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Título I. Cuotas participativas de las cajas de ahorros (Art. 2)
-
Título II. Órganos de gobierno de las Cajas de ahorros (Art. 3)
REAL DECRETO-LEY 11/2010, DE 9 DE JULIO, DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTROS ASPECTOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CAJAS DE AHORROS (BOE DEL 13)
Corrección de errores BOE de 17 de julio de
2010.
I
Las Cajas de Ahorros españolas cumplen con una función
esencial dentro de nuestro sistema financiero y de nuestro entramado
social. Desde un punto de vista económico han sido a lo largo de
nuestra historia motor del crecimiento impulsando el fomento del
ahorro, la movilización de recursos y la inclusión financiera del
conjunto de los ciudadanos. Asimismo se han configurado como un
elemento determinante en el acceso al crédito de familias y empresas.
Por otra han actuado en beneficio del interés general a través del
cumplimiento de su función social. La dedicación de sus excedentes
a la dotación de bienes y servicios sociales en los territorios
en los que actúan resulta un complemento indispensable dentro de
nuestro Estado de bienestar.
En cuanto a su regulación, más allá de las primeras normas
aprobadas durante el siglo XIX, son los Estatutos de 1929 y, muy especialmente,
el de 1933 y el «Decreto Largo Caballero» de ese mismo año, los
que contribuyeron de manera más clara a su actual definición institucional
y a su consolidación como entidades financieras de marcado carácter
social. Pero es, sin duda, con la llegada de la democracia a España,
cuando las cajas de ahorros ven más reforzada su presencia y llevan
a cabo transformaciones más profundas. Tres momentos han sido clave
en estos más de treinta años en lo que a las cajas de ahorros respecta.
En 1977 el primer gobierno democrático emprendió una reforma
liberalizadora del sistema financiero que permitió la equiparación
funcional entre bancos y cajas, el aumento de la libertad operativa
de éstas últimas y la apertura del sistema financiero español al
mercado internacional de capitales.
Un segundo momento clave fue la aprobación de la Ley 31/1985,
de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos
Rectores de las Cajas de Ahorro, como necesaria respuesta a una
nueva realidad política y económica en nuestro país. De un lado,
era imprescindible la adaptación de la regulación de las cajas de
ahorros a la nueva organización territorial del Estado, una vez
aprobada la Constitución Española de 1978 y los respectivos Estatutos
de Autonomía que atribuían a las comunidades competencias en la
materia. Por otro lado, era fundamental redefinir el diseño institucional
común de las Cajas de Ahorros, garantizando que dispusiesen de órganos
rectores adecuados a su doble naturaleza como entidades de crédito
y entes de naturaleza fundacional y fin social.
La Ley 31/1985 y, muy especialmente, la posterior jurisprudencia
constitucional, han configurado a las cajas de ahorro como entidades
de naturaleza fundacional de carácter muy peculiar en las que domina
su condición de entidades de crédito, confiriéndoles su fisonomía
actual. Es por ello que el Tribunal Constitucional las ha calificado
de «intermediarios financieros» reconociéndoles su naturaleza privada
al exponer que «en la regulación de los aspectos básicos de la actividad
de los distintos tipos de intermediarios financieros hay que insertar
las normas que imponen determinadas obligaciones a las entidades
financieras privadas (bancos y cajas de ahorros).
Veinticinco años después de esa reforma nos encontramos
de nuevo en un momento fundamental en la historia de las cajas de
ahorros.
En general, las cajas de ahorros, así como el resto del
sistema bancario español, enfrentaron los primeros momentos de la crisis
financiera, iniciada en agosto de 2007, sin grandes dificultades,
gracias a haber practicado un modelo de banca tradicional y minorista
y a la labor supervisora del Banco de España, y a una buena posición
en términos de rentabilidad y eficiencia, volumen de provisiones
y niveles de capital.
No obstante, la persistencia de la crisis financiera junto
a la consiguiente grave crisis económica ha supuesto para el sistema bancario
español un entorno intensamente adverso que se ha traducido en menores
niveles de actividad, recortes de márgenes, dificultades para obtener
financiación en los mercados mayoristas y aumento de la morosidad,
con especial incidencia en los préstamos concedidos a los sectores
inmobiliario y construcción en los que el sistema bancario español
tiene una exposición relevante.
Las entidades españolas han reaccionado a este entorno
de dificultad conteniendo los costes operativos, intensificando
la captación de depósitos e intentando reforzar los recursos propios
de máxima calidad. No obstante, por lo que a las cajas de ahorros
se refiere, la crisis ha puesto de manifiesto, por una parte, un
exceso de capacidad y, por otra, la necesidad de una mayor flexibilidad
para captar recursos básicos de capital y para ajustar sus estructuras
operativas.
En este contexto, las cajas de ahorros han emprendido
un proceso de restructuración que afecta ya a tres cuartas partes
del sector y que derivará en una sustancial reducción del número
de entidades en el sector en beneficio de la eficiencia del mismo
y su solidez para el futuro. Una buena parte de estos procesos ha
contado con apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) y se han materializado a través de la creación de
Sistemas Institucionales de Protección (SIP). Es pues de urgente
necesidad fijar aspectos de la regulación de estos SIP, y, en especial,
su régimen fiscal, una vez que en el proceso de restructuración
se ha utilizado preferentemente esta vía.
Al margen de este proceso de reestructuración, las entidades
de crédito españolas deben estar preparadas para afrontar los retos
que se avecinan con la reforma del sistema financiero internacional
que requerirá más y mejor capital de las instituciones financieras.
Las entidades de crédito españolas pueden necesitar en el futuro
acudir a los mercados privados de capital para reforzar sus niveles
de capital. Para ello, es preciso llevar a cabo con urgencia una
reforma del marco jurídico de las cajas de ahorros, de modo que
se les faciliten diferentes alternativas de organización institucional,
todas ellas con acceso a los mercados en las mejores condiciones
posibles, y tratando de impulsar, especialmente, su capacidad para
atraer capital exterior.
En definitiva, resulta imprescindible reformar el modelo
de Cajas para garantizar su permanencia y las considerables ventajas que
aporta a nuestro sistema financiero. Se trata de introducir las
modificaciones imprescindibles para fortalecer a las Cajas de Ahorros,
al conjunto del sector financiero español y al conjunto de la economía
productiva facilitando el flujo de crédito. Como en otros países
de nuestro entorno europeo en los que el modelo de Cajas se ha flexibilizado,
la reforma aumentará la solidez y competitividad de nuestro sistema
financiero y generará una mayor contribución al conjunto de la sociedad.
Con ese objetivo reformista el Gobierno ha optado por
fortalecer el sector financiero español a través de dos líneas básicas: la
capitalización de las Cajas, facilitando su acceso a recursos de
máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito;
y la profesionalización de sus órganos de gobierno.
Siendo esas las dos líneas esenciales de la reforma el
Real Decreto-Ley se dirige, en primer lugar, a reforzar las posibilidades de
captación de recursos de las Cajas de Ahorros españolas. Las cuotas
participativas tal y como fueron reguladas en 2002 han mostrado
muchas limitaciones como instrumento atractivo para los inversores,
dada su escasa liquidez y la imposibilidad de atribuirles derechos
políticos. Tras la reforma, a los actuales derechos económicos de
los cuotapartícipes se les podrán añadir derechos políticos de manera
directamente proporcional al porcentaje que las cuotas supongan
sobre el patrimonio.
En segundo lugar, el Real Decreto-Ley lleva a cabo una
reforma de los aspectos del gobierno de las cajas más directamente relacionados
con su actividad en orden a impulsar la profesionalización de los
órganos de gobierno en línea con las demás entidades de crédito.
Adicionalmente, el Real Decreto-Ley lleva a cabo los ajustes
necesarios en la actual regulación para fortalecer a los actuales sistemas
institucionales de protección como instrumentos de la máxima eficiencia
y con el fin de que puedan acceder a la financiación más fácilmente,
de la misma manera que viene ocurriendo con tales sistemas en algunos
países de nuestro entorno europeo.
Por otro lado, la reforma introduce nuevas alternativas
que permiten fortalecer las cajas. La primera de ellas permite el
ejercicio de toda la actividad financiera de la caja mediante un
banco controlado por la caja al tener al menos el 50% de su capital. Una
segunda opción permite la transformación de la caja en una fundación
de carácter especial conservando la obra social y el traspaso de
todo su negocio financiero a un banco.
Finalmente, este Real Decreto-Ley prevé una reforma del
régimen fiscal para garantizar la neutralidad fiscal de los diferentes modelos
y una serie de medidas adicionales de solvencia para fortalecer
el conjunto de nuestro sector financiero.
II
Se dedica el Título I de la norma a la reforma de la regulación
vigente de las cuotas participativas. La regulación hasta ahora vigente,
se ha mostrado, en la práctica, incapaz de dotar a las cajas de
un instrumento eficaz de capitalización que lograse, de un lado,
acompañar el fuerte crecimiento del sector en los últimos años y,
de otro, financiar parte de las necesidades de capitalización más
recientes derivadas de la crisis económica y financiera.
No puede aplazarse, por tanto, la transformación del régimen
jurídico de las cuotas participativas. Se trata, de un lado, de hacerlas
más atractivas a los emisores y, sobre todo, a potenciales inversores
y, de otro, afianzar su consideración como recursos propios de máxima
calidad regulatoria.
A estos efectos se modifican diversos apartados del artículo
séptimo de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión,
Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios
Financieros. El nuevo régimen implica, esencialmente, la posible
incorporación a las cuotas de derechos políticos proporcionales
al porcentaje que las mismas suponen sobre el patrimonio de la caja,
con el límite máximo del 50% del citado patrimonio.
Además, mediante el nuevo régimen existirá un mayor incentivo
a la eficiencia de las cajas derivado de la transparencia que supone
la presencia de inversores en el capital y la referencia de valoración
de estos títulos en los mercados financieros.
Este nuevo régimen se configura en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley.
El apartado uno comienza por incluir la facultad de agregar
a las cuotas derechos de representación de los intereses de los cuotapartícipes
en los órganos de gobierno de las cajas. De este modo se reconoce
la emisión de cuotas con derechos políticos como una alternativa
voluntaria compatible con la emisión sin tales derechos.
Por su parte, el apartado dos del artículo da nueva redacción
al apartado 7 del artículo séptimo de la Ley 13/1985, de 25 de mayo,
de modo que se prevé la cotización en mercados secundarios como
una obligación para aquellas emisiones que se dirijan al público
en general. Al mismo tiempo, se suprime cualquier límite a la tenencia
de cuotas por una única persona o grupo, de manera que se flexibiliza
su adquisición.
Los cambios introducidos en el apartado 8 del artículo
séptimo (apartado tres del artículo 2) implican, esencialmente,
tres novedades. La primera se refiere al principio de libertad de
emisión de las cuotas sin que deba mediar autorización administrativa previa,
conforme a lo ya previsto en el artículo 25.1 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores. La segunda se refiere al
mecanismo mediante el que una caja debe retornar al cumplimiento
del límite del 5% de adquisición derivativa de sus propias cuotas,
en caso de incumplimiento. Y, finalmente, se prevé la no aplicación
de este límite y la provisión a la autocartera de cuotas para las
entidades centrales de un SIP al que pertenezca la propia caja emisora.
El apartado cuatro equipara el tratamiento de las cuotas
participativas en el caso de una fusión al que opera en los mismos casos
para las acciones de las sociedades anónimas, esto es, el canje
por cuotas de la entidad resultante de la fusión sin alterar el
valor económico de las mismas.
Finalmente, a la redacción del apartado 10 del artículo
séptimo de Ley 13/1985, de 25 de mayo, se le añade una previsión conforme
a la que se garantiza que la retribución de las cuotas no podrá
estar sujeta a ninguna autorización administrativa, salvo la que
le pueda corresponder al Banco de España en el ejercicio de sus
funciones. De este modo, en línea con el principio de flexibilidad
de pagos previsto en la normativa de solvencia, se garantiza la
desvinculación de la retribución de las cuotas de autorizaciones
administrativas diferentes de las que correspondan al Banco de España.
