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Sentencia A.P. Cuenca 41/2011, de 12 de abril


 RESUMEN:

Delitos contra la seguridad vial. Colisión contra un «quad». Falta. Ausencia de seguro obligatorio. Error en la valoración de la prueba: La función de valorar principalmente la prueba practicada corresponde al juzgador de instnacia. Principio de inmediación: Doctrina del Tribunal Constitucional sobre las sentencias dictadas en apelación en sentido condenatorio tras la absolución en la instancia basadas en pruebas personales no percibidas directamente por el tribunal «ad quem». Principios de oralidad, contradicción e inmediacción. Principio «in dubio pro reo»: Correcta aplicación del principio por el juzgador de instancia ante las contradictorias versiones de los hechos llevadas al plenario por las partes. Desestimación de la apelación y confirmación de la absolución de instancia.

SENTENCIA

En la ciudad de Cuenca, a doce de abril de dos mil once.

Vistos por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado, constituido como Tribunal Unipersonal, en grado de apelación los autos de Juicio de Faltas n.º 61/2009 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Motilla del Palancar y su Partido, seguido entre partes: como denunciante, D. Nemesio, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Uliarte Pérez y asistido por el Letrado Sr. López Cambronero; como denunciado, D. Carlos Antonio; como Responsable Civil Directo, SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIEMA FIJA; y como Responsable Civil Subsidiario, D. Efrain, representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martínez Ruiz y asistidos pro el Letrado Sr. Risueño Jiménez; siendo parte el CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS y el MINISTERIO FISCAL; venidos en conocimiento en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Nemesio contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha siete de junio de dos mil diez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de los de Motilla del Palancar y su Partido se dictó, en el procedimiento referenciado, sentencia de fecha siete de junio de dos mil diez en la que, como Hechos Probados, se declara:

"Unico.-Ha sido probado y así se declara que el día 11 de octubre de 2006, sobre las 21:00 horas, D. Carlos Antonio, con D.N.I n.º [...], circulaba con el vehículo BMW, modelo 320, matrícula....-CYD y lo hacía con el consentimiento de su propietario D. Efrain, constando asegurado en la Cía SOLISS, por la calle Larga de Quintanar del Rey (Cuenca), cuando a la altura de la calle Cruces de dicha localidad, se produjo una colisión con el vehículo Suzuki Quart, matrícula I-....-ZZT, conducido por D. Nemesio, con D.N.I n.º [...] que lo hacía con el consentimiento de su propietario D. Raúl, sin poseer seguro obligatorio y sin que haya quedado acreditado que la colisión fuera por imprudencia del Sr. Carlos Antonio.

Como consecuencia de lo anterior, D. Nemesio resultó herido con "traumatismo craneoencefálico moderado, foco de contusión hemorrágica frontal derecha, fractura de clavícula izquierda, lesión de plexo braquial izquierdo y fractura sin desplazamiento de la faceta articular derecha de la vértebra C7", necesitando para su curación una primera asistencia sanitaria y tratamiento médico posterior requiriendo para su sanación 7 días hospitalarios y 317 días impeditivos, habiendo sufrido como secuelas: "parálisis del plexo braquial en raíces C5-C6, paralización incompleta en raíces C7-C8-D1, trastorno depresivo reactivo y atrofia muscular en hombro izquierdo, que ocasiona un perjuicio estético ligero", habiendo sido declarada su incapacidad permanente total para su profesión habitual mediante Resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha 20/5/2008".

Segundo.-El Fallo de la sentencia de instancia es del siguiente tenor literal: "Que debo absolver y absuelvo a D. Carlos Antonio y, en consecuencia, al responsable civil directo ASEGURADORA SOLISS y al responsable civil subsidiario D. Efrain, de la falta de lesiones imprudentes que se le venía imputando, declarando de oficio las costas causadas en el presente juicio".

Tercero.-Notificada la anterior resolución, D.ª María del Carmen Uliarte Pérez, Procuradora de los Tribunales y de D. Nemesio, interpuso recurso de apelación en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando a la Sala "... se sirva dictar sentencia por la que, con estimación del presente recurso, se condene al denunciado D. Carlos Antonio como autor de una falta del art. 621.2 y 4 del Código Penal a la pena de multa de 60 días a razón de 10 €/día y a la privación del permiso de conducir por un año y a que indemnice, por vía de responsabilidad civil, a Nemesio en las siguientes cantidades: 462 € por los 7 días de hospitalización;: 17.010,22 € por los 317 días impeditivos; 264.063,51 € por las lesiones que se le produjeron más otros 88.063,51 € pro la invalidez permanente total para su profesión habitual en que ha quedado. A estas cantidades, habrá que añadir un 10% como factor de corrección y un 20% de interés legal por mora que se aplicará desde el 11 de octubre de 2006 -fecha del accidente- al no haber consignado la aseguradora cantidad alguna y conforme al art. 20 de la LCS y demás de aplicación, declarando la responsabilidad civil directa y condena al pago de dichas cantidades a la compañía aseguradora Soliss y la responsabilidad civil subsidiaria del dueño del vehículo D. Efrain ".

