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Sentencia A.P. Ciudad Real 271/2010 de 12 de noviembre


 RESUMEN:

Caza: Responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos por los animales procedentes de los terrenos acotados y que causan un accidente de tráfico debido al atropello de especies cinegéticas, no teniendo ninguna culpa el conductor del vehículo ni el titular de la vía pública.

CIUDAD REAL

SENTENCIA: 00271/2010

APELACION CIVIL

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION SEGUNDA

CIUDAD-REAL.

RECURSO DE APELACION (LECN) 255/2010-J.

Autos: P. Ordinario 505/2.009.

Juzgado: Daimiel-2.

Iltmo. Sr.

Presidente:

D.ª CARMEN PILAR CATALAN MARTIN DE BERNARDO.

MAGISTRADOS:

D. IGNACIO ESCRIBANO COBO

D. FULFENCIO VICTOR FERNANDEZ DE CASTRO PUERTA.

SENTENCIA n.º: 271/2.010.

En CIUDAD REAL, a doce de Noviembre de dos mil diez.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 2 de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los Autos de P. Ordinario 505/2.009, procedentes del JDO.1A.INST. Número DOS de DAIMIEL, a los que ha correspondido el Rollo 255/2.010, en los que aparece como parte apelante Evaristo y la entidad "SOCIEDAD PESCADORES VIRGEN DE LA SIERRA", representados por las Procuradoras Carmen Baeza Díaz-Portales y Gema Aparicio Torres, y asistidos por los Letrados Gregorio Illescas Ruiz y Jose-Maria Martín- S. Manzaneque, habiendo sido Magistrada Ponente la Iltma. Sra. D.ª CARMEN PILAR CATALAN MARTIN DE BERNARDO.


ANTECEDENTES DE HECHO:


 
Primero.-Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

Segundo.-Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N. 2 de DAIMIEL, por el mismo se dictó Sentencia con fecha 6 DE Mayo de 2.010, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que desestimando la demanda presentada por D. Evaristo contra la Sociedad de Cazadores Virgen de la Sierra, debo absolver y absuelvo a dicha demandada de la totalidad de pretensiones en su contra deducidas, abonando cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

Notificada dicha resolución a las partes, por Evaristo y "Sociedad de Cazadores Virgen de la Sierra", se interpuso recurso de apelación y cumplidos los trámites correspondientes fueron remitidos a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para el acto de la votación y fallo el DIA OCHO DE NOVIEMBRE DE 2.010.

Tercero.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO:


 
Primero.-Ante la sentencia dictada en la primera instancia, por la representación de la Sociedad de Cazadores Virgen de la Sierra, se interpone recurso de apelación, alegando como único motivo del mismo, la infracción del art. 394.1 de la LECivil, respecto a las costas.

Por la representación de D. Evaristo, se interpone así mismo recurso de apelación, alegando error en la interpretación del derecho aplicable, y error en la valoración de la prueba, solicitando en base a ello, la revocación de la sentencia y con ello, la estimación de la demanda formulada.

Segundo.-Es procedente en primer término, el estudio del recurso interpuesto por la parte actora, en cuanto que por medio de el, se solicita la revocación de la sentencia en todos sus pronunciamientos y con ello, la estimación de la demanda. Con respecto a la interpretación del derecho aplicable al presente caso, son ya constantes, y reiteradas, las resoluciones de esta Audiencia en sus dos Secciones que se pronuncian del siguiente tenor, citándose al efecto y de forma literal la de esta misma Sección de fecha 17-4-2008 reiterada en sentencia de fecha 12 de abril del presente año, que señaló lo siguiente:

"la responsabilidad que el artículo 33 de la Ley de Caza de 4 de abril de 1.970 refiere a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos por los animales "procedentes de los terrenos acotados", principio que repite el artículo 35 a) del Decreto 506/1971, de 25 de marzo EDL 1971/1123 EDL 1971/1123, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de aquella Ley, añadiendo en el apartado b) la regla de solidaridad para "los casos en que no resulte posible precisar la procedencia de la caza respecto a uno determinado de los varios acotados que colinden con la finca", regla que, aun pensada más específicamente para los daños producidos en cultivos o en los inmuebles, resultaría también aplicable a hechos como el presente.

