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Sentencia A.N. de 17 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Impuesto sobre la renta de las personas físicas: La parte actora ha aportado unas cantidades a la sociedad a modo de préstamo sin haberse declarado en el impuesto de patrimonio de años anteriores la existencia de capital suficiente para realizar dicho préstamo. Esto se debe a un error en el impuesto de patrimonio que no recogía unos dividendos por los que sí tributaron en la renta. Sin embargo, estos dividendos no son cantidad suficiente para poder realizar el préstamo, por lo que se supone la existencia de ganancias patrimoniales no justificadas. No se puede dar la sanción por infracción tributaria grave, ya que la Administración se ha valido de una presunción legal que no puede vulnerar la presunción de inocencia.

Madrid, a diecisiete de noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el presente recurso número

298/2009, interpuesto por la Procuradora D.ª Isabel Juliá Corujo, en representación de D.ª Bibiana contra la

resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 26 de marzo de 2009, por el que se desestima el recurso de

alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía de 25 de mayo de 2007, en

reclamación n.º NUM000 y NUM001 (acumuladas), relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio

1999; siendo demandada la Administración del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.

La cuantía del recurso se ha fijado en 1.069.431,43 euros.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la recurrente expresada en el encabezamiento se ha interpuesto ante esta Sala con fecha de 16 de octubre de 2009 recurso contencioso administrativo contra la resolución antes mencionada, acordándose mediante providencia de 21 de octubre de 2009 la incoación del proceso contencioso-administrativo, al que se dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta jurisdicción.

Segundo.-La parte actora, formalizó la demanda mediante escrito presentado el 11 de enero de 2010, en el cual, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó suplicando: " (...)dicte sentencia por la que se revoque la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 26 de marzo de 2009, y se anulen los actos administrativos impugnados de liquidación y de imposición de sanción que confirma";.

Tercero.-El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 1 de marzo de 2010, en el cual, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportuno, terminó suplicando la desestimación del recurso y la confirmación del acto impugnado.

Cuarto.-Mediante providencia de fecha 7 de julio de 2010 se señaló para que tuviera lugar la votación y fallo el día 10 de noviembre de 2010, fecha en la que tuvo lugar.

Expresa el parecer de la Sala la Magistrado designada ponente, Ilma. Sra. Doña ANA MARTIN VALERO.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-D.ª Bibiana impugna la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 26 de marzo de 2009, por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía de 25 de mayo de 2007, en reclamación n.º NUM000 y NUM001 (acumuladas), relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1999.

Esta resolución parte, como antecedentes fácticos, del Acta de disconformidad incoada en fecha 25 de noviembre de 2005 a la ahora recurrente en la que se hace constar, en síntesis, que:

La obligada tributaria y su cónyuge, D. Valentín prestaron a lo largo de 1999 a la sociedad PRADUL, S.L diversas cantidades para la adquisición de una serie de fincas, cantidades que según sus propias declaraciones alcanzaron la cifra de 2.203.550,78 euros. La única justificación aportada sobre el origen de tales cantidades es la mera manifestación efectuada de que se trataba de dinero de su patrimonio personal.

Los únicos bienes y derechos de los que se tiene constancia que integraban el patrimonio de la obligada tributaria y su cónyuge a 31 de diciembre de 1998 eran unas participaciones de la sociedad mercantil TORREBRADA, S.L, participaciones que representaban el 99,97% de los fondos propios de la citada entidad.

El 11 de mayo de 2004 se incoaron actas de conformidad a la reclamante y a su cónyuge por el Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 1998, en donde únicamente aparecen como bienes y derechos una serie de participaciones de la sociedad TREVELING, S.L y TERRENOS LA CUMBRE, S.L cuya titularidad estaba pendiente de decisión judicial firme. No obstante, los títulos relativos a la entidad MALCE, S.L fueron vendidos a sus hijos el día 15 de septiembre de 1993, según sendas pólizas de titulación de valores aportadas por el representante de los obligados tributarios.

Ambos cónyuges celebraron en 1998 dos contratos de compraventa en virtud de los cuales transmitieron los siguientes títulos:

1) 250 participaciones de la sociedad mercantil TREVELING, S.L de valor nominal 6,01 euros por título, por un importe de 1.502,53 euros. La venta se produce el día 18 de mayo de 1998, al contado, si bien dicho importe no consta que fuera pagado.

