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Sentencia T.S.J. Castilla y León 520/2010 de 13 de diciembre


 RESUMEN:

Jurisdicción competente: Denegación de pago único por nacimiento de hijo. Prestación no contributiva. Delegación de la gestión de la prestación en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por parte de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con independencia del órgano que dictó el acto. Competencia de la jurisdicción social.

En la ciudad de Burgos, a trece de Diciembre de dos mil diez.

En el recurso número 295/09, interpuesto por DÑA. Elena, representada por la Procuradora Sra. Mercedes Manero Barriuso y defendida por la Letrada Sra. M.ª Manuela Gonzalo Santos, contra Resolución del TEAR de C. y L., Sala de Burgos, de fecha 28/04/09, reclamación NUM000, procedimiento abreviado, sobre otros, habiendo comparecido, como parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado en virtud de la representación que por ley ostenta.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala el día 21/07/09. Admitido a trámite se dio al mismo la publicidad legal y se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 3/12/09, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que: "se declare nulo, o anule por contraria a derecho, la Resolución impugnada, declarando el derecho de D.ª Elena a percibir el pago único por nacimiento de un hijo; condenando a la Administración demandada a estar y pasar por estas declaraciones, con expresa imposición en costas. Es justo."

Segundo.-Se confirió traslado de la demanda por término legal a la administración demandada, quien contestó a medio de escrito de 19/01/10, oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación en base a los fundamentos jurídicos que aduce.

Tercero.-Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y recibido el recurso a prueba se practicó con el resultado que obra en autos, y no habiendo propuesto prueba, ni solicitado la celebración de vista o petición de conclusiones por ninguna de las partes, quedó el recurso concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese. Estando señalado para votación y fallo el 7/10/10, se dejó sin efecto dicho señalamiento y se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal al amparo del art. 5.1 de la LJCA., evacuandose el traslado con el resultado que obra en autos y pasando el recurso al Sr. Magistrado Ponente para resolver. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León (Sala de Burgos) de fecha 28 de abril de 2009 que aquí se recurre desestima la reclamación económico administrativa número 05/411/2008 interpuesta por D.ª Elena frente a la desestimación del recurso de reposición presentado contra la denegación de la solicitud de pago único por nacimiento de hijo realizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La Administración, en la Resolución recurrida, considera que la ayuda solicitada por la actora es la prevista en el artículo 81.bis de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, añadido por la Ley 35/2007 de 15 de noviembre, que recoge la deducción de 2.500 euros en que se podrá aminorar la cuota diferencial del impuesto.

Sobre tal base, razona que la decisión impugnada es correcta porque la interesada no reúne los requisitos previstos en el artículo 2 de la citada Ley 35/2007 para que le sea reconocido el derecho, concretamente, la residencia legal, efectiva y continuada durante los dos años anteriores a la presentación de la solicitud.

Segundo.-La parte actora pretende que se anule la Resolución recurrida y se le reconozca el derecho al abono de la prestación solicitada que asciende a 2.500 euros, alegando, en esencia, que cumple los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ley 35/2007 de 15 de noviembre para ello.

Frente a ello, la Administración demandada sostiene, en primer lugar, al amparo del artículo 69 a) de la Ley de la Jurisdicción, la falta de jurisdicción de este Tribunal para conocer del recurso interpuesto, ya que se ventila el derecho al reconocimiento de una prestación no contributiva, que entra dentro de la jurisdicción social; y, subsidiariamente, considera correcta la decisión administrativa impugnada toda vez que la recurrente, frente a lo que ella alega en su demanda, no reúne los requisitos legalmente establecidos para que le sea reconocido el derecho que reclama.

Tercero.-A los efectos de resolver el presente recurso, debemos de destacar los siguientes antecedentes que resultan del expediente administrativo.

1.- En fecha 28 de abril de 2008 la demandante presenta solicitud para el pago de cobro único por nacimiento o adopción (modelo 141) a la que se acompaña la documentación que tuvo por conveniente.

2.- En fecha 20 de mayo de 2008 la Agencia Estatal de Administración Tributaria concede a la actora un plazo de 10 días para formular alegaciones toda vez que no resultaba acreditado que la misma tuviese la residencia legal, efectiva y continuada en España durante al menos dos anteriores al nacimiento o adopción, que exige la norma de aplicación.