III
El Título II contiene la modificación de la Ley 31/1985,
de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores
de las Cajas de Ahorro (en adelante, LORCA), con el objetivo fundamental
de impulsar la profesionalización de los órganos de gobierno de
las cajas de ahorro e incluir los ajustes necesarios para incorporar
los derechos políticos de los cuotapartícipes en los mismos.
En cuanto a la profesionalización no cabe duda de que
la complejidad creciente de la actividad financiera ha alcanzado
también a las cajas de ahorro, tradicionalmente centradas en un
modelo de negocio más orientado al cliente minorista, y hace ya ineludible
la selección de los equipos gestores entre los mejores profesionales
de todas las áreas. Adicionalmente, conviene garantizar la dedicación
de los miembros de los órganos de gobierno en representación de
sus respectivos grupos y en beneficio exclusivo de los intereses
de la Caja y de su función social.
Este mismo objetivo se ha venido planteando en las últimas
modificaciones de la LORCA, fundamentalmente en la Ley 44/2002,
de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero
y en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. No obstante,
es necesario incorporarlo con más claridad en la regulación básica
estatal de los órganos de gobierno con medidas que garanticen su
cualificación y autonomía.
El Título se compone de un único artículo, 3, en virtud
del cual se producen múltiples modificaciones de la LORCA con la finalidad
que se detalla a continuación.
El apartado uno recoge como órganos de las cajas de ahorro
al Director General y a las diferentes Comisiones, entre las que se
incluyen novedosamente la de Retribuciones y Nombramientos (antes
de Retribuciones) y la de Obra Benéfico Social.
Se establecen, asimismo, las especificidades necesarias
para ajustar los órganos de gobierno y los mecanismos de representación
de intereses, a los casos en que las cajas desarrollen su actividad
de manera indirecta a través de una entidad bancaria. En este sentido,
se prevé expresamente que la caja de ahorros designará a sus representantes
en el Consejo de Administración de la entidad bancaria, valorando
a esos efectos la representación de los diferentes grupos en su
propio Consejo.
También se refuerza el concepto de honorabilidad comercial
y profesional excluyendo expresamente de tal condición, entre otros,
a los que tuvieran antecedentes penales por delito doloso o estuvieran
inhabilitados para ejercer cargos públicos o de dirección de entidades
financieras. Asimismo se afirma la incompatibilidad del ejercicio
del cargo de miembro del órgano de gobierno de una caja con el de
todo cargo político-electo y con el de alto cargo de las administraciones
públicas. Con estos preceptos se pretende dotar a los miembros de
los órganos de gobierno del máximo nivel de profesionalización y
dedicación a los intereses de la caja de ahorros.
En la misma línea opera el apartado dos. En su virtud
se prevé, de un lado, la limitación de la representación de las
Administraciones Públicas al 40% (desde el 50% anterior) y, de otro,
el requisito de que la posible participación de las comunidades
autónomas en los órganos de gobierno se lleve a cabo a través de
miembros designados exclusivamente por su Cámara legislativa y que,
al tiempo, gocen de reconocido prestigio y profesionalidad.
El apartado cuatro clarifica los requisitos exigibles
para los Consejeros Generales elegidos en representación del grupo
de los impositores. El cinco tiene como principal novedad la habilitación
para que los cargos en otras entidades de crédito que ejerzan tales
cargos en representación de la caja puedan ser nombrados Consejeros
Generales. Esta previsión trae causa de la necesidad de permitir
la compatibilidad de cargos ante supuestos en los que la caja opere
de manera indirecta a través de un banco o bien esté integrada en
un sistema institucional de protección.
El apartado seis aclara como se hace posteriormente para
los vocales del Consejo, el concepto de renovación total de la Asamblea
ampliándolo a aquellos supuestos en que, bajo la apariencia de renovaciones
parciales, se articule una renovación de tal magnitud que deba asimilarse
a la total. En este sentido se clarifica un precepto que había suscitado
cierta conflictividad constitucional.
Los apartados siete y ocho incluyen entre las funciones
de la Asamblea General que, por su especial trascendencia, requieren un
quórum y mayoría reforzados los supuestos de integración de cajas,
su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión
de desarrollar su actividad de manera indirecta.
Los apartados nueve a doce contienen un conjunto de modificaciones
referidas al Consejo de Administración. Algunas de ellas se justifican
en la necesidad de incluir entre sus miembros a los representantes
de los intereses de los cuotapartícipes que correspondan. Este es
el caso, por ejemplo, del incremento del número de miembros del
Consejo hasta un máximo de 20 y del carácter ilimitado del mandato
de los citados representantes.
También se produce un considerable refuerzo de la profesionalidad
de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de
control, exigiéndoseles (en el caso del Consejo a la mayoría de
sus miembros) un nivel de conocimientos y experiencia adecuados
para las funciones que van a desempañar. Este mismo nivel de cualificación
se extiende después al Director General en el apartado dieciocho.
En los siguientes apartados (catorce y quince) se incrementan
las exigencias de los miembros de la Comisión de Control. Como principal
novedad se suprime el representante elegido por la Comunidad Autónoma
de modo que, en coherencia con otras medidas similares de la norma,
se reducen posibles fuentes de injerencia directa en la gestión
y gobierno de las cajas.
El apartado dieciocho incorpora todo un nuevo Capítulo
IV a la Ley 31/1985 al objeto de reconocer y dotar de la máxima
seguridad jurídica a los derechos de representación de los cuotapartícipes
en los órganos de gobierno de la caja. En este sentido, de modo
paralelo a los derechos políticos reconocidos por la legislación
común de sociedades de capital se regulan los derechos de voto,
la asistencia a la Asamblea, la representación en el Consejo de
Administración y en la Comisión de Control, la impugnación de acuerdos
y el derecho general de información.
El apartado diecinueve modifica el 26 de la Ley 31/1985
en lo que se refiere al Director General estableciendo, sin carácter básico,
la edad de jubilación a los setenta años.
Los apartados veintiuno y veintidós añaden sendos Capítulos
a la norma referidos, respectivamente, a dos nuevas Comisiones:
la de Retribuciones y Nombramientos y la de Obra Social. La primera
supone la ampliación de la anterior Comisión de Retribuciones hacia
otras funciones relativas al control de los nombramientos. Estará
formada por cinco vocales del Consejo de Administración elegidos
por la Asamblea. La segunda, la Comisión de Obra Social, responde
a la necesidad de crear un órgano que vele por el correcto cumplimiento
de la obra benéfico-social, cualquiera que sea el modelo de actividad
de la caja. Estará integrada por los Consejeros Generales que nombre
la Asamblea y a ella pueden incorporarse representantes de las Comunidades
Autónomas en las que la caja tenga su sede social y en las que haya
captado al menos el 10% del total de sus depósitos.
El apartado veintitrés añade un Capítulo referido al Gobierno
Corporativo de las cajas de ahorro. El primero de sus artículos, el
31bis incorpora la publicación anual obligatoria del informe de
gobierno corporativo para todas las cajas de ahorro al objeto de reforzar
su transparencia y la disciplina de mercado. Por su parte el 31ter
incluye una referencia a los eventuales conflictos de interés entre
los miembros de los órganos de gobierno y los intereses de la caja.
Finalmente, el apartado veinticuatro modifica la anterior
regulación relativa a las fusiones de cajas de ahorros con la finalidad de
que éstas sólo puedan ser denegadas mediante resolución motivada
y sobre la base de requisitos objetivos previstos en la normativa
autonómica.
IV
El Título III incluye los ajustes referidos a los sistemas
institucionales de protección (SIP). Estos sistemas, regulados en
la Ley 13/1985, de 25 de mayo, ofrecen en la práctica una herramienta
eficaz para la agrupación de entidades de crédito, en general, y de
cajas de ahorro, en particular.
Con la nueva redacción se llevan a cabo los ajustes necesarios
para dotar de mayor consistencia y seguridad jurídica a los actuales
SIP. En este sentido, se refuerza aún más el compromiso de permanencia
y estabilidad de las entidades integradas. Con este propósito se
faculta al Banco de España a realizar una valoración previa al abandono
de una entidad, referida tanto a la viabilidad individual de la
misma, como al conjunto del sistema.
Por lo demás, se mantiene la regulación ya vigente para
el conjunto de entidades de crédito, sobre la base de la sólida
mutualización de resultados y solvencia, y la articulación del SIP
en torno a una entidad de crédito central que constituye una unidad de
decisión del conjunto.
Las novedades más significativas se refieren, por tanto,
a los SIP compuestos por cajas de ahorros. Para ellos, se establece que
la entidad central habrá de estar necesariamente participada por
las cajas integrantes en al menos un 50% de su accionariado y tener
naturaleza de sociedad anónima. De este modo se logra garantizar
que el conjunto de las cajas integradas mediante un SIP no desvirtúan
su naturaleza jurídica de manera indirecta al perder el control
de su entidad central. A estos mismos efectos, se señala también
que en aquellos casos en que las cajas integrantes del SIP pudieran
perder el mencionado control reforzado de la entidad central, las
cajas deberán transformarse en fundación de carácter especial y
ceder su negocio bancario.
V
En el Título IV se diseña un nuevo modelo organizativo
de las Cajas de Ahorro basado en una doble alternativa: el ejercicio indirecto
de la actividad financiera de la caja a través de una entidad bancaria
o la transformación de la misma en una fundación de carácter especial
traspasando su negocio a otra entidad de crédito.
El primer modelo se describe en el artículo 5 e implica
que la caja de ahorros, manteniendo su naturaleza jurídica, desarrolla su
actividad financiera a través de una entidad bancaria. Esta entidad,
que podrá utilizar en su denominación expresiones que la identifiquen
con la caja de la que depende, habrá de estar controlada en al menos
un 50% de los derechos de voto. De no ser así, la caja se vería
obligada a renunciar a su condición de entidad de crédito y transformarse
en fundación de carácter especial en los términos del artículo siguiente.
Este mismo ejercicio de actividad indirecta a través de
un banco también se le permitirá a aquellas cajas de ahorros que,
de forma concertada, ejerzan en exclusiva su actividad financiera
a través de la entidad central de un SIP.
Por su parte, el artículo 6 se refiere a la transformación
de las cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial a través de
la segregación de su actividad financiera y benéfico-social, traspasando
la primera a otra entidad de crédito a cambio de acciones y manteniendo
la segunda como actividad central de la propia fundación.
VI
El Título V recoge la normativa fiscal especial aplicable
a las entidades resultantes de los procesos de restructuración ya
iniciados, lo que justifica el carácter de urgencia de esta norma.
Además se recoge la normativa fiscal especial derivada de los nuevos
modelos jurídicos contemplados en este Real Decreto ley.
En materia del Impuesto sobre Sociedades se establece
la aplicación del régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII
del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo, para las transmisiones de activos y pasivos que se realicen
en el marco de esas reestructuraciones, lo cual permite, entre otros
efectos, diferir la tributación de las rentas que se pongan de manifiesto
en esas transmisiones por aplicación de dicho régimen fiscal especial,
aun cuando las operaciones realizadas no se correspondan con las
tipificadas en dicho régimen siempre que produzcan unos resultados
económicos equivalentes.
Igualmente se extiende el régimen de diferimiento en dicho
impuesto a las rentas que se generen en las transmisiones de activos
y pasivos realizadas en el marco del cumplimiento de los acuerdos
de un sistema institucional de protección, mediante el intercambio
de dichos activos o pasivos entre las entidades de crédito integrantes
de cada sistema institucional de protección, a condición de que
cada entidad adquirente valore, a efectos fiscales, los elementos
adquiridos por el mismo valor que estos últimos tuviesen en la entidad
transmitente con anterioridad a la realización de la transmisión,
teniéndose en cuenta dicha valoración para determinar las rentas
que los citados elementos puedan generar con posterioridad.