2) 250 participaciones de la sociedad mercantil TERRENOS LA CUMBRE, S.L de valor nominal 6,01 euros por título, por un importe de 1.502,53 euros. La venta se produce el día 18 de mayo de 1998, al contado, si bien dicho importe no consta que fuera pagado.

Las ventas anteriores se hicieron a sus hijos. La eficacia jurídica de estos negocios jurídicos realizados en 1998 está pendiente de resolución judicial.

No se han puesto de manifiesto fuentes de renta a favor de D. Valentín y de su esposa Doña Bibiana.

A 31 de diciembre de 1998 la obligada tributaria y su esposo no eran titulares de cantidad alguna o de otros bienes y derechos distintos de las participaciones de TORREBRADA, S.L y de la posible titularidad de las participaciones en TREVELING, S.L y TERRENOS LA CUMBRE, S.L que pudieran haber sido empleados a partir de 1999 para efectuar el préstamo a la sociedad PRADUL, S.L

Por ello, dado que no existen fuentes de renta conocidas en 1999 a favor de Don Valentín y su esposa Doña Bibiana, el total importe prestado por éstos a la entidad PRADUL, S.L tiene la consideración de ganancia de patrimonio no justificada.

Segundo.-Según se expone en la demanda, tres son las cuestiones que se plantean en el presente recurso:

En primer lugar, que no concurren los elementos necesarios para que entre en juego la presunción de renta derivada de la existencia de una ganancia patrimonial no justificada.

En segundo lugar, la existencia de una interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras ha provocado la prescripción del ejercicio controvertido.

Por último, no se dan los presupuestos para la imposición de sanción.

Tercero.-Por razones de sistemática, analizaremos, en primer lugar, la invocada prescripción del derecho de la Administración para liquidar el ejercicio controvertido, dado que la estimación de este motivo haría innecesario analizar el fondo de la cuestión suscitada.

Estima la recurrente que las actuaciones inspectoras han estado interrumpidas de forma injustificada por un plazo superior a seis meses entre la diligencia núm. 2 de 9 de agosto de 2004 y la diligencia núm. 3 de 22 de abril de 2005. Ello implica la no interrupción de la prescripción por las actuaciones desarrolladas hasta la interrupción injustificada, y, por tanto, la primera actuación con relevancia prescriptita fue la realizada con fecha 22 de abril de 2005, momento éste en que el periodo impositivo 1999 ya había prescrito.

El motivo ha de ser desestimado.

Es cierto que entre la diligencia núm 2 de 9 de agosto de 2004 y la diligencia núm. 3 de 22 de abril de 2005, no aparece documentada actuación alguna. Ahora bien, en la diligencia núm. 3 se hace constar que:

"Desde la última diligencia levantada por la Inspección se han producido las siguientes actuaciones cerca del contribuyente:

a) Día 13 de septiembre de 2004. El representante aportó a la Inspección, de la documentación solicitada en la diligencia núm. 2 de 9 de agosto de 2004, los cheques de la entidad Cajamar (punto 2.b de la diligencia), así como los extractos de cuentas bancarias solicitados en el punto 2.c) de dicha diligencia, no aportándose en dicha comparecencia ni el cheque de 29.469.000 ptas, de la entidad "La Caixa", ni la documentación requerida en el punto 2 a) de tal diligencia.

b) Día 8 de marzo de 2005, en que el representante compareció ante la Inspección aportando el cheque que faltaba para completar la petición de la diligencia n.º 2, al que se ha hecho referencia en la letra anterior, así como dando una explicación verbal a lo requerido en el punto 2.a) de dicha diligencia n.º 2".

Dicha diligencia fue firmada por el representante de la recurrente sin que pusiera objeción alguna a lo en ella consignado, ni negara que tales actuaciones hubieran tenido lugar. Y en la demanda tampoco se niega la realidad de tales actuaciones, alegándose únicamente que no fueron documentadas; antes al contrario, se reconoce que las mismas tuvieron lugar al indicar que la inspección se limitó a recibir información del interesado, sin importancia alguna a efectos de la regularización puesto que pudo formular la propuesta sin dicha información.

