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LEY 50/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO (BOE DEL 28)
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Título I. Del Gobierno: composición, organización y órganos de colaboración y apoyo (Arts. 1 a 10)
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LEY 50/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO (BOE DEL 28)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la aprobación de la Constitución Española en 1978,
puede observarse con satisfacción como su espíritu, principios y articulado
han tenido el correspondiente desarrollo normativo en textos de
rango legal, impulsando un período de fecunda producción legislativa
para incorporar plenamente los principios democráticos al funcionamiento
de los poderes e instituciones que conforman el Estado Español.
En efecto, el conjunto de los poderes y órganos constitucionales
han sido objeto de leyes que, con posterioridad a la Constitución,
establecen las pautas de su organización, competencia y normas de
funcionamiento a la luz de la norma vértice de nuestro ordenamiento
democrático.
Existe, sin embargo, un relevante ámbito de los poderes
constitucionales al que todavía no ha llegado el desarrollo legal
de la Constitución. Tal es el caso del núcleo esencial de la configuración
del poder ejecutivo como es el propio Gobierno. En efecto, carece
todavía el Gobierno, como supremo órgano de la dirección de la política
interior y exterior del Reino de España, de texto legal que contemple
su organización, competencia y funcionamiento en el espíritu, principios
y texto constitucional. Tal es el importante paso que se da con
la presente Ley.
La Constitución de 1978 establece los principios y criterios
básicos que deben presidir el régimen jurídico del Gobierno, siendo su
artículo 97 el precepto clave en la determinación de la posición
constitucional del mismo.
Al propio tiempo, el artículo 98 contiene un mandato dirigido
al legislador para que éste proceda al correspondiente desarrollo normativo
del citado órgano constitucional en lo que se refiere a la determinación
de sus miembros y estatuto e incompatibilidades de los mismos.
Por otra parte, el Gobierno no puede ser privado de sus
características propias de origen constitucional si no es a través
de una reforma de la Constitución ("garantía institucional").
Ahora bien, la potestad legislativa puede y debe operar autónomamente siempre
y cuando no lleguen a infringirse principios o normas constitucionales.
Por ello, en lo que se refiere a aspectos orgánicos, procedimentales
o funcionales, la presente Ley aparece como conveniente; y, en cuanto
se trate de precisar y desarrollar las previsiones concretas de
remisión normativa contenida en la Constitución, la Ley aparece
como necesaria. Avala además la pertinencia del presente texto el
hecho de que la organización y el funcionamiento del Gobierno se
encuentra en textos legales dispersos, algunos de ellos preconstitucionales,
y, por tanto, no del todo coherentes con el contenido de nuestra
Carta Magna.
Tres principios configuran el funcionamiento del Gobierno:
el principio de dirección presidencial, que otorga al Presidente
del Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas
que deberá seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; la
colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros;
y, por último, el principio departamental que otorga al titular
de cada Departamento una amplia autonomía y responsabilidad en el
ámbito de su respectiva gestión.
Desde estos planteamientos, en el título I se regula la
posición constitucional del Gobierno, así como su composición, con
la distinción entre órganos individuales y colegiados. Al propio
tiempo, se destacan las funciones que, con especial relevancia,
corresponden al Presidente y al Consejo de Ministros. Asimismo,
se regula la creación, composición y funciones de las Comisiones Delegadas
del Gobierno, órganos con una aquilatada tradición en nuestro Derecho.
En efecto, el artículo 98.1 de nuestra Carta Magna establece
una composición fija -aún con elementos disponibles- del Gobierno,
remitiéndose a la Ley para determinar el resto de sus componentes.
En este sentido, se opta ahora por un desarrollo estricto del precepto
constitucional, considerando como miembros del Gobierno al Presidente,
a los Vicepresidentes cuando existan, y a los Ministros. En cuanto
a la posición relativa de los miembros del Gobierno, se destaca
la importancia del Presidente, con fundamento en el principio de
dirección presidencial, dado que del mismo depende, en definitiva,
la existencia misma del Gobierno. El Derecho comparado es prácticamente
unánime en consagrar la existencia de un evidente desequilibrio
institucionalizado entre la posición del Presidente, de supremacía,
y la de los demás miembros del Gobierno. Nuestra Constitución y,
por tanto, también la Ley se adscriben decididamente a dicha tesis.
