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CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS EN MATERIA DE ABORDAJE, FIRMADO EN BRUSELAS EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1910 (GACETA DE 13 DE DICIEMBRE DE 1923)


 Nota
Nota
Nota

Artículo 1.-En caso de abordaje, ocurrido entre buques de navegación marítima o entre éstos y embarcaciones de navegación interior, las indemnizaciones debidas por razón de daños causados a los buques, a las cosas o a las personas que se encuentren a bordo, se ajustarán conforme a las disposiciones siguientes, sin que deban tener en cuenta las aguas en que el abordaje haya tenido lugar.


Artículo 2.-Si el abordaje es fortuito, si es debido a un caso de fuerza mayor, o si existe duda sobre las causas del mismo, soportarán los daños quienes los hayan sufrido.

Esta disposición será aplicable en el caso de que los buques, o uno de ellos, se encuentren fondeados en el momento del accidente.


Artículo 3.-Si el abordaje se debiera a falta cometida por uno de los buques, la reparación de los daños corresponderá al buque que la haya cometido.

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Artículo 4.-Si existe falta común, la responsabilidad de cada uno de los buques será proporcional a la gravedad de las faltas que, respectivamente, hayan cometido. Esto no obstante, si en vista de las circunstancias no puede establecerse la proporción, o si las faltas aparecen como equivalentes, la responsabilidad se compartirá por partes iguales.

Los daños causados, ya sea a los buques, ya a sus cargamentos, ya a los efectos u otros bienes de las dotaciones, de los pasajeros o de otras personas que se encuentren a bordo serán soportados por los buques culpables en la proporción ya dicha, sin solidaridad con respecto a terceros.

Los buques culpables responderán solidariamente con respecto a terceros de los daños causados por muerte o heridas, salvo la acción que puede interponer el que haya pagado una parte superior a la que, conforme al primer párrafo de este artículo, debe soportar en definitiva.

Corresponde a las legislaciones nacionales determinar, en cuanto se refiere a esa acción, el alcance y los efectos de las disposiciones contractuales o legales que limiten la responsabilidad de los propietarios de buques respecto de las personas que se encuentren a bordo.


Artículo 5.-La responsabilidad establecida por los anteriores artículos, subsistirá en el caso de que el abordaje se haya ocasionado por una falta de un práctico, aun cuando éste sea obligatorio.


Artículo 6.-La acción en resarcimiento de daños sufridos por consecuencia de un abordaje no está subordinada a que se haya extendido una protesta ni a ninguna otra formalidad especial.

No existen presunciones legales de culpa en cuanto a la responsabilidad del abordaje.

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Artículo 7.-Las acciones en resarcimiento de daños y perjuicios prescriben a los dos años a contar de la fecha del accidente.

El plazo para interponer los recursos admitidos por el párrafo tercero del artículo 4 es el de un año. Esta prescripción no empezará a transcurrir sino desde la fecha de pago.

Las causas de suspensión y de interrupción de estas prescripciones se determinarán por la Ley del Tribunal que conozca de la acción.

Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de admitir en sus legislaciones, como causa para prorrogar los plazos aquí señalados, el hecho de que el buque demandado no haya podido ser detenido en las aguas territoriales del Estado en que el demandante tenga su domicilio o su principal establecimiento.


Artículo 8.-Ocurrido un abordaje, el capitán de cada uno de los buques estará obligado, en cuanto le sea posible hacerlo sin serio peligro para su buque, su dotación y sus pasajeros, a prestar auxilio al otro buque, a su dotación y a sus pasajeros.

Estará igualmente obligado, en cuanto sea posible, a dar a conocer al otro buque el nombre y el puerto de matrícula del suyo, así como el lugar de donde procede y a dónde se dirige.

El propietario del buque no será responsable por la sola contravención de las anteriores disposiciones.


Artículo 9.-Las Altas Partes contratantes, cuya legislación no establezca sanciones penales para las infracciones al artículo anterior, se obligan a tomar o a proponer a sus Parlamentos respectivos, las medidas necesarias para que esas infracciones sean castigadas.

