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Sentencia A.N. de 15 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación de los intereses de demora. Revisión de oficio. Improcedencia al tratarse de cuestiones de legalidad ordinaria. Se discute la conformidad o no a derecho de dicha decisión. Procede, con lo cual se desestima el recurso.

Madrid, a quince de diciembre de dos mil diez.

Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la

Audiencia Nacional y bajo el número 177/2010 se tramita a instancia de D. Isidro, representado por el

Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, contra Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 22 de diciembre de 2009,

sobre nulidad de pleno derecho; y en el que la Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr.

Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
1. La parte actora interpuso, en fecha 1 de marzo de 2010, este recurso respecto del acto antes aludido; admitido a trámite y reclamado el expediente se le dio traslado para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo; y en ella realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su petición en el suplico de la misma, en el que literalmente dijo: "Tenga por recibido el presente escrito, por interpuesta demanda contra la resolución de y seguidos que sean los trámites oportunos, incluido el recibimiento a prueba que desde ahora intereso, dicte sentencia estimando las pretensiones de esta parte."

2. De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó:

"Que, teniendo por presentado este escrito y por contestada la demanda, en su día, previos los trámites legales, dicte sentencia inadmitiendo o, subsidiariamente, desestimando el recuso, con expresa condena en costas a la parte recurrente."

3. No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba; siguió el trámite de Conclusiones, a través del cual las partes, por su orden, han concretado sus posiciones y reiterado sus respectivas pretensiones, tras lo cual quedaron los autos pendientes de señalamiento; mediante providencia de 24 de septiembre de 2010 se señaló para votación y fallo el día 14 de diciembre de 2010, en que efectivamente se deliberó y votó.

4. En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las formas legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARIA ASUNCION SALVO TAMBO, Presidente de la Sección.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
1. Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 22 de diciembre de 2009, por la que se desestima el recurso de reposición contra Orden Ministerial de 26 de junio de 2009, relativa a solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación de intereses de demora NUM000, notificada el 20 de enero de 2006 por la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Tributaria en A Coruña.

La referida Orden Ministerial desestimó la solicitud de pleno derecho formulada por el hoy actor que aducía que la acción de la Administración para liquidar los intereses del caso había prescrito cuando estos se notificaron, razonando que dicha alegación pone de relieve una discrepancia que afecta al régimen jurídico del acto y no al procedimiento, tratándose de una cuestión de legalidad ordinaria.

Frente a ello la parte actora inicia el procedimiento con una demanda en la que imputa a la resolución recurrida de incongruencia omisiva, al no tomar en consideración las alegaciones y elementos probatorios presentados y, de otra parte, reprocha a la Administración una duplicidad de liquidaciones e invoca un compendio (sic) de causas de nulidad, ninguna de las cuales ha tenido en consideración la resolución recurrida. Insiste en la prescripción de la deuda como motivo principal de oposición a la liquidación de intereses a la que, por último, le imputa ciertos errores de cálculo.

2. Son antecedentes relevantes para la solución del presente litigio los siguientes:

A) La liquidación de los intereses de demora objeto de recurso tienen como antecedente dos actas de inspección, la primera por importe de 5.325,82 euros, que daría lugar a la liquidación cuestionada y a la que el hoy actor dio su conformidad, finalizando el plazo de pago en periodo voluntario el 20 de marzo de 1995.

B) El 20 de febrero de 2001 le fue notificada al hoy actor liquidación de intereses de demora en relación con dicha liquidación (2.362,96 euros).

C) El 22 de noviembre de 2005 le fue notificada una sentencia del Tribunal Supremo acordando la devolución de ingresos indebidos en ejecución de sentencia en relación con otra liquidación derivada de un acta suscrita en la misma fecha, 25 de enero de 1995, que la más arriba referida.

D) El siguiente 20 de enero de 2006 se notificación la liquidación de intereses de demora objeto del presente recurso por parte de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Tributaria de A Coruña (intereses de demora correspondientes a la deuda procedente de una liquidación del IRPF ejercicio 1990 a que se refería el anterior acta de inspección), y ante la falta de ingreso de la deuda en periodo de pago voluntario, el 30 de marzo de 2006, se dictó providencia de apremio que se notificó el 17 de abril de 2006.

E) Interpuesto recurso de reposición, fue desestimado con fecha 26 de junio de 2006 y presentada reclamación económico- administrativa, fue desestimada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia el 16 de octubre de 2006.

F) Contra dicha resolución se presentó recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 1 de octubre de 2008.

G) El 25 de abril de 2008 se presentó la solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación de intereses de demora practicada por la Dependencia de Recaudación que, tras el preceptivo informe del Consejo de Estado, se desestima mediante la Orden Ministerial originariamente impugnada.

