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REAL DECRETO-LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO (BOE DEL 4)
REAL DECRETO-LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO (BOE DEL 4)
(IL 352/2012)
Corrección de errores BOE de 15 de febrero
de 2012.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Cuatro años después del inicio de la crisis financiera
internacional, los problemas de confianza en el sector financiero
y de restricción de crédito persisten. A pesar de las distintas
medidas que se han llevado a cabo tanto por parte de los Estados
a nivel individual como de forma coordinada en el ámbito internacional,
los continuados problemas de liquidez y financiación junto con el
fuerte deterioro de los activos de las entidades de crédito han
incrementado las dificultades de acceso a la financiación con severos
efectos sobre la economía real.
En este contexto, la duración, intensidad y extensión
de la crisis han puesto de manifiesto los problemas fundamentales
que acusa el sector bancario español y que le impiden cumplir hoy
su papel esencial de canalización del crédito hacia la economía real,
en apoyo de la actividad empresarial, el empleo y el consumo.
El principal lastre del sector bancario español es la
magnitud de su exposición a los activos relacionados con el sector
inmobiliario, activos que han sufrido un fuerte deterioro debido
a la reciente evolución de la economía.
En efecto, las dudas respecto a la valoración de tales
activos y el aumento notable de los préstamos calificados como dudosos generan
unos efectos perversos tanto sobre el propio sector financiero,
dificultando el acceso de las entidades españolas a la financiación
mayorista, como sobre el sector real al agravar la restricción del
crédito.
Otra de las principales consecuencias de la actual crisis
y la contracción de la demanda de servicios financieros es el sobredimensionamiento
del sector bancario español. El exceso de capacidad instalada que
presenta y la estructura de costes que de ello se deriva dificulta
la eficiencia y capacidad de competir de nuestras entidades.
En este contexto, los efectos de los esfuerzos normativos
y supervisores desarrollados hasta la fecha, a nivel internacional, comunitario
y nacional, se han visto limitados sin poder evitar el empeoramiento
de las condiciones en las que deben operar las entidades españolas.
Desde el comienzo de la crisis en 2008, las medidas adoptadas
a nivel internacional han venido inspiradas por la voluntad de corregir
los fallos del mercado financiero que las turbulencias evidenciaron.
El objetivo era evitar o en cualquier caso limitar las consecuencias
de crisis financieras futuras en el resto de la economía. Esas medidas
incluían una intensificación de la supervisión prudencial, tanto
a nivel de entidades particulares como desde una perspectiva macroprudencial
y la adopción de requerimientos más exigentes de recursos propios
y liquidez para las entidades de crédito. Como complemento a este
nuevo marco regulatorio y supervisor, se pusieron al servicio de
las entidades con problemas esquemas de garantías reforzados, mecanismos de
fomento de la liquidez e incluso fondos públicos para asistir en
la recapitalización y reestructuración de las mismas.
En el caso español, los hitos que hasta hoy caracterizan
la reforma del sistema financiero incluyen el establecimiento del
Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF) para conceder
apoyo a la liquidez de las entidades de crédito y el fortalecimiento
de los procedimientos de intervención, disciplina y solución de
entidades a través del Real Decreto-ley 9/2009 por el que se creaba
el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en el que
se articula un mecanismo de apoyo temporal como incentivo a un reajuste
de la capacidad del sector.
Posteriormente, se reformó el régimen jurídico de las
cajas de ahorros mediante el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de
órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las
Cajas de Ahorros, a raíz de la cual se pretendía alcanzar una mayor
profesionalización de las Cajas de Ahorros y, sobre todo, dotarlas
de capacidad para poder acceder a los mercados de capital básico.
Finalmente, con el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero,
para el reforzamiento del sistema financiero se fortaleció el nivel de
solvencia de todas las entidades de crédito, incrementando los requerimientos
de capital mínimos tanto en términos de cantidad como de calidad
de los mismos.
Todas estas medidas se han encaminado a eliminar las debilidades
coyunturales de las entidades de crédito españolas en el contexto
de escasez de liquidez que ha existido desde el inicio de la crisis.
Sin embargo, hasta ahora no se han adoptado previsiones conducentes
a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito,
afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados
al sector inmobiliario. Advertido el impacto que dicho deterioro
tiene sobre la solidez de nuestro sistema financiero, se hace imperativo
diseñar una estrategia integral de reforma que incida sobre la valoración
de estos activos y conlleve el saneamiento de los balances de las
entidades de crédito españolas en un proceso transparente, en grado
tal que se recupere la credibilidad y la confianza en el sistema
español.
Disponer de unos balances saneados es un requisito básico
para que las entidades financieras puedan cumplir con su función esencial
de canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión eficientes que
fomenten la actividad, el crecimiento y el empleo. A tal fin, se
adoptan medidas que permitirán a las entidades financieras empezar
el ejercicio 2013 con sus cuentas saneadas, lo cual mejorará la
confianza, credibilidad y fortaleza del sistema. Asimismo, se facilitará
un mejor acceso de las entidades a los mercados de capitales, que
contribuirá a la fluidez del crédito a la economía real.
Los otros dos ejes fundamentales de este renovado impulso
de reforma financiera son la creación de incentivos que propicien un
ajuste adecuado y eficiente del exceso de capacidad y el fortalecimiento
de la gobernanza de las entidades resultantes de los procesos de
integración. Una última característica fundamental de esta reforma
es que su coste deberá ser asumido en su totalidad por el sector
financiero.
II
El Título I contiene las medidas relativas al saneamiento
del sector financiero. Se trata, esencialmente, de articular nuevos requerimientos
de provisiones y capital adicionales, orientados en exclusiva a
la cobertura del deterioro en los balances bancarios ocasionado
por los activos vinculados a la actividad inmobiliaria. De este
modo, ha de lograrse una mejora del tratamiento prudencial del riesgo
de crédito que aún pudiera estar lastrando los balances del sector
financiero español, al tiempo que se tratan de disipar las incertidumbres
que vienen dificultando su normalización y la recuperación de su
función canalizadora del ahorro a la economía real.
El eje central del saneamiento de los balances se articula
a través de un nuevo esquema de cobertura para todas las financiaciones
y activos adjudicados o recibidos en pago de deuda relacionados
con sector inmobiliario. Este nuevo régimen se establece en tanto
subsistan las incertidumbres extraordinarias que, por falta de mercados
suficientemente profundos en volumen e importancia de transacciones,
existen sobre la valoración de activos relacionados con suelo para
promoción inmobiliaria en España y con las construcciones o promociones
inmobiliarias en España de todo tipo de activos, tanto en curso
como terminadas. Estos nuevos requerimientos responden a la situación
efectiva a día de hoy de los activos inmobiliarios de las entidades
de crédito, concebidos de modo realista para obtener una estimación
razonable del deterioro para el conjunto de las carteras de estos activos,
que se deben reconocer de acuerdo con el marco contable aplicable
en España. Se impone, asimismo, un nuevo requerimiento de capital
suplementario de la máxima calidad (capital principal), sobre la
misma base de cobertura de activos dudosos o subéstandar o adjudicados
en pago derivados de la financiación de suelo para promoción inmobiliaria.
El ajuste de las entidades a estas nuevas exigencias habrá
de ejecutarse durante este mismo año 2012, de modo que, antes del
31 de marzo, habrán de presentar al Banco de España su estrategia
de ajuste para dar debido cumplimiento al ejercicio de saneamiento.
De este modo, los efectos positivos sobre la confianza, transparencia
y sostenibilidad de nuestro sector financiero habrán de alcanzarse
sin más demoras.
Asimismo, se ha establecido un mecanismo de flexibilización
para aquellas entidades que requieran modificaciones organizativas
de carácter estructural para acometer los ajustes derivados de los
nuevos requerimientos legales. De este modo, se amplían los plazos
para dar cumplimiento a los ajustes. Aquellas entidades de crédito
que lleven a cabo procesos de integración durante el ejercicio 2012,
dispondrán de un plazo adicional de doce meses para dar cumplimiento
a los nuevos requerimientos. Para que las entidades de crédito puedan
acogerse al régimen previsto, es necesario que el proceso de integración
cumpla con una serie de requisitos. Estas exigencias se orientan
a asegurar que el proceso de integración tenga un volumen mínimo
significativo, a que se incluyan compromisos y objetivos como la
adopción de medidas para la mejora del gobierno corporativo de las entidades,
al incremento del crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas,
o a la colocación en el mercado de los activos inmobiliarios propiedad
de las entidades.
III
Por su parte, el Título II realiza algunos ajustes en
el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades
de crédito, para facilitar el papel del FROB ante el nuevo contexto
regulatorio.
