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Sentencia A.P. Huesca 24/2011 de 31 de enero


 RESUMEN:

Sociedad de cazadores: Responsabilidad por los daños materiales causados en un vehículo. Responsabilidad en accidente de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. Falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

HUESCA

SENTENCIA: 00024/2011

Apelación Civil N.º 362/2010 S310111.4J

Sentencia Apelación Civil Número 24

En Huesca, a treinta y uno de enero del año dos mil once.

En nombre del Rey, la Audiencia Provincial de Huesca, constituida en esta ocasión por el Magistrado D. José Tomás García Castillo, ha visto, en grado de apelación, los autos de Juicio Verbal seguidos bajo el número 592/09 ante el Juzgado de Primera Instancia N.º Dos de Jaca, que fueron promovidos por Gerardo, quien actuó como demandante defendido por el Letrado Sr. Esteban-Porras del Campo y representado en esta alzada por la Procuradora Sra. Fañanás Puertas, contra la Sociedad de Cazadores de Sabi ñ ánigo, quien intervino como demandada defendida por el Letrado Sr. Laguarta Usieto y representada en esta alzada por el Procurador Sr. Bonilla Sauras. Se hallan dichos autos pendientes ante este Tribunal en virtud del presente recurso de apelación, tramitado al número 362 del año 2010 e interpuesto por la demandada Sociedad de Cazadores de Sabi ñ ánigo.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan y dan por reproducidos los señalados en la Sentencia impugnada.

Segundo.-El indicado Juzgado de Primera Instancia, en el procedimiento anteriormente circunstanciado, dictó el día veintinueve de septiembre de dos mil nueve la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Cruz Labarta Fanlo, en nombre y representación de D. Gerardo, contra la Sociedad de Cazadores de Sabi ñ ánigo, condenando a esta última a indemnizar al primero por los daños materiales causados en su vehículo en la suma de 2897,37 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda incrementados en dos puntos porcentuales desde la Sentencia y a las costas del proceso".

Tercero.-Contra la anterior Sentencia, la demandada Sociedad de Cazadores de Sabi ñ ánigo anunció recurso de apelación. El Juzgado lo tuvo por preparado y emplazó a la apelante para que lo interpusiera, lo cual efectuó dicha parte en plazo y forma presentando el correspondiente escrito en el que solicitó la íntegra desestimación de la demanda. A continuación, el Juzgado dio traslado al demandante Gerardo para que presentara escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que pudiera serle desfavorable, en cuyo trámite dicha parte formuló en tiempo y forma escrito de oposición a fin de solicitar la desestimación del recurso y la confirmación de la Sentencia.

Cuarto.-Seguidamente, y sin que se hubiera propuesto prueba ni solicitado vista por ninguna de las partes, el Juzgado las emplazó y remitió los autos a este Tribunal, en donde quedaron registrados al número 362/2010. En la tramitación de esta segunda instancia, para cuya resolución se ha tenido en cuenta el art. 82.2.1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su redacción conforme a la Ley Orgánica 1/2009, no ha sido posible observar los plazos procesales debido a la atención prestada a los otros asuntos pendientes ante este Tribunal.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se alza la entidad demandada contra la Sentencia estimatoria de la demanda en su día interpuesta por el propietario del vehículo siniestrado tras haber irrumpido un jabalí en la carretera por la que circulaba el citado automóvil, alegando en primer lugar en el recurso, pese a no haberlo hecho durante el acto del juicio, la excepción de falta de jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia al entender la parte que debió haberse demandado también a la Diputación General de Aragón y no en la vía civil sino en la contencioso-administrativa. El Tribunal, de igual modo que hizo en la reciente Sentencia de 14 de diciembre de 2010, debe rechazar la excepción por motivos formales, ya que el art. 443.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sede de juicio verbal, señala taxativamente que " el demandado no podrá impugnar en este momento [durante la vista oral] la falta de jurisdicción [...] , que hubo de proponer en forma de declinatoria según lo dispuesto en el artículo 64 de la presente Ley ", es decir, dado el procedimiento en el que nos encontramos, " en los cinco primeros días posteriores a la citación para la vista ", y hay que insistir en que la aquí apelante no cumplió con tal exigencia procesal, pues de hecho no planteó la cuestión antes de dictarse Sentencia en la instancia. Y si bien el mismo art. 443.2 añade que lo así dispuesto se entiende " sin perjuicio de lo previsto sobre apreciación de oficio por el tribunal de su falta de jurisdicción o de competencia ", lo cierto es que este Tribunal ad quem no encuentra motivos para apreciar de oficio la falta de jurisdicción teniendo en cuenta que la parte no ha acreditado los hechos que relata en el recurso -por primera vez durante la tramitación de la causa- como fundamento de su pretensión procesal.

