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LEY ORGANICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL (BOE DEL 14)
-
Título II. Principios de la protección de datos (Arts. 4 a 12)
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-
Segunda. Ficheros y Registro de Población de las Administraciones públicas
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Cuarta. Modificación del artículo 112.4 de la Ley General Tributaria
-
Quinta. Competencias del Defensor del Pueblo y órganos autonómicos semejantes
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Sexta. Modificación del artículo 24.3 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados
LEY ORGANICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE,
DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 
(BOE
DEL 14)
TÍTULO I
Disposiciones
generales
Artículo 1. Objeto.—La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.—1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.
Se regirá por la presente Ley
Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:
a) Cuando el tratamiento sea
efectuado en territorio español en el marco de las actividades de
un establecimiento del responsable del tratamiento.
b) Cuando al responsable del
tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación
la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional
público.
c) Cuando el responsable del
tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea
y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio
español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines
de tránsito.
2. El régimen de protección
de los datos de carácter personal que se establece en la presente
Ley Orgánica no será de aplicación:
a) A los ficheros mantenidos
por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente
personales o domésticas.
b) A los ficheros sometidos
a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
c) A los ficheros establecidos
para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia
organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del fichero
comunicará previamente la existencia del mismo, sus características
generales y su finalidad a la Agencia de Protección de Datos.
3. Se regirán por sus disposiciones
específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta
Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
a) Los ficheros regulados por
la legislación de régimen electoral.
b) Los que sirvan a fines exclusivamente
estadísticos, y estén amparados por la legislación estatal o autonómica
sobre la función estadística pública.
c) Los que tengan por objeto
el almacenamiento de los datos contenidos en los informes personales
de calificación a que se refiere la legislación del régimen del
personal de las Fuerzas Armadas.
d) Los derivados del Registro
Civil y del Registro Central de penados y rebeldes.
e) Los procedentes de imágenes
y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación
sobre la materia.
Artículo 3. Definiciones.—A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por:
a) Datos de carácter personal.
Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas
o identificables.
b) Fichero. Todo conjunto organizado
de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad
de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
c) Tratamiento de datos. Operaciones
y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan
la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación,
bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten
de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
d) Responsable del fichero
o tratamiento. Persona física o jurídica, de naturaleza pública
o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad,
contenido y uso del tratamiento.
e) Afectado o interesado. Persona
física titular de los datos que sean objeto del tratamiento a que
se refiere el apartado c) del presente artículo.
f) Procedimiento de disociación.
Todo tratamiento de datos personales de modo que la información
que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.
g) Encargado del tratamiento.
La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier
otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento.
h) Consentimiento del interesado.
Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e
informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento
de datos personales que le conciernen.
i) Cesión o comunicación de
datos. Toda revelación de datos realizada a una persona distinta
del interesado.
j) Fuentes accesibles al público.
Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier
persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia
que, en su caso, el abono de una contraprestación.
Tienen la consideración de
fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional,
los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa
específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales
que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión,
actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia
al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público
los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación.
TÍTULO II
Principios
de la protección de datos
Artículo 4. Calidad de los datos.—1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.
2. Los datos de carácter personal
objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles
con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No
se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con
fines históricos, estadísticos o científicos.
3. Los datos de carácter personal
serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad
a la situación actual del afectado.
4. Si los datos de carácter
personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte,
o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los
correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio
de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16.
5. Los datos de carácter personal
serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes
para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
No serán conservados en forma
que permita la identificación del interesado durante un período
superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran
sido recabados o registrados.
Reglamentariamente se determinará
el procedimiento por el que, por excepción, atendidos los valores
históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación
específica, se decida el mantenimiento íntegro de determinados datos.
6. Los datos de carácter personal
serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho
de acceso, salvo que sean legalmente cancelados.
7. Se prohíbe la recogida de
datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
Artículo 5. Derecho de información en la recogida de datos.—1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
a) De la existencia de un fichero
o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de
la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio
o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
c) De las consecuencias de
la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) De la identidad y dirección
del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.
Cuando el responsable del tratamiento
no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y utilice
en el tratamiento de datos medios situados en territorio español,
deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de
trámite, un representante en España, sin perjuicio de las acciones
que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.
2. Cuando se utilicen cuestionarios
u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma
claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado
anterior.
3. No será necesaria la información
a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1 si el contenido
de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales
que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.
4. Cuando los datos de carácter
personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser
informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable
del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes
al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido
informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la
procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras
a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo.
5. No será de aplicación lo
dispuesto en el apartado anterior, cuando expresamente una ley lo
prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos
o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible
o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de
Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración
al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles
medidas compensatorias.
Asimismo, tampoco regirá lo
dispuesto en el apartado anterior cuando los datos procedan de fuentes
accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad
o prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que
se dirija al interesado se le informará del origen de los datos
y de la identidad del responsable del tratamiento así como de los
derechos que le asisten.
Artículo 6. Consentimiento del afectado.—1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
2. No será preciso el consentimiento
cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio
de las funciones propias de las Administraciones públicas en el
ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un
contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa
y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el
tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés
vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley,
o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo
perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a
quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos
y libertades fundamentales del interesado.
3. El consentimiento a que
se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada
para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
4. En los casos en los que
no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento
de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga
lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan
motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación
personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del
tratamiento los datos relativos al afectado.
Artículo 7. Datos especialmente protegidos.—1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Cuando en relación con estos
datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere el
apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho
a no prestarlo.
2. Sólo con el consentimiento
expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento
los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación
sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos
por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o
comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades
sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa
o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros,
sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisara siempre
el previo consentimiento del afectado.
