Sentencia T.S.J. Galicia 1880/2011, de 4 de abril (IL 1057/2011)

Primero.-Que según consta en autos se presentó demanda por D. Oscar, en reclamación de ALTA MÉDICA, siendo demandados el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, el SERVICIO GALEGO DE SAÚDE, la entidad INDUSTRIAS DE ROCAS ORNAMENTALES S.A., y MUTUAL MIDAT CYCLOPS. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000022/2007 sentencia con fecha trece de Febrero de dos mil siete por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.

Segundo.-Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

"PRIMERO.- El actor D. Oscar, viene prestando servicios para la empresa IROSA, con la categoría profesional de Labrador de Pizarra.- SEGUNDO.- El actor D. Oscar, causó baja derivada de enfermedad profesional en fecha 4.10.2005 por padecer molestias en el hombro. En fecha 28.11.2.005, causo nueva baja por la misma sintomatología, siendo dada de alta por la Mutua demandada en fecha 5.4.2.006. En fecha 20.04.2.006 causó nueva baja, siendo dado de alta por la Mutua fecha 26.10.2.006, con propuesta de lesiones permanentes no invalidantes, iniciando el correspondiente expediente de invalidez.- TERCERO.- El actor padece las siguientes dolencias: Síndrome de impigment subacromial derecho (acromioplastia, bursectomía y.sección del ligamento coracromial). Limitación movilidad del hombro derecho en menos del 50%.- CUARTO.- Formulada reclamación previa en fecha 22.11.2.006, el actor presentó demanda en fecha 08.01.2.007, presentando demanda el actor en fecha 08.01.07."

Tercero.-Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que desestimando la demanda formulada por D. Oscar, contra la empresa INDUSTRIA DE ROCAS ORNAMENTALES (IROSA), su Aseguradora MUTUAL CYCLOPS, el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDD SOCIAL y el SERVICIO GALEGO DE SAÚDE, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones ejercitadas contra ellos por el actor."

Cuarto.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante, siendo impugnado por las demandadas SERGAS y MUTUAL MIDAT CYCLOPS. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

Primero.-La sentencia desestima la demanda formulada y absuelve a los demandados de las pretensiones ejercitadas contra ellos por el actor.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la parte actora que interpone recurso de suplicación e interesa la declaración de nulidad de actuaciones y se retrotraigan los autos al momento de la infracción denunciada y de no ser estimado el primero de los motivos, se dicte sentencia en virtud de la cual se estime la demanda, declarando nula el alta emitida, y ello con todos los demás pronunciamientos consecuentes y favorables derivados. A ello se opone la representación del Sergas y la de la Mutua Mutual Midat Cyclops, interesando ambas la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia y esta última que se impongan al recurrente las costas del recurso.

Segundo.-Con este objeto y con amparo procesal en el artículo 191.a) de la Ley de Procedimiento Laboral, interesa la parte la declaración de nulidad de actuaciones y que se repongan las mismas al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, señalando que al no haberse accedido a la suspensión solicitada se ha infringido el artículo 24 de la Constitución española y sus concordantes, ya que ha causado indefensión a la parte, pudiendo provocar sentencias contradictorias, pues está pendiente de resolución la declaración de estar afecto de lesiones permanentes no invalidantes y siendo la causa del alta emitida por la Mutua Cyclops curación e incorporación al trabajo habitual, deduce que se entraría en un alta con propuesta de invalidez, con lo que, al menos hasta la resolución de la reclamación en materia de lesiones permanentes no invalidantes, el actor estaría en situación de baja con percibo del subsidio de Incapacidad Temporal.

Es constante la jurisprudencia que señala que la nulidad de las resoluciones judiciales es una medida absolutamente excepcional por sus negativas consecuencias sobre el proceso que ha de limitarse a los supuestos tipificados en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, generadores de indefensión. Y la indefensión, de acuerdo con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, sólo se produce cuando "se sitúa a una parte en el proceso en una situación de desigualdad" o cuando "se le impide la aplicación efectiva del principio de contradicción mediante el adecuado debate procesal sobre sus pretensiones" -por todas, Sentencias del Tribunal Constitucional de 48/1984, de 4 de abril y 211/2001, de 29 de octubre -.

Por otro lado, la doctrina jurisprudencial viene declarando con reiteración que, para que un quebrantamiento de normas procesales acarree la nulidad de actuaciones, es precisa la concurrencia de unos muy especiales y esenciales requisitos, a saber: que se cite la norma que se dice infringida y que ésta lo haya sido efectivamente; que se trate de norma esencial; que se hubiere formulado en tiempo procesal hábil la correspondiente protesta legal; y, sobre todos ellos, que la violación haya producido indefensión a la parte denunciante de tal defecto, a la luz del Artículo 24 de la Constitución Española.

