DECRETO 192/2000, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES ECONÓMICAS CON TERCERAS PERSONAS (BOC DE 6 DE OCTUBRE)

La obligación prevista en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria está concebida como un instrumento eficaz de obtención de información con trascendencia tributaria para el apoyo a la gestión y el adecuado control del Impuesto General Indirecto Canario, tributo cuya aplicación práctica exige el concurso de una multiplicidad de operadores económicos.

Esta necesidad de obtención de información se plasmó en la aprobación del Decreto 304/1993, de 26 de noviembre, por el que se regula la obligación de información relativa a las operaciones económicas con terceras personas que incumbe a los sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto Canario.

Sin embargo, la experiencia en la aplicación de esta norma a lo largo de seis años ha puesto de manifiesto algunos problemas. En primer lugar, existe un déficit de información respecto de la que podría obtenerse si la normativa autonómica se acercara a la estatal en esta materia. En este sentido, se incorpora la obligación de información, por ejemplo, para comerciantes minoristas, para los empresarios o profesionales personas físicas cuyo volumen de operaciones en el año anterior no haya superado una determinada cuantía, o para los profesionales que realizan asistencia sanitaria, en este último caso sólo por las compras que realicen, siendo así que todos estos sujetos pasivos ya tienen la obligación de presentar la declaración estatal de operaciones con terceras personas. En segundo lugar, es preciso incrementar la coordinación entre las dos Administraciones públicas que permita el intercambio de información entre ellas, lo que no es posible sin una homogeneización de los datos recogidos y de su tratamiento, con la abierta intención de facilitar acuerdos posteriores que posibiliten un adecuado trasvase de información compatible con un apreciable descenso en la presión fiscal indirecta y la correlativa facilidad de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Con la normativa que se aprueba, por tanto, un mismo obligado tributario presentará una declaración ante cada Administración pública en el mismo plazo y normalmente con el mismo contenido, aunque en ocasiones el contenido de la declaración que se aprueba en este Decreto puede ser más restringido.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 20 de septiembre de 2000, dispongo:

2.  Conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 58/2003, las personas o entidades a que se refieren los apartados 1 y 2 del citado artículo, incluirán también en la declaración informativa a que se refiere el apartado anterior las adquisiciones de bienes o servicios que efectúen en Canarias al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.

Las entidades radicadas en Canarias e integradas en las distintas Administraciones públicas deberán incluir, además, en la declaración informativa a que se refiere el apartado anterior las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan con cargo a sus presupuestos generales o que gestionen por cuenta de entidades u organismos no integrados en dichas Administraciones públicas.

3.  Las personas o entidades a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 94 de la Ley 58/2003, presentarán la declaración anual relativa a sus operaciones económicas con terceras personas respecto de cada uno de los sectores de su actividad con carácter empresarial o profesional que tenga asignado un número de identificación fiscal diferente o respecto de la totalidad de ellos.

Cuando las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas presenten declaración anual relativa a sus operaciones económicas con terceras personas respecto de cada uno de los sectores de su actividad con carácter empresarial o profesional que tenga asignado un número de identificación fiscal diferente, incorporarán los datos exigidos en virtud de este apartado a una cualquiera de aquellas declaraciones.

Asimismo, las entidades distintas de la Administración del Estado y sus organismos autónomos y de la Administración autonómica canaria y sus organismos autónomos de carácter administrativos, aun cuando no realicen actividades empresariales o profesionales, podrán presentar la declaración anual de operaciones a que se refiere este Decreto, separadamente por cada uno de sus departamentos, consejerías, dependencias u órganos especiales que tengan asignado un número de identificación fiscal diferente.

4.  Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1.b) de la Ley 58/2003, las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades establecidas en Canarias que, entre sus funciones, realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros, estarán obligados a incluir estos rendimientos en la declaración anual de operaciones a que se refiere este Decreto.