3. Los datos de carácter personal
que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual
sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones
de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta
expresamente.
4. Quedan prohibidos los ficheros
creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter
personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.
5. Los datos de carácter personal
relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas
sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas
competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas
reguladoras.
6. No obstante lo dispuesto
en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento los
datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3
de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para
la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia
sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios,
siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional
sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta
asimismo a una obligación equivalente de secreto.
También podrán ser objeto de
tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando
el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital
del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado
esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.
Artículo 8. Datos relativos a la salud.—Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad.
Artículo 9. Seguridad de los datos.—1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
2. No se registrarán datos
de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que
se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad
y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos,
sistemas y programas.
3. Reglamentariamente se establecerán
los requisitos y condiciones que deban reunir los ficheros y las
personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se
refiere el artículo 7 de
esta Ley.
Artículo 10. Deber de secreto.—El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
Artículo 11. Comunicación de datos.—1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
2. El consentimiento exigido
en el apartado anterior no será preciso:
a) Cuando la cesión está autorizada
en una ley.
b) Cuando se trate de datos
recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda
a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho
tratamiento con ficheros de terceros.
En este caso la comunicación
sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
d) Cuando la comunicación que
deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el
Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas,
en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será
preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario
a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo
o al Tribunal de Cuentas.
e) Cuando la cesión se produzca
entre Administraciones públicas y tenga por objeto el tratamiento
posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
f) Cuando la cesión de datos
de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar
una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los
estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación
sobre sanidad estatal o autonómica.
3. Será nulo el consentimiento
para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero,
cuando la información que se facilite al interesado no le permita
conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación
se autoriza o el tipo de actividad de aquel a quien se pretenden
comunicar.
4. El consentimiento para la
comunicación de los datos de carácter personal tiene también un
carácter de revocable.
5. Aquel a quien se comuniquen
los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la
comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente
Ley.
6. Si la comunicación se efectúa
previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido
en los apartados anteriores.
Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros.—1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.
2. La realización de tratamientos
por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que
deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar
su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el
encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme
a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los
aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato,
ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
En el contrato se estipularán,
asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo
9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.
3. Una vez cumplida la prestación
contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos
o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier
soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal
objeto del tratamiento.
4. En el caso de que el encargado
del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique
o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de
las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
TÍTULO III
Derechos
de las personas
Artículo 13. Impugnación de valoraciones.—1. Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad.
2. El afectado podrá impugnar
los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una
valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento
de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus
características o personalidad.
3. En este caso, el afectado
tendrá derecho a obtener información del responsable del fichero
sobre los criterios de valoración y el programa utilizados en el
tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió
el acto.
4. La valoración sobre el comportamiento
de los ciudadanos, basada en un tratamiento de datos, únicamente
podrá tener valor probatorio a petición del afectado.
Artículo 14. Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos.—Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información oportuna del Registro General de Protección de Datos, la existencia de tratamientos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del responsable del tratamiento. El Registro General será de consulta pública y gratuita.
Artículo 15. Derecho de acceso.—1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.
2. La información podrá obtenerse
mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización,
o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante
escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma
legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran
el uso de dispositivos mecánicos específicos.
3. El derecho de acceso a que
se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos
no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un
interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.
Artículo 16. Derecho de rectificación y cancelación.—1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.
2. Serán rectificados o cancelados,
en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se
ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando
tales datos resulten inexactos o incompletos.
3. La cancelación dará lugar
al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición
de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención
de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante
el plazo de prescripción de éstas.
Cumplido el citado plazo deberá
procederse a la supresión.
4. Si los datos rectificados
o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable
del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación
efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga
el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la
cancelación.
5. Los datos de carácter personal
deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones
aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre
la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.
Artículo 17. Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o cancelación.—1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así como los de rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente.
2. No se exigirá contraprestación
alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación
o cancelación.
Artículo 18. Tutela de los derechos.—1. Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. El interesado al que se
deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de
oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en
conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso,
del organismo competente de cada Comunidad Autónoma, que deberá
asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación.
3. El plazo máximo en que debe
dictarse la resolución expresa de tutela de derechos será de seis
meses.
4. Contra las resoluciones
de la Agencia de Protección de Datos procederá recurso contencioso-administrativo.
Artículo 19. Derecho a indemnización.—1. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
2. Cuando se trate de ficheros
de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo
con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de
las Administraciones públicas.
3. En el caso de los ficheros
de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos
de la jurisdicción ordinaria.
TÍTULO IV
Disposiciones
sectoriales
CAPÍTULO I
Ficheros
de titularidad pública
Artículo 20. Creación, modificación o supresión.—1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial correspondiente.
2. Las disposiciones de creación
o de modificación de ficheros deberán indicar:
a) La finalidad del fichero
y los usos previstos para el mismo.
b) Las personas o colectivos
sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos.
c) El procedimiento de recogida
de los datos de carácter personal.
d) La estructura básica del
fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el mismo.
e) Las cesiones de datos de
carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que
se prevean a países terceros.
f) Los órganos de las Administraciones
responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades
ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
h) Las medidas de seguridad
con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
3. En las disposiciones que
se dicten para la supresión de los ficheros, se establecerá el destino
de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para
su destrucción.
Artículo 21. Comunicación de datos entre Administraciones públicas.—1. Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación hubiere sido prevista por las disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango que regule su uso, o cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
La
STC de 30 de noviembre de 2000 ha declarado nulo este apartado 1
en su inciso «cuando la comunicación hubiere sido prevista por las
disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior
rango que regule su uso, o».