3.- En fecha 26 de junio de 2008 se presentan por la interesada las alegaciones oportunas en defensa de su solicitud.

4.- En fecha 9 de julio de 2008 el Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en virtud de la delegación de competencias realizada por la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social a favor de determinados órganos de dicha Agencia, acuerda denegar el pago solicitado por no constar que la solicitante reuniese las condiciones para ello.

Igualmente, se indica que contra la denegación cabe interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional.

5.- En fecha 1 de agosto de 2008 se presenta por la interesada recurso de reposición ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que es desestimado por el mismo Jefe de la Dependencia de Recaudación.

6.- En fecha 3 de noviembre de 2008 se interpuso frente a la desestimación del recurso de reposición reclamación económico administrativa que también fue desestimada, siendo esta decisión la que constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional.

Cuarto.-Con carácter previo al examen de la cuestión de fondo que plantea el presente recurso, debemos de abordar la inadmisibilidad del mismo, que sostiene el Sr. Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda.

Para ello hay que partir de que el artículo 3 de la Ley 35/2007 de 15 de noviembre contempla, por un lado, el derecho a una deducción de 2.500 euros anuales en el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, cuando concurran determinadas circunstancias, posibilitándose que esa deducción pueda percibirse de forma anticipada; y, por otro lado, el derecho a obtener una pensión no contributiva de la Seguridad Social por ese mismo importe cuando no se cumplan los requisitos que se prevén para el supuesto anterior, sustancialmente, realizar una actividad por cuenta propia o ajena por la que se esté dado de alta en la Seguridad Social o mutualidad y percibir rendimientos sujetos a retención o ingresos a cuenta o rendimientos de actividades económicas por los que se hubiesen hecho pagos fraccionados.

Esta prestación no contributiva, se regula igualmente en el artículo 181.d) del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio y en los artículos 188 bis a 188 sexies del Texto Legal citado.

Como se desprende de los antecedentes destacados, la solicitud de la actora se refería a este último supuesto, esto es, a la llamada pensión no contributiva, y no a la deducción en la cuota diferencial, que fue como lo calificó el Tribunal Económico Administrativo, y de ahí que el modelo utilizado fuese el 141 y no el 140, conforme a las previsiones contenidas en la Orden EHA/3352/2007 de 19 de noviembre, que contempla dos modelos en función de cual sea la solicitud.

En segundo lugar, hay que destacar, igualmente, que la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en virtud de la Resolución de 16 de noviembre de 2007 y de conformidad con la previsión contenida en el artículo 181 de la Ley de la Seguridad Social, delega la competencia para la gestión y administración de la citada pensión en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, concretamente, y, en lo que ahora importa, en el Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, delegándose, igualmente, la competencia para la resolución de la reclamación previa ala vía jurisdiccional.

En este punto conviene tener presente, como resulta de los antecedentes expuestos, que estas circunstancias constan en la Resolución de 9 de julio de 2008 que deniega la solicitud de la actora, esto es, tanto el dato de la delegación y, por lo tanto, quien es el órgano delegante al que debe de imputarse la decisión como el régimen jurídico de su impugnación, que pasa no por la vía económico administrativa, sino por la reclamación previa al ejercicio de acciones ante los Tribunales de lo social.

Quinto.-De los anteriores razonamientos resulta, como sostiene el Sr. Abogado del Estado, que estamos a presencia de la denegación de una pensión no contributiva por parte de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, resultando en aplicación del artículo 3.a) de la Ley de la Jurisdicción y 2.b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril que la jurisdicción contencioso administrativa no es competente para conocer del presente recurso por corresponder a la jurisdicción social.

Frente a ello no cabe oponer, la parte actora tampoco lo hace, ya que no ha presentado alegaciones en el trámite al efecto conferido, que el acto que aquí se recurre es una decisión del Tribunal Económico Administrativo.

En primer lugar, la jurisdicción del Tribunal para conocer de un determinado recurso es improrrogable, y así se recoge en el artículo 5 de su Ley reguladora y, por lo tanto, no puede venir determinada por lo que la Administración haya podido hacer previamente.

