LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS (BOE DEL 22)

• Exposición de Motivos

• Título Preliminar. Normas generales (Arts. 1 a 3)

  • Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación

  • Art. 2. Profesiones sanitarias tituladas

  • Art. 3. Profesionales del área sanitaria de formación profesional

• Título I. Del ejercicio de las profesiones sanitarias (Arts. 4 a 11)

  • Art. 4. Principios generales

  • Art. 5. Principios generales de la relación entre los profesionales sanitarios y las personas atendidas por ellos

  • Art. 6. Licenciados sanitarios

  • Art. 7. Diplomados sanitarios

  • Art. 8. Ejercicio profesional en las organizaciones sanitarias

  • Art. 9. Relaciones interprofesionales y trabajo en equipo

  • Art. 10. Gestión clínica en las organizaciones sanitarias

  • Art. 11. Investigación y docencia

• Título II. De la formación de los profesionales sanitarios (Arts. 12 a 36)

  • Capítulo I. Normas generales (Art. 12)

    • Art. 12. Principios rectores

  • Capítulo II. Formación pregraduada (Arts. 13 y 14)

    • Art. 13. De la formación universitaria

    • Art. 14. Conciertos entre las universidades y los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios

  • Capítulo III. Formación especializada en Ciencias de la Salud (Arts. 15 a 20)

    • Sección 1.ª Objeto y definiciones (Arts. 15 y 16)

      • Art. 15. Carácter y objeto de la formación especializada

      • Art. 16. Títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud

      • Art. 17. Expedición del título de especialista

      • Art. 18. Reconocimiento profesional de títulos de especialista obtenidos en Estados extranjeros

    • Sección 2.ª De la estructura y la formación en las especialidades en Ciencias de la Salud (Arts. 19 a 25)

      • Art. 19. Estructura general de las especialidades

      • Art. 20. Sistema de formación de especialistas

      • Art. 21. Programas de formación

      • Art. 22. Acceso a la formación especializada

      • Art. 23. Formación para una nueva especialización

      • Art. 24. Áreas de Capacitación Específica

      • Art. 25. Áreas de Capacitación Específica

    • Sección 3.ª Estructura de apoyo a la formación (Arts. 26 a 36)

      • Art. 26. Acreditación de centros y unidades docentes

      • Art. 27. Comisiones de docencia

      • Art. 28. Comisiones Nacionales de Especialidad

      • Art. 29. Comités de Áreas de Capacitación Específica

      • Art. 30. Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud

      • Art. 31. Apoyo técnico y secretaría de las comisiones

      • Art. 32. Registros

  • Capítulo IV. Formación continuada (Arts. 33 a 36)

    • Art. 33. Principios generales

    • Art. 34. Comisión de Formación Continuada

    • Art. 35. Acreditación de centros, actividades y profesionales

    • Art. 36. Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada

• Título III. Del desarrollo profesional y su reconocimiento (Arts. 37 a 39)

  • Art. 37. Normas generales

  • Art. 38. Desarrollo profesional

  • Art. 39. Homologación del reconocimiento del desarrollo profesional

• Título IV. Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias (Arts. 40 a 46)

  • Art. 40. Modalidades y principios generales del ejercicio privado

  • Art. 41. Prestación de servicios por cuenta ajena

  • Art. 42. Prestación de servicios por cuenta propia

  • Art. 43. Registros de profesionales

  • Art. 44. Publicidad del ejercicio profesional privado

  • Art. 45. Seguridad y calidad en el ejercicio profesional privado

  • Art. 46. Cobertura de responsabilidad

• Título V. De la participación de los profesionales (Arts. 47 a 50)

  • Art. 47. Comisión Consultiva Profesional

  • Art. 48. Composición y adscripción

  • Art. 49. Régimen de funcionamiento

  • Art. 50. Funciones

• Disposición Adicional

  • Primera. Relación laboral especial de residencia

  • Segunda. Reserva de denominaciones

  • Tercera. Formación de especialistas sanitarios en plazas de la Red Sanitaria Militar

  • Cuarta. Efectos retributivos del sistema de desarrollo profesional

  • Quinta. Aplicación de esta ley a las profesiones sanitarias

  • Sexta. Exclusiones a la aplicación de esta ley por motivos de seguridad pública

  • Séptima. Carácter de profesionales sanitarios

  • Octava. Régimen de infracciones y sanciones

  • Novena. Evaluación del desarrollo profesional en centros sanitarios de investigación

  • Décima. Dirección de centros sanitarios

  • Undécima. Referencias a licenciados y diplomados

• Disposiciones transitorias

  • Primera. Aplicación progresiva del artículo 22.2 de esta ley

  • Segunda. Implantación del sistema de desarrollo profesional

  • Tercera. Definición y estructuración de las profesiones sanitarias y de los profesionales del área sanitaria de formación profesional

  • Cuarta. Especialidades sanitarias cuyo sistema de formación no es el de residencia

  • Quinta. Creación de nuevos títulos de Especialista y de Diplomas de Áreas de Capacitación Específica en Ciencias de la Salud

  • Sexta. Constitución de órganos colegiados

• Disposición Derogatoria

  • Única. Derogación de normas

• Disposiciones finales

  • Primera. Título competencial

  • Segunda. Informes sobre financiación

  • Tercera. Entrada en vigor

LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS (BOE DEL 22)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    

I

La primera regulación de las profesiones sanitarias en España se produce mediado el siglo XIX, pues ya el Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, de 24 de julio de 1848, determinaba que el ejercicio de las profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria estaba comprendido dentro del ramo de la Sanidad.

Por la Ley de 28 de noviembre de 1855, sobre el Servicio General de Sanidad, se instituyeron los Jurados Médicos Provinciales de Calificación, que tenían por objeto prevenir, amonestar y calificar las faltas que cometieran los profesionales en el ejercicio de sus facultades, así como regularizar sus honorarios, reprimir los abusos y establecer una severa moral médica.

Tanto la Ley de 1855 como la Instrucción General de 12 de enero de 1904, se preocuparon de reglamentar, siquiera embrionariamente, el ejercicio profesional de lo que denominaron «el arte de curar» con el establecimiento de un registro de profesionales que pusieron a cargo de los Subdelegados de Sanidad.

La entrada en vigor, ya a mediados del siglo XX, de otras leyes sanitarias, supuso el abandono del sistema de ordenación seguido hasta entonces. La Ley de Bases de la Sanidad Nacional, de 25 de noviembre de 1944, dedicó únicamente su base 12 a la organización profesional de médicos, practicantes y odontólogos, con una única previsión, la de la existencia de corporaciones profesionales.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, únicamente se refiere al ejercicio libre de las profesiones sanitarias, sin afrontar su regulación, aunque prevé, como competencia del Estado, la homologación de programas de formación postgraduada, perfeccionamiento y especialización de personal sanitario, así como la homologación general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios. Ello es así porque la Ley General de Sanidad es una norma de naturaleza predominantemente organizativa, cuyo objetivo primordial es establecer la estructura y funcionamiento del sistema sanitario público en el nuevo modelo político y territorial del Estado que deriva de la Constitución de 1978.

Debido a ello, lo esencial del ejercicio de la medicina y del resto de las profesiones sanitarias, con la sola excepción de la odontología y otras profesiones relacionadas con la salud dental, a las que se refiere la Ley 10/1986, de 17 de marzo, queda deferido a otras disposiciones, ya sean las reguladoras del sistema educativo, ya las de las relaciones con los pacientes, ya las relativas a los derechos y deberes de los profesionales en cuanto tales o ya las que regulan las relaciones de servicio de los profesionales con los centros o las instituciones y corporaciones públicas y privadas.

Esta situación de práctico vacío normativo, unida a la íntima conexión que el ejercicio de las profesiones sanitarias tiene con el derecho a la protección de la salud, con el derecho a la vida y a la integridad física, con el derecho a la intimidad personal y familiar, con el derecho a la dignidad humana y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, aconseja el tratamiento legislativo específico y diferenciado de las profesiones sanitarias.

No puede olvidarse, por otra parte, la normativa de las Comunidades Europeas, centrada en las directivas sobre reconocimiento recíproco, entre los Estados miembros, de diplomas, certificados y otros títulos relativos al ejercicio de las profesiones sanitarias que, en la medida que subordinan el acceso a las actividades profesionales sanitarias a la posesión de los títulos que en las directivas se precisan, introducen, indudablemente, una limitación al ejercicio profesional que ha de establecerse, en nuestro derecho interno, por norma con rango formal de ley, tal y como exige el artículo 36 de nuestra Constitución.

El contenido de la ley, en esta materia, debe de centrarse en regular las condiciones de ejercicio y los respectivos ámbitos profesionales, así como las medidas que garanticen la formación básica, práctica y clínica de los profesionales.

En virtud de todo ello, esta ley tiene por finalidad dotar al sistema sanitario de un marco legal que contemple los diferentes instrumentos y recursos que hagan posible la mayor integración de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial, tanto en su vertiente pública como en la privada, facilitando la corresponsabilidad en el logro de los fines comunes y en la mejora de la calidad de la atención sanitaria prestada a la población, garantizando, asimismo, que todos los profesionales sanitarios cumplen con los niveles de competencia necesarios para tratar de seguir salvaguardando el derecho a la protección de la salud.

II

El concepto de profesión es un concepto elusivo que ha sido desarrollado desde la sociología en función de una serie de atributos como formación superior, autonomía y capacidad auto-organizativa, código deontológico y espíritu de servicio, que se dan en mayor o menor medida en los diferentes grupos ocupacionales que se reconocen como profesiones. A pesar de dichas ambigüedades y considerando que nuestra organización política sólo se reconoce como profesión existente aquella que está normada desde el Estado, los criterios a utilizar para determinar cuáles son las profesiones sanitarias, se deben basar en la normativa preexistente. Esta normativa corresponde a dos ámbitos: el educativo y el que regula las corporaciones colegiales. Por ello en esta ley se reconocen como profesiones sanitarias aquellas que la normativa universitaria reconoce como titulaciones del ámbito de la salud, y que en la actualidad gozan de una organización colegial reconocida por los poderes públicos.

Por otra parte, existe la necesidad de resolver, con pactos interprofesionales previos a cualquier normativa reguladora, la cuestión de los ámbitos competenciales de las profesiones sanitarias manteniendo la voluntad de reconocer simultáneamente los crecientes espacios competenciales compartidos interprofesionalmente y los muy relevantes espacios específicos de cada profesión. Por ello en esta ley no se ha pretendido determinar las competencias de unas y otras profesiones de una forma cerrada y concreta sino que establece las bases para que se produzcan estos pactos entre profesiones, y que las praxis cotidianas de los profesionales en organizaciones crecientemente multidisciplinares evolucionen de forma no conflictiva, sino cooperativa y transparente.

III

Con el objetivo de cumplir los fines antes expuestos, así como el de mejor protección de la salud conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Española, esta ley se estructura en un título preliminar y en otros cinco títulos.

El título preliminar y el título I se dirigen a determinar los aspectos esenciales del ejercicio de las profesiones sanitarias, estableciendo, de forma expresa, cuáles son tales profesiones, reservando a los correspondientes titulados el ejercicio de las mismas, determinando los ámbitos funcionales propios de cada una de ellas, y enumerando los derechos de los usuarios de sus servicios profesionales.

El título II de la ley regula la formación de los profesionales sanitarios, contemplando tanto la formación pregraduada como la especializada y, lo que es una innovación normativa de singular relevancia, la formación continuada. La exigencia de esta última, con carácter general, con efectos en el reconocimiento del desarrollo profesional del personal de los servicios sanitarios, ha de tener especial influencia en el propio desarrollo, consolidación, calidad y cohesión de nuestro sistema sanitario.

El desarrollo profesional y su reconocimiento es objeto de regulación en el título III, que establece sus principios generales, comunes y homologables en todo el Sistema Sanitario. Se sientan así las bases de un sistema imprescindible para propiciar el desarrollo del Sistema Sanitario de acuerdo con el principio de calidad asistencial y de mejora permanente de las prestaciones sanitarias, sistema que viene siendo requerido por los propios profesionales, por los servicios autonómicos de salud y por los servicios sanitarios de titularidad privada.

El ejercicio profesional en el ámbito privado se regula en el título IV de esta ley, que establece, como principio general, la aplicación a los servicios sanitarios de tal titularidad de los criterios que se determinan en esta norma, con el fin de garantizar la máxima calidad de las prestaciones sanitarias, sea cual sea la financiación de éstas.

La ley se completa con el título V, relativo a la participación de los profesionales sanitarios en el desarrollo, planificación y ordenación de las profesiones sanitarias, participación que se articula a través de la Comisión Consultiva Profesional, en la que se encuentran representados todos los estamentos profesionales.

COMENTARIO A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La significación e importancia de la nueva Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (en adelante, LOPS) radica, no sólo en que nos encontramos en presencia de la primera regulación unitaria y completa de las profesiones sanitarias en el ámbito del ordenamiento jurídico español, sino en el hecho de haberse abordado esta materia en un momento decisivo que coincide con la culminación del proceso de transferencias de la gestión de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas, de las que a partir de ahora dependerán orgánica y funcionalmente la gran mayoría de los profesionales sanitarios del ámbito público. Respecto de la importancia de la LOPS ha señalado el Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de julio de 2004, que esta disposición «viene a colmar una situación de práctico vacío normativo, o al menos de insatisfactoria regulación de las profesiones sanitarias tanto desde un punto de vista formal (exigencia de rango legislativo, artículo 36 de la CE) como desde una perspectiva material (precisión de los ámbitos profesionales)». Se distinguen en el texto de la LOPS dos grandes bloques; el primero se dirige a regular, entre otros aspectos conexos, el ejercicio de las profesiones sanitarias tanto en el ámbito público como en el privado, considerando como profesiones sanitarias únicamente aquellas reconocidas como titulaciones en el ámbito de la salud por parte de la regulación universitaria y que en la actualidad cuentan con una estructura colegial reconocida por los poderes públicos. De este modo, la consideración como profesión sanitaria está supeditada al cumplimiento de un doble requisito: la exigencia de titulación académica (no de formación profesional), y la sumisión a las normas deontológicas de las corporaciones profesionales, debiendo estar obligatoriamente colegiados. No en vano, el artículo 1.3 de la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, modificada por la Ley 7/1997 señala, como finalidad de estas corporaciones de derecho público, la ordenación del ejercicio de las profesiones "sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón funcionarial". El segundo gran bloque de la LOPS está constituido por las disposiciones dedicadas a regular la formación (pregraduada, especializada y continuada) de los profesionales sanitarios y su incidencia en el desarrollo profesional de este colectivo en el ámbito de los servicios públicos de salud.

TÍTULO PRELIMINAR

Normas generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.—    Esta ley regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formación de los profesionales, al desarrollo profesional de éstos y a su participación en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias. Asimismo, establece los registros de profesionales que permitan hacer efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los recursos humanos del sistema de salud.

Las disposiciones de esta ley son aplicables tanto si la profesión se ejerce en los servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 1: En consonancia con lo dispuesto en la Exposición de Motivos, el ámbito de aplicación de la LOPS abarca los aspectos básicos de las profesiones sanitarias ejercidas tanto en centros sanitarios públicos como de manera privada. De la redacción de este precepto se desprende claramente que la vocación del legislador estatal no ha sido la de ofrecer una regulación completa de estas profesiones, limitándose únicamente ha establecer los «aspectos básicos» en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 149.1.16 y el artículo 149.1.30 de la CE que se vincula directamente con las profesiones tituladas (Artículo 36 de la CE), sin que pueda merecer tal consideración cualquier actividad, oficio ó profesión (STC 82/86), pues solo existen como tales cuando se condiciona la realización de una actividad a la posesión de concretos títulos académicos (STC 83/84), esto es, que son profesiones tituladas aquellas para cuyo ejercicio se requiera estar en posesión del correspondiente título, obtenido tras haber completado la realización de estudios superiores (STC 42/86).

Artículo 2.  Profesiones sanitarias tituladas.—    1.  De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los efectos de esta ley, son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente aplicable.

2.  Las profesiones sanitarias se estructuran en los siguientes grupos:

         a)  De nivel Licenciado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Licenciado en Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud para Licenciados a que se refiere el título II de esta ley.

         b)  De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia Ocupacional, en Podología, en Óptica y Optometría, en Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética y los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud para tales Diplomados a que se refiere el título II de esta ley.

3.  Cuando así resulte necesario, por las características de la actividad, para mejorar la eficacia de los servicios sanitarios o para adecuar la estructura preventiva o asistencial al progreso científico y tecnológico, se podrá declarar formalmente el carácter de profesión sanitaria, titulada y regulada, de una determinada actividad no prevista en el apartado anterior, mediante norma con rango de ley.

Conforme a lo establecido en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental, tienen carácter de profesión sanitaria la de protésico dental y la de higienista dental.