En lo que concierne al artículo 9 del Real Decreto-ley
9/2009, relativo a los instrumentos para el reforzamiento de los
recursos propios de las entidades de crédito, este real decreto-ley
viene a realizar ciertos ajustes o actualizaciones necesarias. Se
restringe el cauce de apoyo financiero del FROB a la adquisición
de acciones, salvo para los procesos competitivos de desinversión,
que podrán ir acompañados de otro tipo de herramientas de ayuda.
Asimismo, se reduce el plazo de desinversión de cinco a tres años.
Por último, se procede a la supresión de la posibilidad que tenía
el FROB de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos
adquiridos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores
propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación.
En relación con el artículo 10 del Real Decreto-ley 9/2009,
la principal modificación que se introduce es la ampliación de los instrumentos
que puede adquirir el FROB para incluir los convertibles en acciones,
lo que supera el marco anterior circunscrito a las participaciones
preferentes.
IV
El Título III prevé la modificación del Real Decreto-ley
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos
del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
Por un lado, se pretende la simplificación de la estructura
organizativa y los requisitos operativos de las Cajas de Ahorros
que ejercen su actividad de forma indirecta. Así, los órganos de
gobierno se reducen a la Asamblea General y al Consejo de Administración,
siendo potestativa la Comisión de Control. Del mismo modo, se señala
que el número de miembros de los órganos de gobierno así como la
periodicidad de sus sesiones serán determinados por los estatutos
de la Caja de Ahorros atendiendo a la dimensión económica y a la
actividad de la entidad, con el fin de que se produzca un ajuste
y redimensionamiento de la estructura organizativa de las Cajas
de Ahorros a una nueva realidad, en la que se han desprendido de
toda la actividad financiera que desarrollaban.
Por otro lado, se establece un límite a la disposición
de los excedentes que obtengan las Cajas de Ahorros de modo que,
sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de
recursos propios, las cajas de ahorros de ejercicio indirecto no
podrán destinar más del 10 % de sus excedentes de libre disposición
a gastos diferentes de los correspondientes a la obra social. Y
ello sin perjuicio de que pueda autorizarse el destino de porcentajes
superiores necesarios para atender a gastos esenciales de funcionamiento
de las entidades. También se introducen disposiciones para simplificar
el funcionamiento, periodicidad y forma de convocatoria de las Asambleas
Generales.
Continuando con la línea de simplificación del funcionamiento
de las Cajas de Ahorros de ejercicio indirecto, se les exime expresamente
del cumplimiento de las obligaciones referidas a servicios de atención
al cliente, que, en todo caso, deberán ser cumplidas por la entidad
de crédito a través de la cual ejerzan su actividad. El Banco de
España podrá adaptar o eximir igualmente del cumplimiento de los
requerimientos organizativos en materia de control interno, auditoría
y gestión de riesgos recogidos en la Ley 13/1985, de 25 de mayo,
y su normativa de desarrollo.
Finalmente, se introduce una referencia al supuesto en
que las Cajas reduzcan su participación de modo que no alcance el 25
% de los derechos de voto, supuesto en el cual también deberán renunciar
a la autorización para actuar como entidad de crédito, aunque mantuvieran
una posición de control.
En estos supuestos de pérdida de control o reducción de
la participación por debajo del límite señalado, las Cajas de Ahorros perderán
su condición de entidades de crédito y se transformarán en una fundación
especial. Se establecen determinadas especificidades para las fundaciones
de carácter especial de ámbito estatal.
V
El Título IV contiene el régimen aplicable a las retribuciones
de los administradores y directivos de entidades de crédito que hayan
precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria. Dicho régimen parte de una distinción
entre las entidades participadas mayoritariamente por el Fondo y
aquellas que, de otro modo, han sido asistidas por él, imponiendo
unas reglas más estrictas en el caso de las primeras. Las reglas
contenidas en este título no hacen sino continuar la senda marcada
por las recomendaciones del Financial Stability
Board (FSB) y de la Comisión Europea, la Directiva
2010/76/UE, de 24 de noviembre de 2010 y las normas que han incorporado
al derecho español esta última. Asimismo, el régimen establecido
ha tomado en consideración el contenido del Informe sobre Remuneraciones
emitido el pasado 27 de enero por el Banco de España en respuesta
a la solicitud del Ministro de Economía y Competitividad.
VI
Asimismo, en la parte final de la norma se introduce un
tratamiento especial y más flexible para aquellas entidades de crédito que
tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos
de deuda obligatoriamente convertibles emitidas antes de la entrada
en vigor de este real decreto-ley. Podrán incluir en el plan de
cumplimiento que desarrollen, la solicitud de diferir el pago de
la remuneración prevista a pesar de la ausencia de beneficios o
reservas distribuibles o la existencia de un déficit de recursos
propios. Al mismo tiempo, se modifica la disposición transitoria
tercera del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento
del sistema financiero, flexibilizando algunos requisitos de estos
instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles para su cómputo
como capital principal.
Finalmente, con el fin de facilitar la gestión de las
garantías financieras que otorgan las entidades financieras a favor
del Banco de España, del Banco Central Europeo o de otros bancos
centrales nacionales de la Unión Europea, se modifica la disposición adicional
sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de
España. Ello tendrá como consecuencia una reducción en el coste
operativo de dichas actuaciones además de repercutir favorablemente
en las operaciones que las entidades financieras llevan a cabo con
el Eurosistema, destacando, en especial, una mayor facilidad operativa
para recibir financiación del mismo.
En definitiva, la adopción de las medidas contempladas
en este Real Decreto-ley conduce al fortalecimiento del sector financiero
por la vía de acometer el necesario saneamiento de su situación
financiera. Los efectos de la crisis inmobiliaria sobre los balances
de las entidades han generado una espiral de incertidumbre sobre
el conjunto del sector que no puede prolongarse más. Resulta, por
ello, imperativo e ineludible en el actual contexto económico, intervenir
legislativamente al objeto de eliminar las incertidumbres sobre
nuestra estabilidad financiera y contribuir a reforzar la confianza
en nuestro sistema financiero, consiguiendo que se originen dinámicas
positivas que generen crédito y faciliten el acceso a la financiación
por parte de nuestras empresas y familias. Es por ello que la adopción
de tales medidas exige acudir al procedimiento del real decreto-ley,
cumpliéndose los requisitos del artículo 86 de la Constitución Española
en cuanto a su extraordinaria y urgente necesidad.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida
en el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta del Ministro de
Economía y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 3 de febrero de 2012, dispongo:
TÍTULO I
Saneamiento de las entidades de
crédito
Artículo 1. Medidas para el saneamiento de los balances de las entidades de crédito.—1. A las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionados con el suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias, correspondientes a la actividad en España de las entidades de crédito, tanto existentes a 31 de diciembre de 2011 como procedentes de la refinanciación de los mismos en una fecha posterior, y que a la referida fecha tuvieran una clasificación distinta de riesgo normal, les serán de aplicación las reglas de estimación contenidas en el Anexo I para determinar su deterioro.
2. Sobre el total de las financiaciones de la naturaleza
indicada en el apartado 1 que, a 31 de diciembre de 2011, estuviesen clasificadas
como riesgo normal, se constituirá, por una sola vez, una cobertura
del 7% de su saldo vivo en dicha fecha. El importe de dicha cobertura
podrá ser utilizado por las entidades exclusivamente para la constitución
de las coberturas específicas que resulten necesarias como consecuencia
de la reclasificación posterior como activos dudosos o subestándar
de cualesquiera de dichas financiaciones o de la adjudicación o
recepción de activos en pago de dichas deudas.
3. Los grupos consolidables de entidades de crédito, así
como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable,
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del
sistema financiero, deban cumplir un nivel mínimo de capital principal,
deberán contar con un exceso adicional por el importe que resulte
de los cálculos previstos en el Anexo II,
en relación con los activos señalados en el apartado 1.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 2, las entidades de crédito y los grupos consolidables
de entidades de crédito a los que resulten de aplicación los apartados
1 a 3 anteriores, deberán cumplir con lo previsto en ellos antes del
31 de diciembre de 2012.
Para ello, antes del 31 de marzo de 2012, presentarán
al Banco de España un plan en el que detallarán las medidas que tienen
previsto adoptar.
El plan presentado deberá ser aprobado por el Banco de
España en el plazo de quince días hábiles, pudiendo incluir éste
las modificaciones o medidas adicionales necesarias para garantizar
el cumplimiento de lo previsto en el presente real decreto-ley.
5. Las obligaciones previstas en este real decreto-ley
se considerarán normas de ordenación y disciplina, incurriendo las entidades
y personas que las incumplan en responsabilidad administrativa sancionable
con arreglo a lo dispuesto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.
6. El incumplimiento de lo previsto en los apartados 1
y 2 de este artículo 1 se considerará infracción grave o muy grave
de acuerdo con lo previsto en la letra h) del artículo 5 y en la letra c) del artículo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.