En este sentido, el error surgido al resolver el recurso de reposición que se interpuso frente a la Resolución de 9 de julio de 2008 y que llevó al Jefe de la Dependencia de la Gestión a desestimar el mismo, en vez de tramitarlo como una reclamación previa a la vía jurisdiccional, de conformidad con lo indicado en la propia Resolución de 9 de julio, y que ha determinado, igualmente, que el Tribunal Económico Administrativo desestimase la reclamación ante él interpuesta, no puede llevarnos al absurdo de admitir nuestra jurisdicción.

En segundo lugar, la jurisdicción contenciosa se determina en función de un doble parámetro cual es la procedencia del acto que se recurre y la materia sobre la que versa (artículo 1 y 3.a) de su Ley reguladora

Desde este punto de vista, resulta a nuestro juicio evidente que no podemos aceptar nuestra competencia por el solo hecho de que el acto recurrido provenga del Tribunal Económico Administrativo, cuya actuación sí debe de ser fiscalizada por esta jurisdicción, cuando ello es el resultado de un error, y, además, versa sobre una cuestión expresamente excluida de esta jurisdicción (artículo 2.b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril).

Finalmente, consideramos que tampoco podríamos declarar la nulidad de la Resolución recurrida por los motivos que determinan la falta de jurisdicción de esta Sala para conocer del presente recurso porque la demanda deduce una pretensión de reconocimiento de derecho que, por las razones expuestas, nunca podríamos nosotros declarar, aunque estimásemos la primera pretensión, también deducida de nulidad del acto recurrido.

Por otro lado, tampoco consideramos necesario estimar el recurso y declarar la retroacción de actuaciones para la tramitación de la reclamación previa porque la Administración, con arreglo a lo actuado ya se ha posicionado en relación a la cuestión debatida a través de mecanismos muy semejantes, como son la previa reposición y la vía económico administrativa.

Consecuentemente, debemos de estimar la alegación previa que formula la Administración demandada y con base en el artículo 69.a) de la Ley de la Jurisdicción declarar la inadmisión del presente recurso.

Sexto.-El artículo 5.3 de la Ley de la Jurisdicción prevé que cuando se declare la falta de jurisdicción es necesario que se indique el concreto orden jurisdiccional que se estime competente, disponiendo, igualmente, que si la parte demandante se personare ante el mismo en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución que declare la falta de jurisdicción, se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si hubiere formulado éste siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o ésta fuese defectuosa.

Con arreglo a ello, debe de decirse que es la jurisdicción social la competente para el conocimiento del presente recurso, correspondiendo a los Juzgados de dicho orden, ya sea el del lugar de donde se dictó el acto o el del domicilio del demandante, la decisión de si es correcta o no la denegación de la pensión solicitada (artículo 6 y 10.2.a) de la Ley de Procedimiento Laboral)

Séptimo.-No se observan razones para imponer las costas a ninguna de las partes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala emite el siguiente


FALLO:


 
Declarar la inadmisión del recurso contencioso administrativo 295/09 interpuesto por D.ª Elena, representada por la Procuradora de los Tribunales D.ª Mercedes Manero Barriuso y defendida por la Letrada D.ª Manuela Gonzalo Santos contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León (Sala de Burgos) de fecha 28 de abril de 2009 por la que se desestima la reclamación económico administrativa número NUM000, habiendo comparecido como parte demandada la Administración del Estado, representada y dirigida por sus Servicios Jurídicos, correspondiendo el conocimiento de la cuestión litigiosa al Juzgado de lo Social del lugar donde se dictó el acto impugnado o el del domicilio de la actora, a su elección, haciendo saber a la parte actora que deberá de personarse ante dicho Tribunal en el plazo de un mes desde la notificación de esta Resolución, si lo estima conveniente, ejerciendo la correspondiente acción, en cuyo caso, se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo y sin que haya lugar a imponer las costas a ninguna de las partes.

A su tiempo devuélvase el expediente administrativo al órgano de procedencia con certificación de la presente sentencia, testimonio de la cual quedará unida a los autos principales.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, haciéndoles saber que la misma es firme y que no cabe contra ella ningún recurso.

Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Iltres. Magistrados arriba indicados. Doy fe.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la sentencia anterior por el Ilmo Magistrado Ponente Sr. D. Luis Miguel Blanco Dominguez, en la sesión pública de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) a trece de Diciembre de dos mil diez, de que yo el Secretario de la Sala Certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
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