         4.  En las normas a que se refiere el apartado 3, se establecerán los procedimientos para que el Ministerio de Sanidad y Consumo expida, cuando ello resulte necesario, una certificación acreditativa que habilite para el ejercicio profesional de los interesados.

COMENTARIO AL APARTADO 1: El legislador estatal establece de este modo, y cumpliendo con la reserva de ley que impone el artículo 36 de la CE (SSTC 83/84, 42/86, 93/92 y 111/93), qué profesiones sanitarias (concepto respecto del cual el legislador es, en principio, libre para dar en cada momento el contenido y alcance que juzgue conveniente) merecen el calificativo de «tituladas» en el sentido establecido en el artículo 36 de la CE, a diferencia de la acepción genérica de profesión recogida en el artículo 35 de nuestra Carta Magna; pues exigir el cumplimiento de unos requisitos para poder ejercer una determinada actividad profesional (como sería el caso de una especialidad médica) es cosa distinta de la creación de una profesión titulada (STC 330/94). Así mismo, conviene dibujar claramente la línea divisoria existente entre el concepto de «profesión» y el de «título académico», pues si bien es cierto que existe una estrecha relación entre ambos, ello no impide reconocer la independencia que debe presidir la regulación de uno y de otro, como se deduce del artículo 149.1.30 de la CE, competencia estatal que va dirigida no a regular una profesión, sino a proporcionar la capacitación necesaria para el ejercicio de las actividades profesionales (Artículo 1.1 de la LOGSE) mediante norma reglamentaria (no reserva de ley) De otro lado, se recalca la importancia de los colegios profesionales como factor que ha de ser tomado en consideración para poder predicar el carácter titulado de una profesión sanitaria, en consonancia con lo ya previsto en la propia Exposición de Motivos de la Ley, aunque con carácter general no toda profesión titulada comporta necesariamente la colegiación obligatoria, como se desprende de la STC 330/1994. El principio de colegiación obligatoria ha sido discutido desde el punto de vista de la restricción que supone a la libertad de asociación que reconoce la CE. No obstante, el Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente la constitucionalidad del régimen de adscripción forzosa a los colegios profesionales en sentencias SSTC 244/1991, 93/1992, y 166/1992 siguiendo el criterio establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 23 de junio de 1981.

COMENTARIO AL APARTADO 2. A): Los licenciados en Medicina, Farmacia, Odontología y Veterinaria están habilitados como profesionales sanitarios por la posesión de la mera titulación, mientras que los licenciados en psicología, química, y otras, necesitan además de la licenciatura estar en posesión de un título oficial de especialista en Ciencias de la Salud para ser considerados profesionales sanitarios conforme a lo previsto en el artículo 19 de esta ley. El carácter multidisciplinar de algunas especialidades relacionadas con la práctica sanitaria motivó la creación de títulos oficiales de especialistas sanitarios para dar cobertura a algunas tareas de otras disciplinas al amparo del artículo 149.1.30 de la CE, con la consiguiente creación de nuevas Comisiones Nacionales de Especialidades, como sucedió con el Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre que crea y regula las especialidades sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos, modificando el artículo 3 del Real Decreto 2708/1982 al trasladar la especialidad de Radiofarmacia al grupo primero de especialización que requiere formación universitaria. La exclusión de los psicólogos del concepto profesional sanitario (salvo los psicólogos clínicos) ha sido una cuestión controvertida, pues el Real Decreto 1754/1998 consideraba que los psicólogos eran profesionales del sector sanitario. La justificación de su exclusión de las profesiones sanitarias tituladas descansa en el hecho de que esta área de conocimiento y la correspondiente titulación académica se encuadra en las Ciencias Sociales, y no en las Ciencias de la Salud, de acuerdo con el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales creado por el Real Decreto 1497/1987.

COMENTARIO AL APARTADO 2.B): Obsérvese que quedan excluidas de la consideración de profesiones sanitarias las titulaciones de formación profesional pertenecientes a la rama sanitaria, ya sean de grado medio ó superior, a excepción de los protésicos dentales e higienistas dentales, que sí están considerados legalmente como profesión sanitaria en virtud de la Ley 10/1986, de 17 de marzo.

COMENTARIO AL APARTADO 4: Tanto la declaración formal de profesión sanitaria titulada y regulada, de una actividad no comprendida entre las profesiones sanitarias enumeradas en el artículo 2.1, como la expedición de certificaciones acreditativas que habiliten para el ejercicio profesional, constituyen manifestaciones de las potestades discrecionales de la Administración sanitaria. La primera de estas facultades está supeditada a la existencia de una necesidad previa de mejora de los servicios o adecuación de la actividad y de la estructura a las necesidades existentes y requiere su aprobación por Ley. La segunda (habilitación para el ejercicio como profesional sanitario) está relacionada de manera directa con lo previsto en el artículo 4.2 de la propia LOPS, y se materializa en la expedición de una acreditación individual cuyo régimen sustantivo y procedimental habrá de estar previsto igualmente en norma con rango de Ley.

Artículo 3.  Profesionales del área sanitaria de formación profesional.—         1.  De conformidad con el artículo 35.1 de la Constitución, son profesionales del área sanitaria de formación profesional quienes ostentan los títulos de formación profesional de la familia profesional sanidad, o los títulos o certificados equivalentes a los mismos.

2.  Los profesionales del área sanitaria de formación profesional se estructuran en los siguientes grupos:

a)  De grado superior: quienes ostentan los títulos de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología, en Dietética, en Documentación Sanitaria, en Higiene Bucodental, en Imagen para el Diagnóstico, en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, en Ortoprotésica, en Prótesis Dentales, en Radioterapia, en Salud Ambiental y en Audioprótesis.

b)  De grado medio: quienes ostentan los títulos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y en Farmacia.

3.  Tendrán, asimismo, la consideración de profesionales del área sanitaria de formación profesional los que estén en posesión de los títulos de formación profesional que, en la familia profesional sanidad, establezca la Administración General del Estado conforme a lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

4.  Los técnicos superiores y técnicos a los que se refiere este artículo ejercerán su actividad profesional sanitaria de acuerdo con las normas reguladoras de la formación profesional, de sus distintos niveles formativos y de su concreta titulación, en el marco del respeto a la competencia profesional, responsabilidad y autonomía propias de las profesiones sanitarias contempladas en los artículos 6 y 7 de esta ley.

         5.  Las Administraciones sanitarias establecerán, en los casos en que resulte procedente, los modelos para la integración e incorporación de los técnicos superiores y técnicos a que se refiere este artículo y de sus actividades profesionales sanitarias a los centros y establecimientos dependientes o adscritos a tales Administraciones, y regularán los sistemas de formación continuada y de desarrollo de éstos.

COMENTARIO AL APARTADO 1: La LOPS efectúa una clara distinción entre lo que son «profesiones sanitarias tituladas» con base en el artículo 36 de la CE, y que en esencia se caracterizan por la subordinación jurídica del ejercicio de la actividad profesional a la posesión de un título universitario, y lo que denomina como «profesionales del área sanitaria» con base en el concepto genérico de «profesión» que proporciona el artículo 35 de la CE. Buen ejemplo de ello lo constituye la diferente regulación existente para la enseñanza superior (universitaria) respecto de la formación profesional, porque, como así lo han manifestado nuestros Tribunales, su contenido es distinto y superior al de la enseñanza de formación profesional, lo que no impide que quién ostente un título de técnico superior pueda acceder directamente a estudios universitarios y obtener el título que le habilite para el ejercicio de la profesión.

COMENTARIO AL APARTADO 5: La formación profesional proporciona conocimientos polivalentes con la finalidad de que quienes superen los estudios correspondientes de grado medio/superior y obtengan el título correspondiente puedan adaptarse a las modificaciones laborales que pudieran producirse. En nuestro ordenamiento comprende la formación base y la específica, estando esta última dirigida a facilitar la incorporación a la vida laboral, comprendiendo a su vez dos ciclos formativos, el de grado medio y el de grado superior. Al amparo de la habilitación contenida en el artículo 35.1 de la LOGSE por la que se autoriza al Gobierno a establecer los títulos correspondientes a los estudios de F.P. y las enseñanzas mínimas de cada uno de ellos, se dictó el Real Decreto 676/93 de 7 de mayo, siendo el paso inmediatamente siguiente el establecimiento de cada uno de los títulos de F.P. y el currículo del ciclo formativo correspondiente a dicho título mediante las oprtunas normas reglamentarias. Dichas normas, por las que se crean y regulan los títulos profesionales de que se traten, han de mostrarse respetuosas con el ámbito del ejercicio profesional vinculado por la legislación vigente a las «profesiones tituladas», debiendo limitarse a definir el perfil profesional asociado al título, las acciones y realizaciones profesionales que cabe esperar de quienes obtengan el título, y las enseñanzas mínimas que conducen a su obtención, y sin que puedan adentrarse a crear, regular ó limitar profesión alguna, pues de ser así se estaría violentando la reserva de ley establecida en el artículo 36 de la CE.

TÍTULO I

Del ejercicio de las profesiones sanitarias

Artículo 4.  Principios generales.—1.  De acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución, se reconoce el derecho al libre ejercicio de las profesiones sanitarias, con los requisitos previstos en esta ley y en las demás normas legales que resulten aplicables.

2.  El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la certificación prevista en el artículo 2.4, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en ésta, en las demás leyes aplicables y en las normas reguladoras de los colegios profesionales.

3.  Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias.

4.  Corresponde a todas las profesiones sanitarias participar activamente en proyectos que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud y enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la educación sanitaria, de la investigación y del intercambio de información con otros profesionales y con las autoridades sanitarias, para mejor garantía de dichas finalidades.

5.  Los profesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y salud del ciudadano a quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente, y de los criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos generales propios de su profesión.

6.  Los profesionales sanitarios realizarán a lo largo de su vida profesional una formación continuada, y acreditarán regularmente su competencia profesional.

         7.  El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico, y de acuerdo con los siguientes principios:

a)  Existirá formalización escrita de su trabajo reflejada en una historia clínica que deberá ser común para cada centro y única para cada paciente atendido en él. La historia clínica tenderá a ser soportada en medios electrónicos y a ser compartida entre profesionales, centros y niveles asistenciales.

b)  Se tenderá a la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia científica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial. Los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, como guía de decisión para todos los profesionales de un equipo, y serán regularmente actualizados con la participación de aquellos que los deben aplicar.

c)  La eficacia organizativa de los servicios, secciones y equipos, o unidades asistenciales equivalentes sea cual sea su denominación, requerirá la existencia escrita de normas de funcionamiento interno y la definición de objetivos y funciones tanto generales como específicas para cada miembro del mismo, así como la cumplimentación por parte de los profesionales de la documentación asistencial, informativa o estadística que determine el centro.

d)  La continuidad asistencial de los pacientes, tanto la de aquellos que sean atendidos por distintos profesionales y especialistas dentro del mismo centro como la de quienes lo sean en diferentes niveles, requerirá en cada ámbito asistencial la existencia de procedimientos, protocolos de elaboración conjunta e indicadores para asegurar esta finalidad.

El desarrollo de la medicina en equipo ha de ser compatible con el derecho del paciente a que se asigne un médico cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial (Artículo 10.7 de la Ley General de Sanidad )

e)  La progresiva consideración de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos profesionales en la atención sanitaria.

COMENTARIO AL APARTADO 7: Este precepto, de gran trascendencia debido a la falta de determinación del contenido funcional básico del ejercicio de las profesiones sanitarias, encuentra su reflejo en el catálogo de obligaciones impuestas a los profesionales sanitarios de los servicios de salud por el artículo 19 del Estatuto Marco.

Artículo 5.  Principios generales de la relación entre los profesionales sanitarios y las personas atendidas por ellos.—1.  La relación entre los profesionales sanitarios y de las personas atendidas por ellos, se rige por los siguientes principios generales:

a)  Los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas legales y deontológicas aplicables.

b)  Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de los mismos.

c)  Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en las tomas de decisiones que les afecten. En todo caso, deben ofrecer una información suficiente y adecuada para que aquéllos puedan ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas decisiones.

         d)  Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles. Tanto si el ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público como en el ámbito privado por cuenta ajena, este derecho se ejercitará de acuerdo con una normativa explícita que debe ser públicamente conocida y accesible. En esta situación el profesional puede ejercer el derecho de renunciar a prestar atenciones sanitarias a dicha persona sólo si ello no conlleva desatención. En el ejercicio en el sistema público o privado, dicha renuncia se ejercerá de acuerdo con procedimientos regulares, establecidos y explícitos, y de ella deberá quedar constancia formal.

e)  Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden, así como a conocer la categoría y función de éstos, si así estuvieran definidas en su centro o institución.

f)  Los pacientes tienen derecho a recibir información de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

         2.  Para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los requerimientos de esta ley, serán accesibles a la población y estarán a disposición de las Administraciones sanitarias. Los indicados registros, respetando los principios de confidencialidad de los datos personales contenidos en la normativa de aplicación, deberán permitir conocer el nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y los otros datos que en esta ley se determinan como públicos.

Asimismo, podrán existir en los centros sanitarios y en las entidades de seguros que operan en el ramo de la enfermedad, otros registros de profesionales de carácter complementario a los anteriores, que sirvan a los fines indicados en el apartado anterior, conforme a lo previsto en los artículos 8.4 y 43 de esta ley.

Los criterios generales y requisitos mínimos de estos registros serán establecidos por las Administraciones sanitarias dentro de los principios generales que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que podrá acordar la integración de los mismos al del Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

COMENTARIO AL APARTADO 1.D): Resulta interesante el último inciso de este punto toda vez que parece abrir la puerta al desarrollo procedimientos que posibiliten la renuncia del profesional a atender a un determinado paciente, cuestión ésta de enorme trascendencia práctica dada la cada vez más frecuente quiebra de la adecuada relación médico-paciente motivada por los numerosos conflictos asistenciales (episodios de violencia verbal y física) en el marco de actividad de los Servicios sanitarios públicos.

COMENTARIO AL APARTADO 2: Nuestro Ordenamiento Jurídico contempla el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos contenidos en los archivos y registros públicos (artículo 105.b. de la CE), derecho plenamente efectivo pues existe legislación complementaria que encauza su aplicación directa. Así, el artículo 35.h de la ley 30/92 reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y archivos de las administraciones públicas en los términos previstos en la CE y en ésta u otras leyes. El artículo 37.1 del referido texto legal dispone que «los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos cualquiera que sea la forma de expresión gráfica, sonora ó en imagen ó el tipo de soporte material en el que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud». No obstante, no cabe afirmar que este derecho tenga una extensión ilimitada (tal y como se desprende del artículo 105 b de la CE) sino que su ejercicio se encuentra sujeto a importantes condicionantes en cuanto puede afectar al derecho a la intimidad de terceras personas. La propia ley 30/92 en su artículo 37.2 dice que «los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas, estarán reservados a éstas». La vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, cuyo objeto de protección está constituido por todos aquellos ficheros que contengan datos personales y cuyo conocimiento por terceros puede afectar a derechos constitucionales, sean éstos fundamentales o no, extiende su tutela sobre todos aquellos datos que permitan la identificación de una persona física y cuyo manejo puedan constituir una amenaza para la intimidad y/o vida privada del interesado. Igualmente llama la atención una vez más, la relevancia que la LOPS atribuye a los colegios profesionales, al conferir a estas corporaciones la facultad de gestionar los registros de profesionales sanitarios integrados por una serie de datos profesionales (nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio, etc.) al efecto de garantizar el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 5.1 de la LOPS. El precepto comentado llega incluso a posibilitar la existencia de registros complementarios llevados por centros sanitarios privados y entidades de seguro que operen en el ramo de la enfermedad.

Artículo 6.  Licenciados sanitarios.—         1.  Corresponde, en general, a los Licenciados sanitarios, dentro del ámbito de actuación para el que les faculta su correspondiente título, la prestación personal directa que sea necesaria en las diferentes fases del proceso de atención integral de salud y, en su caso, la dirección y evaluación del desarrollo global de dicho proceso, sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en el mismo.

         2.  Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica corresponda desarrollar a cada profesional sanitario ni de las que puedan desarrollar otros profesionales, son funciones de cada una de las profesiones sanitarias de nivel de Licenciados las siguientes:

a)  Médicos: corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención.

b)  Farmacéuticos: corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública.

         c)  Dentistas: corresponde a los Licenciados en Odontología y a los Médicos Especialistas en Estomatología, sin perjuicio de las funciones de los Médicos Especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial, las funciones relativas a la promoción de la salud buco-dental y a la prevención, diagnóstico y tratamiento señalados en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud bucodental.

d)  Veterinarios: corresponde a los Licenciados en Veterinaria el control de la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades.

         3.  Son, también, profesionales sanitarios de nivel Licenciado quienes se encuentren en posesión de un título oficial de especialista en Ciencias de la Salud establecido, conforme a lo previsto en el artículo 19.1 de esta ley, para psicólogos, químicos, biólogos, bioquímicos u otros licenciados universitarios no incluidos en el número anterior.

