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Sentencia T.S.J. Galicia 817/2010 de 30 de junio


 RESUMEN:

Prohibición de entrada: Infracción grave. Denegación de solicitud de residencia y trabajo por cuenta ajena.  Carta de invitación: En el expediente administrativo no hay constancia de la carta de invitación, ni ningún otro documento. La carta limita su vigencia, estando después en situación irregular en España. La carta de invitación no exime del resto de requisitos legales tanto en lo referente al régimen de entrada como de permanencia. Medida de expulsión proporcionada.

A CORUÑA

SENTENCIA: 00817/2010

PONENTE: D.ª MARIA DOLORES GALINDO GIL

RECURSO: RECURSO DE APELACION 460/2009

APELANTES: María Consuelo, Cristina

APELADO: SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos./as. Sres./as. D./D.ª

FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte.

FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA

MARIA DOLORES GALINDO GIL

A CORUÑA, treinta de Junio de dos mil diez.

En el RECURSO DE APELACION 460/2009 pendiente de resolución ante esta Sala, interpuesto por doña María Consuelo y doña Cristina, dirigidas por la letrada doña ANGELES FERNANDEZ GUISANDE, contra SENTENCIA de fecha catorce de Mayo de dos mil nueve dictada en el

procedimiento PA 401/2008 por el JDO. DE LO CONTENCIOSO Núm.3 de PONTEVEDRA sobre EXTRANJERIA. Es parte apelada la SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA, representada por el ABOGADO DEL ESTADO.

Es ponente la Ilma. Sra. D.ª MARIA DOLORES GALINDO GIL.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: "desestimo los recursos contencioso- administrativos interpuestos por Cristina y María Consuelo frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, seguidos como PA núm. 401/08 y PA 416/08, acumulados del Juzgado Núm.1 de Pontevedra, contra las dos resoluciones arriba indicadas, que se declaran conformes a Derecho; sin pronunciamiento en materia de costas".

Segundo.-Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
SE ACEPTAN, los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida y,

Primero.-Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia número 124/2009, de fecha 14 de mayo de 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de los de Pontevedra, en autos de Procedimiento Abreviado número 401/2008 acumulado Procedimiento Abreviado número 416/2008, procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de Pontevedra, que desestima recurso contencioso-administrativo promovido por doña Cristina contra resolución de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra de fecha 16 de julio de 2008 que confirma en vía potestativa de reposición otra de 6 de mayo de 2008 por la que acuerda su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por período de tres años en calidad de responsable de una infracción grave prevista en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y modificada por Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre y recurso contencioso-administrativo promovido por doña María Consuelo contra resolución de 12 de septiembre de 2008 de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra denegatoria de solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena para doña Cristina al concurrir la causa prevista en el artículo 53.1.j) del Real Decreto 2393/2004 en relación con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/2000 de inadmisión a trámite al existir frente a la trabajadora un procedimiento sancionador en que se había propuesto su expulsión del territorio nacional por estancia irregular.

Segundo.-Como precisa la sentencia apelada, el motivo de seguirse los dos recursos contencioso-administrativos en un único procedimiento radica en que la denegación de la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena vino determinada por la existencia de un procedimiento sancionador en que se proponía la expulsión, incoado a la trabajadora a favor de la que se formuló aquella, lo que operaba su inadmisión a tenor del artículo 53.1.j) del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en relación con la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Ahora bien, según expresamente refiere la parte apelante, el presente recurso de apelación se constriñe a determinar la conformidad a derecho de la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra de fecha 16 de julio de 2008 que confirma en vía potestativa de reposición otra de 6 de mayo de 2008 por la que acuerda la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por período de tres años en calidad de responsable de una infracción grave prevista en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y modificada por Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre de doña Cristina, aportando a la consideración de la Sala, en calidad de motivos de fundamentan el recurso, los siguientes,

- Infracción del principio de tipicidad en el bien entendido de que, en todo caso, la infracción del régimen de extranjería a sancionar, sería la prevista en el artículo 52.b) de la Ley Orgánica 4/2000, que califica falta leve la conducta consistente en el retraso hasta tres meses en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado.

- Infracción del principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción de expulsión por no guardar la debida correlación con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en el supuesto que nos ocupa.

- Infracción del derecho de defensa, por denegación indebida de las propuestas, que ya en esta instancia no relaciona, y que, a su juicio, habrían resultado necesarias para la más adecuada averiguación de los hechos imputados.

Como primera providencia y con remisión a la doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia -Sentencias de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989 EDJ1989/11545, 5 de julio de 1991 EDJ1991/7347, 14 de abril de 1993 EDJ1993/3552, entre otras, ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal "ad quem" la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo.