En el presente caso, la parte no cita precepto procesal que considere infringido, limitándose a señalar una genérica infracción del artículo 24 de la Constitución y concordantes; no consta en autos que en momento alguno el hoy recurrente hubiera formulado solicitud de suspensión del procedimiento, ni que, caso de haberla efectuado, la misma hubiera sido denegada, ni que hubiera formulado la correspondiente protesta, por lo que el motivo del recurso debe ser desestimado.

Pero, a mayor abundamiento y aún cuando la parte hubiera dado cumplimiento a los requisitos antes establecidos, citando precepto procesal que considera infringido, habiendo interesado la suspensión del juicio que le hubiera sido denegada y formulando la correspondiente protesta, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se ha ocupado en diversas ocasiones de la cuestión relativa a la posibilidad de suspensión del juicio verbal a la que se refiere el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Laboral, y ha tenido en cuenta al respecto la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, tanto en lo atinente a la suspensión propiamente dicha, como en lo relativo a la posible nulidad que, a veces, procede acordar posteriormente como consecuencia de haber existido una causa, en un principio ignorada, que debiera haber motivado, caso de haberse conocido con la antelación suficiente, la suspensión del acto - sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2001 y 17 de septiembre de 2001 -.

En ellas se sientan los siguientes criterios:

"La apreciación de la concurrencia de motivos justificados para la suspensión del juicio ha de hacerse en el sentido más favorable para la efectividad de la tutela judicial (SSTC 130/1986 de 29-X y 195/1988 de 20-X), pues el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva reconocido "ex" art. 24.1 CE comporta la exigencia de que en ningún momento pueda producirse indefensión, lo que significa que "en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses, sin que pueda justificarse la resolución judicial "inaudita parte" más que en el caso de incomparecencia por voluntad expresa o tácita, o por negligencia imputable a alguna parte" (entre otras, SSTC 112/1987 de 2-VII, 151/1987 de 2-X, 237/1998 de 13-XII), debiendo destacarse la exigencia de que el interesado "actúe con diligencia" (entre otras, SSTC 21/1989 de 31-I, 63/1999, 195/1999 de 25-X).

Con relación al control del cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, es, por otra parte, doctrina constitucional la de que: "A tal fin es decisivo ponderar las circunstancias concretas que concurren en cada caso en relación con el objeto de exigencia legal la buena fe y diligencia de la parte, el respeto y protección que merecen todos los derechos fundamentales implicados en la decisión en conexión con la posición que mantengan las demás partes procesales y la integridad objetiva del proceso" (entre otras, SSTC 115/1990, 172/1991 / 154/1992, 65/1993, 122/1993).

Así como que "resulta inestimable la indefensión alegada por quien se coloca a sí mismo en tal situación o por quien no hubiere quedado indefenso de actuar con la diligencia razonablemente exigible" (SSTC 221/1989, 212/1989, 213/1989, 186/1991), destacando la necesaria ponderación que ha de establecerse "entre el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, y el derecho fundamental del que también son titulares las restantes partes del proceso, a que éste se resuelva sin dilaciones indebidas" (entre otras, SSTC 246/1988, 186/1991); y sin que el automatismo de la protección ilimitada del derecho de una parte pueda conllevar "el sacrificio del derecho a la tutela judicial efectiva de quien, actuando de buena fe, fue parte en el proceso y se creía protegido por la paz y seguridad jurídica que implica la institución de la cosa juzgada" (entre otras, SSTC 56/21985, 97/1991, 186/1991)".

Con base en esta doctrina nunca habría debido accederse a la suspensión que pudiera haberse interesado, pues, no existe indicio alguno de indefensión para la parte, que ha podido alegar y probar en todo momento lo que a su derecho conviene, sin que tenga incidencia alguna la resolución que pudiera dictarse en materia de lesiones permanentes no invalidantes en el presente procedimiento de impugnación de alta médica, pues en este se enjuicia la corrección o incorrección del alta emitida y en aquel la entidad de las secuelas que el actor pudiera tener, sobre todo por cuanto la tesis del recurrente, sin duda sugerente, no puede ser compartida, ya que el alta emitida por la Mutua no lo es por propuesta de invalidez, sino por curación, sin perjuicio de que, valorando las secuelas, proponga a la entidad gestora el reconocimiento de prestación de pago único por la existencia de lo que entiende son lesiones permanentes no invalidantes, propuesta que descarta en todo momento la concurrencia de cualquier grado de invalidez.

