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CONVENIO Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1986 SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ, HECHOS EN MADRID (BOE DE 1 DE DICIEMBRE DE 1987)



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CONVENIO Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1986 SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ, HECHOS EN MADRID (BOE DE 1 DE DICIEMBRE DE 1987)


 

CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ


El Gobierno de España y el Gobierno de Canadá, resueltos a cooperar en el ámbito de la Seguridad Social, han decidido concluir un Convenio con tal fin y han acordado lo siguiente:


TÍTULO I

Disposiciones generales


Artículo 1.—1.  A efectos del presente Convenio:

a)  «Gobierno de Canadá», significa el Gobierno en cuanto representante de Su Majestad la Reina según derecho de Canadá, y actuando a través del Ministro de Sanidad y Bienestar Nacional.

b)  «Territorio» significa, con respecto a España, el territorio de España, y, con respecto a Canadá, el territorio de Canadá.

c)  «Legislación» significa las leyes, reglamentos y otras disposiciones mencionadas en el artículo 2 vigentes en el territorio de cada una de las Partes.

d)  «Autoridad competente» significa, para cada una de las Partes, el Ministro, los Ministros o el Ministerio responsable de la administración de la citada legislación.

e)  «Institución» significa, con respecto a España las Entidades gestoras del régimen general y de los regímenes especiales mencionados en el artículo 2.1.b) y, con respecto a Canadá, la Autoridad competente.

f)  «Institución competente» significa la Institución que sea competente según la legislación aplicable para la prestación en cuestión.

g)  «Período de seguro» significa, con respecto a España, un período de cotización definido o reconocido como período de seguro, según la legislación a que hubiera estado sometida la persona, y cualquier otro período en la medida en que pueda considerarse equivalente a un período de seguro en virtud de la citada legislación, y, con respecto a Canadá, un período de cotización o de residencia válido para la adquisición del derecho a una prestación bajo la legislación de Canadá, incluyendo cualquier período durante el cual se abone una pensión de invalidez en virtud del Régimen de pensiones de Canadá.

h)  «Prestación» significa toda prestación económica, pensión o subsidio previsto en la legislación de cualesquiera de las Partes, incluyendo todos los suplementos o incrementos aplicables a tal prestación económica, pensión o subsidio.

Cualquier término no definido en este artículo tendrá el significado que se le atribuya en la legislación aplicable.


Artículo 2.—1.  El presente Convenio se aplicará a la legislación que a continuación se indica, así como a las normas que actualmente o en el futuro la complementen, refundan o modifiquen:

a)  Con respecto a Canadá:

i)  La Ley del Seguro de Vejez y los Reglamentos dictados en virtud de la misma, y

ii)  El régimen de pensiones de Canadá y los Reglamentos dictados en virtud del mismo.

b)  Con respecto a España:

i)  Las disposiciones del régimen general de la Seguridad Social relativas a:

- Invalidez permanente, que no tenga su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- Vejez.

- Muerte y supervivencia que no tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- Prestaciones familiares al sólo efecto del artículo 14.

ii)  Las disposiciones de los regímenes especiales incluidos en el sistema de Seguridad Social en lo que respecta a las contingencias indicadas en el párrafo b) e i).

2.  El presente Convenio se aplicará a las Leyes o Reglamentos que extiendan los regímenes existentes a otras categorías de beneficiarios únicamente si la autoridad competente de una Parte no comunica objeción alguna a la autoridad competente de la otra Parte, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de tales Leyes o Reglamentos.


Artículo 3.—El presente Convenio se aplicará a las personas que estén o hayan estado sometidas a la legislación mencionada en el artículo 2, así como a las personas a su cargo y a sus supervivientes, según los defina la legislación aplicable a cada una de las Partes.


Artículo 4.—A reserva de lo dispuesto en el presente Convenio, toda persona contemplada en el artículo 3, independientemente de su nacionalidad, estará sujeta a las obligaciones de la legislación de una Parte y podrá causar derecho a las prestaciones de dicha legislación en las mismas condiciones que los nacionales de esa Parte.


