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Sentencia T.S.J. Cantabria 232/2010 de 26 de febrero


 RESUMEN:

ITP: Comprobación de valores. Motivación: No existe indefensión porque se ha instado prueba pericial lo que implica conocimiento suficiente de los datos. Dictamen de peritos: Valoración efectuada por perito de la Administración y por perito judicial. Valoración por perito judicial: No procede porque excluye de la valoración comprobada el costo de la urbanización y una línea eléctrica. Doble contabilización del valor del suelo: Procede el error por lo que debe practicarse nueva comprobación excluyendo el valor de repercusión en el valor de la edificación.

SANTANDER

SENTENCIA: 00232/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

Iltma. Sra. Presidente

Doña María Teresa Marijuán Arias

Iltmos. Sres. Magistrados

Doña María Josefa Artaza Bilbao

Don Juan Piqueras Valls

En la Ciudad de Santander, a veintiséis de Febrero de dos mil diez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 596/2008, interpuesto por D. Ramón, representada por el Procurado D. Luis Alberto Gómez Salceda y defendido por el Letrado D. Ramón Cobo Riva contra el TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA representado y defendido por el Abogado del Estado, actuando como codemandado EL GOBIERNO DE CANTABRIA, representado y defendido por el Letrado de los Servicios Jurídicos. La cuantía del recurso es de 57.606,64 euros. Es ponente la Iltma. Sra. Magistrado Doña María Josefa Artaza Bilbao, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El recurso se interpuso el día 9 de Junio de dos mil ocho contra la Resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, de fecha 10 de Abril del año 2.008, en la reclamación económica-administrativa n.º NUM000, por la que se desestima la formulada por el recurrente contra la liquidación practicada por la Oficina Gestora; Liquidación complementaria sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por importe de 57.606,64 €.

Segundo.-En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte Sentencia por la que se declare la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.

Tercero.-En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada solicita de la Sala la desestimación del recurso, por ser conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan.

Cuarto.-Recibido el proceso a prueba, se practicaron las que constan en autos.

Quinto.-Evacuados los correspondientes escritos de conclusiones se señaló fecha para la deliberación, votación y fallo, que tuvo lugar el día 18 de Febrero de 2009, en que efectivamente se deliberó, votó y falló.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Es objeto del presente recurso la Resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, de fecha 10 de Abril del año 2.008, en la reclamación económica-administrativa n.º NUM000, por la que se desestima la formulada por el recurrente contra la liquidación practicada por la Oficina Gestora; Liquidación complementaria sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por importe de 57.606,64 €.

Segundo.-Los antecedentes fácticos acreditados, en cuanto puedan tener relevancia a los efectos del correcto enjuiciamiento de las cuestiones que se proponen a la decisión de la Sala y de los cuales se ha de partir son los siguientes:

1.º- Que el 4 de Abril de 2.005 se presento en el Servicio de Tributos del Gobierno de Cantabria por el recurrente autoliquidación correspondiente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados acompañada de escritura autorizada el 4 de Marzo de 2.005 por el notario de Santander, D. Eugenio, con el n.º 834 de su protocolo, en la que el hoy recurrente, en unión e otras personas, adquirió por precio conjunto de 661.113,31 € las tres fincas urbanas en Guarnido (Ayuntamiento de Astillero).

2.º- Que posteriormente a ser instruido expediente de comprobación, que asignó a los inmuebles transmitidos un valor total de 1.382,552 €, la Oficina Gestora se practicó liquidación complementaria por importe de 57.606,64 €. No consta la fecha de su notificación.

3.º- Que el 13 de Diciembre de 2.007, el Sr. Ramón promovió reclamación económico-administrativa frente a la citada liquidación alegando, en esencia, su disconformidad con el valor comprobado al estimarlo excesivo y superior al real, que fue el satisfecho.

4.º Que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria dicto Resolución desestimatoria de fecha 10 de Abril del año 2.008, por la cual se desestimo la reclamación económica-administrativa acudiendo ante esta Sala y siendo el origen de las presentes actuaciones.

Tercero.-La parte recurrente sostiene en síntesis que la valoración efectuada por la Admisnrtacion tributaria adolece de errores, carece de motivación y que esta se ha limitado a aplicar sus tablas internas de valoración. Así en relación al valor de repercusión del suelo aparecen valores para los años 2001,2000 y 2003 y la suma de 420 €/m2 que se recoge para la zona intensiva residencial de Santander y, además para el año 4/03/2005 cuando se autorizo la escritura y no se ha efectuado as, siendo además las fincas en guarnido (Astillero) se debe entender que corresponde a villa interior de la región o zona rural; Alega otro error además, respecto del inmueble n.º 1, donde se encuentra, pues se valora por un lado la edificación y por otra parte del terreno y la edificación se valora sin tener en cuenta su estado ruinoso y; no se ha valorado la existencia de la línea de alta tensión.