Estos profesionales desarrollarán las funciones que correspondan a su respectiva titulación, dentro del marco general establecido en el artículo 16.3 de esta ley.

         4.  Cuando una actividad profesional sea declarada formalmente como profesión sanitaria, titulada y regulada, con nivel de Licenciado, en la correspondiente norma se enunciarán las funciones que correspondan a la misma, dentro del marco general previsto en el apartado 1 de este artículo.

COMENTARIO AL APARTADO 1: El artículo 2.2 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, encomienda la realización efectiva de las prestaciones sanitarias incluidas en el catálogo del Sistema Nacional de Salud a los profesionales y servicios sanitarios de atención primaria y a los de las especialidades a que se refieren los apartados 1 y 2 del Anexo del Real Decreto 127/ 1984, de 11 de enero, de especialidades médicas; el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, sobre especialidades de enfermería; grupo primero del artículo 3 del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, sobre especializaciones de la profesión farmacéutica, o las normas que los modifiquen o sustituyan, y por los demás profesionales, especialistas y servicios sanitarios legalmente reconocidos. En cuanto a las funciones de los licenciados sanitarios que prestan servicios como personal estatutario en centros e instituciones sanitarias públicas, habrá que tener en cuenta, en tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en el Estatuto Marco, las disposiciones contenidas en los artículos 20 a 24 del Decreto 3160/1996, de 23 de diciembre. Por lo demás, el legislador vuelve nuevamente a incidir en el carácter multidisciplinar que preside la prestación de asistencia sanitaria, con intervención de distintos profesionales a fin de lograr una atención integral de la salud.

COMENTARIO AL APARTADO 2: Tal y como señala la LOPS en su Exposición de Motivos (párrafo 2 del apartado II), la determinación de competencias de unas y otras profesiones contenida en la norma no pretende ser una lista cerrada y concreta, sino que se limita a establecer las bases para que se establezcan pactos interprofesionales de modo que las relaciones cotidianas entre los distintos miembros del equipo asistencial evolucionen de manera no conflictiva, sino cooperativa y transparente.

COMENTARIO AL APARTADO 2.C): La LOPS agrupa a odontólgos y estomatólogos bajo la denominación de «dentistas», pero sin olvidar el carácter médico de los profesionales estomatólogos, como por otra parte así se recoge igualmente en la exposición de motivos de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, que emplea la palabra «nivel médico» para referirse a los médicos especialistas en estomatología, una separación profesional confirmada por STJCE de 29/11/01, y por nuestra propia Jurisprudencia. De hecho la Estomatología está reconocida en nuestro ordenamiento como especialidad médica (Anexo único, apartado 3 del Real Decreto 127/1984, y Real Decreto 1691/1989, de 29 de diciembre). Este debate ha tenido trascendencia a efectos de colegiación de uno y otro colectivo, cuestión que quedó zanjada con la colegiación obligatoria de los estomatólogos en el colegio oficial de médicos pudiendo simultanearla, de forma voluntaria, con su adscripción al colegio de odontólogos.

COMENTARIO AL APARTADO 3: Como se señaló en la reseña al artículo 2.2 de esta Ley, la exclusión de los psicólogo del ámbito de las profesiones sanitarias (salvo los psicólogos clínicos) ha sido una cuestión controvertida, pues el Real Decreto 1754/1998 incluía a los psicólogos dentro de la familia profesional del sector sanitario. La justificación de la actual exclusión de las profesiones sanitarias tituladas descansa en el hecho de que esta área de conocimiento y la correspondiente titulación académica se encuadra en las Ciencias Sociales, y no en las Ciencias de la Salud, de acuerdo con el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales creado por el Real Decreto 1497/1987.

COMENTARIO AL APARTADO 4: La Jurisprudencia, ante la ausencia de previsión legal expresa sobre delimitación de competencias, ha venido aplicando el principio de idoneidad ó de capacidad real, de manera que la actuación profesional ha de realizarse de acuerdo con los conocimientos que proporciona la respectiva formación universitaria, evitando monopolios competenciales, y sin perjuicio del mantenimiento de la competencia esencial que define cada profesión y la diferencia de las restantes. Habida cuenta de la parquedad mostrada por la LOPS en lo que a la regulación de competencias y funciones se refiere, no será de extrañar la necesaria pervivencia del referido principio general, como por otra parte se desprende de la redacción del apartado segundo del artículo 6. El quebranto de este esquema de delimitación competencial cuando se carece de título habilitante (entendido como título académico) para la realización de estos actos (acto médico, para el caso de la profesión médica), supone la comisión de un delito de intrusismo (Artículo 403 del C.P.), delito de mera actividad que se consuma con la realización de un solo acto de la profesión invadida, y sin que sea preciso el requisito de habitualidad. Sólo cabe excepcionar del tipo penal las conductas aisladas realizadas por necesidad, en circunstancias excepcionales, y sin las contraprestaciones que lleva consigo el ejercicio de la profesión.

Artículo 7.  Diplomados sanitarios.—         1.  Corresponde, en general, a los Diplomados sanitarios, dentro del ámbito de actuación para que les faculta su correspondiente título, la prestación personal de los cuidados o los servicios propios de su competencia profesional en las distintas fases del proceso de atención de salud, sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en tal proceso.

2.  Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica corresponda desarrollar a cada profesional sanitario, ni de las que puedan desarrollar otros profesionales, son funciones de cada una de las profesiones sanitarias de nivel Diplomado las siguientes:

a)  Enfermeros: corresponde a los Diplomados universitarios en Enfermería la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.

b)  Fisioterapeutas: corresponde a los Diplomados universitarios en Fisioterapia la prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como a la prevención de las mismas.

c)  Terapeutas ocupacionales: corresponde a los Diplomados universitarios en Terapia Ocupacional la aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales funciones.

d)  Podólogos: los Diplomados universitarios en Podología realizan las actividades dirigidas al diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante las técnicas terapéuticas propias de su disciplina.

e)  Ópticos-optometristas: los Diplomados universitarios en Óptica y Optometría desarrollan las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular, a través de su medida instrumental, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual, y a la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas.

f)  Logopedas: los Diplomados universitarios en Logopedia desarrollan las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina.

g)  Dietistas-nutricionistas: los Diplomados universitarios en Nutrición Humana y Dietética desarrollan actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, y de acuerdo con los principios de prevención y salud pública.

3.  Cuando una actividad profesional sea declarada formalmente como profesión sanitaria, titulada y regulada, con nivel de Diplomado, en la correspondiente norma se enunciarán las funciones que correspondan a la misma, dentro del marco general previsto en el apartado 1 de este artículo.

COMENTARIO AL APARTADO 1: Como ya se señaló en la reseña al artículo 6.1, el artículo 2.2 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, encomienda la realización efectiva de las prestaciones sanitarias incluidas en el catálogo del Sistema Nacional de Salud a los profesionales y servicios sanitarios de atención primaria y a los de las especialidades a que se refieren los apartados 1 y 2 del Anexo del Real Decreto 127/ 1984, de 11 de enero, de especialidades médicas; el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, sobre especialidades de enfermería; grupo primero del artículo 3 del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, sobre especializaciones de la profesión farmacéutica, o las normas que los modifiquen o sustituyan, y por los demás profesionales, especialistas y servicios sanitarios legalmente reconocidos. En cuanto a las funciones de los diplomados sanitarios que prestan servicios como personal estatutario en centros e instituciones sanitarias públicas, habrá que tener en cuenta, en tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en el Estatuto Marco, las disposiciones contenidas en los artículos 57 a 85 de la Orden de 26 de abril de 1973 que aprobó el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social.

Artículo 8.  Ejercicio profesional en las organizaciones sanitarias.—         1.  El ejercicio profesional en las organizaciones sanitarias se regirá por las normas reguladoras del vínculo entre los profesionales y tales organizaciones, así como por los preceptos de ésta y de las demás normas legales que resulten de aplicación.

2.  Los profesionales podrán prestar servicios conjuntos en dos o más centros, aun cuando mantengan su vinculación a uno solo de ellos, cuando se mantengan alianzas estratégicas o proyectos de gestión compartida entre distintos establecimientos sanitarios. En este supuesto, los nombramientos o contratos de nueva creación podrán vincularse al proyecto en su conjunto, sin perjuicio de lo que establezca, en su caso, la normativa sobre incompatibilidades.

3.  Los centros sanitarios revisarán, cada tres años como mínimo, que los profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión conforme a lo previsto en esta ley y en las demás normas aplicables, entre ellos la titulación y demás diplomas, certificados o credenciales profesionales de los mismos, en orden a determinar la continuidad de la habilitación para seguir prestando servicios de atención al paciente. Los centros dispondrán de un expediente personal de cada profesional, en el que se conservará su documentación y al que el interesado tendrá derecho de acceso.

4.  Para hacer posible la elección de médico que prevé el artículo 13 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de esta ley, los centros sanitarios dispondrán de un registro de su personal médico, del cual se pondrá en conocimiento de los usuarios el nombre, titulación, especialidad, categoría y función de los profesionales.

5.  En el supuesto de que, como consecuencia de la naturaleza jurídica de la relación en virtud de la cual se ejerza una profesión, el profesional hubiere de actuar en un asunto, forzosamente, conforme a criterios profesionales diferentes de los suyos, podrá hacerlo constar así por escrito, con la salvaguarda en todo caso del secreto profesional y sin menoscabo de la eficacia de su actuación y de los principios contenidos en los artículos 4 y 5 de esta ley.

COMENTARIO AL APARTADO 1: El artículo 2.2 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, encomienda la realización efectiva de las prestaciones sanitarias incluidas en el catálogo del Sistema Nacional de Salud a los profesionales y servicios sanitarios de atención primaria y a los de las especialidades a que se refieren los apartados 1 y 2 del Anexo del Real Decreto 127/ 1984, de 11 de enero, de especialidades médicas; el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, sobre especialidades de enfermería; grupo primero del artículo 3 del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, sobre especializaciones de la profesión farmacéutica, o las normas que los modifiquen o sustituyan, y por los demás profesionales, especialistas y servicios sanitarios legalmente reconocidos.

Artículo 9.  Relaciones interprofesionales y trabajo en equipo.—1.  La atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad asistencial, y evita el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas.

2.  El equipo de profesionales es la unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales para realizar efectiva y eficientemente los servicios que les son requeridos.

3.  Cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se articulará de forma jerarquizada o colegiada, en su caso, atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia, y en su caso al de titulación, de los profesionales que integran el equipo, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de sus miembros, y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas.

4.  Dentro de un equipo de profesionales, será posible la delegación de actuaciones, siempre y cuando estén previamente establecidas dentro del equipo las condiciones conforme a las cuales dicha delegación o distribución de actuaciones pueda producirse.

Condición necesaria para la delegación o distribución del trabajo es la capacidad para realizarlo por parte de quien recibe la delegación, capacidad que deberá ser objetivable, siempre que fuere posible, con la oportuna acreditación.

         5.  Los equipos de profesionales, una vez constituidos y aprobados en el seno de organizaciones o instituciones sanitarias serán reconocidos y apoyados y sus actuaciones facilitadas, por los órganos directivos y gestores de las mismas. Los centros e instituciones serán responsables de la capacidad de los profesionales para realizar una correcta actuación en las tareas y funciones que les sean encomendadas en el proceso de distribución del trabajo en equipo.

COMENTARIO AL APARTADO 5: La responsabilidad de las Instituciones Sanitarias Públicas por la deficiente coordinación o por la deficitaria capacitación profesional del sanitario que con su intervención ha generado un daño, encuentra su reflejo en el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración consagrado en el artículo 106.2 de la CE y desarrollado en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92 y Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

Artículo 10.  Gestión clínica en las organizaciones sanitarias.—1.  Las Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica, a través de procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales.

Tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación.

2.  A los efectos de esta ley tienen la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, las de tutorías y organización de formación especializada, continuada y de investigación y las de participación en comités internos o proyectos institucionales de los centros sanitarios dirigidos, entre otros, a asegurar la calidad, seguridad, eficacia, eficiencia y ética asistencial, la continuidad y coordinación entre niveles o el acogimiento, cuidados y bienestar de los pacientes.

3.  El ejercicio de funciones de gestión clínica estará sometido a la evaluación del desempeño y de los resultados. Tal evaluación tendrá carácter periódico y podrá determinar, en su caso, la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones, y tendrá efectos en la evaluación del desarrollo profesional alcanzado.

4.  El desempeño de funciones de gestión clínica será objeto del oportuno reconocimiento por parte del centro, del servicio de salud y del conjunto del sistema sanitario, en la forma en que en cada comunidad autónoma se determine.

Artículo 11.  Investigación y docencia.—1.  Toda la estructura asistencial del sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada para la investigación sanitaria y para la docencia de los profesionales.

         2.  Las Administraciones sanitarias, en coordinación con las Administraciones educativas, promoverán las actividades de investigación y docencia en todos los centros Sanitarios, como elemento esencial para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales.

Los titulares de los centros sanitarios y los servicios de salud podrán formalizar convenios y conciertos con el Instituto de Salud Carlos III, con otros centros de investigación, públicos o privados, y con otras instituciones que tengan interés en la investigación sanitaria, para el desarrollo de programas de investigación, para la dotación de plazas vinculadas, o específicas de investigador, en los establecimientos sanitarios, para la designación de tutores de la investigación y para el establecimiento de sistemas específicos de formación de investigadores durante el período inmediatamente posterior a la obtención del título de especialista.

3.  Los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios y las universidades podrán formalizar los conciertos previstos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en el artículo 14 de esta ley, para asegurar la docencia práctica de las enseñanzas sanitarias que así lo requieran, de acuerdo con las bases generales que establezca el Gobierno para dicho régimen de conciertos, al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de dicha ley orgánica.

Los centros sanitarios acreditados para la formación especializada deberán contar con una comisión de docencia y los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación que resulten adecuados en función de su capacidad docente, en la forma que se prevé en el título II de esta ley.

Los centros sanitarios acreditados para desarrollar programas de formación continuada deberán contar con los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación que resulten adecuados en función de las actividades a desarrollar.

COMENTARIO AL APARTADO 2: La suscripción de convenios o conciertos deberá someterse a las previsiones recogidas en los artículos 66 y 67 de la LGS sobre vinculación de hospitales privados a la red pública, artículo 6 de la Ley 30/92 sobre convenios de colaboración en el caso de tratarse de organismos públicos, artículos 90 a 94 de la Ley General de Sanidad y Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre conciertos y contratos de gestión de servicios públicos.

TÍTULO II

De la formación de los profesionales sanitarios

CAPÍTULO I

    

Normas generales

Artículo 12.  Principios rectores.—Son principios rectores de la actuación formativa y docente en el ámbito de las profesiones sanitarias:

a)  La colaboración permanente entre los organismos de las Administraciones públicas competentes en materia de educación y de sanidad.

b)  La concertación de las universidades y de los centros docentes de formación profesional y las instituciones y centros sanitarios, a fin de garantizar la docencia práctica de las enseñanzas que así lo requieran.

c)  La disposición de toda la estructura del sistema sanitario para ser utilizada en la docencia pregraduada, especializada y continuada de los profesionales.

d)  La consideración de los centros y servicios sanitarios, también, como centros de investigación científica y de formación de los profesionales, en la medida que reúnan las condiciones adecuadas a tales fines.

e)  La revisión permanente de las metodologías docentes y las enseñanzas en el campo sanitario para la mejor adecuación de los conocimientos profesionales a la evolución científica y técnica y a las necesidades sanitarias de la población.

f)  La actualización permanente de conocimientos, mediante la formación continuada, de los profesionales sanitarios, como un derecho y un deber de éstos. Para ello, las instituciones y centros sanitarios facilitarán la realización de actividades de formación continuada.

g)  El establecimiento, desarrollo y actualización de metodologías para la evaluación de los conocimientos adquiridos por los profesionales y del funcionamiento del propio sistema de formación.

COMENTARIO AL CAPÍTULO I: La LOPS, en este Título II, concibe la formación de los profesionales sanitarios como un derecho y un deber, abordándose una profunda reforma de la formación especializada y fijando una nueva estructura de las especialidades ordenadas de forma troncal. Se crea, en definitiva, un sistema de reespecialización que se completa con sistemas de capacitación específica en materias de alta especialización.

CAPÍTULO II

Formación pregraduada

Artículo 13.  De la formación universitaria.—1.  La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud informará, con carácter preceptivo, los proyectos de reales decretos por los que, conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se establezcan los títulos oficiales y las directrices generales de sus correspondientes planes de estudios, cuando tales títulos correspondan a profesiones sanitarias.

         2.  Cuando así se estime necesario, para conseguir una mayor adecuación de la formación de los profesionales a las necesidades del sistema sanitario, a los avances científicos y técnicos, o a las disposiciones de la Comunidad Europea, el Ministro de Sanidad y Consumo podrá, previo acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que inicie el trámite de establecimiento de nuevos títulos o de revisión e incorporación de nuevas áreas de conocimiento en las directrices generales de los planes de estudio que correspondan.