Artículo 5.—1.  Salvo que en el presente Convenio se disponga lo contrario, las prestaciones reconocidas a una persona contemplada en el artículo 3, bien mediante la totalidad establecida en las disposiciones del Convenio, bien por aplicación exclusiva de la legislación de una Parte no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el sólo hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte y se le abonarán en el territorio de la otra Parte.

2.  Las prestaciones debidas en virtud del presente Convenio a una persona que esté o haya estado sometida a la legislación de ambas Partes, así como a las personas a su cargo o a sus supervivientes, se abonarán en el territorio de un tercer estado.


TÍTULO II

Disposiciones relativas a la legislación aplicable


Artículo 6.—1.  A reserva de lo dispuesto en las siguientes disposiciones de este artículo:

a)  Una persona empleada que trabaje en el territorio de una Parte sólo estará sometida, en lo que se refiere a tal trabajo, a la legislación de dicha Parte, y

b)  Un trabajador por cuenta propia que resida habitualmente en el territorio de una Parte y que trabaje por su cuenta en el territorio de la otra Parte o en los territorios de las dos Partes, sólo estará sometido, en lo que se refiere a tal trabajo, a la legislación de la primera Parte.

2.  La persona empleada que este sometida a la legislación de una Parte y preste servicios en el territorio de la otra Parte por cuenta del mismo empresario, sólo estará sometida, en lo que se refiere a dichos servicios, a la legislación de la primera Parte, como si tal servicio se prestara en el territorio de ésta. Esta situación no podrá prolongarse durante más de veinticuatro meses sin el consentimiento previo de las Autoridades competentes de ambas Partes.

3.  Una persona empleada en el territorio de una de las Partes en un servicio del Gobierno de la otra Parte, sólo estará sometida, en lo que se refiere a dicho empleo, a la legislación de la primera Parte si es nacional de la misma o si reside habitualmente en su territorio.

Una persona que resida habitualmente en el territorio de la primera Parte pero que sea nacional de la segunda Parte, podrá sin embargo, optar porque le sea aplicada la legislación de la segunda Parte y, en este caso no quedará sometido, en lo que se refiere a tal empleo, a la legislación de la primera Parte.

Las disposiciones del artículo 4 no se aplicarán para extender este derecho de opción a una persona que no sea nacional de la segunda Parte.

4.  La persona empleada como miembro de la tripulación de un buque que, de no ser por el presente Convenio, pudiera estar sometida tanto a la legislación española como al régimen de pensiones de Canadá a causa de tal trabajo, estará sometida, en relación con el mismo, únicamente a la legislación española si el buque enarbola bandera de España y únicamente al régimen de pensiones de Canadá en cualquier otro caso.

5.  Las autoridades competentes de las dos Partes podrán, excepcionalmente, de mutuo acuerdo, modificar la aplicación de las anteriores disposiciones de este artículo en relación con cualquier persona o categoría de personas.

6.  Las normas transitorias para la aplicación del presente artículo se establecerán en el acuerdo administrativo a que se hace referencia en el artículo 17.


Artículo 7.—Para la aplicación de la Ley del Seguro de Vejez de Canadá y, en particular, para el cálculo de prestaciones en virtud de dicha Ley:

a)  Si una persona está sometida al régimen de pensiones de Canadá o al régimen general de pensiones de una provincia de Canadá durante cualquier período de residencia en el territorio de España, tal período será considerado como período de residencia en Canadá de esa persona así como de su cónyuge y personas a cargo que con ella residan y que no se encuentren sometidos a la legislación española por razón de empleo.

b)  Si una persona está sometida a la legislación española por razón de empleo durante cualquier período de residencia en el territorio de Canadá, tal período no será considerado como período de residencia en Canadá de esa persona y de su cónyuge y personas a cargo que con ella residan y que no se encuentren sometidos al Régimen de pensiones de Canadá o al régimen general de pensiones de una provincia de Canadá por razón de empleo.


