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Título I. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Arts. 6. a 33)
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Capítulo I. Configuración del Sistema (Arts. 6 a 12)
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Art. 8. Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
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Art. 9. Participación de la Administración General del Estado
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Art. 10. Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
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Art. 11. Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema
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Capítulo III. La dependencia y su valoración (Arts. 26 y 27)
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Capítulo V. Financiación del Sistema y aportación de los beneficiarios (Arts. 32 y 33)
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Segunda. Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio
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Tercera. Ayudas económicas para facilitar la autonomía personal
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Séptima. Instrumentos privados para la cobertura de la dependencia
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Duodécima. Diputaciones Forales, Cabildos y Consejos Insulares
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Decimocuarta. Fomento del empleo de las personas con discapacidad
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Decimoquinta. Garantía de accesibilidad y supresión de barreras
LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (BOE DEL 15)
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.-1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.
2. El Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia responderá a una acción coordinada y
cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que afectan
a las personas en situación de dependencia, con la participación,
en su caso, de las Entidades Locales.
Artículo 2. Definiciones.-A efectos de la presente Ley, se entiende por:
1. Autonomía: la capacidad
de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias
propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida
diaria.
2. Dependencia: el estado de
carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas
a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual
o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o
ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida
diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual
o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
3. Actividades Básicas de la
Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de la persona, que
le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia,
tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas,
la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse,
entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.
4. Necesidades de apoyo para
la autonomía personal: las que requieren las personas que tienen
discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio
de autonomía personal en el seno de la comunidad.
5. Cuidados no profesionales:
la atención prestada a personas en situación de dependencia en su
domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas
a un servicio de atención profesionalizada.
6. Cuidados profesionales:
los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo
de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre
la prestación de servicios a personas en situación de dependencia,
ya sean en su hogar o en un centro.
7. Asistencia personal: servicio
prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas
de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia,
de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando
su autonomía personal.
8. Tercer sector: organizaciones
de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social,
bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad,
con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan
el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.
Artículo 3. Principios de la Ley.-Esta Ley se inspira en los siguientes principios:
a) El carácter público de las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
b) La universalidad en el acceso
de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones
de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos
en esta Ley.
c) La atención a las personas
en situación de dependencia de forma integral e integrada.
d) La transversalidad de las
políticas de atención a las personas en situación de dependencia.
e) La valoración de las necesidades
de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar
la igualdad real.
f) La personalización de la
atención, teniendo en cuenta de manera especial la situación de
quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de
tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades.
g) El establecimiento de las
medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social
y mental.
h) La promoción de las condiciones
precisas para que las personas en situación de dependencia puedan
llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.
i) La permanencia de las personas
en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno
en el que desarrollan su vida.
j) La calidad, sostenibilidad
y accesibilidad de los servicios de atención a las personas en situación
de dependencia.
k) La participación de las
personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias
y entidades que les representen en los términos previstos en esta
Ley.
l) La colaboración de los servicios
sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se
establecen en la presente Ley y en las correspondientes normas de
las Comunidades Autónomas y las aplicables a las Entidades Locales.
m) La participación de la iniciativa
privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía
personal y atención a la situación de dependencia.
n) La participación del tercer
sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía
personal y atención a la situación de dependencia.
ñ) La cooperación interadministrativa.
o) La integración de las prestaciones
establecidas en esta Ley en las redes de servicios sociales de las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de las competencias que tienen
asumidas, y el reconocimiento y garantía de su oferta mediante centros
y servicios públicos o privados concertados.
p) La inclusión de la perspectiva
de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres
y hombres.
q) Las personas en situación
de gran dependencia serán atendidas de manera preferente.
Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia.-1. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la misma.
2. Asimismo, las personas en
situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos
en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes:
a) A disfrutar de los derechos
humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su dignidad
e intimidad.
b) A recibir, en términos comprensibles
y accesibles, información completa y continuada relacionada con
su situación de dependencia.
c) A ser advertido de si los
procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en función
de un proyecto docente o de investigación, siendo necesaria la previa
autorización, expresa y por escrito, de la persona en situación
de dependencia o quien la represente.
d) A que sea respetada la confidencialidad
en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembrede Protección de Datos
de Carácter Personal.
e) A participar en la formulación
y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea
a título individual o mediante asociación.
f) A decidir, cuando tenga
capacidad de obrar suficiente, sobre la tutela de su persona y bienes,
para el caso de pérdida de su capacidad de autogobierno.
g) A decidir libremente sobre
el ingreso en centro residencial.
h) Al ejercicio pleno de sus
derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios,
garantizándose un proceso contradictorio.
i) Al ejercicio pleno de sus
derechos patrimoniales.
j) A iniciar las acciones administrativas
y jurisdiccionales en defensa del derecho que reconoce la presente
Ley en el apartado 1 de este artículo. En el caso de los menores
o personas incapacitadas judicialmente, estarán legitimadas para
actuar en su nombre quienes ejerzan la patria potestad o quienes
ostenten la representación legal.
k) A la igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los
ámbitos de desarrollo y aplicación de esta Ley.
l) A no sufrir discriminación
por razón de orientación o identidad sexual.
3. Los poderes públicos adoptarán
las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de
los derechos enumerados en el párrafo anterior, sin más limitaciones
en su ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad
de obrar que determina su situación de dependencia.