Así pues, la legislación específica, aun sin considerar por ahora las novedades y matizaciones introducidas por la Disposición Adicional 9.ª de la Ley de Seguridad Vial, reformada por la Ley 17/2005, parte de una presunción, utilizada también en este caso por el demandante, conforme a la cual se entiende que la pieza de caza que ocasiona el daño procede del coto colindante con el lugar en que el daño se produce; y, si colindan varios, es aplicable, la solidaridad antes señalada, lo que propicia que todo el debate en esta alzada se circunscriba al análisis de la citada Disposición, a como se interpreta por esta Audiencia, y en base a ello a examinar las circunstancias del caso para dar respuesta al supuesto que plantea la presente litis.

Esta Sala es plenamente conocedora de la discusión entablada por las partes en sus recursos acerca de la interpretación del tipo de responsabilidad que el indicado precepto establece y de cómo debe interpretarse. Sus posturas son similares, en esencia, a las distintas posiciones que sostienen las Audiencias Provinciales. La materia es arduamente controvertida.

Así a favor de los que sostienen que ha establecido una modificación sustancial de la imputación de responsabilidad en los casos de accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas y que avala la entidad demandada se han pronunciado, entre otras las sentencias de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección Segunda) de 7 de noviembre de 2.007 EDJ 2007/287765, Lleida 25 de octubre de 2.007 EDJ 2007/248169, Castellón (Sección I) de 10 de octubre de 2.007, Cáceres (Sección I) de 16 de enero de 2.007 EDJ 2007/7479 y Soria de 29 de diciembre de 2.006 EDJ 2006/396817. Sus argumentos, reflejados en la primera de las resoluciones citadas, son "que no cabe negar que esta disposición adicional, al regular la responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico ocasionados por atropello de animales pertenecientes a especies cinegéticas se aparta del sistema cuasiobjetivo de atribución de responsabilidad establecido en la legislación estatal en materia de caza en contra de los "los titulares de los aprovechamientos cinegéticos o subsidiariamente los propietarios de los terrenos" (SSTS de 27-5-1985 y 6-2-1987 EDJ 1987/951), para aproximarse al sistema individualista y subjetivo de responsabilidad del propietario de la caza proclamado en el art. 1.906 C. Civil, según el cual el dueño de una heredad de caza responde del daño causado por ésta en las fincas vecinas únicamente "cuando no hubiese hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando hubiese dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla", toda vez que la responsabilidad por los daños personales y patrimoniales derivados de los accidentes de tráfico por atropellos de animales pertenecientes a especies cinegéticas solo podrá ser atribuida a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos (o subsidiariamente a los propietarios de los terrenos comprendidos en el coto) cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. Así y por lo que ahora nos interesa, conforme al tenor literal de la nueva legislación aplicable, la responsabilidad de la entidad titular del aprovechamiento cinegético del terreno acotado queda supeditada a la concurrencia de falta de diligencia en la conservación del terreno acotado, lo que, en definitiva, plantea la cuestión de determinar a cual de los litigantes incumbe la carga de la prueba respecto de dicha falta de diligencia como presupuesto de la viabilidad de la pretensión actora, debiendo partir para ello de la regla general de distribución de la carga de la prueba contenida en el art. 217.2 LEC EDL 2000/77463 EDL 2000/77463, según la cual corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, moderada en su caso, por el principio de disponibilidad y facilidad probatoria al que se refiere el art. 217.6 LEC EDL 2000/77463 EDL 2000/77463. Luego incumbirá al actor perjudicado la carga de probar que se da alguna de las circunstancias por las que cabe atribuir la responsabilidad a los titulares del coto o propietarios del terreno en su caso, en la medida en que "del tenor literal del párrafo segundo de la tan citada Disposición Adicional Novena, concretamente de la expresión "sólo serán exigibles", se deduce que la regla general es la no responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético, quien única y excepcionalmente responderá en los dos supuestos que cita el precepto".

