporal, S.A. (en adelante, Adecco).

La demandante manifiesta su discrepancia con tal pronunciamiento en el escrito de formalización del recurso que presenta, en el que se termina por pedir que se revoque tal sentencia y se estime la demanda.

Al efecto, plantea cuatro grandes grupos de motivos, enfocados según los casos por las vías del apartado a, b y c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1.995, de 7 de abril).

Dicho recurso es impugnado por Robotiker-Tecnalia y SPRI, que presentan sendos escritos de impugnación de tal recurso en el que se oponen a todos y cada uno de esos cuatro grupos de motivos y terminan por pedir que se desestime el recurso y se confirme la sentencia recurrida.

Segundo.-Petición de nulidad.

Primeramente se invoca el apartado a de la Ley de Procedimiento Laboral, señalándose que la sentencia no ha aplicado debidamente las reglas de la carga de la prueba en caso de alegación de vulneración de derecho fundamental, invocando la infracción del artículo 24 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978, los artículos 96 y 179 punto 2 de la Ley de Procedimiento Laboral y la sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera, 125/2008, de 20 de octubre.

Señala que la nulidad viene determinada porque concreto testigo es gerente de una de las áreas de Robotiker, considerando que sus manifestaciones sobre el trabajo desarrollado por la demandante son contradictorias con el contenido del último contrato de la demandante, pues allí no constan labores de auxiliar administrativo, sino de redacción en distintos medios, como prensa, web y audiovisual, hacer entrevistas, sintetizar y extraer las claves de una entrevista, así como apoyar la elaboración de vídeos, revisión de textos a publicar, instando tal nulidad al amparo del artículo 238 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, entendiendo que ha de prevalecer tal documental, citando el artículo 316 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que es de subsidiaria aplicación al proceso laboral, en razón de lo señalado en su artículo 4 y en la disposición adicional primera número 1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sin embargo en la parte final de su escrito de formalización del recurso, donde señala qué es lo que pide, no consta que se inste la nulidad de la sentencia, como sería lo coherente con la exposición de tal motivo. En todo caso, el motivo no puede ser estimado.

En primer lugar, cita el artículo 24 de la Constitución, pero no argumenta la forma en que considera que se le ha producido indefensión, elemento necesario para que pueda prosperar una nulidad de actuaciones, según se desprende de leer el artículo 191 apartado a de la Ley de Procedimiento Laboral.

Leído el motivo, entendemos que lo que la recurrente plantea es una tacha al testigo, lo que ha de exponerse ante el Juez o Jueza que presida el juicio y es quien ha de dictar sentencia, ponderando las pruebas practicadas en la sentencia y expresando en la misma los fundamentos de su convicción (artículo 97 punto 2 de la Ley de Procedimiento Laboral), como consta que hizo la Magistrada autora de la sentencia (fundamento de derecho segundo de la sentencia). Tal tacha no determina la nulidad, sino que se ha de ponderar al realizar la valoración de la prueba (artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por otra parte, la discrepancia sobre la valoración de prueba ha de encauzarse por la vía del apartado b de la Ley de Procedimiento Laboral y no por la de su apartado a, como efectivamente luego la propia parte realiza.

De otro lado, no nos consta que el tal testigo tenga poderes de la empresa o que sea su consejero delegado o administrador de alguna forma, habiendo manifestado que su relación con la misma es la determinada por un contrato laboral ordinario (por tanto, no de alta dirección) y de ahí que su testimonio haya de ser valorado como declaración testifical por la Juzgadora y no valoración de prueba de interrogatorio de parte, como pretende la recurrente, que cita del artículo 316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido a este último medio probatorio y no a la testifical.. Por otra parte, tal precepto alude a las reglas de la sana crítica como elemento para valorar tal prueba, reglas sobre las que también se ha de valorar la prueba testifical (artículo 376 citado).

Ciertamente la sentencia del Tribunal Constitucional que cita la recurrente, contiene la doctrina de dicho Tribunal sobre la distribución de las reglas sobre la carga de la prueba en caso de alegación de vulneración de derechos fundamentales, al igual que la ulterior, de su Sala Segunda, de 12 de enero de 2009, sentencia 2/2009 o las del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de de fecha 22 de diciembre de 2.009, recurso 286/09, tres de noviembre de 2.008, recurso 2.637/07 y dieciocho de febrero de dos mil ocho, recurso 1232/07, criterios que recientemente también ha aplicado esta Sala en sus sentencias de 24 de noviembre de 2009, recurso 2.541/09 y 13 de noviembre de 2.008, recurso 2.373/08, entre otras muchas.