Artículo 8.—Los períodos de seguro cumplidos bajo el régimen de pensiones de Canadá, serán tenidos en cuenta, en caso necesario, para la aplicación de las disposiciones de la legislación española relativas al seguro voluntario.


TÍTULO III

Disposiciones relativas a las prestaciones


CAPÍTULO I

Totalización de períodos


Artículo 9.—1.  Si una persona no tiene derecho a una prestación en virtud de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte, la apertura del derecho a esa prestación se determinará totalizando estos períodos y los contemplados en los apartados 2 y 3 del presente artículo, siempre que los períodos no se superpongan.

2.  a)  Para determinar la apertura del derecho a una prestación en virtud de la Ley del Seguro de Vejez de Canadá, un período de residencia en el territorio de España, después de cumplida la edad en que los períodos de residencia en Canadá son computables a los fines de tal Ley, se considerará como un período de residencia en territorio de Canadá.

b)  Para determinar la apertura del derecho a una prestación en virtud del régimen de pensiones de Canadá, un año en el que figuren, al menos, noventa días de seguro según legislación española se considerará como un año respecto del cual se han efectuado cotizaciones al régimen de pensiones de Canadá.

3.  Para determinar la apertura del derecho a una prestación en virtud de la legislación española:

a)  Un período que finalice el 31 de diciembre de 1965 o antes, que sea un período de seguro según la Ley del Seguro de Vejez de Canadá, se considerará como un período de cotización según la legislación española.

b)  Un año que empiece el 1 de enero de 1966 o después, que sea un período de seguro según el régimen de pensiones de Canadá, se considerará como un año de cotización según la legislación española.

c)  Un período que empiece el 1 de enero de 1966 o después, que sea un período de seguro según la Ley del Seguro de Vejez de Canadá y que no forme Parte de un período de seguro en virtud del régimen de pensiones de Canadá, se considerara como un período de cotización según la legislación española.


Artículo 10.—1.  Si la duración total de los períodos de seguro cumplidos según la legislación de una Parte resulta inferior a un año y si, considerando únicamente tales períodos, no existe derecho a prestación según dicha legislación, la Institución competente de esa Parte no estará obligada a conceder prestaciones, respecto a dichos períodos, en virtud del presente Convenio.

2.  Estos períodos serán, no obstante, tenidos en cuenta por la Institución competente de la otra Parte para determinar la apertura del derecho a las prestaciones de esa Parte por aplicación del artículo 9.


CAPÍTULO II

Aplicación de la legislación de Canadá


Artículo 11.—1.  a)  Si una persona tiene derecho a percibir una pensión en Canadá en virtud de la Ley del Seguro de Vejez sin acudir a las disposiciones del presente Convenio, pero no ha acumulado suficientes períodos de residencia en Canadá que le faculten para percibir la pensión en el extranjero conforme a dicha Ley, se le abonará una pensión parcial fuera del territorio de Canadá siempre que los períodos de residencia en los territorios de las dos Partes, una vez totalizados según lo dispuesto en el artículo 9, sean, por lo menos, iguales al período mínimo de residencia en Canadá exigido por la Ley del Seguro de Vejez para percibir una pensión en el extranjero.

b)  La cuantía de la pensión abonable se calculará, en este caso de conformidad con las disposiciones de la Ley del Seguro de Vejez que regulan el pago de una pensión parcial, exclusivamente sobre la base de los períodos acreditados según dicha Ley.

2.  a)  Si una persona no tiene derecho a pensión del Seguro de Vejez o a asignación por cónyuge, teniendo en cuenta únicamente los períodos de residencia en Canadá, se le abonará una pensión parcial o una asignación por cónyuge siempre que los períodos de residencia en los territorios de ambas Partes, una vez totalizados según lo dispuesto en el artículo 9, sean, por lo menos, iguales al período mínimo de residencia en Canadá exigido por la Ley del Seguro de Vejez para percibir una pensión o una asignación por cónyuge.

b)  La cuantía de la pensión o de la asignación por cónyuge se calculará, en este caso, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Seguro de Vejez que regulan el pago de una pensión parcial o de una asignación por cónyuge, exclusivamente sobre la base de los períodos acreditados según dicha Ley.