         3.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Universidades, la determinación del número de alumnos admitidos a la formación pregraduada, responderá a las necesidades de profesionales sanitarios y a la capacidad existente para su formación.

COMENTARIO AL APARTADO 2: La distinción entre título académico y profesión que ya se avanzó (ver COMENTARIOS al artículo 1) se pone de manifiesto nuevamente en este texto legal al analizar el artículo 2.3 de la ley y lo dispuesto en el artículo 13.2, de modo que mientras el establecimiento de un nuevo título puede sustraerse a la reserva de ley del artículo 36 de la CE, no sucede lo mismo si lo que se pretende es regular la profesión para la que dicho título habilita.

COMENTARIO AL APARTADO 3: El artículo 44 de la Ley Orgánica de Universidades faculta al Gobierno para fijar un «numerus clusus» en el acceso a los centros universitarios por motivos de interés general ó para cumplir exigencias de normas comunitarias ó tratados internacionales. Entre los motivos de interés general, se incluyen ahora las necesidades de profesionales sanitarios y la capacidad existente para su formación.

Artículo 14.  Conciertos entre las universidades y los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios.—    Las universidades podrán concertar con los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios que, en cada caso, resulten necesarios para garantizar la docencia práctica de las enseñanzas de carácter sanitario que así lo requieran. Las instituciones y centros sanitarios concertados podrán añadir a su denominación el adjetivo universitario.

Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, el establecimiento de las bases generales a las que habrán de adaptarse los indicados conciertos, en las que se preverá la participación del órgano competente de las comunidades autónomas en los conciertos singulares que, conforme a aquéllas, se suscriban entre universidades e instituciones sanitarias.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 14: La Ley 14/86 dispuso que las Administraciones Públicas competentes en educación y sanidad establecerían el régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias estableciendo el artículo 105 las singularidades en el régimen de profesorado. En este contexto se aprobó el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio en el que se establecen las bases generales, fijándose como objetivos, los siguientes: Docentes. Promover la máxima utilización de los recuros sanitarios, humanos y materiales para la docencia universitaria, así como la cooperación en el mantenimiento de la cualificación de los profesionales de la salud, cuidando su actualización y reciclaje. Asistenciales, para cooperar para que las enseñanzas universitarias puedan ser utilizadas para la mejora de la atención sanitaria. Investigación, con el fin de potenciar la investigación en las Ciencias de la Salud.

CAPÍTULO III

Formación especializada en Ciencias de la Salud

SECCIÓN 1.ª  OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 15.  Carácter y objeto de la formación especializada.—    1.  La formación especializada en Ciencias de la Salud es una formación reglada y de carácter oficial.

2.  La formación especializada en Ciencias de la Salud tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 15: El establecimiento de título de especialista en ciencias de la salud deberá efectuarse necesariamente mediante norma reglamentaria, pues la reserva de ley contenida en el artículo 36 de la CE se refiere a la profesión propiamente dicha, para cuyo ejercicio es preciso estar en posesión de titulación universitaria (no de un título de especialista) y la necesidad de hallarse colegiado en una corporación de Derecho público. De ahí que las disposiciones normativas por las que se establezcan los títulos de especialista han de abstenerse de regular el ejercicio de la profesión sanitaria de que se trate, so pena de vulnerar el artículo 36 de la CE. Tomando en consideración la afirmación anterior, y teniendo presente que la profesión es una y las especialidades variaciones de ésta, cualquier profesional titulado y colegiado podrá realizar los actos propios de su profesión (sea ó no especialista) ya que la exigencia del título de especialista lo es no para ejercer la profesión, sino para ejercer la profesión con tal carácter.

Artículo 16.  Títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud.—1.  Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de la organización u organizaciones colegiales que correspondan, el establecimiento de los títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud, así como su supresión o cambio de denominación.

2.  El título de especialista tiene carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado.

3.  Sin perjuicio de las facultades que asisten a los profesionales sanitarios citados en los artículo 6.2 y 7.2 de esta ley, ni de los derechos reconocidos, por norma legal o reglamentaria, a quienes se encuentran habilitados para desempeñar plaza de especialista sin el correspondiente título, la posesión del título de especialista será necesaria para utilizar de modo expreso la denominación de especialista, para ejercer la profesión con tal carácter y para ocupar puestos de trabajo con tal denominación en centros y establecimientos públicos y privados.

Artículo 17.  Expedición del título de especialista.—1.  Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud serán expedidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2.  La obtención del título de especialista requiere:

a)  Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario que, en cada caso, se exija.

b)  Acceder al sistema de formación que corresponda, así como completar éste en su integridad de acuerdo con los programas de formación que se establezcan, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de esta ley para el supuesto de nueva especialización.

c)  Superar las evaluaciones que se determinen y depositar los derechos de expedición del correspondiente título.

Artículo 18.  Reconocimiento profesional de títulos de especialista obtenidos en Estados extranjeros.—             1.  El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá los supuestos y procedimientos para el reconocimiento en España de títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, conforme a lo que, en su caso, establezcan los tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación.

2.  [...].

Este apartado 2 ha sido derogado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (BOE del 23), de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con entrada en vigor el día 27 de diciembre.

3.  El reconocimiento de títulos de especialista obtenidos en Estados miembros de la Unión Europea, o en Estados en los que resulte de aplicación la libre circulación de trabajadores y la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de los profesionales, se atendrá a lo que establezcan las normas comunitarias reguladoras de dicho reconocimiento.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 18: En el ámbito del Derecho comunitario rigen tres principios fundamentales sobre ejercicio profesional en el ámbito de la UE que entroncan con el derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, consagrado en el artículo 18 del Tratado de la CE. Estos principios son la libre circulación de trabajadores, la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento. La realización efectiva de estos principios en el ámbito profesional sanitario exige de un esfuerzo normativo que permita la homologación y convalidación de los títulos profesionales. Como subyace en la propia redacción del artículo en cuestión, se ha de establecer una diferenciación entre homologación y reconocimiento, distinción que comporta un diferente régimen jurídico. Así, cuando se trate de títulos académicos obtenidos en un país de la UE, las atribuciones estatales en orden a su homologación en el país de acogida se rigen por el derecho interno de este último, y el juicio sobre si un título extranjero puede ser considerado equivalente a un título español equiparable depende de que se cumplan los requisitos establecidos actualmente en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, que regula las condiciones de homologación de los títulos extranjeros de educación superior. Precisamente respecto de los títulos obtenidos en países extranjeros (que no pertenecen a la UE), el mencionado Real Decreto establece tres formas de reconocimiento y homologación de títulos atendiendo para ello en primer lugar a los Tratados ó Convenios Internacionales en los que España sea parte, a las tablas de homologación de planes de estudios y títulos aprobados por el Ministerio de Educación (Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre por el que se crea el catálogo de Títulos Universitarios oficiales) y finalmente, atendiendo a una serie de criterios heterogéneos de carácter subsidiario. Finalmente, en lo que al reconocimiento de títulos obtenidos en países de la UE se refiere, dos son los sistemas existentes. Un sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior y formación profesional (Directiva 89/48 CEE y Directiva 92/51 CEE), en el que se encuadran las profesiones de enfermero generalista con especialidad (salvo la especialidad obstétrico-ginecológica), fisioterapeuta, óptico, podólogo, terapeuta ocupacional, logopeda, técnico especialista en laboratorio, en radiodiagnóstico, medicina nuclear, de radioterapia, de dietética y nutrición, en salud mental, en anatomía patológica-citología, protésico dental, higienista dental y auxiliar de enfermería. En estos casos, la actuación administrativa va encaminada a verificar, no ya que la titulación obtenida en otro Estado miembro corresponda con los títulos que en España permiten el acceso a profesiones reguladas, sino a examinar cada solicitud de forma individualizada y en función de la actividad profesional que el interesado desea ejercer. También es preciso tener en cuenta el Real Decreto 1.171/2003, de 12 de septiembre, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo de 2000, que modifica directivas sobre reconocimiento profesional, y modifica los correspondientes reales decretos de trasposición. El otro sistema de reconocimiento se asienta sobre una multiplicidad de directivas de carácter sectorial que permiten que el reconocimiento de los títulos sea prácticamente automático, ya que sí ha existido una coordinación previa de formaciones. Las profesiones reguladas son las de médicos, médicos especialistas, odontólogos, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros responsables de cuidados generales, y enfermeros especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica (matronas).

— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 26 DE DICIEMBRE DE 2009. Artículo 18. Reconocimiento profesional de títulos de especialista obtenidos en Estados extranjeros.—1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá los supuestos y procedimientos para el reconocimiento en España de títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, conforme a lo que, en su caso, establezcan los tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación. 2. El reconocimiento de títulos de especialista previsto en el número anterior, tendrá efectos profesionales, pero no académicos. Para que estos últimos efectos se produzcan y tales títulos habiliten para acceso a cuerpos docentes universitarios y a plazas vinculadas en hospitales, será necesaria su previa homologación por el procedimiento que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 3. El reconocimiento de títulos de especialista obtenidos en Estados miembros de la Unión Europea, o en Estados en los que resulte de aplicación la libre circulación de trabajadores y la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de los profesionales, se atendrá a lo que establezcan las normas comunitarias reguladoras de dicho reconocimiento.

SECCIÓN 2.ª  DE LA ESTRUCTURA Y LA FORMACIÓN EN LAS ESPECIALIDADES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Artículo 19.  Estructura general de las especialidades.—    1.  Podrán establecerse especialidades en Ciencias de la Salud para los profesionales expresamente citados en los artículos 6 y 7 de esta ley.

También podrán establecerse especialidades en Ciencias de la Salud para otros titulados universitarios no citados en los preceptos mencionados, cuando su formación de pregrado se adecue al campo profesional de la correspondiente especialidad.

2.  Las especialidades en Ciencias de la Salud se agruparán, cuando ello proceda, atendiendo a criterios de troncalidad. Las especialidades del mismo tronco tendrán un período de formación común de una duración mínima de dos años.

3.  El Gobierno, al establecer los títulos de especialista en Ciencias de la Salud, determinará el título o títulos necesarios para acceder a cada una de las especialidades, así como el tronco en el que, en su caso, se integran.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 19: Como novedad importante de esta norma figura la introducida por el segundo apartado de este artículo, que crea las troncalidades, con una duración mínima de dos años y su composición la determinará el Gobierno. En la práctica supondrá un periodo formativo común a varias especialidades tras el cual el médico en formación elegirá ya el ámbito concreto en que se producirá su especialización definitiva. Suponen, pues, un paso intermedio entre la Universidad y la especialización propiamente dicha, cuyo objetivo es que el alumno logre sus metas formativas, pudiendo concretar su vocación profesional durante el periodo de especialización.

Artículo 20.  Sistema de formación de especialistas.—    1.  La formación de Especialistas en Ciencias de la Salud implicará tanto una formación teórica y práctica como una participación personal y progresiva del especialista en formación en la actividad y en las responsabilidades propias de la especialidad de que se trate.

2.  La formación tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados.

En todo caso, los centros o unidades en los que se desarrolle la formación deberán estar acreditados conforme a lo previsto en el artículo 26.

3.  La formación mediante residencia se atendrá a los siguientes criterios:

a)  Los residentes realizarán el programa formativo de la especialidad con dedicación a tiempo completo. La formación mediante residencia será incompatible con cualquier otra actividad profesional o formativa, con excepción de los estudios de doctorado.

b)  La duración de la residencia será la fijada en el programa formativo de la especialidad y se señalará conforme a lo que dispongan, en su caso, las normas comunitarias.

c)  La actividad profesional de los residentes será planificada por los órganos de dirección conjuntamente con las comisiones de docencia de los centros de forma tal que se incardine totalmente en el funcionamiento ordinario, continuado y de urgencias del centro sanitario.

d)  Los residentes deberán desarrollar, de forma programada y tutelada, las actividades previstas en el programa, asumiendo de forma progresiva, según avancen en su formación, las actividades y responsabilidad propia del ejercicio autónomo de la especialidad.

e)  Las actividades de los residentes, que deberá figurar en el Libro de Residente, serán objeto de las evaluaciones que reglamentariamente se determinen. En todo caso existirán evaluaciones anuales y una evaluación final al término del período de formación.

f)  Durante la residencia se establecerá una relación laboral especial entre el servicio de salud o el centro y el especialista en formación. El Gobierno, atendiendo a las características específicas de la actividad formativa y de la actividad asistencial que se desarrolla en los centros sanitarios, y de acuerdo con los criterios que figuran en este capítulo y en la disposición adicional primera de esta ley, regulará la relación laboral especial de residencia.

         4.   Los principios establecidos en el número anterior y los demás que figuran en las secciones 1.ª y 2.ª de este capítulo, podrán ser adaptados por el Gobierno a las específicas características de la formación especializada en Ciencias de la Salud de las profesiones previstas en los artículos 6.2, párrafos b), c) y d), 6.3 y 7 de esta ley.

COMENTARIO AL APARTADO 4: Los antecedentes normativos en esta materia se retrotraen a 1978, año en el que se aprobó el Real Decreto 2015/1978 por el que se regula el sistema de formación de médicos especialistas a través del Sistema de Residencia en centros sanitarios debidamente acreditados para la docencia. A tal efecto se establecieron en primer lugar los criterios de acreditación para la docencia de hospitales y centros sanitarios, se constituyeron las Comisiones Nacionales de las diferentes Especialidades, y se elaboraron los programas para la formación. Este sistema experimentó un desarrollo espectacular a raíz de la promulgación del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista, modificado recientemente por el Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero. A todo lo anterior, cabe añadir los sucesivos programas para la formación médica especializada y para la formación de otros profesionales sanitarios aprobados por la Secretaría de Estado de Universidades. La presente Ley no ha venido sino a reforzar aún más el sistema de formación especializada, consolidando el sistema de residencia para la formación.

— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 2 DE MAYO DE 2007. Artículo 20. Sistema de formación de especialistas.—1. La formación de Especialistas en Ciencias de la Salud implicará tanto una formación teórica y práctica como una participación personal y progresiva del especialista en formación en la actividad y en las responsabilidades propias de la especialidad de que se trate. 2. La formación tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados. En todo caso, los centros o unidades en los que se desarrolle la formación deberán estar acreditados conforme a lo previsto en el artículo 26. 3. La formación mediante residencia se atendrá a los siguientes criterios: a) Los residentes realizarán el programa formativo de la especialidad con dedicación a tiempo completo. La formación mediante residencia será incompatible con cualquier otra actividad profesional o formativa, con excepción de los estudios de doctorado. b) La duración de la residencia será la fijada en el programa formativo de la especialidad y se señalará conforme a lo que dispongan, en su caso, las normas comunitarias. c) La actividad profesional de los residentes será planificada por los órganos de dirección conjuntamente con las comisiones de docencia de los centros de forma tal que se incardine totalmente en el funcionamiento ordinario, continuado y de urgencias del centro sanitario. d) Los residentes deberán desarrollar, de forma programada y tutelada, las actividades previstas en el programa, asumiendo de forma progresiva, según avancen en su formación, las actividades y responsabilidad propia del ejercicio autónomo de la especialidad. e) Las actividades de los residentes, que deberá figurar en el Libro de Residente, serán objeto de las evaluaciones que reglamentariamente se determinen. En todo caso existirán evaluaciones anuales y una evaluación final al término del período de formación. f) Durante la residencia se establecerá una relación laboral especial entre el servicio de salud o el centro y el especialista en formación. El Gobierno, atendiendo a las características específicas de la actividad formativa y de la actividad asistencial que se desarrolla en los centros sanitarios, y de acuerdo con los criterios que figuran en este capítulo y en la disposición adicional primera de esta ley, regulará la relación laboral especial de residencia. 4. Los principios establecidos en el número anterior y los demás que figuran en las secciones 1.ª y 2.ª de este capítulo, podrán ser adaptados por el Gobierno a las específicas características de la formación especializada en Ciencias de la Salud de las profesiones previstas en los artículos 6.2, párrafos b), c) y d), 6.3 y 7 de esta ley.

Artículo 21.  Programas de formación.—1.  Los programas de formación de las especialidades en Ciencias de la Salud deberán especificar los objetivos cualitativos y cuantitativos y las competencias profesionales que ha de cumplir el aspirante al título a lo largo de cada uno de los cursos anuales en que se dividirá el programa formativo.

2.  Los programas de formación serán elaborados por la Comisión Nacional de la Especialidad. Una vez ratificados por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, serán aprobados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Los programas de formación serán periódicamente revisados y actualizados por el procedimiento previsto en el párrafo anterior.

Una vez aprobados, los programas de formación se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento.

3.  Cuando se trate de especialidades de un mismo tronco, el programa del período de formación común se elaborará por una comisión específica compuesta por representantes de las Comisiones Nacionales de las especialidades correspondientes.