El proceder de la parte apelante en el planteamiento del presente recurso, contraviene su naturaleza jurídica como medio de depuración de un previo resultado procesal, limitándose a poner a cargo de la sentencia apelada, los defectos y reproches que en la instancia dirigió contra la resolución de la autoridad gubernativa.

Constatado lo anterior así como que la sentencia apelada razona de modo exhaustivo y fundado en Derecho, la desestimación de cada uno de los motivos de impugnación, basta la remisión a la misma para operar la desestimación de la actual alzada.

Tercero.-No obstante y con afán de dar cumplitud al debate, caben las siguientes puntualizaciones.

Respecto de la vigencia de la carta de invitación obrante al folio 29 del expediente administrativo, sobre la que construye la supuesta infracción del principio de tipicidad, cabe traer a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional número 94/1993, de 22 de marzo EDJ1993/2803, según la cual, la libertad de circulación a través de las fronteras del Estado, y el concomitante derecho a residir dentro de ellas, no son derechos imprescindibles para la garantía de la dignidad humana (artículo 10.1 CE y STC 107/1984, f. j. 3.º EDJ1984/107), ni por consiguiente pertenecen a todas las personas en cuanto tales al margen de su condición de ciudadano.

De acuerdo con la doctrina sentada por la citada sentencia, es pues lícito que las leyes y los tratados modulen el ejercicio de esos derechos en función de la nacionalidad de las personas, introduciendo tratamientos desiguales entre españoles y extranjeros en lo que atañe a entrar y salir de España y a residir en territorio nacional.

En este sentido ha de tenerse en cuanta que el artículo 5.1 del Acuerdo de Schengen establece los siguientes requisitos para la autorización de la entrada del nacional extranjero:

a) Poseer un documento o documentos válidos que permitan el cruce de la frontera, determinados por el Comité Ejecutivo.

b) Estar en posesión de un visado válido cuando éste sea exigido.

c) En su caso, presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer de medios adecuados de subsistencia, tanto para el período de estancia previsto como para el regreso al país de procedencia o el tránsito hacia un tercer Estado en el que su admisión esté garantizada, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios.

d) No estar incluido en la lista de no admisibles.

De no reunirse alguno de los mentados requisitos "se negará la entrada" (artículo 5.3 del Acuerdo Schengen).

Todo esto es lo que en definitiva se viene a recoger en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, cuyo artículo 25, según redacción dada por la referida Ley Orgánica 8/2000, dispone: "El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios."

A su vez, el artículo 7 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aplicable en el momento en que se dictaron los actos impugnados, dice que:

"Los extranjeros deberán, si así se les requiere, especificar el motivo de su solicitud de entrada en España. Los funcionarios responsables del control de entrada en función, entre otras circunstancias, del objeto del viaje y de su duración podrán exigirles la presentación de documentos que justifiquen o establezcan la verosimilitud del motivo de entrada invocado.

2. A estos efectos, podrá exigirse la presentación, entre otros, de los siguientes documentos:...

b) Para los viajes de carácter turístico o privado:

1.º Documento justificativo del establecimiento de hospedaje o carta de invitación de un particular, expedida en los términos fijados mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales. En ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los demás requisitos exigidos para la entrada.

2.º Confirmación de la reserva de un viaje organizado.

3.º Billete de vuelta o de circuito turístico."

De estos preceptos se deduce que la presentación de los referidos documentos viene exigida por la ley de manera clara, sin que el inciso "en su caso" recogido tanto en el artículo 5.1 del Acuerdo de Schengen como en el artículo 23 de la Ley Orgánica 4/2000, vigente hasta la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2000, deba ser tenido ahora en cuenta ya que ha desparecido del artículo 25 de la ley aplicable y ese inciso "en su caso" permite que sea "en todo caso" cuando la ley interna así lo contemple.

En suma, el cambio legal que lleva a efecto la Ley Orgánica 8/2000 tiene el efecto de que esa presentación de documentación va encaminada a acreditar la certeza del motivo de entrada invocado, por lo que debería haber presentado, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba o comprobación que puedan realizar los funcionarios responsables del control para justificar o establecer la verosimilitud de los motivos de entrada invocados, uno o varios de los documentos recogidos en la norma reglamentaria antes citada y que son los siguientes: 1.º Documento justificativo del establecimiento de hospedaje. 2.º Confirmación de la reserva de un viaje organizado. 3.º Billete de vuelta o de circuito turístico. 4.º Invitación de un particular.