Por tanto, no ha existido la paralización injustificada de las actuaciones inspectoras que denuncia la recurrente, toda vez que ha resultando acreditado que entre el 9 de agosto de 2004 y el 22 de abril de 2005, se practicaron actuaciones el 13 de septiembre de 2004 y el 8 de marzo de 2005, y que dichas actuaciones, en cuanto tenían por objeto recibir la documentación solicitada a la recurrente con trascendencia para la regularización practicada, pues su objeto era determinar el origen del incremento de patrimonio detectado.

Cuarto.-Procede, pues, analizar la cuestión relativa a la ganancia patrimonial no justificada.

Señala la parte recurrente que el artículo 37 Ley 40/1998 establece una presunción iuris tantum cuya aplicación requiere que la Administración acredite un hecho base a partir del cual se deduce el presumido. Que en este caso la administración fundamenta su pretensión en cuanto al hecho base en dos datos:.- Existe un desembolso de 2.203.550,78 euros, acreditado en el ejercicio 1999; - Hay unas actas del Impuesto sobre el Patrimonio, por los ejercicios 1998 y 1999, donde no figuran bienes suficientes como para justificar esta desinversión. Y la consecuencia que se obtiene es que existen elementos patrimoniales, por importe de 2.203.550,78 euros, que no se justifican con el patrimonio declarado.

Manifiesta que, sin embargo, existen dos elementos ciertos que demuestran la absoluta falta de prueba acerca del hecho base.

De un lado, resulta evidente que las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 1998 y 1999 son incorrectas. Así lo pone de manifiesto la propia actuación administrativa desarrollada respecto del Impuesto sobre la Renta de 1998, pues la misma pone de manifiesto la existencia de cobros de dividendos y ganancias patrimoniales - monetarizadas- por importe de 1.602.322,65 euros. Que si se ha percibido dicha cantidad en 1998, resulta evidente que al finalizar dicho ejercicio este dinero debía figurar e el patrimonio de los cónyuges. Sin embargo, el actuario cometió un error y solo consignó en el Impuesto sobre el Patrimonio unos valores por importe de 82.808.017 euros. Y este mismo error ha sido trasladado a la declaración del ejercicio 1999, que es la que pretende tomarse como prueba de la existencia de ganancia no justificada. Que este error en la regularización del Impuesto sobre el Patrimonio determina que carezca de cualquier eficacia probatoria.

En segundo lugar, el actuario pretende realizar una comprobación entre patrimonio declarado y elementos aflorados, olvidando cualquier referencia a la renta declarada. Sin embargo, en el ejercicio 1998 los cónyuges han tributado por unos rendimientos de capital y ganancias de 1.602.322,65 euros. Por tanto, si ha sido declarada una renta que es próxima a la del préstamo efectuado, por importe de 2.203.550,78 euros.

Indica que el actuario desprecia el dato de la renta declarada porque, según afirma, dicha renta habrá sido dispuesta como se haya considerado más oportuno, pero lo cierto es que no figura efectivo en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio de 1998. Y a su juicio esta afirmación es descabellada por dos razones: la primera, porque resulta absolutamente imposible que hayan gastado casi dos millones de euros en bienes de consumo corrientes que no dejan rastro de su existencia, y no se ha producido inversión mediante la adquisición de bienes inmuebles, muebles o cancelación de préstamos; y la segunda, porque la regularización del Impuesto sobre el Patrimonio fue tan defectuosa que ni siquiera incluyó un efectivo que, necesariamente, tenía que existir, al haberse descubierto de manera simultánea a efectos del Impuesto sobre la Renta.

Concluye que, por tanto, los elementos descubiertos sí se corresponden con la renta declarada. Y a estos efectos, el cálculo a realizar debería haber sido el siguiente:

- Elementos descubiertos: 2.203.550,78 euros

- Renta declarada en 1998, un año antes: 1.602.322,65 euros

- Estimación de consumo de la renta anterior durante un año: 144.000 euros.

- Diferencia carente de justificación: 2.203.550,78 euros + 144.000 euros - 1.602.322,65 euros= 745.228,13 euros.

Aunque, a su juicio, este cálculo tampoco es correcto ya que supone admitir que han vivido entre 1998 y 1999 con lo obtenido en concepto de dividendos más las ganancias, cuando tienen otras fuentes de renta que les han permitido el consumo ordinario normal.

