Jurisprudencia
 
 
 
Buscador de Jurisprudencia
  
 
 
ImprimirImprimir    
 

Sentencia T.S.J. La Rioja 48/2011, de 18 de febrero


 RESUMEN:

Grado de minusvalía. Reconocimiento. Fecha de efectos. Excepción a la regla general de reconocimiento de efectos desde la fecha de la solicitud. Retroactividad de los efectos a la fecha de declaración de Incapacidad Permanente Absoluta, dado que las lesiones y las patologías coinciden en la incapacidad y en la discapacidad. Aplicación del artículo 57 de la ley 30/92.

LOGROÑO

SENTENCIA: 00048/2011

T.S.J.LA RIOJA SALA SOCIALLOGROÑO

- C/ BRETON DE LOS HERREROS 5-7 LOGROÑO

Tfno: 941 296 421

Fax:941 296 408

NIG: 26089 44 4 2010 0200557

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000084 /2011

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0001010 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 002

Recurrente/s: CONSEJERIA DE JUVENTUD FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Abogado/a: LETRADO COMUNIDAD

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: Mariana

Abogado/a:

Procurador:

Graduado Social:

Sent. N.º 48/11

Rec. 84/11

Ilmo. Sr. D. Miguel Azagra Solano.

Presidente.

Ilmo. Sr. Cristóbal Iribas Genua

Ilmo. Sr. Guillermo Barrios Baudor

En Logroño, a dieciocho de febrero de dos mil once

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación n.º 84/11, interpuesto por CONSEJERIA DE JUVENTUD, FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, asistido por el letrado del Gobierno de La Rioja, contra la sentencia n.º 561/10 del Juzgado de lo Social n.º Dos de La Rioja de fecha siete de septiembre de dos mil diez, y siendo recurrido DÑA. Mariana, asistida por el Letrado D. Carlos Altaba Cosin, ha actuado como PONENTE EL ILMO. SR. DON Miguel Azagra Solano.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, por Mariana se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social n.º Dos de La Rioja, contra CONSEJERIA DE JUVENTUD, FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, en reclamación de RECONOCIMIENTO DE DERECHO.

Segundo.-Celebrado el correspondiente juicio, recayó sentencia con fecha siete de septiembre de dos mil once, cuyos hechos declarados probados y fallo son del siguiente tenor literal:

"HECHOS PROBADOS:

Primero.-Mediante resolución de 10 de agosto de 2004, se declaró a la actora, D.ª Mariana, afecta de un grado de minusvalía del 33% resultante de adicionar a un porcentaje de discapacidad del 30%, tres puntos por factores sociales complementarios, siendo el cuadro lesional determinante del reconocimiento del indicado grado de discapacidad el siguiente:

1) LESIONES

- CC (RMN 15/11/01) - Cambios degenerativos óseos y discales generalizados de predominio cervical caudal. Rectificación de la lordosis fisiológica cervical. Incipientes signos de osteocondrosis intervertebral en C4-C5 con protusión anular discal y herniación focal central. Tendencia a la protusión anular del disco C5- C6. protusión anular del disco C6-C7

- CL (RMN 28/08/03) - Mínima escoliosis de los cuerpos vertebrales de columna lumbar, con cambios de señal en el platillo vertebral superior de L5. Discopatía degenerativa de los discos intervertebrales desde L3 hasta S1. Hernia discal central a nivel de L4-L5 que indenta sobre la cara anterior del saco dural.

- EMG EESS y EEII (4/11/03) - Radiculopatía cronificada leve C5-C6 (raíz C6), radiculopatía cronificada intensa C6-C7 (raíz C7), radiculopatía cronificada moderada C8-D1 (raíz C8). Severa radiculopatía L4-L5 (raíz L5) que genera pérdida de unidades motoras en los músculos tributarios

2) MENOSCABO FUNCIONAL

- Movilidad cervical y lumbar muy limitada y dolorosa

- MMII - Claudicación de derecho en marcha de puntas y talones precisando apoyo para mantenerse sobre extremidad derecha.

- MMSS - Aceptable movilidad con disminución de fuerza.