Cuarto.-Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado a las partes, por la representación procesal de D. Carlos Antonio, D. Efrain y SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUORS A PRIEMA FIJA se presentó escrito de impugnación del recurso de apelación, interesando la confirmación de la resolución recurrida. Por su parte, el MINISTERIO FISCAL interesó la confirmación de la sentencia al no detectar quiebra alguna de laq legalidad.

Quinto.-Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del correspondiente Rollo, asignándosele el número del margen, se turnó al Magistrado Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado y se señaló para su resolución el cinco de abril de dos mil once.


HECHOS PROBADOSSe acepta el relato de hechos declarados probados con la siguiente salvedad:


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los contenidos en la resolución recurrida que habrán de tenerse por íntegramente reproducidos en la presente resolución.

Primero.-La parte apelante, constituida como denunciante en el acto del juicio oral, discrepa del pronunciamiento absolutorio contenido en la sentencia de instancia interesando la condena del denunciado D. Carlos Antonio como autor de una falta del art. 621.2 y 4 del Código Penal a la pena de multa de 60 días a razón de 10 €/día y a la privación del permiso de conducir por un año y a que indemnice, por vía de responsabilidad civil, a Nemesio en las siguientes cantidades: 462 € por los 7 días de hospitalización;: 17.010,22 € por los 317 días impeditivos; 264.063,51 € por las lesiones que se le produjeron más otros 88.063,51 € pro la invalidez permanente total para su profesión habitual en que ha quedado. A estas cantidades, habrá que añadir un 10% como factor de corrección y un 20% de interés legal por mora que se aplicará desde el 11 de octubre de 2006 -fecha del accidente- al no haber consignado la aseguradora cantidad alguna y conforme al art. 20 de la LCS y demás de aplicación, declarando la responsabilidad civil directa y condena al pago de dichas cantidades a la compañía aseguradora Soliss y la responsabilidad civil subsidiaria del dueño del vehículo D. Efrain.

El recurso se sustenta, en síntesis, en un pretendido y supuesto error en la valoración de la prueba padecido por el Juzgador "a quo" discrepando, legítimamente, de sus conclusiones y aportando una valoración propia sobre la dinámica comitiva del accidente que se sustenta en la inexactitud del croquis elaborado por la Policía Local de Quintanar del Rey, en tanto la ubicación del vehículo BMW es inexacta, la ubicación del cuerpo del denunciante es inexacta, existiendo un testigo presencial Sr. Borja que declaró, de modo claro y terminante, que el vehículo BMW invadió el carril por el que circulaba correctamente el "quad" conducido por el denunciante, corroborando el informe pericial de reconstrucción del accidente elaborado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Guillermo y evidencia, según el recurrente, el error invocado interesando la revocación de la sentencia dictada por el Juzgador de Instancia.

Segundo.-Tiene declarado esta Sala que la función de valorar la prueba practicada corresponde no en exclusiva, pero si primera y principalmente, al juzgador de instancia, según su propia conciencia, tal como quiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, favorecido éste como se encuentra por el principio de inmediación que le permitió (e impuso) presenciar por sí mismo el desarrollo de los elementos probatorios practicados en el acto del juicio oral, siendo que, por el contrario, el órgano jurisdiccional ad quem no tiene más acceso al referido desarrollo que el que proporciona el acta del juicio, a salvo la grabación de la vista por medio audiovisuales, que debe actuar como complemento del acta. En este sentido, las funciones del órgano competente para resolver la apelación interpuesta han de limitarse, en materia de valoración probatoria, a comprobar que las conclusiones incriminatorias alcanzadas por el juzgador de instancia resultan razonables (se acomodan a las reglas de la sana crítica) y aparecen suficientemente razonadas (se ajustan a las exigencias de motivación contenidas en el artículo 120 de la Constitución), muy especialmente cuando la valoración probatoria se realiza sobre la base de medios personales que, lógicamente, no pueden ser directamente percibidos por el órgano ad quem, como, en cambio, lo fueron por el juzgador de instancia.