En consecuencia, el reconocimiento y efectividad de este derecho de configuración legal está supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación para el acceso y estancia en el territorio español de los ciudadanos extranjeros. Esto es, "los extranjeros son titulares de los derechos fundamentales a residir y a desplazarse libremente y que se recoge en la Constitución en su artículo 19, si bien en los términos que establezcan los tratados y la Ley (artículo 13.1 CE)" -Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 116/1993, de 29 de marzo EDJ1993/3111.

En el supuesto que nos ocupa, del contenido del expediente administrativo resulta que no hay constancia en la carta de invitación, ni en ningún otro documento, considerando que la apelante estaba indocumentada, de sello que acredite la fecha y lugar por el que efectuó su entrada en España, lo que conlleva, per se, una infracción del artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2000.

De otro lado, la carta de invitación es clara al limitar su vigencia del 23 de marzo al 8 de abril de 2008, lo que significa que a día 16 de abril de 2008, aquella estaba en situación irregular en territorio español, todo ella habida cuenta que la existencia de una carta de invitación, en absoluto, exime del cumplimiento de los restantes requisitos legales, tanto por lo que hace al régimen de entrada como al de permanencia, es decir, no es sustitutivo de los determinados legalmente a tales efectos, ninguno de los cuales acredita la apelante haber cumplido.

No podemos compartir la interpretación postulada sobre la vigencia de la carta de invitación por el período que pretende, con intención de validar su situación administrativa en el país y que deviene de la expresión que se hace constar en la misma cuando precisa "la validez de la presente carta de invitación se extenderá durante los nueve meses siguientes a la notificación de la resolución", pues lo que condiciona es la vigencia de la invitación, es decir, que esta podrá tener lugar en esos nueve meses, por el tiempo que haya sido autorizada, como bien precisa la autoridad gubernativa, pero, en ningún caso, que ese sea el período de validez de la invitación pues, sin perjuicio de lo dicho, este viene especificado en la propia carta en el apartado "duración de la invitación desde el día 23/03/2008 hasta el 08/04/2008."

Rebatido, así, el argumento que sustentaría el error en la tipificación de la actuación infractora, queda desestimado el referido motivo de impugnación.

Por lo que hace a la infracción del derecho a la prueba, entendemos aunque no se cite, previsto en el artículo 24.2 C.E., no podemos sino reiterarnos en lo razonado por la juez a quo.

En efecto, delimitado el alcance de dicho derecho por la configuración que hace el Tribunal Constitucional, la apelante ni especifica qué pudo acreditar y dejó de hacer por razón de la denegación, ni cual hubiera sido su trascendencia en la resolución gubernativa, antes al contrario, la autoridades españolas no dudan de su entrada en territorio portugués en la fecha que alega, sino en el español, extremo que no susceptible de acreditación mediante un billete de avión o una carta de invitación, ni mediante la declaración de ciudadano español que solicita la carta de invitación en los términos que exige la Orden de Presidencia 1283/2007, de 10 de mayo.

Para finalizar y respecto de la infracción del principio de proporcionalidad, si bien es cierto que la Sala 3.ª del Tribunal Supremo, en los casos enjuiciados en las sentencias de 9 y 22 de diciembre de 2005, 27 de enero, 30 de junio y 31 de octubre de 2006, 27 de abril y 24 de mayo y 23 de noviembre de 2007, 9 y 31 de enero, 24 de junio y 28 de noviembre de 2008, para considerar justificada y proporcionada la sanción de expulsión, ha tenido en cuenta otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, cuyos datos eran de tal entidad que, unidos a la permanencia ilegal, justificaban la expulsión, no se puede decir que en el caso de autos no esté justificada la expulsión ni la Sala aprecia vulneración del principio de proporcionalidad por su aplicación, pues hay que tomar en consideración los datos que resultan del expediente administrativo a los que venimos haciendo referencia.

De cara a justificar la proporcionalidad de la expulsión acordada ha de añadirse que la expulsión es la sanción que restablece el orden jurídico perturbado, pues si se aceptara la pretensión de rebajar la sanción procedente a una multa, se produciría el efecto paradójico e inaceptable de que la comisión de la infracción resultaría más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida (artículo 131.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), por cuanto a través de esa sanción pecuniaria se estaría otorgando a aquél un título para seguir residiendo ilegalmente en nuestro territorio, lo cual es lógicamente contradictorio con la finalidad de la ley aplicable, al tratarse de una infracción por estancia ilegal.

Con ello no se está interpretando en sentido amplio una norma sancionadora sino que se está acudiendo a una interpretación lógica y teleológica de la misma. Respecto a la proporcionalidad, el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en realidad habilita a la Administración para optar por una u otra medida alternativamente, sin preferencia alguna por la sanción pecuniaria, ya que la expresión "podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión" no entraña que ésta sea subsidiaria de aquella sino que cabe optar por una u otra ya que ambas entran en la potestad discrecional administrativa y la apelante tendría que demostrar que en el caso concreto se vulnera el principio de proporcionalidad.

