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Sentencia T.S. (Sala 3) de 22 de febrero de 2011


 RESUMEN:

Seguridad social: Recaudación. Responsabilidad solidaria. Recurso de casación para unificación de doctrina. Requisitos. Contradicción.

En la Villa de Madrid, a veintidós de Febrero de dos mil once.

Visto por esta Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 338/2008, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales D.ª Beatriz Llorente Sánchez, en nombre y representación de D. Pelayo, contra la sentencia de 1 de octubre de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso administrativo n.º 1453/05, sobre reclamaciones de deuda emitidas por responsabilidad solidaria en el pago de deudas a la Seguridad Social.

Siendo parte recurrida la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa representada por su Letrado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó Sentencia de 1 de octubre de 2007, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Pelayo contra catorce Resoluciones dictadas el 13 de enero de 2005 por la Dirección Provincial de Castellón de la Tesorería General de la Seguridad Social, desestimatorias de los recursos de alzada formulados contra catorce reclamaciones de deuda emitidas por responsabilidad solidaria en el pago de las cuotas de Seguridad Social debidas por la empresa J. y C. Edificaciones, S.L.

Segundo.-Notificada la sentencia, se presentó escrito por la representación procesal de D. Pelayo interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando que en el presente caso el tema a debatir se centra en la validez de la notificación edictal practicada por la Tesorería General de la Seguridad Social, y señalando que la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia contenida en las Sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2004 dictadas en los recursos números 4/2003 y 2400/1991, a cuyo efecto señala, con transcripción parcial de la primera de las sentencias de contraste invocadas, que "... existe identidad de circunstancias de hecho, fundamento y pretensiones sustanciales entre el supuesto fallado por la sentencia objeto de recurso y el correspondiente a las sentencias de contraste invocadas como contradictorias. Las situaciones expuestas en ambas sentencias son jurídicamente idénticas, ambas tratan de determinar la validez, eficacia o ineficacia de la notificación edictal practicada por la Administración", y que ambas sentencias llegan a conclusiones contrarias, pues mientras que la sentencia recurrida da por buena, sin el menor argumento, incurriendo en una clara falta de motivación, la notificación edictal practicada tras dos intentos fallidos de notificación personal al recurrente en su domicilio, en días distintos -05/05/2003 y 07/05/2003- pero dentro de la misma franja horaria -11'03 horas y 10'40 horas-, la sentencia de contraste considera que por horas distintas se ha de entender, a los efectos de la notificación, las que se practican en distintas franjas horarias, como pueden ser, mañana, tarde, primeras horas de la mañana o de la tarde. Concluye que la doctrina correcta es la de la sentencia de contraste invocada y que, por lo tanto, "... la notificación en la forma que fue realizada por la TGSS no es correcta porque no se practicaron en hora distinta y, además esos dos intentos de notificación personal son insuficientes para justificar el recurso a la notificación edictal, pues el TS también tiene declarado en la doctrina contenida en Sentencia de 10-11-1993 " la citación edictal requiere, por su cualidad de último medio de comunicación, no sólo el agotamiento previo de las otras modalidades que aseguran en mayor grado la recepción de la notificación, sino también, que esa consideración de que la parte se encuentra en ignorado paradero, se funde en criterios de razonabilidad que lleven a la convicción o certeza de la inutilidad de aquellos otros medios normales de notificación". Funda su recurso en la infracción de los artículos 58.3 y 59.1 y 2 de la Ley 30/1992 LRJAP y PAC, y del artículo 120.3 de la CE.

Tercero.-Por Auto de 4 de febrero de 2008 la Sala de instancia acordó inadmitir el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto.

Recurrido en súplica el anterior Auto, fue estimado por Auto de 12 de mayo de 2008, se tuvo por interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina y se dio traslado del recurso a la parte recurrida para trámite de oposición, alegándose por el Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, en síntesis, que la notificación edictal no ha sido irregular.

Cuarto.-Por providencia de 4 de septiembre de 2008 se acordó remitir las actuaciones a esta Sala, dictándose providencia 8 de octubre de 2010, dejando el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló la audiencia del día 15 de febrero de 2011, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El recurso de casación para la unificación de doctrina es excepcional y subsidiario respecto a la casación propiamente dicha. Cuando no es posible la impugnación de las sentencias dictadas en única instancia por los Tribunales Superiores de Justicia o por la Audiencia Nacional, por razón exclusivamente de la cuantía litigiosa -artículo 86.2.b) de la LRJCA - la Ley permite -artículo 96 - que puedan ser recurridas con la finalidad primaria de unificar la doctrina ante la existencia de fallos incompatibles.

Por tanto, como establece el apartado 3 del artículo 96, sólo son susceptibles de aquel recurso las sentencias contra las que no quepa el recurso de casación ordinario y, además, siempre que su cuantía exceda de tres millones de pesetas (18.000 euros).

