983 457 038
RSSLegislación
Imprimir
Mostrar / Ocultar ÍndiceINDICE
-
Título III. De la instrucción del procedimiento (arts. 16 a 30)
-
LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES (BOE DEL 13)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
1. La promulgación de la presente
Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores
era una necesidad impuesta por lo establecido en la Ley Orgánica
4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la
competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; en la
moción aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de
1994, y en el artículo 19 de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal.
2. La Ley Orgánica 4/1992,
promulgada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional
36/1991, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional el artículo
15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido
de 11 de junio de 1948, establece un marco flexible para que los
Juzgados de Menores puedan determinar las medidas aplicables a éstos
en cuanto infractores penales, sobre la base de valorar especialmente
el interés del menor, entendiendo por menores a tales efectos a
las personas comprendidas entre los doce y los dieciséis años. Simultáneamente,
encomienda al Ministerio Fiscal la iniciativa procesal, y le concede
amplias facultades para acordar la terminación del proceso con la
intención de evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos
que el mismo pudiera llegar a producir. Asimismo, configura al equipo
técnico como instrumento imprescindible para alcanzar el objetivo
que persiguen las medidas y termina estableciendo un procedimiento
de naturaleza sancionadora-educativa, al que otorga todas las garantías
derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, en sintonía con
lo establecido en la aludida sentencia del Tribunal Constitucional
y lo dispuesto en el artículo 40 de la Convención de los Derechos
del Niño de 20 de noviembre de 1989.
Dado que la expresada Ley Orgánica
se reconocía a sí misma expresamente "el carácter de una
reforma urgente, que adelanta parte de una renovada legislación
sobre reforma de menores, que será objeto de medidas legislativas
posteriores", es evidente la oportunidad de la presente
Ley Orgánica, que constituye esa necesaria reforma legislativa,
partiendo de los principios básicos que ya guiaron la redacción
de aquélla (especialmente, el principio del superior interés del
menor), de las garantías de nuestro ordenamiento constitucional,
y de las normas de Derecho internacional, con particular atención
a la citada Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre
de 1989, y esperando responder de este modo a las expectativas creadas
en la sociedad española, por razones en parte coyunturales y en
parte permanentes, sobre este tema concreto.
3. Los principios expuestos
en la moción aprobada unánimemente por el Congreso de los Diputados
el día 10 de mayo de 1994, sobre medidas para mejorar el marco jurídico
vigente de protección del menor, se refieren esencialmente al establecimiento de
la mayoría de edad penal en los dieciocho años y a la promulgación
de "una ley penal del menor y juvenil que contemple la exigencia
de responsabilidad para los jóvenes infractores que no hayan alcanzado
la mayoría de edad penal, fundamentada en principios orientados
hacia la reeducación de los menores de edad infractores, en base
a las circunstancias personales, familiares y sociales, y que tenga
especialmente en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas
en esta materia..."
4. El artículo 19 del vigente
Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
fija efectivamente la mayoría de edad penal en los dieciocho años
y exige la regulación expresa de la responsabilidad penal de los
menores de dicha edad en una Ley independiente. También para responder
a esta exigencia se aprueba la presente Ley Orgánica, si bien lo
dispuesto en este punto en el Código Penal debe ser complementado
en un doble sentido. En primer lugar, asentando firmemente el principio
de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a
la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa
que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica y
que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento
de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías
comunes a todo justiciable. En segundo término, la edad límite de
dieciocho años establecida por el Código Penal para referirse a
la responsabilidad penal de los menores precisa de otro límite mínimo
a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad
y que se ha concretado en los catorce años, con base en la convicción
de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta
edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos
en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles
una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial
civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador
del Estado.
5. Asimismo, han sido criterios
orientadores de la redacción de la presente Ley Orgánica, como no
podía ser de otra manera, los contenidos en la doctrina del Tribunal
Constitucional, singularmente en los fundamentos jurídicos de las
sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 60/1995, de 17 de marzo,
sobre las garantías y el respeto a los derechos fundamentales que
necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido ante los
Juzgados de Menores, sin perjuicio de las modulaciones que, respecto
del procedimiento ordinario, permiten tener en cuenta la naturaleza
y finalidad de aquel tipo de proceso, encaminado a la adopción de
unas medidas que, como ya se ha dicho, fundamentalmente no pueden
ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la
efectiva reinserción y el superior interés del menor, valorados
con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de
las ciencias no jurídicas.
II
6. Como consecuencia de los
principios, criterios y orientaciones a que se acaba de hacer referencia,
puede decirse que la redacción de la presente Ley Orgánica ha sido
conscientemente guiada por los siguientes principios generales:
naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa
del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores
menores de edad, reconocimiento expreso de todas las garantías que
se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las
especiales exigencias del interés del menor, diferenciación de diversos
tramos a efectos procesales y sancionadores en la categoría de infractores
menores de edad, flexibilidad en la adopción y ejecución de las
medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto, competencia
de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección
de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia
y control judicial de esta ejecución.
7. La presente Ley Orgánica
tiene ciertamente la naturaleza de disposición sancionadora, pues
desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica
a los menores infractores, aunque referida específicamente a la
comisión de hechos tipificados como delitos o faltas por el Código
Penal y las restantes leyes penales especiales. Al pretender ser
la reacción jurídica dirigida al menor infractor una intervención
de naturaleza educativa, aunque desde luego de especial intensidad,
rechazando expresamente otras finalidades esenciales del Derecho
penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sanción
o la intimidación de los destinatarios de la norma, se pretende
impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente
para el menor, como el ejercicio de la acción por la víctima o por
otros particulares.