Segundo.-El 26/02/09 la demandante solicitó la revisión del grado de minusvalía previamente declarado, dictándose resolución de 15 de julio de 2009 por la que se la declaró afecta de un grado de minusvalía del 66% desde el 23/02/09 resultado de adicionar a un porcentaje de discapacidad del 65% un punto por factores sociales complementarios.

El cuadro residual determinante del indicado grado de discapacidad fue el siguiente:

1) LESIONES

- Síndrome fibromiálgico con 18 puntos dolorosos, hernia discal C6-C7 y protusiones discales C4-C5 y C5-C6, con radiculopatía cronificada intensa en C6-C7 y moderada en C8-D1, artrosis cervical, protusión discal L4-L5 con severa radiculopatía, dispepsia gástrica, colon irritable. Trastorno ansioso depresivo reactivo a limitaciones físicas en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde 2003 para cuadros de desajuste emocional de repetición.

2) MENOSCABO FUNCIONAL

- En el plano físico, mucha dificultad para levantarse de la silla, necesitando apoyo, deambulación muy dificultosa con posición antiálgica, pasos muy cortos, aumento de la base de sustentación, inestabilidad, no puntas ni talones. Dolor a la Pa, Pe y movilización de columna, limitación de movilidad en todos los movimientos, sensación de inestabilidad en los movimientos de columna cervical, dolor a la Pa de partes blandas y grandes articulaciones, limitación en los movimientos por dolor, pérdida de fuerza y sensibilidad en las cuatro extremidades, puño, prensión y pinza débil, hiperqueratosis plantar.

- En la esfera psíquica, estado de ánimo deprimido, anhedonia, desesperanza respecto al futuro, rumiación de pensamiento, sentimientos de culpa, bajo apetito, sensación constante de intranquilidad y desasosiego e importantes sentimientos de inutilidad e impotencia, ausencia de proyectos e ilusiones de futuro, retracción social, elevada distraibilidad, dificultades en la expresión de ideas y sentimientos, insomnio de iniciación y mantenimiento.

Tercero.-Mediante sentencia dictada por este mismo Juzgado, el 10/11/03 se declaró a la actora afecta de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de auxiliar administrativo, derivada de la contingencia de enfermedad común, y ello, por presentar el siguiente cuadro residual:

- Cervicobraquialgia (C5-C6, C6-C7 y C7-C8) por hernias cervicales, con estudio neurofisiológico positivo

- Lumbociática (L4-L5) por hernia lumbar con estudio neurofisiológico positivo

- Síndrome depresivo leve

- Displasia mamaria

- Nódulo tiroideo, hipotiroidismo

- Hepatopatía crónica

- Dermatitis de contacto, eccema crónico dishidrótico

- Psoriasis (piel)

Cuarto.-Mediante sentencia dictada por este mismo Juzgado el 16/11/05 (autos 537/05), confirmada por otra de la Sala de lo Social del TSJ de 16/02/06 (Rec. 45/06) se declaró a la actora afecta de una incapacidad permanente absoluta por vía de revisión de grado, siendo el cuadro lesional valorado judicialmente el siguiente:

1) LESIONES

- Síndrome fibromiálgico con los 18 puntos dolorosos

- Hernia discal C5-C6 y protusiones discales C4-C5 y C5-C6 con radiculopatía cronificada intensa C6-C7 y moderada C8-D1

- Artrosis Cervical

- Protusión discal L4-L5 con severa radiculopatía L4-L5

- Síndrome depresivo cronificado reactivo a síndrome orgánico cronificado

- Dispepsia gástrica

- Colon Irritable

2) MENOSCABO FUNCIONAL

- Astenia, insomnio, sensación de disnea, incontinencia urinaria, puntos de gatillo dolorosos (18/18), dolor a la movilidad de raquis cervical y lumbar con limitación de movilidad (++)

FALLO.- Que ESTIMANDO íntegramente la demanda interpuesta por D.ª Mariana contra Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja debo declarar y declaro que la fecha de efectos del reconocimiento a la actora de un grado de minusvalía del 66% debe fijarse el 16/11/05 condenando a la demandada a estar y pasar por tal pronunciamiento."