Segundo.-Dicho esto, y analizando ya cuestiones propiamente de fondo, conviene recordar que, con carácter general, esta Sala tiene declarado con relación a la irrupción en la calzada de un animal salvaje (entre otras, Sentencias de 1 de septiembre, 18 y 19 de noviembre de 2009, 19 y 22 de marzo, 30 de abril, 23 y 29 de junio, 2 de septiembre y 29 y 30 de noviembre de 2010), que tras la entrada en vigor del art. 71.bis de la Ley Aragonesa 5/2002 de Caza, tal y como quedó redactada por la Ley Aragonesa 15/2006, de 28 de Diciembre, de Montes, y tras la entrada en vigor de la Disposición Adicional Novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en su redacción conforme a la Ley 17/2005, en la que se regula la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, se ha dispuesto que en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación, con la precisión de que los daños personales y patrimoniales en estos siniestros sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado, pero de modo que también podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización. Así las cosas, y tal y como recordó esta Audiencia en las Sentencias antes citadas, y se afirma además en la Sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 3 de julio de 2009, de dicha normativa resulta que la responsabilidad civil de los titulares de los cotos se limita a los supuestos en que el daño es consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

Con respecto a la diligente conservación del acotado, ha de reconocer el Tribunal, como ha hecho en otras ocasiones, que la falta de vallado del coto no puede servir para afirmar una falta de diligencia de la demandada, dado que, conforme al art. 47.4 de la Ley Aragonesa de Caza, "quedan prohibidos los cercados con mallas que no permitan el libre tránsito de las especies cinegéticas" -sin que tal prohibición haya sido objeto, al menos de momento, de revisión legislativa-, si bien insiste la apelante en su recurso en que al coto le basta con cumplir las especificaciones contenidas en el plan técnico de caza, que en ningún momento habla de adopción de medidas disuasorias, mas olvida la parte que la mera observancia de las prescripciones administrativas no siempre es suficiente para exonerar de una eventual responsabilidad civil, sin que deba restarse importancia al hecho de no haberse adoptado medidas disuasorias, máxime cuando este Tribunal ha declarado en innumerables ocasiones que el régimen de inversión de la carga de la prueba en absoluto ha sido derogado por la entrada en vigor de la precitada Ley 17/2005, pues una cosa es que el sistema de responsabilidad objetiva del coto en razón de la proximidad al lugar del siniestro haya sido modificado en favor de una responsabilidad culpabilística del coto que no haya sido diligente en la conservación del terreno acotado, extremo que no parece discutirse aquí, y otra muy distinta es que, como sucede en otros ámbitos de la responsabilidad extracontractual distintos del que ahora se examina, se imponga al agente la carga de probar que actuó con toda la diligencia exigible una vez acreditada la relación causal con el daño sufrido por la contraparte. Como dijo esta misma Sala en Sentencias de 19 de marzo, 30 de abril y 21 y 30 de junio y 29 y 30 de noviembre de 2010, la prueba de la diligencia de los titulares del coto, o de las medidas que hayan podido adoptar para la conservación del terreno, le resulta muy difícil, si no imposible, al propietario, conductor o no, del vehículo siniestrado, de modo que la prueba de la diligencia en la conservación del coto incumbe a sus titulares, quienes dirigen la explotación de la actividad cinegética y están, por tanto, en mejor disposición de estudiar los medios adecuados de para impedir la irrupción de animales en la carretera, todo ello sin olvidar que, como ya se ha dicho, en este caso ni tan siquiera se ha alegado la adopción en este caso de medidas disuasorias.

Tercero.-Por otra parte, no ha cuestionado la recurrente ni la relación causal entre el atropello del jabalí y los desperfectos cuya reparación aquí se reclama ni tampoco la valoración de tales daños, a lo que habría que añadir que también ha dicho este Tribunal en otras ocasiones (entre las más recientes, Sentencias de 10, 29 y 30 de noviembre de 2010) que los daños, tanto en su importe como por su relación causal, pueden considerarse debidamente acreditados con la documental aportada con la demanda, siendo la factura presentada perfectamente compatible con la dinámica del siniestro y con el atropello descrito en el informe estadístico, máxime cuando aquí se está reclamando una cantidad que no parece desproporcionada teniendo en cuenta las circunstancias del siniestro, todo lo cual debe conducir al mantenimiento de lo resuelto en la instancia.

Cuarto.-Al desestimarse el recurso interpuesto, sin que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho, la apelante debe ser condenada al pago de las costas causadas en esta alzada (arts. 394.1 y 398.1 de la Ley 1/2000), así como a la pérdida del depósito constituido para recurrir (Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Vistos los artículos citados, así como los demás de general y pertinente aplicación, y por todo lo que antecede,


FALLO:


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Sociedad de Cazadores de Sabi ñ ánigo contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia N.º Dos de Jaca en los autos anteriormente circunstanciados, debo confirmar y confirmo dicha resolución, condenando a la expresada apelante al pago de las costas causadas en esta alzada, así como a la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra esta resolución pueden caber, en su caso, recursos de casación y de infracción procesal ante el Tribunal Superior de Justicia, a preparar ante esta Audiencia Provincial en el plazo de cinco días, en el caso de que las partes entiendan que la presente Sentencia ha infringido normas del Derecho Civil de esta Comunidad Autónoma, todo ello sin perjuicio del derecho de las partes a intentar cuantos recursos consideren procedentes.

Notifíquese y devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con un testimonio de esta resolución, para que tengan lugar su ejecución y su cumplimiento.

Así, por esta Sentencia, de la que se unirá un testimonio al rollo de la Sala, y juzgando definitivamente en esta segunda instancia, lo pronuncio, ordeno y firmo.


Diligencia.-La extiendo yo, la Secretario, para hacer constar que la anterior Sentencia ha quedado publicada en la forma dispuesta en el art. 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
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