Quinto.-El artículo 37 de la Ley 40/1998 considera ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales.

Se contemplan, así, dos supuestos de tales incrementos no justificados: Primero, los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente: y Segundo, la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales

Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de junio de 2009 (rec. 7807/2003), " la institución jurídica de los incrementos de patrimonio no justificados" -uno de cuyos supuestos, como es sabido, está constituido por " las adquisiciones que se produzcan a título oneroso y cuya financiación no se corresponda con la renta y el patrimonio declarados por el sujeto pasivo "- " se establece en nuestro sistema impositivo como un elemento especial de cierre que trata de evitar que ciertas rentas ocultadas al Fisco escapen de tributación, a cuyo efecto se gravan cuando se manifiesten o afloren " [ Sentencia de 20 de junio de 2008 (rec. cas. núm. 4580/2002 4580/2002), FD Tercero]. En relación con tales incrementos no justificados - hemos dicho- " el legislador aplica el mecanismo de la presunción "iuris tantum" para acreditar su existencia por parte de la Administración Tributaria, correspondiendo la carga de la prueba al sujeto pasivo del impuesto, no siendo suficiente para ello realizar simples manifestaciones cuya sola alegación suponga, a su vez, un desplazamiento hacia la Administración de la prueba de que las presunciones no son ciertas, sino que, por el contrario, es aquél quien debe acreditar la realidad de estas alegaciones en cuanto que es la Administración tributaria la favorecida por la presunción legal, extraída de un hecho base que es precisamente la existencia de un incremento patrimonial que no se justifica con las rentas declaradas " [ Sentencia de 20 de junio de 2008, cit., FD Tercero; en parecidos términos, Sentencia de 5 de marzo de 2008 (rec. cas. núm. 4606/2002 4606/2002), FD Tercero]; " una vez acreditado tal hecho base, el hecho consecuencia presunto es que el valor del incremento patrimonial no justificado es renta gravable ocultada y no rendimientos, sino incremento de patrimonio" [ Sentencias de 25 de febrero de 2003 (rec. cas. núm. 2649/1998), FD Tercero; de 12 de febrero de 2004 (rec. cas. núm. 8714/1998), FD Cuarto); y de 5 de marzo de 2008, cit., FD Tercero]. En fin, " [d]ichas presunciones legales de incrementos injustificados de patrimonio, en virtud de lo dispuesto en el art. 118 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, en consonancia con lo dispuesto en el art. 1251 del Código Civil, pueden destruirse por la prueba en contrario, por lo que si el contribuyente demuestra que las adquisiciones efectuadas o los elementos patrimoniales o los rendimientos ocultos proceden de rentas en su día declaradas, de rentas no sujetas al impuesto o de la transformación de algún elemento patrimonial preexistente en su patrimonio, las consecuencias fiscales, en su caso, serán las que procedan por los hechos imponibles ocultados o no pero nunca la integración de las mismas en la renta del sujeto pasivo " (Sentencia de 5 de marzo de 2008, cit., FD Tercero).

Desde la que se ha calificado como " una perspectiva complementaria ", también hemos afirmado en otras resoluciones que " los incrementos de patrimonio constituyen renta del sujeto pasivo del período en que se descubran, salvo que se pruebe que se produjeron en otro período ", " sin que la Ley presuma que se hayan producido "rendimientos o ingresos", sino que se limita a gravar un incremento de patrimonio no justificado fiscalmente en las anteriores declaraciones de Renta y Patrimonio" [ Sentencias de 25 de febrero de 2003, cit., FD Tercero; y de 12 de febrero de 2004, cit., FD Cuarto]. Y aunque hemos llegado a sostener que " [e]l criterio de que el incremento patrimonial no justificado diseñado en la ley, es renta, y no una presunción "iuris tantum" o "fictio legis", por lo que no supone, ni violación del principio de legalidad penal, ni del derecho a la presunción de inocencia, es el que patrocina el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 87/2001, de 2 de abril " [ Sentencia de 22 de noviembre de 2007 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 13/2002)], lo que el máximo intérprete de nuestra Constitución se ha limitado a señalar es que la tesis de que "los incrementos no justificados constituyen renta a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que, por tanto, constituyen hecho imponible del mismo", deriva de una interpretación de la normativa tributaria que no vulnera el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en la medida en que "no se aparta ni del tenor literal de la misma, ni de las pautas axiológicas que emanan de la Constitución, ni es irrazonable, constituyendo una de las interpretaciones posibles de la legalidad, que es, además, una de entre las realizadas por la doctrina y la jurisprudencia" (STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 8)";.