En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, al preverse en este Real Decreto-Ley
la aplicación del régimen fiscal especial establecido en el capítulo
VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten
en su normativa a dicho régimen fiscal, tanto a los procedimientos
de reestructuración financiera realizados mediante la constitución
de sistemas de protección integral, como a los gestionados por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, siempre que se produzcan
efectos económicos equivalentes a las reestructuraciones empresariales
expresamente reguladas en dicho capítulo, el mencionado régimen
especial también surtirá efectos con carácter general en relación
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Para reforzar la seguridad jurídica de las operaciones
de reestructuración, se establece la posibilidad de que se solicite
informe a la Dirección General de Tributos sobre el cumplimiento
de la equivalencia de los resultados económicos de las operaciones realizadas
respecto de las tipificadas en el capítulo VIII del título VII del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así como
sobre las consecuencias tributarias de dichas operaciones con el
objetivo de asegurar la neutralidad fiscal de las mismas.
Por otra parte, en materia del Impuesto sobre el Valor
Añadido y del Impuesto General Indirecto Canario, dado que el régimen especial
del grupo de entidades, en vigor desde el 1 de enero de 2008, no
resulta aplicable tal y como está definido en la actualidad a las
entidades que se estructuran en torno a la creación de un sistema
institucional de protección al no existir una relación de intercapitalización
que permita la formación del perímetro subjetivo del grupo, resulta
necesario para que este régimen sea de aplicación adaptar los requerimientos
legales que, a efectos de ambos tributos, permiten definir a la
entidad dominante y a sus dependientes en el seno del sistema, tarea
que aborda el presente Real Decreto-Ley, fijando asimismo los plazos
para la opción por el referido régimen especial.
También se realizan las modificaciones legales oportunas
para garantizar la neutralidad fiscal en el tratamiento tributario
de la Obra-Social con independencia del modelo de organización que
se adopte por las cajas de ahorros.
VII
Finalmente, el Título VI incluye, en línea con los trabajos
desarrollados en materia de solvencia a nivel internacional, nuevas exigencias
de liquidez y un límite al apalancamiento que habrán de desplegarse
completamente mediante el oportuno desarrollo posterior. También
se establece la posibilidad de aplicar estos nuevos requerimientos
en función de la capacidad de cada entidad de crédito para obtener
recursos propios básicos.
La parte final incluye una disposición adicional, ocho
transitorias, una derogatoria y dos finales. Concluye el Real Decreto-Ley con
una derogación normativa, los títulos competenciales y el carácter
básico y la entrada en vigor.
Por lo que se refiere a la disposición adicional se establece
que excepcionalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
podrá también adquirir títulos emitidos por entidades individuales
que aún siendo solventes y viables pudieran no ser suficientemente
resistentes en contextos significativamente mas adversos que el
actual lo que pudiera aconsejar un reforzamiento urgente de su capital
con objeto de incrementar la confianza del mercado en dichas entidades.
En todo caso, estas adquisiciones se condicionarán a la elaboración
de un plan de recapitalización cuyos objetivos, medidas y compromisos
deberán coincidir con los previstos en el artículo 9 del Real Decreto
Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento
de los recursos propios de las entidades de crédito, respecto de
los planes de integración a los que se refiere dicho artículo. El
citado plan deberá ser aprobado por el Banco de España, que valorará
especialmente la capacidad de la entidad para lograr los citados objetivos
sin necesidad de acometer un proceso de integración con otras entidades.
La adopción de estas medidas exige acudir al procedimiento
del Real Decreto-Ley, cumpliéndose los requisitos del artículo 86
de la Constitución Española en cuanto a su extraordinaria y urgente
necesidad.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida
en el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta de la
Ministra de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 9 de julio de 2010, dispongo:
Artículo 1. Objeto.-El objeto de este Real Decreto-Ley es la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorros. Mediante el mismo se modifica la normativa básica relativa a los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y el régimen jurídico de sus cuotas participativas. Asimismo, se adaptan determinados aspectos de los sistemas institucionales de protección integrados por cajas de ahorros, se diseña un nuevo régimen de ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas y se incluyen algunas disposiciones para reforzar la solvencia de las entidades de crédito.
TÍTULO I
Cuotas participativas de las cajas
de ahorros
Artículo 2. Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.-La Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 4 del artículo séptimo queda redactado
como sigue:
«4. Las cuotas participativas confieren
a sus titulares, en todo caso, los siguientes derechos:
a) Participación en el reparto del excedente
de libre disposición de la caja en la proporción que el volumen
de cuotas en circulación suponga sobre el patrimonio de la caja
más el volumen de cuotas en circulación. Se entiende por volumen
de cuotas en circulación la suma del Fondo de Participación y el
Fondo de Reserva de Cuotapartícipes y el Fondo de Estabilización de
las emisiones de cuotas participativas en circulación, y por patrimonio
el Fondo Fundacional, las reservas generales de la caja y el Fondo
para riesgos bancarios generales.
b) Suscripción preferente de cuotas participativas
en nuevas emisiones, sin perjuicio de su supresión en los términos legalmente
previstos.
c) Obtención de su valor liquidativo en
el caso de liquidación.
d) Canje de las cuotas en los términos previstos
en el apartado 9 de este artículo
e) Percepción de una retribución de carácter
variable con cargo a la parte del excedente de libre disposición
que les corresponda o, en su caso, al Fondo de Estabilización.
Adicionalmente, las cuotas participativas
podrán conferir a sus titulares la representación de sus intereses
en los órganos de gobierno de la entidad emisora, en los términos
previstos en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las
normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros.
Se entiende por valor liquidativo de cada
cuota la parte que corresponda a cada cuota del Fondo de Participación,
del Fondo de Reserva de Cuotapartícipes y del Fondo de Estabilización,
minorada o incrementada por la parte que le sea atribuible de la
pérdida o beneficio del balance de liquidación no distribuido anteriormente.
Se entiende por valor de mercado la media
de la cotización en mercado secundario de las últimas 30 sesiones
previas a la determinación del hecho que conlleva la operación de
amortización. Caso de no ser posible esta determinación, el valor vendrá
determinado por la valoración efectuada por un auditor independiente
elegido por sorteo de entre los auditores de cuentas y sociedades
de auditoría inscritos como ejercientes en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas, que hayan auditado entidades de crédito excluyendo
al propio auditor de cuentas de la Caja.»
Dos. El apartado 7 del artículo séptimo queda redactado
como sigue:
«7. Las cuotas participativas cotizarán
necesariamente en mercados secundarios organizados siempre y cuando
su emisión se dirija al público en general. Siempre que coticen
en tales mercados resultarán de aplicación las obligaciones previstas
en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores para los
accionistas y emisores de acciones. Asimismo, será de aplicación
a los titulares de cuotas participativas el régimen de control de
participaciones significativas en entidades de crédito previsto
en el Título VI de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina
e Intervención de las Entidades de Crédito.
No será de aplicación a las cuotas participativas
el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.»
Tres. El apartado 8 del artículo séptimo queda redactado
como sigue:
«8. El órgano competente para acordar cada
emisión de cuotas participativas será la Asamblea General, que podrá
delegar esta competencia en el Consejo de Administración de la Caja.
La citada competencia se entenderá delegada, en todo caso, en los
administradores provisionales designados por el Banco de España
al amparo de lo dispuesto en el Título III de la Ley 26/1988, de
29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito. Conforme al artículo 25.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, la emisión de cuotas participativas no requerirá
autorización administrativa previa.
Estará prohibida la adquisición originaria
de cuotas participativas por parte de la Caja o su grupo económico.
No obstante, sí se podrá realizar una adquisición derivativa, siempre
que el valor nominal de las cuotas que obren en poder de la entidad o
su grupo económico no exceda del 5 por 100 de las cuotas totales
en circulación. En caso de superar dicho límite, la Caja deberá
proceder a la enajenación o amortización del exceso en el plazo
máximo de tres meses aplicando en lo restante lo establecido en
el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.».
La prohibición y el límite a los que se refiere este párrafo no
serán, sin embargo, de aplicación cuando las cuotas participativas
sean adquiridas por la entidad central del sistema institucional
de protección al que pertenezca la caja emisora.»
Cuatro. El apartado 9 del artículo séptimo queda redactado
como sigue:
«9. En los casos de fusión, las cuotas participativas
de las cajas que se extingan se canjearán por cuotas de la caja resultante
de la fusión, de forma que el valor económico de sus derechos no
sufra alteración.»
Cinco. El apartado 10 del artículo séptimo queda redactado
como sigue:
«10 El excedente de libre disposición que,
de acuerdo con el apartado 4, corresponda a las cuotas participativas
se distribuirá entre los siguientes destinos:
a) Fondo de Reserva de los Cuotapartícipes.
b) Retribución efectiva de los Cuotapartícipes.
c) Fondo de Estabilización, en su caso.
La retribución anual de las cuotas y su
distribución deberá ser aprobada por la Asamblea General, quien
tendrá en cuenta el coeficiente de solvencia de la Caja a la hora
de realizar tal distribución. Sin perjuicio de las atribuciones
del Banco de España, dicha distribución no requerirá ninguna autorización
administrativa en el ámbito de la ordenación del crédito.
Cuando la Caja de Ahorros o grupo consolidado
al que pertenezca presente un déficit de recursos propios sobre
el mínimo legalmente exigido, se destinará al Fondo de Reserva de
Cuotapartícipes el 100% del excedente anual correspondiente a las cuotas
y la retribución de los cuotapartícipes con cargo al Fondo de Estabilización
requerirá previa autorización del Banco de España.»
TÍTULO II
Órganos de gobierno de las Cajas
de ahorros
Artículo 3. Modificación de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro.-La Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:
«Uno. La administración, gestión, representación
y control de las cajas de ahorros corresponde a los siguientes órganos de
gobierno:
a) Asamblea General.
b) Consejo de Administración.
c) Comisión de Control.
Adicionalmente, serán órganos de las cajas
de ahorros el Director General y las Comisiones de Inversiones,
Retribuciones y Nombramientos y Obra Benéfico Social.
A las cajas de ahorros que desarrollen su
actividad indirectamente de acuerdo con lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, les serán de aplicación
las siguientes especialidades:
a) Los órganos de gobierno de la caja serán,
exclusivamente, la Asamblea General, el Consejo de Administración
y la Comisión de Control.
b) La representación de los intereses colectivos
de los impositores, de las corporaciones locales que no tuviesen
la condición de entidad fundadora de la caja y de los trabajadores
en sus órganos de gobierno se establecerá de la siguiente manera:
i) La representación de las corporaciones
municipales se llevará a cabo sobre la base de aquellas en cuyo
término tenga abierta oficina la entidad bancaria a través de la
que la caja de ahorros desarrolle su actividad financiera.
ii) La representación de los grupos de impositores
y trabajadores se llevará a cabo sobre la base de los correspondientes colectivos
de la entidad bancaria a través de la que la caja de ahorros desarrolle
su actividad financiera. La representación de los trabajadores en
los órganos de gobierno incluirá así mismo a los empleados de la
caja de ahorros.
La caja de ahorros designará a sus representantes
en el Consejo de Administración de la entidad bancaria a través
de la cual realice su actividad teniendo en cuenta la representación
de los grupos en su Consejo de Administración.
Dos. Los componentes de los órganos de gobierno
ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses
de la caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su función social,
debiendo reunir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8,
los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que determinen
las normas de desarrollo de esta ley.
En cualquier caso, se entenderá que concurre
honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una
trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras
que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así
como las buenas prácticas comerciales y financieras.
En todo caso, se entenderá que carecen de
tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan
antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para
ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades
financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de
9 de julio, concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados
y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores
a la entrada en vigor de la referida ley.
Tres. El ejercicio del cargo de miembro
de los órganos de gobierno de una caja de ahorros será incompatible
con el de todo cargo político electo.