4. Las personas en situación
de dependencia y, en su caso, familiares o quienes les representen,
así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar
toda la información y datos que les sean requeridos por las Administraciones
competentes, para la valoración de su grado y nivel de dependencia;
a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, y a aplicar
las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron
otorgadas; o a cualquier otra obligación prevista en la legislación
vigente.
Las personas en situación de
dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen,
no estarán obligados a aportar información, datos o documentación
que obren ya en poder de la Administración Pública que los solicite
o que, de acuerdo con la legislación vigente, pueda ésta obtener
por sus propios medios.
Artículo 5. Titulares de derechos.-1. Son titulares de los derechos establecidos en la presente Ley los españoles que cumplan los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en situación
de dependencia en alguno de los grados establecidos.
b) Para los menores de 3 años
se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera.
c) Residir en territorio español
y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá
a quien ejerza su guarda y custodia.
2. Las personas que, reuniendo
los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad española
se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país
de origen. Para los menores que carezcan de la nacionalidad española
se estará a lo dispuesto en las Leyes del Menor vigentes, tanto
en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados
internacionales.
3. El Gobierno podrá establecer
medidas de protección a favor de los españoles no residentes en
España.
4. El Gobierno establecerá,
previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, las condiciones de acceso al Sistema
de Atención a la Dependencia de los emigrantes españoles retornados.
TÍTULO I
El Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia
CAPÍTULO I
Configuración del Sistema
Artículo 6. Finalidad del Sistema.-1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantiza las condiciones básicas y el contenido común a que se refiere la presente Ley; sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en materia de promoción de la autonomía personal y la atención y protección a las personas en situación de dependencia; optimiza los recursos públicos y privados disponibles, y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
2. El Sistema se configura
como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada,
centros y servicios, públicos y privados.
3. La integración en el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los centros y servicios
a que se refiere este artículo no supondrá alteración alguna en
el régimen jurídico de su titularidad, administración, gestión y
dependencia orgánica.
Artículo 7. Niveles de protección del Sistema.-La protección de la situación de dependencia por parte del Sistema se prestará en los términos establecidos en esta Ley y de acuerdo con los siguientes niveles:
1.º El nivel de protección
mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación
del artículo 9.
2.º El nivel de protección
que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración
de cada una de las Comunidades Autónomas a través de los Convenios
previstos en el artículo 10.
3.º El nivel adicional de protección
que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
Artículo 8. Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.-1. Se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como instrumento de cooperación para la articulación del Sistema. El Consejo estará constituido por el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y por un representante de cada una de la Comunidades Autónomas, recayendo dicha representación en el miembro del Consejo de Gobierno respectivo que tenga a su cargo las competencias en la materia. Integrarán igualmente el Consejo un número de representantes de los diferentes Departamentos ministeriales. En la composición tendrán mayoría los representantes de las Comunidades Autónomas.
2. Sin perjuicio de las competencias
de cada una de las Administraciones Públicas integrantes, corresponde
al Consejo, además de las funciones que expresamente le atribuye
esta Ley, ejercer las siguientes:
a) Acordar el Marco de cooperación
interadministrativa para el desarrollo de la Ley previsto en el artículo 10.
b) Establecer los criterios
para determinar la intensidad de protección de los servicios previstos
de acuerdo con los artículos 10.3 y 15.
c) Acordar las condiciones
y cuantía de las prestaciones económicas previstas en el artículo
20 y en la disposición adicional primera.
d) Adoptar los criterios de
participación del beneficiario en el coste de los servicios.
e) Acordar el baremo a que
se refiere el artículo 27 con los criterios básicos
del procedimiento de valoración y de las características de los
órganos de valoración.
f) Acordar, en su caso, planes,
proyectos y programas conjuntos.
g) Adoptar criterios comunes
de actuación y de evaluación del Sistema.
h) Facilitar la puesta a disposición
de documentos, datos y estadísticas comunes.
i) Establecer los mecanismos
de coordinación para el caso de las personas desplazadas en situación
de dependencia.
j) Informar la normativa estatal
de desarrollo en materia de dependencia y en especial las normas
previstas en el artículo 9.1.
k) Servir de cauce de cooperación,
comunicación e información entre las Administraciones Públicas.
El Consejo Territorial del
Sistema, una vez constituido, acordará sus normas en cuanto a funcionamiento
y Presidencia.
Artículo 9. Participación de la Administración General del Estado.-1. El Gobierno, oído el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado y nivel de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.
2. La financiación pública
de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración
General del Estado que fijará anualmente los recursos económicos
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 32.
Artículo 10. Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.-1. En el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán el marco de cooperación interadministrativa que se desarrollará mediante los correspondientes Convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas.
2. A través de los Convenios
a los que se refiere el apartado anterior, la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán los objetivos,
medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones
recogidos en el Capítulo II del presente Título incrementando el nivel mínimo
de protección fijado por el Estado de acuerdo con el artículo 9.
3. En aplicación de lo previsto
en el apartado anterior, el Consejo Territorial del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia establecerá los criterios
para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios
previstos en el Catálogo, y la compatibilidad e incompatibilidad
entre los mismos, para su aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto.
4. Los Convenios establecerán
la financiación que corresponda a cada Administración para este
nivel de prestación, en los términos establecidos en el artículo 32 y en la disposición transitoria
primera de esta Ley, así como los términos y condiciones para su
revisión. Igualmente, los Convenios recogerán las aportaciones del
Estado derivadas de la garantía del nivel de protección definido
en el artículo 9.