Tercero.-Seguidamente y con amparo procesal en el artículo 191.b) de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, la pretende la modificación del relato fáctico de la sentencia concretamente del segundo y el tercero.

En cuanto al segundo, solicita que se añada al texto confeccionado por el juez a quo, lo siguiente: "...Por el Inss se emitió resolución considerando al actor estar afecto de lesiones permanentes no invalidantes con derecho al percibo de una indemnización por baremo de 830,00 euros. Dicha resolución de lesiones permanentes no invalidantes no es firme, estado recurrida por el actor", con base en los documentos obrantes a los folios 53 y 54 de autos y al documento aportado con el recurso de reclamación previa.

Respecto al tercero, interesa la supresión de la redacción dada por el juez a quo y sus sustitución por la siguiente: "El actor padece las siguientes lesiones: Hombro derecho: dolor a la presión sobre articulación acromio-clavicular. Elevación abducción dolorosa y limitada, limitación a la flexión anterior y significativamente limitada a la rotación interna, disminución de la fuerza en brazo derecho, estando los movimientos contra-resistencia limitados por aumento del dolor. Omalgia secundaria a intervención quirúrgica. Tendinitis manguito de rotadores. Tendinitis supraespinoso y subescapular. Dolor a nivel Troquiter. Impigment ++", con base en los documentos obrantes a los folios 19 a 23 y 24 y siguientes.

La Jurisprudencia ha venido señalando -ad exemplum sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995 -, que para que la denuncia de un error de hecho pueda prosperar en casación (lo mismo que en suplicación, dado el carácter extraordinario de este recurso) es necesario que: 1.º) se concrete la equivocación que se imputa al juzgador, precisando la rectificación, supresión o adición que se interesa en el relato histórico - sentencias de 31 de octubre de 1988, 20 de noviembre de 1989 y 2 de julio de 1992 -; 2.º) se designen de forma concreta los documentos obrantes en autos, o pericias, que demuestren la equivocación que se atribuye al juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de cualquier otra argumentación o conjetura - sentencia de 25 de marzo de 1998 -, debiendo la parte recurrente señalar de modo preciso la evidencia del error en cada uno de los documentos sin referencias genéricas - Sentencias de 19 de diciembre de 1988, 27 de febrero de 1989 y 15 de julio de 1995 - y sin que pueda admitirse la denominada alegación de prueba negativa - Sentencias de 23 de octubre de 1986 y 3 de noviembre de 1989 -; y 3.º) se proponga la introducción en el relato fáctico de datos de este carácter y no conclusiones o valoraciones de carácter jurídico - Sentencia de 16 de junio de 1988 y las que en ella se citan-.

Siguiendo esta doctrina entiende esta Sala que no procede acceder a la adición interesada en el hecho probado segundo, pues si bien la redacción pretendida se deduce claramente de los documentos invocados, sin necesidad de interpretación alguna y debiendo unirse a los autos la reclamación previa aportada, por ser de fecha posterior a la del juicio, los extremos señalados resultan irrelevantes a los efectos de la resolución de la litis, en la que se juzga la corrección o no del alta médica emitida por curación.

Tampoco procede la modificación del ordinal tercero, pues los documentos invocados pues la misma, o bien son de fecha anterior a la del alta médica, separados de la misma al menos varios meses o bien corresponden a fechas posteriores a la misma, separadas al menos 15 días y después de que el actor se hubiera incorporado a su trabajo, sin que conste que se hubiera realizado prueba objetiva alguna que respalde la opinión del facultativo de atención primaria que los ha emitido.

Cuarto.-Seguidamente y con amparo procesal en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral pretende la parte que se ha producido infracción por inaplicación de los artículos 128.1.a), 131 y 131.bis del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Pues bien, la denuncia no puede prosperar, pues el artículo 128.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real decreto Legislativo 1/94 de 20-6, establece que se considerarán situaciones determinantes de la incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional o a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación, no deduciéndose del relato fáctico que -como señala el juez a quo-, en el presente caso la recurrente se encuentre impedida para el trabajo, pues no consta que todavía se encuentre en una fase de descompensación y agudización, y si dicha conclusión fuera errónea, nos encontraríamos en presencia de dolencias consolidadas y de carácter definitivo, que no posibilitarían que el actor se encontrara en situación de incapacidad temporal.

Por ello el recurso debe ser desestimado.

