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Sentencia T.S.J. Baleares 408/2011 de 26 de mayo


 RESUMEN:

Expulsión del territorio nacional: Nacional de Marruecos condenado a pena de privación de libertad por delito de maltrato familiar. Permiso de residencia permanente: Extinción. Expulsión del territorio nacional: Justificación de la medida sancionadora; existencia de amenaza real y suficientemente grave para el orden público.

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00408/2011

APELACIÓN

ROLLO SALA N.º 26 de 2011

AUTOS JUZGADO N.º 340 de 2009

SENTENCIA

N.º 408

En la ciudad de Palma de Mallorca a veintiséis de mayo de dos mil once.

ILMOS SRS.

PRESIDENTE:

D. Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRADOS

D. Pablo Delfont Maza.

Dña. Carmen Frigola Castillón.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears los autos seguidos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Palma de Mallorca, con el número de autos del Juzgado y número de rollo de esta Sala arriba designados; actuando como parte apelante, D. Victorino, representados por la Procuradora Dña. Concepción Zaforteza Guasp y asistido por el Letrado D. Rafael Alcover Garau; como apelada, la Administración General del Estado representado y asistido por su Abogado.

Constituye el objeto del recurso la resolución del Delegado del Gobierno, de 3 de septiembre de 2009, por la que:

1.-Se impone sanción de expulsión con prohibición de entrada en España durante diez años.

2.-Se extingue la autorización de residencia permanente concedida el 23 de junio de 2006 y válida hasta el 22 de junio de 2011.

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Pablo Delfont Maza, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La sentencia número 353 de 2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Palma, en los autos seguidos por los trámites de procedimiento abreviado y de los que trae causa el presente rollo de apelación, ha desestimado el recurso del Sr. Victorino y ha confirmado la resolución de 3 de septiembre de 2009.

Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma por la parte demandante, siendo admitido en ambos efectos.

Tercero.-No se ha solicitado la práctica de prueba ni trámite de vista o conclusiones.

Cuarto.-Se ha seguido el recurso con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, quedando los autos conclusos para dictar sentencia, señalando para la votación y fallo el día 26 de mayo de 2011.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los de la sentencia apelada.

Primero.-El 29 de mayo de 2009 la Policía Nacional denunció que el aquí apelante, D. Victorino, ciudadano del Reino de Marruecos, nacido el 17 de diciembre de 1975 y con permiso de residencia permanente expedido el 23 de junio de 2006 y válido hasta el 22 de junio de 2011, se encontraba internado en el Centro Penitenciario de Mallorca cumpliendo condena de seis meses de prisión por la comisión de delito doloso.

Se trataba de delito de maltrato familiar -golpeó a su esposa, D.ª Esther, y se conformó con la pena- y el mismo 29 de mayo de 2009 se acordó iniciar procedimiento administrativo sancionador por considerarse que era de aplicación la sanción prevista en el artículo 57.2. de la Ley Orgánica 4/00.

El 16 de junio de 2009 el Sr. Victorino adujo que el artículo 57.2. se refiere a pena privativa de libertad superior a un año y que incluso no bastaría ya que consideraba necesario que se sumase que existieran motivos acreditados de seguridad pública.

El 18 de junio de 2009 el Sr. Victorino volvió a presentar alegaciones, ahora asistido por otro Letrado, en concreto el que actualmente le asiste en el juicio, señalando en esta ocasión, primero, que dicha condena no impediría la renovación de su permiso y, segundo, que era "...miembro de la familia fundada por D. Cosme y D.ª Paloma...", que presentaría "... fe de vida laboral..." y que sus padres y otros tres hermanos también disponían de permiso de residencia permanente.

El 3 de septiembre de 2009 el Delegado del Gobierno, al tener en cuenta que el delito por el que había sido condenado permite pena superior a un año de prisión, consideró que se trataba de caso previsto en el artículo 57.2. de la Ley Orgánica 4/00 y sancionó al Sr. Victorino con la expulsión, al tiempo que declaraba extinguido su permiso de residencia permanente.