7. El incumplimiento de lo previsto en el apartado 3 de
este artículo 1 se considerará infracción grave o muy grave de acuerdo
con lo previsto en la letra h) del artículo 5 y en la letra c) del artículo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención
de las Entidades de Crédito.
Artículo 2. Procesos de integración.—
1. Las entidades
de crédito que lleven a cabo procesos de integración durante el
ejercicio 2012 dispondrán de doce meses desde la autorización de
la operación de integración prevista en el apartado 4 siguiente
para dar cumplimiento a los requerimientos previstos en el artículo
1.2. Podrán acogerse a este régimen aquellos procesos de
integración iniciados a partir del 1 de septiembre de 2011 siempre y
cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) La integración de las entidades participantes en la
operación deberá generar un balance total inicial superior en al
menos un 20 % al balance total de los negocios en España de la mayor
de las entidades participantes. A propuesta del Banco de España se
podrá exceptuar este requisito en la resolución final, aun cuando
no se alcance esa cifra, atendiendo a las circunstancias concurrentes
en operaciones de análoga dimensión, sin que en ningún caso el incremento
pueda ser inferior al 10 % del balance total de los negocios en
España de la mayor de las entidades participantes.
b) El proceso de integración deberá llevarse a cabo a
través de operaciones que supongan modificaciones estructurales conforme
a la normativa vigente o de operaciones de adquisición de entidades
que, a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se
encuentren participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria. Este régimen no será de aplicación a procesos
de integración que descansen exclusivamente sobre vínculos contractuales,
salvo en aquellos procesos en los que solo participen cooperativas
de crédito.
c) Las entidades participantes adoptarán medidas tendentes
a la mejora de su gobierno corporativo y deberán presentar un plan
de remuneración de directivos y administradores. Con carácter general
se adaptarán a lo dispuesto en el Código Unificado de buen gobierno
de las sociedades cotizadas y, en particular, deberán cumplir con
lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración
bancaria y reforzamientos de los recursos propios de las entidades
de crédito.
d) El proyecto de integración incluirá un objetivo cuantificado
de incremento de crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas
durante los tres ejercicios siguientes a la integración.
e) El proyecto de integración deberá igualmente incluir
un plan de desinversión de activos relacionados con riegos inmobiliarios
durante los tres ejercicios siguientes a la integración.
f) La entidad resultante deberá ser viable desde la perspectiva
económico-financiera.
g) Las juntas de accionistas o asambleas generales de
las entidades que se integran deberán votar favorablemente el acuerdo
de integración antes del 30 de septiembre de 2012. En todo caso,
la integración deberá concluirse no más tarde del 1 de enero de
2013.
3. Este régimen no será de aplicación a procesos de integración
en los que únicamente participen entidades que pertenezcan a un
mismo grupo de entidades de crédito.
4. La operación de integración deberá ser autorizada por
el Ministro de Economía y Competitividad en el plazo de un mes a
contar desde la presentación de la solicitud de autorización.
Dicha solicitud deberá presentarse ante la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera antes del 30 de junio de
2012. El cumplimiento de dicho plazo no será exigible en el caso
de operaciones de adquisición de entidades que, a la fecha de entrada en
vigor de este real decreto-ley, se encuentren participadas mayoritariamente
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o de las que
el fondo haya sido designado administrador provisional. A la misma
se acompañará el proyecto que acredite el cumplimiento de los requisitos
previstos en las letras a) a f) del apartado 2.
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán informe
sobre el cumplimiento de dichos requisitos atendiendo especialmente
a la viabilidad de la entidad resultante, pudiendo recabar a tales
efectos todos aquellos informes que consideren oportunos.
El otorgamiento de la autorización prevista en este apartado
determinará que no se requiera ninguna autorización administrativa
ulterior en el ámbito de la ordenación del crédito y la banca, incluida
aquella a que se refiere el párrafo tercero del artículo 10.1 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración
bancaria y reforzamientos de los recursos propios de las entidades
de crédito. En todo caso, serán exigibles las establecidas por la
legislación en materia de defensa de la competencia.
5. En el curso del procedimiento de autorización de la
integración se valorarán los acuerdos marco o protocolos existentes o
que se firmen entre las entidades concernidas, en particular, en
aquellos supuestos en que se produzca la atribución a alguna de
ellas de un grado de control superior al que corresponda a su participación
en la entidad resultante, pudiendo condicionarse la autorización
a la introducción de las oportunas modificaciones en los mismos.
TÍTULO II
Modificación del Real
Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria
y reforzamientos de los recursos propios de las entidades de crédito
Artículo 3. Modificación del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamientos de los recursos propios de las entidades de crédito.—El Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito queda modificado como sigue:
Uno. El segundo párrafo del artículo 2.5 queda redactado
en los siguientes términos:
«Los recursos ajenos obtenidos por el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria, cualquiera que sea la modalidad de
su instrumentación, no deberán sobrepasar el montante de tres veces
la dotación que exista en cada momento. No obstante, el Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas podrá autorizar que se sobrepase
dicho límite, sin que, en ningún caso, la financiación ajena del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria pueda suponer más de
seis veces su dotación.»
Dos. El artículo 7.2.b) queda redactado en los siguientes
términos:
«b) En el plazo de un mes desde su designación,
el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria elaborará un informe detallado
sobre la situación patrimonial y la viabilidad de la entidad y someterá
a la aprobación del Banco de España un plan de reestructuración
de la entidad que permita la superación de la situación de dificultad
en que se encuentre mediante su fusión con otra u otras entidades
de reconocida solvencia o el traspaso parcial o total de su negocio
a otra u otras entidades a través de la cesión global o parcial
de sus activos y pasivos mediante procedimientos que aseguren la
competencia, como, entre otros, el sistema de subasta. A petición
razonada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Banco
de España podrá ampliar el citado plazo hasta un máximo de seis
meses. Simultáneamente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
elevará al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al
Ministro de Economía y Competitividad una memoria económica en la
que se detalle el impacto financiero del plan de reestructuración
presentado sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Sobre la base de los informes emitidos por
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y por la
Intervención General de la Administración del Estado, el Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas podrá oponerse, motivadamente,
en el plazo de cinco días hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.»
Tres. El artículo 9 queda redactado en los siguientes
términos:
«Artículo 9. Instrumentos
para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de
crédito.—1. El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria podrá adquirir acciones ordinarias representativas del
capital social o aportaciones al capital social de las entidades,
que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el artículo
6 de este real decreto-ley, necesiten reforzar sus recursos propios
y así lo soliciten.
2. La suscripción de los títulos a los que
se refiere el apartado anterior estará condicionada a la elaboración
por la entidad solicitante de un plan de recapitalización, con el
contenido que se precisa en el Capítulo II. Dicho plan deberá ser
aprobado por el Banco de España, que deberá suministrar la información
del mismo al Ministerio de Economía y Competitividad a través de
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
La adquisición de acciones ordinarias representativas
del capital social por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
requerirá que se acuerde la supresión del derecho de suscripción
preferente de los accionistas existentes en el momento de la adopción
del acuerdo de emisión, o la renuncia por todos ellos a ese derecho.
3. Con carácter previo a la decisión sobre
la suscripción de títulos, el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria elevará al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
y al Ministro de Economía y Competitividad una memoria económica
en la que se detalle el impacto financiero de esa adquisición sobre
los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. Sobre la base de los informes emitidos por la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera y por la Intervención General
de la Administración del Estado, el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas podrá oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 días hábiles
desde que le sea elevada dicha memoria.
4. Las aportaciones comprometidas por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrán realizarse en
efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda
pública o valores emitidos por el propio Fondo. Asimismo, el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria podrá satisfacer las aportaciones
comprometidas mediante compensación de los créditos que ostente
frente a las entidades solicitantes.
5. El precio de adquisición o suscripción
se fijará de acuerdo con el valor económico de la entidad de crédito,
que será determinado por uno o varios expertos independientes a
designar por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. La valoración
se llevará a cabo a través de un procedimiento que desarrollará
el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria siguiendo las metodologías
comúnmente aceptadas y tomará como base las proyecciones económico-financieras
para el negocio de la entidad en cuestión que elaboren los expertos
designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Entre
otros factores, esta valoración tendrá en cuenta, en su caso, las
operaciones de saneamiento de carácter extraordinario acometidas
por las entidades.
Si durante los cinco meses anteriores a
la suscripción se hubiera colocado entre terceros inversores un
porcentaje de capital significativo, a los efectos de poder considerar
el precio pagado como valor de mercado, y dicho porcentaje fuera
superior al que adquiera el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
el precio de suscripción será el mismo al que se hubiese realizado
la citada colocación. Si, tratándose de un porcentaje de capital
significativo, dicho porcentaje fuera inferior al adquirido por
el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el precio de suscripción
tendrá como referencia el precio de la citada colocación. En todo
caso la adquisición o suscripción se realizará de conformidad con
la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia
y ayudas de Estado.
