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DECRETO 31/2002, DE 26 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE INDEMNIZACIONES A LAS PERSONAS QUE SUFRIERON PRISIÓN COMO CONSECUENCIA DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, DE AMNISTÍA, Y NO RESULTARON FAVORECIDOS POR LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 1990 Y 1992 (DOCM DE 6 DE MARZO)




DECRETO 31/2002, DE 26 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE INDEMNIZACIONES A LAS PERSONAS QUE SUFRIERON PRISIÓN COMO CONSECUENCIA DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, DE AMNISTÍA, Y NO RESULTARON FAVORECIDOS POR LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 1990 Y 1992 (DOCM DE 6 DE MARZO)


 

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2000, aprobó la Proposición no de Ley 05/0501-0089, relativa a la elaboración de un estudio sobre el número de castellano-manchegos afectados por los supuestas contemplados en la Ley 46/1977, de Amnistía, que quedaron fuera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 y 1992. También se instó a establecer las disposiciones precisas para regular la concesión de indemnizaciones, concretadas como prestaciones únicas y no periódicas en función del tiempo de permanencia en prisión.

Atendiendo a la voluntad manifestada por las Cortes de Castilla-La Mancha, por diversos sectores institucionales, políticos y sociales, resulta oportuno reparar la exclusión de muchos afectados que pese a pasar una parte de sus vidas en prisión por defender la libertad, la justicia y los valores democráticos no fueron beneficiados por las indemnizaciones estatales de 1990. En este sentido, es voluntad política del Gobierno de Castilla-La Mancha de hacer extensivas estas indemnizaciones a los castellano manchegos víctimas de represalias que hayan cumplido penas privativas de libertad por un período total superior a tres años en cualquier establecimiento penitenciario, disciplinaria o campo de concentración, sin limitación en cuanto a la edad del represaliado. Asimismo, en una segunda fase, se procederá a indemnizar a aquellos otros que fueron privados de libertad por tiempo superior a tres meses e inferior a tres años, en las condiciones y cuantía que se establezcan, para lo cual se efectúa por medio de este Decreto una convocatoria pública a todos aquellos que se encuentren en esta segunda situación.

Con esta norma el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque consciente de que ninguna indemnización puede devolver a los afectados y a sus familiares lo que perdieron en su lucha por las libertades públicas, quiere testimoniar el respeto de la sociedad y de las Instituciones de nuestra Comunidad, manifestadas por las Cortes de Castilla-La Mancha, con quienes fueron privados de su libertad personal y sufrieron por su generosa defensa de los valores democráticos y que además se vieron imposibilitados a acceder a las indemnizaciones establecidas, en su día, por el Estado.

En la elaboración del presente Decreto se ha tenido en cuenta la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo a las Comunidades Autónomas y ha sido consultada la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos.

Por último, señalar que la concesión de las ayudas reguladas en este Decreto se ajustará a la normativa vigente en la Comunidad Autónoma en materia de subvenciones, en concreto el artículo 27 de la Ley 5/1990, de 28 de diciembre, y el Decreto 2/1991, de 15 de enero, por el que se aprueba el Régimen General de Concesión de Subvenciones y, en consecuencia, las bases reguladoras serán aprobadas por Orden de la correspondiente Consejería.

En consecuencia, a propuesta de la titular de la Consejería de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Gobierno dispongo:


Artículo 1.  Objeto.— El presente Decreto tiene por objeto lo siguiente:

a)  Establecer indemnizaciones económicas a los expresos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un período de tres o más años en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración, consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1971, de 15 de octubre, de Amnistía y que no pudieron acceder a las indemnizaciones establecidas en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, por no cumplir el requisito de edad establecido en ella.

b)  Abrir una convocatoria pública para los ex-presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un período superior a tres meses e inferior a tres años en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración, consecuencia de las supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, cuyas indemnizaciones y requisitos se fijarán mediante Decreto del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.


