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Sentencia A.P. Segovia 23/2011, de 9 de mayo


 RESUMEN:

Delitos contra la seguridad vial. Conducción bajo los efectos del alcohol. Aplicación de la norma más favorable: LO 5/2010, de 22 de junio. Hecho de la conducción: Contradicciones en las declaraciones de los agentes de la autoidad intervinientes. Valoración de la prueba efectuada en la instancia por el órgano de apelación. Principio «in dubio pro reo».

SENTENCIA

En la ciudad de SEGOVIA, a nueve de Mayo de dos mil once.

La Audiencia Provincial de esta capital, integrada por los Ilmos. Sres. D. Andrés Palomo del Arco, Presidente, D. Ignacio Pando Echevarria y D.ª María Felisa Herrero Pinilla, Magistrados, han visto en segunda instancia la causa de anotación del margen, procedentes del Juzgado de lo Penal de Segovia, seguido por un presunto delito contra la seguridad del tráfico frente al acusado Maximino, mayor de edad y cuyos demás datos y circunstancias constan ya en la sentencia impugnada, representado por la Procuradora Sra. González Santoyo y defendido por la Letrado Sra. García Francisco M.ª Victoria, con la intervención del MINISTERIO FISCAL, en representación de la acción pública, en virtud de recurso de apelación interpuesto por acusado Maximino, como parte apelante, y también como parte apelada EL MINISTERIO FISCAL, en el que ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. Andrés Palomo del Arco.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de lo Penal de Segovia, se dictó sentencia con fecha de veintiuno de febrero dos mil once, que declara los siguientes HECHOS PROBADOS: "Probado y así se declara que el día 4 de Septiembre de 2007, sobre las 5:30 horas, el acusado, Maximino, mayor de edad y sin antecedentes penales, con sus facultades mentales disminuidas a consecuencia de una previa ingestión alcohólica, lo cual mermaba considerablemente su capacidad para manejar los mecanismos de dirección, control y frenado de un vehículo, así como aumentaba el tiempo de reacción ante acontecimientos imprevistos en dicha conducción con pérdida de reflejos y de capacidad visual, maniobró y por tanto condujo el vehículo Opel Vectra, matrícula Y-....-AQ, por el punto kilométrico 67.600 de la carretera CL-603, término municipal de Turégano, con el conseguimiento riesgo para el resto de los usuarios de la vía pública.

Advertido estos hechos por los agentes actuantes, se le practicó un test de determinación del grado de impregnación alcohólica con etilómetro de precisión legalmente autorizado, arrojando un resultado positivo de 1,06 y 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en las dos pruebas que se le practicaron a las 05:19 y las 05:30 horas."

Segundo.-El fallo de dicha sentencia apelada literalmente dice: "FALLO: Que debo condenar y condeno a Maximino -ya circunstanciado- como autor penalmente responsable de un delito contra la seguridad del tráfico del art. 379 del Código Penal conforme a la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio al ser la aplicación retroactiva de la misma favorable al acusado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de DIEZ MESES DE MULTA CON CUOTA DIARIA DE NUEVE EUROS, CON APLICACIÓN DEL ARTICULO 53 DEL CÓDIGO PENAL EN CASO DE IMPAGO ASÍ COMO PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES POR DOS AÑOS, todo ello con imposición de las costas procesales causadas en esta instancia."

Tercero.-Notificada dicha sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, por parte del acusado Maximino, representado por la Procuradora Sra. González Santoyo y asistido de la Letrado D.ª M.ª Victoria García Francisco, se interpuso recurso de apelación contra dicha resolución.

Cuarto.-Habiéndose tenido por interpuesto dicho recurso, se dio traslado del mismo al resto de las partes, para evacuar el trámite conferido para alegaciones, quien al hacerlo, impugnó el citado recurso, EL MINISTERIO FISCAL, tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

Quinto.-Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, formado rollo y turnado de ponencia, se señaló para Deliberación y Fallo del citado recurso.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La postulación procesal del condenado por el Juzgado de lo Penal, recurre en apelación, impugnando los hechos que se declaran probados.

Admite que el estado de embriaguez del acusado la madrugada del día 4 de septiembre de 2007, así como que los hechos se desencadenan como consecuencia de hallarse su vehículo estacionado bajo los soportales de la Plaza de Turégano, en zona totalmente prohibida y peatonal. E igualmente admite la realización del test de alcoholemia y el resultado de este. Lo que niega es el hecho de la conducción en sí.

Analiza de manera exhaustiva la prueba practicada y admite igualmente que los agentes [...], afirmaron sin ninguna duda que vieron conducir al acusado quien intentaba sacar el conche de los soportales y al ir marcha atrás se rozaba contra las paredes, y por ello, practicaron el test de alcoholemia; pero entiende que dadas las contradicciones de estos agentes sobre quien ulteriormente condujo el vehículo para sacarlo del soportal de la plaza y sobre el momento de la inmovilización ulterior del vehículo, no puede entenderse probado el hecho de la conducción afirmado.

En relación con la valoración llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el Juicio Oral, con la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que por regla general deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, pues es este Juzgador, y no el de alzada, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente sobre todo en la prueba de testigos su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido; pues de tales ventajas, derivadas de la inmediación, contradicción y oralidad en la práctica probatoria carece el Tribunal de la apelación, llamado a revisar esa valoración en segunda instancia; lo que justifica pues que deba respetarse en principio el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente, tal como sucede en autos.

En cualquier caso, la función del Tribunal de alzada no puede entenderse, como de valoración "ex novo" de las pruebas, pues careciendo de inmediación tal labor resulta imposible, sino comprensiva de un doble cometido:

a) Del control de la efectiva existencia de prueba de cargo lícitamente aportada y practicado, esto es, de pruebas referidas a la perpetración del delito o falta y la participación en él del inculpado, en términos generales.

b) Del control de la suficiencia lógica de esas pruebas de cargo para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y de la corrección de los razonamientos valorativos expuestos por el Juzgador en su sentencia.