La fijación del precio de suscripción se
realizará previo informe de la Intervención General de la Administración
del Estado.
6. La suscripción de acciones y aportaciones
al capital social por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
determinará, en todo caso, por sí misma y sin necesidad de ningún
otro acto o acuerdo, su incorporación al órgano de administración
de la entidad emisora al objeto de garantizar el cumplimiento adecuado
del Plan de Recapitalización. El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria nombrará a la persona o personas físicas que ostenten su
representación a tal efecto y dispondrá en el órgano de administración
de tantos votos como los que resulten de aplicar al número total
de votos su porcentaje de participación en la entidad.
A los efectos de lo previsto en el apartado
séptimo del artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio,
de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de
las Cajas de Ahorros, no se tendrá en cuenta la participación del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el capital social
de una entidad.
7. Será de aplicación a los títulos suscritos
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en ejercicio
de las funciones que se le encomiendan en este artículo lo dispuesto
en los apartados 6 y 9 del artículo 7.
8. A fin de asegurar una mayor eficiencia
en el uso de los recursos públicos la desinversión por el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria de los títulos suscritos en
ejercicio de las funciones que se le encomiendan en este artículo
se realizará mediante su enajenación a través de procedimientos
competitivos y dentro de un plazo no superior a los tres años a
contar desde la fecha de su suscripción. El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria podrá adoptar cualquiera de las medidas previstas
en el apartado 3 del artículo 7 para apoyar el procedimiento competitivo
de desinversión.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo
anterior, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá concurrir
junto con alguno o algunos de los demás socios o accionistas de
la entidad de crédito en cuestión a los eventuales procesos de venta
de títulos en los mismos términos que estos puedan concertar.
La enajenación se realizará previo informe
de la Intervención General de la Administración del Estado.
Lo previsto en este apartado se entenderá
sin perjuicio del cumplimiento de la legislación aplicable en materia
de defensa de la competencia.
9. Con periodicidad trimestral, la entidad
solicitante remitirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas
en el plan de recapitalización aprobado. El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, a la vista del contenido de ese informe, podrá
requerir la adopción de las acciones que sean necesarias para asegurar
que el plan de recapitalización se lleva efectivamente a término.
10. Si, como consecuencia de la evolución
de la situación económico-financiera de la entidad o del desenvolvimiento
de las condiciones de los mercados, el plan de recapitalización
no pudiera llevarse a cabo y la entidad se encontrase en la situación
prevista en el artículo 6, se aplicará a dicha entidad lo dispuesto
en el artículo 7, debiendo preverse en los planes que, con arreglo
a ese artículo, se apruebe lo que proceda respecto de los títulos
suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.»
Cuatro. El artículo 10 queda redactado en los siguientes
términos:
«Artículo 10. Medidas
de apoyo a procesos de integración de entidades de crédito.—1. El
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá igualmente adquirir
títulos emitidos por entidades de crédito que, sin incurrir en las
circunstancias establecidas en el artículo 6 del presente real decreto-ley,
vayan a acometer un proceso de integración y necesiten reforzar sus
recursos propios.
A tal efecto, las entidades en cuestión
elaborarán un plan de integración que deberá contener compromisos
específicos de mejora de su eficiencia, de racionalización de su
administración y gerencia, así como de redimensionamiento de su
capacidad productiva y todo ello con la finalidad de mejorar sus
perspectivas futuras.
El plan de integración deberá contar con
la aprobación del Banco de España.
Al decidir sobre la adopción de alguna de
estas medidas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria deberá
tener en cuenta el plazo y riesgo de la operación, la necesidad
de evitar distorsiones competitivas así como que con ello se facilite la
ejecución y cumplimiento del plan de integración aprobado por el
Banco de España. En todo caso, la decisión estará presidida por
el principio de utilización más eficiente de los recursos públicos.
2. Los títulos a los que se refiere el apartado
1 anterior serán instrumentos convertibles en acciones o en aportaciones al
capital social.
Las entidades emisoras deberán aprobar,
en el momento de la adopción del acuerdo de emisión de los títulos
previstos en este artículo, los acuerdos necesarios para la ampliación
de capital o la suscripción de aportaciones al capital en la cuantía necesaria.
Los términos y condiciones de la retribución de los títulos se establecerán
teniendo en cuenta la normativa de ayudas de Estado.
La adquisición de títulos convertibles por
parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria requerirá
que se acuerde la supresión del derecho de suscripción preferente
de los accionistas o cuotapartícipes existentes en el momento de
la adopción del acuerdo de emisión, o la renuncia por todos ellos
a ese derecho.
Las entidades emisoras deberán comprometerse
a recomprar o amortizar los títulos suscritos por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria tan pronto como estén en condiciones de hacerlo
en los términos comprometidos en el plan de integración. Transcurridos
cinco años desde el desembolso sin que los títulos hayan sido recomprados
por la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá
solicitar su conversión en acciones o en aportaciones sociales del
emisor. El ejercicio de esta facultad deberá realizarse, en su caso,
en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la finalización
del quinto año desde que se produjo el desembolso. No obstante lo
anterior, el acuerdo de emisión deberá contemplar asimismo la convertibilidad
de los títulos a instancia del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria si, antes del transcurso del plazo de cinco años, el Banco
de España considera improbable, a la vista de la situación de la
entidad o su grupo, que su recompra o amortización pueda llevarse
a cabo en ese plazo.
La conversión se realizará en condiciones
de mercado y de acuerdo con el valor económico de la entidad emisora
de los títulos en ese momento, que se determinará con arreglo a
lo previsto en el artículo 9.5 del presente real decreto-ley.
Los títulos emitidos al amparo de lo dispuesto
en este precepto serán computables como recursos propios básicos
y como capital principal, sin que para ello sea obligatorio que
coticen en un mercado secundario organizado. A estos efectos, no
les serán de aplicación las limitaciones que la Ley establece para
la computabilidad de los recursos propios y del capital principal.
El acuerdo de emisión de estos títulos deberá
ajustarse a las restantes condiciones comprometidas en el plan de
integración.
3. Con carácter previo a la efectiva adopción
de alguna de las medidas previstas en este artículo, el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria elevará al Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas y al Ministro de Economía y Competitividad
una memoria económica en la que se detalle su impacto financiero
sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado. Sobre la base de los informes emitidos por la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera y por la Intervención General
de la Administración del Estado, el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas podrá oponerse, motivadamente, en el plazo de cinco días
hábiles desde que le sea elevada dicha memoria.
4. La desinversión por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria de los títulos que adquiera al amparo de lo previsto
en este artículo se realizará mediante su recompra de los títulos
por la entidad emisora o su enajenación a terceros. Cuando la desinversión
de dichos títulos o de los resultantes de su conversión se realice
mediante su enajenación a terceros, ésta deberá llevarse a cabo
a través de procedimientos competitivos y dentro de un plazo no
superior a los cinco años a contar desde el desembolso, plazo que
no será de aplicación en el caso de que a la entidad le sea de aplicación
el apartado 8 de este artículo. La desinversión de aportaciones
al capital social no estará sujeta a ninguna limitación legal o
estatutaria. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá
adoptar cualquiera de las medidas previstas en el apartado 3 del
artículo 7 para apoyar el procedimiento competitivo de desinversión.
5. A la conversión de los títulos le será
de aplicación lo dispuesto en los apartados 6 y 9 del artículo 7.
6. Con periodicidad trimestral, la entidad
designada por las entidades involucradas en el proceso de integración
o, en su caso, la entidad resultante del mismo remitirá al Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria un informe sobre el grado de
cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de integración
aprobado. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a la vista
del contenido de ese informe, podrá requerir la adopción de las
acciones que sean necesarias para asegurar que el plan de integración
se lleva efectivamente a término.
7. Si como consecuencia de la evolución
de la situación económico-financiera de la entidad resultante del
proceso de integración o del desenvolvimiento de las condiciones
de los mercados, se advirtiera que el plan de integración no puede
cumplirse en los términos en que fue aprobado, la entidad podrá
solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria una modificación
de dichos términos, que podrá incluir, entre otros aspectos, una
extensión del plazo de recompra de los títulos suscritos por el
Fondo al que se refiere el apartado 2 anterior, hasta dos años más.
La modificación del plan de integración acordada con el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria deberá ser aprobada por el Banco
de España.
8. Si como consecuencia de la evolución
de la situación económico-financiera de la entidad resultante del
proceso de integración o del desenvolvimiento de las condiciones
de los mercados, el plan de integración no pudiera llevarse a cabo
y la entidad se encontrase en la situación prevista en el artículo
6, se aplicará a dicha entidad lo dispuesto en el artículo 7, debiendo
preverse en los planes que, con arreglo a ese artículo, se aprueben
lo que proceda respecto de los títulos suscritos por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria.»