Artículo 11. Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema.-1. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que les son propias según la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes funciones:
a) Planificar, ordenar, coordinar
y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción
de la autonomía personal y de atención a las personas en situación
de dependencia.
b) Gestionar, en su ámbito
territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración
y atención de la dependencia.
c) Establecer los procedimientos
de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos
de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención.
d) Crear y actualizar el Registro
de Centros y Servicios, facilitando la debida acreditación que garantice
el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad.
e) Asegurar la elaboración
de los correspondientes Programas Individuales de Atención.
f) Inspeccionar y, en su caso,
sancionar los incumplimientos sobre requisitos y estándares de calidad
de los centros y servicios y respecto de los derechos de los beneficiarios.
g) Evaluar periódicamente el
funcionamiento del Sistema en su territorio respectivo.
h) Aportar a la Administración
General del Estado la información necesaria para la aplicación de
los criterios de financiación previstos en el artículo 32.
2. En todo caso, las Comunidades
Autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 podrán
definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales
al fijado por la Administración General del Estado en aplicación
del artículo 9 y al acordado, en su caso, conforme al artículo 10,
para los cuales podrán adoptar las normas de acceso y disfrute que
consideren más adecuadas.
Artículo 12. Participación de las Entidades Locales.-1. Las Entidades Locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye.
2. Las Entidades Locales podrán
participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio
Consejo disponga.
CAPÍTULO II
Prestaciones y Catálogo de servicios
de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
SECCIÓN 1.ª PRESTACIONES DEL SISTEMA
Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de dependencia.-La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos:
a) Facilitar una existencia
autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible.
b) Proporcionar un trato digno
en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando
su incorporación activa en la vida de la comunidad.
Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia.-1. Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
2. Los servicios del Catálogo
del artículo 15 tendrán carácter prioritario
y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios
Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros
y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados.
3. De no ser posible la atención
mediante alguno de estos servicios, en los Convenios a que se refiere
el artículo 10 se incorporará la prestación económica vinculada
establecida en el artículo 17. Esta prestación irá destinada
a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa
Individual de Atención al que se refiere el artículo 29 debiendo ser prestado por
una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia.
4. El beneficiario podrá, excepcionalmente,
recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores
no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia
y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa
Individual de Atención.
5. Las personas en situación
de dependencia podrán recibir una prestación económica de asistencia
personal en los términos del artículo 19.
6. La prioridad en el acceso
a los servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia
y, a igual grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante.
Hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas
en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios
por aplicación del régimen de prioridad señalado, tendrán derecho
a la prestación económica prevista en el artículo 17 de esta Ley.
7. A los efectos de esta Ley,
la capacidad económica se determinará, en la forma que reglamentariamente
se establezca, a propuesta del Consejo Territorial del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, en atención a la renta
y el patrimonio del solicitante. En la consideración del patrimonio
se tendrán en cuenta la edad del beneficiario y el tipo de servicio
que se presta.
Artículo 15. Catálogo de servicios.-1. El Catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, en los términos que se especifican en este capítulo:
a) Los servicios de prevención
de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía
personal.
b) Servicio de Teleasistencia.
c) Servicio de Ayuda a domicilio:
(i) Atención de las necesidades
del hogar.
(ii) Cuidados personales.
d) Servicio de Centro de Día
y de Noche:
(i) Centro de Día para mayores.
(ii) Centro de Día para menores
de 65 años.
(iii) Centro de Día de atención
especializada.
(iv) Centro de Noche.
e) Servicio de Atención Residencial:
(i) Residencia de personas
mayores en situación de dependencia.
(ii) Centro de atención a personas
en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de
discapacidad.
2. Los servicios establecidos
en el apartado 1 se regulan sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud.
Artículo 16. Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.-1. Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados.
2. Las Comunidades Autónomas
establecerán el régimen jurídico y las condiciones de actuación
de los centros privados concertados. En su incorporación a la red
se tendrá en cuenta de manera especial los correspondientes al tercer
sector.
3. Los centros y servicios
privados no concertados que presten servicios para personas en situación
de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
4. Los poderes públicos promoverán
la colaboración solidaria de los ciudadanos con las personas en
situación de dependencia, a través de la participación de las organizaciones
de voluntarios y de las entidades del tercer sector.
SECCIÓN 2.ª PRESTACIONES ECONÓMICAS
Artículo 17. Prestación económica vinculada al servicio.-1. La prestación económica, que tendrá carácter periódico, se reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio celebrado entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma.
2. Esta prestación económica
de carácter personal estará, en todo caso, vinculada a la adquisición
de un servicio.
3. Las Administraciones Públicas
competentes supervisarán, en todo caso, el destino y utilización
de estas prestaciones al cumplimiento de la finalidad para la que
fueron concedidas.
Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.-1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4 se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.
2. Previo acuerdo del Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en
función del grado y nivel reconocido a la persona en situación de
dependencia y de su capacidad económica.
3. El cuidador deberá ajustarse
a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad
Social que se determinen reglamentariamente.
4. El Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá
acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán
programas de formación, información y medidas para atender los periodos
de descanso.
Artículo 19. Prestación económica de asistencia personal.-La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establecerán las condiciones específicas de acceso a esta prestación.
Artículo 20. Cuantía de las prestaciones económicas.-La cuantía de las prestaciones económicas reguladas en los artículos de esta Sección se acordará por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su aprobación posterior por el Gobierno mediante Real Decreto.