Cuarto.-Como ya ha señalado esta Sala en múltiples Sentencias referidas a supuestos análogos al que nos ocupa:

"A diferencia de lo sucedido en otros actos de comprobación de valores dictados por la Administración autonómica, que merecieron el reproche de esta Sala, en una multiplicidad de sentencias, precisamente porque adolecían de falta de motivación, las circunstancias que han rodeado el caso presente son sustancialmente diferentes a las enjuiciadas en otros supuestos, ya que el acto de comprobación se ha basado en la aplicación de unas tablas de uso interno de la Administración, cuya aplicación conjunta, fundamentada en la observancia de determinados elementos que influyen en la valoración, tales como un índice en función del factor del mercado, el valor de repercusión del suelo, el coste de construcción actual, el factor de actualización, que atiende a la edad, calidad y conservación de los inmuebles, en función de la naturaleza y destino de los mismos, y un factor de localización, emplazamiento u otras especiales circunstancias, ha sido determinante del resultado final. Esta comprobación, que sustituye a otra anulada previamente por el TEAR, es la que constituye el objeto del recurso, basándose el recurso, sustancialmente, en la fala de motivación del acto, si bien la propia postura procesal de la actora, al promover prueba pericial y los razonamientos que a continuación se exponen, impiden hablar en todo caso de indefensión, pues para instar aquella prueba es preciso un conocimiento suficiente de los datos que se pretenden desvirtuar.

La parte recurrente ha podido conocer, de este modo, el valor asignado al inmueble transmitido, en función de la aplicación de los señalados factores, cada uno de los cuales ha sido objeto de especial consignación en el acto de comprobación, de manera que, individualizándose tales tablas, en consideración a las características peculiares del inmueble, el destinatario del acto de comprobación puede tomar conocimiento de los datos y criterios tenidos en cuenta por la Administración y, eventualmente, contradecirlos con otras pruebas, ya que cada uno de los factores, individualmente considerado, hace referencia a una de las características del inmueble, con lo que basta un mero examen de las tablas, acompañadas con el expediente administrativo, de las que se dio conocimiento a la parte actora para que se considere suficientemente motivado el acto administrativo de valoración. La motivación contenida en la resolución impugnada es suficiente, dado el grado de especificación observable en la comprobación técnica efectuada, para desvirtuar las alegaciones sobre falta de motivación.

En consecuencia, tal motivo que solo es enunciado por el recurrente se desestima a la vista de los tres informes de comprobación del técnico de la Administración, la segunda vez realizado, en fecha 7/11/2007, y obrantes en el expediente administrativo.

Quinto.-Ahora bien, no es que la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, como el que ahora nos ocupa, impida como toda figura de este género ser desvirtuada en un proceso jurisdiccional, pero ello requiere demostrar a través de sólidas pruebas los errores de hecho o de apreciación que el órgano de valoración haya podido cometer.

Sexto.-En el supuesto de autos nos encontramos ante la compraventa de tres fincas urbanas, y deben ser valorados los informes emitidos por el técnico de la Administración ya señalados y por otro, el del perito judicial que ha informado en el seno del presente proceso y todo ello conforme a las reglas de la sana critica(Art. 348 LEC). En cuanto al Sr. Perito Judicial, examinado su dictamen y las aclaraciones se observa, por un lado, pone de relieve que considera procedente la aplicación del baremo de repercusión del suelo en 420€/m2 aplicado por el perito de la Administración, y por otro estima que se debe detraer del valor de comprobación el costo de urbanización del vial de cesión, extremo este no compartido por la Sala, ya que ese costo de urbanización lo es para todos no solo debe sufrirlo el recurrente sino que se ha de distribuir entre todos y por lo cual no es lógico ni razonable su descuento a fin de hallar el valor real de mercado.

Y, así se prosigue con el examen, del otro concepto que entiende el Perito debe descontarse de la comprobación de valores y lo es, respecto a la existencia de una línea eléctrica, que según el perito desmerece la finca y calcula el perjuicio cifrándolo en lo que cuesta el soterramiento, pero que tampoco considera la Sala debe de detraerse de la valoración, dado que se mantiene por el recurrente el aprovechamiento urbanístico.

Y finalmente, cierto es que se ha producido el error de contabilizar doble un extremo, que es el relativo, a que en el valor del suelo se ha valorado (en el que esta o estaba la edificación) dos veces, pero, no es a nuestro entender correcta la solución del Sr. Perito que lo que detrae es el valor de la edificación completa en el valor dado por la Admisnrtacion, cuyo valor se admite por el Sr. Perito como correcto, sino que se deberá realizar una nueva comprobación no incluyendo en el valor de la edificación el valor de repercusión.

En suma procede la estimación parcial del presente recurso en la forma expuesta antes.

Séptimo.-De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede la condena de ninguna de las partes al pago de las costas pues no han actuado con temeridad o mala fé procesales en la defensa de sus respectivas pretensiones.


FALLAMOS


 
Que debemos estimar y estimaos de manera parcial, el recurso contencioso-administrativo promovido por D. Ramón, contra la Resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, de fecha 10 de Abril del año 2.008, en la reclamación económica-administrativa n.º NUM000, por la que se desestima la formulada por el recurrente contra la liquidación practicada por la Oficina Gestora; Liquidación complementaria sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por importe de 57.606,64 €, en el sentido de anular las mismas y se realice nueva comprobación de valores según el contenido del Fundamento de Derecho SEXTO de la presente Sentencia y posteriormente en consecuencia la subsiguiente practica de la liquidación complementaria que proceda, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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