2. Podrán, en todo caso, ser
objeto de comunicación los datos de carácter personal que una Administración
pública obtenga o elabore con destino a otra.
3. No obstante lo establecido
en el artículo 11.2.b),
la comunicación de datos recogidos de fuentes accesibles al público
no podrá efectuarse a ficheros de titularidad privada, sino con
el consentimiento del interesado o cuando una ley prevea otra cosa.
4. En los supuestos previstos
en los apartados 1 y 2 del presente artículo no será necesario el
consentimiento del afectado a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley.
Artículo 22. Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.—1. Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contengan datos de carácter personal que, por haberse recogido para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente, estarán sujetos al régimen general de la presente Ley.
2. La recogida y tratamiento
para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas
están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten
necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad
pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser
almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que
deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad.
3. La recogida y tratamiento
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos, a que hacen
referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse
exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario
para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del
control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación
de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados
que corresponden a los órganos jurisdiccionales.
4. Los datos personales registrados
con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para
las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.
A estos efectos, se considerará
especialmente la edad del afectado y el carácter de los datos almacenados,
la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación
o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial
la absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la prescripción
de responsabilidad.
Artículo 23. Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación.—1. Los responsables de los ficheros que contengan los datos a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo anterior podrán denegar el acceso, la rectificación o cancelación en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.
2. Los responsables de los
ficheros de la Hacienda Pública podrán, igualmente, denegar el ejercicio
de los derechos a que se refiere el apartado anterior cuando el
mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en todo caso,
cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras.
3. El afectado al que se deniegue,
total o parcialmente, el ejercicio de los derechos mencionados en
los apartados anteriores podrá ponerlo en conocimiento del Director
de la Agencia de Protección de Datos o del organismo competente
de cada Comunidad Autónoma en el caso de ficheros mantenidos por
Cuerpos de Policía propios de éstas, o por las Administraciones
tributarias autonómicas, quienes deberán asegurarse de la procedencia
o improcedencia de la denegación.
Artículo 24. Otras excepciones a los derechos de los afectados.—1. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 no será aplicable a la recogida de datos cuando la información al afectado impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las Administraciones públicas o cuando afecte a la Defensa Nacional, a la seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o administrativas .
La
STC de 30 de noviembre de 2000 ha declarado nulo este apartado 1
en sus incisos «impida o dificulte gravemente el cumplimiento de
las funciones de control y verificación de las Administraciones
públicas» y «o administrativas».
2. Lo dispuesto
en el artículo 15 y
en el apartado 1 del artículo 16 no será de aplicación si,
ponderados los intereses en presencia, resultase que los derechos
que dichos preceptos conceden al afectado hubieran de ceder ante
razones de interés público o ante intereses de terceros más dignos
de protección. Si el órgano administrativo responsable del fichero
invocase lo dispuesto en este apartado, dictará resolución motivada
e instruirá al afectado del derecho que le asiste a poner la negativa
en conocimiento del Director de la Agencia de Protección de Datos
o, en su caso, del órgano equivalente de las Comunidades Autónomas.
La
STC de 30 de noviembre de 2000 ha declarado nulo este apartado 2.
CAPÍTULO II
Ficheros
de titularidad privada
Artículo 25. Creación.—Podrán crearse ficheros de titularidad privada que contengan datos de carácter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u objeto legítimos de la persona, empresa o entidad titular y se respeten las garantías que esta Ley establece para la protección de las personas.
Artículo 26. Notificación e inscripción registral.—1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos.
2. Por vía reglamentaria se
procederá a la regulación detallada de los distintos extremos que
debe contener la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente
el responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación,
el tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas
de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto exigible
y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar
y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.
3. Deberán comunicarse a la
Agencia de Protección de Datos los cambios que se produzcan en la
finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección
de su ubicación.
4. El Registro General de Protección
de Datos inscribirá el fichero si la notificación se ajusta a los
requisitos exigibles.
En caso contrario podrá pedir
que se completen los datos que falten o se proceda a su subsanación.
5. Transcurrido un mes desde
la presentación de la solicitud de inscripción sin que la Agencia
de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá
inscrito el fichero automatizado a todos los efectos.
Artículo 27. Comunicación de la cesión de datos.—1. El responsable del fichero, en el momento en que se efectúe la primera cesión de datos, deberá informar de ello a los afectados, indicando, asimismo, la finalidad del fichero, la naturaleza de los datos que han sido cedidos y el nombre y dirección del cesionario.
2. La obligación establecida
en el apartado anterior no existirá en el supuesto previsto en los apartados 2, letras c), d), e) y 6 del artículo 11, ni cuando la cesión
venga impuesta por ley.
Artículo 28. Datos incluidos en las fuentes de acceso público.—1. Los datos personales que figuren en el censo promocional, o las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales a que se refiere el artículo 3.j) de esta Ley deberán limitarse a los que sean estrictamente necesarios para cumplir la finalidad a que se destina cada listado. La inclusión de datos adicionales por las entidades responsables del mantenimiento de dichas fuentes requerirá el consentimiento del interesado, que podrá ser revocado en cualquier momento.
2. Los interesados tendrán
derecho a que la entidad responsable del mantenimiento de los listados
de los Colegios profesionales indique gratuitamente que sus datos
personales no pueden utilizarse para fines de publicidad o prospección
comercial.
Los interesados tendrán derecho
a exigir gratuitamente la exclusión de la totalidad de sus datos
personales que consten en el censo promocional por las entidades
encargadas del mantenimiento de dichas fuentes.