3.  a)  No obstante lo dispuesto en este Convenio, la Institución competente de Canadá no estará obligada al pago de una pensión del Seguro de Vejez fuera del territorio de Canadá más que cuando los períodos de residencia en los territorios de las dos Partes, una vez totalizados según lo dispuesto en el artículo 9, sean, por lo menos, iguales al período mínimo de residencia en Canadá exigido por la Ley del Seguro de Vejez para el pago de una pensión en el extranjero.

b)  La asignación por cónyuge y el suplemento de ingresos garantizado serán abonados fuera del territorio de Canadá solamente en la media en que lo permita la Ley del Seguro de Vejez.


Artículo 12.—1.  a)  Si una persona no tiene derecho a pensión de invalidez, prestación por hijo de cotizante inválido, pensión de superviviente, prestación de orfandad o prestación por defunción, únicamente en virtud de los períodos acreditativos según el régimen de pensiones de Canadá, pero tiene derecho a esa prestación mediante la totalidad de períodos de seguro prevista en el artículo 9, la Institución competente de Canadá calculará la cuantía de la tasa variable por ingresos (earning-related portion) de la prestación de acuerdo con las disposiciones del régimen de pensiones de Canadá, tomando exclusivamente como base los ingresos computables para la pensión acreditados bajo dicha legislación.

b)  La cuantía de la tasa uniforme (flat rate portion) de la prestación abonable en virtud de las disposiciones de este Convenio se determinará, en estos casos, multiplicando:

i)  La cuantía de la tasa uniforme (flat rate portion) de la prestación determinada según las disposiciones del régimen de pensiones de Canadá, por

ii) la fracción que representa la relación entre los períodos de cotización al régimen de pensiones de Canadá y el período mínimo de cotización exigido por el régimen de pensiones de Canadá para la apertura del derecho a dicha prestación.

2.  No se abonará prestación alguna en virtud de este artículo salvo que el cotizante haya cumplido una edad en la que su período de cotización, tal como se establece en el régimen de pensiones de Canadá, sea por lo menos igual al período mínimo de cotización exigido por el régimen de pensiones de Canadá para causar derecho a tal prestación.

3.  Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán, en caso necesario, a la pensión de jubilación del régimen de pensiones de Canadá.


CAPÍTULO III

Aplicación de la legislación española


Artículo 13.—1.  Si una persona no reúne los requisitos para causar derecho a una prestación por aplicación de la legislación española sin recurrir al principio de totalidad de períodos previstos en el artículo 9, la Institución competente española actuará de la forma siguiente:

a)  Calculará la cuantía teórica de la prestación a la que tendría derecho el beneficiario si todos los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de las dos Partes se hubieran cumplido bajo la legislación que aplica la mencionada Institución competente; en ningún caso, el total de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de Canadá, sumados a los cumplidos bajo las legislación española, podrá ser superior al período máximo establecido por la legislación española en relación con la prestación en cuestión.

b)  La cuantía de la prestación debida al interesado por la Institución española se determinará reduciendo el importe obtenido, utilizando el método descrito en el párrafo anterior, en proporción a la duración de los períodos cumplidos realmente bajo la legislación española en relación con el total de los períodos cumplidos bajo la legislación de las dos Partes, dentro de los límites del período máximo a que se hace referencia en el párrafo a).

c)  Cuando la base de cotización elegida por el interesado para el cálculo de la prestación incluya períodos durante los cuales estuvo asegurado bajo la legislación de Canadá, la Institución española determinará la mencionada base de cotización tomando la mínima vigente y obligatoria en España durante dicho período para trabajadores de la misma categoría o calificación profesional.

d)  La persona que esté sometida a la legislación de Canadá o que tenga derecho a una prestación conforme a dicha legislación se considerará en situación de alta o asimilada, a efectos de la apertura del derecho a prestaciones según la legislación española.