3. En efecto, como acertadamente pone de relieve el Abogado del Estado en su contestación a la demanda la única cuestión que puede ser objeto de estudio en un recurso como el presente, interpuesto contra la resolución que desestimó la solicitud de revisión de oficio en materia tributaria instada en vía administrativa por el ahora actor -que no la desestimación del recurso extraordinario de revisión- es la de determinar la conformidad o no a derecho de dicha decisión, sin que sea factible efectuar consideraciones de índole jurídica propias de otros recursos, debiéndonos centrar exclusivamente en si se dan los presupuestos habilitantes del procedimiento de revisión de oficio.

Pues bien, para resolver la cuestión litigiosa, esto es, la conformidad o no a derecho de la resolución ministerial originariamente impugnada, conviene ante todo recordar que la potestad de revisión de oficio, reconocida en general a la Administración en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, supone una facultad excepcional que se le otorga para revisar los actos administrativos sin necesidad de acudir a los Tribunales y sin tan siquiera esperar a su impugnación por los interesados, excepcionalidad que únicamente se justifica en presencia de la gravedad y ostensibilidad de las infracciones concurrentes. Prevista esta potestad, como decimos, cuando se esté ante vicios especialmente graves provocadores de la nulidad o anulabilidad de los actos, constituye, en definitiva, una manifestación singularmente intensa de la autotutela administrativa, que encuentra su finalidad última en una prevalencia del valor de la justicia material sobre el de la seguridad jurídica, que exige que la incertidumbre en las relaciones y situaciones jurídicas no se prolongue indefinidamente.

En el ámbito tributario, la revisión de oficio regulada en la Ley General Tributaria se asienta, como ha tenido ocasión de reiterar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre los mismos pilares dogmáticos que la común o general del Derecho Administrativo, esto es, la autotutela de la Administración y la defensa de la legalidad, que impide el mantenimiento de actos aquejados de vicios de especial intensidad o gravedad, aun cuando no hubieran sido hechos valer por sus destinatarios. Tras la promulgación de la Ley 30/1992, que modifica la regulación preexistente, la comprensión dogmática y jurisprudencial en el ámbito administrativo general ha seguido discurriendo paralelamente en el ámbito tributario, sin perjuicio de las particularidades de este último, pues no en vano la disposición adicional quinta, apartado segundo, de la mencionada Ley remite expresamente a los preceptos específicos de la Ley General Tributaria cuando dispone que "la revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los artículos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma".

Ahora bien, habida cuenta de la excepcionalidad de la potestad administrativa que nos ocupa, la ley limita o condiciona su posibilidad de ejercicio, que puede emprender la Administración por su propia iniciativa o bajo solicitud, como es el caso, del interesado, siendo el primero de tales límites el de los motivos que se pueden invocar en esta particular vía revisoria, los cuales se expresan, en términos generales, en la LRJPAC y también, por lo que concierne a los actos tributarios, en los artículos 153 a 156 de la LGT, que constituyen causas tasadas y limitadas, con enumeración exhaustiva, y cuya especial gravedad fundamenta el ejercicio de esa potestad excepcional, como tanto el Consejo de Estado como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han venido entendiendo de manera constante y reiterada (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1982, 17 de octubre de 2000 y 12 de marzo de 2002).

En lo que respecta al campo de los tributos, la revisión de oficio de los actos nulos, sea emprendida por la Administración a iniciativa propia, sea propiciada por el destinatario del acto de gravamen, venía recogida en el artículo 153 de la Ley General Tributaria, a cuyo tenor

"Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda la declaración de nulidad de pleno derecho, previo dictamen del Consejo de Estado, de los actos siguientes:

a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente.

b) Los que son constitutivos de delito; y

c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados".

Por lo demás, el Tribunal Supremo ha sido especialmente restrictivo en cuanto al motivo de nulidad previsto en el artículo 153.1.c) de la Ley General Tributaria, referido al vicio esencial de procedimiento. A este fin, la consistencia de los defectos formales necesarios para aplicar esta nulidad debe ser de tal magnitud que "es preciso que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento, no bastando la omisión de alguno de estos trámites y resulta necesario ponderar en cada caso las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en caso de haberse observado el trámite omitido" (Sentencias de 17 de octubre de 1991 y 31 de mayo de 2000).

Partiendo de lo anterior, no cualquier irregularidad, en efecto, es capaz de determinar la nulidad de pleno derecho pretendida, sino sólo aquéllas en que la omisión procedimental es total y absoluta, como quiere el precepto, situación que abarca, según reiterada doctrina jurisprudencial, tanto la ausencia de todo trámite, que sería la hipótesis más semejante a la vía de hecho, como la utilización de un procedimiento diferente al legal o reglamentariamente previsto.

4. Tras la promulgación de la Ley 30/1992, que modifica la regulación preexistente, el entendimiento dogmático y jurisprudencial en el ámbito administrativo general ha seguido discurriendo paralelamente en el ámbito tributario, sin perjuicio de las particularidades de este último, pues no en vano la Disposición Adicional 5.ª, apartado 2.º de la mencionada Ley se remite expresamente a los preceptos específicos de la Ley General Tributaria en esta materia, al disponer que "la revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los artículos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma".