Como se desprende del estudio del debate parlamentario de la LO 8/2000, al preverse la sanción de expulsión para la infracción grave de permanencia ilegal en territorio español se altera la filosofía que predominaba en la LO 4/2000, al valorar más la acción del control que los presupuestos de integración, siendo el fin del legislador facilitar la expulsión con el objeto de regular, a través de esta medida, los flujos migratorios, pretendiendo incrementar la capacidad de actuación del Estado en cuanto al control de la inmigración a nivel del resto de los Estados miembros de la Unión Europea. En ese sentido, en la Exposición de Motivos de la LO 8/2000 se razona que "partiendo de que en un Estado de derecho es necesario establecer los instrumentos que permitan hacer efectivo el cumplimiento de las normas, en este caso, de aquéllas que rigen la entrada y permanencia en territorio español, se ha introducido como infracción sancionable con expulsión la permanencia de forma ilegal en el territorio español, pretendiéndose, con ello, incrementar la capacidad de actuación del Estado en cuanto al control de la inmigración ilegal, al nivel de otros Estados miembros de la Unión Europea, que cuentan en sus ordenamientos jurídicos con la posibilidad de expulsar a los extranjeros que se encuentran en esta situación, un criterio que se refleja en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere".

En congruencia con la mencionada finalidad que el legislador trataba de lograr, ha de reputarse proporcionada esta medida respecto a quien se encontraba irregularmente en territorio español como modo de hacer efectivo el control de acceso y permanencia en nuestro país de los ciudadanos extranjeros, pues aquel fin no se lograría si bastase con el abono de una multa para la permanencia en territorio nacional, con lo que difícilmente se regularían los flujos migratorios y se reduciría, en lugar de incrementarse, la capacidad de actuación del Estado en cuanto al control de la inmigración ilegal.

A todo lo anteriormente expuesto ha de añadirse que tanto el auto del Tribunal Constitucional 409/2007, de 6 de noviembre, como la sentencia 260/2007, de 20 de diciembre, han considerado acorde a la Constitución el artículo 57.1 de la Ley Orgánica de Extranjería, por no incumplirse lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Constitución, puesto que en aquel precepto no se contiene una habilitación en blanco a la Administración a la hora de imponer la sanción, ya que "el precepto cuestionado cumple con las exigencias de predeterminación normativa y certeza que se derivan de los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 25.1 y 9.3 CE, pues la imposición de la sanción de expulsión no depende de la absoluta discrecionalidad de la Administración, cuya actuación se encuentra condicionada, de una parte, por la existencia de una conducta tipificable como infracción grave [artículo 53. a) de la Ley Orgánica 4/2000 ], y, por otra, por la concurrencia de los criterios establecidos en la misma Ley o por la remisión de ésta a la Ley 30/1992"; en definitiva, se argumenta que dicho artículo "establece unos presupuestos objetivos y subjetivos, así como unos criterios de aplicación que condicionan normativamente a la Administración para decidir cuándo procede la imposición de la sanción de expulsión y permiten el control jurisdiccional de sus decisiones".

Por todo lo cual procede la desestimación del recurso de apelación.

Cuarto.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede acordar la imposición de costas a la recurrente habida cuenta la total desestimación del recurso articulado y sin que la Sala aprecie circunstancias que justifiquen la no imposición.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS:


 
Que con desestimación del Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia número 124/2009, de fecha 14 de mayo de 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de los de Pontevedra, en autos de Procedimiento Abreviado número 401/2008 acumulado Procedimiento Abreviado número 416/2008, procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de Pontevedra, que desestima recurso contencioso- administrativo promovido por doña Cristina contra resolución de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra de fecha 16 de julio de 2008 que confirma en vía potestativa de reposición otra de 6 de mayo de 2008 por la que acuerda su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por período de tres años en calidad de responsable de una infracción grave prevista en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y modificada por Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre y recurso contencioso-administrativo promovido por doña María Consuelo contra resolución de 12 de septiembre de 2008 de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra denegatoria de solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena para doña Cristina al concurrir la causa prevista en el artículo 53.1.j) del Real Decreto 2393/2004 en relación con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/2000 de inadmisión a trámite al existir frente a la trabajadora un procedimiento sancionador en que se había propuesto su expulsión del territorio nacional por estancia irregular, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma; con expresa imposición de costas a la recurrente.

Notifíquese a las partes y, en su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha, por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente D.ª MARIA DOLORES GALINDO GIL al estar celebrando audiencia pública la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe. A CORUÑA, treinta de junio de dos mil diez.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
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