TÍTULO III
Modificación del Real
Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros
aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros
Artículo 4. Modificación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.—El Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, queda modificado de la siguiente manera:
Uno. El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5. Ejercicio
indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorros.—1. Las
cajas de ahorros podrán desarrollar su objeto propio como entidad
de crédito a través de una entidad bancaria a la que aportarán todo
su negocio financiero. Igualmente podrán aportar todo o parte de
sus activos no financieros adscritos al mismo.
2. La entidad bancaria a través de la cual
la caja de ahorros ejerza su actividad como entidad de crédito podrá
utilizar en su denominación social y en su actividad expresiones
que permitan identificar su carácter instrumental, incluidas las
denominaciones propias de la caja de ahorros de la que dependa.
3. A las cajas de ahorros que desarrollen
su actividad como entidad de crédito a través de una entidad bancaria
de acuerdo con lo previsto en este artículo les serán de aplicación
las siguientes especialidades:
a) Los órganos de gobierno de la caja serán
la Asamblea General, el Consejo de Administración y, potestativamente,
la Comisión de Control.
b) La representación de los intereses colectivos
de los impositores, de las corporaciones municipales que no tuviesen la
condición de entidad fundadora de la caja y de los trabajadores
en sus órganos de gobierno se establecerá de la siguiente manera:
i. La representación de las corporaciones
municipales se llevará a cabo sobre la base de aquellas en cuyo
término tenga abierta oficina la entidad bancaria a través de la
cual la caja de ahorros desarrolle su actividad financiera.
ii. La representación de los grupos de impositores
y trabajadores se llevará a cabo sobre la base de los correspondientes colectivos
de la entidad bancaria a través de la cual la caja de ahorros desarrolle
su actividad financiera. La representación de los trabajadores en
los órganos de gobierno incluirá asimismo a los empleados de la
caja de ahorros.
El número de miembros de los órganos de
gobierno así como la periodicidad de sus sesiones serán determinados
por los estatutos de la Caja de Ahorros atendiendo a la dimensión
económica y a la actividad de la entidad.
4. Sin perjuicio del cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa de recursos propios, las cajas de ahorros
a las que se refiere el presente artículo no podrán destinar más
del 10 % de los excedentes de libre disposición a gastos diferentes
a los correspondientes a su obra social. No obstante, el Banco de
España podrá autorizar el destino de porcentajes superiores necesarios
para atender gastos esenciales de funcionamiento de las entidades.
5. Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias
o extraordinarias.
Las Asambleas ordinarias se celebrarán una
vez al año. Por su parte, las Asambleas extraordinarias se celebrarán
tantas veces cuantas sean expresamente convocadas.
La Asamblea general será convocada por el
Consejo de Administración mediante anuncio publicado en el "Boletín
Oficial del Registro Mercantil" y en la página web de la Caja, con
quince días, al menos, de antelación. La convocatoria expresará
la fecha, lugar y orden del día, así como la fecha y hora de reunión
en segunda convocatoria.
Los estatutos podrán establecer, en sustitución
del sistema anterior, que la convocatoria se realice mediante anuncio
publicado en la página web de la Caja, o por cualquier procedimiento
de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción
del anuncio por todos los Consejeros Generales.
La Asamblea general quedará válidamente
constituida en primera convocatoria cuando los Consejeros generales
presentes y, en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados
posean, al menos, el cincuenta por ciento de los derechos de voto.
La constitución en segunda convocatoria será válida cualquiera que
sea el número de asistentes. Los Consejeros generales no podrán
estar representados por otro Consejero o por tercera persona, sea
física o jurídica.
6. Las cajas de ahorros que desarrollen
su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad
bancaria conforme a lo previsto en este artículo estarán eximidas
de las obligaciones contenidas en la sección 1.ª del capítulo V
de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero y su normativa de desarrollo.
Adicionalmente, el Banco de España podrá
adaptar o eximir del cumplimiento de los requerimientos prudenciales
y organizativos en materia de control interno, auditoría y gestión
de riesgos recogidos en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes
de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de
los intermediarios financieros, y su normativa de desarrollo, de
manera individual a las cajas de ahorros previstas en este artículo.
En todo caso las obligaciones contempladas
en los párrafos anteriores serán cumplimentadas por la entidad bancaria
a través de la cual las cajas de ahorros ejercen su actividad.
7. Si una Caja de Ahorros dejase de ostentar
el control en los términos del artículo 42 del Código de Comercio
o redujese su participación de modo que no alcance el 25 % de los
derechos de voto de la entidad de crédito a la que se refiere la
presente disposición, deberá renunciar a la autorización para actuar
como entidad de crédito según lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria
de 31 de diciembre de 1946 y proceder a su transformación en fundación
especial con arreglo a lo previsto en el artículo siguiente.
8. Lo establecido en la presente disposición
será también de aplicación a aquellas cajas de ahorros que, de forma
concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito
a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por
todas ellas conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley
13/1985 de 25 de mayo.
En particular, la pérdida de control y la
reducción de la participación conjunta por debajo del límite contemplado
en el apartado anterior dará lugar a la pérdida de la condición
de entidades de crédito de todas las integrantes y a su transformación
en fundaciones especiales.»
Dos. El artículo 6 queda redactado como sigue:
«Artículo 6. Transformación
de cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial.—1. Las
Cajas de Ahorros podrán acordar la segregación de sus actividades
financiera y benéfico-social mediante el régimen previsto en este
artículo en los siguientes casos:
a) Conforme a lo previsto en el apartado
7 del artículo anterior
b) Como consecuencia de la renuncia a la
autorización para actuar como entidad de crédito y en los demás
supuestos de revocación.
c) Como consecuencia de la intervención
de la entidad de crédito en los supuestos previstos en la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades
de Crédito.
A tal efecto traspasarán todo el patrimonio
afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio
de acciones de esta última y se transformarán en una fundación de
carácter especial perdiendo su condición de entidad de crédito.
Lo establecido en las letras a) y c) de
este apartado será también de aplicación a aquellas cajas de ahorros
que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades
de crédito a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente
por todas ellas. En tal caso, las cajas integrantes traspasarán
todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad
de crédito a cambio de acciones de esta última y se transformarán
en fundaciones de carácter especial perdiendo su condición de entidad
de crédito.
La fundación centrará su actividad en la
atención y desarrollo de su obra benéfico social, para lo cual podrá
llevar a cabo la gestión de su cartera de valores. La fundación
deberá destinar a su finalidad benéfico-social el producto de los
fondos, participaciones e inversiones que integren su patrimonio.
Auxiliarmente, podrá llevar a cabo la actividad de fomento de la
educación financiera.
2. Junto con el acuerdo de transformación,
la Asamblea General de la Caja, o la de las Cajas de manera conjunta,
acordará la constitución de fundaciones de carácter especial, con
aprobación de sus estatutos y designación de su patronato. La segregación
de la actividad financiera, por su parte, se regirá por lo establecido
en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles.
3. Corresponde al Estado la supervisión
y control de las fundaciones de carácter especial a las que se refiere
el presente real decreto-ley, cuyo ámbito de actuación principal
exceda el de una Comunidad Autónoma, a través del Protectorado que será
ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad. En los
supuestos de segregación se considerará ámbito de actuación de la
fundación de carácter especial el de la entidad bancaria resultante
de la segregación.
Las fundaciones de carácter especial a las
que se refiere el presente real decreto-ley gozarán de personalidad
jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución
en el correspondiente registro. En el caso de las fundaciones de
ámbito estatal, dicha inscripción se practicará en el Registro especial
que al efecto se constituya en el Ministerio de Economía y Competitividad.
4. Las fundaciones de carácter especial
se regirán por este real decreto-ley y su normativa de desarrollo.
Supletoriamente, será de aplicación la normativa en materia de fundaciones.»
TÍTULO IV
Remuneraciones
Artículo 5. Remuneraciones en las entidades que reciban apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración.—1. Los administradores y los directivos de las entidades de crédito participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria no percibirán, durante el ejercicio 2012, retribución variable ni beneficios discrecionales de pensiones.
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades previstas
en este apartado ajustarán las condiciones retributivas de sus administradores
y directivos a las previstas en el apartado 3 de este artículo y
en la normativa que se dicte en desarrollo del mismo.
2. La retribución variable correspondiente a los ejercicios
en los que subsista el apoyo financiero público de los administradores
y directivos de las entidades de crédito que, sin hallarse mayoritariamente
participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
hayan recibido apoyo financiero del mismo, se diferirá tres años,
y estará condicionada a la obtención de los resultados que, en relación
con el cumplimiento del plan elaborado para la obtención de aquel,
justifiquen su percepción. El Banco de España apreciará la concurrencia
de esta circunstancia en el ejercicio de la potestad atribuida por
la norma 105, apartado 2.g de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España,
a entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios
mínimos, sin perjuicio de la aplicación del resto de criterios fijados
en ella.