Tercero.-Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de Suplicación por CONSEJERIA DE JUVENTUD, FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia dictada en la instancia estimó íntegramente la demanda interpuesta por D.ª Mariana contra la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja y declaró que la fecha de efectos del reconocimiento a la demandante de un grado de minusvalía del 66% debe fijarse en el 16 de noviembre de 2005, condenando a la parte demandada a estar y pasar por el mencionado pronunciamiento.

La resolución del juzgado no es compartida por la representación letrada de la parte demandada, planteando por ello el correspondiente recurso de suplicación que se deduce a través de un único motivo amparado en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Según el parecer de la recurrente, la sentencia recurrida infringe el contenido del artículo 10.2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Para quien recurre, el reconocimiento del grado de minusvalía debe entenderse producido desde la fecha de la solicitud, sin que pueda establecerse una fecha de efectos anterior a la mencionada.

La resolución que se combate, a diferencia del criterio mantenido en el recurso, entiende que el artículo 57.3 de la Ley 30/92 posibilita, en determinadas condiciones, la fijación de la fecha de efectos del reconocimiento del grado de minusvalía en un momento anterior al de la solicitud, y concretamente en el caso enjuiciado, en la fecha en la que quedó definitivamente instaurado el cuadro lesional determinante del grado de discapacidad finalmente reconocido.

Para dar solución a la cuestión que ahora se plantea es necesario traer a colación el conjunto de inmodificados, por inatacados, hechos probados que se contienen en la sentencia de instancia. A este respecto, y en lo que ahora interesa, es un hecho acreditado que mediante resolución de 10 de agosto de 2004, la demandante fue declarada afecta de un grado de minusvalía del 33%, resultante de adicionar a un porcentaje del 30%, tres puntos por factores sociales (hecho probado primero).

Del mismo modo, consta como probado que en febrero de 2009 la demandante solicitó la revisión del grado de minusvalía previamente reconocido, dictándose a tal efecto resolución de fecha 15 de julio de 2009, en la que se le declaró afecta de un grado de minusvalía del 66% desde el 23 de febrero de 2009 8fecha de la solicitud). El porcentaje reconocido fue el resultado de adicionar a un porcentaje de discapacidad del 65%, un punto más por factores sociales (hecho probado segundo).

Consta acreditado igualmente que mediante sentencia del juzgado de lo social n.º 2 de fecha 16/11/05, confirmada por la de esta Sala de 16/02/06 (rec. 45/06) se declaró a la demandante afecta de una incapacidad permanente absoluta para toda ocupación por vía de revisión del grado de incapacidad permanente total que le había sido reconocido el 10/11/03 (hechos tercero y cuarto).

De igual manera, es un hecho indiscutido en el plano fáctico que, contrastando el cuadro lesional que dio lugar al reconocimiento a la actora de una incapacidad permanente absoluta y las patologías valoradas como constitutivas de un grado de minusvalía del 65% por vía de revisión de grado, sólo cabe afirmar que existe una plena superposición y coincidencia entre ambos (hechos segundo y cuarto, y manifestaciones fácticas del fundamento de derecho tercero), advirtiéndose que las mismas afecciones y con idéntica traducción funcional han sido las determinantes, tanto para el reconocimiento del actual porcentaje de minusvalía, como para el reconocimiento en el mes de noviembre de 2005 del grado de incapacidad permanente absoluta (manifestaciones con valor fáctico del fundamento de derecho tercero).

Pues bien, sobre la base de lo expuesto, debemos recordar que el artículo 10.2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, establece que "El reconocimiento de grado de minusvalía se entenderá producido desde la fecha de la solicitud".

La norma transcrita recoge el criterio general referente a la fecha de determinación de efectos del reconocimiento de un grado de minusvalía y para su adecuada interpretación y aplicación deberá este ponerse en relación con el resto del articulado en el que se inserta. Así el artículo 6 del Real Decreto 1971/1999, regulador de las competencias sobre titularidad y ejercicio del reconocimiento del grado de minusvalía, establece en su apartado 2, que dichas competencias, así como la gestión de los expedientes de valoración y reconocimiento de grado de minusvalía, "se ejercerán con arreglo a los principios generales y disposiciones de común aplicación contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades que se establezcan en este Real Decreto y sus normas de desarrollo.

