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LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (BOE DEL 29)
-
Capítulo I. De las prestaciones (Arts. 7 a 29)
-
Sección 1.ª Ordenación de prestaciones (Arts. 7 a 19)
-
Art. 7. Catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud
-
Art. 8. Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud
-
Art. 8 bis. Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud
-
Art. 8 ter. Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud
-
Art. 8 quáter. Cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud
-
Art. 8 quinquies. Cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas
-
-
Sección 2.ª Desarrollo y actualización de la cartera de servicios (Arts. 20 a 22)
-
-
Capítulo V. Del sistema de información sanitaria (Arts. 53 a 58)
LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (BOE DEL 29)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Constitución Española de
1978, en su artículo 41, afirma que los poderes públicos mantendrán
un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos,
que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad; asimismo, en su artículo 43, reconoce
el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes
públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
Igualmente el artículo 38.1.a)
de la ley General de la Seguridad Social incluye dentro de la acción
protectora del ámbito de la Seguridad Social "la asistencia
sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional
y de accidentes, sean o no de trabajo".
Por otra parte, el título VIII
del texto constitucional diseñó una nueva organización territorial
del Estado que posibilitaba la asunción por las comunidades autónomas
de competencias en materia de sanidad, reservando para aquél la
regulación de las bases y la coordinación general de la sanidad.
La ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, dio respuesta y desarrollo a estas previsiones
constitucionales, estableciendo los principios y criterios sustantivos
que han permitido configurar el Sistema Nacional de Salud: el carácter
público y la universalidad y gratuidad del sistema; la definición
de los derechos y deberes de ciudadanos y poderes públicos en este
ámbito; la descentralización política de la sanidad; la integración
de las diferentes estructuras y servicios públicos al servicio de
la salud en el Sistema Nacional de Salud y su organización en áreas
de salud, y el desarrollo de un nuevo modelo de atención primaria que
ponía el énfasis en la integración en este nivel de las actividades
asistenciales y de prevención, promoción y rehabilitación básica.
Asimismo, la ley creó el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano coordinador
entre las comunidades autónomas y la Administración General del
Estado, que ha realizado una importante labor tanto en el fomento
del consenso como en la difusión de experiencias y en el aprendizaje
mutuo entre niveles de gobierno.
Al amparo de las previsiones
constitucionales y de los respectivos estatutos de autonomía, todas
las comunidades autónomas han asumido paulatinamente competencias
en materia de sanidad. Este proceso se ha completado con un modelo
estable de financiación, a través de la aprobación de la ley 21/2001,
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
La asunción de competencias
por las comunidades autónomas constituye un medio para aproximar
la gestión de la asistencia sanitaria al ciudadano y facilitarle,
así, garantías en cuanto a la equidad, la calidad y la participación.
La experiencia y la práctica de las relaciones entre el Estado y
las comunidades autónomas desde 1986, año en que se aprueba la ley
General de Sanidad, ha sido un elemento dinámico y, en muchos aspectos,
un referente para el desarrollo de la cohesión en el Estado autonómico.
Y es precisamente esta experiencia avanzada y valorada positivamente,
por los ciudadanos e internacionalmente, la que posibilita no sólo
poder realizar un buen diagnóstico sobre sus virtudes y carencias,
sino también estar en condiciones de abordar sectorialmente el necesario
perfeccionamiento de las relaciones, de manera que el Sistema Nacional
de Salud mantenga una identidad común y responda a los principios
constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad en los que se
fundamenta dicho Estado autonómico.
Paralelamente, transcurridos
más de 16 años desde la entrada en vigor de la ley General de Sanidad,
se han producido profundos cambios en la sociedad, tanta culturales,
tecnológicos y socioeconómicos como en la manera de vivir y de enfermar.
Y se plantean nuevos retos para la organización del Sistema Nacional
de Salud, como son la orientación a los resultados en salud, la potenciación
del papel de los usuarios como decisores, la implicación de los
profesionales en las reformas administrativas, las actuaciones clínicas
y la toma de decisiones basadas en la evidencia científica, así
como la búsqueda de mecanismos de integración en la atención sanitaria
y la sociosanitaria, retos todos ellos que han puesto de manifiesto
la necesidad del funcionamiento cohesionado del Estado y de las
comunidades autónomas para complementar algunos elementos esenciales
del Sistema Nacional de Salud, de manera que pueda adaptarse a la
modernización que el entorno le exige.
Por todo ello, esta ley establece
acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas
sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho
a la protección de la salud, con el objetivo común de garantizar
la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional
de Salud:
a) Equidad, en la línea de
desarrollo del principio constitucional de igualdad, que garantice
el acceso a las prestaciones y, de esta manera, el derecho a la
protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo
el territorio y posibilite la libre circulación de todos los ciudadanos.
b) Calidad, que conjugue la
incorporación de innovaciones con la seguridad y efectividad de
éstas, que oriente los esfuerzos del sistema hacia la anticipación
de los problemas de salud o hacia soluciones eficaces cuando éstos
aparecen; calidad que evalúe el beneficio de las actuaciones clínicas
incorporando sólo aquello que aporte un valor añadido a la mejora
de la salud, e implicando a todos los actores de sistema.
c) Y, por último, participación
ciudadana, tanto en el respeto a la autonomía de sus decisiones
individuales como en la consideración de sus expectativas como colectivo
de usuarios del sistema sanitario, y para permitir el intercambio
de conocimientos y experiencias.
La experiencia en coordinación
sanitaria desde la aprobación de la Ley General de Sanidad hace
necesaria la búsqueda de un nuevo modelo, que aproveche esa experiencia
y ofrezca nuevos instrumentos que permitan a los ciudadanos recibir
un servicio sanitario público de calidad y en condiciones de igualdad
efectiva en el acceso, independientemente del lugar de su residencia.
La primera aportación de la
ley al nuevo modelo es la definición de aquellos ámbitos en que
es precisa la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
En estos ámbitos se define un núcleo común de actuación del Sistema
Nacional de Salud y de los servicios de salud que lo integran. Sin
interferir en la diversidad de fórmulas organizativas, de gestión
y de prestación de servicios consustancial con un Estado descentralizado,
se pretende que la atención al ciudadano por los servicios públicos
sanitarios responda a unas garantías básicas y comunes.
Los ámbitos de colaboración
entre las Administraciones públicas sanitarias definidas por esta
ley son: las prestaciones del Sistema Nacional de Salud; la farmacia;
los profesionales sanitarios; la investigación; el sistema de información
sanitaria, y la calidad del sistema sanitario. Estos seis ámbitos
representan para el ciudadano la seguridad de las prestaciones en
todo el territorio del Estado, que los profesionales sanitarios
tendrán las mismas garantías de competencia profesional, que la
investigación se orientará a las necesidades de salud de la población,
que la información sanitaria fluirá en todo el sistema y que la
calidad será un objetivo común dentro del Sistema Nacional de Salud.
Además de las seis áreas descritas
anteriormente, la ley ofrece mecanismos de cooperación y coordinación
tanto en la organización de la asistencia sanitaria como en salud
pública. En asistencia sanitaria se regulan los planes integrales
de salud, para que las Administraciones sanitarias adopten un enfoque
integral en la atención a las enfermedades más prevalentes. En salud pública
se identifican aquellos ámbitos en los que se requiere un enfoque
conjunto.
Para que ello sea factible,
la ley diseña una serie de instrumentos para tomar aquellas decisiones
que corresponde asumir conjuntamente al Estado y a las comunidades
autónomas. De esta forma, la ley crea o potencia órganos especializados,
que se abren a la participación de las comunidades autónomas; así,
la Agencia de Evaluación de Tecnologías, la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, la Comisión de Recursos Humanos, la Comisión
Asesora de Investigación en Salud, el Instituto de Salud Carlos
III, el Instituto de Información Sanitaria, la Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud y el Observatorio del Sistema Nacional
de Salud.
El órgano básico de cohesión
es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al
que se dota de mayor agilidad en la toma de decisiones y de mecanismos
para la búsqueda de consensos, así como para la vinculación entre
las partes en la asunción de estas decisiones. Junto al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se sitúa la Alta
Inspección, a la que se atribuye el seguimiento de los acuerdos
de aquél, entre otras funciones.
En definitiva, la ley busca
la colaboración de las Administraciones públicas sanitarias con
la finalidad de mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de
Salud. La equidad, la calidad y la participación como objetivos
comunes, las actuaciones en los diferentes ámbitos y los instrumentos
para llevarlas a cabo constituyen el núcleo básico del Sistema Nacional
de Salud y lo que proporciona unos derechos comunes a todos los
ciudadanos.
II
La ley se estructura en un
capítulo preliminar y otros once capítulos.
En el capítulo preliminar se
enuncia el propósito de la ley, que es el establecimiento del marco
legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones
públicas sanitarias que permitirán garantizar la equidad, la calidad
y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, entendido
éste, en los términos de la ley General de Sanidad, como el conjunto de
los servicios de salud de la Administración General del Estado y
de las comunidades autónomas. En él se integran todas las estructuras
y servicios públicos al servicio de la salud, así como las funciones
y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes
públicos, en orden a satisfacer el derecho a la protección de la
salud reconocida por el artículo 43.1 de la Constitución Española.
Sin perjuicio de este objetivo
general, la ley contiene también normas aplicables a todo el sistema
sanitario español, no sólo a la sanidad pública, en la medida en
que, por imperativo del artículo 43.2 de la Constitución, incumbe
también a los poderes públicos ejercer un control sobre la sanidad
privada, en relación con las actividades de información, salud pública,
formación e investigación y en materia de garantías de seguridad
y de calidad.
De acuerdo con el mencionado
objetivo general, la ley se ocupa sucesivamente de concretarlo en
el ámbito de las prestaciones sanitarias, la farmacia, los profesionales
de la sanidad, la investigación sanitaria, los sistemas de información,
la calidad del sistema sanitario, los planes integrales, las acciones
conjuntas en salud pública y la participación de los ciudadanos
y de los profesionales.
III
El capítulo I se ocupa de las
prestaciones del Sistema Nacional de Salud, cuya garantía constituye
uno de los principales objetivos de la ley, por lo que se les dedica
una atención preferente. En primer lugar, se regula la ordenación
de las prestaciones. Se define el catálogo de prestaciones como
el conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos,
rehabilitadores y de promoción de la salud dirigidos a los ciudadanos,
que comprende las prestaciones de salud pública, atención primaria
y especializada, sociosanitaria, urgencias, farmacia, ortoprótesis,
productos dietéticos y transporte sanitario. Este catálogo incorpora,
además de las prestaciones contempladas por el Real Decreto 63/1995,
de 20 de enero, de Ordenación de Prestaciones Sanitarias del Sistema
Nacional de Salud, las prestaciones de salud pública, como conjunto
de iniciativas organizadas por la sociedad para preservar, proteger
y promover la salud de la población, a través de actuaciones dirigidas,
entre otras finalidades, a la información y vigilancia epidemiológica,
la prevención de las enfermedades, la promoción de la seguridad
alimentaria o la prevención y control de los efectos de los factores
ambientales sobre la salud humana. En atención primaria, se incluye
la atención comunitaria, la atención paliativa a enfermos terminales,
la salud bucodental y la salud mental. En atención especializada,
se potencia la actividad en consultas y hospitales de día, médicos
y quirúrgicos, incluyéndose, además, la hospitalización a domicilio,
la atención paliativa a enfermos terminales y la salud mental. Se
definen las prestaciones de atención sociosanitaria en el ámbito
estrictamente sanitario, que comprenderán los cuidados sanitarios
de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y la
rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable que
se llevará a cabo en los niveles de atención que cada Comunidad Autónoma
determine. La prestación farmacéutica incluye los medicamentos y
productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a
que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades
clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales,
durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para
ellos y la comunidad.
Las prestaciones incluidas
en el catálogo se hacen efectivas a través de un conjunto de técnicas,
tecnologías y procedimientos que integran la cartera de servicios.
La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se aprobará
por Real Decreto, previo informe del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos
serán sometidos a evaluación previa a su incorporación a la cartera
de servicios para su financiación pública. La actualización de la
cartera de servicios se aprobará por Orden del Ministro de Sanidad
y Consumo, igualmente previo informe del Consejo Interterritorial.
El Ministerio de Sanidad y
Consumo, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, autorizará el uso tutelado de determinadas técnicas,
tecnologías o procedimientos, antes de decidir sobre la necesidad
o conveniencia de su inclusión en la cartera. El uso tutelado se
realizará, por su propio carácter, por tiempo limitado, en centros
autorizados y de acuerdo con protocolos específicos.
Por último, este capítulo regula
un aspecto esencial de las prestaciones, cual es su garantía, aunque
más acertado resulta referirse a las garantías de seguridad, calidad,
accesibilidad, movilidad y tiempo en el acceso a las prestaciones.
El reconocimiento de un derecho tiene el valor que le concede su
garantía. En este sentido, la regulación de las garantías de las
prestaciones constituye un aspecto esencial de su regulación. Y
en este ámbito conviene destacar dos aspectos de los que se ocupa
la ley: el primero es la previsión de la existencia de servicios
de referencia para la atención de aquellas patologías que precisen
de alta especialización profesional o elevada complejidad tecnológica,
o cuando el número de casos a tratar no sea elevado y pueda resultar
aconsejable, en consecuencia, la concentración de los recursos diagnósticos
y terapéuticos; el segundo aspecto es la necesaria extensión de
las garantías de seguridad y calidad de las prestaciones, más allá
del ámbito estricto del Sistema Nacional de Salud, a la totalidad
del sistema sanitario, incluidos, por tanto, los centros y servicios
privados.