Finalmente, es también obligado aquí reiterar la doctrina emanada de nuestro Tribunal Constitucional en el sentido de que no es dable, en sede de recurso de apelación, el dictado de sentencias revocatorias sustituyendo aquéllas por otras de signo condenatorio cuando, como en este caso, la distinta valoración probatoria realizada por el órgano "ad quem" se refiriese a medios probatorios de naturaleza personal que no hubieran sido percibidos de forma directa por el órgano competente para resolver la apelación. Así, como recuerda, por ejemplo, la reciente STC de fecha 28 de abril de 2009 (Sala 2) que se expresa en los siguientes términos: " En relación con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en supuestos de condena en segunda instancia, es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 115/2008, de 29 de septiembre, y 49/2009, de 23 de febrero), que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por ello, se ha apreciado la vulneración de este derecho fundamental en los supuestos en los que, tras ser dictada una sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una sentencia condenatoria justificada en una diferente valoración de pruebas, como las declaraciones de los acusados o declaraciones testificales, que, por su carácter personal, no podían ser valoradas de nuevo sin su examen directo en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Más en concreto, y por lo que se refiere a la rectificación de conclusiones derivadas de pruebas de carácter personal, también ha reiterado este Tribunal que concurre la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando, en la segunda instancia, y sobre la base de indicios que provienen inequívocamente de una valoración de pruebas personales, se corrigen las conclusiones del órgano de primera instancia, sin examinar directa y personalmente dichas pruebas (por todas, STC 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2). Por otro lado, también cabe destacar que es doctrina consolidada de este Tribunal Constitucional que la valoración de pruebas personales sin la concurrencia de estas garantías elementales significará la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en la medida en que la eliminación de las pruebas irregularmente valoradas deje sin sustento el relato de hechos probados que soporta la declaración de culpabilidad del acusado. Esto sucederá, por supuesto, cuando la prueba personal eliminada sea la única tomada en cuenta por la resolución impugnada, pero también cuando, a partir de su propia motivación, se constate que dicha prueba era esencial para llegar a la conclusión fáctica incriminatoria, de modo que, con su exclusión, la inferencia de dicha conclusión resulte ilógica o no concluyente a partir de los presupuestos de la propia Sentencia (por todas, STC 28/2008, de 11 de febrero, FJ 2).

Tercero.-En el supuesto sometido a revisión en la alzada, se pretende por la parte recurrente combatir las conclusiones alcanzadas por el Juzgador "a quo" sobre la base de un distinto entendimiento sobre su resultado, legítimo pero parcial e interesado, que no puede prevalecer sobre los objetivos y ponderados razonamientos alcanzados por el Juzgador "a quo", quién ha valorado la totalidad del acervo probatorio practicado en el acto del juicio oral y que es plenamente compartido por este Juzgador.

En efecto, debemos partir del hecho representado por que denunciante y denunciado sostienen dos versiones radicalmente contradictorias sobre el punto donde se produjo la colisión que es fundamental para la atribución de responsabilidad a uno u otro conductor, dado que ambos sostienen que fue el conductor del vehículo contrario el que invadió el carril por el que circulaban, cada uno de ellos. Pues bien, siiendo que en el acto del juicio declaró el único y supuesto testigo presencial Don. Borja, su testimonio se toma con reservas por el Juzgador de Instancia, único legitimado para hacerlo, sobre la base de las relaciones de amistad que refirió con el denunciante en sede instructora y omitió en el acto del juicio oral, sobre el hecho de que no auxiliara de manera inmediata al denunciante encontrándose éste herido en el suelo y por el hecho de que no lograra precisar si el conductor del "quad" circulaba en zig-zag, reservas que no son arbitrarias ni ilógicas.

Sentado lo anterior, dado que el resto de los testigos que declararon en el juicio manifestaron no presenciaron el accidente y que el resto de las pruebas practicadas se refieren a los informes emitidos por la Policía Local de Quintanar del Rey, del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Las Pedroñeras y el emitido por el Ingeniero Técnico Industrial D. Guillermo, todos ellos ratificados en el acto del juicio oral, nos encontramos antes pruebas de carácter personal que han sido valoradas por el Juzgador "a quo" con el privilegio que le proporciona la efectiva inmediación, esto es, constatando el mayor o menor rigor técnico en las respuestas de los intervinientes, con la posibilidad de poder solicitar las aclaraciones que considerase oportunas para mayor y mejor ilustración sobre el contenido de los informes. Es por ello que, constando en la causa dos informes contradictorios sobre el punto de colisión, el preconizado por la Policía Local y Guardia Civil que lo ubican en el carril por el que circulaba el vehículo BMW y el preconizado pro el perito de la Acusación Particular que lo ubican en el carril por el que circulaba el "quad", la duda razonable que se le presentaba al Juzgador se despejó correctamente en recta aplicación del principio "in dubio pro reo".

A igual conclusión debe llegarse, por otro lado, en aplicación de la vinculante doctrina del Tribunal Constitucional antes reseñada, y ello por cuánto las pruebas que determinan el convencimiento absolutorio del Juzgador son pruebas de carácter personal que el presente Juzgador no ha presenciado, visto ni oído, a salvo la grabación audiovisual del juicio que no sustituye, según el propio Tribunal Constitucional, el principio de inmediación, y es por ello que a este Juzgador no le es dable sustituir dicha conclusión por otra de eventual signo condenatorio dado que, de actuar en tal sentido, se conculcarían los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a un juicio justo para con el acusado absuelto en la instancia.

Cuarto.-No apreciada temeridad ni mala fe, se declaran de oficio las costas procesales correspondientes a la presente alzada (art. 240 de la LECrim).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLO


 
Que desestimando como desestimo el recurso de apelación interpuesto por D.ª María del Carmen Uliarte Pérez, Procuradora de los Tribunales y de D. Nemesio, contra la sentencia de fecha siete de junio de dos mil diez dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de los de Motilla del Palancar y su Partido en los autos de Juicio de Faltas n.º 6172009, de los que dimana y a ello se contrae el presente Rollo de Apelación n.º 111/2010, declaro que debo CONFIRMAR COMO CONFIRMO INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; todo ello, con declaración de oficio de las costas procesales correspondiente a la presente alzada.

Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
 
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