Ya explica correctamente la resolución impugnada tal doctrina en el fundamento de derecho primero. Su aplicación al caso concreto también es discutida por la recurrente en el cuarto grupo de motivos, lo que se resuelve en el fundamento de derecho quinto de esta sentencia, al que nos remitimos. En tal motivo ya no se pide la nulidad de la sentencia, sino la del despido.

Por todo lo anterior desestimamos el primer motivo de impugnación.

Tercero.-Sobre la categoría profesional y salario regulador del despido.

En este punto, se plantea dos motivos diversos: uno dirigido a la reforma de hechos probados y otro, a la crítica a la forma en que se interpreta y aplica el derecho sustantivo en la sentencia recurrida.

1.- Se pretende modificar el hecho probado primero de la sentencia, para que se haga constar que la categoría profesional de la demandante es de técnico medio de servicios y por tanto, su retribución, conforme convenio colectivo, la de 2.129, 3 euros mensuales brutos, incluido el prorrateo de pagas de vencimiento periódico superior a un mes.

Se basa para ello tanto en el contrato de trabajo como en la sentencia de fecha 13 de abril de 2010, dictada por el mismo Juzgado en el proceso 128/10, en la que se desestimó la demanda acerca de un supuesto despido verbal acontecido el día 15 de enero de 2010.

Tal sentencia consta efectivamente, más se ha de señalar que la misma fue desestimatoria de los intereses de la parte recurrente, no consta explicación alguna de la categoría apuntada en la misma y tal condición de desestimatoria hacía problemático el que pudiera recurrirla cualquiera de los tres demandados. En el presente pleito se ha discutido sobre la categoría profesional y las efectivas labores realizadas y se ha practicado prueba al efecto, habiendo sido dictadas ambas resoluciones por la misma persona.

Comenzando por los contratos de trabajo, se ha de decir que en el contrato primero, el de 8 de febrero de 2008, se señala como cualificación requerida es la de auxiliar administrativo, siendo las funciones a desarrollar las de atención telefónica, atención de visitas, apoyo logístico en reuniones y curso, con labores administrativas propias del puesto. Se repite la cualificación y funciones en el de fecha 1 de julio de 2008.

En el tercero y último -el de 4 de enero de 2010- se alude a la cualificación de auxiliar administrativo y las funciones se describen de esta forma: " redacciones en distintos medios: prensa, red y audiovisual. Hacer entrevistas, sintetizar y extraer las claves de una entrevista. Apoyar en la elaboración de publicaciones. Apoyar en la elaboración de vídeos, revisión de textos a publicar".

Junto a esta prueba documental, las nóminas señalan la categoría de auxiliar administrativa y la testifical ya aludida señaló funciones de auxiliar administrativo como las realizadas siempre por la demandante.

De ello concluimos en que de los contratos de trabajo no se pueden deducir indefectiblemente y sin género de dudas que se hagan las funciones que atribuye el convenio colectivo al titulado medio superior, ya que se calificaron por las partes contratantes - incluso las fijadas en el último contrato- como susceptibles de ser realizadas con aquella titulación de auxiliar administrativo. Y además, por encima de tal documento formal, debiera considerarse la realidad de las funciones realizadas y éstas fueron valoradas por la Juzgadora dando verosimilitud al testimonio del testigo aludido y son las de auxiliar administrativo.

Es cierto que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, como señala el Tribunal Constitucional y que en aquella sentencia previa del mismo Juzgado se dijo en el primer hecho probado que la categoría profesional era la que postulaba la demandante.

Pero, ya se ha dicho que, sobre ser tal sentencia desestimatoria, se ha de señalar que guarda absoluto mutismo con respecto de las razones por las que se señala una categoría distinta de la fijada en los contratos, siendo que su propio contenido desestimatorio planteaba grandes obstáculos para que las demandadas pudieran recurrir de suplicación.

En esta circunstancia, consideramos que no cabe modificar tal hecho probado primero en base al artículo 191 apartado b de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo considerarse que en aquel proceso previo tal dato simplemente se copió de la demanda, sin entrar a estudiar realmente cuál era la categoría profesional procedente, al apreciarse la falta de acción de la demandante, por no constar se produjese despido alguno.