Será igualmente incompatible con el de alto
cargo de la Administración General del Estado, la Administración
de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, así como
de las entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas
o dependientes de aquéllas.
Tal incompatibilidad se extenderá durante
los dos años siguientes a la fecha del cese de los altos cargos
a los que se refiere el párrafo anterior, cuando se den cualquiera
de los siguientes supuestos de hecho:
a) Que los altos cargos, sus superiores
a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes,
por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación
con cajas de ahorros.
b) Que hubieran intervenido en sesiones
de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo
o resolución en relación con cajas de ahorros.»
Dos. El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Uno. La representación de los intereses
colectivos en la Asamblea General se llevará a efecto mediante la
participación de los grupos siguientes:
a) Las Corporaciones Municipales en cuyo
término tengan abierta oficina la entidad.
b) Los impositores de la caja de ahorros.
c) Las personas o entidades fundadoras de
la caja. Las personas o entidades fundadoras de las cajas podrán
asignar una parte de su representación a Corporaciones Locales que,
a su vez, no sean fundadoras de otras cajas de ahorros en su ámbito
de actuación.
d) Los empleados de la caja de ahorros.
e) Entidades representativas de intereses
colectivos en el ámbito de actuación de una caja o de reconocido
arraigo en el mismo.
En su caso, la participación de las comunidades
autónomas se llevará a cabo a través de miembros designados por
la Asamblea autonómica que posean reconocido prestigio y profesionalidad.
Dos. El número de miembros de la Asamblea
General será fijado por los estatutos de cada caja de ahorros en
función de su dimensión económica entre un mínimo de 60 y un máximo
de 160.
Sin perjuicio de la representación atribuida
a los cuotapartícipes con arreglo a lo previsto en el Capítulo IV,
los demás miembros de la Asamblea general ostentarán la denominación
de Consejeros generales.
Tres. La representación de las Administraciones
públicas y entidades y corporaciones de derecho público en los órganos
de gobierno de las cajas no podrá superar en su conjunto el 40%
del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos,
teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones.
A los efectos de su representación en los
órganos rectores de las cajas de ahorros, el porcentaje de representación
asignado al grupo de impositores oscilará entre un mínimo del 25%
y un máximo del 50% del total de los derechos de voto en cada uno
de los órganos de gobierno.
El porcentaje de representación del grupo
de empleados oscilará entre un mínimo de un 5% y un máximo de un
15% de los derechos de voto en cada órgano.
El porcentaje de representación de las entidades
representativas de intereses colectivos será como máximo del 10%
de los derechos de voto en cada órgano.
Cuando las cajas de ahorros tengan abiertas
oficinas en más de una Comunidad Autónoma, la representación en
la Asamblea General de los distintos grupos, con excepción de los
que, en su caso, representen a las Comunidades Autónomas y los previstos
en el apartado 1 c) y d) del presente artículo, deberá ser, en observancia
del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos
entre las diferentes Comunidades Autónomas en que tengan abiertas
oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.
El límite de representación de las administraciones
públicas, así como los porcentajes de representación por grupos
previstos en este apartado, deberán cumplirse respecto de los derechos
de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan correspondido,
en su caso, a los cuotapartícipes conforme a lo previsto en el capítulo
IV de esta ley.
La legislación de desarrollo se ajustará
en todo caso a lo establecido en este artículo.
Cuatro. Presidirá la Asamblea General el
Presidente del Consejo de Administración, y actuarán de Vicepresidente
o Vicepresidentes, en su caso, quienes lo sean del Consejo, cuyo
Secretario ejercerá las correspondientes funciones también en ambos
órganos.
En ausencia del Presidente y Vicepresidentes,
la Asamblea nombrará a uno de sus miembros Presidente en funciones, para
dirigir la sesión de que se trate.»
Tres. El artículo 3 queda redactado como sigue:
«Uno. Los Consejeros generales representantes
de Corporaciones Municipales en cuyo término tenga abierta oficina
la entidad serán designados directamente por las propias Corporaciones,
de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora.
Dos. Las Corporaciones Locales que sean
fundadoras de Cajas de Ahorro que operen total o parcialmente en
el mismo ámbito de actuación que otra Caja no podrán nombrar representantes
en esta última.»
Cuatro. El artículo 7 queda redactado como sigue:
«Los Consejeros Generales deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Ser persona física, con residencia habitual
en la región o zona de actividad de la Caja.
b) Ser mayor de edad y no estar incapacitado.
c) Estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones que hubieran contraído con la caja de ahorros
por sí mismos o en representación de otras personas o entidades.
d) No estar incurso en las incompatibilidades
reguladas en el artículo 8.
Adicionalmente, en el caso de ser elegido
en representación del grupo de los impositores, los consejeros deberán
tener la condición de impositor de la Caja de Ahorros a que se refiera
la designación con una antigüedad superior a dos años en el momento
de la elección. Así mismo, deberán tener un movimiento o un saldo
medio en cuentas no inferior a lo que se determine en las normas
que desarrollen la presente ley.»
Cinco. El artículo 8 queda redactado como sigue:
«No podrán ostentar el cargo de compromisario
o Consejero General:
a) Los quebrados y los concursados no rehabilitados,
los condenados a penas que lleven anejas la inhabilitación para el
ejercicio de cargos públicos y los que hubieran sido sancionados
por infracciones graves.
A estos efectos, se considerarán infracciones
graves aquellas que el ordenamiento jurídico las confiera expresamente
tal carácter y hayan sido apreciadas por los tribunales y organismos
administrativos competentes.
b) Los Presidentes, Consejeros, administradores,
directores, gerentes, asesores o asimilados de otra entidad de crédito o
de corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o garanticen
instituciones o establecimientos de crédito o financieros, o las
personas al servicio de la Administración del Estado o las Comunidades
Autónomas con funciones a su cargo que se relacionen directamente
con las actividades propias de las cajas de ahorros. Se exceptúa
de lo previsto en el presente apartado a quienes ostenten cargos
en otras entidades de crédito en representación de la caja o promovidos
por ella.
c) Los que estén ligados a la caja de ahorros
o a sociedad en cuyo capital participen aquellos en la forma en
que se determine en las normas de desarrollo de esta ley, por contratos
de obras, servicios, suministros o trabajos retribuidos por el período
en el que ostenten tal condición y dos años después, como mínimo,
contados a partir del cese de tal relación, salvo la relación laboral
de los empleados de la caja.
d) Los que, por sí mismos o en representación
de otras personas o entidades:
i) Mantuviesen, en el momento de ser elegidos
los cargos, deudas vencidas y exigibles de cualquier clase frente
a la entidad.
ii) Durante el ejercicio del cargo de Consejero
hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones contraídas con
la caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas
de cualquier clase frente a la entidad.»
Seis. El artículo 9 queda redactado como sigue:
«Uno. Los Consejeros Generales serán nombrados
por un período que será el señalado en los Estatutos, sin que pueda ser
inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante, los Estatutos,
de conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de
esta Ley, podrán prever la posibilidad de reelección por otro período
igual, si continuasen cumpliendo los requisitos establecidos en
el artículo 7 y de acuerdo con lo señalado en el apartado tres.
El cómputo del período de reelección será aplicado aun cuando entre
el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido varios años.
La duración del mandato no podrá superar
los doce años, sea cual sea la representación que ostente. Cumplido
el mandato de doce años de forma continuada o interrumpida, y transcurridos
ocho años desde dicha fecha, podrá volver a ser elegido en las condiciones
establecidas en la presente Ley.
Dos. La renovación de los Consejeros generales
no podrá suponer una renovación total o una renovación parcial que pueda
asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad
temporal entre renovaciones y se efectuará, en todo caso, respetando
la proporcionalidad de las representaciones que componen la Asamblea
general.
Tres. El procedimiento y condiciones para
la renovación, la reelección y provisión de vacantes de Consejeros
generales se determinará en las normas que desarrollen la presente
ley.»
Siete. El artículo 11 queda redactado como sigue:
«Sin perjuicio de las facultades generales
de gobierno, competen de forma especial a la Asamblea general las
siguientes funciones:
a) El nombramiento de los vocales del Consejo
de Administración y de los miembros de la Comisión de Control de
su competencia, así como la adopción de los acuerdos de separación
del cargo que correspondan de conformidad con lo establecido en
el artículo 18.
b) La aprobación y modificación de los Estatutos
y Reglamento.
c) La disolución y liquidación de la entidad,
su fusión o integración con otras, su transformación en una fundación
de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de
manera indirecta conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley 11/2010,
de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen
jurídico de las Cajas de Ahorros.
d) Definir anualmente las líneas generales
del Plan de actuación de la entidad, para que pueda servir de base
a la labor del Consejo de administración y de la Comisión de control.
e) La aprobación, en su caso, de la gestión
del Consejo de administración, memoria, balance anual y cuenta de
resultados, así como de la aplicación de estos a los fines propios
de la caja de ahorros.
f) La creación y disolución de obras benéfico-sociales,
así como la aprobación de sus presupuestos anuales y de la gestión
y liquidación de los mismos.
g) Cualesquiera otros asuntos que se sometan
a su consideración por los órganos facultados al efecto.»
Ocho. El artículo 12 queda redactado como sigue:
«Uno. Las Asambleas Generales podrán ser
ordinarias o extraordinarias.
Las Asambleas ordinarias se celebrarán dos
veces al año, dentro de cada semestre natural, respectivamente.
Las Asambleas extraordinarias se celebrarán
tantas veces cuantas sean expresamente convocadas, pero sólo podrá
tratarse en ellas del objeto para el cual hayan sido reunidas.
La convocatoria de la Asamblea general se
hará por el Consejo de Administración y se publicará en el "Boletín
Oficial del Estado" y en el de la Comunidad Autónoma donde
radique la sede social de la Caja, así como en los periódicos de
mayor circulación del mismo territorio, con quince días, al menos,
de antelación. La convocatoria expresará la fecha, lugar y orden del
día, así como la fecha y hora de reunión en segunda convocatoria.
La Asamblea general quedará válidamente
constituida en primera convocatoria cuando los Consejeros generales
presentes y, en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados
posean, al menos, el cincuenta por ciento de los derechos de voto.
La constitución en segunda convocatoria será válida cualquiera que
sea el número de asistentes. Los Consejeros generales no podrán
estar representados por otro Consejero o por tercera persona, sea
física o jurídica.
Dos. Los acuerdos de la Asamblea General
se adoptarán como regla general por mayoría simple. La aprobación
y modificación de los Estatutos y el Reglamento de la Caja, la disolución
y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras entidades,
su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión
de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto
en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno
y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, requerirán
en todo caso la asistencia de Consejeros generales y, en su caso,
cuotapartícipes, que representen la mayoría de los derechos de voto.
Será necesario, además, el voto favorable de, como mínimo, dos tercios
de los derechos de voto de los asistentes.
Sin perjuicio de lo previsto en el Capítulo
IV de este Título, cada Consejero general tendrá derecho a un voto,
otorgándose a quien presida la reunión voto de calidad. Los acuerdos
válidamente adoptados obligan a todos los Consejeros generales, incluidos
los disidentes y ausentes.
Asistirá a las Asambleas generales con voz,
pero sin voto, el Director General de la Entidad.
Tres. Las demás condiciones de convocatoria
y funcionamiento de las Asambleas generales se determinarán en las
normas que desarrollen la presente ley.»
Nueve. El artículo 13 queda redactado como sigue:
«Uno. El Consejo de Administración es el
órgano que tiene encomendada la administración y gestión financiera,
así como la de la obra benéfico social de la caja de ahorros, para
el cumplimiento de sus fines.
El Consejo de Administración deberá establecer
normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar
que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones
y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con
las normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito
y las restantes disposiciones que sean de aplicación a las cajas
de ahorros.
Dos. El número de vocales del Consejo de
Administración no podrá ser inferior a trece ni superior a diecisiete,
debiendo existir en el mismo representantes de corporaciones municipales,
impositores, personas o entidades fundadoras y personal de la caja
de ahorros.