SECCIÓN 3.ª SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DE ATENCIÓN Y CUIDADO
Artículo 21. Prevención de las situaciones de dependencia.-Tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos. Con este fin, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que deberían cumplir los Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia que elaboren las Comunidades Autónomas, con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores.
Artículo 22. Servicio de Teleasistencia.-1. El servicio de Teleasistencia facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio.
2. Este servicio se prestará
a las personas que no reciban servicios de atención residencial
y así lo establezca su Programa Individual de Atención.
Artículo 23. Servicio de Ayuda a Domicilio.-El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función:
a) Servicios relacionados con
la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza,
lavado, cocina u otros.
b) Servicios relacionados con
la atención personal, en la realización de las actividades de la
vida diaria.
Artículo 24. Servicio de Centro de Día y de Noche.-1. El servicio de Centro de Día o de Noche ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.
2. La tipología de centros
incluirá Centros de Día para menores de 65 años, Centros de Día
para mayores, Centros de Día de atención especializada por la especificidad
de los cuidados que ofrecen y Centros de Noche, que se adecuarán
a las peculiaridades y edades de las personas en situación de dependencia.
Artículo 25. Servicio de Atención residencial.-1. El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario.
2. Este servicio se prestará
en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo
de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise
la persona.
3. La prestación de este servicio
puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se
convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando
se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones,
fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores
no profesionales.
4. El servicio de atención
residencial será prestado por las Administraciones Públicas en centros
propios y concertados.
CAPÍTULO III
La dependencia y su valoración
Artículo 26. Grados de dependencia.-1. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados:
a) Grado I. Dependencia moderada:
cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
b) Grado II. Dependencia severa:
cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere
el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo
extenso para su autonomía personal.
c) Grado III. Gran dependencia:
cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida
total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita
el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades
de apoyo generalizado para su autonomía personal.
2. Cada uno de los grados de
dependencia establecidos en el apartado anterior se clasificarán
en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de
la intensidad del cuidado que requiere.
3. Los intervalos para la determinación
de los grados y niveles se establecerán en el baremo al que se refiere
el artículo siguiente.
Artículo 27. Valoración de la situación de dependencia.-1. Las Comunidades Autónomas determinarán los órganos de valoración de la situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia, con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir. El Consejo Territorial deberá acordar unos criterios comunes de composición y actuación de los órganos de valoración de las Comunidades Autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público.
2. El grado y niveles de dependencia,
a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación
del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior
aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. Dicho baremo tendrá
entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento,
la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial
de la Salud.
3. El baremo establecerá los
criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona,
de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida
diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados
y niveles de dependencia, y el protocolo con los procedimientos
y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas,
en su caso.
4. El baremo valorará la capacidad
de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas
de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión
para su realización por personas con discapacidad intelectual o
con enfermedad mental.
5. La valoración se realizará
teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud
de la persona y sobre el entorno en el que viva, y considerando,
en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan
sido prescritas.
CAPÍTULO IV
Reconocimiento del derecho
Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema.-1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, y su tramitación se ajustará a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especificidades que resulten de la presente Ley.
2. El reconocimiento de la
situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida
por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia
del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
3. La resolución a la que se
refiere el apartado anterior determinará los servicios o prestaciones
que corresponden al solicitante según el grado y nivel de dependencia.
4. En el supuesto de cambio
de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determinará, en
función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan
a la persona en situación de dependencia.
5. Los criterios básicos de
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia
y las características comunes del órgano y profesionales que procedan
al reconocimiento serán acordados por el Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
6. Los servicios de valoración
de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones
y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente
Ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas
no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con
entidades privadas.
Artículo 29. Programa Individual de Atención.-1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un Programa Individual de Atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado y nivel, con la participación previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le represente.
2. El programa individual de
atención será revisado:
a) A instancia del interesado
y de sus representantes legales.
b) De oficio, en la forma que
determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las Comunidades
Autónomas.
c) Con motivo del cambio de
residencia a otra Comunidad Autónoma.
Artículo 30. Revisión del grado o nivel de dependencia y de la prestación reconocida.-1. El grado o nivel de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones Públicas competentes, por alguna de las siguientes causas:
a) Mejoría o empeoramiento
de la situación de dependencia.
b) Error de diagnóstico o en
la aplicación del correspondiente baremo.
2. Las prestaciones podrán
ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal
del beneficiario, cuando se produzca una variación de cualquiera
de los requisitos establecidos para su reconocimiento, o por incumplimiento
de las obligaciones reguladas en la presente Ley.
Artículo 31. Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad.-La percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta Ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, y el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
CAPÍTULO V
Financiación del Sistema y aportación
de los beneficiarios
Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones Públicas.-1. La financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos.
2. La Administración General
del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto
en el artículo 9.
3. En el marco de cooperación
interadministrativa previsto en el artículo 10 los Convenios que se suscriban
entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones
de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas
por cada una de las partes para la financiación de los servicios
y prestaciones del Sistema. Dichos Convenios, que podrán ser anuales
o plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta
la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad,
emigrantes retornados y otros factores, y podrán ser revisados por
las partes.
La aportación de la Comunidad
Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración
General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado
y en el anterior.
Artículo 33. La participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones.-1. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.
2. La capacidad económica del
beneficiario se tendrá también en cuenta para la determinación de
la cuantía de las prestaciones económicas.