4.  En el caso de especialidades pluridisciplinares, los programas de formación podrán prever trayectos de formación específica en función de las titulaciones de procedencia.

Artículo 22.  Acceso a la formación especializada.—        1.  El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una convocatoria anual de carácter nacional.

        2.  El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, previo informe del Ministerio de Educación y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, establecerá las normas que regularán la convocatoria anual que consistirá en una prueba o conjunto de pruebas, que evaluará conocimientos teóricos, prácticos y, en su caso, habilidades clínicas, comunicativas y méritos académicos y profesionales de los aspirantes.

Las pruebas serán específicas para las distintas titulaciones o, en su caso, grupos de éstas, según los diversos graduados universitarios que pueden acceder a las plazas en formación de las especialidades en ciencias de la salud objeto de selección mediante dichas pruebas. Asimismo, podrán establecerse pruebas específicas por especialidades troncales.

        3.  El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, adoptará las medidas de acción positiva necesarias para que, en las convocatorias anuales de pruebas selectivas, para el acceso a las plazas de formación sanitaria especializada, al menos, un siete por ciento de la totalidad de las plazas ofertadas en cada una de ellas sean cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, siempre que superen el proceso selectivo, acrediten la discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las funciones correspondientes a la especialidad a la que se opta.

Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias, para que, tanto en las pruebas de acceso como en los puestos en los que se formen los adjudicatarios de plaza en formación, se lleven a cabo las adaptaciones y ajustes razonables a las necesidades de las personas con discapacidad.

Este apartado 3 ha sido redactado por la Ley 26/2011, de 1 de agosto (BOE del 2), de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

4.  Reglamentariamente se determinará el sistema de adjudicación de todas las plazas ofertadas en la convocatoria anual, que se efectuará de acuerdo al orden decreciente de la puntuación obtenida por cada aspirante, con las peculiaridades que se establezcan respecto a las plazas de centros de titularidad privada.

5.  La oferta de plazas de la convocatoria anual se fijará, previos informes del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a las propuestas realizadas por las comunidades autónomas, a las necesidades de especialistas del sistema sanitario y a las disponibilidades presupuestarias.

COMENTARIO AL APARTADO 2: El acceso a la formación especializada en Medicina Familiar y Comunitaria para los licenciados en medicina a partir del 1 de enero de 1995, se efectuó a través de una convocatoria específica de plazas de formación vía Real Decreto 931/1995, de 9 de junio. Dicha norma estableció una convocatoria específica para plazas de tal especialidad a la que sólo podrían concurrir los Licenciados en Medicina que hubieran obtenido su título con posterioridad al día 1 de enero de 1995, manteniendo la convocatoria general para el resto de las especialidades y para todos los licenciados, así como para la citada especialidad exclusivamente para los licenciados anteriores a la indicada fecha a través del sistema ordinario previsto en el Real Decreto 127/84. Superados los problemas puntuales derivados de la entrada en vigor de la Directiva 93/16/CEE, del Consejo, de 5 de abril, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos, se dejaron sin efecto las medidas adoptadas por el Real Decreto 931/1995, de 9 de junio, mediante el establecimiento a través del Real Decreto 904/2001, de 27 de julio, de un procedimiento unificado para el acceso a la formación médica especializada. Por otro lado, se ha regulado un procedimiento excepcional para acceder al título español de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Real Decreto 1753/1998) para quienes hubiesen obtenido el título con anterioridad a 1 de enero de 1995, distinto del procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista previsto en el Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre.

COMENTARIO AL APARTADO 3: La norma no fija un cupo de reserva de plazas para este colectivo, a diferencia de la existente con carácter general en la función pública, y de forma específica en los procedimientos de selección de personal estatutario de los diferentes Servicios de Salud.

— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 26/2011, DE 1 DE AGOSTO (BOE DEL 2). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3. VIGENTE DE 3 DE AGOSTO DE 2011 A 19 DE AGOSTO DE 2011. Artículo 22.  Acceso a la formación especializada.—1.  El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una convocatoria anual de carácter nacional. 2.  El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, establecerá las normas que regularán la convocatoria anual que, en todo caso, consistirá en una prueba o conjunto de pruebas que evaluará conocimientos teóricos y prácticos y las habilidades clínicas y comunicativas, así como en una valoración de los méritos académicos y, en su caso, profesionales, de los aspirantes. Las pruebas serán específicas para las distintas titulaciones académicas que puedan acceder a las diferentes especialidades. Asimismo, podrán establecerse pruebas específicas por especialidades troncales. 3.  El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, adoptará las medidas de acción positiva necesarias para que, en las convocatorias anuales de pruebas selectivas, para el acceso a las plazas de formación sanitaria especializada, al menos, un siete por ciento de la totalidad de las plazas ofertadas en cada una de ellas sean cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, siempre que superen el proceso selectivo, acrediten la discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las funciones correspondientes a la especialidad a la que se opta. Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias, para que, tanto en las pruebas de acceso como en los puestos en los que se formen los adjudicatarios de plaza en formación, se lleven a cabo las adaptaciones y ajustes razonables a las necesidades de las personas con discapacidad. 4.  Reglamentariamente se determinará el sistema de adjudicación de todas las plazas ofertadas en la convocatoria anual, que se efectuará de acuerdo al orden decreciente de la puntuación obtenida por cada aspirante, con las peculiaridades que se establezcan respecto a las plazas de centros de titularidad privada. 5.  La oferta de plazas de la convocatoria anual se fijará, previos informes del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a las propuestas realizadas por las comunidades autónomas, a las necesidades de especialistas del sistema sanitario y a las disponibilidades presupuestarias. — REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 2 DE AGOSTO DE 2011. Artículo 22.  Acceso a la formación especializada.—1.  El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una convocatoria anual de carácter nacional. 2.  El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, establecerá las normas que regularán la convocatoria anual que, en todo caso, consistirá en una prueba o conjunto de pruebas que evaluará conocimientos teóricos y prácticos y las habilidades clínicas y comunicativas, así como en una valoración de los méritos académicos y, en su caso, profesionales, de los aspirantes. Las pruebas serán específicas para las distintas titulaciones académicas que puedan acceder a las diferentes especialidades. Asimismo, podrán establecerse pruebas específicas por especialidades troncales. 3.  El acceso de las personas con discapacidad a la formación sanitaria especializada, siempre que el grado de discapacidad sea compatible con el desempeño de las funciones correspondientes a la especialidad a la que se opta, se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de las pruebas a las necesidades especiales y singularidades de estas personas. 4.  Reglamentariamente se determinará el sistema de adjudicación de todas las plazas ofertadas en la convocatoria anual, que se efectuará de acuerdo al orden decreciente de la puntuación obtenida por cada aspirante, con las peculiaridades que se establezcan respecto a las plazas de centros de titularidad privada. 5.  La oferta de plazas de la convocatoria anual se fijará, previos informes del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a las propuestas realizadas por las comunidades autónomas, a las necesidades de especialistas del sistema sanitario y a las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 23.  Formación para una nueva especialización.—Los Especialistas en Ciencias de la Salud con, al menos, cinco años de ejercicio profesional como tales, podrán obtener un nuevo título de especialista, en especialidad del mismo tronco que la que posean, por el procedimiento que se determine reglamentariamente, que en todo caso contendrá una prueba para la evaluación de la competencia del aspirante en el campo de la nueva especialidad.

El período de formación en la nueva especialidad y el programa a desarrollar durante el mismo se definirá mediante la adaptación del programa formativo general al currículum formativo y profesional del interesado.

No se podrá acceder al tercer y sucesivos títulos de especialista por este procedimiento hasta transcurridos, al menos, ocho años desde la obtención del anterior.

Artículo 24.  Áreas de Capacitación Específica.—    1.  El Gobierno, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 16.1, podrá establecer Áreas de Capacitación Específica dentro de una o varias Especialidades en Ciencias de la Salud.

2.  El Diploma de Área de Capacitación Específica tiene carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado. Se expedirá por el Ministerio de Sanidad y Consumo y su posesión será necesaria para utilizar de modo expreso la denominación de especialista con capacitación específica en el área. Podrá ser valorado como mérito para acceder a puestos de trabajo de alta especialización en centros o establecimientos públicos y privados.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 24: El diploma de Área de Capacitación, aunque tiene carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado, no se expide por el Ministerio de Educación, como sucede con el título de especialista en Ciencias de la Salud, sino por el de Sanidad y Consumo, siendo únicamente necesario para utilizar la denominación de «especialista en un determinado área de capacitación específica», pero no así para acceder a puestos de trabajo, ya que no se valora como requisito para el ejercicio de la profesión, sino como mérito a la hora de acceder a un determinado puesto de trabajo de alta especialización, a diferencia de lo que sucede con el título oficial de especialista, y sin que la especialización en un área de capacitación determinada resulte precisa para ejercer la profesión con el carácter de especialista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 44/2003.

Artículo 25.  Formación en Áreas de Capacitación Específica.—        1.  La formación especializada en áreas de capacitación especifica tendrá, en todo caso, carácter programado y se llevará a cabo por el sistema de residencia con las especificidades y adaptaciones que reglamentariamente se determinen en el régimen jurídico que regula dicho sistema formativo.

2.  Reglamentariamente se establecerán los supuestos y requisitos para que los Especialistas en Ciencias de la Salud puedan acceder, mediante convocatoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los diplomas de Área de Capacitación Específica, siempre que dichas áreas se hubieran constituido en la especialidad correspondiente y se acrediten, al menos, dos años de ejercicio profesional en la especialidad.

3.  El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, podrá eliminar, disminuir o aumentar los años de ejercicio profesional a los que se refiere el apartado 2 de este artículo.

— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 23 DE ABRIL DE 2012. Artículo 25. Formación en Áreas de Capacitación Específica.—Reglamentariamente se establecerán los supuestos y requisitos para que los Especialistas en Ciencias de la Salud puedan acceder al Diploma de Área de Capacitación Específica, siempre que dicha área se hubiera constituido en la especialidad correspondiente, y acrediten, al menos, cinco años de ejercicio profesional en la especialidad. El acceso al indicado diploma podrá producirse mediante una formación programada, o a través del ejercicio profesional específicamente orientado al área correspondiente, acompañado de actividades docentes o discentes de formación continuada en dicha área, y, en todo caso, tras la evaluación de la competencia profesional del interesado de acuerdo con los requerimientos previstos en el artículo 29.

SECCIÓN 3.ª  ESTRUCTURA DE APOYO A LA FORMACIÓN

Artículo 26.  Acreditación de centros y unidades docentes.—            1.  El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, mediante orden que se publicará en el ''Boletín Oficial del Estado'', establecerán los requisitos de acreditación que, con carácter general, deberán cumplir los centros o unidades para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud.

2.  Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad coordinar las auditorías de los centros y unidades acreditados para evaluar, en el marco del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud y del Plan Anual de Auditorías Docentes, el funcionamiento y la calidad del sistema de formación.

3.  Corresponde al órgano directivo competente en materia de formación sanitaria especializada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a instancia de la entidad titular del centro, previos informes de la comisión de docencia de éste y de la consejería competente en materia sanitaria de la comunidad autónoma, resolver las solicitudes de acreditación de centros y unidades docentes. La acreditación especificará, en todo caso, el número de plazas docentes acreditadas.

4.  La revocación, total o parcial, de la acreditación concedida se realizará, en su caso, por el mismo procedimiento, oído el centro afectado y su comisión de docencia.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 26: La LOPS diseña, en este punto, un complejo entramado para la acreditación de centros y unidades docentes para la formación especializada en el que participan, tanto los ministerios competentes por razón de la materia (Educación y Sanidad), como dos de los órganos colegiados específicos del Consejo Interterritorial del SNS (Comisión del Recursos Humanos y Foro Profesional), reservándose a la Agencia de Calidad del SNS la función de coordinar auditorías, informes y propuestas necesarias para la acreditación de los centros docentes y la evaluación de su funcionamiento. La participación de las CCAA está garantizada, no sólo al contar con representantes en los órganos colegiados del Consejo Interterritorial, sino en el papel de colaboración de las agencias autonómicas con la Agencia de Calidad estatal, así como en la elaboración de informes previos a la resolución de solicitudes, función reservada en último término al Ministerio de Sanidad y Consumo.

— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 23 DE ABRIL DE 2012. Artículo 26.  Acreditación de centros y unidades docentes.—1.  El Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud adoptada previo informe del Foro Profesional previsto en el artículo 35.3.b) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y mediante orden que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», establecerán los requisitos de acreditación que, con carácter general, deberán cumplir los centros o unidades para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud. 2.  La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud coordinará las auditorías, informes y propuestas necesarios para acreditar los centros y unidades docentes y para evaluar el funcionamiento y la calidad del sistema de formación, para lo cual podrá recabar la colaboración de las agencias de calidad de las comunidades autónomas y de los servicios de inspección de éstas. 3.  Corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo, a instancia de la entidad titular del centro, previos informes de la comisión de docencia de éste y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, y de acuerdo con los informes y propuestas a que se refiere el apartado anterior, resolver sobre las solicitudes de acreditación de centros y unidades docentes. La acreditación especificará, en todo caso, el número de plazas docentes acreditadas. 4.  La revocación, total o parcial, de la acreditación concedida se realizará, en su caso, por el mismo procedimiento, oído el centro afectado y su comisión de docencia.

Artículo 27.  Comisiones de docencia.—1.  En cada centro sanitario o, en su caso, unidades docentes, acreditado para la formación de especialistas existirá una comisión de docencia cuya misión será la de organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos que se especifican en los programas.

La comisión de docencia tendrá también las funciones de facilitar la integración de las actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del centro, y la de planificar su actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos de dirección de éste.

2.  Las comunidades autónomas, dentro de los criterios generales que fije la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, determinarán la dependencia funcional, la composición y las funciones de las comisiones de docencia. En todo caso, en las comisiones de docencia existirá representación de los tutores de la formación y de los residentes.

Artículo 28.  Comisiones Nacionales de Especialidad.—    1.  Por cada una de las Especialidades en Ciencias de la Salud, y como órgano asesor de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo en el campo de la correspondiente especialidad, se constituirá una Comisión Nacional designada por el Ministerio de Sanidad y Consumo con la siguiente composición:

a)  Dos vocales propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, uno, al menos, de los cuales deberá ostentar la condición de tutor de la formación en la correspondiente especialidad.

b)  Cuatro vocales de entre los especialistas de reconocido prestigio que proponga la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

c)  Dos vocales en representación de las entidades y sociedades científicas de ámbito estatal legalmente constituidas en el ámbito de la especialidad.

d)  Dos vocales en representación de los especialistas en formación, elegidos por éstos en la forma que se determine reglamentariamente.

e)  Un vocal en representación de la organización colegial correspondiente. Si la especialidad puede ser cursada por distintos titulados, la designación del representante se efectuará de común acuerdo por las corporaciones correspondientes.

2.  En el caso de especialidades pluridisciplinares, el Gobierno podrá ampliar el número de los vocales previstos en el párrafo b) del apartado anterior, con el fin de asegurar la adecuada representación de los distintos titulados que tengan acceso a la correspondiente especialidad.

3.  Todos los miembros de la comisión, salvo los previstos en el apartado 1.d), deberán encontrarse en posesión del correspondiente título de especialista.

4.  Los miembros de la comisión previstos en los párrafos a), b), c) y e) del apartado 1 de este artículo serán designados para un período de cuatro años, y sólo podrán ser designados nuevamente para otro período de igual duración.

No obstante, cesarán en sus funciones cuando así lo acuerde el departamento o comisión que los propuso o la sociedad o corporación a la que representan.

5.  El mandato de los miembros de la comisión previstos en el apartado 1.d) de este artículo será de dos años.

6.  El Ministerio de Sanidad y Consumo, por resolución motivada y oída previamente la correspondiente comisión, podrá acordar el cese de todos los miembros de la misma o de parte de ellos, cuando la comisión no cumpla adecuadamente sus funciones.

7.  Cada comisión elegirá, de entre sus miembros, al Presidente y al Vicepresidente.

8.  Reglamentariamente se determinarán las funciones de las Comisiones Nacionales de Especialidad, que en todo caso desarrollarán, dentro de los criterios comunes que, en su caso, determine el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, las siguientes:

a)  La elaboración del programa formativo de la especialidad.

b)  El establecimiento de los criterios de evaluación de los especialistas en formación.

c)  El establecimiento de los criterios para la evaluación en el supuesto de nueva especialización previsto en el artículo 23.

d)  La propuesta de creación de áreas de capacitación específica.

e)  El establecimiento de criterios para la evaluación de unidades docentes y formativas.

f)  El informe sobre programas y criterios relativos a la formación continuada de los profesionales, especialmente los que se refieran a la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en áreas funcionales específicas dentro del campo de la especialidad.

g)  La participación en el diseño de los planes integrales dentro del ámbito de la correspondiente especialidad.

h)  Las que se señalan expresamente en esta ley o se determinen en las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 28: El precepto, de tipo orgánico, se centra en regular la constitución de una Comisión Nacional de cada una de las Especialidades en Ciencias de la Salud como órgano asesor de los ministerios de Educación y Sanidad, previendo su composición y funcionamiento básico, que habrá que completar con las disposiciones relativas a los órganos colegiados de los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el aspecto funcional, la LOPS se remite a un posterior desarrollo reglamentario, limitándose a enumerar someramente las funciones a desarrollar por estas Comisiones Nacionales de Especialidades, reservándoles un papel destacado y de tipo ejecutivo cuya importancia se colige fácilmente tras una somera lectura del apartado 8 de este artículo (elaboración del programa formativo, establecimiento de criterios de actuación, etc.)