La atención a la solicitud
de exclusión de la información innecesaria o de inclusión de la
objeción al uso de los datos para fines de publicidad o venta a
distancia deberá realizarse en el plazo de diez días respecto de
las informaciones que se realicen mediante consulta o comunicación
telemática y en la siguiente edición del listado cualquiera que
sea el soporte en que se edite.
3. Las fuentes de acceso público
que se editen en forma de libro o algún otro soporte físico, perderán
el carácter de fuente accesible con la nueva edición que se publique.
En el caso de que se obtenga
telemáticamente una copia de la lista en formato electrónico, ésta
perderá el carácter de fuente de acceso público en el plazo de un
año, contado desde el momento de su obtención.
4. Los datos que figuren en
las guías de servicios de telecomunicaciones disponibles al público
se regirán por su normativa específica.
Artículo 29. Prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito.—1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Podrán tratarse también
datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento
de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien
actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los
interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter
personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro,
una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará
de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en
los términos establecidos por la presente Ley.
3. En los supuestos a que se
refieren los dos apartados anteriores, cuando el interesado lo solicite,
el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como
las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas
durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona
o entidad a quien se hayan revelado los datos.
4. Sólo se podrán registrar
y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para
enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se
refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que
respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos.
Artículo 30. Tratamientos con fines de publicidad y de prospección comercial.—1. Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, utilizarán nombres y direcciones u otros datos de carácter personal cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento.
2. Cuando los datos procedan
de fuentes accesibles al público, de conformidad con lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 5.5 de esta Ley, en cada comunicación
que se dirija al interesado se informará del origen de los datos
y de la identidad del responsable del tratamiento, así como de los
derechos que le asisten.
3. En el ejercicio del derecho
de acceso los interesados tendrán derecho a conocer el origen de
sus datos de carácter personal, así como del resto de información
a que se refiere el artículo 15.
4. Los interesados tendrán
derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento
de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja
del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos
figuren en aquél, a su simple solicitud.
Artículo 31. Censo promocional.—1. Quienes pretendan realizar permanente o esporádicamente la actividad de recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial u otras actividades análogas, podrán solicitar del Instituto Nacional de Estadística o de los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas una copia del censo promocional, formado con los datos de nombre, apellidos y domicilio que constan en el censo electoral.
2. El uso de cada lista de
censo promocional tendrá un plazo de vigencia de un año. Transcurrido
el plazo citado, la lista perderá su carácter de fuente de acceso
público.
3. Los procedimientos mediante
los que los interesados podrán solicitar no aparecer en el censo
promocional se regularán reglamentariamente. Entre estos procedimientos,
que serán gratuitos para los interesados, se incluirá el documento
de empadronamiento. Trimestralmente se editará una lista actualizada
del censo promocional, excluyendo los nombres y domicilios de los que
así lo hayan solicitado.
4. Se podrá exigir una contraprestación
por la facilitación de la citada lista en soporte informático.
Artículo 32. Códigos tipo.—1. Mediante acuerdos sectoriales, convenios administrativos o decisiones de empresa, los responsables de tratamientos de titularidad pública y privada, así como las organizaciones en que se agrupen, podrán formular códigos tipo que establezcan las condiciones de organización, régimen de funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad del entorno, programas o equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento y uso de la información personal, así como las garantías, en su ámbito, para el ejercicio de los derechos de las personas con pleno respeto a los principios y disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo.
2. Los citados códigos podrán
contener o no reglas operacionales detalladas de cada sistema particular
y estándares técnicos de aplicación.
En el supuesto de que tales
reglas o estándares no se incorporen directamente al código, las
instrucciones u órdenes que los establecieran deberán respetar los
principios fijados en aquél.
3. Los códigos tipo tendrán
el carácter de códigos deontológicos o de buena práctica profesional,
debiendo ser depositados o inscritos en el Registro General de Protección
de Datos y, cuando corresponda, en los creados a estos efectos por
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 41.
El Registro General de Protección de Datos podrá denegar la inscripción
cuando considere que no se ajusta a las disposiciones legales y
reglamentarias sobre la materia, debiendo, en este caso, el Director
de la Agencia de Protección de Datos requerir a los solicitantes
para que efectúen las correcciones oportunas.
TÍTULO V
Movimiento
internacional de datos
Artículo 33. Norma general.—1. No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la presente Ley, salvo que, además de haberse observado lo dispuesto en ésta, se obtenga autorización previa del Director de la Agencia de Protección de Datos, que sólo podrá otorgarla si se obtienen garantías adecuadas.
2. El carácter adecuado del
nivel de protección que ofrece el país de destino se evaluará por
la Agencia de Protección de Datos atendiendo a todas las circunstancias
que concurran en la transferencia o categoría de transferencia de
datos. En particular, se tomará en consideración la naturaleza de
los datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos
previstos, el país de origen y el país de destino final, las normas
de derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero
de que se trate, el contenido de los informes de la Comisión de
la Unión Europea, así como las normas profesionales y las medidas
de seguridad en vigor en dichos países.
Artículo 34. Excepciones.—Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación:
a) Cuando la transferencia
internacional de datos de carácter personal resulte de la aplicación
de tratados o convenios en los que sea parte España.
b) Cuando la transferencia
se haga a efectos de prestar o solicitar auxilio judicial internacional.
c) Cuando la transferencia
sea necesaria para la prevención o para el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión
de servicios sanitarios.
d) Cuando se refiera a transferencias
dinerarias conforme a su legislación específica.
e) Cuando el afectado haya
dado su consentimiento inequívoco a la transferencia prevista.
f) Cuando la transferencia
sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el afectado
y el responsable del fichero o para la adopción de medidas precontractuales
adoptadas a petición del afectado.
g) Cuando la transferencia
sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado
o por celebrar, en interés del afectado, por el responsable del
fichero y un tercero.
h) Cuando la transferencia
sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público. Tendrá esta consideración la transferencia solicitada por
una Administración fiscal o aduanera para el cumplimiento de sus
competencias.
i) Cuando la transferencia
sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho
en un proceso judicial.
j) Cuando la transferencia
se efectúe, a petición de persona con interés legítimo, desde un
Registro público y aquélla sea acorde con la finalidad del mismo.
k) Cuando la transferencia
tenga como destino un Estado miembro de la Unión Europea, o un Estado
respecto del cual la Comisión de las Comunidades Europeas, en el
ejercicio de sus competencias, haya declarado que garantiza un nivel
de protección adecuado.