A este respecto, el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al regular la eficacia de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, establece que "Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas".

Teniendo en consideración la regulación expuesta, es lo cierto que el contenido de la Ley 30/1992, es norma de aplicación en los procedimientos sobre reconocimiento de grado de minusvalía (artículo 6.2 RD 1971/1999). Por ello, el artículo 57.3 de la Ley 30/1992 puede aplicarse en los procedimientos mencionados toda vez que, aun siendo cierto que el artículo 10.2 RD 1971/1999 establece la norma general de aplicación para la determinación de efectos de aquel reconocimiento, no es menos cierto que este precepto no prohíbe ni impide que en casos de excepcionalidad pueda aplicarse la norma que regula esta clase de supuestos, norma contenida en la Ley 30/1992. Ahora bien, sólo será posible aplicar las previsiones que para supuestos excepcionales establece el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, si en el supuesto al que se pretende aplicar concurren los requisitos exigidos por el precepto, que son:

- que produzcan efectos favorables al interesado

- que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.

- que no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas.

A este respecto, y en relación con este debate, han sido varias las resoluciones judiciales que han abordado esta cuestión. La Sala de lo Social del TSJ de Madrid en sentencia de 22/11/05 (AS 2006/374), sentencia mencionada en la resolución recurrida, establece que aunque el precepto en cuestión (artículo 10.2 RD 1971/1999) deja al momento de la solicitud la fecha de efectos, hay otras vías que permiten tomar como fecha del reconocimiento del grado de minusvalía otra diferente y así lo dispone el artículo 57.3 de la Ley 30/1992 (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), en relación con el artículo 6.2 del Real Decreto 1971/1999, preceptos antes transcritos a los que ahora nos volvemos a remitir.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de febrero de 2000 (RJ 2000/404), abordó esta materia, si bien en relación al reconocimiento de una pensión de viudedad efectuando una interpretación armonizadora y sistemática de los preceptos de aplicación y en especial del artículo 57.3 de la Ley 30/1992, y en resoluciones más recientes como las de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 28/2/07 (rec. 5866/06) y 7/5/09 (rec. 822/09) han analizado nuevamente la cuestión posibilitando la aplicación del artículo 57.3 de la Ley 30/92 a los supuestos de determinación de los efectos del reconocimiento de grado de minusvalía si concurren los requisitos necesarios para ello y que la propia norma se encarga de recoger. El criterio mantenido por la Sala de Madrid es compartido por la Sala de lo Social de Galicia en sentencia de 8/5/09 (rec. 3115/2005) en donde nuevamente se recoge la posibilidad de establecer una fecha de efectos del reconocimiento de grado de minusvalía distinta a la de la solicitud si concurren los requisitos establecidos en el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, precepto que se entiende de aplicación toda vez que, según la Sala, "estamos ante una norma (el tan citado art 10 del RD 1971/99 ) que tan solo regula un procedimiento para el reconocimiento de las minusvalías, fijando unas fecha de efectos que..., pueden verse adaptadas a las circunstancias del caso y en aplicación de preceptos legales que amparan situaciones como la que aquí se ha presentado".

Pues bien, teniendo en consideración lo hasta ahora expuesto, y sobre la base del contenido del inalterado relato de hechos probados que se contienen en la sentencia recurrida, es lo cierto que en el caso enjuiciado concurren todos los requisitos necesarios para aplicar el contenido del artículo 57.3 de la Ley 30/1992 en la forma llevada a cabo por la juez de instancia.

Efectivamente, no parece albergarse duda alguna de que la retroacción de efectos produce un efecto favorable al interesado, ni de que tal retroacción no lesiona interés legítimo de persona alguna, debiendo mantenerse igualmente que el supuesto necesario para aplicar la norma existía ya en la fecha de retroacción de la eficacia del acto, y a tal efecto tan solo es necesario acudir a la redacción de los hechos declarados probados y a las manifestaciones fácticas que se contienen en la sentencia de instancia para afirmar que las lesiones y patologías padecidas por la demandante en el mes de noviembre de 2005, fecha del reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta, son las mismas que se recogen en la resolución determinante del reconocimiento de un grado de minusvalía en el mes de julio de 2009.