Y es que en el Derecho penal
de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento
y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor.
Interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas
por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las
ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación
de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles
como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio
de presunción de inocencia.
8. Sin embargo, la Ley tampoco
puede olvidar el interés propio del perjudicado o víctima del hecho
cometido por el menor, estableciendo un procedimiento singular,
rápido y poco formalista para el resarcimiento, en su caso, de daños
y perjuicios, dotando de amplias facultades al Juez de Menores para
la incorporación a los autos de documentos y testimonios relevantes
de la causa principal. En este ámbito de atención a los intereses
y necesidades de las víctimas, la Ley introduce el principio en
cierto modo revolucionario de la responsabilidad solidaria con el
menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, acogedores o
guardadores, si bien permitiendo la moderación judicial de la misma
y recordando expresamente la aplicabilidad en su caso de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de la
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Asimismo la Ley regula, para
procedimientos por delitos graves cometidos por mayores de dieciséis
años, un régimen de intervención del perjudicado en orden a salvaguardar
el interés de la víctima en el esclarecimiento de los hechos y su
enjuiciamiento por el orden jurisdiccional competente, sin contaminar
el procedimiento propiamente educativo y sancionador del menor.
Esta Ley arbitra un amplio
derecho de participación a las víctimas ofreciéndoles la oportunidad
de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando
prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos. Sin embargo,
esta participación se establece de un modo limitado ya que respecto
de los menores no cabe reconocer a los particulares el derecho a
constituirse propiamente en parte acusadora con plenitud de derechos
y cargas procesales. No existe aquí ni la acción particular de los
perjudicados por el hecho criminal, ni la acción popular de los
ciudadanos, porque en estos casos el interés prioritario para la sociedad
y para el Estado coincide con el interés del menor.
9. Conforme a las orientaciones
declaradas por el Tribunal Constitucional, anteriormente aludidas,
se instaura un sistema de garantías adecuado a la pretensión procesal,
asegurando que la imposición de la sanción se efectuará tras vencer
la presunción de inocencia, pero sin obstaculizar los criterios
educativos y de valoración del interés del menor que presiden este
proceso, haciendo al mismo tiempo un uso flexible del principio
de intervención mínima, en el sentido de dotar de relevancia a las
posibilidades de no apertura del procedimiento o renuncia al mismo,
al resarcimiento anticipado o conciliación entre el infractor y
la víctima, y a los supuestos de suspensión condicional de la medida
impuesta o de sustitución de la misma durante su ejecución.
La competencia corresponde
a un Juez ordinario, que, con categoría de Magistrado y preferentemente
especialista, garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos
en conflicto. La posición del Ministerio Fiscal es relevante, en
su doble condición de institución que constitucionalmente tiene
encomendada la función de promover la acción de la Justicia y la
defensa de la legalidad, así como de los derechos de los menores,
velando por el interés de éstos. El letrado del menor tiene participación
en todas y cada una de las fases del proceso, conociendo en todo
momento el contenido del expediente, pudiendo proponer pruebas e interviniendo
en todos los actos que se refieren a la valoración del interés del
menor y a la ejecución de la medida, de la que puede solicitar la
modificación.
La adopción de medidas cautelares
sigue el modelo de solicitud de parte, en audiencia contradictoria,
en la que debe valorarse especialmente, una vez más, el superior
interés del menor.
En defensa de la unidad de
doctrina, el sistema de recursos ordinario se confía a las Salas
de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, que habrán
de crearse, las cuales, con la inclusión de Magistrados especialistas,
aseguran y refuerzan la efectividad de la tutela judicial en relación
con las finalidades que se propone la Ley. En el mismo sentido,
procede destacar la instauración del recurso de casación para unificación
de doctrina, reservado a los casos de mayor gravedad, en paralelismo
con el proceso penal de adultos, reforzando la garantía de la unidad
de doctrina en el ámbito del derecho sancionador de menores a través
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
10. Conforme a los principios
señalados, se establece, inequívocamente, el límite de los catorce
años de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora
a los menores de edad penal y se diferencian, en el ámbito de aplicación
de la Ley y de la graduación de las consecuencias por los hechos
cometidos, dos tramos, de catorce a dieciséis y de diecisiete a
dieciocho años, por presentar uno y otro grupo diferencias características
que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un
tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica
en el tramo de los mayores de dieciséis años la comisión de delitos que
se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las
personas.
La aplicación de la presente
Ley a los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, prevista
en el artículo 69 del Código Penal vigente, podrá ser acordada por
el Juez atendiendo a las circunstancias personales y al grado de
madurez del autor, y a la naturaleza y gravedad de los hechos. Estas
personas reciben, a los efectos de esta Ley, la denominación genérica
de "jóvenes".
Se regulan expresamente, como
situaciones que requieren una respuesta específica, los supuestos
en los que el menor presente síntomas de enajenación mental o la
concurrencia de otras circunstancias modificativas de su responsabilidad,
debiendo promover el Ministerio Fiscal, tanto la adopción de las
medidas más adecuadas al interés del menor que se encuentre en tales situaciones,
como la constitución de los organismos tutelares previstos por las
leyes. También se establece que las acciones u omisiones imprudentes
no puedan ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen
cerrado.
11. Con arreglo a las orientaciones
expuestas, la Ley establece un amplio catálogo de medidas aplicables,
desde la referida perspectiva sancionadora-educativa, debiendo primar
nuevamente el interés del menor en la flexible adopción judicial
de la medida más idónea, dadas las características del caso concreto
y de la evolución personal del sancionado durante la ejecución de la
medida. La concreta finalidad que las ciencias de la conducta exigen
que se persiga con cada una de las medidas relacionadas, se detalla
con carácter orientador en el apartado III de esta exposición de
motivos.