5.  No están obligados a presentar esta declaración:

a)  Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto de otra persona o entidad, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente o de 300,51 euros durante el mismo período, cuando, en este último supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros, por cuenta de socios.

b)  Quienes realicen en Canarias actividades empresariales o profesionales sin tener en el Archipiélago la sede de su actividad económica, su domicilio fiscal o algún establecimiento permanente.

c)  Las personas físicas y las entidades en régimen de atribución de rentas acogidos a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura y ganadería del Impuesto General Indirecto Canario, salvo por las operaciones que estén excluidas de la aplicación de los citados regímenes, así como aquellas otras por las que deban emitir factura y por las adquisiciones de bienes o servicios.

d)  Los empresarios o profesionales que estén obligados a presentar la declaración informativa prevista en el artículo 38 del Decreto 182/1992.

e)  Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de declaración, según lo dispuesto en el artículo 2 de este Decreto .

1.  Los obligados tributarios deberán relacionar en la declaración anual de operaciones a todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que, en su conjunto para cada una de ellas, hayan superado la cifra de 500.000 pesetas (3.005,06 euros), durante el año natural correspondiente, computándose, a efectos de dicha cifra, de forma separada, las entregas de bienes y prestaciones de servicios, y las adquisiciones de los mismos.

2.  A efectos de lo dispuesto en este Decreto tendrán la consideración de operaciones económicas tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por el obligado tributario como sus adquisiciones de bienes y servicios, incluyéndose, en ambos casos, tanto las operaciones típicas y habituales como las ocasionales e incluso, las operaciones inmobiliarias.

Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la declaración anual de operaciones se incluirán tanto las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios sujetas y no exentas al Impuesto General Indirecto Canario, como las exentas de dicho impuesto.

En todo caso, deberán incluirse en la declaración las operaciones exentas del Impuesto General Indirecto Canario en virtud de lo dispuesto en el apartado 27 del número 1 del artículo 10 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, cuando los destinatarios de las mismas sean empresarios o profesionales actuando en el desarrollo de su actividad, así como las operaciones exentas por el apartado 28 del mismo número.

3.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidas del deber de declaración las siguientes operaciones:

a)  Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura o documento equivalente, consignando los datos de identificación del destinatario, conforme a la legislación estatal que regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

b)  Las entregas de bienes y prestaciones de servicios a que se refieren los apartados 2, 3, 4, 5 y 15 del número 1 del artículo 10 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.

c)  Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo.

d)  Las importaciones de bienes sujetas al Impuesto General Indirecto Canario.

e)  Las entregas de bienes y prestaciones de servicios exentas del Impuesto General Indirecto Canario por exportación u operaciones asimiladas a las exportaciones.

f)  Las entregas y adquisiciones de bienes de inversión y las prestaciones de servicios de ejecución de obra, realizadas o recibidas, que tengan como resultado un bien de inversión, que deban relacionarse en la declaración anual de operaciones exentas del Impuesto General Indirecto Canario por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Dos.  Contenido específico.

Las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas territoriales o en la Administración institucional radicadas en Canarias deberán relacionar, además, en la declaración anual de operaciones, las subvenciones, ayudas o auxilios que concedan a empresarios o profesionales con cargo a sus Presupuestos Generales o gestionen por cuenta de entidades u organismos no integrados en dichas Administraciones Públicas, siempre que las atribuciones patrimoniales se destinen a empresarios o profesionales domiciliados fiscalmente o con establecimientos permanentes, en Canarias y que, en su conjunto para cada empresario o profesional, hayan superado la indicada cifra de 500.000 pesetas (3.005,06 euros) anuales.

Tres.  Contenido adicional.

Los obligados tributarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 1 del presente Decretodeberán relacionar en la declaración anual de operaciones, los pagos a que se refiere la misma disposición, siempre y cuando el total de la cantidad satisfecha a cada persona imputada haya superado la cifra de 50.000 pesetas (300,51 euros).

a)  Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa, así como el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del declarante.

A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, el domicilio fiscal de las entidades sin personalidad que desarrollen actividades empresariales o profesionales será el lugar donde esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En los supuestos en que resulte dudoso el lugar del domicilio fiscal, de acuerdo con ese criterio, prevalecerá aquel en que radique el mayor valor del inmovilizado.

b)  Los apellidos y nombres, por este orden o, en su caso, la denominación o razón social completa, así como el número de identificación fiscal, de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración.

c)  El importe total individualizado de las operaciones realizadas con cada persona o Entidad durante el año natural al que la declaración se refiera.