Lo que desde luego no puede hacer el Tribunal de apelación es prescindir absolutamente de la valoración que de las pruebas ha hecho el Juez "a quo" para acoger la del recurrente o imponer la suya propia, salvo en aquellos supuestos en que la practica de prueba en segunda instancia venga a variar el resultado valorativo de toda la practicada, o se aprecie un patente y evidente error del Juzgado en su valoración.

Debe reiterarse que las reacciones, el nerviosismo, la dinámica del gesto, del silencio, del tono de voz, de los mismos titubeos, vacilaciones y contradicciones, interacciones entre las partes, amen de otros datos esenciales, en orden a comprobar la credibilidad del sujeto compareciente ante el órgano judicial, como integrantes de la psicología del testimonio, son factores de los que sólo puede disponer el Juez o Magistrado que vive el desarrollo del juicio en instancia encontrándose en una situación óptima para valorar la prueba de la cual esta Sala no dispone por lo que se debe entender más justa dicha valoración, conforme a las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 15 de Febrero de 1.990, 6 de Junio de 1.991, 7 de Octubre 1.992 y 3 de Diciembre de 1.993; y así la motivada ponderación que se recoge en la sentencia de instancia.

El recurrente no logra evidenciar que ha incurrido en error en tal tarea, por lo que no puede prosperar el motivo; pues no se trata de analizar las incorrecciones sobre elementos cronológicos descritos pro los testigos, cuando los hechos suceden 41 meses antes de la celebración del juicio, sino la credibilidad sobre los elementos fácticos que integran el elemento esencial del delito imputado; y como indica la STS 15-5-90, "la cuestión de credibilidad de los testigos, así como también de los acusados, que declararon en juicio oral, en la medida en que el sistema probatorio de la Ley vigente excluye una tasación del valor de las pruebas, no está limitada por criterios cuantitativos y en principio, depende una convicción que solo puede alcanzar el Juzgador que haya visto con sus ojos y oído con sus oídos la producción de la prueba"; y por su parte las SSTS 9-7-92, 18-9-92, 26-5-93, 23-4-94 y 14-2-95, en las cuales se afirma que, dándose tales circunstancias, que dotan de racionalidad a la legitimación jurídica de esta prueba, es necesario aceptar las conclusiones a las que ha llegado el órgano de instancia a través de la inmediación, es decir, para la percepción directa, en uso de su facultad de valoración de la prueba, siendo tal Juzgador de instancia el que, oyendo a los testigos debe ponderar el valor de su declaraciones frente a las de los acusados decidiendo sobre la mayor veracidad de unas u otras.

La Juez a quo, a cuya presencia se practicó toda la prueba, oyó al inculpado, a los Agentes, a D. Bernardo y a D. Domingo y motivó su conclusión probatoria, sin que las alegaciones del recurrente, justifiquen que fue ilógica o absurda.

Segundo.-En todo caso, debe advertirse que en relación con el también alegado principio in dubio pro reo que el citado principio, complementario del derecho fundamental a la presunción de inocencia, no implica, como a veces se pretende, que baste cualquier duda para impedir la condena. Ciertamente dicho principio pertenece al momento de la valoración o apreciación y como dice la STC 44/89 de 20 febrero ha de jugar cuando, concurrente aquella actividad probatoria indispensable, existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate, y así lo entienden las SSTS 20-1-93, 17-95 y 29-1-96, entre otras muchas, declarando que el citado principio "tiene un carácter eminentemente procesal, operando en supuestos en que el Tribunal no puede llegar a una convicción firme sobre lo probado resolviéndose aquella situación de incertidumbre, duda y vacilación a favor del reo o acusado" y que -sigue diciendo la segunda de las citadas sentencias- "ofrece un valor instrumental en orden a la resolución de conflictos en los que se carece del soporte de una prueba de cargo idónea para poder sentar criterios de certeza sobre la participación responsable del señalado como autor de un hecho delictivo", razón por lo cual, concluye dicha sentencia, no resulta aplicable cuando el órgano jurisdiccional, en uso de las facultades otorgadas por el art. 741 LECrim, llega a unas conclusiones merced a la apreciación en conciencia de un bagaje probatorio de cargo conducente a afirmaciones incriminatorias llevadas a la resolución judicial", pues como afirma la STS 2-10-93 "el principio in dubio pro reo" solo resulta vulnerado cuando el Tribunal condena al procesado por un hecho del que solo ha podido establecer su posibilidad. Es decir, como precisa la STS 27-4-98, el principio in dubio pro reo, interpretado a la luz del derecho fundamental a la presunción de inocencia, no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el de no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza mediante la apreciación racional de una prueba en sentido incriminatorio, constitucionalmente licita y celebrada en las condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones de un proceso justo. Pues bien, la duda que trata de crear el denunciado sobre la forma en que ocurren los hechos no alcanza tal grado de razonabilidad, dado el convencimiento inequívoco que afirma el Juez a quo y comparte este Tribunal

Debiendo partirse de la inexistencia de error en la apreciación de la prueba, -no se acredita lo contrario- y por ende, de la existencia de prueba suficiente para que no haya duda acerca de la culpabilidad del denunciado, la testifical de los referidos Agentes, procede inexcusablemente el rechazo del motivo.


FALLAMOS


 
Con desestimación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal bis de Segovia, el pasado 21 de febrero de 2011, en su P.A. n.º 454/20009, del que dimana este rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia recurrida.

Así por esta sentencia, que será notificada a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente Ponente D Andrés Palomo del Arco, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
 
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