12. La ejecución de las medidas
judicialmente impuestas corresponde a las entidades públicas de
protección y reforma de menores de las Comunidades Autónomas, bajo
el inexcusable control del Juez de Menores. Se mantiene el criterio
de que el interés del menor tiene que ser atendido por especialistas
en las áreas de la educación y la formación, pertenecientes a esferas de
mayor inmediación que el Estado. El Juez de Menores, a instancia
de las partes y oídos los equipos técnicos del propio Juzgado y
de la entidad pública de la correspondiente Comunidad Autónoma,
dispone de amplias facultades para suspender o sustituir por otras
las medidas impuestas, naturalmente sin mengua de las garantías
procesales que constituyen otro de los objetivos primordiales de
la nueva regulación, o permitir la participación de los padres del
menor en la aplicación y consecuencias de aquéllas.
13. Un interés particular revisten
en el contexto de la Ley los temas de la reparación del daño causado
y la conciliación del delincuente con la víctima como situaciones
que, en aras del principio de intervención mínima, y con el concurso
mediador del equipo técnico, pueden dar lugar a la no incoación
o sobreseimiento del expediente, o a la finalización del cumplimiento
de la medida impuesta, en un claro predominio, una vez más, de los
criterios educativos y resocializadores sobre los de una defensa social
esencialmente basada en la prevención general y que pudiera resultar
contraproducente para el futuro.
La reparación del daño causado
y la conciliación con la víctima presentan el común denominador
de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un
acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto
jurídico iniciado por su causa. La conciliación tiene por objeto
que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del menor
infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto
a disculparse. La medida se aplicará cuando el menor efectivamente
se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo acepte y otorgue
su perdón. En la reparación el acuerdo no se alcanza únicamente mediante
la vía de la satisfacción psicológica, sino que requiere algo más:
el menor ejecuta el compromiso contraído con la víctima o perjudicado
de reparar el daño causado, bien mediante trabajos en beneficio
de la comunidad, bien mediante acciones, adaptadas a las necesidades
del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia víctima o perjudicado.
III
14. En la medida de amonestación,
el Juez, en un acto único que tiene lugar en la sede judicial, manifiesta
al menor de modo concreto y claro las razones que hacen socialmente
intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que
para él y para la víctima han tenido o podían haber tenido tales
hechos, y le formula recomendaciones para el futuro.
15. La medida de prestaciones
en beneficio de la comunidad, que, en consonancia con el artículo
25.2 de nuestra Constitución, no podrá imponerse sin consentimiento
del menor, consiste en realizar una actividad, durante un número
de sesiones previamente fijado, bien sea en beneficio de la colectividad
en su conjunto, o de personas que se encuentren en una situación
de precariedad por cualquier motivo. Preferentemente, se buscará
relacionar la naturaleza de la actividad en que consista esta medida
con la de los bienes jurídicos afectados por los hechos cometidos
por el menor.
Lo característico de esta medida
es que el menor ha de comprender, durante su realización, que la
colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado
unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende
que el sujeto comprenda que actuó de modo incorrecto, que merece
el reproche formal de la sociedad, y que la prestación de los trabajos que
se le exigen es un acto de reparación justo.
16. Las medidas de internamiento
responden a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza
peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados en los
casos más destacados por la violencia, la intimidación o el peligro
para las personas. El objetivo prioritario de la medida es disponer
de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas
para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias
que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello
sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia
del infractor en un régimen físicamente restrictivo de su libertad.
La mayor o menor intensidad de tal restricción da lugar a los diversos
tipos de internamiento, a los que se va a aludir a continuación.
El internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad
personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores,
lo que hace imprescindible que las condiciones de estancia sean
las correctas para el normal desarrollo psicológico de los menores.
El internamiento en régimen
cerrado pretende la adquisición por parte del menor de los suficientes
recursos de competencia social para permitir un comportamiento responsable
en la comunidad, mediante una gestión de control en un ambiente
restrictivo y progresivamente autónomo.
El internamiento en régimen
semiabierto implica la existencia de un proyecto educativo en donde
desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en contacto
con personas e instituciones de la comunidad, teniendo el menor
su residencia en el centro, sujeto al programa y régimen interno
del mismo.
El internamiento en régimen
abierto implica que el menor llevará a cabo todas las actividades
del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno,
residiendo en el centro como domicilio habitual.
El internamiento terapéutico
se prevé para aquellos casos en los que los menores, bien por razón
de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones
significativas en su psiquismo, precisan de un contexto estructurado
en el que poder realizar una programación terapéutica, no dándose,
ni, de una parte, las condiciones idóneas en el menor o en su entorno
para el tratamiento ambulatorio, ni, de otra parte, las condiciones
de riesgo que exigirían la aplicación a aquél de un internamiento
en régimen cerrado.
17. En la asistencia a un centro
de día, el menor es derivado a un centro plenamente integrado en
la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo
a su competencia social. Esta medida sirve el propósito de proporcionar
a un menor un ambiente estructurado durante buena parte del día,
en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que puedan
compensar las carencias del ambiente familiar de aquél. Lo característico
del centro de día es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial
del proyecto socio-educativo del menor, si bien éste puede asistir
también a otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio
o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo tanto, continuar
residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento
de acogida.
18. En la medida de libertad
vigilada, el menor infractor está sometido, durante el tiempo establecido
en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a cargo de personal
especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades
y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social.
Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor también
deberá cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo
con esta Ley, el Juez puede imponerle.