Cuando la caja de ahorros mantenga cuotas
participativas en circulación, los límites anteriores podrán ser
rebasados, sin que, en ningún caso el Consejo de Administración
pueda tener más de 20 vocales. A efectos de cumplir con el límite
anterior, la representación de los intereses colectivos en el Consejo
de Administración se disminuirá proporcionalmente, si fuera necesario,
para respetar la representación de los intereses de los cuotapartícipes.
De manera transitoria, en tanto se produce
la siguiente renovación de los órganos de gobierno, el número de
miembros del Consejo de administración podrá superar hasta en un
10% el límite máximo previsto en el párrafo anterior.
Tres. En el caso de cese o revocación de
un Vocal antes del término de su mandato, será sustituido durante
el período restante por el correspondiente suplente. Por cada grupo
de representación serán nombrados, a estos solos efectos, tantos suplentes
como Vocales y por igual procedimiento que éstos.»
Diez. El artículo 14 queda redactado como sigue:
«Uno. Sin perjuicio de lo previsto en el
apartado dos de este artículo, la representación de los intereses
colectivos en el Consejo de Administración se llevará a efecto mediante
la participación de los mismos grupos y con igual proporción y características
que las establecidas en el artículo 2.3 para los miembros de la
Asamblea general, con las siguientes peculiaridades:
a) El nombramiento de los Consejeros de
administración representantes de las Corporaciones municipales que
no tengan la condición de Entidad pública fundadora de la caja de
ahorros se efectuará por la Asamblea general a propuesta de los Consejeros
generales representantes de estas Corporaciones.
Podrán proponer candidatos un número de
Consejeros generales representantes de este grupo no inferior a
la décima parte del total del mismo.
La designación podrá recaer entre los propios
Consejeros generales de representación de Corporaciones municipales
o de terceras personas.
b) El nombramiento de los miembros representantes
de los impositores se efectuará por la Asamblea General y de entre los
mismos.
No obstante, se podrá designar hasta un
máximo de dos personas que reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad y
no sean Consejeros Generales.
c) El nombramiento de los miembros representantes
de los empleados de la caja de ahorros se efectuará por la Asamblea
general a propuesta de los Consejeros generales de este grupo y
de entre los mismos.
d) El nombramiento de los miembros representantes
de las personas o Entidades fundadoras se efectuará por la Asamblea
general a propuesta de los Consejeros generales de este grupo de
entre los mismos.
Dos. En el caso de que la caja de ahorros
mantenga cuotas participativas en circulación, junto con los intereses
anteriores, estarán representados en el Consejo de Administración
los intereses de los cuotapartícipes de conformidad con lo previsto
en el Capítulo IV de este Título.»
Once. El artículo 15 queda redactado como sigue:
«Uno. Los vocales del Consejo de Administración
deberán reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 7
respecto de los Consejeros Generales, y ser menores de setenta años
en el momento de la toma de posesión, salvo que la legislación de
desarrollo de la presente Ley establezca un límite de edad distinto.
Dos. Al menos la mayoría de los vocales
del Consejo de Administración deberán poseer, los conocimientos
y experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones.
Se considera que poseen conocimientos y
experiencia específicos para ejercer sus funciones en el Consejo
de Administración de una caja de ahorros quienes hayan desempeñado,
durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración,
dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones
de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas
de, al menos, análoga dimensión.»
Doce. El artículo 17 queda redactado como sigue:
«Uno. La duración del ejercicio del cargo
de vocal del Consejo de Administración será la señalada en los Estatutos,
sin que pueda ser inferior a cuatro años ni superior a seis. No
obstante, los Estatutos podrán prever la posibilidad de reelección, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de esta
Ley, siempre que se cumplan las mismas condiciones, requisitos y
trámites que en el nombramiento.
El cómputo de este período de reelección
será aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan
transcurrido varios años.
La duración del mandato no podrá superar
los doce años, salvo en los casos de los vocales designados por
titulares de cuotas participativas, para los que no habrá límite
máximo.
Cumplido el mandato de doce años de forma
continuada o interrumpida, y transcurridos ocho años desde dicha
fecha, podrá volver a ser elegido en las condiciones establecidas
en la presente ley.
Dos. La renovación de los vocales del Consejo
de administración no podrá suponer una renovación total del Consejo
o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el
porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones.
En todo caso, habrá de respetarse la proporcionalidad de las representaciones
que componen dicho Consejo.
Tres. El procedimiento y condiciones para
la renovación, la reelección y provisión de vacantes de Consejeros
de administración se determinará en las normas que desarrollen la
presente Ley, sin que puedan efectuarse nombramientos provisionales.
En todo caso, el nombramiento y la reelección
de vocales habrá de comunicarse al Ministerio de Economía y Hacienda, a
través del Banco de España, o a la Comunidad Autónoma, según proceda,
para su conocimiento y constancia.»
Trece. Se suprime el artículo 20.bis.
Catorce. El artículo 22 queda redactado como sigue:
«Uno. Los miembros de la Comisión de Control
serán elegidos por la Asamblea General de entre los Consejeros Generales
que reuniendo los conocimientos y experiencia adecuados a los que
se refiere el artículo 15.2, no ostenten la condición de vocales
del Consejo de Administración. En la Comisión de Control deberán
existir representantes de los mismos grupos o sectores que compongan
el Consejo de Administración, en idéntica proporción.
En caso de que la caja de ahorros mantenga
cuotas participativas en circulación, en la Comisión de Control
existirán representantes de los cuotapartícipes, en idéntica proporción
que en la Asamblea General.
La presentación de candidaturas se efectuará
conforme a lo dispuesto para los vocales del Consejo de Administración.
Dos. Cuando se produzca el cese o revocación
de un vocal antes del término de su mandato, será sustituido durante
el período remanente por su correspondiente suplente. Por cada grupo
de representación y a los solos efectos indicados en este apartado,
serán nombrados tantos suplentes como vocales y por igual procedimiento
que estos.
Tres. La Comisión de control nombrará de
entre sus miembros al Presidente.
Cuatro. Siempre que la Comisión de control
así lo requiera, el Director general asistirá a las reuniones con
voz y sin voto.»
Quince. El artículo 23 queda redactado como sigue:
«Los comisionados deberán reunir los mismos
requisitos y tendrán las mismas incompatibilidades y limitaciones
que los vocales del Consejo de administración.»
Dieciséis. Se añade un número 9.ª al artículo 24.uno con
la siguiente redacción:
«9.ª En su caso, las previstas en la disposición
adicional decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, salvo cuando las hubiese asumido un Comité de Auditoría
creado al efecto.»
Diecisiete. El artículo 25 queda redactado como sigue:
«El ejercicio de las funciones de los miembros
de los Órganos de Gobierno de las cajas de ahorros diferentes de
las de consejeros generales de la Asamblea podrá ser retribuido.
Corresponderá a la Asamblea General la determinación de dicha remuneración.»
Dieciocho. Se añade en el Título I el siguiente Capítulo
IV:
«CAPÍTULO IV
Derechos de representación de
los cuotapartícipes
Artículo
25 bis. Derechos de representación de los cuotapartícipes en la
Asamblea General.-Uno. En caso de que una
caja de ahorros emita cuotas participativas, los cuotapartícipes
dispondrán en la Asamblea General de un número de votos proporcional
al porcentaje que supongan sus cuotas participativas sobre el patrimonio
neto total de la caja, que se computará tanto a efectos de adopción
de acuerdos, como de quórum de asistencia para la válida constitución
de la Asamblea General.
Los porcentajes de representación por grupos
deberán cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes,
una vez deducidos del total los que hayan de corresponder a los
cuotapartícipes.
Dos. Los cuotapartícipes tendrán derecho
a asistir a las Asambleas Generales que celebre la caja de ahorros
emisora y a votar para formar la voluntad necesaria para la válida
adopción de acuerdos en los términos previstos en esta ley.
Los estatutos podrán exigir la posesión
de un número mínimo de cuotas para asistir a la Asamblea General,
sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al
uno por mil del total de cuotas emitidas con derechos de representación que
se encuentren en circulación.
Para el ejercicio del derecho de asistencia
y de voto en las asambleas generales será lícita la agrupación de
cuotas.
Todo cuotapartícipe que tenga derecho de
asistencia podrá hacerse representar en la Asamblea General por
medio de otra persona, aunque ésta no sea titular de cuotas participativas.
Los estatutos podrán limitar esta facultad. A estos efectos, será
de aplicación supletoria, en tanto no se oponga a lo previsto en
esta ley, la normativa reguladora de la representación de los accionistas
en las sociedades anónimas.
Tres. Sin perjuicio de lo previsto en el
apartado anterior, la participación de los cuotapartícipes en la
Asamblea General no afectará al número de Consejeros Generales que,
de acuerdo con la normativa vigente, corresponda a los distintos
grupos representativos de intereses colectivos.
Cuatro. Los derechos políticos derivados
de la suscripción de cuotas participativas por entidades públicas
computarán a los efectos del cálculo de los límites a la representación
de las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho
público, previstos en el artículo 2.tres.
Artículo
25 ter. Derechos de representación de los cuotapartícipes en el
Consejo de Administración.-Uno. Los cuotapartícipes
podrán proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros
del Consejo de Administración.
A estos efectos, con carácter simultáneo
a cada emisión, se modificarán los Estatutos de la entidad para
incorporar al Consejo de Administración el número de vocales que
sea necesario para que, en la nueva composición, el porcentaje de
vocales propuestos por los cuotapartícipes sea igual al porcentaje
que el volumen de cuotas a emitir suponga sobre el patrimonio de la
caja.
Dos. Las cuotas que voluntariamente se agrupen
hasta constituir un porcentaje del total de cuotas emitidas en circulación
igual o superior al que resulte de dividir el valor total de cuotas
emitidas en circulación por el número de vocales del Consejo de
Administración cuya propuesta corresponde a los cuotapartícipes,
tendrán derecho a designar los que, superando fracciones enteras,
se deduzcan de la correspondiente proporción. En el caso de que
se haga uso de esta facultad, los titulares de cuotas así agrupadas
no intervendrán en la votación de los restantes vocales del Consejo
de Administración.
Tres. La designación de vocales del Consejo
de Administración por los cuotapartícipes podrá recaer sobre cuotapartícipes
o sobre terceras personas. En todo caso, las personas designadas
deberán reunir los adecuados requisitos de profesionalidad y honorabilidad.
A efectos de su elegibilidad, no serán de aplicación las causas
de incompatibilidad establecidas en los apartados b) y c) del artículo
8.
Artículo
25 quáter. Derechos de representación de los cuotapartícipes en
la Comisión de Control.-Los cuotapartícipes
podrán proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros
de la Comisión de Control de la entidad emisora y tendrán derecho
a su designación con arreglo a las mismas reglas establecidas para
los vocales del Consejo de Administración.
Artículo
25 quinquies. Derecho a impugnar los acuerdos adoptados por la Asamblea
General o por el Consejo de Administración.-Los
cuotapartícipes tendrán derecho a impugnar los acuerdos adoptados
por la Asamblea General o por el Consejo de Administración de la
entidad emisora en los mismos términos y condiciones que los accionistas
respecto de los acuerdos sociales de las Juntas y del órgano de
administración de la sociedad anónima de la que son socios.
A estos efectos, será de aplicación supletoria,
en tanto no se oponga a lo previsto en esta ley, la normativa reguladora
de la impugnación de acuerdos en las sociedades anónimas.
Artículo
25 sexies. Derecho de información.-Los titulares
de cuotas participativas en, al menos, un porcentaje del total de
cuotas emitidas en circulación igual o superior al 5% podrán solicitar
de la entidad informaciones o aclaraciones, o formular preguntas
por escrito acerca de cualesquiera asuntos que sean de su interés
y la entidad estará obligada a facilitársela, salvo que perjudique
los intereses de la caja de ahorros o el cumplimiento de su función
social.»
