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DECRETO 26/2000, DE 22 DE FEBRERO, DEL GOBIERNO VALENCIANO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA A CIUDADANOS EXTRANJEROS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y SE CREA LA TARJETA SOLIDARIA (DOGV DEL 28)


 

El fenómeno de las migraciones, desde las áreas del mundo de mayor pobreza hacia los países desarrollados en búsqueda de oportunidades de vida humanamente más digna, ha originado la creciente afluencia de los habitantes de esas zonas a nuestro entorno más inmediato. Es evidente que las migraciones actuales encuentran su causa en los desequilibrios estructurales endógenos y que la solución a ello pasa por propiciar un auténtico desarrollo económico y social en las áreas de origen. No obstante, se deben tomar las medidas parciales y concretas para garantizar los derechos básicos de toda la población inmigrante.

Desde el punto de vista del derecho positivo vigente, se encuentra respaldo en el Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966, que entró en vigor el 27 de julio de 1977, cuyo artículo 12 consagra el reconocimiento por los estados partes del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, contemplando como una de las medidas a adoptar para asegurar la efectividad de ese derecho la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

En este sentido, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, declaró el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a todos los ciudadanos españoles y extranjeros residentes, así como a los extranjeros no residentes en la forma determinada por las leyes y convenios internacionales.

El Decreto 88/1989, de 12 de junio, del Gobierno Valenciano, extendió el derecho a la asistencia sanitaria prestada por la Generalitat Valenciana a determinadas personas con carencia de suficientes recursos económicos. Se alcanzaba así prácticamente la cobertura sanitaria universal para toda la población sin necesidad de establecer un vínculo obligatorio a través de la afiliación a los distintos regímenes de la Seguridad Social.

El pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, mediante la Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, el sistema de financiación de los servicios de sanidad en el periodo 1998-2001, haciendo efectiva la separación definitiva de la financiación del sistema sanitario público respecto al resto de prestaciones de la Seguridad Social.

La Conselleria de Sanidad, mediante la Resolución de 8 de febrero de 1999, ya extendió la asistencia sanitaria pública a los menores extranjeros sin residencia legal en la Comunidad Valenciana. En ella se daban instrucciones para el desarrollo del artículo 3 de la Orden de 16 de octubre de 1989, de la Conselleria de Sanidad, estableciéndose el procedimiento administrativo para su reconocimiento.

Por otra parte, el Gobierno Valenciano creó, mediante el Decreto 126/1999, de 16 de agosto, el Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad (SIP), como registro administrativo de relación de los ciudadanos con los servicios de salud, siendo de aplicación para todos los ciudadanos que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana, habilitándose la tarjeta sanitaria como documento acreditativo del derecho a la protección de la salud y entregándose a todos los ciudadanos incluidos en el SIP.

Finalmente, y como desarrollo legislativo integrador de toda esta realidad social, se aprobó la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, disponiendo en su artículo 12 el ámbito del derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros.

Por todo lo anterior, la Comunidad Valenciana no puede ignorar y desatender esta problemática y con el objeto de actuar sobre dicho fenómeno y de evitar situaciones respecto a casos concretos de denegación del acceso a la asistencia sanitaria, así como por razones humanitarias y de justicia para equiparar a los inmigrantes irregulares con los que tienen legalizada su situación en la Comunidad Valenciana, a propuesta del conseller de Sanidad y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 22 de febrero de 2000, dispongo:


Artículo 1.—La asistencia sanitaria pública valenciana a los extranjeros que se encuentren en la Comunidad Valenciana se reconocerá en la forma que se expresa en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.


Artículo 2.—2.1  Los extranjeros que se encuentren en la Comunidad Valenciana inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

2.2  Los extranjeros no empadronados que se encuentren en la Comunidad Valenciana tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. No obstante lo anterior, la Conselleria de Sanidad ampliará la cobertura sanitaria para este colectivo, cuando carezca de recursos económicos, a las condiciones señaladas en el apartado 2.1, mientras normalizan su situación administrativa.

2.3  Los extranjeros menores de 18 años que se encuentren en la Comunidad Valenciana tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

2.4  Las extranjeras embarazadas que se encuentren en la Comunidad Valenciana tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.


Artículo 3.—Con objeto de delimitar, correctamente, la cobertura de las prestaciones asistenciales y farmacéuticas para este colectivo, se hace necesario que en el informe realizado por los trabajadores sociales, o por las organizaciones no gubernamentales (ONG) legalmente reconocidas en el ámbito sanitario, figure específicamente la presencia o ausencia de medios económicos de cada caso.


Artículo 4.—Para instrumentalizar los extremos recogidos en el artículo 2 se crea la Tarjeta Solidaria.


Artículo 5.—5.1  Para el reconocimiento del derecho a los extranjeros empadronados en la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto en el Decreto 126/1999, de 16 de agosto, del Gobierno Valenciano, y en su normativa de desarrollo.

5.2  Para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia, dada la inmediatez y la duración temporal de este derecho, no se establece ningún procedimiento para su reconocimiento, salvo los documentos asistenciales establecidos por cada centro, que permitan el seguimiento médico de la enfermedad o accidente.

5.3  La obtención de la Tarjeta Solidaria para extranjeros no empadronados se realizará por las unidades de Afiliación y Validación de la Conselleria de Sanidad, una vez recibida la solicitud a través de los trabajadores sociales, tanto de los centros sanitarios como de los ayuntamientos. Las unidades de Afiliación y Validación expedirán una tarjeta con carácter temporal por un periodo de un año, que podrá ser ampliado cuando se demuestren causas objetivas que hayan podido dificultar el proceso de normalización administrativa. Las ONG legalmente reconocidas en el ámbito sanitario podrán participar en la entrega y distribución de las tarjetas.

5.4  Para el reconocimiento del derecho de asistencia sanitaria a los extranjeros menores de 18 años, no incluidos en los padrones municipales de la Comunidad Valenciana, el procedimiento administrativo será el establecido en la Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Conselleria de Sanidad, en las mismas condiciones que los españoles.

5.5  Para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a las extranjeras embarazadas, no incluidas en los padrones municipales de la Comunidad Valenciana, el procedimiento administrativo se iniciará por el centro de Atención Primaria que corresponda a su domicilio habitual, debiendo aportarse al expediente los datos de identificación y localización y el informe médico de confirmación del embarazo. La unidad administrativa del centro de Atención Primaria procederá a inscribir a la solicitante en la base de datos del Sistema de Información Poblacional y se le entregará una tarjeta de asistencia sanitaria que cubra los períodos de embarazo, parto y postparto. La solicitud y la documentación acreditativa del embarazo quedarán archivadas en el centro de Atención Primaria que la atendió.

5.6  Los datos facilitados por los extranjeros a estos efectos tendrán carácter confidencial y un uso meramente sanitario, estando protegidos conforme a lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente decreto.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.—Los ciudadanos de la Unión Europea para este derecho continuarán rigiéndose por el Reglamento (CEE) 1408/71, de 14 de junio, del Consejo, y su normativa de desarrollo; de igual manera los ciudadanos extranjeros de países con convenios de colaboración en materia sanitaria con el estado español continuarán siendo atendidos conforme a los mismos.


Disposición final segunda.—Se faculta al conseller de Sanidad para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y aplicación del presente decreto. Queda autorizado así mismo para la modificación, en su caso, de los procedimientos establecidos para la tramitación de la tarjeta sanitaria.


Disposición final tercera.—El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 
 
Aranzadi Insignis
Practicum Contable 2015
Checkpoint Fiscal