Sexto.-Pues bien, en el caso de autos la Administración ha acreditado que en el ejercicio 1999 la recurrente y su esposo, D. Valentín prestaron a la sociedad PRADUL, S.L diversas cantidades para la adquisición de una serie de fincas, las cuales ascendieron a 2.203.550,78 euros. Este hecho no es discutido por la parte actora.

Pone de manifiesto la Administración que los únicos bienes y derechos de los que se tiene constancia que integraban el patrimonio de los cónyuges a 31 de diciembre de 1998, eran unas participaciones de la mercantil TORREBRADA, S.L, que representaban el 99,97% de los fondos propios de la entidad.

Ello según las actas previas de conformidad incoadas el día 11 de mayo de 2004 a cada uno de los cónyuges por Impuesto de Patrimonio correspondiente al año 1998, en la que únicamente aparecen como bienes y derechos una serie de participaciones de la sociedad MALCE, S.L, además de una serie de participaciones de las sociedades TREVELING, S.L y TERRENOS LA CUMBRE, S.L cuya titularidad estaba pendiente de decisión judicial firme (eficacia jurídica de los contratos de venta a sus hijos de las referidas participaciones celebrados el 18 de mayo de 1998), razón por la que se les dio a dichas actas carácter de previos, a la espera de la misma.

En el curso de la inspección se tuvo, además, conocimiento de que los títulos que poseían de la entidad MALCE, S.L habían sido vendidos a sus hijos D. Florencio y D. Gregorio el 15 de septiembre de 1993, en sendas pólizas de titulación de valores aportadas por el representante de la recurrente y su esposo en comparecencia de 7 de septiembre de 2005. Afirma la inspección que el hecho de que en las actas referentes al Impuesto sobre el Patrimonio figurasen esas acciones cuando habían sido vendidas en el año 1993 radica en que el actuario que las firmó no tuvo acceso a dicha información dado que las referidas pólizas no se inscriben en ningún registro público y no fueron aportadas por los contribuyentes. En ese mismo acto el representante manifestó que las participaciones de TORREBRADA, S.L seguían siendo titularidad de D. Valentín y D.ª Bibiana y aportaba una hoja de valoración a 31 de diciembre de 1999

Ello implica que a 31 de diciembre de 1998 los cónyuges D. Valentín y D.ª Bibiana no poseían a su nombre y no eran titulares de dinero, activos o bienes distintos a las participaciones en TORREBRADA, S.L, y que la titularidad de sus participaciones en las sociedades TREVELING, S.L y TERRENOS LA CUMBRE, S.L estaban pendientes de decisión judicial firme.

Estas circunstancias tampoco son cuestionadas por la recurrente, que sin embargo, estima que si poseía patrimonio suficiente para hacer frente al préstamo de cantidades por importe de 2.203.550,78 euros a la sociedad PRADUL, S.L dado que las liquidaciones por el Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 1998 y 1999 son incorrectas, como resulta de la regularización efectuada respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 1998, en la que se puso de manifiesto la existencia de cobros de dividendos y ganancias patrimoniales por importe de 1.602.322,65 euros.

Séptimo.-Dicha afirmación no es suficiente, sin embargo, para tener por justificado el origen de las cantidades prestadas a la entidad PRADUL, S.L, puesto que, por un lado, el acta correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio de 1998 fue firmada por la recurrente en conformidad, lo que implica el reconocimiento de los hechos en ella consignados, es decir, que en dicho ejercicio los bienes que poseían era los constatados en dicho acta.

Por otro lado, es cierto que a la recurrente y su esposo les fueron incoadas actas por el IRPF correspondiente a los ejercicios 1995 a 1998, que también fueron firmadas en conformidad, en las que se incrementaba la base imponible del citado impuesto como consecuencia de haber recibido dividendos de las sociedades TREVELING, S.L y TERRENOS LA CUMBRE, S.L por importe de 740.741,27 euros.