IV
En el capítulo II se aborda
una reordenación del ejercicio de las competencias que con carácter
exclusivo corresponden al Estado en materia de evaluación, registro,
autorización, vigilancia y control de los medicamentos y de los
productos sanitarios, en beneficio, también en este sector, de la
consecución de una mayor calidad del sistema. Así, se incluyen las
necesarias previsiones para garantizar una mayor coordinación, en
el desarrollo de sus respectivos cometidos, del Ministerio de Sanidad
y Consumo y de la que pasa a denominarse Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (puesto que sus atribuciones también se extienden
a dichos productos). A la agencia le compete, entre otros cometidos,
la evaluación y, en su caso, autorización de los medicamentos y
de los productos sanitarios, mientras que el ministerio, a través
de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, debe
resolver sobre la financiación pública y el precio de los medicamentos
y productos sanitarios previamente autorizados. Se modifican los
órganos de dirección de la agencia, en cuyo Consejo Rector, de nueva
creación, se da entrada a las comunidades autónomas, atendiendo
a la legítima aspiración de éstas de participar, en alguna medida
y sin detrimento del carácter exclusivo de la competencia estatal,
en el proceso de toma de decisiones que pueden conducir a la inclusión de
una especialidad farmacéutica o de un producto sanitario entre los
de financiación pública, que corresponderá asumir a las haciendas
públicas autonómicas.
V
El capítulo III está dedicado
a los profesionales de la sanidad, que constituyen un elemento esencial
en la modernización y calidad del sistema sanitario español en su
conjunto. En este punto, la regulación contenida en la ley salvaguarda
tanto las competencias autonómicas como el ámbito propio de otros
sectores normativos, como son el educativo y el futuro estatuto
marco del personal sanitario, que son la sede legal adecuada para
el desarrollo de cuestiones que aquí se dejan esbozadas, pero que
deben tenerse en cuenta por su innegable incidencia tanto en el
funcionamiento cohesionado del Sistema Nacional de Salud como en el
objetivo irrenunciable de alcanzar, también en materia de cualificación
profesional, las cotas de calidad que demanda la sociedad.
La ley contiene básicamente
principios referidos a la planificación y formación de los profesionales
de la sanidad, así como al desarrollo y a la carrera profesional
y a la movilidad dentro del Sistema Nacional de Salud. Especial
interés tiene la creación de una comisión de recursos humanos, en
cuya composición participarán las Administraciones estatal y autonómicas
y las correspondientes comisiones nacionales de las distintas especialidades
sanitarias, que tendrá el cometido general de contribuir a la planificación
y diseño de los programas de formación de los profesionales de la
sanidad, en colaboración y sin menoscabo de las competencias de
los órganos e instituciones responsables en cada caso de la formación
pregraduada y postgraduada, así como de la continuada, y en la oferta
de plazas dentro del sistema público.
VI
A la investigación se dedica
el capítulo IV. Siendo ésta una materia en la que concurren las
competencias estatales y autonómicas, las normas contenidas en este
capítulo van dirigidas a ordenar, en el ámbito sanitario, la actividad
investigadora de los órganos competentes de la Administración General
del Estado. Se establece el principio de que la innovación de base
científica es esencial para el desarrollo de los servicios sanitarios
y, en definitiva, para la efectiva protección de la salud de los
ciudadanos. La ley concreta las responsabilidades del Ministerio
de Sanidad y Consumo en este aspecto y encomienda a ese departamento, en
colaboración con las comunidades autónomas en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la elaboración de
la iniciativa sectorial de investigación en salud, que se incorporará
al Plan Nacional de I+D+I, así como la designación de centros de
investigación del Sistema Nacional de Salud.
Para la cooperación entre los
sectores público y privado en investigación sanitaria, se crea la
Comisión Asesora de Investigación en Salud, integrada por representantes
de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas
y de la industria sanitaria, con la finalidad principal de ofrecer
un cauce para la colaboración entre la Administración, la Universidad,
los centros de investigación y la industria para aprovechar las
sinergias en la investigación biomédica.
La segunda parte de este capítulo
se dedica al Instituto de Salud Carlos III, creado por la ley General
de Sanidad. El propósito principal de la ley en relación con este
organismo público es precisar sus cometidos en materia de fomento
de la investigación en salud, encomendándole, en el ámbito de las
competencias del Estado, funciones de planificación de la investigación,
vertebración de los recursos dedicados a ella, difusión y transferencia
de resultados y desarrollo de programas de investigación, entre otras.
Por otra parte, se establece el mandato de integrar a representantes
de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno del instituto
y de las fundaciones vinculadas a éste. Uno de los mecanismos de
que se le dota para cumplir su función de contribuir a vertebrar
la investigación en el Sistema Nacional de Salud es la asociación
con los centros nacionales y la acreditación de institutos y redes
de investigación cooperativa.
VII
En el capítulo V se ocupa la
ley de otro de los elementos esenciales para el funcionamiento cohesionado
y con garantías de calidad del Sistema Nacional de Salud, que es
la existencia de un verdadero sistema de información sanitaria.
En este sentido, se encomienda al Ministerio de Sanidad y Consumo
el establecimiento de un sistema de información sanitaria que garantice
la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas
entre la Administración sanitaria del Estado y la de las comunidades autónomas.
Este sistema contendrá, entre otros, datos básicos sobre las prestaciones
y la cartera de servicios en la atención sanitaria pública y privada,
población protegida, recursos humanos y materiales y financiación.
El sistema, que estará a disposición de los usuarios, se nutrirá
de la información procedente de la propia Administración sanitaria
del Estado y de la que suministren las comunidades autónomas, en
las condiciones convenidas en el seno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
Por otra parte, para facilitar
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria
del Sistema Nacional de Salud, se regula la tarjeta sanitaria individual,
que, sin perjuicio de su gestión en su ámbito territorial por las
comunidades autónomas, incluirá, de manera normalizada, los datos
básicos de identificación del titular, su derecho a las prestaciones
y la entidad responsable de la asistencia sanitaria. La ley establece
que deberá garantizarse que los dispositivos que las tarjetas incorporen para
almacenar la información básica y las aplicaciones que la traten
permitan la lectura y comprobación de datos en todo el territorio
nacional.
En tercer lugar, dentro de
este capítulo merece destacarse la creación del Instituto de Información
Sanitaria, como órgano del Ministerio de Sanidad y Consumo al que
se encomienda el desarrollo de las actividades necesarias para el
funcionamiento del sistema de información sanitaria.
VIII
Aunque el objetivo de la calidad
del Sistema Nacional de Salud preside buena parte del articulado
de la ley, se le dedica específicamente el capítulo VI, en el que
se establece el principio de que la mejora de la calidad del sistema
sanitario en su conjunto debe presidir las actuaciones de las instituciones
sanitarias públicas y privadas. Y se concretan los elementos que
configuran la que se denomina infraestructura de la calidad, que
comprende normas de calidad y seguridad, indicadores, guías de práctica clínica
y registros de buenas prácticas y de acontecimientos adversos.
Dentro de la Administración
General del Estado, se encomienda a la Agencia de Calidad del Sistema
Nacional de Salud, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad
y Consumo, la elaboración de los elementos de la infraestructura
de la calidad, sin perjuicio de las actuaciones en este orden de
las comunidades autónomas. Estos elementos estarán a disposición
de las propias comunidades y de los centros sanitarios públicos
y privados, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad
de los servicios que prestan a los pacientes.
En este capítulo se prevé también
la elaboración periódica de planes de calidad del Sistema Nacional
de Salud en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, de cuyo cumplimiento dará cuenta el Ministro de Sanidad
y Consumo en el Senado, como cámara de representación territorial.
Asimismo se encomienda al Ministerio
de Sanidad y Consumo el fomento de la auditoría externa periódica
de los centros y servicios sanitarios, en garantía de su seguridad
y de la calidad de dichos servicios.
Finalmente, el Observatorio
del Sistema Nacional de Salud, órgano igualmente integrado en el
Ministerio de Sanidad y Consumo, proporcionará un análisis permanente
del sistema, mediante estudios comparados de los servicios de salud
de las comunidades autónomas en el ámbito de la organización, de
la provisión de servicios, de la gestión sanitaria y de los resultados.
IX
El capítulo VII prevé la elaboración
conjunta de planes integrales de salud por parte del Ministerio
de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades
autónomas, en relación con las patologías prevalentes. Los planes
integrales establecerán criterios sobre la forma de organizar servicios
para atender las patologías de manera integral en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud, y determinarán estándares mínimos y modelos
básicos de atención, especificando actuaciones de efectividad reconocida,
herramientas de evaluación e indicadores de actividad.
X
El capítulo VIII aborda las
actuaciones coordinadas del Estado y de las comunidades autónomas
en materia de salud pública y de seguridad alimentaria, cuya declaración
corresponderá, respectivamente, al Ministerio de Sanidad y Consumo,
previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, salvo
en casos de urgente necesidad. Estas actuaciones se encuadrarán
necesariamente en alguno de los supuestos que se prevén, entre ellos, la
necesidad de dar respuesta a situaciones de especial riesgo o alarma
para la salud pública y la ejecución de programas derivados de exigencias
normativas procedentes de la Unión Europea o de convenios internacionales.
También se contempla la elaboración,
por parte del Estado y de las comunidades autónomas, a través del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de un plan
de cooperación y armonización de actuaciones en el ámbito de la
salud pública, dirigido a promover actividades que complementen
las realizadas por las distintas Administraciones públicas.
XI
En el capítulo IX se regula
la participación de los ciudadanos y de los profesionales en el
Sistema Nacional de Salud, que se articula principalmente a través
del Consejo de Participación Social del Sistema Nacional de Salud,
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este órgano, que
pretende ofrecer un cauce de comunicación permanente entre las Administraciones
públicas sanitarias, los profesionales y las sociedades científicas,
las organizaciones sindicales y empresariales y los consumidores y
usuarios, tendrá tres formas de organización, pudiendo actuar como
Comité Consultivo, como Foro Abierto o como Foro Virtual.
XII
El Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, creado por la ley General de Sanidad,
se regula en el capítulo X, con lo que se deroga el artículo 47
de la mencionada ley. El Consejo, órgano de cooperación entre el
Estado y las comunidades autónomas, tiene encomendada la misión
de promover la cohesión del sistema. En este capítulo se establece
su composición y se enumeran sus funciones, si bien, en cuanto a
estas últimas, la mayor parte de ellas se encuentran diseminadas
a lo largo del articulado de la ley y en otras disposiciones legales
y reglamentarias. Como novedades destacables cabe citar la previsión
de que, en el seno del Consejo, se adopten acuerdos de cooperación
sanitaria en diversos ámbitos, así como la creación de un Consejo
de Directores del Consejo, en el que se integrarán los Directores
de los Servicios de Salud, que tendrá por cometido principal el
apoyo al Consejo y la discusión previa de los asuntos que deban
someterse a su consideración.
XIII
El capítulo XI y último regula
la Alta Inspección en términos análogos a los contenidos en el artículo
43 de la ley General de Sanidad, que se deroga, si bien lleva a
cabo una mejor sistematización de sus funciones, incorporando algunas
inequívocamente propias de esta función que corresponde al Estado
y que no se recogían en aquella ley.
XIV
Las disposiciones de la parte
final se limitan a referir a la Administración sanitaria del Estado,
respecto de las Ciudades de Ceuta y Melilla, las competencias que
a lo largo de la ley se mencionan como propias de los órganos correspondientes
de las comunidades autónomas; a salvaguardar la vigencia de disposiciones
específicas referentes a la asistencia sanitaria en el extranjero
y a las competencias de otras Administraciones públicas en relación
con las entidades sanitarias no integradas en el Sistema Nacional
de Salud; a prever la vigencia transitoria del Real Decreto 63/1995,
de 20 de enero, de Ordenación de Prestaciones Sanitarias del Sistema
Nacional de Salud, y a determinar el título competencial y la entrada
en vigor de la ley.
CAPÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones
generales
Artículo 1. Objeto.—El objeto de esta ley es establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así como la colaboración activa de éste en la reducción de las desigualdades en salud.
Lo dispuesto en esta ley será
de aplicación a los servicios sanitarios de financiación pública
y a los privados en los términos previstos en el artículo 6.º y en las disposiciones adicionales tercera y cuarta
Artículo 2. Principios generales.—
Son principios que informan
esta ley:a) La prestación de los servicios
a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad
efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre
mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias
Esta
letra a) ha sido redactada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 23), para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
b) El aseguramiento universal
y público por parte del Estado.
c) La coordinación y la cooperación de las Administraciones
públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud,
en los términos previstos en esta ley y en la Ley General de Salud
Pública.
Esta
letra c) ha sido redactada por la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE del 5), General
de Salud Pública.
d) La prestación de una atención integral a la salud,
comprensiva tanto de su promoción como de la prevención de enfermedades,
de la asistencia y de la rehabilitación, procurando un alto nivel
de calidad, en los términos previstos en esta ley y en la Ley General
de Salud Pública.
Esta
letra d) ha sido redactada por la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE del 5), General
de Salud Pública.
e) La financiación pública
del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente sistema
de financiación autonómica.
f) La igualdad de oportunidades
y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del Sistema
Nacional de Salud.
g) La colaboración entre los
servicios sanitarios públicos y privados en la prestación de servicios
a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
h) La colaboración de las oficinas
de farmacia con el Sistema Nacional de Salud en el desempeño de
la prestación farmacéutica.
Artículo 3. De la condición de asegurado.—
1. La asistencia
sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema
Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten
la condición de asegurado.2. A estos efectos, tendrán la condición de asegurado
aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia,
afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada
a la de alta.
b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de
la Seguridad Social.
c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica
de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por
desempleo.
d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo
y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante
de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier
otro título.
3. En aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los
supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad
española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros
titulares de una autorización para residir en territorio español,
podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten
que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente.
4. A los efectos de lo establecido en el presente artículo,
tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado, siempre que
residan en España, el cónyuge o persona con análoga relación de
afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente,
el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes
y personas asimiladas a cargo del mismo que sean menores de 26 años
o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.
5. Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado
o de beneficiario del mismo podrán obtener la prestación de asistencia
sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación
o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo
no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares
o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social
gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas, que mantendrán su régimen jurídico específico.
A este respecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades
que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las
entidades de seguro deberán ser atendidas en los centros sanitarios
concertados por estas entidades. En caso de recibir asistencia en
centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia
prestada será reclamado al tercero obligado, de acuerdo con la normativa
vigente.