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades previstas
en este apartado ajustarán las condiciones retributivas de sus administradores
y directivos a las reglas previstas en el apartado 3 de este artículo
y en la normativa que se dicte en desarrollo del mismo.
3. Las entidades que soliciten apoyo financiero del Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria para su saneamiento o reestructuración,
como requisito necesario para disfrutar del mismo, deberán incorporar
a los contratos que regulen su relación con sus consejeros y directivos
el contenido mínimo que determine el Ministro de Economía y Competitividad.
La Orden Ministerial que se dicte en uso de esta habilitación contendrá,
entre otras, las siguientes reglas:
a) Limitaciones a la retribución con referencia de la
aplicada a colectivos similares por la media de las entidades equiparables
por tamaño y complejidad. En todo caso, las limitaciones respetarán
las siguientes cuantías máximas anuales:
1.ª Retribución, por todos los conceptos, de los miembros
de los órganos colegiados de administración de entidades participadas
mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
distintos de los contemplados en los siguientes números: 50.000
euros.
2.ª Retribución, por todos los conceptos, de los miembros
de los órganos colegiados de administración distintos de los contemplados
en los siguientes números, de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente
participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
reciban apoyo financiero del mismo: 100.000 euros.
3.ª Retribución fija por todos los conceptos de Presidentes
ejecutivos, Consejeros Delegados y directivos de las entidades participadas
mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria:
300.000 euros.
4.ª Retribución fija por todos los conceptos de Presidentes
ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que,
sin hallarse mayoritariamente participadas por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, reciban apoyo financiero del mismo: 600.000 euros.
Al efecto del cómputo de los límites anteriores, se tendrán
en cuenta todas las retribuciones percibidas dentro del grupo al que
pertenezca la entidad de crédito. A esos mismos efectos, la retribución
fija de los Presidentes y Consejeros ejecutivos incluirá las dietas
que perciban por su pertenencia al Consejo de Administración u órganos
dependientes del mismo.
b) Limitaciones a la retribución variable, expresada en
términos porcentuales sobre la retribución fija, con referencia
a la aplicada a colectivos similares por la media de las entidades
equiparables por tamaño y complejidad, con aplicación de las reglas establecidas
en el apartado 2 de este artículo.
4. Las limitaciones de los apartados 1, 2 y 3 podrán levantarse
una vez producido el saneamiento de la entidad mediante el pago,
amortización, rescate o enajenación de los títulos suscritos por
el Fondo, o cuando de cualquier otro modo se entienda reintegrado
al mismo el apoyo financiero prestado.
5. Este artículo y las reglas que, en uso de la habilitación
prevista en él, apruebe el Ministro de Economía y Competitividad, deberán
también aplicarse, en la parte que corresponda, a las condiciones
retributivas de los miembros de los órganos de administración de
las entidades a que los apartados 1 a 3 se refieren y cuya relación
con la entidad no se regule en contrato alguno.
6. Cuando las entidades a las que se refieren los apartados
1, 2 y 3 participen en un proceso de integración de los previstos en
el artículo 2 de este real decreto-ley, las limitaciones a las remuneraciones
contempladas en dichos apartados sólo serán de aplicación a los
administradores y directivos que lo fueren de aquella de las entidades
que precise el apoyo financiero público o que dé origen al mismo,
y que a los efectos de este apartado deberá identificarse como tal
en el correspondiente plan de integración. Asimismo, el Ministro
de Economía y Competitividad, a la vista del plan de retribuciones
presentado en el marco del proceso de integración regulado en el
artículo 2 del real decreto-ley y de la situación económico-financiera
de las entidades participantes en el mismo, podrá modificar los
criterios y límites fijados en los apartados 2 y 3 del presente
artículo.
7. A los efectos de este artículo, se entiende por directivos
los Directores Generales así como los integrantes de la alta dirección,
de conformidad con la definición contenida en el artículo 1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula
la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.
8. El incumplimiento por las entidades de las previsiones
contenidas en este artículo será constitutivo de infracción grave, incurriendo
las mismas en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo
a lo dispuesto en el Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Tratamiento excepcional de las participaciones preferentes y otros instrumentos en circulación.—Las entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles en acciones emitidos antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley podrán incluir en el plan de cumplimiento al que se refiere el artículo 1, la solicitud de diferir por un plazo no superior a doce meses el pago de la remuneración prevista a pesar de que, como consecuencia del saneamiento que hayan tenido que llevar a cabo según lo dispuesto en este real decreto-ley, no dispongan de beneficios o reservas distribuibles suficientes o exista un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante.
El pago de la remuneración así diferido solamente podrá
efectuarse, transcurrido el plazo de diferimiento, si se dispone
de beneficios o reservas distribuibles suficientes y no existe un
déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante.
Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a las Cajas de Ahorros integrantes de un sistema institucional de protección.—En caso de aportación de la titularidad de todos los activos y pasivos afectos al respectivo negocio bancario a la entidad central de un sistema institucional de protección se considerará que a las Cajas de Ahorros integrantes se les aplicará el régimen de ejercicio indirecto previsto en el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
Disposición adicional tercera. Aplicación del régimen previsto en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, a las entidades participantes en procesos de integración.—A las entidades participantes en procesos de integración conforme a lo previsto en el artículo 2 de este real decreto-ley, les serán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 25, apartado 1, en relación con la puesta a disposición de la red de distribución de las entidades de crédito y la fragmentación de la misma, y en el artículo 25, apartado 4, ambos de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, a partir del 1 de enero de 2014.
Disposición adicional cuarta. Incremento de la dotación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.—1. La dotación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se incrementa en 6.000 millones de euros adicionales, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
2. Las referencias a la Ministra de Economía y Hacienda
contenidas en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades
de crédito, se entenderán realizadas al Ministro de Economía y Competitividad,
salvo las incluidas en los artículos 2.5, 7.2, 9.3 y 10.3 del
citado real decreto-ley.
Disposición adicional quinta. Cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social en la sociedad anónima y de disolución en la sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.—Se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Modificación de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros.—El artículo 1.Uno de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, queda redactado como sigue:
«Uno. La administración, gestión, representación
y control de las cajas de ahorros corresponde a los siguientes órganos de
gobierno:
a) Asamblea General.
b) Consejo de Administración.
c) Comisión de Control.
Adicionalmente, serán órganos de las cajas
de ahorros el Director General y las Comisiones de Inversiones,
Retribuciones y Nombramientos y Obra Benéfico Social.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.—La disposición adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, queda redactada como sigue:
«1. A efectos de lo previsto en la presente
disposición se entenderá por garantía cualquier prenda, operación
simultánea, compraventa con pacto de recompra, afección, derecho
de retención, depósito, cesión o cualquier otro negocio jurídico con
finalidad de garantía, que recaiga sobre cualquier activo realizable
o susceptible de apropiación, incluido el dinero en efectivo, y
que tenga por finalidad asegurar los derechos y obligaciones derivados
de cualquier operación presente o futura, concluida con el Banco
de España, el Banco Central Europeo u otro banco central nacional
de la Unión Europea.
2. A estas garantías les será de aplicación
el siguiente régimen jurídico:
a) Su constitución no requerirá, para su
plena validez, eficacia frente al garante o frente a terceros, ejecutabilidad,
incluso a los efectos de los artículos 517 y 571 y siguientes de
la Ley de enjuiciamiento civil, o admisibilidad como prueba, la
intervención de notario ni el cumplimiento de ningún otro requisito
formal distinto de, por un lado, la constancia por escrito o de forma
jurídicamente equivalente del acuerdo de garantía o, en su caso,
la manifestación unilateral del garante, y, por otro lado, de la
aportación del activo objeto de la garantía y la constancia por
escrito o de forma jurídicamente equivalente de dicha aportación.
A los efectos de esta disposición adicional,
el registro o anotación por medios electrónicos y en cualquier soporte
duradero tendrá la consideración de forma jurídicamente equivalente
a la constancia por escrito.
La formalización de la correspondiente obligación
principal tampoco requerirá para su plena validez, eficacia frente
al garante o frente a terceros, ejecutabilidad, incluso a los efectos
de los artículos 517 y 571 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil,
o admisibilidad como prueba, la intervención de notario ni el cumplimiento
de ningún otro requisito formal.
b) Para operaciones en las que el beneficiario
último de la garantía sea el Banco de España, el Banco Central Europeo u
otro banco central nacional de la Unión Europea, ya sea directamente
o mediante la intermediación de un tercero, cuando los activos objeto
de la garantía sean valores o instrumentos financieros representados
mediante anotaciones en cuenta, su aportación y la constancia por
escrito o de forma jurídicamente equivalente de dicha aportación
podrá instrumentarse mediante alguno de los procedimientos siguientes:
1.º Bien mediante transferencia contable,
con desplazamiento de la propiedad, de los valores o instrumentos
financieros a una cuenta del beneficiario o de un tercero actuando
directa o indirectamente en nombre o por cuenta del beneficiario,
siguiendo el artículo 9 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, perdiendo el garante la propiedad del valor o instrumento
financiero a favor del beneficiario o tercero.