Artículo 2.  Incompatibilidades.— Las indemnizaciones establecidas para los beneficiarios descritos en el art. 1.a), y las que puedan establecerse para las personas que acudan a la convocatoria pública prevista en el art. 1.b), son incompatibles con las reconocidas por la Disposición Adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, y con cualesquiera otras ayudas, indemnizaciones o subsidios que hubieran percibido, o tuvieran derecho a percibir, en otra Administración Pública y/o Seguridad Social por el mismo motivo.


SECCIÓN 1.ª  INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS PARA EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POR TIEMPO DE TRES O MÁS AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD


Artículo 3.  Beneficiarios.— 1.  Podrán ser beneficiarios de estas indemnizaciones quienes hubieran sufrido privación de libertad de forma efectiva en cualquier establecimiento de las señalados en el artículo 1.a), como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, durante un período mínimo de tres años.

2.  En caso de fallecimiento de la persona beneficiaria, podrán percibir estas ayudas el cónyuge viudo o viuda, o la persona unida al beneficiario por una relación de convivencia análoga a la conyugal, y, en defecto de ésta, los hijos que tengan reconocida legalmente la condición de minusvalía, y que en ambas casos, si viviera el beneficiario estarían vinculados a él por una relación de dependencia económica.

3.  En todo caso, es requisito imprescindible para tener derecho a estas prestaciones que el beneficiario haya estado empadronado como residente en un municipio de Castilla-La Mancha durante un período ininterrumpido de al menos un año inmediatamente anterior a la entrada en vigor del presento Decreto o, en su caso, de la fecha de su fallecimiento.

4.  En el supuesto de fallecimiento del solicitante durante la tramitación del procedimiento, se dictará resolución de finalización de éste por causas sobrevenidas, salvo que el fallecido fuera el propio represaliado, en cuyo caso se continuarán las actuaciones con la persona que se encuentre en la situación señalada en el apartado 2 de este artículo, siempre que se persone en el expediente y acredite tal condición, dentro del plazo de resolución.


Artículo 4.  Cuantía y naturaleza de la indemnización.— Los beneficiarios tendrán derecho a una indemnización según las siguientes cuantías:

— De treinta y seis a cuarenta meses de privación de libertad: 6.000 euros.

— Por cada seis meses adicionales: 600 euros.

— En cualquier caso, la cuantía máxima de la indemnización a percibir será de 9.000 euros.

Estas indemnizaciones consisten en un pago único que podrá percibirse, en uno o varios plazos, sin que en ningún caso pueda tener carácter periódico.


SECCIÓN 2.ª  CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EX-PRESOS Y REPRESALIADOS CON MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE TRES AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD


Artículo 5.  Destinatarios.— Podrán participar en esta convocatoria quienes reúnan las requisitos señalados en el artículo 3, a excepción del tiempo de duración de la privación de libertad, que lo será por un período superior a tres meses e inferior a tres años.


Artículo 6.  Cuantía y naturaleza de las indemnizaciones.— Las indemnizaciones económicas serán establecidas mediante Decreto del Consejo de Gobierno en la cuantía y condiciones que se establezcan, y consistirán, en todo caso, en una prestación económica directa de percepción única y no periódica, en función del tiempo de privación de libertad.


Artículo 7.  Carácter de esta convocatoria.— La solicitud y el resto de la documentación que se presente sólo tiene carácter informativo a los efectos de poder obtener los datos necesarios para elaborar una propuesta normativa, sin que de la referida documentación y solicitud se derive ningún tipo de derecho a favor del posible interesada. No obstante, será requisito indispensable para poder acceder a las indemnizaciones, que en el futuro pudieran establecerse, la participación en esta convocatoria mediante solicitud normalizada que al efecto se acompaña en el Anexo II junto con la documentación a que hace referencia el artículo 8 del presente Decreto.