Este artículo 3 ha sido
redactado por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril (BOE del 24), de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con
entrada en vigor el 24 de abril de 2012.
Artículo 3 bis. Reconocimiento y control de la condición de asegurado.—1. El reconocimiento y control de la condición de asegurado o de beneficiario del mismo corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, a través de sus direcciones provinciales, y se hará de forma automática en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 3 de esta ley.
2. Una vez reconocida la condición de asegurado o de beneficiario
del mismo, el derecho a la asistencia sanitaria se hará efectivo
por las administraciones sanitarias competentes, que facilitarán
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia sanitaria
mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.
3. Los órganos competentes en materia de extranjería podrán
comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su
caso, el Instituto Social de la Marina, sin contar con el consentimiento
del interesado, los datos que resulten imprescindibles para comprobar
la concurrencia de los requisitos a los que se refiere los apartados
3 y 4 del artículo 3 de esta ley.
Del mismo modo, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina podrá tratar
los datos obrantes en los ficheros de las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social o de los órganos de las administraciones
públicas competentes que resulten imprescindibles para verificar
la concurrencia de la condición de asegurado o beneficiario. La
cesión al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso,
el Instituto Social de la Marina de estos datos no precisará del
consentimiento del interesado.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su
caso, el Instituto Social de la Marina tratará la información a
la que se refieren los dos párrafos anteriores con la finalidad
de comunicar a las administraciones sanitarias competentes los datos
necesarios para verificar en cada momento que se mantienen las condiciones
y los requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho a la
asistencia sanitaria, sin precisar para ello del consentimiento
del interesado.
Cualquier modificación o variación que pueda comunicar
el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social
de la Marina deberá surtir los efectos que procedan en la tarjeta
sanitaria individual.
Artículo 3 ter. Asistencia sanitaria en situaciones especiales.—Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:
a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera
que sea su causa, hasta la situación de alta médica.
b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.
En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años
recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
Artículo 4. Derechos de los ciudadanos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.—En los términos de esta ley, los ciudadanos tendrán los siguientes derechos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud:
a) A disponer de una segunda
opinión facultativa sobre su proceso, en los términos previstos
en el artículo 28.1
b) A recibir asistencia sanitaria
en su Comunidad Autónoma de residencia en un tiempo máximo, en los
términos del artículo 25
c) A recibir, por parte del
servicio de salud de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre
desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones
del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas
condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes
en esa Comunidad Autónoma.
Artículo 5. Ámbito de aplicación.—Las acciones a las que se refiere el artículo 1 comprenderán:
a) Las prestaciones sanitarias.
b) La farmacia.
c) Los profesionales.
d) La investigación.
e) Los sistemas de información.
f) La calidad del sistema sanitario.
g) Los planes integrales.
h) La salud pública.
i) La participación de ciudadanos
y profesionales.
El Consejo Interterritorial
y la Alta Inspección realizarán el seguimiento de estas acciones.
Artículo 6. Acciones en relación con las entidades sanitarias no integradas en el Sistema Nacional de Salud.—De acuerdo con el artículo 43.2 de la Constitución, el Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas, en el ámbito de las competencias que les corresponden, ejercerán un control de las entidades sanitarias no integradas en el Sistema Nacional de Salud, en relación con las actividades de salud pública y en materia de garantías de información, seguridad y calidad, y requerirán de ellas la información necesaria para el conocimiento de su estructura y funcionamiento. Asimismo podrán colaborar con dichas entidades en programas de formación de profesionales sanitarios y de investigación sanitaria.
CAPÍTULO I
De
las prestaciones
SECCIÓN 1.ª ORDENACIÓN DE PRESTACIONES
Artículo 7. Catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.—1. El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención. Se consideran prestaciones de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud los servicios o conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos.
El catálogo comprenderá las
prestaciones correspondientes a salud pública, atención primaria,
atención especializada, atención sociosanitaria, atención de urgencias,
la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos
y de transporte sanitario.
2. Las personas que reciban
estas prestaciones tendrán derecho a la información y documentación
sanitaria y asistencial de acuerdo con la ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de Información y Documentación clínica.
Artículo 8. Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.—
1. La cartera
común de servicios del Sistema Nacional de Salud es el conjunto
de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales
cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento
y experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas
las prestaciones sanitarias.2. La cartera común de servicios del Sistema Nacional
de Salud se articulará en torno a las siguientes modalidades:
a) Cartera común básica de servicios asistenciales del
Sistema Nacional de Salud a la que se refiere el artículo 8 bis.
b) Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de
Salud a la que se refiere el artículo 8 ter.
c) Cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional
de Salud a la que se refiere el artículo 8 quáter.
3. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud se acordará la cartera común de servicios del
Sistema Nacional de Salud, que se aprobará mediante Real Decreto.
4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
realizará anualmente una evaluación de los costes de aplicación de
la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 8 bis. Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.—1. La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública.
2. La prestación de estos servicios se hará de forma que
se garantice la continuidad asistencial, bajo un enfoque multidisciplinar,
centrado en el paciente, garantizando la máxima calidad y seguridad
en su prestación, así como las condiciones de accesibilidad y equidad
para toda la población cubierta.
Artículo 8 ter. Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.—1. La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluye todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.
2. Esta cartera común suplementaria del Sistema Nacional
de Salud incluirá las siguientes prestaciones:
a) Prestación farmacéutica.
b) Prestación ortoprotésica.
c) Prestación con productos dietéticos.
3. También gozará de esta consideración el transporte
sanitario no urgente, sujeto a prescripción facultativa, por razones clínicas
y con un nivel de aportación del usuario acorde al determinado para
la prestación farmacéutica.
4. Para las prestaciones previstas en el apartado 2 de
este artículo, a excepción de la prestación farmacéutica que se
regirá por su normativa, se aprobarán por orden de la persona titular
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo acuerdo
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta
de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación, la
actualización del catálogo de prestaciones, los importes máximos
de financiación y los coeficientes de corrección a aplicar para
determinar la facturación definitiva a los servicios autonómicos
de salud por parte de los proveedores, que tendrá la consideración
de precio final.
5. El porcentaje de aportación del usuario se regirá por
las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como
base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que
se aplique el mismo límite de cuantía a esta aportación.
Artículo 8 quáter. Cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.—1. La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud incluye todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación, que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico, estando sujetas a aportación y/o reembolso por parte del usuario.
2. Por orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones,
aseguramiento y financiación, se aprobará la inclusión de servicios
accesorios, los importes máximos de financiación y los coeficientes
de corrección a aplicar para determinar la facturación definitiva
a los servicios autonómicos de salud por parte de los proveedores,
así como las modalidades de aportación o reembolso aplicables en
cada caso.
Las actividades, servicios o técnicas incluidas en esta
modalidad de cartera se harán efectivas una vez se aprueben por
orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
3. La aportación del usuario o, en su caso, el reembolso,
se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica,
tomando como referencia el precio final de facturación que se decida
para el Sistema Nacional de Salud.
Artículo 8 quinquies. Cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas.—1. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios que incluirán, cuando menos, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en sus modalidades básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios, garantizándose a todos los usuarios del mismo.
2. Las comunidades autónomas podrán incorporar en sus
carteras de servicios una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado
en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud,
para lo cual establecerán los recursos adicionales necesarios.
3. Las comunidades autónomas deberán destinar los recursos
económicos necesarios para asegurar la financiación de la cartera
común de servicios, siendo preceptiva, para la aprobación de la
cartera de servicios complementaria de una comunidad autónoma, la
garantía previa de suficiencia financiera de la misma en el marco
del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria.
4. En todo caso, estos servicios o prestaciones complementarios
deberán reunir los mismos requisitos establecidos para la incorporación
de nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos a la cartera común
de servicios, y no estarán incluidos en la financiación general
de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Con anterioridad a su incorporación, la comunidad autónoma
concernida deberá informar, de forma motivada, al Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
5. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud podrá emitir recomendaciones sobre el establecimiento por
parte de las comunidades autónomas de prestaciones sanitarias complementarias
a las prestaciones comunes del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1.b) de esta ley.
6. Las comunidades autónomas pondrán en conocimiento del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los servicios
complementarios no contemplados en la cartera común de servicios
del Sistema Nacional de Salud tras su incorporación efectiva a su
cartera de servicios autonómica, los cuales se incluirán en el sistema
de información correspondiente.
7. Las comunidades autónomas asumirán, con cargo a sus
propios presupuestos, todos los costes de aplicación de la cartera
de servicios complementaria a las personas que tengan la condición
de asegurado o de beneficiario del mismo.
Artículo 9. Personal y centros autorizados.—Las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud únicamente se facilitarán por el personal legalmente habilitado, en centros y servicios, propios o concertados, del Sistema Nacional de Salud, salvo en situaciones de riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los medios de aquél, sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales en los que España sea parte.
Artículo 10. Financiación.—1. Las prestaciones que establece esta ley son responsabilidad financiera de las comunidades autónomas de conformidad con los acuerdos de transferencias y el actual sistema de financiación autonómica, sin perjuicio de la existencia de un tercero obligado al pago. Las comunidades autónomas deberán destinar a la financiación de dichas prestaciones los mínimos previstos en la ley 21/2001, de 27 de diciembre. Los sistemas de garantías que prevé esta ley son asimismo responsabilidad financiera de las comunidades autónomas.
2. La suficiencia para la financiación
de las prestaciones y de las garantías establecidas en esta ley
viene determinada por los recursos asignados a las comunidades autónomas
conforme a lo establecido en la mencionada ley 21/2001, de 27 de
diciembre, y de acuerda con el principio de lealtad institucional,
en los términos del artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
3. De acuerdo con el apartado
anterior, la inclusión de una nueva prestación en el catálogo de
prestaciones del Sistema Nacional de Salud se acompañará de una
memoria económica que contenga la valoración del impacto positivo
o negativo que pueda suponer. Dicha memoria se elevará al Consejo
de Política Fiscal y Financiera para su análisis en el contexto
de dicho principio de lealtad institucional.
Artículo 11. Prestaciones de salud pública.—
1. La prestación de salud pública
es el conjunto de iniciativas organizadas por las Administraciones
públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población.
Es una combinación de ciencias, habilidades y actitudes dirigidas
al mantenimiento y mejora de la salud de todas las personas a través
de acciones colectivas o sociales.2. La prestación de salud pública comprende las siguientes
actuaciones:
a) La información y la vigilancia en salud pública y los
sistemas de alerta epidemiológica y respuesta rápida ante emergencias
en salud pública.
b) La defensa de los fines y objetivos de la salud pública
que es la combinación de acciones individuales y sociales destinadas
a obtener compromisos políticos, apoyo para las políticas de salud,
aceptación social y respaldo para unos objetivos o programas de
salud determinados.
c) La promoción de la salud, a través de programas intersectoriales
y transversales.
d) La prevención de las enfermedades, discapacidades y
lesiones.
e) La protección de la salud, evitando los efectos negativos
que diversos elementos del medio pueden tener sobre la salud y el
bienestar de las personas.
f) a protección y promoción de la sanidad ambiental.
g) La protección y promoción de la seguridad alimentaria.
h) La protección y promoción de la salud laboral.
i) La evaluación de impacto en salud.
j) La vigilancia y control de los posibles riesgos para
la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de
bienes y del tránsito internacional de viajeros.
k) La prevención y detección precoz de las enfermedades
raras, así como el apoyo a las personas que las presentan y a sus
familias.
La prestación de salud pública incluirá, asimismo, todas
aquellas actuaciones singulares o medidas especiales que, en materia
de salud pública, resulte preciso adoptar por las autoridades sanitarias
de las distintas Administraciones públicas, dentro del ámbito de
sus competencias, cuando circunstancias sanitarias de carácter extraordinario
o situaciones de especial urgencia o necesidad así lo exijan y la
evidencia científica disponible las justifique.
Este
apartado 2 ha sido redactado por la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE del 5), General
de Salud Pública.
3. Las prestaciones de salud
pública se ejercerán con un carácter de integralidad, a partir de
las estructuras de salud pública de las Administraciones y de la
infraestructura de atención primaria del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 12. Prestación de atención primaria.—
1. La atención primaria es
el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad
y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente,
actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos.
Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria,
prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento
y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y
el trabajo social.2. La atención primaria comprenderá:
a) La asistencia sanitaria
a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el
domicilio del enfermo.
b) La indicación o prescripción
y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
c) Las actividades en materia
de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención
comunitaria.
d) Las actividades de información
y vigilancia en la protección de la salud.
e) La rehabilitación básica.
f) Las atenciones y servicios
específicos relativos a las mujeres, que específicamente incluirán
la detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género;
la infancia; la adolescencia; los adultos; la tercera edad; los
grupos de riesgo y los enfermos crónicos.
Esta
letra f) ha sido redactada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 23), para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
g) La atención paliativa a
enfermos terminales.
h) La atención a la salud mental,
en coordinación con los servicios de atención especializada.
i) La atención a la salud bucodental.
Artículo 13. Prestación de atención especializada.—1. La atención especializada comprende actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención especializada garantizará la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquél pueda reintegrarse en dicho nivel.
2. La atención sanitaria especializada
comprenderá:
a) La asistencia especializada
en consultas.
b) La asistencia especializada
en hospital de día, médico y quirúrgico.
c) La hospitalización en régimen
de internamiento.
d) El apoyo a la atención primaria
en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospitalización
a domicilio.
e) La indicación o prescripción,
y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
f) La atención paliativa a
enfermos terminales.
g) La atención a la salud mental.
h) La rehabilitación en pacientes
con déficit funcional recuperable.
3. La atención especializada
se prestará, siempre que las condiciones del paciente lo permitan,
en consultas externas y en hospital de día.
Artículo 14. Prestación de atención sociosanitaria.—1. La atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social.