Se mantiene, como no podía ser de otra manera, el carácter
disponible de los Vicepresidentes, cuya existencia real en cada formación
concreta del Gobierno dependerá de la decisión del Presidente. No
se ha estimado conveniente, por otra parte, aumentar cualitativamente
el número de categorías de quienes pueden ser miembros del Gobierno
aun cuando esa posibilidad se encuentra permitida por el inciso
final del artículo 98.1. En este sentido, si bien se contempla expresamente
la figura de los Ministros sin cartera, no cabe duda de que su consideración
es precisamente la de Ministros. Y desde esa posición, desempeñan una
función política, encargándose de tareas que no corresponden, en
principio ni en exclusiva, a uno de los Departamentos existentes.
No son, en consecuencia, esos otros posibles miembros del Gobierno
a que se refiere el artículo 98.1 de la Constitución.
Por lo que respecta a los Secretarios de Estado, se opta
por potenciar su "status" y su ámbito funcional
sin llegar a incluirlos en el Gobierno. Serán órganos de colaboración
muy cualificados del Gobierno, pero no miembros, si bien su importancia
destaca sobre el resto de órganos de colaboración y apoyo en virtud
de su fundamental misión al frente de importantes parcelas de actividad
política y administrativa, lo que les convierte, junto con los Ministros,
en un engarce fundamental entre el Gobierno y la Administración.
El texto regula, asimismo, la Comisión General de Secretarios
de Estado y Subsecretarios, con funciones preparatorias del Consejo
de Ministros, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes.
El título II se dedica a regular el estatuto de los miembros
del Gobierno -cumpliendo el mandato contenido en el artículo
98.4 de la Constitución- y, en especial, los requisitos
de acceso al cargo, su nombramiento y cese, el sistema de suplencias
y el régimen de incompatibilidades.
Igualmente se contienen las normas sobre nombramiento,
cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado; y
el régimen de nombramiento y cese de los Directores de Gabinete.
En el título III se pormenorizan, dentro de los lógicos
límites que impone el rango de la norma, las reglas de funcionamiento del
Gobierno, con especial atención al Consejo de Ministros y a los
demás órganos del Gobierno y de colaboración y apoyo al mismo. También
se incluye una referencia especial a la delegación de competencias,
fijando con claridad sus límites, así como las materias que resultan
indelegables.
El título IV se dedica exclusivamente a regular el Gobierno
en funciones, una de las principales novedades de la Ley, con base en
el principio de lealtad constitucional, delimitando su propia posición
constitucional y entendiendo que el objetivo último de toda su actuación
radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de
formación del nuevo Gobierno.
Por último, en el título V se regula el procedimiento
para el ejercicio por el Gobierno de la iniciativa legislativa que
le corresponde, comprendiendo dos fases principales en las que interviene
el Consejo de Ministros, asumiendo la iniciativa legislativa, en un
primer momento, y culminando con la aprobación del proyecto de ley.
Se regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria,
con especial referencia al procedimiento de elaboración de los reglamentos
y a la forma de las disposiciones y resoluciones del Gobierno, de
sus miembros y de las Comisiones Delegadas. De este modo, el texto
procede a una ordenación de las normas reglamentarias con base en
los principios de jerarquía y de competencia, criterio este último
que preside la relación entre los Reales Decretos del Consejo de
Ministros y los Reales Decretos del Presidente del Gobierno, cuya
parcela propia se sitúa en la materia funcional y operativa del
órgano complejo que es el Gobierno.
Finalmente, se regulan diversas formas de control de los
actos del Gobierno, de conformidad con lo establecido por nuestra Constitución
y por nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria, con la
finalidad de garantizar el control jurídico de toda la actividad
del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.
TÍTULO I
Del Gobierno: composición,
organización y órganos de colaboración y apoyo
CAPÍTULO I
Del Gobierno, su composición,
organización y funciones
Artículo 1. Del Gobierno.-1. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
2. El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente
o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros.
3. Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros
y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
Artículo 2. Del Presidente del Gobierno.-1. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión.
2. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:
a) Representar al Gobierno.
b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar
las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de
Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa
deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.
e) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo,
previa autorización del Congreso de los Diputados.
f) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de
las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora
de la defensa nacional y de la organización militar.
g) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las
reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 62.g) de la Constitución.
h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle,
para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución.
i) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los
Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado.
Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica
de la Presidencia del Gobierno.
k) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los
Vicepresidentes y de los Ministros.
l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan
surgir entre los diferentes Ministerios.
m) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.
n) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la
Constitución y las leyes.
Artículo 3. Del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno.-1. Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente.
2. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento
Ministerial, ostentará, además, la condición de Ministro.
Artículo 4. De los Ministros.-1. Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de
su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo
de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.
b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias
de su Departamento.
c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las
leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y
cualesquiera otras disposiciones.
d) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia
de su competencia.
2. Además de los Ministros titulares de un Departamento,
podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá
la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales.
Artículo 5. Del Consejo de Ministros.-1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde:
a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso
de los Diputados o, en su caso, al Senado.
b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
c) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos
Legislativos.
d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales,
así como su aplicación provisional.
e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales
en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.
f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer
al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito,
cuando haya sido autorizado por una ley.
h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución
de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las
demás disposiciones reglamentarias que procedan.
i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos
de los Departamentos Ministeriales.
j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes
para todos los órganos de la Administración General del Estado.
k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la
Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.
2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir
los Secretarios de Estado cuando sean convocados.
3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.
Artículo 6. De las Comisiones Delegadas del Gobierno.-1. La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.
2. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada
deberá especificar, en todo caso:
a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de
la Comisión.
b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios
de Estado que la integran.
c) Las funciones que se atribuyen a la Comisión.
d) El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría
de la misma.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán
ser convocados a las reuniones de las Comisiones Delegadas los titulares
de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración
General del Estado que se estime conveniente.
4. Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos
colegiados del Gobierno:
a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan
relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren
la Comisión.
b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios,
requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución
por el Consejo de Ministros.
c) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio,
no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
d) Ejercer cualquier otra atribución que les confiera
el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.
5. Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del
Gobierno serán secretas.
CAPÍTULO II
De los órganos de colaboración
y apoyo del Gobierno
Artículo 7. De los Secretarios de Estado.-1. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.
2. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento
al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno,
actúan bajo la dirección del Presidente. Asimismo, podrán ostentar
por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación
de éstos en materias propias de su competencia, incluidas aquéllas
con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las
normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con
las Organizaciones internacionales.
3. Las competencias de los Secretarios de Estado son las
que se determinan en la Ley de organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado.
Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.-1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales.
2. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios
de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno
o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. La Secretaría de
la Comisión será ejercida por quien se determine reglamentariamente.
3. Las reuniones de la Comisión tienen carácter preparatorio
de las sesiones del Consejo de Ministros. En ningún caso la Comisión
podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.
4. Todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación
del Consejo de Ministros deben ser examinados por la Comisión, excepto
aquéllos que se determinen por las normas de funcionamiento de aquél.
Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno.-1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones:
a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de
Ministros.
b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros
de los órganos colegiados anteriormente enumerados.
c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las
Comisiones Delegadas del Gobierno.
d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes
del día y actas de las reuniones.
e) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones
y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el "Boletín
Oficial del Estado".
2. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura
orgánica del Ministerio de la Presidencia.
Artículo 10. De los Gabinetes.-1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella.
Particularmente les prestan su apoyo en el desarrollo
de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter
parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización
administrativa.
2. A los Directores, Subdirectores y demás miembros de
estos Gabinetes les corresponde el nivel orgánico que reglamentariamente
se determine.
3. El número y las retribuciones de sus miembros se determinan
por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias
establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones
de la Administración General del Estado.
TÍTULO II
Del estatuto de los miembros
del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de los Directores de
los Gabinetes
CAPÍTULO I
De los miembros del Gobierno
Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo.-Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.
Artículo 12. Del nombramiento y cese.-1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución.
2. Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados
por el Rey, a propuesta de su Presidente.
3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno y
de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.
Artículo 13. De la suplencia.-1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos.
2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario
de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto
del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro
miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará la causa y el carácter
de la suplencia.
Artículo 14. Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno.-1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
2. Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno
el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración
General del Estado.
CAPÍTULO II
De los Secretarios de Estado
Artículo 15. Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado.-1. Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.