Por el contrario, la segunda postura mantenida, entre otras por las sentencias de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 10 de enero de 2.007 EDJ 2007/8832 y 15 de mayo de 2.007, La Rioja de 23 de octubre de 2.007, Burgos (Sección II) de 19 de octubre de 2.007, Valladolid (Sección I) de 6 de julio de 2.007, Asturias (Sección VI) de 9 de julio y 21 de mayo de 2.007, Gerona (Secciones 1.ª y 2.ª) de 9 de julio EDJ 2007/147202 y 26 de junio de 2007, Salamanca de 13 de junio de 2007, Lugo (Sección 1.ª) de 7 de junio de 2007), León (Sección 2.ª) de 21 de mayo de 2007, argumenta en contra de la primera, que a lo sumo la nueva disposición matiza, pero no deroga la responsabilidad instaurada por el artículo 33 de la Ley de Caza, declarada, entre otras, de las sentencias T.S. 14-7-1982, 17-5-1983, 27-5-1985 EDJ 1985/7383, 6-2-1987 EDJ 1987/951 y 30-10-2000 EDJ 2000/34431, en base a las cuales se viene aplicando el principio de responsabilidad por riesgo derivado del uso, la explotación o la simple tenencia de determinados bienes, unas veces con carácter lucrativo, otras para su simple disfrute y ostentación, que ha determinado que aquellos lleven inherente la responsabilidad de los eventuales daños que produzcan, salvo casos de fuerza mayor o culpa de la víctima. En palabras de la primera de las resoluciones citadas "Los principios subjetivistas en los que viene a fundarse la disposición adicional, al enunciar algunos supuestos de responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, pueden entrar en contradicción con las reglas generales vigentes en materia de caza, tanto de ámbito estatal como en los definidos en la Ley de Caza de La Rioja y deberíamos añadir en contra de los principios generales reguladores de la responsabilidad de daños causados por animales desde la tradición romana hasta la actualidad. No obstante, atendiendo al principio de especialidad y contenida esta última norma, la disposición adicional invocada, en una Ley de ámbito estatal, que tiene por finalidad regular la seguridad vial, debería parecer que no puede, sin más consideración, omitirse su aplicación en supuestos en los que, aun causados los daños por piezas de caza, se produce el accidente en una carretera... No obstante, aun aceptados estos principios, debe observarse, como lo argumentan algunas de las sentencias citadas, que en aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 EDL 2000/77463, una vez acreditadas las circunstancias del accidente y la ausencia de un comportamiento culpable del conductor, no puede exigirse al perjudicado que demuestre la falta de diligencia del titular de la explotación cinegética en su conservación, correspondiendo a dicha parte acreditar que se han adoptado las medidas precisas para evitar la generación de estos daños. La adopción de este criterio en materia de carga probatoria puede llevar, en la práctica, a que los fundamentos de esta responsabilidad se mantengan próximos a los criterios más objetivos de la legislación especial en materia de caza. Además de todo ello... la norma ha de interpretarse como dispone el artículo 3-1 del Código Civil EDL 1889/1 EDL 1889/1, recordando que las normas deben interpretarse según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. En estos términos, la reforma operada por la Disposición Adicional 9.ª de la Ley 17/05 de 19 de julio EDL 2005/90365 EDL 2005/90365 únicamente podría introducir una cierta atenuación a la responsabilidad objetiva que rige en esta materia, pero no deroga sino que, a lo sumo, matiza la responsabilidad instaurada por el artículo 33 de la Ley de Caza, declarada, entre otras, de las SSTS de 14 de julio de 1982, 17 de mayo de 1983, 27 de mayo de 1985 EDJ 1986/7383, 6 de febrero de 1987 EDJ 1987/951 y 30 de octubre de 2000 EDJ 2000/34431; con base en las cuales se viene aplicando el principio de responsabilidad por riesgo derivado del uso, la explotación o la simple tenencia de determinados bienes, unas veces con carácter lucrativo, otras para su simple disfrute y ostentación, que ha determinado que aquellos lleven inherente la responsabilidad de los eventuales daños que produzcan, salvo casos de fuerza mayor o culpa de la víctima".