2. En el ámbito sanitario,
la atención sociosanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención
que cada Comunidad Autónoma determine y en cualquier caso comprenderá:
a) Los cuidados sanitarios
de larga duración.
b) La atención sanitaria a
la convalecencia.
c) La rehabilitación en pacientes
con déficit funcional recuperable.
3. La continuidad del servicio
será garantizada por los servicios sanitarios y sociales a través
de la adecuada coordinación entre las Administraciones públicas
correspondientes.
Artículo 15. Prestación de atención de urgencia.—La atención de urgencia se presta al paciente en los casos en que su situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata. Se dispensará tanto en centros sanitarios como fuera de ellos, incluyendo el domicilio del paciente, durante las 24 horas del día, mediante la atención médica y de enfermería.
Artículo 16. Prestación farmacéutica.—La prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y la comunidad.
Esta prestación se regirá por
lo dispuesto en la ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
y por la normativa en materia de productos sanitarios y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 17. Prestación ortoprotésica.—La prestación ortoprotésica consiste en la utilización de productos sanitarios, implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien de modificar, corregir o facilitar su función. Comprenderá los elementos precisos para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente.
Esta prestación se facilitará
por los servicios de salud o dará lugar a ayudas económicas, en
los casos y de acuerdo con las normas que reglamentariamente se
establezcan por parte de las Administraciones sanitarias competentes.
Artículo 18. Prestación de productos dietéticos.—La prestación de productos dietéticos comprende la dispensación de los tratamientos dietoterápicos a las personas que padezcan determinados trastornos metabólicos congénitos, la nutrición enteral domiciliaria para pacientes a los que no es posible cubrir sus necesidades nutricionales, a causa de su situación clínica, con alimentos de uso ordinario.
Esta prestación se facilitará
por los servicios de salud o dará lugar a ayudas económicas, en
los casos y de acuerdo con las normas que reglamentariamente se
establezcan por parte de las Administraciones sanitarias competentes.
Artículo 19. Prestación de transporte sanitario.—El transporte sanitario, que necesariamente deberá ser accesible a las personas con discapacidad, consiste en el desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas, cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte. Esta prestación se facilitará de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan por las Administraciones sanitarias competentes.
SECCIÓN 2.ª DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS
Artículo 20. Desarrollo de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.—
1. El contenido
de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se
determinará por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento
y financiación.En la elaboración de dicho contenido se tendrá en cuenta
la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así
como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos
menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como
su impacto económico y organizativo.
En la evaluación de lo dispuesto en el párrafo anterior
participará la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
2. En cualquier caso, no se incluirán en la cartera común
de servicios aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos cuya contribución
eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza
de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento
no esté suficientemente probada.
Artículo 21. Actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.—
1. La cartera
común de servicios del Sistema Nacional de Salud se actualizará
mediante orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud. El procedimiento para la actualización se
desarrollará reglamentariamente.2. Las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos serán
sometidas a evaluación, con carácter preceptivo y previo a su utilización
en el Sistema Nacional de Salud, por la Red Española de Agencias
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema
Nacional de Salud.
Este apartado 2 ha sido
redactado por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril (BOE del 24), de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con
entrada en vigor el 24 de abril de 2012.
3. La evaluación tendrá por
objeto, la verificación de la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Contribuir de forma eficaz
a la prevención, al diagnóstico o al tratamiento de enfermedades,
a la conservación o mejora de la esperanza de vida, al autovalimiento
o a la eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento.
b) Aportar una mejora, en términos
de seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia o utilidad demostrada
respecto a otras alternativas facilitadas actualmente.
c) Cumplir las exigencias que
establezca la legislación vigente, en el caso de que incluyan la
utilización de medicamentos o productos sanitarios.
4. Sólo podrán incorporarse
a la cartera de servicios para su financiación pública aquellas
técnicas, tecnologías o procedimientos en las que concurran los
requisitos indicados.
5. La exclusión de una técnica,
tecnología o procedimiento actualmente incluido en la cartera de
servicios se llevará a cabo cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Evidenciarse su falta de
eficacia, efectividad o eficiencia, o que el balance entre beneficio
y riesgo sea significativamente desfavorable.
b) Haber perdido su interés
sanitario como consecuencia del desarrollo tecnológico y científico.
c) Dejar de cumplir los requisitos
establecidos por la legislación vigente.
Artículo 22. Uso tutelado.—1. El Ministerio de Sanidad y Consumo, por propia iniciativa o a propuesta de las correspondientes Administraciones públicas sanitarias y previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podrá autorizar el uso tutelado de determinadas técnicas, tecnologías o procedimientos.
2. El uso tutelado tendrá como
finalidad establecer el grado de seguridad, eficacia, efectividad
o eficiencia de la técnica, tecnología o procedimiento antes de
decidir sobre la conveniencia o necesidad de su inclusión efectiva
en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Se realizará con arreglo a
un diseño de investigación, por períodos de tiempo limitados, en
centros expresamente autorizados para ello y de acuerdo con protocolos
específicos destinados a garantizar su seguridad, el respeto a la
bioética y el logro de resultados relevantes para el conocimiento.
En todo caso, será imprescindible contar con el consentimiento informado
de los pacientes a los que se vaya a aplicar dichas técnicas, tecnologías
o procedimientos.
3. El uso tutelado se financiará
con cargo al Fondo de cohesión al que se refiere el artículo 4 de
la ley 21/2001, de 27 de diciembre, de conformidad con las normas
por las que se rige dicho fondo.
SECCIÓN 3.ª GARANTÍAS DE LAS PRESTACIONES
Artículo 23. Garantía de accesibilidad.—Todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley en condiciones de igualdad efectiva.
Artículo 24. Garantías de movilidad.—1. El acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley se garantizará con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en cada momento los usuarios del Sistema Nacional de Salud, atendiendo especialmente a las singularidades de los territorios insulares.
2. Asimismo, se garantizará
a todos los usuarios el acceso a aquellos servicios que sean considerados
como servicios de referencia de acuerdo con el artículo 28 de esta ley.
Artículo 25. Garantías de tiempo.—1. En el seno del Consejo Interterritorial se acordarán los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que se aprobarán mediante Real Decreto. Las comunidades autónomas definirán los tiempos máximos de acceso a su cartera de servicios dentro de dicho marco.
2. Quedan excluidas de la garantía
a la que se refiere el apartado anterior las intervenciones quirúrgicas
de trasplantes de órganos y tejidos, cuya realización dependerá
de la disponibilidad de órganos, así como la atención sanitaria
ante situaciones de catástrofe.
Artículo 26. Garantías de información.—
1. Los servicios de salud informarán a la ciudadanía de
sus derechos y deberes, de las prestaciones y de la cartera de servicios
del Sistema Nacional de Salud, de los requisitos necesarios para
el acceso a éstos y de los restantes derechos recogidos en la Ley
básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica,
así como de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley General
de Salud Pública y en las correspondientes normas autonómicas, en
su caso.Este
apartado 1 ha sido redactado por la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE del 5), General
de Salud Pública.
2. El Registro general de centros,
establecimientos y servicios sanitarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo, de carácter público, permitirá a los usuarios conocer
los centros, establecimientos y servicios, de cualquier titularidad,
autorizados por las comunidades autónomas.
Dicho registro se nutrirá de
los datos proporcionados por los correspondientes registros de las
comunidades autónomas.
Artículo 27. Garantías de seguridad.—1. Cuando se trate de técnicas, tecnologías o procedimientos para cuya correcta utilización sea conveniente concentrar los casos a tratar, se designarán servicios de referencia, de acuerdo con lo que se establece en el siguiente artículo.
2. Para aquellas técnicas,
tecnologías o procedimientos respecto de los que no exista suficiente
información para determinar su seguridad, el Ministerio de Sanidad
y Consumo acordará, en su caso, con las comunidades autónomas el
uso tutelado previsto en el artículo 22.
3. Mediante real decreto se
determinarán, con carácter básico, las garantías mínimas de seguridad
y calidad que, acordadas en el seno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, deberán ser exigidas para la regulación
y autorización por parte de las comunidades autónomas de la apertura
y puesta en funcionamiento en su respectivo ámbito territorial de
los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Dichos requisitos irán dirigidos
a garantizar que el centro, establecimiento o servicio sanitario
cuenta con los medios necesarios para desarrollar las actividades
a las que va destinado.
Los requisitos mínimos podrán
ser complementados por las comunidades autónomas para todos los
centros, establecimientos y servicios sanitarios de su ámbito territorial.
Artículo 28. Garantías de calidad y servicios de referencia.—1. Las comunidades autónomas garantizarán la calidad de las prestaciones, según se desarrolla en el capítulo VI de esta ley. Para ello, podrán realizar auditorías periódicas independientes.
Las instituciones asistenciales
velarán por la adecuación de su organización para facilitar la libre
elección de facultativo y una segunda opinión en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
Asimismo, abordarán actuaciones
para la humanización de la asistencia y para la mejora de la accesibilidad
administrativa y de su confortabilidad. Los hospitales del Sistema
Nacional de Salud procurarán la incorporación progresiva de habitaciones
de uso individual.
La accesibilidad de los centros,
servicios y prestaciones de carácter sanitario para personas con
discapacidad constituye un criterio de calidad que ha de ser garantizado
por el Sistema Nacional de Salud. Los centros sanitarios de nueva
creación deberán cumplir las normas vigentes en materia de promoción
de la accesibilidad y de eliminación de barreras de todo tipo que
les sean de aplicación. Las Administraciones públicas sanitarias
promoverán programas para la eliminación de barreras en los centros
y servicios sanitarios que, por razón de su antigüedad u otros motivos,
presenten obstáculos para los usuarios con problemas de movilidad
o comunicación.
2. En el seno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, se acordará la designación de servicios
de referencia, el número necesario de éstos y su ubicación estratégica
dentro del Sistema Nacional de Salud, con un enfoque de planificación
de conjunto, para la atención a aquellas patologías que precisen
para su atención una concentración de los recursos diagnósticos
y terapéuticos a fin de garantizar la calidad, la seguridad y la
eficiencia asistenciales.
El Ministerio de Sanidad y
Consumo acreditará aquellos servicios de referencia, que queden
establecidos como tales, atendiendo a los criterios de calidad que
para cada servicio establezca, y los reevaluará periódicamente.
La atención en un servicio
de referencia se financiará con cargo al Fondo de cohesión sanitaria
previsto en el artículo 4 de la ley 21/2001, de 27 de diciembre,
de acuerdo con las disposiciones que lo regulan.
Artículo 29. Ámbito de las garantías de seguridad y calidad.—Las garantías de seguridad y calidad son aplicables a todos los centros, públicos y privados, independientemente de la financiación de las prestaciones que estén ofreciendo en cada momento, siendo responsabilidad de las Administraciones públicas sanitarias, para los centros de su ámbito, velar por su cumplimiento.
CAPÍTULO II
De
la farmacia
SECCIÓN 1.ª ORGANIZACIÓN Y EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO EN MATERIA DE FARMACIA
Artículo 30. Competencias de la Administración General del Estado en materia de farmacia.—Corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo el ejercicio de las competencias del Estado en materia de evaluación, registro, autorización, vigilancia y control de los medicamentos de uso humano y veterinario y de los productos sanitarios, así como la decisión sobre su financiación pública y la fijación del precio correspondiente, en los términos previstos en la ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, sin perjuicio de las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas.
Artículo 31. Ejercicio de las competencias del Estado en materia de farmacia.—
1. El ejercicio de las competencias del
Estado en materia de farmacia corresponde al Ministerio de Sanidad
y Consumo, a través de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios y del organismo autónomo Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.2. Corresponde a la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios la dirección, desarrollo
y ejecución de la política farmacéutica del departamento, el ejercicio
de las funciones que competen al Estado en materia de financiación
pública y fijación del precio de medicamentos y productos sanitarios,
así como las condiciones especiales de prescripción y dispensación
de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
Este
apartado 2 ha sido redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE del 31), de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, con entrada en vigor
el día 1 de enero de 2004.
3. La Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios asume, como organismo técnico especializado,
las actividades de evaluación, registro, autorización, inspección,
vigilancia y control de medicamentos de uso humano y veterinario
y productos sanitarios, cosméticos y de higiene personal, y la realización
de los análisis económicos necesarios para la evaluación de estos
productos, sin perjuicio de las competencias ejecutivas de las comunidades
autónomas.
4. El Ministerio de Sanidad
y Consumo, junto con las comunidades autónomas, acometerá acciones
encaminadas al uso racional del medicamento que comprenderán entre
otras:
a) Programas de educación sanitaria
dirigidos a la población general para la prevención de la automedicación,
el buen uso de los medicamentos y la concienciación social e individual
sobre su coste.
b) Programas de formación continua
de los profesionales, que les permita una constante incorporación
de conocimientos sobre nuevos medicamentos y la actualización sobre
la eficacia y efectividad de éstos.
Artículo 32. Órganos de dirección, control y de asesoramiento técnico-científico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.—1. Los órganos de dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios son el Consejo Rector y el Director de la Agencia.
El Consejo Rector estará presidido
por el Subsecretario de Sanidad y Consumo. Sus funciones, composición
y régimen de funcionamiento se establecerán reglamentariamente.
En todo caso, formarán parte del Consejo Rector representantes de
los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de Ciencia y Tecnología, así como de las comunidades autónomas.
La dirección y la representación
legal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
corresponden a su Director. Reglamentariamente se determinarán sus
funciones.
2. La Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios contará con un Consejo Asesor integrado por
expertos. Su composición, funciones y régimen de funcionamiento
se determinarán reglamentariamente.
3. La Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios contará con los órganos de asesoramiento
técnico-científico en materia de evaluación de medicamentos y productos
sanitarios que se regulen en su estatuto.
SECCIÓN 2.ª COLABORACIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA
Artículo 33. Colaboración de las oficinas de farmacia.—1. Las oficinas de farmacia colaborarán con el Sistema Nacional de Salud en el desempeño de la prestación farmacéutica a fin de garantizar el uso racional del medicamento. Para ello los farmacéuticos actuarán coordinadamente con los médicos y otros profesionales sanitarios.