TÍTULO VI
Agencia
de Protección de Datos
Artículo 35. Naturaleza y régimen jurídico.—1. La Agencia de Protección de Datos es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en un Estatuto propio, que será aprobado por el Gobierno.
2. En el ejercicio de sus funciones
públicas, y en defecto de lo que disponga la presente Ley y sus
disposiciones de desarrollo, la Agencia de Protección de Datos actuará
de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En sus adquisiciones patrimoniales y contratación estará
sujeta al derecho privado.
3. Los puestos de trabajo de
los órganos y servicios que integren la Agencia de Protección de
Datos serán desempeñados por funcionarios de las Administraciones
públicas y por personal contratado al efecto, según la naturaleza
de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo. Este personal
está obligado a guardar secreto de los datos de carácter personal
de que conozca en el desarrollo de su función.
4. La Agencia de Protección
de Datos contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes
bienes y medios económicos:
a) Las asignaciones que se
establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.
b) Los bienes y valores que
constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.
c) Cualesquiera otros que legalmente
puedan serle atribuidos.
5. La Agencia de Protección
de Datos elaborará y aprobará con carácter anual el correspondiente
anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea
integrado, con la debida independencia, en los Presupuestos Generales
del Estado.
Artículo 36. El Director.—1. El Director de la Agencia de Protección de Datos dirige la Agencia y ostenta su representación. Será nombrado, de entre quienes componen el Consejo Consultivo, mediante Real Decreto, por un período de cuatro años.
2. Ejercerá sus funciones con
plena independencia y objetividad y no estará sujeto a instrucción
alguna en el desempeño de aquéllas.
En todo caso, el Director deberá
oír al Consejo Consultivo en aquellas propuestas que éste le realice
en el ejercicio de sus funciones.
3. El Director de la Agencia
de Protección de Datos sólo cesará antes de la expiración del período
a que se refiere el apartado 1, a petición propia o por separación
acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, en el
que necesariamente serán oídos los restantes miembros del Consejo
Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad
sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o
condena por delito doloso.
4. El Director de la Agencia
de Protección de Datos tendrá la consideración de alto cargo y quedará
en la situación de servicios especiales si con anterioridad estuviera
desempeñando una función pública. En el supuesto de que sea nombrado
para el cargo algún miembro de la carrera judicial o fiscal, pasará
asimismo a la situación administrativa de servicios especiales.
Artículo 37. Funciones.—
1. Son funciones de la Agencia
de Protección de Datos: a) Velar por el cumplimiento
de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación,
en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos.
b) Emitir las autorizaciones
previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias.
c) Dictar, en su caso, y sin
perjuicio de las competencias de otros órganos, las instrucciones
precisas para adecuar los tratamientos a los principios de la presente
Ley.
d) Atender las peticiones y
reclamaciones formuladas por las personas afectadas.
e) Proporcionar información
a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento
de los datos de carácter personal.
f) Requerir a los responsables
y los encargados de los tratamientos, previa audiencia de éstos,
la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento
de datos a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, ordenar
la cesación de los tratamientos y la cancelación de los ficheros,
cuando no se ajuste a sus disposiciones.
g) Ejercer la potestad sancionadora
en los términos previstos por el Título VII de
la presente Ley.
h) Informar, con carácter preceptivo,
los proyectos de disposiciones generales que desarrollen esta Ley.
i) Recabar de los responsables
de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria para
el desempeño de sus funciones.
j) Velar por la publicidad
de la existencia de los ficheros de datos con carácter personal,
a cuyo efecto publicará periódicamente una relación de dichos ficheros
con la información adicional que el Director de la Agencia determine.
k) Redactar una memoria anual
y remitirla al Ministerio de Justicia.
l) Ejercer el control y adoptar
las autorizaciones que procedan en relación con los movimientos
internacionales de datos, así como desempeñar las funciones de cooperación
internacional en materia de protección de datos personales.
m) Velar por el cumplimiento
de las disposiciones que la Ley de la Función Estadística Pública
establece respecto a la recogida de datos estadísticos y al secreto
estadístico, así como dictar las instrucciones precisas, dictaminar
sobre las condiciones de seguridad de los ficheros constituidos
con fines exclusivamente estadísticos y ejercer la potestad a la
que se refiere el artículo 46.
n) Cuantas otras le sean atribuidas
por normas legales o reglamentarias.
2. Las resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos se harán públicas, una vez hayan
sido notificadas a los interesados. La publicación se realizará
preferentemente a través de medios informáticos o telemáticos.
Reglamentariamente podrán establecerse
los términos en que se lleve a cabo la publicidad de las citadas
resoluciones.
Lo establecido en los párrafos
anteriores no será aplicable a las resoluciones referentes a la
inscripción de un fichero o tratamiento en el Registro General de
Protección de Datos ni a aquéllas por las que se resuelva la inscripción
en el mismo de los Códigos tipo, regulados por el artículo 32 de esta Ley Orgánica.
Este
apartado 2 ha sido añadido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre
(BOE del 31).