2. La suplencia de los Secretarios de Estado del mismo
Departamento se determinará según el orden de precedencia que se
derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio.
3. Los Secretarios de Estado dependientes directamente
de la Presidencia del Gobierno serán suplidos por quien designe el
Presidente.
4. Es de aplicación a los Secretarios de Estado el régimen
de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración
General del Estado.
CAPÍTULO III
De los Directores de los
Gabinetes de Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios
de Estado
Artículo 16. Del nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes.-1. Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros serán nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
2. Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado
serán nombrados por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo
de Ministros.
3. Los Directores de los Gabinetes cesarán automáticamente
cuando cese el titular del cargo del que dependen. En el supuesto
del Gobierno en funciones continuarán hasta la formación del nuevo
Gobierno.
4. Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes
a que se refiere este artículo pasarán a la situación de servicios
especiales, salvo que opten por permanecer en la situación de servicio
activo en su Administración de origen.
Del mismo modo, el personal no funcionario que se incorpore
a estos Gabinetes tendrá derecho a la reserva del puesto y antigüedad,
conforme a lo dispuesto en su legislación específica.
TÍTULO III
De las normas de funcionamiento
del Gobierno y de la delegación de competencias
Artículo 17. De las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno.-El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, por la presente Ley y por:
a) Los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre
la composición y organización del Gobierno, así como de sus órganos
de colaboración y apoyo.
b) Las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento
y actuación emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de
Ministros.
Artículo 18. Del funcionamiento del Consejo de Ministros.-1. El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia.
2. Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener
carácter decisorio o deliberante.
3. El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros
se fijará por el Presidente del Gobierno.
4. De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará
acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas
al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes,
los acuerdos adoptados y los informes presentados.
Artículo 19. De las actas de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.-A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18 de la presente Leyen relación con las actas de dichos órganos colegiados.
Artículo 20. De la delegación de competencias.-1. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:
a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente
o Vicepresidentes y de los Ministros.
b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado
dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades
Autónomas y de los órganos directivos del Ministerio.
2. Asimismo, son delegables las funciones administrativas
del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno.
3. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:
a) Las atribuidas directamente por la Constitución.
b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos
cargos atribuidas al Consejo de Ministros.
c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno,
con la excepción prevista en el apartado 2 de este artículo.
d) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente
la delegación.
TÍTULO IV
Del Gobierno en funciones
Artículo 21. Del Gobierno en funciones.-1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la
toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas
en esta Ley.
3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo
del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes
al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos
públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente
acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa
así lo justifique, cualesquiera otras medidas.
4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer
las siguientes facultades:
a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras,
o de las Cortes Generales.
b) Plantear la cuestión de confianza.
c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes
facultades:
a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados
o, en su caso, al Senado.
6. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes
Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno
esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones
generales.
TÍTULO V
De la iniciativa legislativa,
de la potestad reglamentaria y del control de los actos del Gobierno
Artículo 22. De la iniciativa legislativa del Gobierno.-
1. El Gobierno ejercerá la iniciativa legislativa prevista
en los artículos 87 y 88 de la Constitución mediante la elaboración,
aprobación y posterior remisión de los proyectos de ley al Congreso de
los Diputados o, en su caso, al Senado.2. El procedimiento de elaboración de proyectos de ley
a que se refiere el apartado anterior, se iniciará en el ministerio
o ministerios competentes mediante la elaboración del correspondiente
anteproyecto, que irá acompañado por la memoria, los estudios o
informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, un informe
sobre el impacto por la razón de género de las medidas que se establecen
en el mismo, así como por una memoria económica que contenga la
estimación del coste a que dará lugar.
En todo caso, los anteproyectos de ley habrán de ser informados
por la Secretaría General Técnica.
Este apartado 2 ha
sido redactado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre (BOE del 14),
sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género
en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
3. El titular del Departamento proponente elevará el Anteproyecto
al Consejo de Ministros a fin de que éste decida sobre los ulteriores
trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes
que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización,
sin perjuicio de los legalmente preceptivos.
4. Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el
apartado anterior, el titular del Departamento proponente someterá
el Anteproyecto, de nuevo, al Consejo de Ministros para su aprobación
como Proyecto de Ley y su remisión al Congreso de los Diputados
o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos
y de la Memoria y demás antecedentes necesarios para pronunciarse
sobre él.
5. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, el Consejo
de Ministros podrá prescindir de los trámites contemplados en el
apartado tercero de este artículo, salvo los que tengan carácter
preceptivo, y acordar la aprobación de un Proyecto de Ley y su remisión
al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
Artículo 23. De la potestad reglamentaria.-1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de acuerdo con la Constitución y las leyes.
2. Los reglamentos no podrán regular materias objeto de
reserva de ley, ni infringir normas con dicho rango. Además, sin perjuicio
de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley,
no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas,
establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras
cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
3. Los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas
de competencia y jerarquía:
1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente
del Gobierno o del Consejo de Ministros.
2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Ningún reglamento podrá vulnerar preceptos de otro de
jerarquía superior.
4. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren
lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por
órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado.
Artículo 24. Del procedimiento de elaboración de los reglamentos.-
1. La elaboración de los reglamentos se ajustará al siguiente
procedimiento:a) La iniciación del procedimiento de elaboración de un
reglamento se llevará a cabo por el centro directivo competente
mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que se
acompañará un informe sobre la necesidad y oportunidad de aquél, así
como una memoria económica que contenga la estimación del coste
a que dará lugar.
b) A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse,
además de los informes, dictámenes y aprobaciones previas preceptivos,
cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar
el acierto y la legalidad del texto.
En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de
un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que
se establecen en el mismo.
Este párrafo segundo
ha sido incorporado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre (BOE del
14), sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
c) Elaborado el texto de una disposición que afecte a
los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará
audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días
hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones
reconocidas por la ley que los agrupen o los representen y cuyos
fines guarden relación directa con el objeto de la disposición.
La decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a
los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente
por el órgano que acuerde la apertura del trámite de audiencia.
Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje,
será sometida a información pública durante el plazo indicado.
Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete
días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen.
Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones de interés
público, que asimismo deberán explicitarse, lo exijan.
d) No será necesario el trámite previsto en la letra anterior,
si las organizaciones o asociaciones mencionadas hubieran participado
por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración indicado
en el apartado b).
e) El trámite de audiencia a los ciudadanos, en sus diversas
formas, reguladas en la letra c), no se aplicará a las disposiciones
que regulan los órganos, cargos y autoridades de la presente Ley,
así como a las disposiciones orgánicas de la Administración General
del Estado o de las organizaciones dependientes o adscritas a ella.
f) Junto a la memoria o informe sucintos que inician el
procedimiento de elaboración del reglamento se conservarán en el expediente
todos los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas.
2. En todo caso, los proyectos de reglamentos habrán de
ser informados por la Secretaría General Técnica, sin perjuicio del
dictamen del Consejo de Estado en los casos legalmente previstos.
3. Será necesario informe previo del Ministerio de Administraciones
Públicas cuando la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución
de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
4. La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por
el Gobierno requiere su íntegra publicación en el "Boletín
Oficial del Estado".
Artículo 25. De la forma de las disposiciones y resoluciones del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas.-Las decisiones de los órganos regulados en esta Ley revisten las formas siguientes:
a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-Leyes,
las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas
en los artículos 82 y 86 de la Constitución.
b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones
y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.
c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros,
las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia
de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.
d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de
dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.
e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno,
las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales
acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o
del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda
a distintos Ministros.
f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones
de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios
Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia,
dictada a propuesta de los Ministros interesados.
Artículo 26. Del control de los actos del Gobierno.-1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación.
2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos
al control político de las Cortes Generales.
3. Los actos del Gobierno y de los órganos y autoridades
regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.
4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal
Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del
mismo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única.-1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en concreto:
a) Los artículos que conforme a la disposición derogatoria
2.a) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado continuaban vigentes de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado, texto refundido aprobado por Decreto
de 26 de julio de 1957.
b) Los artículos que conforme a la disposición derogatoria
2.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado continuaban vigentes de la Ley 10/1983, de 16
de agosto, de Organización de la Administración Central del Estado.
c) Los artículos 48 a 53 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales,
de 17 de julio de 1948.
d) Los artículos 129 a 132 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958.
e) Se suprimen las menciones a los Directores de los Gabinetes
de los Secretarios de Estado contenidas en el artículo 1.g) de la
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros
del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración
General del Estado.
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