2. En el marco de la ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento, el Ministerio de Sanidad y
Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, establecerá los criterios generales y comunes
para el desarrollo de la colaboración de las oficinas de farmacia,
por medio de conciertos que garanticen a los ciudadanos la dispensación
en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio nacional,
independientemente de su Comunidad Autónoma de residencia.
Se tenderá a la dispensación
individualizada de medicamentos y a la implantación de la receta
electrónica, en cuyo desarrollo participarán las organizaciones
colegiales médica y farmacéutica.
3. Entre los criterios del
apartado anterior se definirán los datos básicos de farmacia, para
la gestión por medios informáticos de la información necesaria para
el desempeño de las actividades anteriormente mencionadas y para
la colaboración con las estructuras asistenciales del Sistema Nacional
de Salud. Se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
y a las especificaciones establecidas por los servicios de salud
de las comunidades autónomas.
CAPÍTULO III
De
los profesionales
SECCIÓN 1.ª PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Artículo 34. Principios generales.—
La formación y el desarrollo
de la competencia técnica de los profesionales deben orientarse
a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud. Para ello
se requiere:a) La colaboración permanente
entre los órganos de las Administraciones públicas competentes en
materia de educación, sanidad, trabajo y asuntos sociales, las universidades,
las sociedades científicas y las organizaciones profesionales y
sindicales.
b) La disposición de toda la
estructura asistencial del sistema sanitario para ser utilizada
en la docencia pregraduada, postgraduada y continuada de los profesionales.
c) La revisión permanente de
las enseñanzas y de la metodología educativa en el campo sanitario,
para la mejor adecuación de los conocimientos profesionales a la
evolución científica y técnica y a las necesidades sanitarias de
la población.
d) La actualización permanente
de conocimientos, orientada a mejorar la calidad del proceso asistencial
y garantizar la seguridad del usuario.
e) La inclusión de la perspectiva
de género en las actuaciones formativas.
Esta
letra e) ha sido añadida por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 23), para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 35. Comisión de Recursos Humanos.—1. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud desarrollará las actividades de planificación, diseño de programas de formación y modernización de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y definirá los criterios básicos de evaluación de las competencias de los profesionales sanitarios, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.
2. El análisis de necesidades
formativas tendrá en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos,
para adecuar las convocatorias de formación y así dar respuesta
a las demandas futuras de la atención sanitaria. Son instrumentos
necesarios para la planificación de la formación:
a) La coordinación entre el
sistema sanitario y el educativo.
b) La cooperación con las comunidades
autónomas.
c) La asesoría técnica de las
sociedades científicas y de las organizaciones profesionales.
d) Un sistema de información
de recursos humanos, reflejado en el Sistema de información sanitaria
del Sistema Nacional de Salud regulado en el artículo 53
3. La Comisión de Recursos
Humanos estará presidida por el Ministro de Sanidad y Consumo. Su
composición se establecerá reglamentariamente, y deberán estar representadas
en todo caso las comunidades autónomas y los ministerios competentes.
Se podrán crear comisiones técnicas y foros de participación que
dependerán de la Comisión de Recursos Humanos.
A tal objeto, se crean los
siguientes órganos, cuya composición y funcionamiento se desarrollarán
reglamentariamente:
a) El Foro Marco para el Diálogo
Social, que, sin perjuicio de las competencias que determine la
norma básica reguladora de las relaciones laborales de los trabajadores
del Sistema Nacional de Salud, tiene como objetivo ser el ámbito
de diálogo e información de carácter laboral, promoviendo el desarrollo
armónico de sus condiciones. Estará constituido por las Administraciones
públicas presentes en la Comisión de Recursos Humanos y las organizaciones
sindicales más representativas en el sector sanitario.
b) El Foro Profesional, que
será marco de diálogo e información sobre la formación de postgrado
y continuada, y sobre los requisitos formativos, de evaluación y
competencia de las profesiones sanitarias. En él estará representada
la Comisión Consultiva Profesional.
4. La Comisión Consultiva Profesional
se regulará mediante real decreto e integrará a representantes de
los consejos nacionales de las especialidades sanitarias y de los
consejos generales de las profesiones sanitarias. Actuará como órgano
de consulta en todos los ámbitos de la ordenación profesional y
como órgano de apoyo a la Comisión de Recursos Humanos.
Artículo 36. Formación de pregrado.—La Comisión de Recursos Humanos, atendiendo a las necesidades de la población, trasladará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Consejo de Coordinación Universitaria criterios para la adaptación de los planes de estudios conducentes a la obtención de los distintos títulos universitarios del ámbito de las ciencias de la salud, que conjuguen la adquisición simultánea de conocimientos, habilidades y actitudes y favorezca el trabajo en equipo multiprofesional y multidisciplinar.
Artículo 37. Formación de postgrado.—La Comisión de Recursos Humanos supervisará los programas de formación de postgrado especializada, propuestos por las comisiones nacionales correspondientes, así como el número de profesionales necesarios en cada convocatoria. Para la determinación de este número deberán tenerse en cuenta los informes de las comunidades autónomas en relación a sus necesidades de personal especializado.
La Agencia de Calidad regulada
en el artículo 60 coordinará la acreditación
de los servicios para la docencia de postgrado a los que se refiere
el párrafo anterior.
Artículo 38. Formación continuada.—Las Administraciones públicas establecerán criterios comunes para ordenar las actividades de formación continuada, con la finalidad de garantizar la calidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Los criterios comunes serán adoptados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Sin perjuicio de lo anterior,
el Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de
las comunidades autónomas podrán delegar las funciones de gestión
y acreditación de la formación continuada en otras corporaciones
o instituciones de derecho público, de conformidad con la ley.
Artículo 39. Formación profesional.—La Comisión de Recursos Humanos colaborará con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la adecuación a las necesidades de salud de la población de los estudios de formación profesional y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la formación ocupacional en el ámbito de las ciencias de la salud. Todo ello sin menoscabo de las competencias que en materia de formación profesional y de formación ocupacional corresponden a las comunidades autónomas.
SECCIÓN 2.ª DESARROLLO PROFESIONAL Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Artículo 40. Desarrollo profesional.—El desarrollo profesional constituye un aspecto básico en la modernización del Sistema Nacional de Salud y deberá responder a criterios comunes acordados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en relación con los siguientes ámbitos:
a) La formación continuada.
b) La carrera profesional.
c) La evaluación de competencias.
Artículo 41. Carrera profesional.—1. La carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios.
2. El estatuto marco previsto
en el artículo 84 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, contendrá la normativa básica aplicable al personal del
Sistema Nacional de Salud, que será desarrollada por las comunidades
autónomas.
Artículo 42. Evaluación de competencias.—1. A los efectos de esta ley, la competencia profesional es la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean.
La Comisión de Recursos Humanos
definirá los criterios básicos de evaluación de la competencia de
los profesionales sanitarios, sin perjuicio de las competencias
de las comunidades autónomas.
2. El Ministerio de Sanidad
y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, y las comunidades autónomas, en el ámbito geográfico
de sus competencias, podrán acreditar las entidades de carácter
científico, académico o profesional autorizadas para la evaluación
de la competencia de los profesionales. Dichas entidades habrán
de ser independientes de la gestión de sus centros y servicios.
Artículo 43. Movilidad de los profesionales.—La garantía de movilidad del personal en todo el Sistema Nacional de Salud es uno de los aspectos esenciales de su cohesión, por lo que deberá buscarse un desarrollo armónico de los concursos de traslados convocados por los distintos servicios de salud.
Mediante Real Decreto, tras
acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, previo informe del Foro Marco para el Diálogo Social,
se establecerán los criterios básicos y las condiciones de las convocatorias
de profesionales y de los órganos encargados de su desarrollo que
aseguren su movilidad en todo el territorio del Estado, sin perjuicio
de las competencias legalmente atribuidas a las Administraciones
sanitarias.
CAPÍTULO IV
De
la investigación
SECCIÓN 1.ª LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
Artículo 44. Principios.—
Es responsabilidad del Estado
en materia de investigación en salud, y sin perjuicio de las competencias
de las comunidades autónomas:a) Establecer las medidas para
que la investigación científica y la innovación contribuyan a mejorar
de manera significativa y sostenible las intervenciones y procedimientos
preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores.
b) Garantizar que la actividad
investigadora y de transferencia de resultados a la práctica clínica
se desarrolla y se sustenta científicamente de manera demostrable.
c) Garantizar la observancia
y el cumplimiento de los derechos, la protección de la salud y la
garantía de la seguridad de la sociedad, los pacientes y los profesionales
involucrados en la actividad de investigación.
d) Incorporar la actividad
científica en el ámbito sanitario en el Espacio Europeo de Investigación.
e) Facilitar que en toda la
estructura asistencial del Sistema Nacional de Salud se puedan llevar
a cabo iniciativas de investigación clínica y básica, fomentando
el desarrollo de la metodología científica y de la medicina basada
en la evidencia.
f) Promover que la investigación
en salud atienda las especificidades de mujeres y hombres.
Esta
letra f) ha sido añadida por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 23), para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 45. Iniciativa sectorial de investigación en salud en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.—
1. El Ministerio de Sanidad
y Consumo, previa consulta al Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, y teniendo en cuenta las propuestas y los proyectos
que puedan presentar las comunidades autónomas, elaborará una iniciativa
sectorial de investigación en salud, que propondrá, a través del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, para su discusión en la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología, a efectos de su integración
en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, dentro del procedimiento que se acuerde para su elaboración.2. Las propuestas contenidas
en la iniciativa sectorial de investigación en salud deberán coordinarse
con las que procedan de otros departamentos ministeriales con competencias
en investigación científica y desarrollo tecnológico con el fin
de asegurar una estrecha interacción con otras actuaciones en biomedicina,
biotecnología y otras áreas de actuación relacionadas con el campo
de la salud.
3. Para la elaboración de la
iniciativa sectorial se tendrán en cuenta las siguientes necesidades
y objetivos:
a) Las necesidades de salud
de la población y el impulso de la innovación asistencial y la modernización
de la estrategia de la I+D biomédica, en servicios sanitarios y
de salud pública.
b) La participación de todos
los agentes sociales afectados.
c) La transferencia de resultados
de investigación, debidamente verificados, a la práctica clínica.
d) La consideración, en su
caso, de los resultados científicos en la toma de decisiones por
parte de los órganos responsables del Sistema Nacional de Salud.
e) La mejora de la calidad
en la gestión de la investigación, mediante la implantación de sistemas
eficaces de intercambio de información, evaluación y administración
económico-financiera.
f) El impulso, a través del
Instituto de Salud Carlos III, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de otros organismos públicos de investigación y de
las universidades, de la modernización de los centros y redes de
investigación del Sistema Nacional de Salud.
g) El incremento de la colaboración
con los centros privados de investigación, así como con los centros
extranjeros, favoreciendo la concurrencia de recursos en aras de
objetivos comunes.
h) La conciliación de la actividad
investigadora con la normativa vigente y con los principios éticos
aceptados por las instituciones y por la comunidad científica.
4. La ejecución de las actuaciones
que se deriven de las propuestas contenidas en la iniciativa sectorial
de investigación en salud que se incorporen en el Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, y cuya
gestión recaiga en el Ministerio de Sanidad y Consumo, se realizará
de acuerdo con las modalidades de participación recogidas en él
y estará sometida a un sistema de evaluación con la participación
de expertos nacionales y extranjeros basado en el uso de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva y de las Comisiones Técnicas
de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria.
5. [...]
Este
apartado 5 ha sido derogado por la Ley 14/2007, de 3 de julio (BOE del 4), de Investigación
biomédica.
6. [...]
Este
apartado 6 ha sido derogado por la Ley 14/2007, de 3 de julio (BOE del 4), de Investigación
biomédica.
7. Los órganos y organismos
dependientes o vinculados al Ministerio de Sanidad y Consumo responsables
de la gestión de las actuaciones del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica se coordinarán con
el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la evaluación global de
aquéllas y su posible actualización durante la ejecución del mencionado plan.
Artículo 46. Cooperación entre los sectores público y privado.—
[...]Este
artículo 46 ha sido derogado por la Ley 14/2007, de 3 de julio (BOE del 4), de Investigación
biomédica.
Artículo 47. Los derechos, la salud y la seguridad de los pacientes en la investigación.—
[...]Este
artículo 47 ha sido derogado por la Ley 14/2007, de 3 de julio (BOE del 4), de Investigación
biomédica.
SECCIÓN 2.ª INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Artículo 48. Funciones del Instituto de Salud Carlos III.—1. El Instituto de Salud Carlos III fomentará la investigación en salud:
a) En los aspectos organizativos
de la investigación, por medio de:
1.º La planificación y priorización
de la investigación con la finalidad de adecuar sus planes de trabajo
anuales a los objetivos de la iniciativa sectorial de investigación
en salud.
2.º La vertebración de los
recursos dedicados a la investigación del Sistema Nacional de Salud,
mediante la asociación de centros de investigación del Sistema Nacional
de Salud y la acreditación de institutos y redes.
3.º La potenciación de la investigación,
con asesoramiento, difusión de resultados, apoyo a investigadores
y registros en la materia.
b) En el desarrollo de programas
de investigación propios.
2. Las comunidades autónomas
participarán en los órganos de gobierno del Instituto de Salud Carlos
III y de las fundaciones vinculadas a éste.
3. Para contribuir a la vertebración
de la investigación en el Sistema Nacional de Salud, el Instituto
de Salud Carlos III:
a) Se asociará a los centros
de investigación del Sistema Nacional de Salud.
b) Acreditará institutos y
redes de investigación cooperativa para concentrar la investigación
en los objetivos previstos del plan y fomentar la investigación
de excelencia.
c) Facilitará sus propios recursos
de investigación.
Artículo 49. Centros de investigación del Sistema Nacional de Salud.—A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de centros de investigación del Sistema Nacional de Salud aquellos que designe el Ministerio de Sanidad y Consumo, a propuesta del Instituto de Salud Carlos III o de las comunidades autónomas, de acuerdo con las prioridades de la iniciativa sectorial de investigación en salud, entre los centros propios y asociados del Instituto de Salud Carlos III, así como entre los institutos acreditados. Estos últimos se asociarán al Instituto de Salud Carlos III.
