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Sentencia A.P. Bilbao 445/2011, de 16 de junio


 RESUMEN:

Laudo arbitral: Acción de anulación. Desestimación por no vulnerar ningún precepto de orden público constitucional. Resolución de controversia de compras de viviendas sobre incumplimiento contractual relativo al plazo de entrega y sus consecuencias indemnizatorias, y también sobre la eventual nulidad de una cláusula de renuncia. Proceso arbitral: Naturaleza.

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 4.ª

BARROETA ALDAMAR 10 3.ªplanta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016665

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.04.2-10/019042

Acc.anulat.laudo 454/10

O.Judicial Origen: Tribunal de Arbitraje

Autos de Arbitraje 7/10

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Recurrente: U.T.E. CONSTRUCCIONES BRUES S.A. PROGEN S.A.

Procurador/a: BEGOÑA URIZAR ARANCIBIA

Recurrido: Luis Pedro, Nicolasa, Baltasar, Adolfina, Erica, Ofelia, Fidel, Marcelino,

Severino, Amparo, Filomena, Raquel, Abilio,

Eladio, Carlota, Magdalena, Landelino y Santos

Procurador/a: ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, SIN PROCURADOR Sin Apellido, ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, SIN PROCURADOR Sin

Apellido, ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, ISABEL SOFIA MARDONES

CUBILLO, ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, SIN PROCURADOR Sin Apellido, ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, ISABEL SOFIA MARDONES

CUBILLO, ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO, ISABEL SOFIA MARDONES

CUBILLO, SIN PROCURADOR Sin Apellido y SIN PROCURADOR Sin Apellido

SENTENCIA N.º 445/11

ILMOS/AS. SRES/AS.

D. IGNACIO OLASO AZPIROZ

D.ª LOURDES ARRANZ FREIJO

D.ª REYES CASTRESANA GARCÍA

En BILBAO, a dieciséis de junio de dos mil once.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan al margen, ha visto la presente acción anulatoria del laudo arbitral dictado con fecha 5 de abril de 2010 por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y por intermedio del árbitro Millán en el procedimiento arbitral n.º 44/2009.

Es parte demandante: U.T.E. "CONSTRUCCIONES BRUES, S.A., PROGEN, S.A. representada por la Procuradora Sra. Urizar Arancibia y dirigida por el Letrado Sr. Cubillo Eguiguren.

Es parte demandada: Eladio, Raquel, Carlota, Severino, Magdalena, Abilio, Ofelia, Landelino, Marcelino, Amparo, Filomena, Santos, Luis Pedro, Nicolasa, Baltasar, Adolfina, Fidel, Erica, representados por la Procuradora Sra. Mardones Cubillo y defendidos por la Letrado Sra. Arroyo Robledo.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Mediante escrito presentado en el Juzgado Decano, el día 11 de junio de 2010 y con entrada en esta Sección el 14, la representación procesal de U.T.E. "CONSTRUCCIONES BRUES, S.A. PROGEN, S.A. formuló acción de anulación del laudo arbitral anteriormente mencionado.

Segundo.-Por Decreto de fecha 27 de diciembre de 2010 se admitió a trámite la acción anulatoria mencionada, acordándose dar traslado de la demanda a la parte demandada, por término de veinte días.

Tercero.-Por Providencia de 4 de febrero de 2011 se tuvo a la parte demandada por comparecida y por contestada la demanda, quedando los autos pendientes de señalamiento de vista.

Cuarto.-Por diligencia de ordenación de 7 de abril de 2011, se señaló para la vista el día 14 de junio de 2011. Dicha vista se celebró con la asistencia de los Letrados de las partes, quienes informaron en apoyo de sus respectivas pretensiones.

Terminado el acto, quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para la deliberación y resolución.

Ha sido Ponente para este trámite ea Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO OLASO AZPIROZ.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-Por la UTE Construcciones Brues, S.A. - Progen, S.A. se solicita la anulación del laudo arbitral emitido con fecha 5 de Abril de 2010 por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y por intermedio del árbitro D. Millán, en el procedimiento arbitral n.º 44/2009, a instancia de D. Eladio y D.ª Raquel y otros; dicho laudo resuelve la controversia planteada por dichas personas, a la sazón compradores de sus respectivas viviendas promovidas y construidas por la UTE antedicha, sobre un eventual incumplimiento contractual de esta última relativo al plazo de entrega de las viviendas comprometido en los contratos de compraventa y sus consecuencias indemnizatorias, y también sobre la eventual nulidad de una clausula de renuncia establecida en los mismos contratos.

Notificado el laudo, la UTE Construcciones Brues, S.A. - Progen, S.A. solicita que se declare su nulidad por entender que el mismo es contrario al orden público, entendiendo que concurre la circunstancia prevista en el art.º 41.1.f) de la Ley 60/2003, de Arbitraje, en relación con el art.º 24 de la Constitución Española.

Segundo.-Antes de entrar en el examen del recurso conviene poner de manifiesto que el procedimiento arbitral es un procedimiento de naturaleza especial que permite a las partes acudir para la solución de conflictos de Derecho Civil a una alternativa a la acción judicial en sentido estricto, y configurando un recurso de anulación que en ningún modo es un recurso de apelación de plena cognicio que permita revisar en segunda instancia lo decidido por los árbitros, de tal manera que la parte que se viera perjudicada por esa decisión de fondo pudiera de nuevo plantear la misma ante los Tribunales de Justicia, frustrándose así el objetivo que la institución de Arbitraje pretende conseguir. Este criterio ha dominado de forma reiterada y constante la Jurisprudencia que ha venido impidiendo que por la vía del recurso de anulación puedan volver las partes a la controversia ya resuelta por los árbitros (T.S. 21 de marzo de 1.991, 15 de diciembre de 1.987 y 4 de junio de 1.991) no siendo misión de los Tribunales en este recurso corregir hipotéticas deficiencias en cuanto a las cuestiones de fondo debatidas (T.S. 7 de junio de 1.990).