Artículo 29.  Comités de Áreas de Capacitación Específica.—            1.  Cuando exista un Área de Capacitación Específica se constituirá un Comité de Área como órgano asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que estará integrado por seis profesionales con título de especialista con capacitación específica en el área de que se trate, propuestos por la Comisión o Comisiones Nacionales de la especialidad o especialidades implicadas, que previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud serán nombrados por la persona titular del Ministerio antes citado.

2.  El Comité de Área de Capacitación Específica, desarrollará las funciones que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, las de propuesta de los contenidos del programa de formación.

3.  En todo caso, la creación y el funcionamiento del Comité de Área de Capacitación Específica será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano al que se encuentre adscrito.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 29: A diferencia de lo que comentábamos respecto de las Comisiones Nacionales de las Especialidades, las funciones de los Comités de Área de Capacitación Específica no pasan de ser funciones de naturaleza asesora, nunca decisoria. Su configuración legal como elementos integrados en la estructura de la correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad hará que desarrollen sus funciones sometidos a los mecanismos de tutela propia o impropia de aquéllas. La plasmación concreta de sus funciones también queda supeditada por la LOPS a un posterior desarrollo reglamentario.

— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 23 DE ABRIL DE 2012. Artículo 29. Comités de Áreas de Capacitación Específica.—Cuando exista un Área de Capacitación Específica, la Comisión o Comisiones Nacionales de la Especialidad o Especialidades en cuyo seno el área se constituya designarán un Comité del Área compuesto por seis especialistas. El Comité desarrollará las funciones que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, las de propuesta de los contenidos del programa de formación y las de evaluación de los especialistas que aspiren a obtener el correspondiente Diploma del Área de Capacitación Específica.

Artículo 30.  Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.—    1.  El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud tendrá la siguiente composición:

a)  Los Presidentes de las Comisiones Nacionales de cada Especialidad en Ciencias de la Salud.

b)  Dos especialistas por cada uno de los títulos universitarios que tengan acceso directo a alguna especialidad en Ciencias de la Salud, elegidos, para un período de dos años, uno por los miembros de las Comisiones Nacionales que ostenten el título de que se trate, y otro por la organización colegial de entre dichos miembros.

c)  Dos representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

d)  Dos representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo.

e)  Dos representantes de las comunidades autónomas designados por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

2.  El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud elegirá, de entre sus miembros, al Presidente y al Vicepresidente.

3.  El Consejo funcionará en Pleno o en las comisiones y grupos de trabajo que el propio Consejo decida constituir. En todo caso, se constituirán las siguientes:

a)  La Comisión Permanente, que tendrá las funciones que el Pleno del Consejo le delegue.

b)  Una Comisión Delegada del Consejo por cada una de las titulaciones o agrupaciones de especialidades que se determinen.

4.  El Consejo aprobará su propio reglamento de régimen interior, que se adaptará a lo dispuesto respecto a los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, el voto de cada uno de los miembros del Consejo se ponderará en función de la composición concreta del mismo, atendiendo a criterios de proporcionalidad respecto al número de especialistas representados.

5.  Corresponde al Consejo la coordinación de la actuación de las Comisiones Nacionales de Especialidades, la promoción de la investigación y de las innovaciones técnicas y metodológicas en la especialización sanitaria, y la superior asistencia y asesoramiento técnico y científico al Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de formación sanitaria especializada.

6.  El Consejo elegirá, de entre sus miembros, cuatro vocales de la Comisión Consultiva Profesional.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 30: La regulación orgánica de la estructura de apoyo a la formación culmina con la creación del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, como superior órgano de asistencia y asesoramiento técnico a los Ministerios de Educación y Sanidad, amén de sus funciones de coordinación de las Comisiones Nacionales de las Especialidades. La LOPS parece agotar su regulación, no previendo de forma expresa un posterior desarrollo reglamentario de este órgano, salvo en lo relativo a la aprobación de un reglamento de régimen interior adaptado a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 31.  Apoyo técnico y secretaría de las comisiones.—1.  Corresponde a los centros sanitarios acreditados para la formación de especialistas, respecto de las comisiones de docencia constituidas en los mismos, y al Ministerio de Sanidad y Consumo, respecto de las Comisiones Nacionales y del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, facilitar el apoyo técnico y administrativo que resulte necesario para su funcionamiento.

2.  Las funciones de secretario, con voz pero sin voto, de los órganos colegiados a que se refiere el apartado anterior y de las comisiones y grupos de trabajo que, en su caso, se constituyan, serán desempeñadas por quien designe la Dirección del centro o el Ministerio de Sanidad y Consumo, según corresponda.

Artículo 32.  Registros.—    1.  En el Registro Nacional de Especialistas en Formación serán inscritos éstos cuando comiencen su formación especializada y en él se anotarán los resultados de sus evaluaciones anuales y final.

2.  En el Registro Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud se inscribirán todos los profesionales que obtengan un título de especialista, así como a quienes vean homologado o reconocido un título obtenido en el extranjero.

En el Registro Nacional de Especialistas con Diploma de Capacitación Específica se inscribirán todos los especialistas que lo obtengan o que vean reconocido a los mismos efectos profesionales un título o diploma obtenido en el extranjero.

Los indicados registros tendrán carácter público en lo relativo a la identidad de los interesados, al título o diploma que ostentan y a las fechas de su obtención, reconocimiento u homologación.

3.  En el registro de centros acreditados para la formación de especialistas serán inscritos todos los centros acreditados para impartir dicha formación.

Este registro tendrá carácter público.

4.  Los registros a los que se refiere este artículo se gestionarán por el Ministerio de Sanidad y Consumo, salvo el previsto en el primer párrafo del apartado 2, que se gestionará por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se integrarán en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, que hará públicos los datos agregados e integrados de los mismos, así como los que resulten de su tratamiento estadístico, de acuerdo con los principios generales que se establezcan por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 32: Además de los registros creados por la LOPS en sus artículo 5.2 (registro público de profesionales) artículo 8.4 (registro de personal médico) artículo 36 (registro de diplomas de acreditación avanzada) y artículo 43 (registro de profesionales en centros privados), se crean en el artículo 32 cuatro más. Tres de ellos dependen del Ministerio de Sanidad y Consumo, a saber, el Registro Nacional de Espeialistas en Formación, el de Especialistas con Diploma de Capacitación Específica y el de Centros Acreditados para la formación de especialistas; y el otro, el Registro de Especialistas en Ciencias de la Salud, será gestionado por el Ministerio de Educación.

CAPÍTULO IV

Formación continuada

Artículo 33.  Principios generales.—    1.  La formación continuada es el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario.

2.  Son objetivos de la formación continuada:

a)  Garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales y la permanente mejora de su cualificación, así como incentivarles en su trabajo diario e incrementar su motivación profesional.

b)  Potenciar la capacidad de los profesionales para efectuar una valoración equilibrada del uso de los recursos sanitarios en relación con el beneficio individual, social y colectivo que de tal uso pueda derivarse.

c)  Generalizar el conocimiento, por parte de los profesionales, de los aspectos científicos, técnicos, éticos, legales, sociales y económicos del sistema sanitario.

d)  Mejorar en los propios profesionales la percepción de su papel social, como agentes individuales en un sistema general de atención de salud y de las exigencias éticas que ello comporta.

e)  Posibilitar el establecimiento de instrumentos de comunicación entre los profesionales sanitarios.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 33: Un Comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud en 1973 definió la Formación Continuada como aquella formación que realiza un médico después de haber finalizado sus estudios básicos, o los adicionales para una especialización, con el fin de mejorar su competencia y no con el de obtener una cualificación o un diploma. La formación continuada ha sido definida por la Unión Europea de Médicos Especialista (UEMS) como un deber ético y una responsabilidad del médico durante toda su vida profesional, amén de un derecho que debe exigir. Se trata, por tanto, de una formación no reglada. Al finalizar no se obtiene ninguna titulación académica para el ámbito profesional. La Exposición de Motivos de la LOPS (apartado III, párrafo 3º) califica de innovación normativa de singular importancia la regulación contenida en el Título II relativa a la formación continuada. Se pretende que la formación continuada, y sus efectos en el reconocimiento del desarrollo o carrera profesional del personal sanitario, despliegue una especial influencia en la consolidación, calidad y cohesión del SNS.

Artículo 34.  Comisión de Formación Continuada.—         1.  Con el fin de armonizar el ejercicio de las funciones que las Administraciones sanitarias públicas y demás instituciones y organismos ostentan en materia de formación continuada, así como de coordinar las actuaciones que se desarrollen en dicho campo, se constituye la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

         2.  Formarán parte de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias las Administraciones públicas presentes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión incorporará también representación de los colegios profesionales, de las universidades, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de las sociedades científicas, en la forma en que reglamentariamente se determine.

3.  La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias elegirá a su Presidente y aprobará su reglamento de régimen interior. Su régimen de funcionamiento se adaptará a lo establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo prestará el apoyo técnico y administrativo necesario para el funcionamiento de la Comisión, y nombrará a su Secretario, que tendrá voz pero no voto en las reuniones de ésta.

4.  La Comisión de Formación Continuada desarrollará las siguientes funciones:

a)  Las de detección, análisis, estudio y valoración de las necesidades de los profesionales y del sistema sanitario en materia de formación continuada, de acuerdo con las propuestas de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de las sociedades científicas y, en su caso, de las organizaciones profesionales representadas en la Comisión Consultiva Profesional.

b)  Las de propuesta para la adopción de programas o para el desarrollo de actividades y actuaciones de formación continuada de carácter prioritario y común para el conjunto del sistema sanitario.

c)  Las de propuesta de adopción de las medidas que se estimen precisas para planificar, armonizar y coordinar la actuación de los diversos agentes que actúan en el ámbito de la formación continuada de los profesionales sanitarios.

d)  Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y requisitos para la acreditación de centros y actividades de formación continuada.

e)  Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y requisitos para la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en un área funcional específica de una profesión o especialidad, como consecuencia del desarrollo de actividades de formación continuada acreditada.

COMENTARIO AL APARTADO 1: El antecedente de esta Comisión de Formación Continuada lo constituye la Comisión de Formación Continuada del SNS, creada bajo la figura de conferencia sectorial y con la consideración y carácter de comisión permanente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La Resolución de 22 de marzo de 2002 de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades y la Subsecretaría de Sanidad y Consumo sobre el «Convenio de la colaboración en materia de formación continuada de las profesiones sanitarias, celebrado ente los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Sanidad y Consumo y el Consejo General de Colegios Médicos», supuso un nuevo paso en esta materia. En febrero de 2003, se crea el Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica Continuada (SEAFORMEC), al amparo del convenio firmado entre los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación, Cultura y Deportes, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la FACME, la Conferencia de Decanos de Medicina y el Consejo Nacional de Especialidades Médicas.

COMENTARIO AL APARTADO 2: La presencia de representantes de organizaciones colegiales se hace extensiva tanto en el ámbito de la formación especializada de los profesionales sanitarios como en el de las correspondientes Comisiones Nacionales de Especialidades —Artículo 28.1.e) de la Ley 44/2003—, habilitando a estas corporaciones para emitir informes que han de ser tomados en consideración tanto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como por el Ministerio de Sanidad y Consumo, para formular la propuesta de creación de nuevos títulos de especialistas. (Artículo 16.1 de la Ley 44/2003).

Artículo 35.  Acreditación de centros, actividades y profesionales.—1.  El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas,en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán acreditar actividades y programas de actuación en materia de formación continuada de los profesionales sanitarios, así como, con carácter global, centros en los que las mismas se impartan.

La acreditación, que deberá realizarse necesariamente de acuerdo con los requisitos, procedimiento y criterios establecidos conforme a lo previsto en el artículo 34.4.d), tendrá efectos en todo el territorio nacional, sea cual sea la Administración pública que expidió la acreditación.

         2.  En cualquier momento las Administraciones públicas podrán auditar y evaluar los centros y las actividades de formación continuada que hubieran acreditado.

3.  Sólo podrán ser subvencionados con cargo a fondos públicos los centros y las actividades de formación continuada que estén acreditados conforme a lo previsto en este artículo.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, sólo podrán ser tomadas en consideración en la carrera de los profesionales sanitarios las actividades de formación continuada que hubieran sido acreditadas. Las actividades de formación continuada de los profesionales sanitarios previas a la entrada en vigor de la ley y que no hubieran sido acreditadas serán objeto de consideración por los comités encargados de valorar los méritos a dichos efectos.

         4.  El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán delegar las funciones de gestión y acreditación de la formación continuada, incluyendo la expedición de certificaciones individuales, en otras corporaciones o instituciones de derecho público, de conformidad con lo que dispone esta ley y las normas en cada caso aplicables.

Los organismos de acreditación de la formación continuada habrán de ser, en todo caso, independientes de los organismos encargados de la provisión de las actividades de formación acreditadas por aquéllos.

5.  Las credenciales de los profesionales y sus revisiones no sustituirán los procedimientos de formación, conocimientos y habilidades, que serán necesarios para determinar los mecanismos de promoción y contratación.

COMENTARIO AL APARTADO 2: Obsérvese que las competencias para la acreditación de centros y actividades docentes para la formación continuada aparece en la LOPS como una facultad compartida entre la Administración del Estado y las de las CCAA, cuestión ésta no pacífica y que se encuentra impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Aragón a pesar de la declaración formal contenida en la disposición final primera de la LOPS y que le atribuye el carácter de norma básica.

COMENTARIO AL APARTADO 4: La posibilidad de que la Administración del Estado y las de las CCAA deleguen las funciones de gestión y acreditación de la formación continuada, incluyendo la expedición de certificaciones, en corporaciones de derecho público (colegios profesionales, por ejemplo) contenida en este precepto ha sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón. La cuestión no es del todo nueva, y viene a revivir el conflicto de competencia presentado ante el TC en 2002 con motivo de la delegación que los Ministerios de Sanidad y Educación hicieron en la Organización Médica Colegial para que gestionara la acreditación de la formación médica continuada y que dio lugar a la creación del Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica Continuada en el que, con la OMC, participaron la FACME, la Conferencia de Decanos y el Consejo Nacional de Especialidades. Por otra parte, obsérvese que la Ley distingue entre las actividades de formación acreditadas y el resto de actividades de formación continuada previas a la entrada en vigor de la ley, las cuales únicamente podrán ser valoradas como mérito para la carrera profesional.

Artículo 36.  Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada.—         1.  Las Administraciones sanitarias públicas podrán expedir Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada, para certificar el nivel de formación alcanzado por un profesional en un área funcional específica de una determinada profesión o especialidad, en función de las actividades de formación continuada acreditada desarrolladas por el interesado en el área funcional correspondiente.

Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada, que deberán expedirse necesariamente de acuerdo con los requisitos, procedimiento y criterios establecidos conforme a lo previsto en el artículo 34.4.e), tendrán efectos en todo el territorio nacional, sea cual sea la Administración pública que expidió el diploma.

2.  Las Administraciones sanitarias públicas establecerán los registros necesarios para la inscripción de los Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada que expidan. Tales registros tendrán carácter público en lo relativo a la identidad del interesado, al diploma o diplomas que ostente y a la fecha de obtención de éstos.

3.  Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada serán valorados como mérito en los sistemas de provisión de plazas cuando así se prevea en la normativa correspondiente.

COMENTARIO AL APARTADO 1: A diferencia de los Diplomas de Área de Capacitación Específica, que tienen carácter oficial y se expiden por el Ministerio de Sanidad, los Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada podrán ser expedidos por cualquier Administración pública sanitaria, lo cual no es obstáculo para que tengan, al igual que los primeros, validez en todo el territorio nacional.

TÍTULO III

Del desarrollo profesional y su reconocimiento

Artículo 37.  Normas generales.—         1.  Se constituye el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional de los profesionales sanitarios a que se refieren los artículos 6 y 7 de esta ley, consistente en el reconocimiento público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de los objetivos asistenciales e investigadores de la organización en la que prestan sus servicios.

2.  Sin perjuicio de las facultades y funciones para las que habilite el correspondiente título oficial, el reconocimiento del desarrollo profesional será público y con atribución expresa del grado alcanzado por cada profesional en el ejercicio del conjunto de funciones que le son propias.

3.  Podrán acceder voluntariamente al sistema de desarrollo profesional los profesionales que estén establecidos o presten sus servicios dentro del territorio del Estado.