Diecinueve. El artículo 26 queda redactado como sigue:
«Uno. El Director general o asimilado será
designado por el Consejo de Administración de la caja entre personas
con capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para
desarrollar las funciones propias de este cargo. La Asamblea General,
convocada al efecto, habrá de confirmar el nombramiento.
Se considera que posee preparación técnica
y experiencia adecuadas para ejercer sus funciones como Director
General de una caja de ahorros quien haya desempeñado, durante un
plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección,
control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de
similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de,
al menos, análoga dimensión.
Dos. El Director general o asimilado cesará
por jubilación a la edad de setenta años. Podrá, además, ser removido
de su cargo:
a) Por acuerdo del Consejo de Administración
del que se dará traslado al órgano de la Administración Central
o de la Comunidad Autónoma, según proceda, para su conocimiento.
b) En virtud de expediente disciplinario
instruido por el Banco de España o la Comunidad Autónoma. En el
primer caso, junto con el expediente se elevará propuesta de resolución
a la autoridad competente.»
Veinte. El artículo 27 queda redactado como sigue:
«El ejercicio del cargo de Director general
o asimilado y el de Presidente del Consejo de Administración de
una caja de ahorros requiere dedicación exclusiva y será, por tanto,
incompatible con cualquier actividad retribuida tanto de carácter
público como privado, salvo la administración del propio patrimonio
y aquellas actividades que ejerza en representación de la caja.
En este último caso los ingresos que obtengan, distintos a dietas
de asistencia a Consejos de Administración o similares, deberán
cederse a la caja por cuya cuenta realiza dicha actividad o representación.»
Veintiuno. Se añade en el Título II el siguiente Capítulo
II:
«CAPÍTULO II
Comisión de Retribuciones
y Nombramientos
Artículo
27 bis. Comisión de Retribuciones y Nombramientos.-Uno. El
Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros constituirá en
su seno una Comisión de Retribuciones y Nombramientos que tendrá
las siguientes funciones:
a) informar la política general de retribuciones
e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y de
la Comisión de Control y personal directivo y velar por la observancia
de dicha política.
b) garantizar el cumplimiento de los requisitos
previstos en la presente ley para el ejercicio del cargo de miembro
del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, así como
para los previstos en el caso del Director General.
Dos. La Comisión estará formada por un máximo
de cinco personas, elegidas por la Asamblea General de entre los
Consejeros Generales que ostenten la condición de vocales del Consejo
de Administración.
Tres. El régimen de funcionamiento de la
Comisión de Retribuciones y Nombramientos será establecido por los
Estatutos de la caja y su propio reglamento interno, que podrán
atribuir las funciones previstas en las letras a) y b) del apartado
uno a una Comisión de Retribuciones y otra de Nombramientos respectivamente,
a las que les resultará de aplicación el presente artículo, salvo
en lo relativo a su número de miembros que será en ese caso de tres
para cada una de ellas.»
Veintidós. Se añade en el Título II el siguiente Capítulo
III:
«CAPÍTULO III
Comisión de Obra Social
Artículo
27 ter. Comisión de Obra Social.-Uno. Para
garantizar el cumplimiento de la obra benéfico-social de la caja
de ahorros se creará una Comisión de Obra Social.
Dos. La Comisión estará integrada por los
Consejeros Generales que nombre la Asamblea General sin tener en
cuenta los derechos de voto de los cuotapartícipes, si los hubiere.
Podrá formar parte de la Comisión de Obra
Social, un representante de la Comunidad Autónoma donde la caja
tenga su domicilio social y otro representante de cada Comunidad
Autónoma en que la caja de ahorros haya captado más de un 10% del
total de sus depósitos.»
Veintitrés. Se añade el siguiente Título IV:
«TÍTULO IV
Gobierno corporativo
Artículo
31 bis. Informe de gobierno corporativo.-Uno. Las
cajas de ahorros deberán hacer público con carácter anual un informe
de gobierno corporativo. El informe anual de gobierno corporativo
será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, acompañando copia del documento en que conste. La Comisión
Nacional del Mercado de Valores remitirá copia del informe comunicado
al Banco de España y a los órganos competentes de las comunidades
autónomas.
Para las cajas de ahorros que emitan valores
admitidos a negociación en mercados organizados, el informe será
objeto de publicación como hecho relevante. En todo caso, el informe
se publicará por medios telemáticos por la citada entidad.
Dos. El contenido y estructura del informe
anual de gobierno corporativo de las cajas de ahorros, teniendo
en cuenta la naturaleza jurídica de dichas entidades, deberá ofrecer
una explicación detallada de la estructura del sistema de gobierno
de la entidad y de su funcionamiento en la práctica.
En todo caso, el contenido mínimo del informe
de gobierno corporativo será el siguiente:
a) Estructura de administración de la entidad,
con información de las remuneraciones percibidas por el Consejo
de Administración, la Comisión de Control, la Comisión de Retribuciones,
la Comisión de Inversiones, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos,
Comisión de Obra Social, la Comisión ejecutiva, en su caso, computando
tanto las dietas por asistencia a los citados órganos como los sueldos
que se perciban por el desempeño de sus funciones, así como a las
remuneraciones análogas a las anteriores y las obligaciones contraídas
en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida. También
se incluirán toda clase de remuneraciones percibidas por los miembros
de los órganos de gobierno y personal directivo, derivadas de la
participación en representación de las cajas de ahorros en sociedades
cotizadas o en otras entidades en las que la caja tenga una presencia
o representación significativa, en representación de la caja de
ahorros.
b) Operaciones de crédito aval, o garantía
efectuadas, ya sea directamente o a través de entidades dotadas,
adscritas o participadas, con descripción de sus condiciones, incluidas
las financieras, con los miembros del consejo de administración y
de la comisión de control de las cajas de ahorros y familiares de
primer grado y con empresas o entidades en relación con las que
los anteriores se encuentren en alguna de las situaciones previstas
en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores.
c) Operaciones de crédito aval, o garantía
efectuadas, ya sea directamente o a través de entidades dotadas,
adscritas o participadas, con descripción de sus condiciones, incluidas
las financieras, con los grupos políticos que tengan representación
en las corporaciones locales y en las Asambleas parlamentarias autonómicas
que hayan participado en el proceso electoral.
Además, se deberá explicitar en caso de
crédito la situación del mismo.
d) Operaciones crediticias con instituciones
públicas, incluidos entes públicos territoriales, que hayan designado
consejeros generales.
e) Remuneraciones percibidas por la prestación
de servicios a la caja o a las entidades controladas por la misma
de los miembros del consejo de administración y de la comisión de
control de las cajas de ahorros y del personal directivo.
f) Estructura de negocio y de las relaciones
dentro de su grupo económico, con referencia a las operaciones vinculadas de
la entidad con los miembros del consejo de administración, comisión
de control, comisión de retribuciones y nombramientos y comisión
de inversiones y personal directivo y operaciones intragrupo.
g) Sistemas de control de riesgo.
h) Funcionamiento de órganos de gobierno,
con explicación detallada del sistema de gobierno y administración
de la entidad, en especial en relación con la toma de participaciones
empresariales, bien directamente, bien por entidades dotadas, adscritas
o participadas.
i) Conflictos de interés existentes entre
los miembros de los órganos de gobierno o, si los hubiere, cuotapartícipes
de las cajas de ahorros y la función social de la Caja.
Se faculta al Ministerio de Economía y Hacienda
para determinar, con observancia del mínimo establecido en el párrafo anterior,
el contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo
de las cajas de ahorros, y, con su habilitación expresa, a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en el caso de que se trate de cajas
de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados
oficiales de valores.
Tres. Sin perjuicio de las sanciones que
proceda imponer por la falta de remisión de la documentación o de
los informes que deban remitir, corresponde a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, en el ámbito de sus competencias, el seguimiento
de las reglas de gobierno corporativo de las cajas de ahorros que
emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de
valores, a cuyo efecto podrá recabar cuanta información precise
al respecto, así como hacer pública la información que considere
relevante sobre el grado efectivo de cumplimiento de las reglas
de gobierno corporativo de la entidad.
Cuatro. La falta de elaboración o de publicación
del informe anual de gobierno corporativo de las cajas de ahorros,
o la existencia en dicho informe de omisiones o datos falsos o engañosos,
tendrá la consideración de infracción grave a los efectos previstos
en el artículo 100.b bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.
Artículo
31 ter. Conflictos de interés.-Uno. Cualquier
miembro de los órganos de gobierno habrá de comunicar a la Comisión
de Retribuciones y Nombramientos cualquier situación de conflicto,
directo o indirecto, que pudieran tener con los intereses de la
Caja y con el cumplimiento de su función social.
Dos. En caso de conflicto el afectado por
el mismo habrá de abstenerse de intervenir en la operación de que
se trate.»
Veinticuatro. Se añade una nueva disposición adicional
sexta que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional
sexta. Fusiones de cajas de ahorros.-Las fusiones
entre Cajas estarán sometidas al procedimiento de autorización previsto
en la normativa autonómica de desarrollo. La denegación de la autorización
sólo podrá producirse mediante resolución motivada cuando la entidad
resultante pudiera incumplir cualquiera de los requisitos objetivos previstos
en la citada normativa.»
TÍTULO III
Sistemas institucionales de protección
Artículo 4. Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.-La letra d) del artículo 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros queda modificada como sigue:
«d) Que a través de un acuerdo contractual
varias entidades de crédito integren un sistema institucional de
protección que cumpla con los siguientes requisitos:
i) Que exista una entidad central que determine
con carácter vinculante sus políticas y estrategias de negocio,
así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de
riesgos. Esta entidad central será la responsable de cumplir los
requerimientos regulatorios en base consolidada del sistema institucional
de protección.
ii) Que la citada entidad central sea una
de las entidades de crédito integrantes del sistema institucional
de protección u otra entidad de crédito participada por todas ellas
y que formará asimismo parte del sistema.
iii) Que el acuerdo contractual que constituye
el sistema institucional de protección contenga un compromiso mutuo
de solvencia y liquidez entre las entidades integrantes del sistema
que alcance como mínimo el 40% de los recursos propios computables
de cada una de ellas, en lo que se refiere al apoyo de solvencia.
El compromiso de apoyo mutuo incluirá las previsiones necesarias
para que el apoyo entre sus integrantes se lleve a cabo a través
de fondos inmediatamente disponibles.
iv) Que las entidades integrantes del sistema
institucional de protección pongan en común una parte significativa
de sus resultados, que suponga al menos el 40% de los mismos y que
deberá ser distribuida de manera proporcional a la participación
de cada una de ellas en el sistema.
v) Que el acuerdo contractual establezca
que las entidades deberán permanecer en el sistema un periodo mínimo
de 10 años, debiendo preavisar con, al menos, 2 años de antelación
su deseo de abandonar el mismo transcurrido aquel período. Adicionalmente,
el acuerdo deberá incluir un régimen de penalizaciones por baja
que refuerce la permanencia y estabilidad de las entidades en el
sistema institucional de protección.
vi) Que, a juicio del Banco de España, se
cumplan los requisitos previstos en la normativa vigente sobre recursos
propios de las entidades financieras para asignar una ponderación
de riesgo del 0% a las exposiciones que tengan entre si los integrantes
del sistema institucional de protección.
Corresponderá al Banco de España la comprobación
de los requisitos anteriores a los efectos de lo previsto en este
artículo.
Con carácter previo al abandono de un sistema
institucional de protección por cualquiera de las entidades integrantes
del mismo, el Banco de España valorará tanto la viabilidad individual
de la entidad que pretenda abandonar el sistema, como la de este
último y la del resto de las entidades participantes tras la pretendida
desvinculación.
Cuando la entidad de crédito que tenga la
consideración de entidad central dentro de un sistema institucional
de protección sea de naturaleza distinta al resto de las entidades
integradas en el mismo y se encuentre participada por todas ellas,
se adherirá al Fondo de Garantía de Depósitos al que pertenezcan
estas últimas.
