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Sentencia A.P. Málaga 329/2009, de 27 de mayo


 RESUMEN:

Juzgado de violencia sobre la mujer: La mujer solicita la atribución de la vivienda propiedad de su ex pareja tras el cese de la conviencia. Demanda desestimada: La convivencia solo resulta probada los 6 meses previos a la separación, tiempo insuficiente para considerarla estable y permanente y por tanto unión de hecho. Tampoco existen hijos comunes que justifiquen tal atribución, ni un interes digno de especial protección en la mujer.

JUZGADO DE VIOLENCIA N.º UNO DE MÁLAGA

JUICIO VERBAL N.º 134/07

ROLLO DE APELACIÓN CIVIL N.º 994/08

SENTENCIA N.º 329/09

Ilmos. Sres.

Presidente

D. Antonio Alcalá Navarro.

Magistrados

D. José Javier Díez Núñez

D.ª Inmaculada Suárez Bárcena Florencio

En Málaga, a veintisiete de Mayo de dos mil nueve.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Verbal N.º 134/07, procedentes del Juzgado de Violencia N.º Uno de Málaga, sobre medidas derivadas del cese de convivencia, seguidos a instancia de Doña Frida representada en el recurso por la Procuradora Doña Raquel Díaz Hernández y defendida por el Letrado Don Pedro Menjibar Aranda, contra Don Roman representado en el recurso por la Procuradora Doña M.ª del Mar Conejo Doblado y defendido por la Letrada Doña M.ª Victoria Ríos Gordillo, pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por la actora contra la Sentencia dictada en el citado juicio


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de Violencia N.º Uno de Málaga dictó Sentencia de fecha 19 de Mayo de 2008 en el juicio Verbal N.º 134/07 del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO.- Que DESESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda formulada por DOÑA Frida contra DON Roman, debo absolver y absuelvo a éste de todos los pedimentos de la demanda, con expresa condena en costas a la parte actora." (sic)

Segundo.-Contra la expresada Sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la actora, el cual fue admitido a trámite y su fundamentación impugnada de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, donde, al no haberse propuesto prueba ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día 27 de Mayo de 2009, quedaron las actuaciones conclusas para Sentencia.

Tercero.-En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Ilma. Sra. D.ª Inmaculada Suárez Bárcena Florencio.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En la demanda rectora de esta litis la actora, Doña Frida, alega que había mantenido con el demandado, D. Roman, una relación convivencia análoga a la matrimonial, durante más de siete años, en el transcurso de la cual, si bien no hubo descendencia, si convivió con ambos, una hija de la actora que contaba a la fecha de la demanda con ocho años de edad, y que durante esos años de unión adquirieron, en común, la vivienda en la que han venido residiendo durante los últimos años, sita en CALLE000 N.º NUM000, NUM001 de Málaga, en la cual actualmente reside ella, por haberlo así acordado el Juzgado de Violencia en D.P. 753/07, solicitando, en el suplico, al haberse producido la ruptura de la relación convivencial, que así se declare, y que le sea atribuido el uso de la vivienda en cuestión, manteniéndose así lo acordado en el Auto de 31 de Mayo de 2007, dado que ostenta ella el interés más necesitado de protección, al tener el demandado mayor capacidad económica, y, así mismo, que el demandado se haga cargo del pago de la hipoteca que pesa sobre la referida vivienda, los gastos derivados de la comunidad de propietarios y demás gastos relacionados con la vivienda, así como que se mantenga la orden de alejamiento en su día acordada. El demandado se opuso a los hechos de la demanda, alegando que solo convivió con la actora unos meses, desde Octubre de 2006, unos meses después de que él firmase la escritura de compraventa de la vivienda, de nueva construcción, a que alude la actora, hasta el 31 de Mayo de 2007, por lo que la relación con la actora, ha sido solo de noviazgo durante cinco años y solo siete meses de convivencia, sin que la hija de la actora, sea hija suya, habiendo adquirido él solo la vivienda, gracias a que convivía con sus padres y pudo ahorrar, habiendo sido él el que ha verificado todos los pagos, por lo que el piso es de su propiedad exclusiva, y, Por lo tanto, dado que no hay hijos comunes, ni bienes comunes, ni convivencia prolongada, ningún derecho asiste a la actora, que, hasta octubre de 2006, vivía, en compañía de su hija, solas en otro domicilio. La sentencia dictada en 19 de Mayo de 2008, desestima íntegramente la demanda, absolviendo al demandado de los pedimentos deducidos en su contra, con imposición a la actora, de las costas causadas. Frente a esta Sentencia se ha alzado en Apelación la parte actora, a través de su representación procesal.