Artículo 50. Institutos de investigación.—
[...]Este
artículo 50 ha sido derogado por la Ley 14/2007, de 3 de julio (BOE del 4), de Investigación
biomédica.
Artículo 51. Redes de investigación cooperativa.—El Instituto de Salud Carlos III fomentará el establecimiento de redes de investigación cooperativa, multidisciplinares e interinstitucionales, formadas por los centros o grupos de investigación acreditados.
Estas redes actuarán como estructuras
de investigación y consulta científica y como tales podrán presentar
proyectos conjuntos, acceder a financiación específica y participar
en programas de investigación europeos.
Se promoverá la integración
de las redes con centros nacionales e institutos para facilitar
la transferencia de la investigación a la práctica clínica, así
como para una mejor y más rápida implantación de los avances científicos
en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
Artículo 52. Apoyo a la investigación.—El Instituto de Salud Carlos III apoyará la investigación a través de las siguientes líneas de actuación, que se desarrollarán sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, y en colaboración con las Administraciones sanitarias:
a) Apoyo metodológico, que
comprenderá:
1.ª Asesoramiento en el diseño,
conducción, control de calidad y análisis de datos, asesoramiento
en aspectos éticos y legales de proyectos y en tecnologías de la
información.
2.ª Información y el apoyo
de gestión necesario para la participación en los programas de la
Unión Europea.
3.ª Infraestructuras de apoyo
a la investigación sanitaria, tales como bancos de tejidos, serotecas,
bases de datos bioinformáticos y grandes instalaciones científicas,
entre otras.
b) Difusión de los recursos
y resultados para su utilización conjunta en red informática, que
comprenderá:
1.ª Cartografía de centros
de investigación públicos y privados al servicio de la investigación
sanitaria.
2.ª Registro de investigadores
del Sistema Nacional de Salud.
3.ª Recursos documentales propios
y de los centros y otras organizaciones sanitarias existentes en
las comunidades autónomas.
4.ª Resultados de la investigación
propios y de los centros y otras organizaciones sanitarias existentes
en las comunidades autónomas.
CAPÍTULO V
Del
sistema de información sanitaria
SECCIÓN 1.ª SISTEMA DE INFORMACIÓN SANITARIA
Artículo 53. Sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud.—
1. El Ministerio de Sanidad
y Consumo establecerá un sistema de información sanitaria del Sistema
Nacional de Salud que garantice la disponibilidad de la información
y la comunicación recíprocas entre las Administraciones sanitarias.
Para ello en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud se acordarán los objetivos y contenidos de la información.El objetivo general del sistema
de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud será responder
a las necesidades de los siguientes colectivos, con la finalidad
que en cada caso se indica:
a) Autoridades sanitarias:
la información favorecerá el desarrollo de políticas y la toma de
decisiones, dándoles información actualizada y comparativa de la
situación y evolución del Sistema Nacional de Salud.
b) Profesionales: la información
irá dirigida a mejorar sus conocimientos y aptitudes clínicas. Incluirá
directorios, resultados de estudios, evaluaciones de medicamentos,
productos sanitarios y tecnologías, análisis de buenas prácticas,
guías clínicas, recomendaciones y recogida de sugerencias.
c) Ciudadanos: contendrá información
sobre sus derechos y deberes y los riesgos para la salud, facilitará
la toma de decisiones sobre su estilo de vida, prácticas de autocuidado
y utilización de los servicios sanitarios y ofrecerá la posibilidad
de formular sugerencias de los aspectos mencionados.
d) Organizaciones y asociaciones
en el ámbito sanitario: contendrá información sobre las asociaciones
de pacientes y familiares, de organizaciones no gubernamentales
que actúen en el ámbito sanitario y de sociedades científicas, con
la finalidad de promover la participación de la sociedad civil en
el Sistema Nacional de Salud.
2. El sistema de información
sanitaria contendrá información sobre las prestaciones y la cartera
de servicios en atención sanitaria pública y privada, e incorporará,
como datos básicos, los relativos a población protegida, recursos
humanos y materiales, actividad desarrollada, farmacia y productos
sanitarios, financiación y resultados obtenidos, así como las expectativas
y opinión de los ciudadanos, todo ello desde un enfoque de atención
integral a la salud, desagregando por sexo todos los datos susceptibles
de ello.
Este
apartado 2 ha sido redactado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 23), para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3. Con el fin de lograr la
máxima fiabilidad de la información que se produzca, el Ministerio
de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, establecerá la definición y normalización
de datos y flujos, la selección de indicadores y los requerimientos
técnicos necesarios para la integración de la información y para
su análisis desde la perspectiva del principio de igualdad entre
mujeres y hombres.
Este
apartado 3 ha sido redactado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 23), para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
4. El sistema de información
sanitaria estará a disposición de sus usuarios, que serán las Administraciones
públicas sanitarias, los gestores y profesionales de la sanidad
y los ciudadanos, en los términos de acceso y difusión que se acuerden
en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
5. Las comunidades autónomas,
la Administración General del Estado y las Entidades Gestoras de
la Seguridad Social aportarán a este sistema de información sanitaria
los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo. Del mismo
modo, las Administraciones autonómicas y estatal tienen derecho
de acceder y disponer de los datos que formen parte del sistema
de información que precisen para el ejercicio de sus competencias.
6. La cesión de los datos,
incluidos aquellos de carácter personal necesarios para el sistema
de información sanitaria, estará sujeta a la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal y a las condiciones
acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
Artículo 54. Red de comunicaciones del Sistema Nacional de Salud.—El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la utilización preferente de las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las Administraciones públicas, pondrá a disposición del Sistema Nacional de Salud una red segura de comunicaciones que facilite y dé garantías de protección al intercambio de información exclusivamente sanitaria entre sus integrantes.
La transmisión de la información
en esta red estará fundamentada en los requerimientos de certificación
electrónica, firma electrónica y cifrado, de acuerdo con la legislación
vigente.
A través de dicha red circulará
información relativa al código de identificación personal único,
las redes de alerta y emergencia sanitaria, el intercambio de información
clínica y registros sanitarios, la receta electrónica y la información
necesaria para la gestión del Fondo de cohesión sanitaria, así como
aquella otra derivada de las necesidades de información sanitaria
en el Sistema Nacional de Salud.
Artículo 55. Estadísticas de interés general supracomunitario.—1. El sistema de información sanitaria contemplará específicamente la realización de estadísticas para fines estatales en materia sanitaria, así como las de interés general supracomunitario y las que se deriven de compromisos con organizaciones supranacionales e internacionales, que se llevarán a cabo con arreglo a las determinaciones metodológicas y técnicas que establezca el Ministerio de Sanidad y Consumo, consultado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
2. La información necesaria
para la elaboración de estadísticas de las actividades sanitarias
se recabará tanto del sector público como del sector privado.
Artículo 56. Intercambio de información en salud entre organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de Salud.—Con el fin de que los ciudadanos reciban la mejor atención sanitaria posible en cualquier centro o servicio del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo coordinará los mecanismos de intercambio electrónico de información clínica y de salud individual, previamente acordados con las comunidades autónomas, para permitir tanto al interesado como a los profesionales que participan en la asistencia sanitaria el acceso a la historia clínica en los términos estrictamente necesarios para garantizar la calidad de dicha asistencia y la confidencialidad e integridad de la información, cualquiera que fuese la Administración que la proporcione.
El Ministerio de Sanidad y
Consumo establecerá un procedimiento que permita el intercambio
telemático de la información que legalmente resulte exigible para
el ejercicio de sus competencias por parte de las Administraciones
públicas.
El intercambio de información
al que se refieren los párrafos anteriores se realizará de acuerdo
con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
y en la ley 41/2002, de 14 de noviembre.
SECCIÓN 2.ª TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL
Artículo 57. La tarjeta sanitaria individual.—1. El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual, como documento administrativo que acredita determinados datos de su titular, a los que se refiere el apartado siguiente. La tarjeta sanitaria individual atenderá a los criterios establecidos con carácter general en la Unión Europea.
2. Sin perjuicio de su gestión
en el ámbito territorial respectivo por cada Comunidad Autónoma
y de la gestión unitaria que corresponda a otras Administraciones
públicas en razón de determinados colectivos, las tarjetas incluirán,
de manera normalizada, los datos básicos de identificación del titular
de la tarjeta, del derecho que le asiste en relación con la prestación
farmacéutica y del servicio de salud o entidad responsable de la
asistencia sanitaria. Los dispositivos que las tarjetas incorporen
para almacenar la información básica y las aplicaciones que la traten
deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea
técnicamente posible en todo el territorio del Estado y para todas
las Administraciones públicas. Para ello, el Ministerio de Sanidad
y Consumo, en colaboración con las comunidades autónomas y demás
Administraciones públicas competentes, establecerá los requisitos
y los estándares necesarios.
3. Con el objetivo de poder
generar el código de identificación personal único, el Ministerio
de Sanidad y Consumo desarrollará una base de datos que recoja la
información básica de asegurados del Sistema Nacional de Salud,
de tal manera que los servicios de salud dispongan de un servicio
de intercambio de información sobre la población protegida, mantenido
y actualizado por los propios integrantes del sistema. Este servicio
de intercambio permitirá la depuración de titulares de tarjetas.
4. Conforme se vaya disponiendo
de sistemas electrónicos de tratamiento de la información clínica,
la tarjeta sanitaria individual deberá posibilitar el acceso a aquélla
de los profesionales debidamente autorizados, con la finalidad de
colaborar a la mejora de la calidad y continuidad asistenciales.
5. Las tarjetas sanitarias
individuales deberán adaptarse, en su caso, a la normalización que
pueda establecerse para el conjunto de las Administraciones públicas
y en el seno de la Unión Europea.
SECCIÓN 3.ª INSTITUTO DE INFORMACIÓN SANITARIA
Artículo 58. Instituto de Información Sanitaria.—1. Se creará el Instituto de Información Sanitaria, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo que desarrollará las actividades necesarias para el funcionamiento del sistema de información sanitaria establecido en el artículo 53
Su creación se llevará a cabo
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67.1 de
la ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado.
2. El Instituto de Información
Sanitaria se encargará de recabar, elaborar y distribuir la información
que responda a las necesidades del Sistema Nacional de Salud, con
criterios de transparencia y objetividad de la información generada,
de acuerdo con las directrices que para su utilización se establezcan
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
3. Será igualmente función
del Instituto recabar datos procedentes de otras fuentes, tanto
nacionales como internacionales, con el fin de complementar la información
intrínseca al Sistema Nacional de Salud, posibilitar el establecimiento
de correlaciones, así coma facilitar la comparabilidad con otros
ámbitos.
4. El Instituto velará por
la integridad y seguridad de los datos confiados, garantizando su
confidencialidad con arreglo a lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999.
5. El Instituto podrá reconocer
como válidos para el Sistema Nacional de Salud registros de información
sanitaria existentes en diferentes ámbitos profesionales y científicos.
CAPÍTULO VI
De
la calidad
SECCIÓN 1.ª ACCIONES EN MATERIA DE CALIDAD
Artículo 59. Infraestructura de la calidad.—1. La mejora de la calidad en el sistema sanitario debe presidir las actuaciones de las instituciones sanitarias tanto públicas como privadas.
2. La infraestructura para
la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud estará constituida
por los elementos siguientes:
a) Normas de calidad y seguridad,
que contendrán los requerimientos que deben guiar los centros y
servicios sanitarios para poder realizar una actividad sanitaria
de forma segura.
b) Indicadores, que son elementos
estadísticos que permitirán comparar la calidad de diversos centros
y servicios sanitarios de forma homologada, ajustada al riesgo y
fiable.
c) Guías de práctica clínica
y guías de práctica asistencial, que son descripciones de los procesos
por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.
d) El registro de buenas prácticas,
que recogerá información sobre aquellas prácticas que ofrezcan una
innovación o una forma de prestar un servicio mejor a la actual.
e) El registro de acontecimientos
adversos, que recogerá información sobre aquellas prácticas que
hayan resultado un problema potencial de seguridad para el paciente.
Esta infraestructura estará
a disposición tanto del Ministerio de Sanidad y Consumo como de
las comunidades autónomas.
Artículo 60. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.—1. Se creará la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo al que corresponderá la elaboración y el mantenimiento de los elementos de la infraestructura de la calidad.
Su creación se llevará a cabo
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67.1 de
la ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado.
2. La Agencia elaborará o adoptará
los elementos de la infraestructura con el asesoramiento de sociedades
científicas y expertos del sector, a partir de la experiencia nacional
e internacional. También podrá promover convenios con instituciones
científicas para elaborar o gestionar los elementos de la infraestructura.
Asimismo difundirá los elementos de la infraestructura para su conocimiento
y utilización por parte de las comunidades autónomas y los centros
y servicios del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 61. Planes de calidad del Sistema Nacional de Salud.—1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas elaborarán periódicamente, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, planes de calidad del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de las competencias autonómicas de planificación sanitaria y de organización de los servicios. Estos planes contendrán los objetivos de calidad prioritarios para el período correspondiente.
2. El Ministro de Sanidad y
Consumo dará cuenta al Senado del cumplimiento de los planes de
calidad del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 62. Evaluación externa.—1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas fomentarán la evaluación externa y periódica de la calidad y la seguridad de los centros y servicios sanitarios mediante auditorías por parte de instituciones públicas o empresas privadas que garanticen una evaluación independiente.
2. La Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud acreditará a las instituciones públicas
y a las empresas privadas competentes para realizar las auditorías
siguiendo los criterios que se acuerden en el seno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud. Los certificados emitidos por estos
auditores serán válidos para todo el Sistema Nacional de Salud.
La Agencia podrá reconocer certificados emitidos por otros evaluadores
que tendrán de esta manera valor para todo el Sistema Nacional de
Salud.