Quinto.-Interesa la representación de la Mutua Midat Cyclops la imposición a la parte recurrente de las costas del recurso, por entender que la misma ha actuado con evidente temeridad, al inventarse solicitudes de suspensión no atendidas o recurriendo cuestiones consolidadas en nuestra doctrina jurisprudencial.

En principio, visto el contenido de los artículos 233 de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1995 y 2.d) de la de Asistencia Jurídica Gratuita de 10 de enero de 1996, no cabe imponer las costas, que según el antedicho artículo 233 de la Ley Procesal Laboral incluirían los honorarios de la dirección letrada de la parte impugnante, a quien, gozando del beneficio de justicia gratuita, haya sido parte vencida en el recurso.

Por ello, la parte actora-recurrente, que goza del beneficio de justicia gratuita, en su condición de trabajador y beneficiario del sistema de seguridad social, en virtud de las disposiciones legales, lo que determinaría la imposibilidad legal de imponerle las costas, inclusión hecha de los honorarios de la dirección letrada de la contraparte.

Pero las cosas no son tan sencillas, pues el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral no tiene, ni una aplicación tan estricta que no admita excepción alguna, ni una vida normativa en solitario, ya que, de un lado, es perfectamente factible apreciar temeridad, abuso de derecho o mala fe en el actuar de la parte trabajadora que goza del tan reiterado beneficio por Ley, lo que no deja de ser un privilegio que, por serlo, es de interpretación restrictiva, y de otro, ha de interpretarse en relación con la restante normativa referente a tal beneficio, hoy ínsita en la Ley de Justicia Gratuita.

Esta última Ley declara en su artículo 2.d) que tienen derecho al beneficio indicado los trabajadores cuando litiguen intramuros del Orden Social de la Jurisdicción, pero también prevé en su artículo 36.2 el supuesto de que la sentencia que ponga fin al proceso condene en costas a quien legalmente tuviera reconocido el citado beneficio, de donde se infiere que, de una aplicación conjunta de los artículos 233.1 procesal laboral y 2.d) y 36.2 de la Ley de 1996, no sólo es factible la condena en costas en tales supuestos, sino que está específicamente previsto por el Legislador que así sea, de manera tal que, motivadamente, se puedan imponer las costas, honorarios de la dirección letrada de la contraparte incluidos, a quien legalmente tuviere reconocido el beneficio de justicia gratuita y, por tanto, a un trabajador.

Esta posibilidad viene recogida en la Jurisprudencia, habiendo señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de noviembre de 1996 y en la posterior de 2 de febrero de 1998, señalando que la imposición de costas es posible en los casos en los que la parte vencida en el recurso, aún detentando "ex lege" el beneficio de justicia gratuita, haya actuado con temeridad, que debe ser motivada, y a la que deben de añadirse los supuestos de mala fe o al abuso de derecho. Otras sentencias que señalan dicha posibilidad son las dictadas en fechas 2 de febrero de 1998 y 7 de diciembre de 1998 y dos más de 25 de octubre de 1999.

Teniendo en cuenta la posibilidad legal antes apuntada y la Jurisprudencia citada, no puede accederse a lo interesado, pues si bien es cierto que la parte "ha inventado" la causa de uno de los motivos del recurso, cual es la petición de nulidad de actuaciones derivada de la no suspensión de juicio, cuando la misma no consta que haya sido interesada, conducta reprobable, pues olvida que los juzgados y tribunales están para dar respuesta a las legítimas pretensiones de las partes en defensa de sus derechos e intereses, y no para dar respuesta, con evidente gasto de tiempo y recursos, a invenciones o caprichos de las partes, en los otros dos motivos del recurso realiza unas peticiones que ampara y justifica debidamente, por más que la impugnante del recurso y esta Sala no las hayan compartido.

Por todo ello;

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el LETRADO D. DCIEGO GARRIDO RODRÍGUEZ, en la representación que tiene acreditada de D. Oscar, contra la sentencia de fecha trece de febrero de dos mil siete, dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de los de Ourense, en autos seguidos a instancia del RECURRENTE contra la MUTUA MUTUAL MIDAT CYCLOPS, el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, el SERVIZO GALEGO DE SAUDE y la EMPRESA INDUSTRIA DE ROCAS ORNAMENTALES S.A., sobre IMPUGACIÓN DE ALTA MÉDICA, debemos confirmar y confirmamos en su integridad la resolución recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral. Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

- La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala n.º 1552 0000 80 (n.º recurso) (dos últimas cifras del año).

- El depósito de 300 euros en la c/c de esta Sala n.º 1552 0000 35 (n.º recurso) (dos últimas cifras del año).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.