Artículo 38. Consejo Consultivo.—El Director de la Agencia de Protección de Datos estará asesorado por un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros:
Un Diputado, propuesto por
el Congreso de los Diputados.
Un Senador, propuesto por el
Senado.
Un representante de la Administración
Central, designado por el Gobierno.
Un representante de la Administración
Local, propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Un miembro de la Real Academia
de la Historia, propuesto por la misma.
Un experto en la materia, propuesto
por el Consejo Superior de Universidades.
Un representante de los usuarios
y consumidores, seleccionado del modo que se prevea reglamentariamente.
Un representante de cada Comunidad
Autónoma que haya creado una agencia de protección de datos en su
ámbito territorial, propuesto de acuerdo con el procedimiento que
establezca la respectiva Comunidad Autónoma.
Un representante del sector
de ficheros privados, para cuya propuesta se seguirá el procedimiento
que se regule reglamentariamente.
El funcionamiento del Consejo
Consultivo se regirá por las normas reglamentarias que al efecto
se establezcan.
Artículo 39. El Registro General de Protección de Datos.—1. El Registro General de Protección de Datos es un órgano integrado en la Agencia de Protección de Datos.
2. Serán objeto de inscripción
en el Registro General de Protección de Datos:
a) Los ficheros de que sean
titulares las Administraciones públicas.
b) Los ficheros de titularidad
privada.
c) Las autorizaciones a que
se refiere la presente Ley.
d) Los códigos tipo a que se
refiere el artículo 32 de
la presente Ley.
e) Los datos relativos a los
ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de
información, acceso, rectificación, cancelación y oposición.
3. Por vía reglamentaria se
regulará el procedimiento de inscripción de los ficheros, tanto
de titularidad pública como de titularidad privada, en el Registro
General de Protección de Datos, el contenido de la inscripción,
su modificación, cancelación, reclamaciones y recursos contra las
resoluciones correspondientes y demás extremos pertinentes.
Artículo 40. Potestad de inspección.—1. Las autoridades de control podrán inspeccionar los ficheros a que hace referencia la presente Ley, recabando cuantas informaciones precisen para el cumplimiento de sus cometidos.
A tal efecto, podrán solicitar
la exhibición o el envío de documentos y datos y examinarlos en
el lugar en que se encuentren depositados, así como inspeccionar
los equipos físicos y lógicos utilizados para el tratamiento de
los datos, accediendo a los locales donde se hallen instalados.
2. Los funcionarios que ejerzan
la inspección a que se refiere el apartado anterior tendrán la consideración
de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos.
Estarán obligados a guardar
secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de
las mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en las
mismas.
Artículo 41. Organos correspondientes de las Comunidades Autónomas.—1. Las funciones de la Agencia de Protección de Datos reguladas en el artículo 37, a excepción de las mencionadas en los apartados j), k) y l), y en los apartados f) y g) en lo que se refiere a las transferencias internacionales de datos, así como en los artículos 46 y 49, en relación con sus específicas competencias serán ejercidas, cuando afecten a ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados por las Comunidades Autónomas y por la Administración Local de su ámbito territorial, por los órganos correspondientes de cada Comunidad, que tendrán la consideración de autoridades de control, a los que garantizarán plena independencia y objetividad en el ejercicio de su cometido.
2. Las Comunidades Autónomas
podrán crear y mantener sus propios registros de ficheros para el
ejercicio de las competencias que se les reconoce sobre los mismos.
3. El Director de la Agencia
de Protección de Datos podrá convocar regularmente a los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas a efectos de cooperación
institucional y coordinación de criterios o procedimientos de actuación.
El Director de la Agencia de Protección de Datos y los órganos correspondientes
de las Comunidades Autónomas podrán solicitarse mutuamente la información
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 42. Ficheros de las Comunidades Autónomas en materia de su exclusiva competencia.—1. Cuando el Director de la Agencia de Protección de Datos constate que el mantenimiento o uso de un determinado fichero de las Comunidades Autónomas contraviene algún precepto de esta Ley en materia de su exclusiva competencia podrá requerir a la Administración correspondiente que se adopten las medidas correctoras que determine en el plazo que expresamente se fije en el requerimiento.
2. Si la Administración pública
correspondiente no cumpliera el requerimiento formulado, el Director
de la Agencia de Protección de Datos podrá impugnar la resolución
adoptada por aquella Administración.
TÍTULO VII
Infracciones
y sanciones
Artículo 43. Responsables.—
1. Los responsables de los
ficheros y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al
régimen sancionador establecido en la presente Ley. 2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública
se estará, en cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto en
los artículos 46 y 48 de la presente Ley.
Este apartado 2 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
Artículo 44. Tipos de infracciones.—
1. Las infracciones se calificarán
como leves, graves o muy graves. 2. Son infracciones leves:
a) No remitir a la Agencia Española de Protección de Datos
las notificaciones previstas en esta Ley o en sus disposiciones de
desarrollo.
b) No solicitar la inscripción del fichero de datos de
carácter personal en el Registro General de Protección de Datos.
c) El incumplimiento del deber de información al afectado
acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los
datos sean recabados del propio interesado.
d) La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento
sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en el artículo 12 de esta Ley.