Las Altas Partes contratantes se comunicarán, tan pronto como sea posible, las Leyes y Reglamentos que ya hayan sido dictados en sus Estados, o que se dicten en lo sucesivo, para la ejecución de la anterior disposición.

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Artículo 10.-Sin perjuicio de Convenios posteriores, las presentes disposiciones no afectan a las reglas sobre la limitación de la responsabilidad del naviero, tal como están establecidas en cada país, así como tampoco a las obligaciones derivadas del contrato de transporte o de cualesquiera otros.


Artículo 11.-El presente Convenio no es aplicable a los buques de guerra y a los buques del Estado exclusivamente adscritos a un servicio público.

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Artículo 12.-Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a todos los interesados cuando todos los buques de que se trate pertenezcan a los Estados de las Altas Partes contratantes y en los demás casos señalados por las leyes nacionales.

Queda, sin embargo, entendido:

1.  Que con respecto a los interesados que pertenezcan a un Estado no contratante, la aplicación de dichas disposiciones podrá hacerse depender, por cada uno de los Estados contratantes, de la condición de reciprocidad.

2.  Que cuando todos los interesados pertenezcan al mismo Estado que el Tribunal que conozca del asunto, será aplicable la Ley nacional y no el Convenio.

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Artículo 13.-El presente convenio se extiende a la reparación de los daños y perjuicios que un buque cause, ya por ejecución u omisión de una maniobra, ya por la inobservancia de los Reglamentos, bien a otro buque, bien a las cosas o personas que se encuentren a bordo de ambos, aunque no haya habido abordaje.


Artículo 14.-Cada una de las Altas Partes contratantes tendrá la facultad de promover la reunión de una nueva conferencia después de transcurridos tres años de la entrada en vigor del presente Convenio, con el fin de estudiar las mejoras que en el mismo pudieran introducirse, y especialmente de ampliar, si fuera posible, la esfera de aplicación del mismo.

La Potencia que haga uso de esa facultad deberá notificar su propósito a las otras Partes, por mediación del Gobierno belga, el cual se encargará de convocar la Conferencia en el plazo de seis meses.


Artículo 15.-Los Estados que no hayan firmado el presente Convenio serán admitidos a petición propia a adherirse al mismo. La adhesión será notificada, por la vía diplomática, al Gobierno belga y por éste a cada uno de los Gobiernos de las otras Partes Contratantes. Surtirán sus efectos un mes después del envío de la notificación hecha por el Gobierno belga.


Artículo 16.-El presente Convenio será ratificado:

Al expirar el plazo de un año, lo más tarde, a contar de la fecha de la firma del Convenio, el Gobierno belga se pondrá en comunicación con los Gobiernos de las Altas Partes contratantes que se hayan declarado dispuestos a ratificarlo, a fin de decidir si ha lugar a ponerlo en vigor.

Las ratificaciones, en su caso, serán depositadas inmediatamente en Bruselas, y el Convenio surtirá sus efectos un mes después de este depósito.

El Protocolo quedará abierto durante otro año en beneficio de los Estados representados en la Conferencia de Bruselas. Transcurrido este plazo, sólo podrán adherirse conforme a las disposiciones del artículo 15.


Artículo 17.-En el caso de que una cualquiera de las Altas Partes contratantes renunciase al presente Convenio, la denuncia no producirá sus efectos hasta un año después de la fecha en que haya sido notificada al Gobierno belga, y el Convenio continuará en vigor entre las demás Altas Partes contratantes.


Artículo adicional.-Como excepción a lo dispuesto en el artículo 16 que antecede, queda entendido que la disposición del artículo 5, fijando la responsabilidad en el caso de que el abordaje haya sido causado por culpa de un práctico obligatorio, no entrará en vigor, de pleno derecho, hasta que las Altas Partes Contratantes se hayan puesto de acuerdo sobre la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques.

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