2.  Cuando se trate de prestaciones de muerte y supervivencia, toda mención en el artículo 9 y en el apartado 1 del presente artículo a un período de seguro, se considerará referida a la persona causante de la prestación.


Artículo 14.—Los miembros de la familia de una persona empleada sometida a la legislación española que residan en el territorio de Canadá serán considerados, a efectos del pago de prestaciones familiares, como si estuvieran residiendo en España.


Artículo 15.—1.  Cuando, de acuerdo con la legislación española, la concesión de determinadas prestaciones en condiciones especiales esté supeditada a que los períodos de seguro hayan sido acreditados en una profesión sujeta a un régimen especial o, en su caso, en una profesión o en un empleo determinados, los períodos acreditados según legislación de Canadá sólo se tendrán en cuenta para la concesión de tales prestaciones si hubieran sido acreditados en la misma profesión, o, en su caso, en el mismo empleo.

2.  Si, teniendo en cuenta los períodos así acreditados, la persona no cumpliera los requisitos exigidos para tener derecho a dichas prestaciones en condiciones especiales, estos períodos se tendrán en cuenta para la concesión de prestaciones sin tomar en consideración el carácter especifico de los mismos.


TÍTULO IV

Disposiciones diversas


Artículo 16.—1.  Las Autoridades competentes y las Instituciones responsables de la aplicación de este Convenio:

a)   Se comunicaran entre sí cualquier información necesaria para la aplicación del Convenio.

b)   Se presentarán sus buenos oficios y se facilitarán ayuda mutua en todo asunto referente a la aplicación de este Convenio como si tal asunto afectara a la aplicación de su propia legislación.

c)   Se comunicarán mutuamente, tan pronto como sea posible, toda información sobre las medidas que adopten para la aplicación del presente Convenio o sobre los cambios producidos en sus respectivas legislaciones siempre que estos cambios afecten a la aplicación del mencionado Convenio.

2.  La ayuda a que se refiere el apartado 1.b), de este artículo será gratuita, sin perjuicio de cualquier acuerdo que puedan concluir las autoridades competentes de ambas Partes sobre el reembolso de determinados tipos de gastos.

3.  Salvo que deba ser revelada de acuerdo con las Leyes de una Parte, toda información referente a una persona que se facilite de conformidad con el presente Convenio por una Parte a la otra Parte, tendrá carácter confidencial y se utilizará únicamente para los fines de aplicación de este Convenio, así como de la legislación a la que éste se aplica y, para ningún otro fin.


Artículo 17.—1.  Un acuerdo administrativo general, concertado por las autoridades competentes de las dos Partes establecerá, en la medida necesaria, las normas para aplicación del presente Convenio.

2.  En dicho acuerdo se designarán los Organismos responsables del enlace entre las Partes.


Artículo 18.—1.  Cualquier exención o reducción de tasas que esté prevista por la legislación de una Parte respecto a la emisión de certificados o documentos cuya presentación sea necesaria para la aplicación de dicha legislación, se hará extensiva a los certificados o documentos cuya presentación sea necesaria para la aplicación de la legislación de la otra Parte.

2.  Todos los escritos o documentos de carácter oficial cuya presentación sea necesaria para la aplicación del presente Convenio estarán exentos de legalización por autoridades diplomáticas o consulares o de cualquier otra formalidad similar.


Artículo 19.—Para la aplicación del presente Convenio, las autoridades e Instituciones competentes de las dos Partes podrán comunicarse directamente en español, inglés o francés.


Artículo 20.—1.  Cualquier solicitud, notificación o recurso relativo al reconocimiento o al pago de una prestación conforme a la legislación de una Parte, que deba, según dicha legislación, presentarse dentro de un determinado plazo ante una Autoridad o Institución competente de dicha Parte, y que se presente dentro de ese mismo plazo ante una autoridad o Institución competente de la otra Parte, se considerará como si hubiera sido presentado ante la autoridad o Institución de la primera Parte.