Lo anterior, a su vez, lleva a que tampoco quepa considerar salario distinto del que consideró la Juzgadora en la sentencia examinada.

2.- En la segunda parte de este grupo de motivos, la recurrente pretende hacer valer aquella sentencia del mismo Juzgado en base al instituto de la cosa juzgada y con cita la de la sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera, 192/2009, de 28 de septiembre.

Es cierto que - como resalta la parte recurrente- tal sentencia, en su fundamento de derecho segundo, citando precedentes, dice: "Este Tribunal ha reiterado que la existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron no sólo es incompatible con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) sino también con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues no resultan compatibles la efectividad de dicha tutela y la firmeza de los pronunciamientos judiciales contradictorios (por todas, STC 60/2008, de 26 de mayo, F. 9). Igualmente se ha destacado que en la realidad histórica relevante para el Derecho no puede admitirse que unos hechos existen y dejan de existir para los órganos del Estado, pues a ello se oponen principios elementales de lógica jurídica y extrajurídica, salvo que la contradicción derive de haberse abordado unos mismos hechos desde perspectivas jurídicas diversas (por todas, STC 109/2008, de 22 de septiembre, F. 3).

Pero también se ha de resaltar que añade: "Asimismo, este Tribunal ha tenido la oportunidad de precisar que esto no implica que en todo caso los órganos judiciales deban aceptar siempre de forma mecánica los hechos declarados por otra jurisdicción, sino que una distinta apreciación de los hechos debe ser motivada. Por ello, cuando un órgano judicial vaya a dictar una resolución que pueda ser contradictoria con lo declarado por otra resolución judicial debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no existe a su juicio, puntualizándose que si bien unas mismas pruebas pueden conducir a considerar como probados o no probados los mismos hechos por los Tribunales de Justicia, también lo es que, afirmada la existencia de los hechos por los propios Tribunales de Justicia, no es posible separarse de ellos sin acreditar razones ni fundamentos que justifiquen tal apartamiento (por todas, STC 34/2003, de 25 de febrero, F. 4)."

Tales razones ya han sido expuestas en el punto 1 de este fundamente de derecho, al que nos remitimos.

Por último, la cita del artículo 158 punto 3 de la Ley de Procedimiento Laboral que hace la recurrente olvida que tal precepto alude a las sentencias que tienen la condición de dictadas en la modalidad procesal de conflicto colectivo, lo que obviamente no es del caso, pues se trata de una sentencia de despido.

Desestimamos, pues, que haya de considerarse salario o categoría profesional distinta de la señalada en la sentencia recurrida.

Cuarto.-Sobre la responsabilidad solidaria de las tres demandadas por la contratación en fraude de ley llevada a cabo por Adecco.

Se plantean cuatro motivos separados.

1.- Primeramente se pretende modificar el hecho probado primero, para hacer constar la duración y causa de cada uno de los tres contratos suscritos entre la demandante y Adecco.

No existe inconveniente en asumir lo que dice la recurrente en orden a poder evaluar luego las consecuencias de tales datos en orden a determinar si tiene ello incidencia en orden a modificar el fallo, pues cumple la propuesta con las previsiones del artículo 191 apartado b de la Ley de Procedimiento Laboral. Por tanto, alegando las impugnantes la intrascendencia de tal modifcación, ello se decide al estudiar los motivos de impugnación en derecho sobre los que se asientan tales datos fácticos.

Por tanto, partimos de los siguientes datos:

a)El primer contrato, eventual, se pactó inicialmente entre el 8 de febrero y el 7 de marzo de 2008, si bien se prorrogó ulteriormente hasta el 30 de junio de ese año. Su causa era "exceso de pedidos del cliente Spri."

b)El segundo contrato, eventual, se pactó entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2009 y tenía por causa "contrato por exceso de pedidos A de T en administración por la extensión del proyecto con Spri.". Presuponemos, pues nadie dice lo contrario tampoco, que los acrónimos A de T aluden a la acumulación de tareas.

c)El tercero, de 4 de enero de 2010 y hasta el 30 de enero de 201.º, es un contrato por acumulación de tareas en el departamento de comunicación debido a un aumento del diez por ciento en los nuevos proyectos de la empresa a añadir a los habituales.

2.- Seguidamente, por la vía del apartado c de tal artículo 191 (al igual que los dos siguientes motivos) se aduce la infracción del artículo 15 punto 1 letra b y punto 3 del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo).