Segundo.-Entiende la parte recurrente que la juzgadora a quo ha errado a la hora de no acoger su pretensión de que se declarase la ruptura de su unión con el demandado, así como denegase la pretensión relativa al uso y disfrute de la vivienda sita en CALLE000 N.º NUM000, DIRECCION000 de Málaga, al ostentar ella el interés más necesitado de protección, debiendo por otra parte, haberse pronunciado la Sentencia sobre el pago, por parte del demandado de los gastos de hipoteca, comunidad y otros gastos de la vivienda, pidiendo así la revocación de la Sentencia, alegándose en definitiva error en la valoración de la prueba e incongruencia omisiva. Pues bien, no hay incongruencia omisiva alguna de que adolezca la Sentencia, por cuanto que, al desestimarse la pretensión de la actora relativa al uso y disfrute de la vivienda sita en la CALLE000 de Málaga, obviamente, se desestima su pretensión relativa a que el demandado, que ya viene haciéndolo, se hiciera cargo de los gastos derivados de la vivienda, pretensión que, obviamente estaba vinculada a la circunstancia de una eventual atribución a la recurrente del uso de la vivienda en cuestión y sobre la que la Sentencia sí se pronuncia, precisamente desestimándola, al desestimar la pretensión relativa a la atribución del uso de la vivienda. En cuanto al error en la valoración de los medios probatorios, conviene recordar como en innumerables ocasiones se ha reseñado por este tribunal colegiado de alzada, que si bien es cierto que al recurso ordinario de apelación se le concibe como una simple revisión del procedimiento anterior seguido en la primera instancia, permitiendo al órgano "ad quem" conocer y resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito -T.S. 1.ª SS. de 6 de Julio de 1962 y 13 de Mayo de 1992 -, se presenta como impensable que el proceso valorativo de las pruebas realizado por Jueces y Tribunales de instancia pueda ser sustituido por el practicado por uno de los litigantes contendientes, habida cuenta que la jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares intereses -T.S. 1.ª SS. de 16 de Junio de 1970, 14 de Mayo de 1981, 22 de Enero de 1986, 18 de Noviembre de 1987, 30 de Marzo de 1988, 1 de Marzo y 28 de Octubre de 1994, 3 y 20 de Julio de 1995, 23 de Noviembre de 1996, 29 de Julio de 1998, 24 de Julio de 2001, 20 de Noviembre de 2002 y 3 de Abril de 2003 -, debiendo, por tanto, ser respetada la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o de las reglas de la sana crítica, de ahí que sea posible que dentro de las facultades que se concedan a Jueces y Tribunales de instancia den diferente valor a los medios probatorios puestos a su alcance e, incluso, optar entre ellos por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, todo ello sin olvidar, claro está, como la revisión del valor probatorio que debe darse a los diferentes testimonios prestados por los testigos que depusieran a instancia de parte, debe hacerse con suma cautela, teniendo en cuenta la regla máxima de la sana crítica recogida en el artículo 376 de la mencionada Ley Procesal, apuntando insistentemente la doctrina jurisprudencial que la apreciación del referido medio probatorio es puramente discrecional del órgano judicial, dado que la norma citada no contiene reglas de valoración tasada que se puedan violar, al ser dicho precepto admonitivo, siendo tan sólo digna de tener en cuenta la impugnación cuando se constate que la apreciación de los testimonios ofrecidos es ilógica o disparatada, según recogen, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de Febrero de 1984, 9 de Junio de 1988, 8 de Noviembre de 1989, 13 y 30 de Noviembre de 1990, 10 de Octubre de 1995, 12 de Noviembre de 1996 y 17 de Abril de 1997, de lo que se colige que el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas haya de respetarse al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia -T.C. S. de 17 de Diciembre de 1985, 13 de Junio de 1986, 13 de Mayo de 1987, 2 de Julio de 1990 y 3 de Octubre de 1994-, debiendo únicamente ser rectificado cuando en verdad sea ficticio, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones, ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo", bien de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin riesgos de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, considerándose en este sentido por el tribunal de la segunda instancia que no ha incidido la juzgadora a quo en error valorativo de tipo alguno. En efecto, el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de Mayo de 1992, entre otras estableció que para que una unión de hecho, pueda caracterizar a la pareja, a los efectos legales que interesan, como análoga al matrimonio, es preciso que la unión presente rasgos análogos al matrimonio, tales como socorro o ayuda mutua, debiendo haberse desarrollado la convivencia more uxorio como una convivencia diaria, estable, consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública, con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunidad de vida amplia e intereses y