SECCIÓN 3.ª  PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN


Artículo 8.  Solicitudes.— 1.  El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses a partir del día siguiente a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

2.  Las solicitudes se presentarán con arreglo al modelo de solicitud Anexo I o Anexo II, según corresponda, al presente Decreto, acompañada de la documentación a la que se refiere el apartado siguiente, en las Oficinas de Información y Registro de la Junta de Castilla-La Mancha, o en los lugares y por los medios indicados la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.  Las solicitudes se acompañarán de los siguientes documentos:

a)  Certificado de empadronamiento acreditativo de tener vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Castilla-La Mancha y residir efectivamente en la Región en los términos señalados en el art. 3.3 del presente Decreto.

b)  Fotocopia autenticada o compulsada del Documento Nacional de Identidad del solicitante.

c)  Fotocopia autenticada o compulsada de los documentos acreditativos de los períodos de privación de libertad efectiva por motivos políticos que fueron amnistiados por la Ley 46/1977, de 15 de octubre.

d)  Declaración jurada o promesa, recogida en el Anexo IV, de no haber recibido indemnización o, en su caso, tener en trámite otra solicitud, por los mismos motivos por ninguna otra Administración Pública.

e)  En caso de que la solicitud se hiciera a través de representante, documento que acredite tal representación.

4.  En el supuesto del artículo 3.2 se acompañarán además los siguientes documentos:

a)  Fotocopia autenticada o compulsada del Certificado de defunción del ex-preso o represaliado.

b)  Fotocopia autenticada o compulsada del Certificado de matrimonio (o en su caso, acreditación de convivencia análoga a la conyugal) expedido con posterioridad a la fecha de defunción del beneficiario o certificación acreditativa de la condición de perceptor de la pensión de viudedad o a favor de familiares, según proceda.

5.  La Consejería de Administración Pública podrá eximir de la aportación de alguno de estos documentos, debiendo en todo caso quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto, y justificando que la falta de aportación del documento o documentos obedezca a especiales dificultades para su obtención.


Artículo 9.  Tramitación.— 1.  Las Delegaciones Provinciales de la Junta y las Delegación de Servicios de Talavera de la Reina recibirán las solicitudes, requerirán en su caso la subsanación, resolviendo el Delegado los desistimientos por falta de esa subsanación cuando fuera preceptiva, conforme a lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y elevarán los expedientes con su informe a la Secretaría General de la Consejería de Administración Pública.

2.  La Secretaría General actuante propondrá la resolución que en cada caso proceda.


Artículo 10.  Resolución.— 1.  Corresponde a la titular de la Consejería de Administración Pública la resolución de las solicitudes a las que se refiere el presente Decreto. Para las solicitudes de la Sección Primera de este Decreto, se estimará o denegará la indemnización, y para las solicitudes de la Sección Segunda, se estimará o se desestimará la inclusión en la base de datos de la documentación presentada por el beneficiario.

2.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos administrativos incluidos en este Decreto será de seis meses contados desde la fecha en la que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver.

3.  De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 10/2001, de 22 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de cesión de datos personales, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo si, transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, no se hubiera dictado y notificado resolución expresa.

4.  Contra la resolución de la titular de la Consejería de Administración Pública estimando o denegando la solicitud de indemnización o, en su caso, de la inclusión en la base de datos de la documentación presentada por el beneficiario, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha competente en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la notificación, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, del RJAP y PAC y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.— Se faculta a la titular de la Consejería de Administración Pública para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.


Disposición final segunda.— El reconocimiento y pago de indemnizaciones quedará supeditado a la existencia de crédito de cada ejercicio vigente.


Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.— El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.


ANEXO I (SIIT)

Solicitud de indemnización para ex-presos y represaliados políticos privados de libertad durante más de 3 años

Nota

ANEXO II (SIIT)

Solicitud de participación en la convocatoria para ex-presos y represaliados políticos privados de libertad durante más de 3 meses y menos de 3 años

Nota

ANEXO III

Solicitud de certificación acreditativa de permanencia efectiva en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración a los efectos de acogerse a los beneficios del Decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Decreto 31/2002, de 26 de marzo de 2002, DOCM nº 28 de 6 de marzo de 2002), sobre indemnizaciones a ex-presos y represaliados políticos

Nota

ANEXO IV

Nota
 
 
Aranzadi Insignis
Practicum Local 2014