Es cierto que no consta la realidad de las causas invocadas y que la contratación superó los limites legales señalados, tal y como interpreta el Tribunal Supremo la preceptiva de la contratación eventual en las sentencias que cita la recurrente y entre ellas, la de 15 de enero de 2009, recurso 2302/07 y que parcialmente transcribe.

Por tanto, consideramos que la contratación advino en indefinida por tales causas, que no porque la demandante trabajase seguidamente un periodo de más de 24 meses en 30 seguidos y al amparo del apartado 5 del citado artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, como también la recurrrente alega, pues es lo cierto que no se superan en el caso aquellos 24 meses que señala tal norma.

Ahora bien, Adecco ya consideró improcedente tal despido y el cese en tal contratación daría lugar al despido improcedente ya reconocido, sin que la suscripción de aquel tercer contrato temporal tuviese la virtualidad de devolver condición de temporal a la relación laboral ya entonces indefinida (sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 5 de diciembre de 2005, recurso 5176/04 que cita la recurrente y otras muchas más, como las de 24 de abril de 2.006, 21 de marzo de 2.002 y 13 de octubre de 1.999, recursos 2.028/04, 2.456/01 y 4.455/98).

3.- En el tercer motivo de impugnación se pretende justamente esto último, que no se considere que, el hecho de suscribir ulterior contrato temporal valide que la demandante era trabajadora temporal. Ya se ha dicho que se considera indefinida la relación entre partes.

4.- En realidad, todo lo anterior ya se asumió por Adecco al reconocer improcedente el despido y lo que la parte pretende es ampliar la responsabilidad a Robotiker y Spri, citando en este cuarto motivo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo interpretando el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 6, 8 y 16 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, Ley 14/1994, de 1 de junio.

Y es que ciertamente, habiéndose infringido el artículo 6 de esta Ley última, por no ajustarse la contratación de la ETT y la usuaria a los parámetros del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, recaería la responsabilidad solidaria a la que alude el artículo 16 punto 3 de tal Ley 14/1994, tal y como ha sido interpretadas por el Tribunal Supremo en estos casos (entre otras, la sentencia que cita la recurrente en este caso, la de 3 de noviembre de 2008, recurso 1889/2007.

Al efecto, dicha sentencia dice: "Sobre la cuestión controvertida hay doctrina unificada de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo establecida en sentencias de 4 de julio de 2006 (rec. 1077/05) y 28 de septiembre de 2006 (rec. 2691/05). De acuerdo con esta línea jurisprudencial, que mantenemos en la presente resolución, la responsabilidad solidaria de los empresarios cedente y cesionario que establece el art. 43 ET "por infracción de las obligaciones contraídas con los trabajadores" se aplica a los supuestos de incumplimiento de las "obligaciones legales" derivadas del contrato de trabajo cuando la cesión del trabajador por parte de una empresa de trabajo temporal a una empresa usuaria derivada de un contrato de puesta a disposición no se ha ajustado a "los términos que legalmente se establezcan" (art. 43.1 ET). Siguiendo esta misma doctrina jurisprudencial, la aplicación del art. 43.2 ET a los supuestos en que se utiliza la intermediación de la ETT de una manera distinta a la legalmente establecida se contrae a las obligaciones legales y no comprende "determinaciones reglamentarias" o "elementos accesorios que no alcancen la sustancial regulación efectuada por la Ley" (STS 28-9-2006, citada).

Las razones expresadas en las sentencias precedentes en favor de la solución a la cuestión planteada se pueden resumir como sigue: 1) la provisión de fuerza de trabajo a empresas usuarias por medio de empresas de trabajo temporal es en nuestro derecho la excepción a la norma general de la ilegalidad de la cesión de trabajadores, y como tal regla de excepción debe ser interpretada de manera estricta; 2) los incumplimientos de las obligaciones contraidas con el trabajador en estos casos pueden derivar bien de una decisión adoptada por la ETT, bien de un ejercicio irregular del poder de dirección atribuido a la empresa usuaria, bien de la combinación de actos de infracción de una y otra; y 3) la formulación literal del precepto del art. 43.1 ET, donde se acepta en principio la licitud de la intermediación de las empresas de trabajo temporal, precisa que tal intermediación para ser lícita obliga a que ambas empresas implicadas se atengan "a los términos que legalmente se establezcan".