Este apartado 2 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
3. Son infracciones graves:
a) Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública
o iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos,
sin autorización de disposición general, publicada en el "Boletín
Oficial del Estado" o diario oficial correspondiente.
b) Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento
de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme
a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
c) Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente
con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones
que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción
muy grave.
d) La vulneración del deber de guardar secreto acerca
del tratamiento de los datos de carácter personal al que se refiere
el artículo 10 de la presente Ley.
e) El impedimento o la obstaculización del ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
f) El incumplimiento del deber de información al afectado
acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los
datos no hayan sido recabados del propio interesado.
g) El incumplimiento de los restantes deberes de notificación
o requerimiento al afectado impuestos por esta Ley y sus disposiciones
de desarrollo.
h) Mantener los ficheros, locales, programas o equipos
que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones
de seguridad que por vía reglamentaria se determinen.
i) No atender los requerimientos o apercibimientos de
la Agencia Española de Protección de Datos o no proporcionar a aquélla
cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma.
j) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.
k) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal
sin contar con legitimación para ello en los términos previstos en
esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, salvo
que la misma sea constitutiva de infracción muy grave.
Este apartado 3 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
4. Son infracciones muy graves:
a) La recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta.
b) Tratar o ceder los datos de carácter personal a los
que se refieren los apartados 2, 3 y 5 del artículo 7 de esta Ley salvo en
los supuestos en que la misma lo autoriza o violentar la prohibición
contenida en el apartado 4 del artículo 7.
c) No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter
personal cuando existiese un previo requerimiento del Director de la
Agencia Española de Protección de Datos para ello.
d) La transferencia internacional de datos de carácter
personal con destino a países que no proporcionen un nivel de protección
equiparable sin autorización del Director de la Agencia Española
de Protección de Datos salvo en los supuestos en los que conforme
a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo dicha autorización
no resulta necesaria.
Este apartado 4 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
Artículo 45. Tipo de sanciones.—
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa
de 900 a 40.000 euros.Este apartado 1 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa
de 40.001 a 300.000 euros.
Este apartado 2 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa
de 300.001 a 600.000 euros.
Este apartado 3 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo
a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la
realización de tratamientos de datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión
de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la
misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas
interesadas o a terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos
constitutivos de infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos
adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos
de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía
en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta
de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para
determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes
en la concreta actuación infractora.
Este apartado 4 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la
sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones
que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra
la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la
culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia
de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados
en el apartado 4 de este artículo.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación
irregular de forma diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado
ha podido inducir a la comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente
su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción
y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable
a la entidad absorbente.
Este apartado 5 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
6. Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa
audiencia de los interesados y atendida la naturaleza de los hechos
y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en
el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento sancionador
y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en
el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción
de las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes,
siempre que concurran los siguientes presupuestos:
a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve
o grave conforme a lo dispuesto en esta Ley.
b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido
con anterioridad.
Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que
el órgano sancionador hubiera determinado procederá la apertura
del correspondiente procedimiento sancionador por dicho incumplimiento.
Este apartado 6 ha sido
añadido por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
7. En ningún caso podrá imponerse
una sanción más grave que la fijada en la Ley para la clase de infracción
en la que se integre la que se pretenda sancionar.
Este apartado 7 era anteriormente
el 6 que ha sido renumerado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía Sostenible.
8. El Gobierno actualizará
periódicamente la cuantía de las sanciones de acuerdo con las variaciones
que experimenten los índices de precios.
Este apartado 8 era anteriormente
el 7 que ha sido renumerado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía Sostenible.
La
Resolución de 11 de diciembre de 2001 (BOE del 19), establece que
las cuantías de las sanciones establecidas en este artículo quedan
expresadas en euros del siguiente modo:
| Concepto | Pesetas | Euros |
| Leves | 100.000 a 10.000000 | 601.01 a 60.101,21 |
| Graves | 10.000.000 a 50.000.000 | 60.101,21 a 300.506,05 |
| Muy graves | 50.000.000 a 100.000.000 | 300.506,05 a 601.012,10 |
Artículo 46. Infracciones de las Administraciones públicas.—
1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44
fuesen cometidas en ficheros de titularidad pública o en relación
con tratamientos cuyos responsables lo serían de ficheros de dicha
naturaleza, el órgano sancionador dictará una resolución estableciendo
las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los
efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al responsable
del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados
si los hubiera.Este apartado 1 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
2. El órgano sancionador podrá proponer también la iniciación
de actuaciones disciplinarias, si procedieran. El procedimiento
y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación
sobre régimen disciplinario de las Administraciones Públicas.
Este apartado 2 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
3. Se deberán comunicar al órgano sancionador las resoluciones
que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se
refieren los apartados anteriores.
Este apartado 3 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
4. El Director de la Agencia
comunicará al Defensor del Pueblo las actuaciones que efectúe y
las resoluciones que dicte al amparo de los apartados anteriores.
Artículo 47. Prescripción.—1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
2. El plazo de prescripción
comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera
cometido.
3. Interrumpirá la prescripción
la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas
no imputables al presunto infractor.
4. Las sanciones impuestas
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas
por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves
al año.
5. El plazo de prescripción
de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
6. La prescripción se interrumpirá
por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está
paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.
Artículo 48. Procedimiento sancionador.—
1. Por vía reglamentaria se
establecerá el procedimiento a seguir para la determinación de las
infracciones y la imposición de las sanciones a que hace referencia
el presente Título. 2. Las resoluciones de la Agencia
de Protección de Datos u órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma agotan la vía administrativa.
3. Los procedimientos sancionadores
tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos, en ejercicio
de las potestades que a la misma atribuyan esta u otras Leyes, salvo
los referidos a infracciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,
tendrán una duración máxima de seis meses.
Este
apartado 3 ha sido añadido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre
(BOE del 31).
