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Sentencia A.P. Lugo 65/2011, de 27 de abril


 RESUMEN:

Recurre el apelante la sentencia que le condena como autor de una falta del artículo 631 del Código Penal, discutiendo el recurrente la propia realidad de la agresión. Pero el juzgador a quo dice la Audiencia revestido por el principio de inmediación, da mayor credibilidad a los manifestado por el denunciante y sus hijo.

SENTENCIA

En los autos de Juicio Verbal de Faltas, seguidos con el número 907/2009 ante el Juzgado de Instrucción n.º1 de Lugo, a

que se refiere el presente Rollo n.º 63/2011-L y en el cual es parte apelante D. Santos, representado por la Sra. Procuradora ERLINA SABARIZ GARCÍA y partes apeladas D.ª Diana, y el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que por el Juzgado de Instrucción n.º1 de Lugo y en el Juicio de Faltas referido se dictó sentencia, en cuyo fallo se dice: "1.º)Que debo CONDENAR Y CONDE NO a Santos como responsable criminalmente, en concepto de autor de una FALTA CONTRA LOS INTERESES GENERALES, prevista y tipificada en el artículo 631 del vigente Código Penal, a una pena de TREINTA días de multa a razón de una cuota diaria de SEIS euros.

En caso de impago, la responsabilidad pecuniaria se sustituirá por una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa insatisfechas que podrán cumplirse en régimen de localización permanente.

En concepto de responsabilidad civil, Santos, habrá de indemnizar a favor de Diana en la suma de MIL DOSCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y CINCO EUROS (1205,45 euros), por daños y perjuicios ocasionados, más los intereses correspondientes al interés legal del dinero incrementado en dos puntos, desde la fecha de la sentencia hasta la de su efectiva ejecución. De esta cantidad ha de responder igualmente, con carácter subsidiario Filomena.

Procede y así lo declaro, la imposición a Santos del pago de las costas procesales causadas".

Contra la misma se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, y una vez dado traslado a las partes por término de diez días comunes a los fines previstos en el art. 790-5, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se remitieron las actuaciones a esta Audiencia a fin de dictar resolución.

Segundo.-Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.


HECHOS PROBADOSSe aceptan y dan por reproducidos los expresados en la sentencia apelada, del siguiente tenor literal: "Primero.-Que el día 27 de septiembre de 2009, sobre las 18:30 horas, Diana, se encontraba en la compañía de sus dos hijos menores de edad, y de su perro raza yorkshire, en una zona de recreo sita a la orilla de un río, ubicada en la parroquia de MARTUL, término municipal de OUTERIO DE REY, cuando sorpresivamente fue atacada por el perro propiedad de Filomena, cruce de pastor alemán, que se encontraba en tales momentos solo sin el control de su poseedor, Santos y sin el preceptivo bozal, abalanzándose sobre el perro propiedad de Diana, que llevaba en brazos, mordiéndole en la zona trasera y consiguiendo arrancarlo de sus brazos, tras lo cual lo zarandeo en varias ocasiones sobre el suelo y continuó mordiéndole. Al presenciar tal escena, Diana y sus hijos comenzaron a gritar pidiendo auxilio, momento en el que apareció el denunciado Santos, quien, sin embargo no les prestó ayuda alguna, teniendo que ser socorridos pro otro joven que pasaba por la zona. Segundo.-Tras sufrir el ataque, el perro de Diana, ingreso en la clínica veterinaria ROF CODINA, en estado de shock, presentando, según el informe veterinario herida penetrante en flanco derecho de aproximadamente 1 cm. de diámetro que expone las asas intestinales, observándose pérdida de la alineación vertebral e inflamación y crepitación de la zona, presentando lesión medular grave a nivel lumbar, fractura completa de la cuarta vertebra lumbar con desplazamiento grave de fragmentos y pérdida completa de alineación del canal medular a ese nivel, razón por la que el animal hubo de ser sacrificado realizándose tratamiento eutanásico. Tercero.-Según factura unida al folio 23 de los autos, los gastos de asistencia veterinaria ascendieron a la suma de 105,45 euros. Cuarto.-El perro propiedad de Diana fue adquirido en fecha 3 de noviembre de 2006, por un precio de 800 euros. Quinto.-Santos, es funcionario del Cuerpo nacional de policía, desconociéndose el importe de su ingresos mensuales".


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia que es objeto de recurso; y además

Segundo.-Recurre el apelante la Sentencia que le condena como autor de una falta del art 631 del C.P., discutiendo el recurrente la propia realidad de la agresión, pero el Juzgador a quo, revestido por el principio de inmediación, da mayor credibilidad a lo manifestado por la denunciante y su hijo, frente a lo relatado por el denunciado, siendo coincidente el relato de la denunciante y persistente en el tiempo, pese a las divergencias que pretende resaltar el apelante en el recurso y que no se advierten por esta Juzgadora de la apelación.

Tercero.-Respecto a la interpretación del tipo invocado, ha de señalarse que aún cuando pueda servir de referencia a efectos ilustrativos la legislación administrativa, en modo alguno estamos ante un precepto penal en blanco que necesariamente deba ser llenado mediante la estricta aplicación de normas específicas, sino que debe valorarse objetivamente la naturaleza del animal, tratándose el perro, cualquier perro, de un animal que de forma indiscutible posee la consideración de dañino, dado que al ir sin bozal y correa puede ser dañino para las personas u otros animales como resultó en el presente caso.

En esta ocasión el encargado del animal previno a la denunciante de la presencia de su perro, lo que implica que alguna desconfianza tenía respecto a la conducta que podría desplegar, pero frente a tal posibilidad no acudió a prenderlo o tenerlo bajo su custodia inmediata, sino que se limitó a continuar la marcha en el todoterreno que conducía. Esta conducta de desatención hacia el animal del que debe ocuparse integra el tipo de referencia, evidenciándose la conducta del perro como dañina frente a otro perro de menor tamaño, y desplegada con tal virulencia que arrancándolo de las manos de su propietaria le causó la muerte. Ninguna duda ofrece la inclusión de esta conducta en el tipo invocado.

Cuarto.-Respecto a la responsabilidad civil que establece la Sentencia de instancia, la misma ha de ser confirmada y ello pese a la naturaleza del tipo penal, puesto que en el presente caso se ha concretado un daño que ha de ser indemnizado. El valor del animal se basa en un documento que si bien no fue ratificado por su emisor, fue aportado al inicio de las actuaciones, por lo que se pudo contravenir tal valoración, limitándose a impugnarlo en el acto del juicio de faltas. La cantidad que se fija como de adquisición, en atención a la raza del animal, y aún sin ser perito en la materia, no se advierte excesiva, estando asimismo documentados los gastos veterinarios. No ofrece duda alguna tampoco el importe que se recoge en concepto de daño moral, especialmente tras observar la reacción de uno de los hijos de la denunciante.

Es por lo expuesto que la Sentencia ha de ser confirmada en todos sus términos.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLO


 
Que debo de confirmar y confirmo la sentencia dictada, en fecha 7 de Octubre de 2.010, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de esta ciudad, declarando de oficio el abono de las costas de este recurso.

Esta resolución es firme.

Remítase testimonio de la presente resolución, junto con los autos originales al Juzgado de procedencia para notificación a las partes y ejecución, así como los demás efectos.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día se publica la anterior sentencia en legal forma. Doy fe.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
 
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