19. La realización de tareas
socio-educativas consiste en que el menor lleve a cabo actividades
específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción
social. Puede ser una medida de carácter autónomo o formar parte
de otra más compleja. Empleada de modo autónomo, pretende satisfacer
necesidades concretas del menor percibidas como limitadoras de su
desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participación
del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno
creado "ad hoc" por los profesionales encargados
de ejecutar la medida. Como ejemplos de tareas socio-educativas,
se pueden mencionar las siguientes: asistir a un taller ocupacional,
a un aula de educación compensatoria o a un curso de preparación
para el empleo; participar en actividades estructuradas de animación
sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social,
etc.
20. El tratamiento ambulatorio
es una medida destinada a los menores que disponen de las condiciones
adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa terapéutico
que les ayude a superar procesos adictivos o disfunciones significativas
de su psiquismo. Previsto para los menores que presenten una dependencia
al alcohol o las drogas, y que en su mejor interés puedan ser tratados
de la misma en la comunidad, en su realización pueden combinarse
diferentes tipos de asistencia médica y psicológica. Resulta muy
apropiado para casos de desequilibrio psicológico o perturbaciones
del psiquismo que puedan ser atendidos sin necesidad de internamiento.
La diferencia más clara con la tarea socio-educativa es que ésta
pretende lograr una capacitación, un logro de aprendizaje, empleando
una metodología, no tanto clínica, sino de orientación psicoeducativa.
El tratamiento ambulatorio también puede entenderse como una tarea
socio-educativa muy específica para un problema bien definido.
21. La permanencia de fin de
semana es la expresión que define la medida por la que un menor
se ve obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del
viernes hasta la noche del domingo, a excepción del tiempo en que
realice las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. En la
práctica, combina elementos del arresto de fin de semana y de la
medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio de
la comunidad. Es adecuada para menores que cometen actos de vandalismo
o agresiones leves en los fines de semana.
22. La convivencia con una
persona, familia o grupo educativo es una medida que intenta proporcionar
al menor un ambiente de socialización positivo, mediante su convivencia,
durante un período determinado por el Juez, con una persona, con
una familia distinta a la suya o con un grupo educativo que se ofrezca
a cumplir la función de la familia en lo que respecta al desarrollo
de pautas socioafectivas prosociales en el menor.
23. La privación del permiso
de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo,
o de licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier
tipo de armas, es una medida accesoria que se podrá imponer en aquellos
casos en los que el hecho cometido tenga relación con la actividad
que realiza el menor y que ésta necesite autorización administrativa.
24. Por último, procede poner
de manifiesto que los principios científicos y los criterios educativos
a que han de responder cada una de las medidas, aquí sucintamente
expuestos, se habrán de regular más extensamente en el Reglamento
que en su día se dicte en desarrollo de la presente Ley Orgánica.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Declaración general.-
1. Esta Ley se aplicará para
exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años
y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como
delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.2. Las personas a las que se
aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos reconocidos
en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente
en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas
sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente
celebrados por España.
Los apartados 2 y 4 de este
artículo han sido suprimidos y el apartado 3 ha pasado a ser el
2 en virtud de la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre (BOE del
5), con entrada en vigor el día 5 de febrero de 2007.
TÍTULO I
Del ámbito de aplicación de la
Ley
Artículo 2. Competencia de los Jueces de Menores.-
1. Los Jueces de Menores serán
competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas
mencionadas en el artículo 1.º de esta Ley, así como para
hacer ejecutar las sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas
por esta Ley a las Comunidades Autónomas respecto a la protección
y reforma de menores.Este
apartado 1 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
2. Los Jueces de Menores serán
asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles
derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta
aplicable la presente Ley.
3. La competencia corresponde
al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de esta Ley
4. La competencia para conocer
de los delitos previstos en los artículos 571 a 580 del Código Penal
corresponderá al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.
La referencia del último inciso
del apartado 4 del artículo 17 y cuantas otras se contienen
en la presente Ley al Juez de Menores se entenderán hechas al Juez
Central de Menores en lo que afecta a los menores imputados por
cualquiera de los delitos a que se refieren los
artículos 571 a 580 del Código Penal.
Este
apartado 4 ha sido añadido por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre
(BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero de 2007.
Artículo 3. Régimen de los menores de catorce años.-Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
Artículo 4. Derechos de las víctimas y de los perjudicados.-
El Ministerio Fiscal y el Juez
de Menores velarán en todo momento por la protección de los derechos
de las víctimas y de los perjudicados por las infracciones cometidas
por los menores.De manera inmediata se les
instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas que prevé
la legislación vigente.
Las víctimas y los perjudicados
tendrán derecho a personarse y ser parte en el expediente que se
incoe al efecto, para lo cual el secretario judicial les informará
en los términos previstos en los
artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
instruyéndoles de su derecho a nombrar abogado o instar el nombramiento
de abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia
jurídica gratuita. Asimismo, les informará de que, de no personarse
en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles,
el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.
 |
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. Ley de Enjuiciamiento Criminal | ||
 |
Art. 109. Ofrecimiento de acciones al ofendido | ||
|
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. Ley de Enjuiciamiento Criminal | ||
|
Art. 110. Momento procesal para el ejercicio de la acción civil | ||
Los que se personaren podrán
desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica
de diligencias y cuanto a su derecho convenga.
Sin perjuicio de lo anterior,
el secretario judicial deberá comunicar a las víctimas y perjudicados,
se hayan o no personado, todas aquellas resoluciones que se adopten
tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juez de Menores, que
puedan afectar a sus intereses.