Ahora bien, habida cuenta de la especial configuración de dicha potestad administrativa, existen importantes límites o condiciones para su válido ejercicio, a fin de evitar que la posibilidad conferida por la Ley para que los particulares puedan excitar a la Administración la promoción del procedimiento revisor, con la finalidad de revivir los actos firmes por haber sido consentidos.

En lo que aquí interesa, el primero de tales límites viene constituido por los motivos que legitiman para acudir a ésta vía revisoria. Dichos motivos, expresados en general en la LRJPAC y recogidos hoy en el art. 217 de la Ley General Tributaria, constituyen verdaderas causas tasadas, con enumeración exhaustiva, y cuya especial gravedad, en definitiva, fundamenta el ejercicio de esta potestad excepcional para dejar sin efecto los actos declarativos de derechos, como, asimismo, tanto el Consejo de Estado como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han venido entendiendo de manera constante y reiterada (por todas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1982, 17 de octubre de 2000 y 12 de marzo de 2002).

El vigente artículo 217 de la Ley 58/2003 establece:

"Declaración de nulidad de pleno derecho.

1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:

a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Que tengan un contenido imposible.

d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal."

La invalidación del acto administrativo de gestión, sólo puede tener lugar a través de la interposición de los recursos, ya sean en vía administrativa o judicial, en tiempo hábil, en cuyo caso los actos administrativos han de ser anulados cuando incurren en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico, o bien, si hubieren transcurrido los plazos de interposición de los recursos, como en el caso acontece, a través del cauce de la revisión de oficio. En tales casos los actos administrativos únicamente podrán ser invalidados cuando incurren en los vicios de nulidad de pleno Derecho o cuando incurriesen en vicios de anulabilidad siempre que infrinjan manifiestamente la ley -artículo 217 y 219 de la Ley 58/2003 -.

Y es que, como antes decíamos, se trata de una vía revisoria excepcional, en la medida en que enfrenta el valor de la justicia con el principio de seguridad jurídica y, precisamente por su excepcionalidad, ha de ser interpretada con estricta sujeción a las causas que dan lugar a ella, sin que, por ello, puedan tener cabida en ese concepto cualesquiera infracción del ordenamiento jurídico como las que se alegan aquí por el recurrente, y que no puede tener la eficacia anulatoria pretendida en este cauce, ya que se trata de alegaciones referentes a defectos del procedimiento de declaración de fallido y de lo que los recurrentes entienden improcedente derivación de la responsabilidad, pero no se trata de la denominada "ilegalidad manifiesta" que, en palabras del propio Tribunal Supremo, "únicamente comprende el quebrantamiento claro y patente de un precepto positivo con categoría de ley formal y alcance sustantivo, porque es entonces de tal sentido la infracción cometida, que la convalidación no puede ser ya una consecuencia inseparable de la firmeza del acto" (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1988).

El recurrente insiste en su demanda en el fundamento de su petición inicial, a saber:que hay una duplicidad de liquidaciones de intereses y que la deuda se encontraba prescrita, encontrándose cuando se le notifica la liquidación ya prescrita la acción administrativa para liquidar; en definitiva cuestiones todas ellas las planteadas por el demandante que debieron ventilarse en la vía ordinaria de recurso, y no en la extraordinaria de la revisión de oficio que, sin tan siquiera especificar o alegar una causa concreta de las legalmente tasadas en la Ley General Tributaria, se invoca en la demanda.

En conclusión, como correctamente apreciara la Orden Ministerial impugnada, la invocada prescripción no constituye motivo de nulidad. Asimismo y en este sentido se ha pronunciado ya la Sala en numerosas ocasiones declarando que la prescripción es una infracción que, concurrente o no, no habilita la vía de la nulidad de pleno derecho -que es excepcional en Derecho Administrativo, a diferencia de lo que sucede en el campo del Derecho Privado- ni cabe argumentar, como hace ahora la recurrente recurriendo al artificio de que la falta de apreciación de la prescripción entrañaría una infracción procedimental, que o no sustantiva, de esencial significación y gravedad, siendo así que con ello se viene a denunciar la pérdida de la acción administrativa para liquidar como consecuencia del transcurso del tiempo unido a la inactividad, pero nunca la concurrencia de defectos "in procedendo".

5. De lo anterior deriva la procedencia de desestimar el presente recurso con la paralela confirmación de la resolución impugnada por su conformidad a Derecho.

No se aprecian méritos que determinen un especial pronunciamiento sobre costas, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.


FALLO


 
En atención a lo expuesto la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

DESESTIMAR

el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Isidro, contra Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 22 de diciembre de 2009, a que las presentes actuaciones se contraen, y confirmar dicha resolución impugnada, por su conformidad a Derecho. Sin expresa imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la indicación a que se refiere el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen, a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente en la misma, Ilma. Sra. D.ª MARIA ASUNCION SALVO TAMBO estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo Doy fe


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
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