3. El Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fijará los
criterios para la aplicación de lo previsto en este artículo, que
serán desarrollados en los Convenios a que se refiere el artículo 10.
Para fijar la participación
del beneficiario, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios
asistenciales y de manutención y hoteleros.
4. Ningún ciudadano quedará
fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.
TÍTULO II
La calidad y eficacia del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia
CAPÍTULO I
Medidas para garantizar la calidad
del Sistema
Artículo 34. Calidad en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.-1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fomentará la calidad de la atención a la dependencia con el fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y servicios.
2. Sin perjuicio de las competencias
de cada una de las Comunidades Autónomas y de la Administración
General del Estado, se establecerán, en el ámbito del Consejo Territorial,
la fijación de criterios comunes de acreditación de centros y planes
de calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
dentro del marco general de calidad de la Administración General
del Estado.
3. Asimismo, sin perjuicio
de las competencias de las Comunidades Autónomas y de la Administración
General del Estado, el Consejo Territorial acordará:
a) Criterios de calidad y seguridad
para los centros y servicios.
b) Indicadores de calidad para
la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado de los
centros y servicios del Sistema.
c) Guías de buenas prácticas.
d) Cartas de servicios, adaptadas
a las condiciones específicas de las personas dependientes, bajo
los principios de no discriminación y accesibilidad.
Artículo 35. Calidad en la prestación de los servicios.-1. Se establecerán estándares esenciales de calidad para cada uno de los servicios que conforman el Catálogo regulado en la presente Ley, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
2. Los centros residenciales
para personas en situación de dependencia habrán de disponer de
un reglamento de régimen interior, que regule su organización y
funcionamiento, que incluya un sistema de gestión de calidad y que
establezca la participación de los usuarios, en la forma que determine
la Administración competente.
3. Se atenderá, de manera específica,
a la calidad en el empleo así como a promover la profesionalidad
y potenciar la formación en aquellas entidades que aspiren a gestionar
prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia.
CAPÍTULO II
Formación en materia de dependencia
Artículo 36. Formación y cualificación de profesionales y cuidadores.-1. Se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia. Para ello, los poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el Catálogo de servicios regulado en el artículo 15.
2. Los poderes públicos promoverán
los programas y las acciones formativas que sean necesarios para
la implantación de los servicios que establece la Ley.
3. Con el objetivo de garantizar
la calidad del Sistema, se fomentará la colaboración entre las distintas
Administraciones Públicas competentes en materia educativa, sanitaria,
laboral y de asuntos sociales, así como de éstas con las universidades, sociedades
científicas y organizaciones profesionales y sindicales, patronales
y del tercer sector.
CAPÍTULO III
Sistema de información
Artículo 37. Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.-1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del organismo competente, establecerá un sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíproca entre las Administraciones Públicas, así como la compatibilidad y articulación entre los distintos sistemas. Para ello, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se acordarán los objetivos y contenidos de la información.
2. El sistema contendrá información
sobre el Catálogo de servicios e incorporará, como datos esenciales,
los relativos a población protegida, recursos humanos, infraestructuras
de la red, resultados obtenidos y calidad en la prestación de los
servicios.
3. El sistema de información
contemplará específicamente la realización de estadísticas para
fines estatales en materia de dependencia, así como las de interés
general supracomunitario y las que se deriven de compromisos con
organizaciones supranacionales e internacionales.
Artículo 38. Red de comunicaciones.-1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la utilización preferente de las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las Administraciones Públicas, pondrá a disposición del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una red de comunicaciones que facilite y dé garantías de protección al intercambio de información entre sus integrantes.
2. El uso y transmisión de
la información en esta red estará sometido al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal, y a los requerimientos de certificación electrónica, firma
electrónica y cifrado, de acuerdo con la legislación vigente.
3. A través de dicha red de
comunicaciones se intercambiará información sobre las infraestructuras
del sistema, la situación, grado y nivel de dependencia de los beneficiarios
de las prestaciones, así como cualquier otra derivada de las necesidades
de información en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
CAPÍTULO IV
Actuación contra el fraude
Artículo 39. Acción administrativa contra el fraude.-Las Administraciones Públicas velarán por la correcta aplicación de los fondos públicos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, evitando la obtención o disfrute fraudulento de sus prestaciones y de otros beneficios o ayudas económicas que puedan recibir los sujetos que participen en el Sistema o sean beneficiarios del mismo. Igualmente establecerán medidas de control destinadas a detectar y perseguir tales situaciones.
A tales efectos, las Administraciones
Públicas desarrollarán actuaciones de vigilancia del cumplimiento
de esta Ley y ejercerán las potestades sancionadoras conforme a
lo previsto en el Título III de la misma, haciendo uso,
en su caso, de las fórmulas de cooperación interadministrativa contenidas
en esta Ley.
CAPÍTULO V
Órganos consultivos del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Artículo 40. Comité Consultivo.-1. Se crea el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como órgano asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante el cual se hace efectiva, de manera permanente, la participación social en el Sistema y se ejerce la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en el mismo.
2. Sus funciones serán las
de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten
de especial interés para el funcionamiento de dicho Sistema.
3. La composición del Comité
tendrá carácter tripartito, en tanto que integrado por las Administraciones
públicas, las organizaciones empresariales y las organizaciones
sindicales, y paritario entre Administraciones Públicas por una
parte y organizaciones sindicales y empresariales por otra, en los
términos establecidos en el siguiente apartado. Los acuerdos del
Comité se adoptarán por mayoría de los votos emitidos en cada una
de las partes, requiriendo así la mayoría de los votos de las Administraciones
Públicas y la mayoría de los votos de las organizaciones sindicales
y empresariales.