En especial, cuando el Ministerio
Fiscal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, desista de la
incoación del expediente deberá inmediatamente ponerlo en conocimiento
de las víctimas y perjudicados haciéndoles saber su derecho a ejercitar
las acciones civiles que les asisten ante la jurisdicción civil.
Del mismo modo, el secretario
judicial notificará por escrito la sentencia que se dicte a las
víctimas y perjudicados por la infracción penal, aunque no se hayan
mostrado parte en el expediente.
Este
artículo 4 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.-1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artículo 1.º y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.
2. No obstante lo anterior,
a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas
en los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20 del vigente Código Penal les serán aplicables, en caso
necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, letras d) y e) de la presente Ley.
3. Las edades indicadas en
el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al
momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado
las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación
del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida
por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.
Artículo 6. De la intervención del Ministerio Fiscal.-Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento.
TÍTULO II
De las medidas
Artículo 7. Definición de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y reglas generales de determinación de las mismas.-
1. Las medidas que pueden imponer
los Jueces de Menores, ordenadas según la restricción de derechos que
suponen, son las siguientes:a) Internamiento en régimen
cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro
y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas,
laborales y de ocio.
b) Internamiento en régimen
semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el
centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de
las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas
en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización
de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución
de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las
mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado,
acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del
centro.
c) Internamiento en régimen
abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas
las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados
del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con
sujeción al programa y régimen interno del mismo.
d) Internamiento terapéutico
en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta
naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento
específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones
psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción
que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad.
Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida
prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento
de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada
a sus circunstancias.
e) Tratamiento ambulatorio.
Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro
designado con la periodicidad requerida por los facultativos que
las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento
de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones
en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola
o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando
el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez
habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.
f) Asistencia a un centro de
día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio
habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad,
a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales
o de ocio.
g) Permanencia de fin de semana.
Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio
o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la
tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en
su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas
asignadas por el Juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar
de permanencia.
h) Libertad vigilada. En esta
medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona
sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de
formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando
ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción
cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las
pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional
encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención
elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona
sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho
profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir,
en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán
ser alguna o algunas de las siguientes:
1.ª Obligación de asistir con
regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está
en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el Juez
dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias,
cuantas veces fuere requerido para ello.
2.ª Obligación de someterse
a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional,
laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.
3.ª Prohibición de acudir a
determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
4.ª Prohibición de ausentarse
del lugar de residencia sin autorización judicial previa.
5.ª Obligación de residir en
un lugar determinado.
6.ª Obligación de comparecer
personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe,
para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
7.ª Cualesquiera otras obligaciones
que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime
convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre
que no atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas
obligaciones implicase la imposibilidad del menor de continuar conviviendo
con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir
testimonio de los particulares a la entidad pública de protección
del menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección
adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 1/1996.
i) La prohibición de aproximarse
o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u
otras personas que determine el Juez. Esta medida impedirá al menor
acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como
a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y
a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibición de
comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras
personas que determine el Juez o Tribunal, impedirá al menor establecer
con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático
o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase
la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres,
tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio
de los particulares a la entidad pública de protección del menor,
y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas
a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996.
j) Convivencia con otra persona,
familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe
convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez,
con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo
educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en
su proceso de socialización.
k) Prestaciones en beneficio
de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá
imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades
no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio
de personas en situación de precariedad.
l) Realización de tareas socio-educativas.
La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento
ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo
encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.
m) Amonestación. Esta medida
consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez
de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos
cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían
haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el
futuro.
n) Privación del permiso de
conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo,
o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier
tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando
el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o
un vehículo a motor, o un arma, respectivamente.
ñ) Inhabilitación absoluta.
La medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva
de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere,
aunque sean electivos; así como la incapacidad para obtener los
mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos,
y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la
medida.
2. Las medidas de internamiento
constarán de dos períodos: el primero se llevará a cabo en el centro
correspondiente, conforme a la descripción efectuada en el apartado
anterior de este artículo, el segundo se llevará a cabo en régimen
de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. La duración
total no excederá del tiempo que se expresa en los artículos 9 y 10 El equipo
técnico deberá informar respecto del contenido de ambos períodos,
y el Juez expresará la duración de cada uno en la sentencia.
3. Para la elección de la medida
o medidas adecuadas se deberá atender de modo flexible, no sólo
a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente
a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad
y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en
los informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas
de protección y reforma de menores cuando éstas hubieran tenido
conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o
definitiva con anterioridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. El Juez
deberá motivar en la sentencia las razones por las que aplica una
determinada medida, así como el plazo de duración de la misma, a
los efectos de la valoración del mencionado interés del menor.
4. El Juez podrá imponer al
menor una o varias medidas de las previstas en esta Ley con independencia
de que se trate de uno o más hechos, sujetándose si procede a lo
dispuesto en el artículo 11 para el enjuiciamiento conjunto
de varias infracciones; pero, en ningún caso, se impondrá a un menor
en una misma resolución más de una medida de la misma clase, entendiendo
por tal cada una de las que se enumeran en el apartado 1 de este
artículo.
Este
artículo 7 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 8. Principio acusatorio.-
El Juez de Menores no podrá
imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos
ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio
Fiscal o por el acusador particular.Este
párrafo ha sido redactado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (BOE del 26).
Tampoco podrá exceder la duración
de las medidas privativas de libertad contempladas en el artículo 7.1.a), b), c), d) y g) en ningún caso, del tiempo
que hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiere
impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber sido mayor de
edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Código Penal.