2.  Una solicitud de prestación conforme a la legislación de una Parte será considerada como solicitud de prestación correspondiente según la legislación de la otra Parte, si el solicitante:

a)   Pide que sea considerada como solicitud según la legislación de la otra Parte, o

b)   Proporciona información, en el momento de la solicitud, indicando que se han cubierto períodos de seguro conforme a la legislación de la otra Parte.

En cualquier caso al que sean de aplicación los apartados anteriores, la autoridad o Institución ante la que se presente la solicitud, la notificación o el recurso los remitirá, a la mayor brevedad posible, a la autoridad o Institución de la otra Parte.


Artículo 21.—1.  Las Instituciones o autoridades deudoras de prestaciones se liberarán válidamente de sus obligaciones en virtud del presente Convenio en su moneda nacional.

2.  Las prestaciones se pagarán a los beneficiarios libres de deducciones por gastos administrativos u otros en los que se pueda incurrir al abonar las prestaciones.


Artículo 22.—Las autoridades competentes de ambas Partes resolverán, en la medida de lo posible, cualquier dificultad que surja en la interpretación o aplicación del presente Convenio con el espíritu y los principios fundamentales del mismo.


Artículo 23.—La autoridad competente española y una provincia de Canadá podrán concluir acuerdos referentes a cualquier asunto en materia de Seguridad Social comprendido en el ámbito de la jurisdicción provincial en Canadá siempre que tales acuerdos no contradigan las disposiciones del presente Convenio.


TÍTULO V

Disposiciones transitorias y finales


Artículo 24.—1.  Salvo que en el presente Convenio se disponga lo contrario, cualquier período de seguro cumplido con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor se tendrá en cuenta a los efectos de establecer el derecho a una prestación en virtud del mismo.

2.  Ninguna disposición del presente Convenio otorgará derecho alguno a recibir el pago de una prestación por un período anterior a la fecha de su entrada en vigor.

3.  No obstante, a reserva de las disposiciones del apartado 2 del presente artículo, se abonarán en virtud de este Convenio prestaciones que no constituyan un pago a tanto alzado respecto a contingencias acaecidas antes de la fecha de entrada en vigor del mismo.


Artículo 25.—1.  El presente Convenio entrará en vigor, una vez concluido el Acuerdo Administrativo general a que se hace referencia en el artículo 17, el primer día del segundo mes siguiente al mes en que cada Parte haya recibido de la otra Parte notificación escrita de que se han cumplido todos los requisitos reglamentarios y constitucionales para la entrada en vigor del Convenio.

2.  El presente Convenio se mantendrá en vigor sin límite de duración. Podrá ser denunciado en todo momento por cualquiera de las Partes, previo aviso por escrito a la otra Parte con doce meses de antelación.

3.  En caso de terminación del Convenio, se mantendrá todo derecho adquirido por una persona, de conformidad con las disposiciones del mismo, y se llevarán a cabo negociaciones para el establecimiento de cualquier derecho que en ese momento se halle en vías de adquisición en virtud de tales disposiciones.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.


ACUERDO ADMINISTRATIVO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ



Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio sobre Seguridad Social concluido el 10 de noviembre de 1986 entre España y Canadá.

De acuerdo con el artículo 17 del Convenio sobre Seguridad Social concluido entre España y Canadá el 10 de noviembre de 1986, las Autoridades competentes:


TÍTULO I

Disposiciones generales


Artículo 1.—1.  A efectos de la aplicación del presente Acuerdo Administrativo, la palabra «Convenio» significa el Convenio sobre Seguridad Social firmado en Madrid el 10 de noviembre de 1986 entre España y Canadá.