COMENTARIO AL APARTADO 1: El sistema de carrera profesional se reserva por la LOPS en exclusiva para los licenciados y diplomados sanitarios. El carácter básico de la norma no desciende a aspectos concretos de este régimen, cuyo desarrollo corresponde a las CCAA.

Artículo 38.  Desarrollo profesional.—         1.  Las Administraciones sanitarias regularán, para sus propios centros y establecimientos, el reconocimiento del desarrollo profesional, dentro de los siguientes principios generales:

a)  El reconocimiento se articulará en cuatro grados. Las Administraciones sanitarias, no obstante, podrán establecer un grado inicial, previo a los anteriormente indicados. La creación de este grado inicial deberá comportar su homologación de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de esta ley.

b)  La obtención del primer grado, y el acceso a los superiores, requerirá la evaluación favorable de los méritos del interesado, en relación a sus conocimientos, competencias, formación continuada acreditada, actividad docente e investigación. La evaluación habrá de tener en cuenta también los resultados de la actividad asistencial del interesado, la calidad de la misma y el cumplimiento de los indicadores que para su valoración se hayan establecido, así como su implicación en la gestión clínica definidas en el artículo 10 de esta ley.

c)  Para obtener el primer grado, será necesario acreditar cinco años de ejercicio profesional. La evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo, cinco años desde la precedente evaluación positiva. En caso de evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva evaluación transcurridos dos años desde ésta.

d)  La evaluación se llevará a cabo por un comité específico creado en cada centro o institución. El comité estará integrado, en su mayoría, por profesionales de la misma profesión sanitaria del evaluado, y habrá de garantizarse la participación en el mismo de representantes del servicio o unidad de pertenencia del profesional evaluado, así como de evaluadores externos designados por agencias de calidad o sociedades científicas de su ámbito de competencia.

e)  Los profesionales tendrán derecho a hacer constar públicamente el grado de desarrollo profesional que tengan reconocido.

f)  Dentro de cada servicio de salud, estos criterios generales del sistema de desarrollo profesional, y su repercusión en la carrera, se acomodarán y adaptarán a las condiciones y características organizativas, sanitarias y asistenciales del servicio de salud o de cada uno de sus centros, sin detrimento de los derechos ya establecidos.

2.  Los centros sanitarios privados en los que existan profesionales sanitarios que presten servicios por cuenta ajena establecerán, en la medida en que lo permita la capacidad de cada centro, procedimientos para el reconocimiento del desarrollo profesional y la carrera de los mismos, que se adecuarán a los criterios fijados en este título.

Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior serán supervisados, en su implantación y desarrollo, por la Administración sanitaria correspondiente.

En cada centro se deberá conservar la documentación de evaluación de los profesionales de cada servicio o unidad de éste.

3.  Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad exclusivamente a través del ejercicio profesional por cuenta propia podrán acceder voluntariamente a los procedimientos de reconocimiento del desarrollo profesional, en la forma en que se determine por la correspondiente Administración sanitaria. En todo caso, dichos profesionales deberán superar las mismas evaluaciones que se establezcan para quienes presenten servicios por cuenta ajena en centros sanitarios.

COMENTARIO AL APARTADO 1: Si la carrera profesional se configura como el sistema que posibilita el reconocimiento del desarrollo profesional, de forma individualizada, la evaluación de competencias se erige en uno de los elementos esenciales para aquélla pueda articularse de forma efectiva, como así se desprende del propio artículo 38.1 de la Ley 44/2003, en plena sintonía con lo dispuesto por la Ley 16/2003 que concibe la evaluación de competencias como uno de los elementos que integran la tríada sobre la que se asienta el Sistema de desarrollo profesional. A estos efectos, el artículo 42.1 de la Ley 16/2003, define la competencia profesional como la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión.

Artículo 39.  Homologación del reconocimiento del desarrollo profesional.—El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos y oída la Comisión Consultiva Profesional, establecerá los principios y criterios generales para la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional en todo el Sistema Nacional de Salud, especialmente en lo relativo a las denominaciones de los distintos grados, a los sistemas de valoración de los méritos, a la composición de los comités de evaluación y al reconocimiento mutuo de los grados alcanzados por los profesionales de los distintos servicios de salud.

TÍTULO IV

Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias

Artículo 40.  Modalidades y principios generales del ejercicio privado.—1.  En el ámbito de la sanidad privada, los profesionales sanitarios podrán ejercer su actividad por cuenta propia o ajena.

         2.  La prestación de servicios por cuenta propia o ajena podrá efectuarse mediante cualquiera de las formas contractuales previstas en el ordenamiento jurídico.

3.  Los servicios sanitarios de titularidad privada estarán dotados de elementos de control que garanticen los niveles de calidad profesional y de evaluación establecidos en esta ley de acuerdo con los siguientes principios:

a)  Derecho a ejercer la actividad profesional adecuada a la titulación y categoría de cada profesional.

b)  Respeto a la autonomía técnica y científica de los profesionales sanitarios.

c)  Marco de contratación estable, motivación para una mayor eficiencia y estímulos para el rendimiento profesional.

d)  Participación en la gestión y organización del centro o unidad a la que pertenezca.

e)  Derecho y deber de formación continuada.

f)  Evaluación de la competencia profesional y de la calidad del servicio prestado.

g)  Garantizar la responsabilidad civil profesional bien a través de entidad aseguradora, bien a través de otras entidades financieras autorizadas a conceder avales o garantías.

h)  Libre competencia y transparencia del sistema de contratación.

         i)   Libertad de prescripción, atendiendo a las exigencias del conocimiento científico y a la observancia de la ley.

COMENTARIO AL APARTADO 2: La prestación de servicios puede realizarse bien a través de contrato de trabajo (relación laboral), ó bien a través de una relación arrendaticia de servicios de carácter civil (ó en su caso, contrato de obra para los supuestos de medicina preventiva ó voluntaria). La distinción entre una y otra modalidad puede no resultar fácil en determinados casos, si bien son notas que caracterizan la existencia de una relación jurídico-laboral las de integración libre y voluntaria en una empresa —dentro de la esfera organizativa y disciplinaria de ésta— el hecho de que el fruto de los servicios prestados redunde en la empresa, sin que la responsabilidad técnica y científica exigible al profesional y la libertad que precisa para su actuación asistencial permita excluir la nota de subordinación. Así mismo, no es obstáculo a su calificación como relación jurídica de naturaleza laboral el hecho de que la realización del trabajo se haya encomendado a un grupo de trabajadores (Artículo 10.1 del Estatuto de los Trabajadores) ó que se haya acordado su celebración con un grupo de trabajadores considerado en su totalidad (artículo 10.2 del Estatuto de los Trabajadores). Por el contrario, en el contrato de arrendamiento de servicios el contratante asume la realización de una tarea, no la prestación de su trabajo, siendo el propio profesional quién se hace responsable de la organización, dirección y control de su trabajo así como del riesgo. Como notas típicas de la relación de arrendamiento de servicios se pueden citar el alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en el RETA, cobro de honorarios por cada trabajo realizado con aplicación de IVA y deducción del IRPF, realización del trabajo en la oficina del propio prestador de servicios o el no sometimiento a un horario laboral. Dentro de esta última modalidad, cabe diferenciar según si los servicios prestados por cuenta propia lo son en régimen de dependencia profesional respecto de un centro sanitario (contrato de arrendamiento de servicios) o sin vinculación de ningún tipo con dicho centro, lo que puede suceder si el paciente ha concertado directamente un contrato de clínica o un contrato de hospitalización (sin mediación de entidad aseguradora), contrato que comprende (cualquiera que sea su modalidad) los servicios llamados extramédicos (de hospedaje o alojamiento) y los denominados asistenciales o paramédicos, siempre que la realización de los actos estrictamente médicos la haya confiado en un médico libremente elegido por él y ajeno por completo al establecimiento sanitario.

COMENTARIO AL APARTADO 3.I): La disposición adicional séptima de la Ley del Medicamento deroga el artículo 106 de la Ley General de Seguridad Social (Decreto 2065/1974, de 30 de mayo) que reconocía la libertad de prescripción, más solo lo hace en cuanto se oponga al artículo 94 de la Ley 25/1990, que establece que «los servicios de salud promoverán la prescripción de genéricos y sus profesionales sanitarios colaborarán en las iniciativas para conseguir un uso racional de los medicamentos»; de este modo, no se excluye la posibilidad de que, dentro de los límites impuestos por las normas del medicamento, los médicos puedan prescribir los productos que estimen oportunos. Efectivamente, el artículo 36 de la CE establece que la ley regulará el libre ejercicio de las profesiones tituladas, afirmación que pone de manifiesto que la libertad de prescripción de medicamentos no es omnímoda, sino que debe engarzarse con el contenido del artículo 43 de la CE, que atribuye a los poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública. Por tal razón fueron dictadas las Leyes 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública y la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. Este marco legal hace decaer cualquier argumento sobre la libertad prescriptita dada la necesaria intervención administrativa, como así ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencia de 4 de diciembre de 2003.

Artículo 41.  Prestación de servicios por cuenta ajena.—1.  Los profesionales sanitarios que presten su actividad en centros o servicios sanitarios privados por cuenta ajena tienen derecho a ser informados de sus funciones, tareas y cometidos, así como de los objetivos asignados a su unidad y centro sanitario y de los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos.

2.  Dichos profesionales sanitarios se hallan obligados a ejercer la profesión, o desarrollar el conjunto de las funciones que tengan asignadas, con lealtad, eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, profesionales, éticos y deontológicos que sean aplicables.

3.  Asimismo se encuentran obligados a mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las funciones que correspondan a su titulación.

4.  La evaluación regular de competencias y los sistemas de control de calidad previstos en esta ley serán aplicados en los centros privados que empleen profesionales sanitarios mediante el régimen de prestación de servicios por cuenta ajena. El sistema de desarrollo profesional se articulará en estos centros conforme a lo establecido para los mismos en el título III de esta ley.

Artículo 42.  Prestación de servicios por cuenta propia.—1.  Con el fin de garantizar la titulación oficial de profesionales y especialistas, la calidad y seguridad de los equipamientos e instalaciones, y la sujeción a la disciplina profesional y a los otros requisitos y garantías que se determinan en esta ley, todos los contratos de prestación de servicios sanitarios, así como sus modificaciones, que se celebren entre profesionales sanitarios, entre profesionales y centros sanitarios o entre profesionales y entidades de seguros que operen el ramo de enfermedad, se formalizarán por escrito.

2.  Los profesionales sanitarios que ejerzan exclusivamente mediante la prestación de servicios por cuenta propia podrán acceder voluntariamente al sistema de desarrollo profesional en la forma prevista en el título III de esta ley.

Artículo 43.  Registros de profesionales.—    Los centros sanitarios y las entidades de seguros que operen el ramo de enfermedad a que se refieren los artículos 41 y 42 establecerán y mantendrán actualizado un registro de los profesionales sanitarios con los que mantengan contratos de prestación de servicios por cuenta propia o ajena.

Conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de esta ley, dicho registro será público en lo que se refiere al nombre, titulación, especialidad y, en su caso, categoría y función del profesional.

Los criterios generales y requisitos mínimos de dichos registros serán establecidos por las comunidades autónomas dentro de los principios que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que podrá acordar la integración de los mismos al Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 43: De acuerdo con lo previsto en los artículos que se citan a continuación, ha de entenderse que la integración de los Registros de profesionales contemplados en el artículo 43 al Sistema de Información Sanitaria del SNS se hace extensiva igualmente a los registros públicos de profesionales que mantienen los diferentes colegios profesionales.

Artículo 44.  Publicidad del ejercicio profesional privado.—    1.  La publicidad de los servicios y prestaciones ofrecidos al público por los profesionales sanitarios deberá respetar rigurosamente la base científica de las actividades y prescripciones, y será objetiva, prudente y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados.

2.  Los profesionales sanitarios podrán facilitar a los medios de comunicación, o expresar directamente en ellos, informaciones sobre sus actividades profesionales, siempre que la información facilitada sea verídica, discreta, prudente y se manifieste de manera fácilmente comprensible para el colectivo social al que se dirige.

3.  No podrán ser objeto de publicidad las actividades o productos sanitarios no autorizados, o sobre los que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para el ser humano, quedando prohibida la publicidad de productos y servicios de carácter creencial y de los productos-milagro.

4.  El incumplimiento y, en su caso, la sanción que corresponda, de lo dispuesto en los apartados anteriores se exigirá de acuerdo con la Ley 14/1986, General de Sanidad, y, en lo que sean de aplicación, con las Leyes 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y 34/1988, General de Publicidad.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 44: El Capítulo XIV del Código de Etica y Deontología médica de la Organización Médica Colegial, dispone que la publicidad ha de ser objetiva, prudente y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas ó propague conceptos infundados. Tal aseveración puede hacerse igualmente extensiva a los centros sanitarios privados que, por ejemplo, incluyen entre los profesionales especialistas de su cuadro médico, facultativos que no se hallan en posesión de dicha titulación, lo que comportaría que el centro/entidad aseguradora deba responder del encuadre publicitario engañoso que se ha ofertado.

Artículo 45.  Seguridad y calidad en el ejercicio profesional privado.—    1.  Las consultas profesionales deberán cumplir los requisitos de autorización y acreditación que, atendiendo a las específicas características de las mismas, determinen los órganos competentes de las comunidades autónomas.

2.  Las garantías de seguridad y calidad son aplicables a todas las actividades sanitarias privadas, con independencia de la financiación de las prestaciones que estén ofreciendo en cada momento.

Corresponde a las Administraciones sanitarias públicas, respecto de los profesionales y centros establecidos en su ámbito geográfico, velar por el cumplimiento de las garantías a que se refiere el párrafo anterior, para lo cual podrán recabar la colaboración de agencias de calidad u organismos equivalentes, o de los colegios profesionales en el caso de las consultas profesionales en los términos que reglamentariamente se determinen.

COMENTARIO AL APARTADO 45: El ejercicio de estas facultades por parte de las Administraciones públicas competentes en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, se han de incardinar no en el ámbito del derecho administrativo sancionador, sino en el marco de las potestades de inspección y control que la Ley General de Sanidad confiere a las Administraciones Sanitarias en su artículo 30.

Artículo 46.  Cobertura de responsabilidad.—    Los profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asistencia sanitaria privada, así como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios sanitarios, vienen obligados a suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios.

Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las condiciones esenciales del aseguramiento, con la participación de los profesionales y del resto de los agentes del sector.

En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios profesionales podrán adoptar las medidas necesarias para facilitar a sus colegiados el cumplimiento de esta obligación.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 46: Una de las cuestiones que más está influyendo en la práctica médica, hasta el punto de condicionar muchas de las decisiones clínicas (medicina defensiva) es la referida a la mayor conciencia ciudadana en torno a los derechos. Ello obliga a incrementar las cautelas y las exigencias profesionales en el acto médico, que tiene que adaptarse a los nuevos desafíos en torno al consentimiento informado, el acceso a la información y documentación clínica, la autonomía de los pacientes, y otras muchas cuestiones que están siendo redefinidas constantemente en un mundo donde los planteamientos son menos duraderos cada día. En definitiva, la importancia de la responsabilidad jurídica por asistencia sanitaria viene siendo creciente en los últimos años, lo que ha llevado a un incremento en el número de reclamaciones y de los importes solicitados en concepto de indemnización. Una de las repercusiones de esta dinámica es la obligatoriedad de los centros y profesionales sanitarios privados de suscribir un seguro de responsabilidad civil plasmada en este artículo de la LOPS.

TÍTULO V

De la participación de los profesionales

Artículo 47.  Comisión Consultiva Profesional.—    1.  La Comisión Consultiva Profesional es el órgano de participación de los profesionales en el sistema sanitario y en el desarrollo, planificación y ordenación de las profesiones sanitarias.

2.  En relación con el desarrollo profesional, las funciones de la Comisión abarcarán los ámbitos relativos a la formación, al sistema de su reconocimiento y la evaluación de competencias.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 47: La LOPS crea en este punto, tal y como prevé su Exposición de Motivos, un órgano destinado a permitir la participación de los profesionales sanitarios en el desarrollo, planificación y ordenación de las profesiones sanitarias, en la que se encuentran representados todos los estamentos profesionales. La regulación contenida en este título no se agota con la creación, sino que se completa en los artículos siguientes con la determinación de la composición, el régimen de funcionamiento y las funciones de este órgano colegiado.