2.º Bien mediante la anotación de la garantía
en la cuenta correspondiente siguiendo el artículo 10 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, conservando el
garante la propiedad del valor o instrumento financiero.
3.º Bien mediante transferencia contable
o anotación de los valores o instrumentos financieros, sin desplazamiento
de la propiedad, en una cuenta a nombre del beneficiario o de un
tercero actuando directa o indirectamente en nombre o por cuenta
del beneficiario. Dicha cuenta tendrá como único objetivo recibir
las anotaciones de las pignoraciones realizadas sobre valores e
instrumentos representados mediante anotaciones en cuenta manteniendo
el garante la propiedad de los mismos.
En el supuesto de que el objeto de la garantía
sea una cuenta de valores o instrumentos financieros, su aportación
y la constancia por escrito o de forma jurídicamente equivalente
de dicha aportación se instrumentará mediante la anotación de la
garantía en la correspondiente cuenta, siendo de aplicación a dicha
prenda mutatis mutandi lo
previsto en el último párrafo del apartado e) siguiente.
c) En el supuesto de que los activos objeto
de la garantía sean valores representados mediante títulos físicos,
su aportación y la constancia por escrito o de forma jurídicamente
equivalente de dicha aportación podrá instrumentarse mediante su entrega
al beneficiario de la garantía o a un tercero establecido por común
acuerdo entre las partes.
d) Para su ejecución bastará con la certificación
expedida por el Banco de España, el Banco Central Europeo o el banco central
nacional de la Unión Europea que corresponda, acreditativa de la
cuantía de los importes vencidos, líquidos y exigibles que se ejecutan,
junto con la orden de enajenación, apropiación o traspaso libre
de pago de los activos constitutivos de la garantía, según corresponda
de conformidad con lo previsto en este apartado. En esta certificación
deberá hacerse constar que la liquidación se ha practicado de conformidad
con el acuerdo, pacto y/o norma de que deriva la obligación de que
se trate.
A elección del beneficiario, y con sujeción
a los términos del acuerdo de garantía, la ejecución podrá llevarse
a cabo mediante cualquiera de los procedimientos reconocidos por
el ordenamiento jurídico vigente.
Cuando el objeto de la garantía esté constituido
por activos negociados en un mercado organizado, su enajenación
se hará a través del organismo rector correspondiente. Sin perjuicio
de cualesquiera otros procedimientos de enajenación reconocidos
por el ordenamiento jurídico vigente, en los demás casos la enajenación
podrá llevarse a cabo también mediante subasta organizada por el
Banco de España.
Asimismo, en aquellos supuestos en los que
la constitución de la garantía no se hubiera instrumentado ya mediante
la transmisión de la propiedad de los correspondientes activos,
la ejecución podrá también realizarse mediante la apropiación por
el Banco de España, el Banco Central Europeo o el banco central
nacional de la Unión Europea que corresponda de los activos sobre
los que se constituyó la garantía y compensación de su valor o aplicación
de su valor al cumplimiento de las obligaciones garantizadas, siempre
y cuando: (i) así se hubiera pactado entre la entidad que aporta
los activos de garantía y el Banco de España, el Banco Central Europeo
o el banco central nacional de la Unión Europea que corresponda
y (ii) se hubiera previsto entre las partes las modalidades de valoración
de los activos de garantía.
En todo caso, el sobrante que resulte una
vez satisfecha la deuda correspondiente se reintegrará a la entidad
que haya aportado los activos de garantía.
e) Cuando el objeto de la garantía consista
en prenda sobre depósitos dinerarios, el beneficiario o, en su caso,
la entidad depositaria del efectivo deberá anotar en la correspondiente
cuenta la constitución de la prenda sobre la cuenta o, en su caso, sobre
el importe pignorado, una vez que tenga constancia del consentimiento
del titular de dicha cuenta.
Su constitución no requerirá, para su plena
validez, eficacia frente al garante o frente a terceros, ejecutabilidad
o admisibilidad como prueba, la intervención de notario ni el cumplimiento
de ningún otro requisito formal distinto de la anotación a la que
se refiere el párrafo anterior, que equivaldrá a la aportación del
activo objeto de la garantía y la constancia por escrito o de forma
jurídicamente equivalente de dicha aportación.
Dicha prenda se ejecutará por compensación,
quedando a disposición del titular de la cuenta los fondos sobrantes,
si los hubiera, una vez satisfecha la deuda.
A partir de la anotación prevista en el
primer párrafo de este apartado, las cantidades ingresadas en la
cuenta cuyo saldo permanece pignorado o, en su caso, únicamente
el importe pignorado quedarán por el mero hecho de su ingreso afectos
de manera irrevocable y sin limitación alguna al cumplimiento íntegro
de las obligaciones garantizadas. Igualmente, y salvo que las partes
hayan acordado lo contrario, a partir del momento de la anotación
de la prenda, el titular de la cuenta no podrá retirar fondos depositados
en la misma o, en su caso, el importe pignorado sin el consentimiento
previo del beneficiario de la garantía.
f) Los activos en que se materialicen las
garantías podrán aplicarse a la liquidación de las obligaciones
garantizadas incluso en caso de apertura de un procedimiento concursal
o de liquidación administrativa. Dichas garantías podrán ejecutarse
de forma separada, inmediatamente, de acuerdo con lo pactado entre
las partes y con lo previsto en esta disposición adicional.
Las garantías no se verán limitadas, restringidas
o afectadas en cualquier forma por el concurso o la liquidación
administrativa de la otra parte.
En particular, la constitución, aceptación
o ejecución de las garantías a las que se refiere esta disposición
adicional, el saldo de las cuentas o registros en que se materialicen
y la formalización de las obligaciones garantizadas no serán impugnables
en el caso de acciones de reintegración vinculadas a un procedimiento
concursal o de liquidación administrativa.
g) La fecha de constitución de la garantía,
así como el saldo y fecha que figuren en la certificación emitida
por el Banco de España, el Banco Central Europeo o los demás bancos
centrales nacionales de la Unión Europea a que se refiere el párrafo b),
harán prueba frente a la propia entidad y a terceros.
Las garantías constituidas de acuerdo con
las normas de esta disposición adicional no serán susceptibles de
embargo, traba, gravamen ni de ninguna otra restricción o retención
de cualquier naturaleza tanto legal como convencional, desde el momento
de su constitución.
3. Las partes podrán pactar que, en el caso
de variaciones en el valor de los activos objeto de la garantía
o en la cuantía de las obligaciones garantizadas, habrán de aportarse
nuevos activos, incluido el efectivo, o, en su caso, y cuando así
se pacte, devolverse para restablecer el equilibrio entre el valor
de las obligaciones garantizadas y el valor de las garantías constituidas
para asegurarlas. En tal caso, dichos activos tendrán la consideración
de parte integrante de la garantía inicial y serán tratados como
si hubieran sido aportados de manera simultánea a la aportación
del objeto inicial de la garantía financiera, siéndoles de aplicación
todo lo dispuesto en la presente disposición.
4. La constitución de garantías sobre préstamos
o créditos no hipotecarios a favor del Banco de España, del Banco
Central Europeo o de otros bancos centrales nacionales de la Unión
Europea, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones presentes
o futuras contraídas frente a ellos por operaciones concluidas en
el ejercicio de sus funciones se regirá, además de por lo dispuesto
en el apartado 1, en los párrafos a), d), f) y g) del apartado 2
y en los apartados siguientes de la presente disposición, por las
siguientes normas:
a) Los préstamos y créditos serán susceptibles
de pignoración o cesión cualesquiera que sean los requisitos formales o
materiales que las partes hubiesen pactado al respecto de su cesión
o gravamen. El suministro de información o documentación relativa
a los préstamos o créditos o los derechos de crédito derivados de
ellos, incluyendo la relacionada con los correspondientes deudores
y, en su caso, garantes, al Banco de España, el Banco Central Europeo
o los bancos centrales nacionales de la Unión Europea, así como,
en su caso, a aquellos terceros a los que estos pudieran ceder sus
derechos en caso de transmisión de los derechos de crédito o de
ejecución de las garantías sobre ellos, no supondrá el incumplimiento
de la normativa sobre secreto bancario o protección de datos personales.