Artículo 9. Régimen general de aplicación y duración de las medidas.-
No obstante lo establecido
en los apartados 3 y 4 del artículo 7 la aplicación de las medidas
se atendrá a las siguientes reglas:1. Cuando los hechos cometidos
sean calificados de falta, sólo se podrán imponer las medidas de
libertad vigilada hasta un máximo de seis meses, amonestación, permanencia
de fin de semana hasta un máximo de cuatro fines de semana, prestaciones en
beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas, privación del permiso
de conducir o de otras licencias administrativas hasta un año, la
prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos
de sus familiares u otras personas que determine el Juez hasta seis
meses, y la realización de tareas socio-educativas hasta seis meses.
2. La medida de internamiento
en régimen cerrado sólo podrá ser aplicable cuando:
a) Los hechos estén tipificados
como delito grave por el Código Penal o las leyes penales especiales.
b) Tratándose de hechos tipificados
como delito menos grave, en su ejecución se haya empleado violencia
o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para
la vida o la integridad física de las mismas.
c) Los hechos tipificados como
delito se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al
servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter
transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
3. La duración de las medidas
no podrá exceder de dos años, computándose, en su caso, a estos
efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar, conforme
a lo dispuesto en el artículo 28.5 de la presente Ley. La medida
de prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar las
cien horas. La medida de permanencia de fin de semana no podrá superar los
ocho fines de semana.
4. Las acciones u omisiones
imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de internamiento
en régimen cerrado.
5. Cuando en la postulación
del Ministerio Fiscal o en la resolución dictada en el procedimiento
se aprecien algunas de las circunstancias a las que se refiere el artículo 5.2 de esta Ley, sólo podrán aplicarse
las medidas terapéuticas descritas en el artículo 7.1, letras d) y e) de la misma.
Este
artículo 9 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 10. Reglas especiales de aplicación y duración de las medidas.-
1. Cuando se trate de los hechos
previstos en el apartado 2 del artículo anterior el Juez, oído el Ministerio
Fiscal, las partes personadas y el equipo técnico, actuará conforme a
las reglas siguientes:a) si al tiempo de cometer
los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, la medida
podrá alcanzar tres años de duración. Si se trata de prestaciones
en beneficio de la comunidad, dicho máximo será de ciento cincuenta
horas, y de doce fines de semana si la medida impuesta fuere la
de permanencia de fin de semana.
b) si al tiempo de cometer
los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad,
la duración máxima de la medida será de seis años; o, en sus respectivos
casos, de doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad
o permanencia de dieciséis fines de semana.
En este supuesto, cuando el
hecho revista extrema gravedad, el Juez deberá imponer una medida
de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementada
sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia
educativa hasta un máximo de cinco años. Sólo podrá hacerse uso
de lo dispuesto en los artículos 13 y 51.1 de
esta Ley Orgánica una vez transcurrido el primer año de cumplimiento
efectivo de la medida de internamiento.
A los efectos previstos en
el párrafo anterior, se entenderán siempre supuestos de extrema
gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia.
2. Cuando el hecho sea constitutivo
de alguno de los delitos tipificados en los
artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal,
o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o
en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior
a quince años, el Juez deberá imponer las medidas siguientes:
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 138. Concepto de homicidio | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 139. Asesinato | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 179. Violación. Acceso carnal | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 180. Agravantes específicas | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 571. Estragos o incendios al servicio de banda armada | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 572. Atentado contra las personas | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 573. Fabricación, depósito o tráfico de armas, municiones o explosivos | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 574. Infracciones con finalidad de alterar el orden constitucional y la paz pública | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 575. Delitos contra el patrimonio para recaudar fondos | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 576. Colaboración con banda armada | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 577. Actos de terrorismo sin pertenencia a banda armada | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 578. Apología del terrorismo | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 579. Provocación, conspiración y proposición y supuestos de abandono de armas y colaboración con las autoridades | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 580. Condena de Tribunal extranjero a efectos de reincidencia | ||
a) si al tiempo de cometer
los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, una medida
de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración,
complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de
hasta tres años.
b) si al tiempo de cometer
los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad,
una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años
de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada
con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto sólo
podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión
o sustitución de la medida impuesta a las que se refieren los artículos 1340 y 51.1 de
esta Ley Orgánica, cuando haya transcurrido al menos, la mitad de
la duración de la medida de internamiento impuesta.
3. En el caso de que el delito
cometido sea alguno de los comprendidos en los
artículos 571 a 580 del Código Penal,
el Juez, sin perjuicio de las demás medidas que correspondan con
arreglo a esta Ley, también impondrá al menor una medida de inhabilitación
absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al de
la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta,
atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número
de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor.
4. Las medidas de libertad
vigilada previstas en este artículo deberán ser ratificadas mediante
auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado
del menor y del representante de la entidad pública de protección
o reforma de menores al finalizar el internamiento, y se llevará
a cabo por las instituciones públicas encargadas del cumplimiento
de las penas.
Este
artículo 10 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 11. Pluralidad de infracciones.-
1. Los límites máximos establecidos
en el artículo 9 y en el apartado 1 del artículo 10 serán aplicables, con arreglo
a los criterios establecidos en el artículo 7, apartados 3 y 4 aunque el menor fuere responsable de
dos o más infracciones, en el caso de que éstas sean conexas o se
trate de una infracción continuada, así como cuando un sólo hecho
constituya dos o más infracciones. No obstante, en estos casos,
el Juez, para determinar la medida o medidas a imponer, así como
su duración, deberá tener en cuenta, además del interés del menor,
la naturaleza y el número de las infracciones, tomando como referencia
la más grave de todas ellas.Si pese a lo dispuesto en el artículo 20.1 de esta Ley dichas infracciones
hubiesen sido objeto de diferentes procedimientos, el último Juez
sentenciador señalará la medida o medidas que debe cumplir el menor
por el conjunto de los hechos, dentro de los límites y con arreglo
a los criterios expresados en el párrafo anterior.