Artículo 48.  Composición y adscripción.—1.  La Comisión Consultiva Profesional tiene la siguiente composición:

a)  Cuatro representantes del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, designados por el propio Consejo.

b)  Dos representantes de cada una de las profesiones sanitarias a las que se refieren el artículo 6.2, párrafos a) y b), y el artículo 7.2, párrafo a), de esta ley, designados por los correspondientes Consejos Generales de Colegios.

c)  Un representante de cada una de las profesiones sanitarias a las que se refiere el artículo 6.2, párrafos c) y d), de esta ley, designado por los correspondientes Consejos Generales de Colegios.

d)  Un representante de las profesiones sanitarias a las que se refiere el artículo 6.3 de esta ley, designado de común acuerdo por los Consejos Generales de Colegios o por los Colegios Nacionales de las correspondientes profesiones.

e)  Un representante de las profesiones sanitarias a las que se refiere el artículo 7.2, párrafos b) a g), de esta ley, designado de común acuerdo por los Consejos Generales de Colegios o por los Colegios Nacionales de las correspondientes profesiones.

f)  Un representante de las profesiones sanitarias a las que se refiere el artículo 2.3, segundo párrafo, de esta ley, designado de común acuerdo por los Consejos Generales de Colegios o, en su defecto, las organizaciones científicas.

g)  Un representante del conjunto de profesionales sanitarios a que se refiere el artículo 3.2.a) de esta ley, designado de común acuerdo por las organizaciones científicas y Colegios oficiales de los mismos.

h)  Un representante del conjunto de profesionales sanitarios a que se refiere el artículo 3.2.b) de esta ley, designado de común acuerdo por las organizaciones científicas de los mismos.

i)  Cuatro profesionales sanitarios de reconocido prestigio en el ámbito asistencial, designados por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

j)  Dos profesionales sanitarios de reconocido prestigio en el ámbito asistencial, designados por las asociaciones y entidades que operen en la sanidad privada.

2.  Los miembros de la Comisión Consultiva Profesional serán designados para un período de cuatro años, y podrán ser nuevamente designados únicamente para otro período de la misma duración.

No obstante, los miembros de la Comisión cesarán en sus funciones cuando así lo acuerden los órganos, corporaciones o asociaciones que acordaron su nombramiento.

3.  La Comisión Consultiva Profesional está adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, que prestará el apoyo técnico y administrativo necesario para su correcto funcionamiento.

Artículo 49.  Régimen de funcionamiento.—1.  La Comisión Consultiva Profesional aprobará su propio reglamento de régimen interior, que se adaptará a lo dispuesto sobre el funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.  La Comisión elegirá, de entre sus miembros, al Presidente y al Vicepresidente.

3.  Las funciones de Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto en sus reuniones, serán desempeñadas por el funcionario que designe el Ministerio de Sanidad y Consumo.

4.  La Comisión funcionará en Pleno y en las comisiones y grupos de trabajo que la propia Comisión decida constituir.

5.  El Pleno de la Comisión se reunirá, al menos, dos veces al año.

Artículo 50.  Funciones.—La Comisión Consultiva Profesional desarrollará las funciones de asesoramiento en todos los ámbitos del desarrollo y la ordenación profesional y, especialmente, las siguientes:

a)  Las que correspondan como órgano de apoyo a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en los ámbitos del desarrollo profesional a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y las disposiciones de esta ley.

b)  Las de elaboración, con informes o propuestas, en su caso, de las diferentes organizaciones y sociedades científicas, del informe anual sobre el estado de las profesiones sanitarias, que deberá incluir un análisis de la situación de dichas profesiones.

c)  Las de elaboración de propuestas de carácter general, que se incluirán, en su caso, en el informe previsto en el párrafo anterior, sobre la organización, régimen de prestación de servicios y ordenación de las profesiones sanitarias, dirigidas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las comunidades autónomas.

d)  Las de mediación y propuesta de solución en los conflictos de competencias entre las distintas profesiones sanitarias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional primera.  Relación laboral especial de residencia.—1.  La relación laboral especial de residencia es aplicable a quienes reciban formación dirigida a la obtención de un título de especialista en Ciencias de la Salud, siempre que tal formación se realice por el sistema de residencia previsto en el artículo 20 de esta ley, en centros, públicos o privados, acreditados para impartir dicha formación.

Los residentes tendrán la consideración de personal laboral temporal del servicio de salud o centro en que reciban la formación, y deberán desarrollar el ejercicio profesional y las actividades asistenciales y formativas que de los programas de formación se deriven.

2.  El Gobierno regulará, mediante real decreto, la relación laboral especial de residencia, de acuerdo con las normas de la Comunidad Europea que resulten aplicables y estableciendo, además de las peculiaridades de su jornada de trabajo y régimen de descansos, los supuestos de resolución de los contratos cuando no se superen las evaluaciones establecidas, los procedimientos para la revisión de las evaluaciones otorgadas, la duración máxima de los contratos en función de la duración de cada uno de los correspondientes programas formativos, y los supuestos excepcionales para su posible prórroga cuando se produzcan casos, no imputables al interesado, de suspensión de la relación laboral.

3.  La relación laboral especial de residencia se aplicará también en aquellos supuestos de formación en Áreas de Capacitación Específica que, conforme a lo establecido en el artículo 25, se desarrollen por el sistema de residencia previsto en el artículo 20 de esta ley.

Disposición adicional segunda.  Reserva de denominaciones.—Sólo podrán utilizarse, en el ejercicio profesional público y privado, las denominaciones de los títulos de especialista, las de los Diplomas de Áreas de Capacitación Específica, las de los Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada, y las de los grados del desarrollo profesional, cuando tales títulos, diplomas o grados hayan sido obtenidos, homologados o reconocidos de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y en las demás normas aplicables.

No podrán utilizarse otras denominaciones que, por su significado, puedan inducir a confusión con aquéllas.

Disposición adicional tercera.  Formación de especialistas sanitarios en plazas de la Red Sanitaria Militar.—1.  Corresponderá al Ministerio de Defensa la propuesta prevista en el artículo 22.5 de esta ley respecto del número de especialistas en Ciencias de la Salud que se formarán anualmente en centros acreditados de la Red Sanitaria Militar.

2.  El acceso a la formación en las plazas a que se refiere esta disposición adicional se regulará por el Ministerio de Defensa y, sin perjuicio del cumplimiento del resto de los requisitos previstos en el artículo 20.3 de esta ley, no resultará aplicable la relación laboral especial de residencia al personal militar que se forme en ellas.

Disposición adicional cuarta.  Efectos retributivos del sistema de desarrollo profesional.—Los efectos que sobre la estructura de las retribuciones y la cuantía de las mismas pudieran derivarse del reconocimiento de grados de desarrollo profesional se negociarán en cada caso con las organizaciones sindicales que, a tenor de lo dispuesto en la normativa aplicable, corresponda.

Disposición adicional quinta.  Aplicación de esta ley a las profesiones sanitarias.—Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 2., 4.2, 6 y 7., el resto de las disposiciones de esta ley sólo se aplicarán a los titulados previstos en dichos artículos cuando presten sus servicios profesionales en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud o cuando desarrollen su ejercicio profesional, por cuenta propia o ajena, en el sector sanitario privado.

Disposición adicional sexta.  Exclusiones a la aplicación de esta ley por motivos de seguridad pública.—Por motivos de seguridad pública, podrán no resultar aplicables los principios establecidos en los párrafos d) y e) del artículo 5.1 de esta ley, ni ser de carácter público el registro establecido en su artículo 5.2.

Disposición adicional séptima.  Carácter de profesionales sanitarios.—1.  Lo establecido en esta ley se entiende sin perjuicio del carácter de profesionales sanitarios que ostentan los Ayudantes Técnicos Sanitarios y demás profesionales que, sin poseer el título académico a que se refiere el artículo 2, se encuentran habilitados, por norma legal o reglamentaria, para ejercer alguna de las profesiones previstas en dicho precepto.

2.  Tendrán carácter de profesionales sanitarios los Licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos cuando tales titulados desarrollen su actividad profesional en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud o cuando desarrollen su ejercicio profesional, por cuenta propia o ajena, en el sector sanitario privado.

Disposición adiciona octava.  Régimen de infracciones y sanciones.—    Las Administraciones sanitarias públicas y las entidades profesionales de derecho público, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que el ejercicio de las profesiones sanitarias se desarrolle de acuerdo con lo previsto en esta ley y en las demás normas aplicables.

A estos efectos, las infracciones de lo dispuesto en esta ley quedan sometidas al régimen de infracciones y sanciones establecido en el capítulo VI del título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, sin perjuicio, en su caso, de las responsabilidades civiles, penales, estatutarias y deontológicas, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

COMENTARIO A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA: En el ámbito de la sanidad pública, la responsabilidad personal en la que pudiera incurrir el profesional sanitario como consecuencia de su actuación se circunscribe a las responsabilidad disciplinaria frente a su empleador (Artículo 70 y siguientes del EM), y, en su caso, a la responsabilidad penal por la comisión de un delito o falta. El tercero perjudicado podrá, por su parte, instar la responsabilidad patrimonial de la Administración, suspendiéndose la tramitación del procedimiento administrativo en caso de ejercicio de acción penal debido a la prioridad de este orden jurisdiccional, y sin que en ningún caso pudiera existir duplicidad indemnizatoria (Artículo 121 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) Por tanto, como así se colige de la redacción del artículo 146 de la Ley 30/1992, no cabe exigir la responsabilidad civil de los empleados públicos forma autónoma, si no es conjuntamente con la penal derivada de la comisión de un delito ó falta. Lo anterior no impide que, en caso de reconocerse la responsabilidad patrimonial de la Administración, ésta deba repetir contra el profesional sanitario según dispone el artículo 145. 2 de la Ley 30/92. En el ámbito penal, y como principales delitos susceptibles de ser cometidos por el personal sanitario cabe destacar los siguientes: Homicidio, artículo 142; aborto, artículo 144;lesiones al feto, artículo157 y 158; delito de lesiones, artículo 147 a 156; manipulación genética, artículo 159 a 162; omisión del deber de socorro, artículo 196; delitos contra la intimidad, art 197 a 199; delito contra las relaciones familiares, artículo 220 a 222; delito de falsedad documental, artículo 397; delitos contra la seguridad colectiva y contra la salud pública, artículo 343, 344, 359,360 y 361. Especial mención merece el delito de intrusismo (Artículo 403 del C.P); dicho precepto establece una distinción entre la actuación consistente en la realización de actos propios de la profesión (es decir, aquellos que el Ordenamiento atribuye exclusivamente a determinadas profesiones) sin estar en posesión de título académico (entiéndase, título universitario), y la contemplada en el inciso segundo del mismo artículo que supone que el sujeto activo debe estar en posesión del título académico, más no así del título oficial cuando éste sea preciso para acreditar la capacitación necesaria. En el caso de licenciados en psicología, química, biología, bioquímica u otras licenciaturas, la posesión del título oficial de especialista en ciencias de la salud reviste especial importancia ya que permite configurar a estos colectivos como profesionales sanitarios titulados en virtud de lo establecido por la Ley 44/2003 (Artículo6.3).

Disposición adicional novena.  Evaluación del desarrollo profesional en centros sanitarios de investigación.—En los centros sanitarios de investigación, el sistema de evaluación del desarrollo profesional de los profesionales sanitarios a que se refiere esta ley se adaptará a las características específicas de los mismos, evaluándose, entre otros, la calidad y relevancia del trabajo científico según resultados, la implicación organizativa y la capacidad de liderazgo en la dirección de proyectos y formación de personal investigador.

Disposición adicional décima.  Dirección de centros sanitarios.—Las Administraciones sanitarias establecerán los requisitos y los procedimientos para la selección, nombramiento o contratación del personal de dirección de los centros y establecimientos sanitarios dependientes de las mismas.

Igualmente, las Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos de evaluación del desempeño de las funciones de dirección y de los resultados obtenidos, evaluación que se efectuará con carácter periódico y que podrá suponer, en su caso, la confirmación o remoción del interesado en tales funciones directivas.

Disposición adicional undécima.—Las referencias que en esta ley se hacen a los licenciados y diplomados sanitarios se entenderán realizadas también a los graduados universitarios, de acuerdo con la normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera.  Aplicación progresiva del artículo 22.2 de esta ley.—El nuevo modelo de prueba para el acceso a la formación sanitaria especializada previsto en el artículo 22.2 de esta ley se implantará de manera progresiva durante los ocho años posteriores a la entrada en vigor de esta norma.

Disposición transitoria segunda.  Implantación del sistema de desarrollo profesional.—Las Administraciones sanitarias determinarán los plazos y períodos para la aplicación del sistema de desarrollo profesional previsto en el título III, dentro del criterio general de que en el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta ley deberán haberse iniciado los procedimientos para su implantación en todas las profesiones sanitarias previstas en los artículos 6 y 7.

Disposición transitoria tercera.  Definición y estructuración de las profesiones sanitarias y de los profesionales del área sanitaria de formación profesional.—1.  Los criterios de definición y estructuración de profesiones sanitarias y profesionales del área sanitaria de formación profesional que se contienen en los artículos 2 y 3 de esta ley se mantendrán en tanto se lleve a cabo la reforma o adaptación de las modalidades cíclicas a que se refiere el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para su adecuación al espacio europeo de enseñanza superior.

Una vez producida dicha reforma o adaptación, los criterios de definición de las profesiones sanitarias y de los profesionales del área sanitaria de la formación profesional y de su estructuración serán modificados para adecuarlos a lo que se prevea en la misma.

2.  El Gobierno procederá a la reordenación de las funciones de los distintos departamentos de la Administración General del Estado en materia de formación sanitaria especializada cuando ello resulte aconsejable para adaptarla a lo que prevean las normas de la Comunidad Europea en relación con los requisitos de acceso a las actividades profesionales.

Disposición transitoria cuarta.  Especialidades sanitarias cuyo sistema de formación no es el de residencia.—    En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno modificará, suprimirá o adaptará su sistema de formación a lo previsto en el artículo 20, en el caso de las especialidades sanitarias cuya formación no se realiza por el sistema de residencia.

COMENTARIO A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA: El sistema de formación por el procedimiento de residencia para profesionales sanitarios se exceptúa para las especialidades médicas citadas en el apartado tercero del Anexo I del Real Decreto 127/84 .

Disposición transitoria quinta.  Creación de nuevos títulos de Especialista y de Diplomas de Áreas de Capacitación Específica en Ciencias de la Salud.—        1.  Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 16 de esta ley, sean establecidos nuevos títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para posibilitar el acceso al nuevo título de los profesionales que hubieran prestado servicios en el ámbito de la nueva especialidad y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, adoptará las medidas oportunas para la inicial constitución de la correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad.

2.  Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta ley, sean establecidos nuevos diplomas de Áreas de Capacitación Específica para especialistas en Ciencias de la Salud, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para posibilitar el acceso a los nuevos diplomas de los profesionales que hubieran prestado servicios en el ámbito de la nueva Área de Capacitación Específica y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

3.  Asimismo, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para la inicial constitución de los correspondientes Comités de Área de Capacitación Específica.

— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 23 DE ABRIL DE 2012. Disposición transitoria quinta. Creación de nuevos títulos de Especialista en Ciencias de la Salud.—Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 16 de esta ley, sean establecidos nuevos títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para posibilitar el acceso al nuevo título de los profesionales que hubieran prestado servicios en el ámbito de la nueva especialidad y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, adoptará las medidas oportunas para la inicial constitución de la correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad.

Disposición transitoria sexta.  Constitución de órganos colegiados.—En tanto se constituyen los órganos colegiados a que se refieren los artículos 27 a 30 de esta ley, las funciones que a los mismos se les atribuyen serán desempeñadas por las comisiones y consejos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única.  Derogación de normas.—1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.

2.  Queda derogada la Ley 24/1982, de 16 de junio, sobre prácticas y enseñanzas sanitarias especializadas, derogación que tendrá efectividad cuando entre en vigor el real decreto sobre la relación laboral especial de residencia que se prevé en la disposición adicional primera de esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.  Título competencial.—1.  Esta ley se aprueba de acuerdo con las competencias exclusivas que asigna al Estado su artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución, y sus preceptos son bases de la sanidad.

2.  Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior el capítulo III del título II de esta ley, su disposición adicional tercera y sus disposiciones transitorias primera y cuarta, que se aprueban en uso de las competencias que al Estado asigna en exclusiva el artículo 149.1.30.ª de la Constitución para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales.

3.  Se exceptúan de lo establecido en el apartado 1 anterior los artículos 8.2 y 20.3.f) y la disposición adicional primera de esta ley, que se aprueban al amparo de las competencias exclusivas que asigna al Estado el artículo 149.1.7.ª de la Constitución para el establecimiento de la legislación laboral.

4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores lo será sin perjuicio de lo establecido en el Régimen Foral de Navarra.

Disposición final segunda.  Informes sobre financiación.—El órgano colegiado interministerial previsto en la disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, informará preceptivamente aquellos asuntos derivados de la aplicación de esta ley.

Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las comunidades autónomas conforme a lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, y de acuerdo con el principio de lealtad institucional en los términos del artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el informe elaborado será presentado por dicho órgano colegiado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por su parte, el Ministerio de Hacienda trasladará este informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para proceder a su análisis, en el contexto de dicho principio de lealtad institucional, y, en su caso, proponer las medidas necesarias para garantizar el equilibrio financiero.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.—Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».