Como de forma expresa se establece en la sentencia "En el caso en litigio, en el plano fáctico, contrastando el cuadro lesional que dio lugar al reconocimiento a la actora de una incapacidad permanente absoluta mediante sentencia dictada el 16/11/05 (hecho probado cuarto) y las patologías valoradas como constitutivas de un grado de minusvalía del 65% por vía de revisión de grado en la resolución administrativa que se impugna (hecho probado segundo), fácilmente se advierte que existe una plena superposición y coincidencia entre ambos". Así, las dolencias tomadas en consideración en el expediente administrativo en materia de discapacidad, que la sentencia se encarga de describir, coinciden con las determinantes para el reconocimiento del grado de incapacidad, circunstancia que posibilita, en aplicación del artículo 57.3 de la Ley 30/1992, retrotraer a la fecha de este reconocimiento la fecha de efectos del reconocimiento de grado de su minusvalía.

A este respecto no pueden admitirse las consideraciones de la parte recurrente en relación a la necesidad de estimar el recurso sobre la base del contenido de la STS Cataluña de 21/10/2008, pues de lo dispuesto en ella se desprende que no estamos ante un supuesto igual al enjuiciado, ya que en aquel, como se hace constar en la sentencia, no se demostró la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, concurrencia que si se aprecia en el caso objeto de enjuiciamiento.

Por último, y a diferencia de lo que parece apuntar la parte recurrente, no se trata en este caso de aplicar una especie de criterio de automaticidad en la determinación de la fecha de efectos del grado de discapacidad, por el hecho de haber sido reconocido con anterioridad afecto de una incapacidad permanente absoluta, sino de reconocer efectos anteriores a la solicitud al reconocimiento del grado de minusvalía, por el hecho de haberse constatado que antes de la mencionada solicitud, la demandante estaba en la misma situación patológica y funcional que aquella que sirve para la declaración del grado de discapacidad y que concurren a su vez todos los requisitos legalmente exigibles.

Por lo expuesto, esta Sala no aprecia ninguna de las infracciones denunciadas, debiéndose por tanto rechazar el recurso, y confirmar la sentencia dictada en la instancia.

Segundo.-Al no gozar la recurrente del beneficio de justicia gratuita, ha de disponerse la pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir, y condenarle a abonar al letrado impugnante de su recurso la cantidad de 600 euros en concepto de honorarios, de conformidad con lo dispuesto el los artículos 202.1 y 4, y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE SUPLICACIÓN interpuesto por el letrado de la Comunidad Autónoma de La Rioja actuando en representación de la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de La Rioja de fecha 7 de septiembre de 2010, correspondiente a los autos número 1010/2009 seguidos frente a la parte recurrente por D.ª Mariana, en materia DE MINUSVALIA, CONFIRMANDO la sentencia recurrida en su integridad y condenando a la parte recurrente a abonar al letrado de la impugnante del recurso la cantidad de 600 euros en concepto de honorarios, con la pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir a los que se les dará el destino que legal o reglamentariamente corresponda una vez sea firme la sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS mediante escrito que deberá llevar firma de Letrado y en la forma señalada en los artículos 215 y siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral. Si el recurrente es empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la consignación oportuna en el Juzgado de lo Social, deberá ésta consignarse en la cuenta que esta Sala tiene abierta con el n.º 2268-0000-66-0084- 11 del BANESTO, Código de Entidad 0030 y Código de Oficina 8029 pudiendo sustituirse la misma por aval bancario, así como el depósito para recurrir de 300 euros que deberá ingresarse ante esta misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en la cuenta arriba indicada. Expídanse testimonios de esta resolución para unir al Rollo correspondiente y autos de procedencia, incorporándose su original al correspondiente libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

E./


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
 
Checkpoint Connect
Aranzadi Insignis