4. El Comité Consultivo estará
presidido por el representante de la Administración General del
Estado que designe el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Su funcionamiento se regulará por su reglamento interno.
Estará integrado por los siguientes miembros, nombrados en los términos
que se establezcan reglamentariamente:
a) Seis representantes de la
Administración General del Estado.
b) Seis representantes de las
administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Seis representantes de las
Entidades locales.
d) Nueve representantes de
las organizaciones empresariales más representativas.
e) Nueve representantes de
las organizaciones sindicales más representativas.
Artículo 41. Órganos consultivos.-1. Serán órganos consultivos de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia los siguientes:
El Comité Consultivo del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El Consejo Estatal de Personas
Mayores.
El Consejo Nacional de la Discapacidad.
El Consejo Estatal de Organizaciones
no Gubernamentales de Acción Social.
2. Las funciones de dichos
órganos serán las de informar, asesorar y formular propuestas sobre
materias que resulten de especial interés para el funcionamiento
del Sistema.
TÍTULO III
Infracciones y sanciones
Artículo 42. Responsables.-1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos.
2. Se consideran autores de
las infracciones tipificadas por esta Ley quienes realicen los hechos
por sí mismos, conjuntamente o a través de persona interpuesta.
3. Tendrán también la consideración
de autores quienes cooperen en su ejecución mediante una acción
u omisión sin la cual la infracción no hubiese podido llevarse a
cabo.
Artículo 43. Infracciones.-Constituirá infracción:
a) Dificultar o impedir el
ejercicio de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta Ley.
b) Obstruir la acción de los
servicios de inspección.
c) Negar el suministro de información
o proporcionar datos falsos.
d) Aplicar las prestaciones
económicas a finalidades distintas a aquellas para las que se otorgan,
y recibir ayudas, en especie o económicas, incompatibles con las
prestaciones establecidas en la presente Ley.
e) Incumplir las normas relativas
a la autorización de apertura y funcionamiento y de acreditación
de centros de servicios de atención a personas en situación de dependencia.
f) Tratar discriminatoriamente
a las personas en situación de dependencia.
g) Conculcar la dignidad de
las personas en situación de dependencia.
h) Generar daños o situaciones
de riesgo para la integridad física o psíquica.
i) Incumplir los requerimientos
específicos que formulen las Administraciones Públicas competentes.
Artículo 44. Clasificación de las infracciones.-1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, de acuerdo con criterios de riesgo para la salud, gravedad de la alteración social producida por los hechos, cuantía del beneficio obtenido, intencionalidad, número de afectados y reincidencia.
2. Se calificarán como leves
las infracciones tipificadas de acuerdo con el artículo 43 cuando se hayan cometido
por imprudencia o simple negligencia, y no comporten un perjuicio
directo para las personas en situación de dependencia.
3. Se calificarán como infracciones
graves las tipificadas de acuerdo con el artículo 43 cuando comporten un perjuicio
para las personas, o se hayan cometido con dolo o negligencia grave.
También tendrán la consideración de graves, aquellas que comporten
cualesquiera de las siguientes circunstancias:
a) Reincidencia de falta leve.
b) Negativa absoluta a facilitar
información o a prestar colaboración a los servicios de inspección,
así como el falseamiento de la información proporcionada a la Administración.
c) Coacciones, amenazas, represalias
o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las personas
en situación de dependencia o sus familias.
4. Se calificarán como infracciones
muy graves todas las definidas como graves siempre que concurran
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que atenten gravemente contra
los derechos fundamentales de la persona.
b) Que se genere un grave perjuicio
para las personas en situación de dependencia o para la Administración.
c) Que supongan reincidencia
de falta grave.
5. Se produce reincidencia
cuando, al cometer la infracción, el sujeto hubiera sido ya sancionado
por esa misma falta, o por otra de gravedad igual o mayor o por
dos o más infracciones de gravedad inferior, durante los dos últimos
años.
Artículo 45. Sanciones.-1. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por las administraciones competentes con pérdida de las prestaciones y subvenciones para las personas beneficiarias; con multa para los cuidadores no profesionales; y con multa y, en su caso, pérdida de subvenciones, cese temporal de la actividad o cierre del establecimiento, local o empresa para las empresas proveedoras de servicios. En todo caso, la sanción implicará el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
2. La graduación de las sanciones
será proporcional a la infracción cometida y se establecerá ponderándose
según los siguientes criterios:
a) Gravedad de la infracción.
b) Gravedad de la alteración
social y perjuicios causados.
c) Riesgo para la salud.
d) Número de afectados.
e) Beneficio obtenido.
f) Grado de intencionalidad
y reiteración.
3. La graduación de las multas
se ajustará a lo siguiente:
a) Por infracción leve, multa
de hasta 300 euros a los cuidadores y hasta treinta mil euros a
los proveedores de servicios.
b) Por infracción grave, multa
de trescientos a tres mil euros a los cuidadores; y de treinta mil
uno a noventa mil euros a los proveedores de servicios.
c) Por infracción muy grave,
multa de tres mil uno a seis mil euros a los cuidadores; y de noventa
mil uno hasta un máximo de un millón euros a los proveedores de
servicios.
4. En los supuestos en los
que se acuerde la suspensión de prestaciones o subvenciones, ésta
se graduará entre uno y seis meses según la gravedad de la infracción.