La pignoración o cesión se referirá únicamente,
salvo pacto en contrario, a los derechos de crédito dimanantes del
correspondiente contrato. En ningún caso el cesionario o beneficiario
de la garantía asumirá la obligación de poner fondos a disposición
de los acreditados. La pignoración o cesión realizadas de conformidad
con lo dispuesto en este apartado en ningún caso supondrá incumplimiento
de los préstamos o créditos correspondientes y no requerirá el consentimiento
del deudor o garante de los créditos pignorados o cedidos.
b) La aportación y la constancia por escrito
o de forma jurídicamente equivalente de la aportación de los derechos
de crédito podrá instrumentarse mediante la entrega al beneficiario
de los modelos aprobados a tal efecto por éste o mediante la comunicación
por escrito o de forma jurídicamente equivalente al beneficiario
de los datos de los derechos de crédito en la forma establecida
a tal efecto por éste, sin que sea necesario el cumplimiento de
ningún otro requisito formal para la plena validez de la pignoración
o cesión, o su eficacia frente al deudor y, en su caso, el garante,
o frente a cualesquiera terceros, ni para su ejecutabilidad o admisibilidad
como prueba.
c) Los frutos de los préstamos o créditos
cedidos o pignorados corresponderán, salvo pacto en contrario, a
la entidad de crédito que aporta la garantía.
d) En caso de incumplimiento de las obligaciones
garantizadas, el beneficiario de la garantía adquirirá la plena
titularidad de los correspondientes derechos de crédito. No obstante,
y sin perjuicio de cualesquiera otros procedimientos de ejecución reconocidos
en el ordenamiento jurídico vigente, podrá también ejecutarse la
garantía mediante subasta organizada por el Banco de España.
e) El deudor o, en su caso, garante de un
derecho de crédito que haya sido cedido o pignorado a favor del
Banco de España, el Banco Central Europeo o los bancos centrales
nacionales de la Unión Europea no podrá oponer frente a éstos, ni frente
a aquellos terceros a los que se pudiera transmitir posteriormente
el correspondiente derecho de crédito, ninguna de las excepciones
que le hubieran correspondido frente a la entidad de crédito cedente
o pignorante, ni siquiera la compensación.
5. En los contratos que concluya en el ejercicio
de sus funciones, el Banco de España podrá pactar su resolución
o extinción incluso en los casos de situaciones concursales o de
liquidación administrativa. Asimismo, en tales supuestos de concurso
o de liquidación administrativa, las operaciones garantizadas con
arreglo a lo dispuesto en esta disposición adicional tendrán la
consideración de créditos de derecho público a los efectos de la
aplicación del artículo 91.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
en la parte que no pueda ser satisfecha con cargo a las garantías
constituidas.
6. En lo no previsto expresamente en la
presente disposición adicional, será de aplicación supletoriamente
el régimen que, respecto de las garantías financieras, establece
el capítulo II del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes
para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación
pública.
7. Reglamentariamente podrá desarrollarse
lo establecido en la presente disposición.»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.—El apartado 2 de la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, queda modificado como sigue:
«2. Los instrumentos de deuda emitidos con
posterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley,
que cuenten con cláusulas en virtud de las cuales sean convertibles
en acciones ordinarias, integrarán el capital principal previsto
en el artículo 2 de este real decreto-ley siempre que cumplan las
siguientes condiciones:
a) prevean su obligatoria conversión a más
tardar el 31 de diciembre de 2018 o, antes de dicha fecha, en caso
de saneamiento o reestructuración de la entidad o de su grupo;
b) que el límite máximo al número y nominal
de acciones a entregar en la conversión esté determinado en el momento de
la emisión de los instrumentos de deuda;
c) el emisor pueda, discrecionalmente, decidir
en cualquier momento el impago del cupón devengado siempre que su situación
de solvencia o la de su grupo así lo requiera;
d) prevean su obligatoria conversión cuando
se incumpla el coeficiente de recursos propios mínimos; y,
e) su comercialización se realice de acuerdo
con los criterios que establezca la Comisión Nacional del Mercado
de Valores para asegurar la adecuada protección de los inversores
y, en concreto, la efectividad de la relación de conversión que se
proponga a los inversores. Adicionalmente, en el caso de que una
parte de la emisión se comercialice entre la clientela minorista,
se requerirá la solicitud de admisión a negociación, tanto del instrumento
de deuda como del título de capital, en un mercado secundario oficial.
Los contratos o folletos de emisión correspondientes,
así como cualquier modificación de sus características, se remitirán al
Banco de España a fin de calificar su computabilidad como capital
principal.»
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.—El Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, queda modificado de la siguiente manera:
Uno. La letra b) del apartado 2 del artículo 6 queda redactada
como sigue:
«b) Las derramas que realice el Fondo entre
las entidades adheridas al mismo, distribuidas según la base de
cálculo de las aportaciones, que se registrarán como patrimonio
una vez sean acordadas.»
Dos. El segundo párrafo del artículo 7.5 queda redactado
como sigue:
«No obstante, se requerirá mayoría de dos
tercios para acordar la realización de aquellas derramas que establezcan
la obligación de efectuar pagos adicionales a las aportaciones anuales
ordinarias o que adelanten el pago de estas últimas, así como para
las medidas contempladas en el marco de los planes de actuación
a los que se hace referencia en el artículo 11.»
Disposición final quinta. Títulos competenciales.—El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 6.ª, 11.ª y 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución española, que atribuyen al Estado la competencia sobre legislación mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final sexta. Facultad de desarrollo.—El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Se habilita al Ministro de Economía y Competitividad para
modificar lo previsto en los anexos I y II.
El Banco de España aprobará las modificaciones que resulten
pertinentes para acomodar lo dispuesto en la Circular 4/2004 al presente real decreto-ley.
A partir del 31 de diciembre de 2012 el Banco de España podrá modificar
las coberturas previstas en el anexo I de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 48.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención
de las Entidades de Crédito.
ANEXO I
1. Los activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas
por las entidades de crédito y que cuenten con una antigüedad en balance
superior a 36 meses tendrán un porcentaje de cobertura de al menos
el 40%.
2. Las coberturas que correspondan por operaciones calificadas
como dudosas destinadas a la financiación de construcciones o promociones
inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encuentren terminadas,
en ningún caso podrán ser inferiores al 25% del importe del riesgo
vivo.
3. Las coberturas que correspondan por operaciones calificadas
como subestándar destinadas a la financiación de construcciones
o promociones inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encuentren
terminadas, en ningún caso podrán ser inferiores al 20% del importe
del riesgo vivo. Este porcentaje será del 24% para aquellas operaciones
que no cuenten con garantía real.
4. Las coberturas que correspondan por operaciones calificadas
como dudosas o como subestándar, destinadas a la financiación de
suelo para promoción inmobiliaria o de construcciones o promociones
inmobiliarias de todo tipo de activos, que se encuentren en curso,
en ningún caso podrán ser inferiores a los porcentajes que se indican
a continuación:
| Clase de activo | Dudoso — Porcentaje |
Subestándar — Porcentaje |
| Financiación de suelo para promoción inmobiliaria | 60 | 60 |
| Financiación de construcción o promoción inmobiliaria en curso con obra parada | 50 | 50 |
| Financiación de construcción o promoción inmobiliaria en curso con obra en marcha | 50 | 24 |
5. Los porcentajes mínimos de cobertura relativos a activos
inmobiliarios recibidos en pago de deudas no podrán ser inferiores
a los siguientes:
a) Activos recibidos consistentes en construcciones o
promociones inmobiliarias terminadas, así como viviendas de particulares
que no hayan sido residencia habitual de los prestatarios
El porcentaje de deterioro mínimo aplicable a los activos
adjudicados en pago de deudas será del 25%, y los porcentajes mínimos
de cobertura en función de la antigüedad de su incorporación al
balance serán los recogidos en el siguiente cuadro:
| Plazo desde la adquisición | Porcentaje de cobertura |
| Más de 12 meses sin exceder de 24 | 30 |
| Más de 24 meses sin exceder de 36 | 40 |
| Más de 36 meses | 50 |
b) Activos recibidos consistentes en suelo para promoción
inmobiliaria o construcciones o promociones inmobiliarias en curso,
con independencia de la antigüedad de su incorporación al balance.
| Clase de activo | Porcentaje de cobertura |
| Suelo para promoción inmobiliaria | 60 |
| Construcción o promoción inmobiliaria en curso | 50 |
ANEXO II
El exceso adicional de capital principal a que se refiere
el apartado 4 del artículo 1 del presente Real Decreto-ley deberá ser equivalente
a la suma de los importes que resulten de los cálculos que a continuación
se señalan. De estos importes se deducirán las provisiones constituidas
por dichos activos.
a) Activos clasificados como dudosos y subestándar de
acuerdo con el Anejo IX de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada,
y modelos de estados financieros:
| Clase de activo | Porcentaje sobre importe del riesgo vivo |
| Financiación de suelo | 80 |
| Financiación de promociones en curso (excepto subestándar con obra en marcha). | 65 |
b) Activos recibidos en pago de deudas:
| Clase de activo | Porcentaje sobre valor contable |
| Suelo | 80 |
| Promociones en curso | 65 |
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