fines en el núcleo de un mismo hogar. No basta pues una relación de noviazgo, por sostenida que sea en el tiempo, para asimilarla al matrimonio, sino que la jurisprudencia viene exigiendo una identificación esencial con una situación de matrimonio, implicando la formación de un núcleo familiar, mantenido en el tiempo. En el caso presente ha de compartirse por esta Sala la valoración probatoria que en la sentencia de primera instancia se expone, pues, las pruebas obrantes en autos evidencian que nos encontramos en presencia de una pareja de novios que tras cinco años de noviazgo, viviendo ambos separadamente, decide convivir en un piso, de nueva construcción que aparece a nombre del Señor Roman, convivencia que se inicia, como resulta de la documental aportada, en Octubre de 2006, y termina el 31 de Mayo de 2007, sin descendencia. La testifical de D.ª Beatriz, testigo de la actora y de D. Eduardo, D. Pedro y D. Gabriel, testigos del demandado, evidencia que los litigantes se presentaban en público y se reconocían como novios, no como matrimonio, habiendo durado la convivencia a penas seis meses. La jurisprudencia viene estableciendo que la convivencia por unos pocos meses, no es suficiente para estimar la existencia de una unión paramatrimonial, toda vez que ello exige una convivencia, estable y duradera en el tiempo, por lo que difícilmente cabe entender que concurra en una convivencia de apenas seis meses de duración, las notas de estabilidad y permanencia en el tiempo que precisan las relaciones paramatrimoniales. En el caso de autos, no hay acreditada actuación conjunta de los litigantes, asimilable a una situación matrimonial, ni siquiera en cuanto a la adquisición de la vivienda, como evidencia el interrogatorio de la actora, del que resulta que la interrogada ni siquiera sabía donde se había comprado el piso, ni acudió a la notaria a otorgar la escritura de venta, ni participó, no ya materialmente, sino en el hecho mismo de acudir a los establecimientos correspondientes en la compra de muebles y electrodomésticos, lo cual pone de manifiesto que no había verdadera relación more uxorio, sino mera relación de noviazgo, con una convivencia de apenas seis meses, lo cual impide la aplicación analógica de las normas que regulan las rupturas de relaciones matrimoniales. De todo lo expuesto se puede concluir que la relación de noviazgo mantenida por ambos litigantes no ha estado dotada de carácter de posesión de Estado Familiar, y por tanto, no puede derivarse de ella, tras la ruptura, derecho alguno para los hoy litigantes, ni en orden a declarar judicialmente una ruptura, con los efectos jurídicos que ello conlleva, toda vez que no hay unión legalmente prevista, ni en orden a atribuir un derecho exclusivo de uso sobre una vivienda, sobre cuyo carácter privativo o común, no puede pronunciarse esta Sala, por no ser ello objeto de este procedimiento, por lo cual, resultan irrelevantes las alegaciones de la recurrente relativas a ostentar ella, en orden a tal atribución, un interés más digno de protección, que, por demás, no resulta acreditado, desde el punto y hora en que no consta acreditado en los autos que el demandado disponga de mayores ingresos que los de la actora, la cual ha reconocido que siempre ha trabajado, y cuando la hija de la misma, no es hija del demandado, y por tanto, no se le pueden imponer al mismo obligaciones derivadas de su minoría de edad, resultando además de los autos, que la misma tiene otra casa alquilada desde hace años, la cual está a su disposición, a fin de satisfacer su necesidad de morada, así como la de su menor hija. Obviamente, al no reconocerse a favor de la actora-recurrente un derecho de uso exclusivo de la vivienda sita en CALLE000 de Málaga, ningún pronunciamiento ha de hacerse respecto de los gastos derivados de la hipoteca que pesan sobre la misma, comunidad de propietarios y otros gastos derivados de la misma, que parece vienen siendo atendidos por el Señor Roman, procediendo así la íntegra desestimación del recurso y la consecuente confirmación de la Sentencia recurrida.

Tercero.-Desestimando íntegramente el recurso de Apelación, conforme al artículo 398.1 de la LEC, en relación con el artículo 394.1 del mismo texto legal, las costas de esta alzada han de ser impuestas a la parte apelante.

VISTOS los preceptos citados y los demás de legal y oportuna aplicación.


FALLAMOS


 
Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Doña Frida, frente a la Sentencia de fecha 19 de Mayo de 2008 dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Violencia sobre la Mujer N.º 1 de Málaga, en los autos de Juicio Verbal N.º 134/07 a que este rollo se refiere y, en su virtud, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución con imposición a la parte apelante de las costas procesales correspondientes a esta alzada.

Devuélvanse los autos originales con certificación de esta Sentencia al Juzgado del que dimanan para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
 
 
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