2.  Los demás términos tendrán el sentido atribuido por el Convenio.


Artículo 2.—Se designan como Organismos de enlace, de conformidad con el artículo 17 del Convenio:


TÍTULO II

Disposiciones relativas a la legislación aplicable


Artículo 3.—1.  A efectos del presente artículo, la palabra «Institución» significa, para Canadá, la Source Deductions Division del Department Of National Revenue, Taxation y, para España, el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.  a)  Cuando sea aplicable la legislación de una Parte en los casos previstos en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio, la Institución de dicha Parte expedirá, a petición de la persona empleada o de su empleador, un certificado en el que se acredite que, en lo que a dicho trabajo se refiere, la persona empleada ha estado sometida a dicha legislación hasta la fecha indicada.

b)  Cuando sea aplicable la legislación de una Parte como consecuencia de la opción establecida en el apartado 5 del presente artículo, la Institución de dicha Parte expedirá un certificado que acredite, en lo que a dicho trabajo se refiere, que la persona empleada está sometida a dicha legislación.

c)  El certificado expedido de acuerdo con el presente apartado se considerará como prueba de que la persona empleada no está sometida a la legislación de otra Parte en los que respecta al mismo empleo o a los mismos servicios.

3.  a)  La Institución de la Parte que expida un certificado de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo remitirá una copia a la persona empleada, así como a su empleador y a la Institución de la otra Parte.

b)  Los certificados se extenderán en formularios acordados por las Instituciones de ambas Partes.

4.  a)  Si una persona debiera permanecer sometida a la legislación de una Parte durante más de veinticuatro meses en los casos previstos en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio, la aprobación de las Autoridades competentes deberá solicitarse antes de que termine el período de veinticuatro meses en curso. La solicitud deberá enviarse a la Institución de la Parte cuya legislación continúe aplicándose. Dicha Institución remitirá sin demora la citada solicitud a la Autoridad competente.

b)  A efectos del apartado 2 del artículo 6 del Convenio, si la persona empleada está ya prestando los servicios en cuestión en el territorio de la otra Parte en la fecha de entrada en vigor del Convenio, el período de veinticuatro meses se contará a partir de dicha fecha.

5.  a)  La persona empleada que desee ejercer la opción en los casos previstos en el apartado 3 del artículo 6 del Convenio deberá informar, a través de su empresario, a la Institución de la Parte cuya legislación se aplique dentro de los seis primeros meses del desempeño del empleo o, si se trata de una persona que ya está desempeñando dicho empleo en la fecha de entrada en vigor del Convenio, dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha.

b)  El servicio del Estado que emplee a la persona a que se refiere el apartado a) respetará todos los requisitos que la legislación aplicable imponga a los empresarios.


Artículo 4.—Si, a efectos de determinar el derecho de una persona al seguro voluntario, la Institución competente de España tiene que tomar en consideración los períodos de seguro cumplidos en el Régimen de pensiones de Canadá, según lo previsto en el artículo 8 del Convenio, la Institución competente de España obtendrá de la Institución competente de Canadá, a través de los Organismos de enlace, un informe acreditativo de dichos períodos de seguro.


TÍTULO III

Disposiciones relativas a las prestaciones


Artículo 5.—1.  A efectos de la aplicación del artículo 9.3.b) del Convenio, cuando un año natural que sea considerado como un período de seguro por el Régimen de pensiones de Canadá se superpone a un período de seguro según la legislación española, la Institución competente de España tendrá en cuenta, para determinar la apertura del derecho a una prestación, únicamente la parte del período de seguro acreditado según el Régimen de pensiones de Canadá que no se superponga al período de seguro acreditado según la legislación de España.

2.  A efectos de la aplicación del artículo 13 del Convenio, si un período de seguro, según la legislación de España, se superpone a un período de seguro, según la legislación de Canadá, la Institución competente de España tendrá en cuenta para determinar el importe de la prorrata de la prestación el período total de seguro, según la legislación de España.


Artículo 6.—1.  A efectos de la aplicación del título III del Convenio, cuando la Institución de una Parte reciba una solicitud de prestación de acuerdo con la legislación de la otra Parte, incluida una solicitud conforme a las disposiciones del apartado 2 del artículo 20 del Convenio, la Institución de la primera Parte facilitará al solicitante el formulario de solicitud de prestación establecido por la legislación de la otra Parte, a fin de presentar dicha solicitud.