Agotada de ese modo la vía administrativa e instalada la controversia en sede jurisdiccional, el Sr. Victorino pretendía en su demanda, en resumen, que se dejase sin efecto tanto la expulsión como "... toda anulación de su permiso de residencia...".

Pues bien, la sentencia apelada ha desestimado el recurso del Sr. Victorino y ha confirmado la decisión del Delegado del Gobierno.

En el recurso de apelación únicamente se pretende que la Sala, primero, revoque la sentencia apelada y, segundo que "... dicte asimismo nueva sentencia en la que revoque la expulsión...", de manera que nada se pide en cuanto a la extinción del permiso de residencia que ha sido declarada en al resolución del Delegado del Gobierno.

Al respecto, en la apelación se invoca la Directiva 2003/109 /CE, se aduce también que el Sr. Victorino tuvo otros antecedentes penales distintos de la condena antes aludida, pero ya cancelados, se suma a todo ello que los antecedentes de esa condena "... quedaran cancelados a principios de Septiembre de 2011..." y se concluye señalando que la renovación de su permiso puede pedirla después ya que puede hacerlo hasta tres meses más tarde de su vencimiento.

En la apelación también se aborda otra cuestión, pero no se saca consecuencia alguna ya que la pretensión no es sino la ya antes señalada. En concreto se pone de relieve algo de lo que hasta aquí no hemos hecho mención, siendo que, en resumen, primero, el recurso fue parcialmente estimado y, segundo, que el recurso fue finalmente desestimado mediante Auto de aclaración dictado el 18 de octubre de 2010.

Pues bien, sobre todo ello el apelante esgrime que se trataría de rectificación que no cabía y que tendría que estarse a la estimación parcial que fue después rectificada.

Con todo, el Auto de18 de octubre de 2010, además de explicar con detalle que se trató de error por una u otra razón, error que salta a la vista y del que no es necesario entrar en mayores precisiones ahora, además, decimos, ese Auto presenta también la correspondiente disculpa y, en fin, ha devuelto con aseo las cosas a su lugar.

Segundo.-La tesis de la apelación prescinde de lo dispuesto en el artículo 57.2. de la Ley Orgánica 4/00 y sostiene que la condena que le afecta no atañe al orden público o a la seguridad pública, con lo que, a su juicio, la Directiva citada -artículo 12.1 - impide que el Estado decidiera la expulsión del Sr. Victorino.

De ese modo, en la apelación ya nada se aduce en cuanto a si la Directiva prevalece sobre la Ley interna, sobre si debe desplazarse la aplicación de la Ley interna o sobre si acaso fuera preciso que la Sala plantease cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea.

Por su parte, el Abogado del Estado se opone a la apelación, pero ni menciona la indicada Directiva ni tiene en cuenta que el Sr. Victorino contaba con permiso de residencia permanente, negando así reiteradamente lo que la propia resolución administrativa reconoce de tal modo que incluso lo declara extinguido, con lo que esa oposición se elabora en exclusiva sobre la idea de que el artículo 57.2. de la Ley Orgánica 4/00 "... es de aplicación automática...".

La sentencia apelada, por el contrario, reitera la doctrina de que ese precepto no es de aplicación automática sino dependiente, sea de las particulares circunstancias de arraigo social, sea de la concreta condena impuesta por un hecho aislado o sea una combinación de todo ello.

Siendo pacífico, primero, que el apelante ha sido condenado a pena de privación de libertad durante seis meses y, segundo, que el apelante ha sido condenado por la comisión de delito que, en abstracto, acarrea pena superior a un año, se trata por tanto aquí de caso previsto en el artículo 57.2. de la Ley Orgánica 4/00; y, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia número 236/2007, la causa de expulsión que contempla ese precepto protege un bien jurídico diverso de aquél a cuya protección está orientada la condena penal. En efecto, la medida de expulsión obedece a los objetivos de la política de extranjería, con lo que se relaciona con el control de flujos migratorios en aras a una integración y convivencia armónica en España; y el fundamento de la pena se encuentra en la protección de bienes jurídicos mediante los efectos preventivos anudados a su naturaleza aflictiva.