Cuando las entidades integradas conforme
a lo previsto en esta letra sean Cajas de Ahorros, la entidad central
tendrá la naturaleza de sociedad anónima y habrá de estar participada
por las Cajas integrantes en al menos un 50% de su accionariado.»
TÍTULO IV
Ejercicio indirecto de la actividad
financiera y régimen de transformación de las cajas de ahorros
Artículo 5. Ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorros.-
1. Las cajas de ahorros podrán desarrollar su objeto propio
como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que
aportarán todo su negocio financiero. Igualmente podrán aportar
todo o parte de sus activos no financieros adscritos al mismo.2. La entidad bancaria a través de la cual la caja de
ahorros ejerza su actividad como entidad de crédito podrá utilizar
en su denominación social y en su actividad expresiones que permitan
identificar su carácter instrumental, incluidas las denominaciones propias
de la caja de ahorros de la que dependa.
3. A las cajas de ahorros que desarrollen su actividad
como entidad de crédito a través de una entidad bancaria de acuerdo con
lo previsto en este artículo les serán de aplicación las siguientes
especialidades:
a) Los órganos de gobierno de la caja serán la Asamblea
General, el Consejo de Administración y, potestativamente, la Comisión
de Control.
b) La representación de los intereses colectivos de los
impositores, de las corporaciones municipales que no tuviesen la condición
de entidad fundadora de la caja y de los trabajadores en sus órganos
de gobierno se establecerá de la siguiente manera:
i. La representación de las corporaciones municipales
se llevará a cabo sobre la base de aquellas en cuyo término tenga abierta
oficina la entidad bancaria a través de la cual la caja de ahorros
desarrolle su actividad financiera.
ii. La representación de los grupos de impositores y trabajadores
se llevará a cabo sobre la base de los correspondientes colectivos
de la entidad bancaria a través de la cual la caja de ahorros desarrolle
su actividad financiera. La representación de los trabajadores en
los órganos de gobierno incluirá asimismo a los empleados de la
caja de ahorros.
El número de miembros de los órganos de gobierno así como
la periodicidad de sus sesiones serán determinados por los estatutos
de la Caja de Ahorros atendiendo a la dimensión económica y a la
actividad de la entidad.
4. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa de recursos propios, las cajas de ahorros a las que se
refiere el presente artículo no podrán destinar más del 10 % de
los excedentes de libre disposición a gastos diferentes a los correspondientes
a su obra social. No obstante, el Banco de España podrá autorizar
el destino de porcentajes superiores necesarios para atender gastos
esenciales de funcionamiento de las entidades.
5. Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
Las Asambleas ordinarias se celebrarán una vez al año.
Por su parte, las Asambleas extraordinarias se celebrarán tantas veces
cuantas sean expresamente convocadas.
La Asamblea general será convocada por el Consejo de Administración
mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil"
y en la página web de la Caja, con quince días, al menos, de antelación.
La convocatoria expresará la fecha, lugar y orden del día, así como
la fecha y hora de reunión en segunda convocatoria.
Los estatutos podrán establecer, en sustitución del sistema
anterior, que la convocatoria se realice mediante anuncio publicado
en la página web de la Caja, o por cualquier procedimiento de comunicación,
individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos
los Consejeros Generales.
La Asamblea general quedará válidamente constituida en
primera convocatoria cuando los Consejeros generales presentes y,
en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados posean,
al menos, el cincuenta por ciento de los derechos de voto. La constitución
en segunda convocatoria será válida cualquiera que sea el número
de asistentes. Los Consejeros generales no podrán estar representados
por otro Consejero o por tercera persona, sea física o jurídica.
6. Las cajas de ahorros que desarrollen su objeto propio
como entidad de crédito a través de una entidad bancaria conforme a
lo previsto en este artículo estarán eximidas de las obligaciones
contenidas en la sección 1.ª del capítulo V de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero y su normativa de desarrollo.
Adicionalmente, el Banco de España podrá adaptar o eximir
del cumplimiento de los requerimientos prudenciales y organizativos
en materia de control interno, auditoría y gestión de riesgos recogidos
en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de
Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los
intermediarios financieros, y su normativa de desarrollo, de manera
individual a las cajas de ahorros previstas en este artículo.
En todo caso las obligaciones contempladas en los párrafos
anteriores serán cumplimentadas por la entidad bancaria a través de
la cual las cajas de ahorros ejercen su actividad.
7. Si una Caja de Ahorros dejase de ostentar el control
en los términos del artículo 42 del Código de Comercio o redujese su participación
de modo que no alcance el 25 % de los derechos de voto de la entidad
de crédito a la que se refiere la presente disposición, deberá renunciar
a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto
en la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 y proceder
a su transformación en fundación especial con arreglo a lo previsto
en el artículo siguiente.
8. Lo establecido en la presente disposición será también
de aplicación a aquellas cajas de ahorros que, de forma concertada,
ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través
de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 13/1985 de 25 de mayo.
En particular, la pérdida de control y la reducción de
la participación conjunta por debajo del límite contemplado en el
apartado anterior dará lugar a la pérdida de la condición de entidades
de crédito de todas las integrantes y a su transformación en fundaciones
especiales.
Este artículo 5 ha sido
redactado por el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero (BOE del 4), de saneamiento
del sector financiero, con entrada en vigor el mismo día de su publicación.
Artículo 6. Transformación de cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial.-
1. Las Cajas de Ahorros podrán acordar la segregación
de sus actividades financiera y benéfico-social mediante el régimen
previsto en este artículo en los siguientes casos:a) Conforme a lo previsto en el apartado 7 del artículo
anterior
b) Como consecuencia de la renuncia a la autorización
para actuar como entidad de crédito y en los demás supuestos de revocación.
c) Como consecuencia de la intervención de la entidad
de crédito en los supuestos previstos en la Ley 26/1988, de 29 de julio,
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
A tal efecto traspasarán todo el patrimonio afecto a su
actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones
de esta última y se transformarán en una fundación de carácter especial
perdiendo su condición de entidad de crédito.
Lo establecido en las letras a) y c) de este apartado
será también de aplicación a aquellas cajas de ahorros que, de forma concertada,
ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través
de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas.
En tal caso, las cajas integrantes traspasarán todo el patrimonio
afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio
de acciones de esta última y se transformarán en fundaciones de
carácter especial perdiendo su condición de entidad de crédito.
La fundación centrará su actividad en la atención y desarrollo
de su obra benéfico social, para lo cual podrá llevar a cabo la gestión
de su cartera de valores. La fundación deberá destinar a su finalidad
benéfico-social el producto de los fondos, participaciones e inversiones
que integren su patrimonio. Auxiliarmente, podrá llevar a cabo la
actividad de fomento de la educación financiera.
2. Junto con el acuerdo de transformación, la Asamblea
General de la Caja, o la de las Cajas de manera conjunta, acordará la
constitución de fundaciones de carácter especial, con aprobación
de sus estatutos y designación de su patronato. La segregación de
la actividad financiera, por su parte, se regirá por lo establecido
en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles.
3. Corresponde al Estado la supervisión y control de las
fundaciones de carácter especial a las que se refiere el presente real
decreto-ley, cuyo ámbito de actuación principal exceda el de una
Comunidad Autónoma, a través del Protectorado que será ejercido
por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Las fundaciones de carácter especial a las que se refiere
el presente real decreto-ley gozarán de personalidad jurídica desde la
inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente
registro. En el caso de las fundaciones de ámbito estatal, dicha
inscripción se practicará en el Registro especial que al efecto
se constituya en el Ministerio de Economía y Competitividad.
4. Las fundaciones de carácter especial se regirán por
este real decreto-ley y su normativa de desarrollo. Supletoriamente, será
de aplicación la normativa en materia de fundaciones.
Este artículo 6 ha sido
redactado, salvo la excepción hecha, por el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero (BOE del 4), de saneamiento
del sector financiero, con entrada en vigor el mismo día de su publicación.
TÍTULO V
Régimen fiscal
Artículo 7. Régimen fiscal.-1. El régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten a tal régimen fiscal, se aplicará a las siguientes transmisiones de activos y pasivos, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en el artículo 83 y 94 de dicha Ley siempre que produzcan resultados económicos equivalentes:
a) Las realizadas para la constitución y ampliación de
un sistema institucional de protección a que se refiere la letra
d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de
Inversión, Recursos propios y obligaciones de Información de los
Intermediarios Financieros.
b) Las realizadas en procesos de reestructuración de entidades
de crédito con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, a que se refiere el artículo 7 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de julio, sobre restructuración
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades
de crédito.
2. Podrán no integrarse en la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades las rentas generadas en las transmisiones de elementos
patrimoniales, consecuencia de un intercambio de activos y pasivos,
realizadas entre entidades de crédito en cumplimiento de los acuerdos
de un sistema institucional de protección a que se refiere la letra
a) del apartado anterior, a condición de que cada entidad adquirente
valore, a efectos fiscales, los elementos adquiridos por el mismo
valor que estos últimos tuviesen en la entidad transmitente con
anterioridad a la realización de la transmisión, teniéndose en cuenta
dicha valoración para determinar las rentas asociadas a esos elementos
que se generen con posterioridad.
3. La entidad de crédito a través de la cual se articule
un sistema institucional de protección con las condiciones establecidas en
la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, estará exenta por
la constitución de sociedades, así como por los aumentos de su capital
social y aportaciones, suscritos o realizadas por las entidades
agrupadas, siempre que se encuentren previstos en el acuerdo contractual
de integración del sistema institucional de protección y, en su
caso, en el plan de integración, de la modalidad de operaciones
societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, así como para los actos y documentos necesarios
para la formalización de dichas operaciones. De igual modo estarán
exentas de la modalidad de Operaciones Societarias las operaciones
que se realicen como consecuencia de los procesos de reestructuración
con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
a que se refiere el artículo 7 del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades
de crédito.
Asimismo estarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados los acuerdos contractuales
a través de los cuales se establezcan entre las entidades integrantes
del sistema institucional de protección los compromisos mutuos de
solvencia, liquidez y puesta en común de resultados a los que se
refiere la mencionada letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, así como los documentos
en los que aquéllos se formalicen.
4. Las entidades de crédito que participen en las operaciones
reguladas en el presente Real Decreto-Ley podrán instar al Banco
de España o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que
solicite informe a la Dirección General de Tributos del Ministerio
de Economía y Hacienda, en el ámbito de interpretación de la normativa
tributaria estatal, sobre la concurrencia del requisito de equivalencia
de los resultados económicos a que se refiere al apartado 1 de este
artículo, así como sobre cualesquiera otras consecuencias tributarias
que se deriven de dichas operaciones.
El informe se emitirá en el plazo máximo de un mes, y
tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración
tributaria encargados de la aplicación de los tributos.
5. El régimen especial del grupo de entidades regulado
en el Capítulo IX del Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, podrá ser aplicado por los empresarios y profesionales
que integren un sistema institucional de protección en las condiciones
establecidas en la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de
Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los
Intermediarios Financieros.
A estos efectos, se considerará como dominante la entidad
central que determine con carácter vinculante las políticas y estrategias
de negocio así como los niveles y medidas de control interno y de
gestión de riesgos del sistema institucional de protección.
Se considerarán dependientes las entidades que pertenezcan
a dicho sistema institucional de protección, así como aquéllas en
las que las mismas mantengan una participación, directa o indirecta,
de más del 50 por ciento de su capital.
La entidad dominante y sus dependientes deberán estar
establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto.
La opción por la aplicación del régimen especial podrá
ejercitarse en el plazo de los tres meses posteriores a la comprobación por
el Banco de España a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo. No obstante, si la
comprobación por el Banco de España ya se hubiera realizado a la
entrada en vigor de este artículo, la opción por la aplicación del
régimen especial podrá ejercitarse en el plazo de los tres meses
siguientes a dicha entrada en vigor.