SECCIÓN 2.ª EL OBSERVATORIO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Artículo 63. Observatorio del Sistema Nacional de Salud.—
Se creará el Observatorio del
Sistema Nacional de Salud, órgano dependiente del Ministerio de
Sanidad y Consumo que proporcionará un análisis permanente del Sistema
Nacional de Salud en su conjunto, mediante estudios comparados de
los servicios de salud de las comunidades autónomas en el ámbito
de la organización, provisión de los servicios, gestión sanitaria
y resultados.Su creación se llevará a cabo
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67.1 de
la ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado.
El Observatorio elaborará anualmente
un informe sobre el estado del Sistema Nacional de Salud, que se
presentará por el Ministerio de Sanidad y Consumo al Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
Este informe contendrá análisis
específicos de la salud de mujeres y hombres.
Este
último inciso ha sido añadido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 23), para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
CAPÍTULO VII
De
los planes integrales
Artículo 64. Planes integrales de salud.—1. Sin perjuicio de las competencias autonómicas de planificación sanitaria y de organización de los servicios, el Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en colaboración con las sociedades científicas, elaborarán planes integrales de salud sobre las patologías más prevalentes, relevantes o que supongan una especial carga sociofamiliar, garantizando una atención sanitaria integral, que comprenda su prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
2. Los planes integrales de
salud:
a) Establecerán criterios sobre
la forma de organizar los servicios para atender las patologías
de manera integral y semejante en el conjunto del Sistema Nacional
de Salud.
b) Determinarán los estándares
mínimos y los modelos básicos de atención para la prevención, detección
precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de grupos de enfermedades.
c) Especificarán actuaciones
de efectividad reconocida, identificarán modelos de atención de
estas intervenciones, desarrollarán herramientas de evaluación e
indicadores de actividad, indicarán metas y objetivos para evaluar
el progreso e identificarán insuficiencias en el conocimiento para
orientar las prioridades de investigación.
3. Las comunidades autónomas,
una vez establecidos los estándares generales, bases y criterios,
organizarán sus servicios de acuerdo con el modelo que más se adapte
a sus peculiaridades y necesidades.
CAPÍTULO VIII
De
la salud pública
Artículo 65. Actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria.—1. La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera inmediata de las medidas adoptadas.
2. La declaración de actuaciones
coordinadas obliga a todas las partes incluidas en ella y deberán
encuadrarse en alguno de los supuestos siguientes:
1.º Responder a situaciones
de especial riesgo o alarma para la salud pública.
2.º Dar cumplimiento a acuerdos
internacionales, así como a programas derivados de las exigencias
de la normativa emanada de la Unión Europea, cuando su cumplimiento
y desarrollo deba ser homogéneo en todo el Estado.
Para la realización de las
actuaciones coordinadas podrá acudirse, entre otros, a los siguientes
mecanismos:
a) Utilización común de instrumentos
técnicos.
b) Configuración de una Red
de Laboratorios de Salud Pública.
c) Definición de estándares
mínimos en el análisis e intervención sobre problemas de salud.
d) Coordinación de sistemas
de información epidemiológica y de programas de promoción, protección
de la salud, prevención y control de las enfermedades más prevalentes,
cuando sus efectos trasciendan el ámbito autonómico.
3. La declaración de actuaciones
coordinadas en materia de seguridad alimentaria corresponderá a
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, de acuerda con lo
establecido en la ley 11/2001, de 5 de julio.
CAPÍTULO IX
De
la participación social
Artículo 67. Consejo de Participación Social del Sistema Nacional de Salud.—1. La participación social en el Sistema Nacional de Salud se ejercerá a través de:
a) El Comité Consultivo.
b) El Foro Abierto de Salud.
c) El Foro Virtual.
2. El Comité Consultivo es
el órgano, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, mediante el cual se hace efectiva, de manera
permanente, la participación social en el Sistema Nacional de Salud,
y se ejerce la participación institucional de las organizaciones
sindicales y empresariales en el Sistema Nacional de Salud.
Sus funciones serán la de informar,
asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial
interés para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y,
en cualquier caso, sobre:
1.º Los proyectos normativos
que afecten a las prestaciones sanitarias, su financiación y el
gasto farmacéutico.
2.º Los planes integrales de
salud, cuando sean sometidos a su consulta.
3.º Las disposiciones o acuerdos
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que
afecten directamente a materias relacionadas con los derechos y
deberes de los pacientes y usuarios del sistema sanitario.
4.º Los proyectos de disposiciones
que afecten a principios básicos de la política del personal del
Sistema Nacional de Salud.
5.º Cuantas otras materias
le atribuya el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
El Comité Consultivo recibirá
los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales
en materia sanitaria elaborados por la Administración General del
Estado, así como los informes anuales sobre el estado del Sistema
Nacional de Salud, los análisis y estudios que se elaboren sobre
las prestaciones a las cuales se refiere el capítulo 1 de esta ley
y se remitan al Consejo Interterritorial; asimismo, por iniciativa
propia o del Consejo Interterritorial, formulará propuestas de cuantas
medidas estime oportunas acerca de la política sanitaria.
El Comité Consultivo estará
presidido por el representante de la Administración General del
Estado que designe el Ministro de Sanidad y Consumo. Su funcionamiento
se regulará por su reglamento interno. Estará integrado por los
siguientes miembros, nombrados en los términos que se establezcan
reglamentariamente:
a) Seis representantes de la
Administración General del Estado.
b) Seis representantes de las
comunidades autónomas.
c) Cuatro representantes de
la Administración local.
d) Ocho representantes de las
organizaciones empresariales.
e) Ocho representantes de las
organizaciones sindicales más representativas en el ámbito estatal.
3. El Foro Abierto de Salud
se constituirá, con carácter temporal, a convocatoria del Ministro
de Sanidad y Consumo, para el estudio, debate y formulación de propuestas
sobre temas específicos que en un determinado momento tengan impacto
en el Sistema Nacional de Salud. En él podrán participar las organizaciones,
consejos, sociedades o asociaciones que en cada momento se determine
según la materia a tratar.
4. El Foro Virtual se mantendrá
a través de la red informática.
Artículo 68. Redes de conocimiento.—1. Las Administraciones sanitarias podrán crear redes que generen y transmitan conocimiento científico y favorezcan la participación social en las materias de su competencia. Estas redes se constituyen para servir como plataforma de difusión de la información, intercambio de experiencias y como apoyo a la toma de decisiones a todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.
2. El Ministerio de Sanidad
y Consumo creará una infraestructura de comunicaciones que permita
el intercambio de información y promueva la complementariedad de
actuaciones en las siguientes materias, entre otras:
a) Información, promoción y
educación para la salud.
b) Cooperación internacional.
c) Evaluación de tecnologías
sanitarias.
d) Formación en salud pública
y gestión sanitaria.
3. Las Administraciones públicas
sanitarias apoyarán la participación en estas redes de organismos
internacionales, nacionales, autonómicos, locales o del tercer sector.
CAPÍTULO X
Del
Consejo Interterritorial
Artículo 69. Objeto.—1. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado.
2. El Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud elevará anualmente una memoria de
las actividades desarrolladas al Senado.
Artículo 70. Composición.—El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud está constituido por el Ministro de Sanidad y Consumo, que ostentará su presidencia, y por los Consejeros competentes en materia de sanidad de las comunidades autónomas. La vicepresidencia de este órgano la desempeñará uno de los Consejeros competentes en materia de sanidad de las comunidades autónomas, elegido por todos los Consejeros que lo integran. Asimismo, contará con una Secretaría, órgano de soporte permanente del Consejo, cuyo titular será propuesto por el Ministro de Sanidad y Consumo y ratificado por el mismo Consejo, y asistirá a las sesiones con voz y sin voto.
Cuando la materia de los asuntos
a tratar así lo requiera podrán incorporarse al Consejo otros representantes
de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas.
Artículo 71. Funciones.—El Consejo Interterritorial es el principal instrumento de configuración del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud conocerá, debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre las siguientes materias:
1. En relación con funciones
esenciales en la configuración del Sistema Nacional de Salud:
a) El desarrollo de la cartera
de servicios correspondiente al Catálogo de Prestaciones del Sistema
Nacional de Salud, así como su actualización.
b) El establecimiento de prestaciones
sanitarias complementarias a las prestaciones básicas del Sistema
Nacional de Salud por parte de las comunidades autónomas.
c) El uso tutelado al que se
refiere el artículo 22 de esta ley.
d) Los criterios marco que
permitan garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones
del Sistema Nacional de Salud.
e) Las garantías mínimas de
seguridad y calidad para la autorización de la apertura y puesta
en funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
f) Los servicios de referencia
del Sistema Nacional de Salud.
g) Los criterios generales
y comunes para el desarrollo de la colaboración de las oficinas
de farmacia, por medio de conciertos que garanticen a los ciudadanos
la dispensación en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio
nacional, independientemente de su Comunidad Autónoma de residencia.
h) Los criterios básicos y
condiciones de las convocatorias de profesionales que aseguren su
movilidad en todo el territorio del Estado.
i) La iniciativa sectorial
de investigación en salud.
j) Los criterios, sistemas
y medios de relación que permitan la información recíproca en el
Sistema Nacional de Salud, así como los criterios de seguridad y
accesibilidad del sistema de información.
k) Los criterios para la elaboración
y evaluación de las políticas de calidad elaboradas para el conjunto
del Sistema Nacional de Salud.
l) La declaración de la necesidad
de realizar las actuaciones coordinadas en materia de salud pública
a las que se refiere esta ley.
m) La aprobación de los planes
integrales a los que se refiere esta ley.
n) Los criterios generales
sobre financiación pública de medicamentos y productos sanitarios
y sus variables.
ñ) El establecimiento de criterios
y mecanismos en orden a garantizar en todo momento la suficiencia
financiera del sistema y el carácter equitativo y de superación
de las desigualdades que lo definen, sin perjuicio de las competencias
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas.
o) La definición de objetivos
y estrategias de funcionamiento de los organismos y restantes estructuras
de apoyo dependientes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud.
p) Cualquier otra función que
le atribuya ésta u otras disposiciones de carácter esencial para
la configuración del Sistema Nacional de Salud.
Las anteriores funciones se
ejercerán sin menoscabo de las competencias legislativas de las
Cortes Generales y, en su caso, normativas de la Administración
General del Estado, así como de las competencias de desarrollo normativo,
ejecutivas y organizativas de las comunidades autónomas.
2. En relación con funciones
de asesoramiento, planificación y evaluación en el Sistema Nacional
de Salud:
a) La evolución de los planes
autonómicos de salud y la formulación de los planes conjuntos y
del Plan integral de salud a que se refieren los artículos 71 y
74 siguientes de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
b) La evaluación de las actividades
y la formación de propuestas que permitan una planificación estratégica
del sector farmacéutico —industria, distribución y oficinas
de farmacia— con el fin de que dichas actividades se adecuen
a las necesidades del Sistema Nacional de Salud y de los ciudadanos
en materia de medicamentos y prestación farmacéutica.
c) Los planes y programas sanitarios,
especialmente los que se refieren a la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, que impliquen a todas o a una parte
de las comunidades autónomas.
d) Las líneas genéricas del
programa formativo de los profesionales del Sistema Nacional de
Salud, así como los criterios básicos de acreditación de centros
y servicios para la docencia de postgrado y para la evaluación de
la competencia.
e) La evaluación de las políticas
de calidad implementadas en el seno del Sistema Nacional de Salud
y la evaluación de la eficacia, eficiencia y seguridad de las nuevas
técnicas, tecnologías y procedimientos que resulten relevantes para
la salud y la atención sanitaria.
f) La memoria anual sobre el
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
g) El plan de actuaciones y
los resultados que arroje la gestión de los organismos o estructuras
dependientes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
h) En materia de asesoramiento,
planificación y evaluación en el Sistema Nacional de Salud, cualquier
otra función que le atribuya esta u otras disposiciones.
3. En relación con funciones
de coordinación del Sistema Nacional de Salud:
a) El seguimiento de las acciones
de coordinación a las que se refiere el artículo 5 de esta ley.
b) Los asuntos en materia de
sanidad, asistencia sanitaria, productos farmacéuticos y consumo
para conformar, de manera coordinada, la voluntad del Estado en
el seno de las Comunidades Europeas en estas materias, así como
coordinar la implantación en el Sistema Nacional de Salud de las
medidas, decisiones y orientaciones adoptadas en las Comunidades
Europeas.
c) Los criterios para coordinar
los programas de control de calidad y seguridad de los medicamentos
establecidos por el Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades
autónomas.
d) Los principios generales
de coordinación respecto a los requisitos comunes y las condiciones
para la financiación y desarrollo de los ensayos clínicos en el
Sistema Nacional de Salud.
e) Los criterios para la coordinación
de la política general de recursos humanos del Sistema Nacional
de Salud.
f) Los acuerdos sanitarios
internacionales por los que se colabore con otros países y organismos
internacionales en las materias a las que se refiere el artículo
39 de la ley General de Sanidad.
g) En general, coordinar aquellos
aspectos relacionados con acciones sanitarias del Sistema Nacional
de Salud que dispongan las leyes o que, de acuerdo con su naturaleza,
precisen de una actuación coordinada de las Administraciones sanitarias públicas.
4. En relación con funciones
de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas:
a) Los acuerdos entre las distintas
Administraciones sanitarias para conseguir objetivos de común interés
de todos los servicios de salud.
b) Los criterios generales
para el desarrollo de programas que integren acciones de cooperación
al desarrollo sanitario.
c) En general, todos aquellos
asuntos que los miembros del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud consideren de interés general para el conocimiento
y la colaboración en el seno del Consejo.
Artículo 72. Acciones sanitarias conjuntas.—Las Administraciones sanitarias, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podrán establecer acuerdos de cooperación para llevar a cabo actuaciones sanitarias conjuntas en materia de protección de la salud, atención sanitaria, farmacia y productos sanitarios, recursos humanos y relaciones internacionales, entre otras. Su formalización se efectuará mediante convenios del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 73. Régimen de Funcionamiento. Acuerdos.—1. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobará su reglamento interno.