5. Además, en los casos de
especial gravedad, reincidencia de la infracción o trascendencia
notoria y grave, las infracciones muy graves se sancionarán con
la suspensión temporal de la actividad por un máximo de cinco años
o, en su caso, con el cierre de la empresa o la clausura del servicio
o establecimiento.
6. Durante la sustanciación
del procedimiento sancionador, la Administración competente podrá
acordar, como medida cautelar, la suspensión de cualquier tipo de
ayudas o subvención de carácter financiero que el particular o la
entidad infractora haya obtenido o solicitado de dicha Administración
Pública.
7. Durante la sustanciación
del procedimiento por infracciones graves o muy graves, y ante la
posibilidad de causar perjuicios de difícil o imposible reparación,
la Administración competente podrá acordar, como medida cautelar,
el cierre del centro o la suspensión de la actividad.
Artículo 46. Prescripción.-1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán:
a) Al año, las leves.
b) A los tres años, las graves.
c) A los cuatro años, las muy
graves.
2. El plazo de prescripción
comenzará a contarse a partir del día que se haya cometido la infracción
y se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado,
del procedimiento sancionador.
3. Las sanciones impuestas
por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, por faltas
graves a los cuatro años y por faltas leves al año.
Artículo 47. Competencias.-1. Las Comunidades Autónomas desarrollarán el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la presente Ley.
2. La incoación e instrucción
de los expedientes sancionadores, así como la imposición de las
correspondientes sanciones, corresponderá a cada Administración
Pública en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. En el ámbito de la Administración
General del Estado será órgano competente para imponer las sanciones
por conductas previstas como infracciones en el artículo 43.
a) El titular de la Dirección
General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, cuando se
trate de sanciones por la comisión de infracciones leves.
b) El titular de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, cuando
se trate de sanciones por la comisión de infracciones graves.
c) El titular del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando se trate de sanciones por
la comisión de infracciones muy graves, si bien se requerirá el
acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean
de cuantía superior a 300.000 euros o en los supuestos de cierre
de la empresa o clausura del servicio o establecimiento.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Financiación de las prestaciones y servicios garantizados por la Administración General del Estado.-La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio determinará la cuantía y la forma de abono a las Comunidades Autónomas de las cantidades necesarias para la financiación de los servicios y prestaciones previstos en el artículo 9de esta Ley.
Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio.-La financiación de los servicios y prestaciones del Sistema en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra que corresponda, según lo previsto en el artículo 32 de esta Ley, a la Administración General del Estado con cargo a su presupuesto de gastos se tendrá en cuenta en el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, de conformidad con el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad del País Vasco y con el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.
Disposición adicional tercera. Ayudas económicas para facilitar la autonomía personal.-La Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas podrán, de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias, establecer acuerdos específicos para la concesión de ayudas económicas con el fin de facilitar la autonomía personal. Estas ayudas tendrán la condición de subvención e irán destinadas:
a) A apoyar a la persona con
ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento
de su vida ordinaria.
b) A facilitar la accesibilidad
y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad
de desplazamiento en la vivienda.
Disposición adicional cuarta. Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.-Reglamentariamente el Gobierno determinará la incorporación a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el Régimen que les corresponda, así como los requisitos y procedimiento de afiliación, alta y cotización.
Disposición adicional quinta. Registro de Prestaciones Sociales Públicas.-La prestación económica vinculada al servicio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la prestación económica de asistencia personalizada, reguladas en esta ley, quedan integradas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Con tal fin, las entidades y organismos que gestionen dichas prestaciones vendrán obligados a suministrar los datos que, referentes a las que se hubiesen concedido, se establezcan en las normas de desarrollo de esta Ley.
Disposición adicional sexta. Modificación del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.-Se añade un nuevo apartado al artículo 7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legisla-tivo 3/2004, de 5 de marzo, con el siguiente texto:
«v) Las prestaciones económicas
públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar
y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación
de dependencia.»
Disposición adicional séptima. Instrumentos privados para la cobertura de la dependencia.-1. El Gobierno, en el plazo de seis meses, promoverá las modificaciones legislativas que procedan, para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia.
2. Con el fin de facilitar
la cofinanciación por los beneficiarios de los servicios que se
establecen en la presente Ley, se promoverá la regulación del tratamiento
fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia.
Disposición adicional octava. Terminología.-Las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad».
A partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, las disposiciones normativas elaboradas por
las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con
discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas.
Disposición adicional novena. Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de gran invalidez y de necesidad de ayuda de tercera persona.-Quienes tengan reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona según el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, tendrán reconocido el requisito de encontrarse en situación de dependencia, en el grado y nivel que se disponga en el desarrollo reglamentario de esta Ley.
Disposición adicional décima. Investigación y desarrollo.-1. Los poderes públicos fomentarán la innovación en todos los aspectos relacionados con la calidad de vida y la atención de las personas en situación de dependencia. Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la dependencia en los planes de I+D+I.
2. Las Administraciones Públicas
facilitarán y apoyarán el desarrollo de normativa técnica, de forma
que asegure la no discriminación en procesos, diseños y desarrollos
de tecnologías, productos y servicios, en colaboración con las organizaciones
de normalización y todos los agentes implicados.
Disposición adicional undécima. Ciudades de Ceuta y Melilla.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales suscribirá acuerdos con las Ciudades de Ceuta y Melilla sobre centros y servicios de atención a la dependencia en ambas Ciudades, pudiendo participar en el Consejo Territorial del Sistema en la forma que éste determine.