Ahora bien, el importe de tales dividendos dista mucho de las cantidades prestadas a PRADUL, S.L y además la recurrente no ha justificado que los mismos se destinaran, efectivamente, a hacer efectivo dicho préstamo, esto es, no se ha acreditado en ningún momento nexo causal alguno entre el cobro de tales dividendos y su empleo para la concesión de los préstamos a la entidad PRADUL, S.L, y, en definitiva, si era ésta y no otra la procedencia de los fondos utilizados para la concesión de tales préstamos.

Octavo.-Finalmente, en relación con la sanción por infracción tributaria grave, señala que, si bien los efectos jurídicos del descubrimiento de una renta presunta sometida al régimen de las ganancias no justificadas no plantean un grave problema, no ocurre lo mismo respecto de su punibilidad, pues, el hecho de que la Administración se haya tenido que valer de una presunción legal para gravar una renta que se supone oculta, significa que no se ha probado la existencia de esa renta, y por ende, que no se ha probado la comisión de la infracción. Además, una presunción legal no puede vulnerar el principio de presunción de inocencia. Sostiene que es difícil que los hechos en que normalmente se basa la presunción de incrementos no justificados de patrimonio lleguen a constituir un indicio racional del que se pueda extraer el convencimiento firme de que se ha producido la defraudación, motivo por el que no pueden ser sancionados. Y en el caso de autos, esa falta de elementos probatorios es especialmente grave, pues la mera comprobación entre el elemento aflorado y una declaración del Impuesto sobre el Patrimonio a todas luces incorrecta, no constituye un hecho base suficiente para aplicar la presunción de las ganancias patrimoniales no justificadas. Pero lo que queda fuera de toda duda es que, aunque pueda aplicarse dicha presunción para liquidar, en ningún caso puede justificar la imposición de la sanción.

Este motivo tampoco puede ser estimado.

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2008 (recurso n.º 4606/2002), dicho Tribunal ha reconocido la improcedencia de aplicar sanciones tributarias en los supuestos en que la falta de ingreso de la deuda tributaria obedezca a una incorrecta interpretación de las normas aplicables, ocasionada por la oscuridad de éstas y por una razonable discrepancia en dicha interpretación, premisa que, como en el caso contemplado en dicha sentencia (incremento injustificado de patrimonio) no puede apreciarse que concurra en el presente caso. En efecto, no hay una explicación alternativa, razonable y plausible acerca de la procedencia de los ingresos detectados. Y en estas condiciones, la inferencia legal derivada del afloramiento de incrementos patrimoniales no justificados no puede ceder ante la falta de justificación suficiente de la procedencia de los ingresos detectados.

Así, en el presente caso, no se aprecia la existencia de diligencia en la actuación de la recurrente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, en concreto, en la realidad de los datos económicos aportados a la Administración tributaria y su adecuación a las rentas declaradas. En efecto, la parte actora no declaró el incremento patrimonial aflorado, siendo necesaria la actuación inspectora de la Administración para su descubrimiento, y, aun admitiendo, a efectos dialécticos, que parte de tales fondos procedieran de los dividendos percibidos de las entidades TREVELING, S.L y TERRENOS LA CUMBRE, S.L, tampoco los mismos habían sido declarados por la recurrente ni en la declaración por el Impuesto del Patrimonio correspondiente al ejercicio 1998, ni en la declaración por el IRPF correspondiente a ese mismo ejercicio, siendo descubiertos también en este caso, como consecuencia de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por la Administración en relación con dicho ejercicio.

Por todo ello no puede cuestionarse que hubo culpabilidad en la conducta de la recurrente pues se ocultaron las rentas con las que se abonaron los préstamos, sin que se haya justificado el origen de las mismas.

Noveno.-No procede efectuar pronunciamiento sobre las costas causadas, dado que no se aprecian méritos para ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.1 de la LRJCA.

Vistos los preceptos legales citados;


FALLO


 
DESESTIMAR

el presente recurso contencioso administrativo n.º 298/2009, promovido por la representación procesal D.ª Bibiana contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 23 de marzo de 2009; sin condena en costas.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se preparará ante esta Sala en el plazo de diez días desde la notificación de la misma.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, en legal forma, haciéndoles saber los recursos que frente a la misma caben, y remítase, en su caso, a la oficina de procedencia.

Publicación.-; Fue publicada la anterior sentencia en la forma acostumbrada. Madrid a


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