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la SsTC 62/91, de 22 de marzo y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio, 176/96 de 11 de noviembre. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre, señala que "el posible control judicial derivado del art. 45 de la Ley de Arbitraje - hoy art. 41 - está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales"; razón por la cual únicamente procede conocer de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23-4-01 con remisión a la de 16-2-68, han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación del Derecho de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el triunfo de sus aspiraciones.

Tercero.-En su consecuencia, debe ser rechazado el recurso de anulación esgrimido al amparo del apartado f) del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje.

Como hemos dicho en Sentencia de esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 12 de febrero de 2.009:

"... la vulneración del orden público sólo es posible cuando el árbitro haya pronunciado su laudo con clara infracción de derechos fundamentales. Por tanto, el orden público y su vulneración giran en torno al cumplimiento o no por el laudo de las garantías procesales fundamentales recogidas en el texto constitucional. Además, y de acuerdo con lo previsto en el art. 41.1 el que desee ejercitar la acción de anulación debe alegar y probar la misma, es decir, exactamente igual que en cualquier procedimiento judicial, la prueba que han de presentar las partes ha de convencer al Juzgador de la veracidad de unos hechos o unas afirmaciones que se alegan como existentes a tenor de los cuales ponderará el conjunto de las pruebas practicadas por los litigantes de forma libre aunque no de forma arbitraria.

Se ha señalado por la doctrina que el orden público tiene dos vertientes una material y otra procesal. En la primera se incluirían los principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad de un pueblo y en una época determinada( STS de 31 de diciembre de 1979 ); y en la segunda, las formalidades y principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico procesal. Desde esta perspectiva se puede fijar el concepto de orden público en relación a las garantías procesales fundamentales, esto es, las recogidas en el texto constitucional, refiriéndolas básicamente a la tutela judicial efectiva, derecho a árbitro "ordinario", y predeterminado, y a la denegación del acceso a la jurisdicción. En definitiva, como dice el Tribunal Constitucional "su vulneración sólo será procedente cuando el árbitro haya pronunciado su laudo con clara infracción de los derechos fundamentales". Pues bien en orden a determinar exactamente en qué consiste el orden público material, es decir, el llamado "orden jurídico justo" cuya vulneración podría derivar de un contenido arbitrario y por ello no justo del laudo, dado que por una interpretación excesivamente amplia del concepto podría llegar a incluir en su ámbito una especie revisión de la decisión arbitral, puede citarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contenida en Sentencias de 16 de febrero de 1982 o 17 de julio de 1986 , según la cual, "en ningún caso puede servir de base al recurso de nulidad las estimaciones de las partes relativas a la justicia del laudo ni las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión"; ya que de otro modo, se desnaturalizaría la esencia misma del arbitraje como instrumento de composición privada con el que dilucidar las controversias que surgen del tráfico mercantil interno o internacional y se abriría la posibilidad a una ilimitada recurribilidad de los laudos a favor de quienes no viesen acogidas en ellos sus pretensiones acudiendo al fácil motivo de denunciar infracción de principio de orden público ". El recurso de anulación no constituye pues una vía para quien pretende una resolución más justa, sino que atiende a los casos de "ilegalidad" del laudo, y ello es así porque el juicio de primera instancia y el arbitral no son identificables pues tienen distinto fundamento; el contenido del laudo no puede exceder del ámbito de los derechos disponibles; y el control sobre ese contenido sólo es articulable a través del respeto al orden público, que debe ser entendido exclusivamente a la luz de los derechos fundamentales. Este orden público constitucional se refiere sólo a aquellos principios de la Constitución para los que ésta establece una especial tutela judicial. De modo que la admisibilidad del recurso de anulación contra el laudo arbitral por ser contrario al orden público estará condicionada a que dicha vulneración haga referencia a algunos de los derechos fundamentales mencionados en el art. 53 de la Constitución."

Desde este punto de partida y a la vista del contenido de las actuaciones y de las alegaciones de la demandante en nulidad, no puede obtenerse otra conclusión que la de que el laudo dictado no ha vulnerado ningún precepto de orden público constitucional.

Lo que la parte demandante realmente pretende con su demanda de anulación es que se modifique el contenido del laudo, anulándolo integramente, a los efectos de obtener una resolución final más favorable a sus intereses, al discrepar del contenido de aquél en la medida que le resulta perjudicial para sus intereses; interesando que, a través del cauce de la demanda de nulidad, se revise el fondo de la cuestión controvertida, algo que como hemos dicho está fuera del ámbito del procedimiento arbitral, que sólo puede examinar la legalidad del laudo, pero en ningún caso la corrección de su contenido.

Cuarto.-Habida cuenta que para el presente recurso de anulación no existe una regulación específica en materia de costas, estima la Sala que han de seguirse en este punto los criterios generales, por lo que aquellas deben imponerse al recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey,


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de anulación interpuesto por la UTE Construciones Brues, S.A. - Progen, S.A. representada por la Procuradora D.ª Begoña Urízar Arancibia, contra el laudo arbitral dictado el 5 de Abril de 2.010 por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y por intermedio del árbitro D. Millán en procedimiento arbitral n.º 44/ 2009 seguido a instancias de D. Eladio y D.ª Raquel y otros, debemos declarar y declaramos la validez de dicho laudo, imponiendo a la recurrente las costas causadas en este trámite.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así, por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
 
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