2. Los acuerdos del Consejo
se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su
caso, por consenso.
Artículo 74. Comisiones y grupos de trabajo.—El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará la creación de cuantas comisiones y grupos de trabajo considere necesarios para la preparación, el estudio y desarrollo de las cuestiones sometidas a su conocimiento.
La Comisión Delegada, integrada
por el Secretario General de Sanidad, que lo presidirá, un representante
de cada Comunidad Autónoma con rango de viceconsejero o equivalente
y un representante del Ministerio de Sanidad y Consumo, que actuará de
secretario. La vicepresidencia la ostentará uno de los representantes
de las comunidades autónomas, elegido por todos los representantes
de este nivel de gobierno que la integran.
La Comisión Delegada ejercerá
las funciones y adoptará las decisiones que el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud le delegue y, en todo caso, actuará
como órgano de apoyo y discusión previa de cuantos asuntos hayan
de ser sometidos al Consejo y como órgano de coordinación técnica
y administrativa en aquellas cuestiones que sean de su competencia.
Esta comisión podrá establecer
las subcomisiones y grupos de trabajo que resulten necesarios para
el adecuado ejercicio de sus funciones.
Artículo 75. Adscripción de organismos y estructuras de apoyo y cooperación al Consejo.—En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrán formularse las propuestas de actuación de la Agencia de Calidad, el Observatorio y el Instituto de Información Sanitaria, con el objeto de definir estrategias y objetivos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
CAPÍTULO XI
De
la Alta Inspección
Artículo 76. Funciones y actividades de la Alta Inspección.—1. El Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas en materia de sanidad y de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las leyes.
2. Corresponde a la Alta Inspección:
a) Supervisar la adecuación
entre los planes y programas sanitarios de las comunidades autónomas
y los objetivos de carácter general establecidos por el Estado.
b) Evaluar el cumplimiento
de fines y objetivos comunes y determinar las dificultades o deficiencias
genéricas o estructurales que impidan alcanzar o distorsionen el
funcionamiento de un sistema sanitario coherente, armónico y solidario.
c) Supervisar el destino y
utilización de los fondos y subvenciones propios del Estado asignados
a las comunidades autónomas que tengan un destino o finalidad determinada.
d) Comprobar que los fondos
correspondientes a los servicios de salud de las comunidades autónomas
son utilizados de acuerdo con los principios generales de esta ley.
e) Supervisar la adscripción
a fines sanitarios de centros, servicios o establecimientos del
Estado transferidos con dicha finalidad, sin perjuicio de las reordenaciones
que puedan acordar las correspondientes comunidades autónomas y,
en su caso, las demás Administraciones públicas.
f) Verificar la inexistencia
de cualquier tipo de discriminación en los sistemas de administración
y regímenes de prestación de los servicios sanitarios, así coma
de los sistemas o procedimientos de selección y provisión de sus
puestos de trabajo.
g) Supervisar que el ejercicio
de las competencias en materia de sanidad se ajusta a criterios
de participación democrática de todos los interesados; a tal efecto,
se estará a lo dispuesto en el artículo 5. 2 de la ley General de
Sanidad.
3. Las funciones de Alta Inspección
se ejercerán por los órganos del Estado competentes en materia de
sanidad. Los funcionarios de la Administración del Estado que ejerzan
la Alta Inspección gozarán de las consideraciones de autoridad pública
a todos los efectos, y en sus actuaciones podrán recabar de las
autoridades del Estado y de los órganos de las comunidades autónomas
y demás Administraciones públicas la colaboración necesaria para
el cumplimiento de las funciones que les estén legalmente encomendadas.
4. Cuando, como consecuencia
del ejercicio de las funciones de Alta Inspección, se comprueben
incumplimientos por parte de la Comunidad Autónoma, las autoridades
sanitarias del Estado le advertirán de esta circunstancia a través
del Delegado del Gobierno.
5. Si una vez efectuada dicha
advertencia se comprobase que persiste la situación de incumplimiento,
el Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, requerirá
formalmente al órgano competente de la Comunidad Autónoma para que adopte
las medidas precisas.
6. Las decisiones que adopte
la Administración del Estado en ejercicio de sus competencias de
Alta Inspección se comunicarán siempre al máximo órgano responsable
del servicio de salud de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 77. Plan de inspección sanitaria.—El Ministerio de Sanidad y Consumo presentará en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el plan anual de actividades de la Alta Inspección, que incluirá programas reglados de inspección, aplicando técnicas de auditoría eficaces y colaborando con los servicios de inspección de las comunidades autónomas.
Artículo 78. Memoria.—La Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud elaborará una memoria anual sobre el funcionamiento del sistema que deberá presentarse al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su debate.
Artículo 79. Coordinación y cooperación de la inspección en el Sistema Nacional de Salud.—La Alta Inspección del Estado establecerá mecanismos de coordinación y cooperación con los servicios de inspección de las comunidades autónomas, en especial en lo referente a la coordinación de las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de fraude, abuso, corrupción o desviación de las prestaciones o servicios sanitarios con cargo al sector público, cuando razones de interés general así lo aconsejen.
Para ello, la Alta Inspección
desarrollará las siguientes actividades:
a) La creación y mantenimiento
de una base de datos compartida con los servicios de inspección
del Sistema Nacional de Salud.
b) El desarrollo de la colaboración
entre los diferentes servicios de inspección en el Sistema Nacional
de Salud en programas de actuación conjunta en materia de control
de evaluación de servicios y prestaciones.
c) El seguimiento, desde los
ámbitos sanitarios, de la lucha contra el fraude en el Sistema Nacional
de Salud, tanto en materia de la incapacidad temporal, como de los
programas que se puedan promover en relación con áreas identificadas
como susceptibles de generar bolsas de fraude en prestaciones o
supongan desviaciones de marcada incidencia económica.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Competencias del Estado en relación con Ceuta y Melilla.—Las referencias que en esta ley se realizan a las competencias de las comunidades autónomas se entenderán hechas al Estado en relación con las Ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de las competencias de dichas ciudades.
Disposición adicional segunda. Asistencia sanitaria en el extranjero.—Lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica reguladora del derecho a la asistencia sanitaria de los trabajadores españoles desplazados al extranjero al servicio de empresas españolas y del personal al servicio de la Administración pública en el extranjero.
Disposición adicional tercera. Competencias de otras Administraciones públicas en relación con las entidades sanitarias no integradas en el Sistema Nacional de Salud.—El ejercicio de las acciones a las que se refiere el artículo 6.º de esta ley se entiende sin perjuicio de las que correspondan a las demás Administraciones públicas competentes, en virtud de los conciertos celebrados al amparo de su legislación específica para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas.
Disposición adicional cuarta. Extensión del contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.—
1. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la
Mutualidad General Judicial (MUGEJU), como integrantes del Sistema
Nacional de Salud en su calidad de entidades gestoras de los Regímenes
Especiales de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado, de las Fuerzas Armadas y del Personal al Servicio de la
Administración de Justicia, respectivamente, tendrán que garantizar
el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de
Salud, así como las garantías sobre accesibilidad, movilidad, calidad,
seguridad, información y tiempo recogidas en esta ley, de acuerdo
con lo dispuesto en su normativa específica.En materia de salud pública, se exceptúan de la Cartera
de Servicios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de dichas Mutualidades
las actuaciones de vigilancia epidemiológica, protección y promoción
de la seguridad alimentaria, protección y promoción de la sanidad
ambiental, vigilancia y control de los riesgos derivados de la importación
y transito de bienes y viajeros, y las acciones generales de protección
y promoción de la salud relacionadas con la prevención y abordaje
de las epidemias y catástrofes.
En todo caso, los profesionales y centros sanitarios que
prestan servicio al colectivo protegido por las Mutualidades de
funcionarios en virtud de los conciertos suscritos por estas con
las Entidades de Seguro Libre están obligados a colaborar con las autoridades
competentes en las actuaciones emprendidas en materia de salud pública.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, las
entidades colaboradoras y mutuas con responsabilidades de cobertura de
asistencia sanitaria pública tendrán que garantizar, en lo que resulte
de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en su normativa específica,
el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de
Salud, así como las garantías sobre accesibilidad, movilidad, calidad,
seguridad, información y tiempo recogidas en esta ley.
Esta
disposición adicional cuarta ha sido redactada por la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE del 5), General
de Salud Pública.
Disposición adicional quinta. Fondo de cohesión.—El Fondo de cohesión tiene por finalidad garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español y la atención a ciudadanos desplazados procedentes de países de la Unión Europea o de países con los que España tenga suscritos convenios de asistencia sanitaria recíproca, y será gestionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
El Ministerio de Sanidad y
Consumo, a través del Fondo de cohesión sanitaria y según se determine
reglamentariamente, realizará políticas que aseguren la cohesión
sanitaria y la corrección de desigualdades. Estas políticas se desarrollarán
mediante planes integrales de salud, que tendrán en cuenta variables
epidemiológicas y sociales que supongan una mayor necesidad de servicio,
tales como patologías crónicas, morbimortalidad estandarizada por
edad, población infantil, población inmigrante y otras de carácter
similar.
Disposición adicional sexta. Transferencia a las comunidades autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias.—Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.
A tal efecto, en el plazo de
18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente
Real Decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios
penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema
de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía.
Disposición adicional séptima. Cooperación al desarrollo sanitario.—Para la cooperación al desarrollo sanitario en países con necesidades en materia de salud, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud elaborará un catálogo de recursos a disposición de programas de cooperación internacional, en coherencia con los valores de equidad y de lucha por la disminución de las desigualdades que inspiran el Sistema Nacional de Salud.
Sin perjuicio de lo previsto
en el párrafo anterior, las comunidades autónomas, en el ejercicio
de sus competencias, podrán elaborar y desarrollar programas de
cooperación al desarrollo sanitario, a cuyo efecto podrán recabar
el apoyo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Disposición adicional octava. Centros de referencia.—
En relación con los criterios
para el establecimiento de los servicios de referencia se considerará
a las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears como
estratégicas dentro del Sistema Nacional de Salud, y la atención
en los centros de referencia que en ellas se ubiquen serán también
financiadas con cargo al Fondo de cohesión sanitaria.Esta
disposición adicional octava ha sido redactada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE del 31), de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, con entrada en vigor
el día 1 de enero de 2004.
Disposición adicional novena. Régimen económico y fiscal de Canarias.—La aplicación de lo dispuesto en los artículos 10, 22 y 28 de esta ley, en cuanto afecta a la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, se llevará a cabo respetando y salvaguardando su peculiar régimen económico y fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las comunidades autónomas, y en la disposición adicional tercera de la ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Disposición adicional décima. Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.—1. Con la finalidad de facilitar la adecuada planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del Estado y de coordinar las políticas de recursos humanos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, se crea en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios que se integrará en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
2. Dicho Registro, que se implementará en soporte digital,
se nutrirá de los registros oficiales de profesionales, obrantes
en las administraciones estatal y autonómicas, en los colegios profesionales,
consejos autonómicos y consejos generales de los mismos, en los
centros sanitarios privados y en las entidades de seguros que operen
en el ramo de la enfermedad, que estarán obligados a facilitar los
datos que se consideren necesarios, con sujeción a los criterios
que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud en los términos previstos en el artículo 53.3 de esta ley.
3. El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios será
público en lo que se refiere al nombre, titulación, especialidad,
lugar de ejercicio, categoría y función del profesional, así como
en lo referente a la titulación, especialidad, Diploma de Área de
Capacitación Específica y de Acreditación y Acreditación Avanzada,
si los hubiere, y a las fechas de obtención y revalidación de cada uno
de ellos.
4. Será de aplicación al Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Corresponde al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad la adopción de las medidas de seguridad
técnicas y organizativas previstas en la mencionada normativa, velando
en particular porque no quepa el acceso indiscriminado a los datos
que no tengan carácter público conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior.
Asimismo, corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad implementar de forma progresiva el Registro Estatal
de Profesionales Sanitarios a las distintas profesiones sanitarias
y la actualización permanente de los datos que el mismo contenga,
en particular, siempre que se produzca una incidencia derivada del
ejercicio profesional.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Disposición derogatoria primera.—Quedan derogados los artículos 43 y 47 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como cuantas otras normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.
Disposición derogatoria segunda.—Quedan derogados los artículos 1, 2 y 5 , así como los apartados 3 y 4 del artículo 6 , del Real Decreto 1035/1999, de 18 de junio, por el que se regula el sistema de precios de referencia en la financiación de medicamentos con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Título competencial.—1. Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª, 16.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad y régimen económico de la Seguridad Social.
2. Se exceptúan de lo dispuesto
en el apartado anterior los siguientes preceptos:
a) Los artículos 10, 22.3 y el último párrafo del artículo 28.2 que se dictan al amparo del
artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia
exclusiva en materia de Hacienda general y que se entenderán sin
perjuicio de los regímenes forales del País Vasco y Navarra.
b) El capítulo IV, que se dicta
al amparo del artículo 149.1.15.ª de la Constitución, que atribuye
al Estado competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación
general de la investigación científica y técnica.
c) La sección 1.ª del capítulo
II, los artículos 54, 58, 60 y 63 y la disposición adicional primera que son aplicables únicamente a
la Administración General del Estado.
Disposición final segunda. Equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud.—El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, dictará las disposiciones necesarias para la creación de un órgano colegiado interministerial que informará preceptivamente aquellos asuntos que tengan trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas.
El citado informe será presentado
por dicho órgano colegiado interministerial al Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud. Por su parte, el Ministerio de Hacienda
trasladará este informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera,
el cual propondrá, en su caso, las medidas necesarias para garantizar
el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud.
Disposición final tercera. Modificación de la ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.—[...]
Disposición final cuarta. Adaptación de la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo.—El Gobierno, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta ley, modificará la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo, con objeto de proceder a la creación del Instituto de Información Sanitaria, de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y del Observatorio del Sistema Nacional de Salud y a la supresión de las subdirecciones generales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1.a) de la ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
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