SPRI, S.A. no es empresa usuaria y sí adjudicataria de una contrata a Robotiker, por lo que no le es aplicable tal doctrina en todo caso.

Ahora bien, debe señalarse que uno de los deudores solidarios ya consignó por despido improcedente y que, no asumiéndose la categoría ni salario señalados por la recurrente, debiera considerarse correcta la misma, como la apreció la Juzgadora autora de la sentencia. Por tanto, la responsabilidad económica por el despido improcedente ya quedó saldada por el pago de uno de los deudores solidarios (artículo 1145 del Código Civil en relación con el artículo 56 punto 2 del Estatuto de los Trabajadores).

Todo ello, siempre que se mantenga la calificación de despido improcedente, pues de ser nulo, se mantendría la responsabilidad por salarios de tramitación y con obligación de readmisión de Robotiker (artículo 55 punto 6 del Estatuto de los Trabajadores), mas no es el caso, como se explica en el siguiente fundamento de derecho.

Por tanto, ciertamente la adición instada por la recurrente y a la que se aludía en el punto 1 de este fundamento, no tiene trascendencia en orden a modificar el fallo recurrido.

Quinto.-Petición de nulidad del despido.

En este caso se pretende un añadido al fáctico de la sentencia recurrida y se plantea seguidamente un motivo de impugnación por la vía del apartado c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral.

1.- Aún y cuando no consta formalmente como hecho probado en la sentencia recurrida, si que es cierto que en sus fundamentos de derecho se parte de la preexistencia de aquel acto conciliatorio de fecha 13 de enero de 2010 (fundamento de derecho primero último párrafo de la sentencia recurrida).

Por ello, no existe inconveniente en asumir que tal dato acceda a los hechos probados y se haga constar que en tal fecha la demandante presentó papeleta de conciliación ante el SMAC solicitando de las tres codemandadas en este proceso la transformación del contrato temporal en indefinido, por haberse celebrado contratatación temporal en fraude de ley, celebrándose acto de conciliación en fecha 8 de febrero de 2010, que terminó con el resultado de intentado y sin efecto.

2.- La recurrente nuevamente aduce ahora las reglas valoración de la carga de la prueba en caso de alegación de vulneración de derechos fundamentales y cita la sentencia del Tribunal Constitucional 125/2008, de 20 de octubre y otras concordantes.

Del contenido de tal doctrina ya nos hemos hecho eco en el tercer fundamento de derecho de esta sentencia. Nos remitimos a la misma en cuanto a su explicación.

Consideramos correcta la decisión judicial cuestionada. Aquella papeleta se presenta luego de sabido -porque se firma el nuevo contrato el 4 de enero de 2010 - que la decisión empresarial era terminar la relación laboral en fecha 30 de enero de 2010 (fecha de fin de contrato prevista en este último contrato) y no puede considerarse que el cese en tal última fecha obedeciese a la reacción por presentar aquella papeleta, sino a las previsión ya realizada.

La reacción no fue despedir, sino que fue dar licencia a la demandante hasta esa última fecha y entonces si, extinguir el contrato de trabajo, como se había previsto, bien que reconociendo la improcedencia del mismo, probablemente por entender que la contratación formalmente temporal había advenido en indefinida.

Entendemos que queda clara la motivación empresarial y que no puede entenderse que el cese obedeciese a una represalia por presentar aquella papeleta de conciliación. Sin duda, de producirse el despido de inmediato a tal papeleta, la consecuencia hubiese sido la nulidad, sin que a ello obstase el hecho de que no se hubiese actuado demanda judicial (por todas, sentencia del Tribunal Constitucional 120/2006, de 24 de abril).

Sexto.-Costas.

De conformidad con el artículo 233 punto 1 de la Ley de Procedimiento Laboral, cada parte deberá abonar las costas de este recurso causadas a su instancia.

VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimamos el recurso de suplicación formulado en nombre de doña Inés contra la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de los de Bilbao en el proceso número 167/10 seguido ante el mismo y en el que también son partes Adecco, Empresa de Trabajo Temporal, S.A. Fundación Robotiker-Tecnalia y Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.

En su consecuencia, confirmamos la misma.

Cada parte deberá abonar las costas del recurso que hayan sido causadas a su instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 300 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-1738/10.

B) Si se efectúan a través de tranferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número 0030-1846-42- 0005001274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 4699 -0000- 66 -1738/10.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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