También es preciso tener en cuenta que, en aplicación de la regla contenida en el artículo 41.3 de la LRJCA, en los casos de acumulación o de ampliación de pretensiones -es indiferente que tenga lugar en vía administrativa o jurisdiccional- aunque la cuantía del recurso venga determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla, no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de casación, a lo que debe añadirse que, con arreglo al artículo 42.1.a) de la misma Ley, para fijar el valor de la pretensión se tendrá en cuenta el débito principal (cuota), pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.

Segundo.-A lo anterior debe añadirse que es doctrina reiterada de este Tribunal que, tratándose de cuotas por débitos a la Seguridad Social, las cifras que deben tomarse en consideración, a los efectos que aquí interesan, son las cuotas mensuales, en atención a que tales cuotas se autoliquidan e ingresan por el sujeto obligado mes por mes y no por períodos de tiempo distintos. En este sentido, entre otras, las sentencias de 24 de junio de 2001, 6 de junio de 2002, 16 de octubre de 2002, 23 de julio de 2003, 17 de septiembre de 2003, 1 de octubre de 2003, 22 de octubre de 2003, 17 de diciembre de 2003, 23 de marzo de 2004, 12 de abril de 2004, 21 de abril de 2004, 4 de mayo de 2004, 25 de mayo de 2004, 1 de junio de 2004, 10 de junio de 2004, 15 de junio de 2004, 22 de junio de 2004, 13 de julio de 2004, 20 de julio de 2004, 14 de septiembre de 2004, 21 de septiembre de 2004, 23 de noviembre de 2004 y 19 de enero de 2005, dictadas en recursos de casación para la unificación de doctrina. En el caso examinado, excluidos intereses y recargos -ex artículo 42.1.a) LRJCA-, únicamente la cuota correspondiente al mes de junio de 1997, que asciende a 19.425,77 euros, rebasaría la cantidad de 18.000 euros, por lo que el recurso resulta inadmisible respecto de las demás cuotas impugnadas.

Tercero.-Establecido lo anterior, y entrando ya al análisis comparado de la sentencia impugnada y la citada de contraste, dispone la Ley de la Jurisdicción en el artículo 96.1 que el recurso de casación para unificación de doctrina se da exclusivamente cuando existan pronunciamientos distintos entre las sentencias de contraste y la recurrida, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación, y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. Por ello se exige en el artículo 97.1 que el escrito de interposición del recurso deberá contener relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida.

En el caso presente, el recurrente simplemente alega que existe identidad de circunstancias de hecho, fundamento y pretensiones sustanciales entre el supuesto fallado por la sentencia objeto de recurso y el correspondiente a las sentencias de contraste invocadas como contradictorias, y que las situaciones expuestas en ambas sentencias son jurídicamente idénticas, ambas tratan de determinar la validez, eficacia o ineficacia de la notificación edictal practicada por la Administración, lo que por sí solo habría de dar lugar a la desestimación del recurso puesto que, evidentemente, no concurre el requisito exigible conforme al art. 97.1, al no realizarse ninguna precisión o concreción sobre los sujetos intervinientes en cada caso y su posición jurídica, los hechos enjuiciados, las pretensiones formuladas o el fundamento de las decisiones o pronunciamientos jurisdiccionales, no dedicando espacio o apartado alguno en su escrito de interposición del recurso a razonar y precisar de manera circunstancia tales identidades de hechos, fundamentos y pretensiones, que se exige para una adecuada formulación del recurso.

Cuarto.-Y, pese a que lo anterior determina por sí solo la improcedencia del recurso, resulta que, además, tampoco existe identidad entre la sentencia recurrida y las de contraste, puesto que mientras la sentencia de contraste dictada en el recurso de casación en interés de la Ley n.º 4/2003, de 10 de noviembre de 2004, efectúa una interpretación del artículo 59.2 de la Ley 30/1992, en el sentido de que por horas distintas "se ha de entender, a efectos de la notificación, las que se practiquen en distintas franjas horarias, como pueden ser, mañana, tarde, primeras horas de la mañana o de la tarde", la sentencia recurrida no efectúa interpretación alguna del citado precepto, sino que ante la alegación del recurrente de que "... la interposición de los mencionados recursos de alzada no es extemporánea, puesto que el día 26 de noviembre de 2004 la T.G.S.S. le notificó personalmente las reclamaciones de deuda, por lo que, es obvio que los mismos se interpusieron dentro del plazo de un mes establecido en el art. 115 de la Ley 30/1992 y, por consiguiente, las resoluciones de 13 de enero de 2005 son contrarias a Derecho", contesta lo siguiente:

" Del examen del expediente administrativo, así como de la documentación aportada por la Administración demandada con el escrito de contestación a la demanda, se aprecia que, como sostiene dicha Administración, las reclamaciones de deuda se intentaron notificar personalmente a D. Ernesto los días 5 y 7 de mayo de 2003, encontrándose éste ausente de su domicilio en ambos intentos -folios 33 y 34 del expediente-, por lo que, ante la imposibilidad de practicar la notificación personal, se procedió por la Administración, a tenor de lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 , a la notificación edictal mediante anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Burriana desde el 9 de agosto de 2004 hasta el 10 de septiembre de 2004, y asimismo mediante publicación en el B.O.P. de Castellón n.º 90, de 27 de julio de 2004.