Al respecto y con mención, entre otras, a la Directiva 2003/119 /CE, la indicada sentencia del Tribunal Constitucional señalaba que la expulsión contemplada en el artículo 57.2. de la Ley Orgánica 4/00 no supone infracción del principio non bis in idem contenido en el artículo 25.1. de la Constitución ya que:

"...consiste en una medida que se acuerda legítimamente por parte del Estado Español en el marco de su política de extranjería, en la que se incluye el establecimiento de los requisitos y condiciones exigibles a los extranjeros para su entrada y residencia en España, que no es un derecho fundamental del que aquellos sean titulares con fundamento en el art. 19 CE ( STC 72/2005, de 4 de abril (RTC 2005\72), F.8). De ahí que la misma Ley Orgánica 4/2000 establezca los requisitos para la entrada en el territorio español (art. 25 ), así como las causas de prohibición de dicha entrada, que son las "las legalmente establecida(s)] o en virtud de Convenios internacionales en los que sea parte España" (art. 261.1, redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000 ). Al respecto merece destacarse la normativa europea relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (Directiva 2003/109 / CE, del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 LCEur 2004\155 ]), que autoriza a los Estados miembros a denegar dicho estatuto por motivos de orden público o de seguridad pública mediante la correspondiente resolución, tomando en consideración "la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública. (art. 6 ). AsImismo, la normativa europea relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países (Directiva 2001/40 7 / CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001 (LCEur 2001\1924 ]), contempla la expulsión basada en una amenaza grave y actual pan el orden público ola seguridad nacionales que puede adoptarse en caso de "condena del nacional de un tercer país por el Estado miembro autor a causa de una infracción sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un año" (art. 3). Es, por tanto, licito que la ley de Extranjería subordine el derecho a residir en España al cumplimiento de determinadas condiciones como la de no haber cometido delitos de cierta gravedad. Conclusión que se ve corroborada por la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, sin dejar de recordar que los Estados europeos deben respetar los desechos humanos plasmados en el Convenio de Roma, no ha dejado de subrayar la a potestad de que disponen los poderes públicas para controlar la entrada, la residencia y la expulsión de los extranjeros en su territorio (SSTED caso Habdulaziz, 28 de mayo de 1985; caso Berrehab, 21 de junio de 1988 [ TEDH 1988/31); caso Moustaquim, de 18 de febrero des 1991 ( TEDH 1991/39, y caso Ahmut, 28 de noviembre de 1996 (TEDH 1996/64)( ATC 331/1997 , F.4)".

Ciertamente, el Sr. Victorino aduce en su apelación que los delitos que ha cometido y, en lo que importa, aquel determinante de la condena que cumplía al tiempo de iniciarse el procedimiento administrativo del caso, serían delitos menores, considerando así que la agresión a su esposa tendría que quedar ubicada en lo que denomina "... el contexto de un conflicto privado de pareja...", pero la Sala no puede aceptar esa apreciación, desmentida a las claras por una realidad tan pesada que la demanda social incluso ha hecho necesaria la puesta en marcha de órganos jurisdicciones especializados en la materia, movilización a la que han tenido que acompañar otros numerosos recursos, policiales y sociales, resultando de todo ello en tales casos que cabe apreciar que concurre gravedad más que suficiente para que la adopción de medida o decisión de expulsión, como la adoptada en este caso por el Delegado de Gobierno, haya de entenderse adoptado con acierto, esto es, en presencia de una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, que es lo que requiere el artículo 12.1. de la Directiva 2003/109 /CE.

Llegados a este punto, cumple la desestimación de la apelación.

Tercero.-Conforme a lo previsto en el artículo 139.2. de la Ley 29/98, procede imponer a la parte apelante las costas causadas en la presente apelación.

En atención a lo expuesto:


FALLAMOS


 
Primero.-Desestimamos el recurso de apelación presentado contra la sentencia número 353 de 2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 y la confirmamos.

Segundo.-Imponemos a la parte apelante las costas causadas en la presente apelación.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario.

Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. Pablo Delfont Maza que ha sido ponente en este tramite de Audiencia Pública, doy fe. El Secretario, rubricado.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
 
 
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