Disposición adicional duodécima. Diputaciones Forales, Cabildos y Consejos Insulares.-En la participación de las entidades territoriales en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se tendrán en cuenta las especificidades reconocidas a las Diputaciones Forales en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los Cabildos en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los Consejos Insulares en el caso de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
Disposición adicional decimotercera. Protección de los menores de 3 años.-1. Sin perjuicio de los servicios establecidos en los ámbitos educativo y sanitario, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atenderá las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, prestaciones económicas vinculadas y para cuidados en el entorno familiar a favor de los menores de 3 años acreditados en situación de dependencia. El instrumento de valoración previsto en el artículo 27 de esta Ley incorporará a estos efectos una escala de valoración específica.
2. La atención a los menores
de 3 años, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior,
se integrará en los diversos niveles de protección establecidos
en el artículo 7 de esta Ley y sus formas
de financiación.
3. En el seno del Consejo Territorial
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se promoverá
la adopción de un plan integral de atención para estos menores de
3 años en situación de dependencia, en el que se contemplen las
medidas a adoptar por las Administraciones Públicas, sin perjuicio
de sus competencias, para facilitar atención temprana y rehabilitación de
sus capacidades físicas, mentales e intelectuales.
Disposición adicional decimocuarta. Fomento del empleo de las personas con discapacidad.-Las entidades privadas que aspiren a gestionar por vía de concierto prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia deberán acreditar con carácter previo, en el caso de que vinieran obligadas a ello, el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad o, en su defecto, las medidas de carácter excepcional establecidas en el artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y reguladas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
Disposición adicional decimoquinta. Garantía de accesibilidad y supresión de barreras.-Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán las condiciones de accesibilidad en los entornos, procesos y procedimientos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en los términos previstos en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Disposición adicional decimosexta. Pensiones no contributivas.-Se modifica el apartado 2 del artículo 145 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes términos:
Las cuantías resultantes de lo establecido en el apartado
anterior de este artículo, calculadas en cómputo anual, son compatibles
con las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, disponga cada
beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 25 por 100 del
importe, en cómputo anual, de la pensión no contributiva. En caso
contrario, se deducirá del importe de la pensión no contributiva
la cuantía de las rentas o ingresos que excedan de dicho porcentaje,
salvo lo dispuesto en el artículo 147.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Participación en la financiación de las Administraciones Públicas.-Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015, y para favorecer la implantación progresiva del Sistema, la Administración General del Estado establecerá anualmente en sus Presupuestos créditos para la celebración de los convenios con las administraciones de las Comunidades Autónomas de acuerdo con el artículo 10 de esta Ley.
Disposición transitoria segunda.-Durante un periodo máximo de seis meses desde la fecha de inicio para la presentación de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, quedará en suspenso lo previsto en el artículo 28.6 sobre delegación, contratación o concierto.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Aplicación progresiva de la Ley.-
1. La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia
incluidas en la presente Ley se ejercitará progresivamente, de modo
gradual, y se realizará de acuerdo con el siguiente calendario a
partir del 1 de enero de 2007:El primer año a quienes sean valorados en el Grado III
de Gran Dependencia, niveles 1 y 2.
En el segundo y tercer año a quienes sean valorados en
el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2.
En el tercer y cuarto año a quienes sean valorados en
el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1.
El quinto año, que finaliza el 31 de diciembre de 2011,
a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel
2.
A partir del 1 de enero de 2013 al resto de quienes sean
valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
A partir del 1 de enero de 2014 a quienes sean valorados
en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1.
2. En el marco de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la
de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia
será de seis meses, independientemente de que la Administración
Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el
reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.
3. El reconocimiento del derecho
contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes
generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes,
previstas en los artículos 17 a 25 de esta Ley, a partir de la fecha
de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación o
prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria.
Si una vez transcurrido el
plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado
resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de
acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida,
se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo
máximo indicado.
4. Transcurridos los primeros
tres años de aplicación progresiva de la Ley, el Consejo Territorial
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia realizará
una evaluación de los resultados de la misma, proponiendo las modificaciones
en la implantación del Sistema que, en su caso, estime procedentes.
5. En la evaluación de los
resultados a que se refiere el apartado anterior se efectuará informe
de impacto de género sobre el desarrollo de la Ley.
Disposición final segunda. Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.-En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberá constituirse el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia regulado en el artículo 8.
Disposición final tercera. Comité Consultivo.-En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberá constituirse el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia regulado en el artículo 40.
Disposición final cuarta. Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley.-En el plazo máximo de tres meses desde su constitución, el Consejo Territorial del Sistema acordará el marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley previsto en el artículo 10, así como el calendario para el desarrollo de las previsiones contenidas en la presente Ley.
Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.-En el plazo máximo de tres meses tras la constitución del Consejo y de conformidad con los correspondientes acuerdos del Consejo Territorial del Sistema, se aprobará la intensidad de protección de los servicios previstos de acuerdo con los artículos 10.3 y 15 así como el baremo para la valoración del grado y niveles de dependencia previstos en los artículos 26 y 27.
Disposición final sexta. Informe anual.-1. El Gobierno deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en la presente Ley.
2. Dicho informe incorporará
la memoria del Consejo Territorial y el dictamen de los Órganos
Consultivos.
Disposición final séptima. Habilitación normativa.-Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final octava. Fundamento constitucional.-Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
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