2. Cuando alguno o algunos
de los hechos a los que se refiere el apartado anterior fueren de
los mencionados en el artículo 10.2 de esta Ley, la medida de internamiento
en régimen cerrado podrá alcanzar una duración máxima de diez años
para los mayores de dieciséis años y de seis años para los menores
de esa edad, sin perjuicio de la medida de libertad vigilada que,
de forma complementaria, corresponda imponer con arreglo a dicho
artículo.
3. Cuando el menor hubiere
cometido dos o más infracciones no comprendidas en el apartado 1
de este artículo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 47 de la presente Ley.
Este
artículo 11 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 12. Procedimiento de aplicación de medidas en supuestos de pluralidad de infracciones.-
1. A los fines previstos en
el artículo anterior en cuanto el Juez sentenciador
tenga conocimiento de la existencia de otras medidas firmes en ejecución,
pendientes de ejecución o suspendidas condicionalmente, impuestas
al mismo menor por otros jueces de menores en anteriores sentencias,
y una vez que la medida o medidas por él impuestas sean firmes,
ordenará al secretario judicial que dé traslado del testimonio de
su sentencia, por el medio más rápido posible, al Juez que haya
dictado la primera sentencia firme, el cual será el competente para
la ejecución de todas, asumiendo las funciones previstas en el apartado
2 de este artículo.2. El Juez competente para
la ejecución procederá a la refundición y a ordenar la ejecución
de todas las medidas impuestas conforme establece el artículo 47 de esta Ley. Desde ese momento,
pasará a ser competente a todos los efectos con exclusión de los
órganos judiciales que hubieran dictado las posteriores resoluciones.»
Este
artículo 12 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 13. Modificación de la medida impuesta.-
1. El Juez competente para
la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del
letrado del menor, previa audiencia de éstos e informe del equipo
técnico y, en su caso, de la entidad pública de protección o reforma
de menores, podrá en cualquier momento dejar sin efecto la medida
impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que
la modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente
a éste el reproche merecido por su conducta.2. En los casos anteriores,
el Juez resolverá por auto motivado, contra el cual se podrán interponer
los recursos previstos en la presente Ley
Este
artículo 13 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 14. Mayoría de edad del condenado.-
1. Cuando el menor a quien
se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley
alcanzase la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la medida
hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se
le impuso conforme a los criterios expresados en los artículos anteriores2. Cuando se trate de la medida
de internamiento en régimen cerrado y el menor alcance la edad de
dieciocho años sin haber finalizado su cumplimiento, el Juez de
Menores, oído el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo
técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores,
podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo
en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto
en la Ley Orgánica General Penitenciaria si la conducta de la persona
internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia.
3. No obstante lo señalado
en los apartados anteriores, cuando las medidas de internamiento
en régimen cerrado sean impuestas a quien haya cumplido veintiún
años de edad o, habiendo sido impuestas con anterioridad, no hayan
finalizado su cumplimiento al alcanzar la persona dicha edad, el
Juez de Menores, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor,
el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de
menores, ordenará su cumplimiento en centro penitenciario conforme
al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, salvo que, excepcionalmente,
entienda en consideración a las circunstancias concurrentes que
procede la utilización de las medidas previstas en los artículos 13 y 51 de
la presente Ley o su permanencia en el centro en cumplimiento de
tal medida cuando el menor responda a los objetivos propuestos en
la sentencia.
4. Cuando el menor pase a cumplir
la medida de internamiento en un centro penitenciario, quedarán
sin efecto el resto de medidas impuestas por el Juez de Menores
que estuvieren pendientes de cumplimiento sucesivo o que estuviera
cumpliendo simultáneamente con la de internamiento, si éstas no
fueren compatible con el régimen penitenciario, todo ello sin perjuicio
de que excepcionalmente proceda la aplicación de los artículos 13 y 51 de
esta Ley.
5. La medida de internamiento
en régimen cerrado que imponga el Juez de Menores con arreglo a
la presente Ley se cumplirá en un centro penitenciario conforme
al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria siempre que, con anterioridad
al inicio de la ejecución de dicha medida, el responsable hubiera
cumplido ya, total o parcialmente, bien una pena de prisión impuesta
con arreglo al Código Penal, o bien una medida de internamiento
ejecutada en un centro penitenciario conforme a los apartados 2
y 3 de este artículo.
Este
artículo 14 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 15. De la prescripción.-
1. Los hechos delictivos cometidos
por los menores prescriben:1. Con arreglo a las normas
contenidas en el Código Penal, cuando se trate de los hechos delictivos
tipificados en los
artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penalo
cualquier otro sancionado en el Código Penal o en las leyes penales especiales
con pena de prisión igual o superior a quince años.
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 138. Concepto de homicidio | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 139. Asesinato | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 179. Violación. Acceso carnal | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 180. Agravantes específicas | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 571. Estragos o incendios al servicio de banda armada | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 572. Atentado contra las personas | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 573. Fabricación, depósito o tráfico de armas, municiones o explosivos | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 575. Delitos contra el patrimonio para recaudar fondos | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 574. Infracciones con finalidad de alterar el orden constitucional y la paz pública | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 576. Colaboración con banda armada | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 577. Actos de terrorismo sin pertenencia a banda armada | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 578. Apología del terrorismo | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 579. Provocación, conspiración y proposición y supuestos de abandono de armas y colaboración con las autoridades | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 580. Condena de Tribunal extranjero a efectos de reincidencia | ||
2. A los cinco años, cuando
se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a diez años.