Pues bien, de estas dos posturas antagónicas, la posición de este Tribunal, entendiendo como tal la de esta Audiencia Provincial en su conjunto, quedó fijada en la Sentencia de 8 de marzo del 2.007 (Sección Primera) -y de manera tangencial en la sentencia de 29 de junio de 2.007 (Sección Primera) o de 21 de septiembre de 2.007 (Sección Segunda)- en la que se decía que "la Disposición Adicional 9.ª de la Ley 17/05 pretende una nueva regulación de los supuestos de accidentes en los que intervienen especies cinegéticas, pasando del criterio prácticamente de responsabilidad objetiva que se establecía en el artículo 33 de la Ley de Caza a otro más restrictivo de tal forma que se establece que los titulares de aprovechamientos cinegéticos, o en su defecto de los terrenos, solo responderán cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar (lo que no es el caso ahora enjuiciado) o de la falta de diligencia en la conservación del terreno acotado". Ahora bien, como dice la sentencia de 5 de noviembre de 2.007 (Sección Primera) en su cuarto fundamento "Tal norma, sin mayor justificación o explicación, parece haber querido perfilar las responsabilidades que se pueden derivar de esos hechos, disponiendo que:

"En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.

Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización".

La norma, sin embargo, una vez analizada e interpretada conforme a los parámetros que contiene el artículo 3.1 de l Código Civil EDL 1889/1 EDL 1889/1, poco o nada viene a añadir.

En efecto, si se repara en su contenido, se comprueba que se forma con tres postulados, que establecen tres posibles responsables conforme a la causa, objetiva y subjetiva, que haya ocasionado el daño. Así, en el primer apartado, se hace responsable al conductor cuando haya infringido las normas de circulación, esto es, cuando haya incurrido en culpa o negligencia, por su parte, en la medida que las referidas normas diseñan un estándar de prudencia y control en la conducción que quebranta quien infringe la norma.

En el segundo, se ha hace responsable al titular del aprovechamiento cinegético en base a dos títulos jurídicos alternativos, según el daño provenga directamente de la acción de cazar o según tenga su origen en la falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

Y, por último, se responsabiliza al titular de la vía pública cuando el accidente sea consecuencia de la conservación de la misma o de su señalización.

En definitiva, la norma constituye, en cierto modo, una tautología jurídica, pues lo que viene a decir es que será responsable del daño quien lo haya originado.

No obstante, en la mens legislatoris, fácil es advertir que se ha pretendido introducir, en el segundo de los supuestos, una responsabilidad de tipo subjetivo, contraria a la forma en que se había venido entendiendo la disposición del artículo 33 de la Ley de Caza de 1.970.

Pero, aun en este caso, esa norma se integra, sistemáticamente, en un determinado sistema de responsabilidad civil, la extracontractual, que se ha caracterizado, ya desde hace más de medio siglo, por la inversión de la carga de la prueba de la diligencia, de modo que, como es harto conocido, al perjudicado le basta con probar la causa del daño y la realidad de éste, mientras que al demandado se le exige probar haber actuado con la diligencia exigible.

Y de esta regla de inversión probatoria no se ha exonerado a los supuestos aquí considerados".

En definitiva, esta Audiencia se alinea con la segunda de las posturas señaladas y sostiene que en casos de daños causados por animales derivados de su irrupción en la calzada, subsumibles en el artículo 1.905 del Código Civil EDL 1889/1 EDL 1889/1, aunque se ha matizado la objetivización de la responsabilidad hacia el dueño o propietario del animal o, en su caso, hacia los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de las heredades colindantes que se benefician de la explotación de los mismos, lo cierto es que el juego combinado de la citada Disposición Adicional en relación con las normas sobre la carga de la prueba contiene la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 EDL 2000/77463 (artículo 217) de facto conlleva que la responsabilidad del accidente salvo que se pruebe que corresponde al conductor, por incumplimiento de las normas de circulación que incidan causalmente en el daño, o al titular de la vía, en la práctica va a recaer sobre el titular del aprovechamiento cinegético o del terreno animal, al resultar extremadamente difícil sino casi imposible demostrar un hecho negativo, esto es que no existiendo culpa achacable al conductor no hay falta de diligencia en la conservación del terreno cuando es un hecho objetivo y constituye que el presupuesto de la acción es que se ha producido un accidente ocasionado por un atropello de una especie cinegética en la calzada" (HASTA AQUÍ LA SENTENCIA RESEÑADA).

Tercero.-Sentado lo anterior que, la solución final lo es, en función de las pruebas practicadas.