Por consiguiente, el plazo para la interposición por el interesado del recurso de alzada contra las mencionadas reclamaciones de deuda comenzaba a correr, de conformidad con lo regulado en el art. 48.2 de la Ley 30/1992, a partir del 9 de agosto de 2004 , día siguiente a la finalización del referido anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Burriana, de manera que cuando en fecha 24 de diciembre de 2004 D. Ernesto recurrió en alzada ya había transcurrido ampliamente el plazo de un mes previsto en el art. 115.1 de la Ley 30/1992 , precitada.

La conclusión anterior no queda enervada por los razonamientos aducidos por el demandante en su escrito de demanda, por cuanto no es cierto que la T.G.S.S. le notificara de nuevo personalmente las reclamaciones de deuda en noviembre de 2004, sino que, como admite aquél en los escritos de interposición del recuso de alzada, lo que la Tesorería le notificó entonces fue la resolución de 28 de octubre de 2004 -folio 36 del expediente administrativo-, dictada en contestación al escrito presentado por el interesado el día 1 de octubre anterior, en el que extemporáneamente éste formulaba alegaciones relativas al acuerdo de 14 de noviembre de 2002 de iniciación del expediente de derivación de responsabilidad. Esa resolución de 28 de octubre de 2004 la T.G.S.S. no era una nueva reclamación de deuda, sino que consistía en una mera comunicación a D. Ernesto, en respuesta a su escrito, en la que se le indicaba que el procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria había finalizado con la emisión de reclamaciones de deuda en fecha 14 de abril de 2003 y que tales reclamaciones le habían sido debidamente notificadas".

Por lo tanto, ni la sentencia enjuició si las notificaciones personales intentadas fallidamente se efectuaron conforme al artículo 59.2 de la Ley 30/1992 ni, desde luego, se formuló cuestión o pretensión alguna en la demanda del recurso de instancia al respecto, puesto que aunque sí fue objeto de controversia en la instancia la validez y eficacia de la notificación edictal de las reclamaciones de deuda impugnadas, sin embargo el motivo de cuestionar su validez no fueron las franjas horarias en las que se intentaron fallidamente las dos notificaciones personales anteriores, pues en la instancia alegó el recurrente que no se agotaron los intentos de notificación personal, pues aunque "En la cubierta de las cartas consta que el cartero pasó dos veces por la C/ DIRECCION000 NUM000 - NUM001 de Burriana, el día 5-5-03, a las 11'03 h. y el día 7-5-03 a las 10'40 h. y, en ambas ocasiones mi representado no estaba en casa, el cartero no pudo entregar las cartas que contenían las reclamaciones de deuda, pero no dejó ningún aviso para pasar por las oficinas de correos y telégrafos a recoger las cartas, y nadie, ni la Administración, ni tampoco el servicio de correos y telégrafos realizaron gestiones y/o desplegaron ninguna otra actividad para notificar personalmente las reclamaciones de deuda" -página 5 del escrito de demanda-.

En tales circunstancias el examen de la alegación no resulta procedente puesto que ni siquiera cabría en el recurso ordinario de casación al tratarse de una cuestión nueva excluida de control en vía de casación.

Por último, la sentencia de contraste dictada en el recurso de apelación n.º 2400/1991, de 10 de noviembre de 2004, se refiere a un supuesto de notificaciones en procedimientos de apremio, regulado por el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, concluyendo la citada sentencia, con invocación de la del Tribunal Constitucional 9/1991, de 17 de enero, que "Si en el procedimiento de apremio cuestionado, consta el domicilio del deudor, y no existe diligencia alguna explicativa de las razones que han impedido la notificación personal en el domicilio del deudor, es llano que de acuerdo con la jurisprudencia citada, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto". Por lo tanto, tampoco en este caso concurren las identidades exigidas legalmente entre la sentencia recurrida y la sentencia invocada de contraste.

Quinto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, procede la imposición de las costas a la parte recurrente, fijándose en 1.500 euros para el Letrado de la parte recurrida.


FALLAMOS


 
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la representación de D. Pelayo contra la sentencia de 1 de octubre de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso administrativo n.º 1453/05, que queda firme; con condena al recurrente en cuanto a las costas causadas, con la limitación establecida en el fundamento jurídico quinto.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
 
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