2.  Cuando el formulario de la solicitud haya sido cumplimentado, la Institución de la primera Parte lo remitirá sin demora a la Institución competente de la otra Parte, a través de los Organismos de enlace. Además del formulario de solicitud debidamente cumplimentado, la Institución de la primera Parte remitirá a la Institución de la otra Parte un formulario de enlace, indicando particularmente los períodos de seguro en virtud de la legislación de la primera Parte.

3.  A la recepción del formulario de solicitud y del formulario de enlace, la Institución de la otra Parte añadirá en el formulario de enlace los datos relativos a los períodos del seguro en virtud de la legislación que aplique y lo devolverá, sin demora, a la Institución de la primera Parte, a través de los Organismos de enlace.

4.  Cada Institución competente determinará a continuación los derechos del solicitante e informará a la otra Institución, a través de los Organismos de enlace, de las prestaciones concedidas, en su caso, al solicitante.


Artículo 7.—1.  En relación con el formulario de solicitud mencionado en el artículo 6 del presente Acuerdo Administrativo, se utilizarán formularios separados para las solicitudes de prestaciones conforme a la legislación de España y de Canadá.

2.  Los Organismos de enlace de las Partes decidirán, de común acuerdo, la documentación que deba adjuntarse al formulario de solicitud. Cuando se trate de una solicitud de invalidez, se unirán a la solicitud, con la conformidad del interesado, copias de la documentación médica, en su caso. Cuando se trate de solicitud de prestación conforme a la Ley del Seguro de Vejez de Canadá, la documentación incluirá, en la medida de lo posible, el certificado de los períodos de residencia en el territorio de España.

3.  La Institución de la Parte a la que se presente una solicitud de prestación certificará los datos relativos al estado civil del solicitante, de los miembros de su familia y de toda otra persona a quien afecte la solicitud. Los datos a que se refiere el presente apartado y los documentos a utilizar para comprobar dichos datos se determinarán, de común acuerdo, por los Organismos de enlace de las Partes.

4.  La remisión de un formulario de solicitud certificado conforme a las disposiciones del apartado anterior, así como la remisión del formulario de enlace mencionado en los apartados 2 y 3 del artículo 6 del presente Acuerdo Administrativo, dispensará de la remisión de los documentos que corroboren los datos.


TÍTULO IV

Disposiciones diversas


Artículo 8.—1.  El organismo de enlace de una Parte deberá remitir, en la medida en que lo permita la legislación que aplique al organismo de enlace de la otra Parte, cuando éste lo solicite, los certificados médicos y la documentación disponible en relación con la invalidez del beneficiario.

2.  Si la Institución competente de una Parte precisa que un beneficiario que resida en el territorio de la otra Parte se someta a un reconocimiento médico adicional y el organismo de enlace de la primera Parte lo solicita, el organismo de enlace de la otra Parte adoptará las medidas necesarias para que dicho reconocimiento se realice de acuerdo con las normas que aplique el organismo de enlace que adopte dichas medidas y a cargo del organismo que solicita el citado reconocimiento médico.

3.  Las cantidades debidas como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo serán reembolsadas sin demora a la recepción de una relación detallada de los gastos producidos.


Artículo 9.—Los Organismos de enlace de las Partes, con el consentimiento de las respectivas Autoridades competentes, se pondrán de acuerdo sobre los formularios necesarios para la aplicación del Convenio y del presente Acuerdo Administrativo.


Artículo 10.—Los Organismos de enlace de las Partes intercambiarán anualmente, en el formulario que se determine de común acuerdo, estadísticas relativas a las prestaciones abonadas en virtud del Convenio. Dichas estadísticas incluirán datos sobre el número de beneficiarios y el importe global de las prestaciones.


Artículo 11.—El presente Acuerdo Administrativo tendrá vigencia a partir del día de entrada en vigor del Convenio, y tendrá su misma duración.

El presente Convenio y su Acuerdo Administrativo entrarán en vigor el día 1 de enero de 1988, primer día del segundo mes siguiente a la fecha de las Notas mediante las cuales las Partes se han comunicado el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales, según se establece en el artículo 25 del Convenio.

Lo que se hace público para conocimiento general.

 
 
Aranzadi Insignis
Practicum Contable 2015