En efecto, ningún reproche se hace en el proceso al conductor del vehículo ni al titular de la vía pública. Tampoco hay dato alguno, inferido ni de las diligencias a prevención que realizaron los agentes ni de lo manifestado por el conductor, que permita atribuirle responsabilidad en el siniestro. No hay constancia de que hubiese huellas de frenada, ni de derrape, ni cálculos de la distancia a que se encontraban los animales del punto de colisión; en consecuencia, ni se le ha achacado responsabilidad ni de lo probado se puede atisbar que la tuviera.

Descartado, por tanto, ese aspecto, el debate se circunscribe al segundo de los párrafos del la Disposición Adicional, esto es a la prueba de que el accidente sea consecuencia directa de una acción de caza (lo que no es en el caso ahora enjuiciado), o de que hay falta de diligencia en la conservación del terreno acotado titularidad de la demandada.

La diligencia de la demandada, tal y como dice la sentencia ya citada de 5 de noviembre de 2.007 (Sección Primera) no se pude cifrar sin más en el cumplimiento de los requisitos administrativos respecto a que la finca se encontrara vallada, con doble valla y con malla cinegética; la diligencia no está sólo en el cumplimiento de los requisitos administrativos, que solo se constituyen en el requisito mínimo exigible, sino en el adoptar todas las medidas necesarias para que no puedan causarse daños a terceros, y si a pesar de ello se causan no cabe sino indemnizar por el daño producido. Así ocurre en cualquier ámbito en el que por generar una situación de riesgo surge un especial deber de cuidado, que como decimos no se limita a la normativa administrativa, sino que va más allá en prevención de daños a terceros que no tienen porque sufrirlos, y más cuando estamos ante actividades lucrativas, pues el que se lucra de su actividad tiene la obligación de indemnizar el daño que esa misma actividad puede generar. Llegados a este punto y por lo que afecta al "lucro de la actividad" consta al folio 20 de las actuaciones, informe de la Conserjería de Agricultura en el que literalmente se hace constar que "el APROVECHAMIENTO cinegético del Coto de Caza matricula CR-11226, denominado Virgen de la Sierra incluía durante el año 2007 el APROVECHAMIENTO de la especie jabalí". Según las diligencias por la Guardia Civil (folios 6 y siguientes de las actuaciones), el atropello de los jabalíes acaeció en Septiembre de dicho año 2007, en las INMEDIACIONES del citado coto. Atendiendo en consecuencia a los mencionados datos, es decir, el lugar del accidente, en coto de caza Virgen de la Sierra, y que este, tenía como aprovechamiento el de la caza del jabalí, actividad lucrativa, unido a lo expresado sobre la diligencia exigible, conlleva, con estimación del recurso, estimar la demanda formulada.

Tercero.-El anterior pronunciamiento, tiene su influencia en el tema de las costas, que es el objeto del recurso interpuesto por la parte demandada. Cabe señalar en primer lugar, que el supuesto enjuiciado, atendiendo a las ya numerosas resoluciones de esta Audiencia, no suscita duda alguna de hecho ni de derecho, excepción al principio de vencimiento objetivo. Es por ello, que al estimarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el que solicita la estimación de la demanda con imposición de costas a la parte demandada, por el principio del vencimiento objetivo consagrado en el Art. 394 de la LECivil, proceda la imposición de las costas causadas en la primera instancia a la parte demandada, lo que supone la desestimación de su recurso.

Cuarto.-Por lo que respecta a las costas de esta alzada, al estimarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora no se hace expresa imposición de las costas causadas por su recurso.

Al desestimarse el interpuesto por la parte demandada, procede imponerle las costas causadas en esta alzada por su recurso.

En atención a lo expuesto y por la autoridad que nos confiera la Constitución de la Nación Española,


FALLAMOS:


 
Por unanimidad, que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Evaristo y desestimando el interpuesto por la representación de la Sociedad de Cazadores Virgen de la Sierra, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Daimiel, en autos de P. Ordinario 5905/2.009, debemos revocar y revocamos dicha resolución y por la presente se estima la demanda formulada, condenando a la parte demandada a que abone al actor la cantidad reclamada de 5.360,99 euros, mas los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda, con imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandada y con el pronunciamiento que sobre las costas de esta alzada se contiene en el fundamento de derecho CUARTO de esta resolución.

Notifíquese a las partes.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así, lo acuerdan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados, arriba indicados, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
 
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