Artículo 49. Potestad de inmovilización de ficheros.—
En los supuestos constitutivos de infracción grave o muy
grave en que la persistencia en el tratamiento de los datos de carácter
personal o su comunicación o transferencia internacional posterior
pudiera suponer un grave menoscabo de los derechos fundamentales
de los afectados y en particular de su derecho a la protección de
datos de carácter personal, el órgano sancionador podrá, además
de ejercer la potestad sancionadora, requerir a los responsables
de ficheros de datos de carácter personal, tanto de titularidad
pública como privada, la cesación en la utilización o cesión ilícita
de los datos. Si el requerimiento fuera desatendido, el órgano sancionador
podrá, mediante resolución motivada, inmovilizar tales ficheros
a los solos efectos de restaurar los derechos de las personas afectadas.Este artículo 49 ha sido
redactado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Ficheros preexistentes.—Los ficheros y tratamientos automatizados inscritos o no en el Registro General de Protección de Datos deberán adecuarse a la presente Ley Orgánica dentro del plazo de tres años, a contar desde su entrada en vigor. En dicho plazo, los ficheros de titularidad privada deberán ser comunicados a la Agencia de Protección de Datos y las Administraciones públicas, responsables de ficheros de titularidad pública, deberán aprobar la pertinente disposición de regulación del fichero o adaptar la existente.
En el supuesto de ficheros
y tratamientos no automatizados, su adecuación a la presente Ley
Orgánica, y la obligación prevista en el párrafo anterior deberán
cumplimentarse en el plazo de doce años a contar desde el 24 de
octubre de 1995, sin perjuicio del ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación y cancelación por parte de los afectados.
Disposición adicional segunda. Ficheros y Registro de Población de las Administraciones públicas.—1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas podrán solicitar al Instituto Nacional de Estadística, sin consentimiento del interesado, una copia actualizada del fichero formado con los datos del nombre, apellidos, domicilio, sexo y fecha de nacimiento que constan en los padrones municipales de habitantes y en el censo electoral correspondientes a los territorios donde ejerzan sus competencias, para la creación de ficheros o registros de población.
2. Los ficheros o registros
de población tendrán como finalidad la comunicación de los distintos
órganos de cada Administración pública con los interesados residentes
en los respectivos territorios, respecto a las relaciones jurídico
administrativas derivadas de las competencias respectivas de las
Administraciones públicas.
Disposición adicional tercera. Tratamiento de los expedientes de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social.—Los expedientes específicamente instruidos al amparo de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes, y de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que contengan datos de cualquier índole susceptibles de afectar a la seguridad, al honor, a la intimidad o a la imagen de las personas, no podrán ser consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados, o hayan transcurrido cincuenta años desde la fecha de aquéllos.
En este último supuesto, la
Administración General del Estado, salvo que haya constancia expresa
del fallecimiento de los afectados, pondrá a disposición del solicitante
la documentación, suprimiendo de la misma los datos aludidos en
el párrafo anterior, mediante la utilización de los procedimientos
técnicos pertinentes en cada caso.
Disposición adicional cuarta. Modificación del artículo 112.4 de la Ley General Tributaria.—El apartado cuarto del artículo 112 de la Ley General Tributaria pasa a tener la siguiente redacción:
«4. La cesión de aquellos datos
de carácter personal, objeto de tratamiento, que se debe efectuar
a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo
111, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma
de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En
este ámbito tampoco será de aplicación lo que respecto a las Administraciones
públicas establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica
de Protección de Datos de carácter personal.»
Disposición adicional quinta. Competencias del Defensor del Pueblo y órganos autonómicos semejantes.—Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se entiende sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo y de los órganos análogos de las Comunidades Autónomas.
Disposición adicional sexta. Modificación del artículo 24.3 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.—Se modifica el artículo 24.3, párrafo 2.º de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«Las entidades aseguradoras
podrán establecer ficheros comunes que contengan datos de carácter
personal para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico
actuarial con la finalidad de permitir la tarificación y selección
de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora.
La cesión de datos a los citados ficheros no requerirá el consentimiento previo
del afectado, pero sí la comunicación al mismo de la posible cesión
de sus datos personales a ficheros comunes para los fines señalados
con expresa indicación del responsable para que se puedan ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y cancelación previstos en
la ley.
También podrán establecerse
ficheros comunes cuya finalidad sea prevenir el fraude en el seguro
sin que sea necesario el consentimiento del afectado. No obstante,
será necesaria en estos casos la comunicación al afectado, en la
primera introducción de sus datos, de quién sea el responsable del
fichero y de las formas de ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación y cancelación.
En todo caso, los datos relativos
a la salud sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento
expreso del afectado.»
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Tratamientos creados por Convenios internacionales.—La Agencia de Protección de Datos será el organismo competente para la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal respecto de los tratamientos establecidos en cualquier Convenio Internacional del que sea parte España que atribuya a una autoridad nacional de control esta competencia, mientras no se cree una autoridad diferente para este cometido en desarrollo del Convenio.
Disposición transitoria segunda. Utilización del censo promocional.—Reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos de formación del censo promocional, de oposición a aparecer en el mismo, de puesta a disposición de sus solicitantes, y de control de las listas difundidas. El Reglamento establecerá los plazos para la puesta en operación del censo promocional.
Disposición transitoria tercera. Subsistencia de normas preexistentes.—Hasta tanto se lleven a efecto las previsiones de la disposición final primera de esta Ley, continuarán en vigor, con su propio rango, las normas reglamentarias existentes y, en especial, los Reales Decretos 428/1993, de 26 de marzo; 1332/1994, de 20 de junio, y 994/1999, de 11 de junio, en cuanto no se opongan a la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.—El Gobierno aprobará, o modificará, las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.
Disposición final segunda. Preceptos con carácter de Ley ordinaria.—Los Títulos IV, VI excepto el último inciso del párrafo 4 del artículo 36 y VII de la presente Ley, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria primera y la final primera tienen el carácter de Ley ordinaria.
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