2.  Para la declaración del importe total individualizado de las operaciones con terceras personas se observarán los siguientes criterios:

a)  Tratándose de operaciones sujetas y no exentas del Impuesto General Indirecto Canario, se declarará el importe total de las contraprestaciones, añadiendo las cuotas repercutidas o soportadas por dicho impuesto.

b)  En el caso de las operaciones a las que se refiere el número segundo del apartado primero del artículo 19 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, se declarará en el apartado de adquisiciones, el importe total de las contraprestaciones.

c)  Tratándose de operaciones que hayan generado el derecho para la entidad transmitente del bien o prestadora del servicio a percibir una compensación, según el régimen especial de la agricultura y ganadería del Impuesto General Indirecto Canario, se declarará el importe de las contraprestaciones totales, añadiendo las compensaciones percibidas o satisfechas.

3.  A efectos de lo dispuesto en el presente Decreto se entenderá por importe total de las contraprestaciones el que resulte de aplicar las normas de determinación de la base imponible del Impuesto General Indirecto Canario contenidas en los artículos 22 y 23 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, incluso respecto de aquellas operaciones exentas del mismo que deban incluirse en la declaración anual, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.

4.  En las operaciones de mediación y en las de agencia o comisión, cuando el agente o comisionista actúe en nombre ajeno, deberá declararse el importe total individualizado de las contraprestaciones correspondientes a estas prestaciones de servicios, añadiendo las cuotas repercutidas o soportadas en concepto del Impuesto General Indirecto Canario.

Si el agente o comisionista actúa en nombre propio, se entenderá que ha recibido y entregado o prestado por sí mismo los correspondientes bienes o servicios, debiéndose declarar en consecuencia el importe total de las correspondientes contraprestaciones y cuotas repercutidas o soportadas del Impuesto General Indirecto Canario.

5.  El importe total individualizado de las operaciones se declarará neto tras las devoluciones o descuentos y bonificaciones concedidos y de las operaciones que queden sin efecto en el mismo año natural y teniendo en cuenta las alteraciones del precio acaecidas en el mismo período.

Asimismo, en el supuesto de quiebras y suspensiones de pagos y operaciones que sean total o parcialmente incobrables que hayan dado lugar a modificaciones en la base imponible del Impuesto General Indirecto Canario, según lo dispuesto en los números 6 y 7 del artículo 22 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, y normativa que la desarrolla, en el mismo año natural a que se refiera la declaración regulada en este Decreto, el importe total individualizado se declarará teniendo en cuenta dichas modificaciones.

2.  En todos los casos contemplados en el apartado 5 del artículo 3 de este Decreto cuando los mismos tengan lugar en un año natural diferente a aquel al que corresponda la declaración anual donde debió incluirse la operación, sin que aún se hubieran producido tales circunstancias modificativas, éstas deberán ser reflejadas, precisamente, en la declaración del año natural en que las mismas se hayan producido. A estos efectos, el importe total individualizado de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad, se declarará teniendo en cuenta dichas modificaciones.

3.  Los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que deben incluirse en la declaración anual. Al efectuarse ulteriormente la operación, se declarará el importe total de la misma, minorado en el importe del anticipo anteriormente declarado, siempre que el resultado de esta minoración supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad, el límite cuantitativo establecido en el número 1 del apartado uno del artículo 2 de este Decreto

4.  Las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan los obligados tributarios a que se refiere el apartado dos del artículo 2 de este Decreto, se entenderán satisfechos el día en que se expida la correspondiente orden de pago.

2.  El Consejero de Economía y Hacienda aprobará el modelo oficial al que deberán ajustarse estas declaraciones y dictará las normas sobre el lugar de presentación de las mismas.

La declaración anual de operaciones podrá presentarse en soporte magnético o por vía telemática en las condiciones y diseños que apruebe el Consejero de Economía y Hacienda. La presentación en soporte magnético será obligatoria cuando el número de personas o Entidades relacionadas en la declaración exceda de 25.

2.  Asimismo, la Inspección de Tributos y los órganos gestores podrán requerir la presentación de las declaraciones omitidas o la aportación de los datos no consignados en las declaraciones o consignados inexactamente.

Si el obligado tributario no atendiese el requerimiento, su conducta se considerará infracción tributaria simple sancionándose con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 83 de la Ley General Tributaria.