Una vez ejercitada la opción, el régimen especial tendrá
efectos desde el periodo de liquidación del Impuesto que corresponda a
la fecha en que la misma sea comunicada a la Administración tributaria.
A los grupos de entidades a que se refiere este apartado
no les resultarán de aplicación los requisitos establecidos en el artículo 163 quinquies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
6. El régimen especial del grupo de entidades regulado
en el Capítulo VIII del Título III de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias,
podrá ser aplicado por los empresarios y profesionales que integren
un sistema institucional de protección en las condiciones establecidas
en la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de
Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los
Intermediarios Financieros.
A estos efectos, se considerará como dominante la entidad
central que determine con carácter vinculante las políticas y estrategias
de negocio así como los niveles y medidas de control interno y de
gestión de riesgos del sistema institucional de protección.
Se considerarán dependientes las entidades que pertenezcan
a dicho sistema institucional de protección, así como aquéllas en
las que las mismas mantengan una participación, directa o indirecta,
de más del 50 por ciento de su capital.
La entidad dominante y sus dependientes deberán estar
establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto.
La opción por la aplicación del régimen especial podrá
ejercitarse en el plazo de los tres meses posteriores a la comprobación por
el Banco de España a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de
Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los
Intermediarios Financieros. No obstante, si la comprobación por
el Banco de España ya se hubiera realizado a la entrada en vigor
de este artículo, la opción por la aplicación del régimen especial
podrá ejercitarse en el plazo de los tres meses siguientes a dicha
entrada en vigor.
Una vez ejercitada la opción, el régimen especial tendrá
efectos desde el periodo de liquidación del Impuesto que corresponda a
la fecha en que la misma sea comunicada a la Administración tributaria.
A los grupos de entidades a que se refiere este apartado
no les resultarán de aplicación los requisitos establecidos en el artículo 58 quáter de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
7. En el caso de ejercicio indirecto de la actividad financiera
de las cajas de ahorros de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de este Real Decreto-Ley, la caja de ahorros
y la entidad de crédito a la que aquella aporte todo su negocio
financiero podrán aplicar el régimen de consolidación fiscal regulado
en el capítulo VII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos para ello en el artículo 67 de dicha ley. En caso de no aplicar
el régimen de consolidación fiscal, las entidades aplicarán el régimen general
del impuesto sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
8. La dotación a la obra social realizada por las cajas
acogidas a lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley, podrá reducir la
base imponible del banco en el caso de ejercicio indirecto de la
actividad financiera sin aplicar el régimen de consolidación o de
la entidad central del sistema institucional de protección, en la
proporción que los dividendos percibidos del citado banco o entidad
central representen sobre los ingresos totales de la caja, en los
términos previstos en el artículo 24 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, hasta el límite máximo del importe de los
citados dividendos. Para ello la caja deberá comunicar al banco
o entidad central que haya satisfecho los dividendos el importe de
la reducción así calculada y su renuncia a aplicar lo dispuesto
en el citado artículo 24 por el importe de la mencionada reducción,
sin perjuicio de que la caja continúe estando obligada a aplicar
las cantidades asignadas a la obra benéfico-social en las condiciones
establecidas en dicho artículo, cuyo incumplimiento, en su caso,
deberá también comunicarse al banco o entidad central al objeto
de que se realice la regularización de las cantidades deducidas
en los términos establecidos en el artículo 137.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
9. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá
sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto
y convenio económico en vigor, respectivamente, en los territorios
históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad
Foral de Navarra.
TÍTULO VI
Disposiciones en materia de solvencia
Artículo 8. Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.-El apartado 3 del artículo sexto de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros queda modificada como sigue:
«Por el mismo procedimiento reglamentario
se podrán imponer:
a) Límites máximos a las inversiones en
inmuebles u otros inmovilizados; a las acciones y participaciones,
a los activos, pasivos o posiciones en moneda extranjera; a los
riesgos que puedan contraerse con una misma persona, entidad o grupo económico;
y, en general, a aquellas operaciones o posiciones que impliquen
riesgos elevados para la solvencia de las entidades. Los límites
podrán graduarse atendiendo a las características de los diferentes
tipos de entidades de crédito.
b) La obligación de disponer de una cantidad
mínima de activos líquidos que permitan hacer frente a las potenciales salidas
de fondos derivadas de pasivos y compromisos, incluso en caso de
estrés, y la de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación
y de vencimientos en sus activos, pasivos y compromisos con el fin
de evitar potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que
puedan dañar o poner en riesgo la situación financiera de la entidad.
c) Un límite máximo a la relación entre
los recursos propios de la entidad y el valor total de sus exposiciones
a los riesgos derivados de su actividad.
Las obligaciones previstas en las letras
b) y c) anteriores podrán ser más estrictas en función de la capacidad
de cada entidad de crédito para obtener recursos propios básicos.»
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Disposición adicional única. Reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.-Se introduce en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, un nuevo artículo 10 con la siguiente redacción:
«Artículo 10. Recapitalización
de entidades individuales.-Excepcionalmente,
el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá también adquirir
títulos emitidos por entidades individuales que, sin incurrir en
las circunstancias establecidas en el artículo 6, precisen, a juicio
del Banco de España, de un reforzamiento de sus recursos propios.
Dichas adquisiciones se regirán por lo dispuesto
en el artículo 9 de este Real Decreto-Ley, y se entenderán condicionadas a
la elaboración de un plan de recapitalización cuyos objetivos, medidas
y compromisos deberán coincidir con los previstos en dicho artículo
respecto de los planes de integración. El citado plan deberá ser
aprobado por el Banco de España, que valorará especialmente la capacidad
de la entidad para lograr los citados objetivos sin necesidad de
acometer un proceso de integración con otras entidades.»
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de las cuotas participativas.-1. En el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, las cajas de ahorros que hubieran emitido cuotas participativas con anterioridad, deberán presentar a aprobación del Banco de España un plan específico de mantenimiento, adaptación, canje o, en su caso, amortización de las mismas.
2. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley
y en los términos establecidos en él y en el correspondiente folleto de
emisión, las cajas de ahorros podrán emitir cuotas participativas,
incorporando a sus actuales órganos de gobierno, en su caso, a los
nuevos representantes de los cuotapartícipes.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de la legislación de las Comunidades Autónomas en materia de cajas de ahorros.-En el plazo de seis meses las Comunidades Autónomas adaptarán su legislación sobre cajas de ahorros a lo dispuesto en este Real Decreto-Ley.
Disposición transitoria tercera. Adaptación de los Estatutos de las cajas de ahorros.-En el plazo máximo de tres meses a contar desde la publicación del desarrollo legislativo por las Comunidades Autónomas de las normas básicas del presente Real Decreto-Ley, y, en todo caso dentro del término de los ocho meses desde la publicación de este Real Decreto-Ley las cajas de ahorros procederán a la adaptación de sus Estatutos y Reglamentos a las disposiciones que en la misma se contienen, elevándolos al Ministerio de Economía y Hacienda o a la Comunidad Autónoma respectiva para su aprobación en el plazo de un mes.
Disposición transitoria cuarta. Adaptación de nuevos órganos de gobierno.-
La adaptación de la Asamblea General y de los demás órganos
de las cajas a las normas contenidas en este real decreto-ley se
realizará dentro de los dos meses siguientes al de la aprobación
de los Estatutos y Reglamentos de las Cajas de Ahorros, sin perjuicio
de lo previsto en la disposición transitoria sexta.Esta disposición transitoria
cuarta ha sido redactada por la Ley 36/2010, de 22 de octubre (BOE del 23), del Fondo
para la Promoción del Desarrollo.
Disposición transitoria quinta. Continuidad de actuales órganos de gobierno.-
En tanto no se haya producido la adaptación de la Asamblea
general a lo previsto en el presente real decreto-ley y sin perjuicio
de lo previsto en la disposición transitoria sexta, el gobierno,
representación y administración de las Cajas de Ahorros seguirán
atribuidos a sus órganos de gobierno en su composición actual, quienes,
en consecuencia, adoptarán los acuerdos necesarios para la debida
ejecución y cumplimiento de las normas contenidas en el presente
real decreto-ley.Esta disposición transitoria
quinta ha sido redactada por la Ley 36/2010, de 22 de octubre (BOE del 23), del Fondo
para la Promoción del Desarrollo.
Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio para determinados miembros de órganos de gobierno.-Los miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dispuesto en el apartado tres del artículo 1 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto lo harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley y, en todo caso, antes de transcurridos tres años desde dicha entrada en vigor, sin que en ningún caso sea posible su renovación.
Disposición transitoria séptima. Cómputo total del mandato en determinados supuestos.-
Para el cómputo total de mandatos de los miembros de los
órganos de gobierno de las cajas de ahorros se tendrán en cuenta
las siguientes normas:a) Si se hubiese ostentado el cargo con anterioridad a
la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y resultara nuevamente elegido
en la misma entidad, el cómputo total de su mandato no podrá superar
en ningún caso los doce años, teniéndose en cuenta el tiempo que
haya desempeñado el cargo con anterioridad. Sin perjuicio de lo
anterior, en caso de Cajas de Ahorros que acuerden su integración
con otras entidades o el ejercicio indirecto de su actividad financiera
en cuanto a los cargos en vigor a la entrada en vigor de este Real
Decreto-ley, podrá superarse el límite de doce años hasta el cumplimiento
del mandato en curso en la entidad de que se trate.
b) Si resultara elegido en una entidad resultante de un
proceso de fusión quien hubiese ostentado el cargo con anterioridad a
la entrada en vigor de este Real Decreto-ley en una de las entidades
fusionadas, podrá superar el límite de doce años computado conforme
a la letra anterior hasta el cumplimiento de su primer mandato en
la entidad fusionada. En todo caso, a los miembros de los órganos
de gobierno que inicien mandato en las entidades fusionadas, se
les aplicará lo previsto en el apartado tres del artículo 1 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto.
Esta disposición transitoria
séptima ha sido redactada por la Ley 36/2010, de 22 de octubre (BOE del 23), del Fondo
para la Promoción del Desarrollo.
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio fiscal.-1. El régimen fiscal de los sistemas institucionales de protección de entidades de crédito establecido en esta norma será asimismo aplicable a los sistemas institucionales de protección de entidades de crédito que se encuentren constituidos a la fecha de entrada en vigor de la misma por las operaciones y actos ya realizados.
2. A efectos del Impuesto sobre Sociedades, el régimen
fiscal establecido en el artículo 7 de este Real Decreto-Ley será de aplicación
en los períodos impositivos en los que se hayan realizado las correspondientes
operaciones, con independencia de que estas últimas se hubiesen
realizado en fechas anteriores o posteriores a la entrada en vigor
de dicha norma.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.-Queda derogada la disposición adicional segunda de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Títulos competenciales.-1. A excepción del Título V, el presente Real Decreto-Ley se dicta de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.6.ª,11.ª y 13.ª de la Constitución española que atribuye al Estado la competencia sobre legislación mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
El Título V se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.14.ª de la Constitución española que atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre Hacienda General y Deuda del Estado.
2. Conforme a lo ya previsto en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de
las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro,
no tendrán el carácter de norma básica los preceptos de este real
decreto-ley que a continuación se relacionan:
a) El apartado dos del artículo 3 en
lo que se refiere al número de miembros de la Asamblea General.
b) El apartado nueve del artículo 3 en
lo que se refiere al número mínimo y máximo de vocales del Consejo
de Administración.
c) El apartado diecinueve del artículo 3 en lo que se refiere
a la edad de jubilación del Director general.
3. Adicionalmente, no tendrá el carácter de norma básica
el artículo 12.uno de la Ley 31/1985 en la redacción dada
por el apartado ocho del artículo 3 de este Real Decreto-Ley, salvo los párrafos
primero, cuarto y quinto en lo relativo al tratamiento de las cuotas
participativas. Asimismo no tendrá el carácter de norma básica el apartado veintiuno del artículo 3 de este Real Decreto-Ley, por el que se añade
un nuevo artículo 27 ter a la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación
de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro.
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