3. A los tres años, cuando
se trate de cualquier otro delito grave.
4. Al año, cuando se trate
de un delito menos grave.
5. A los tres meses, cuando
se trate de una falta.
2. Las medidas que tengan una
duración superior a los dos años prescribirán a los tres años. Las
restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación,
las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de
fin de semana, que prescribirán al año.
Este
artículo 15 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
TÍTULO III
De
la instrucción del procedimiento
CAPÍTULO I
Reglas
generales
Artículo 16. Incoación del expediente.-
1. Corresponde al Ministerio
Fiscal la instrucción de los procedimientos por los hechos a los
que se refiere el artículo 1.º de esta Ley.2. Quienes tuvieren noticia
de algún hecho de los indicados en el apartado anterior, presuntamente
cometido por un menor de dieciocho años, deberán ponerlo en conocimiento
del Ministerio Fiscal, el cual admitirá o no a trámite la denuncia,
según que los hechos sean o no indiciariamente constitutivos de
delito; custodiará las piezas, documentos y efectos que le hayan
sido remitidos, y practicará, en su caso, las diligencias que estime
pertinentes para la comprobación del hecho y de la responsabilidad
del menor en su comisión, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones
cuando los hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido.
La resolución recaída sobre la denuncia deberá notificarse a quienes
hubieran formulado la misma.
3. Una vez efectuadas las actuaciones
indicadas en el apartado anterior, el Ministerio Fiscal dará cuenta
de la incoación del expediente al Juez de Menores, quien iniciará
las diligencias de trámite correspondientes.
4. El Juez de Menores ordenará
al propio tiempo la apertura de la pieza separada de responsabilidad
civil, que se tramitará conforme a lo establecido en las reglas
del artículo 64 de esta Ley.
5. Cuando los hechos mencionados
en el artículo 1 hubiesen sido cometidos conjuntamente
por mayores de edad penal y por personas de las edades indicadas
en el mismo artículo 1, el Juez de Instrucción competente para el
conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los
imputados, adoptará las medidas necesarias para asegurar el éxito
de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y
ordenará remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio
Fiscal, a los efectos prevenidos en el apartado 2 de este artículo
Este
apartado 5 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 17. Detención de los menores.-
1. Las autoridades y funcionarios
que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla
en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle,
en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los
hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los
derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto
de los mismos. También deberán notificar inmediatamente el hecho
de la detención y el lugar de la custodia a los representantes legales del
menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero,
el hecho de la detención se notificará a las correspondientes autoridades
consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera
de España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus representantes
legales.2. Toda declaración del detenido,
se llevará a cabo en presencia de su letrado y de aquellos que ejerzan
la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho
o de derecho-, salvo que, en este último caso, las circunstancias
aconsejen lo contrario. En defecto de estos últimos la declaración
se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado
por persona distinta del instructor del expediente.
El menor detenido tendrá derecho
a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad y al término
de la práctica de la diligencia de toma de declaración.
Este
párrafo segundo ha sido añadido por la Ley Orgánica 8/2006, de 4
de diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
3. Mientras dure la detención,
los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas
y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirán
los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica
y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características
individuales.
4. La detención de un menor
por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo
máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto
en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará,
en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia
para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al
Juez de Menores.
5. Cuando el detenido sea puesto
a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro
de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la
puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere
el artículo siguiente, o sobre la incoación del expediente, poniendo
a aquél a disposición del Juez de Menores competente e instando
del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido
en el artículo 28
6. El Juez competente para
el procedimiento de "hábeas corpus" en relación
a un menor será el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre
el menor privado de libertad; si no constare, el del lugar donde
se produjo la detención, y, en defecto de los anteriores, el del
lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero
del menor detenido.
Cuando el procedimiento de "hábeas
corpus" sea instado por el propio menor, la fuerza pública
responsable de la detención lo notificará inmediatamente al Ministerio
Fiscal, además de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgánica
reguladora.
Artículo 18. Desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar.-
El Ministerio Fiscal podrá
desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados
constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en
las personas o faltas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
En tal caso, el Ministerio Fiscal dará traslado de lo actuado a
la entidad pública de protección de menores para la aplicación de
lo establecido en el artículo 3 de la presente Ley. Asimismo,
el Ministerio Fiscal comunicará a los ofendidos o perjudicados conocidos
el desistimiento acordado.Este
párrafo primeroha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de
4 de diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
No obstante, cuando conste
que el menor ha cometido con anterioridad otros hechos de la misma
naturaleza, el Ministerio Fiscal deberá incoar el expediente y,
en su caso, actuar conforme autoriza el artículo 27.4 de la presente Ley.
Artículo 19. Sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima.-
1. También podrá el Ministerio
Fiscal desistir de la continuación del expediente, atendiendo a
la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo
particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión
de los hechos, y a la circunstancia de que además el menor se haya
conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar
el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se
haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por
el equipo técnico en su informe.El desistimiento en la continuación
del expediente sólo será posible cuando el hecho imputado al menor
constituya delito menos grave o falta.
2. A efectos de lo dispuesto
en el apartado anterior, se entenderá producida la conciliación
cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la
víctima, y ésta acepte sus disculpas, y se entenderá por reparación
el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado
de realizar determinadas acciones en beneficio de aquéllos o de
la comunidad, seguido de su realización efectiva. Todo ello sin
perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en relación
con la responsabilidad civil.
Este
apartado 2 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
3. El correspondiente equipo
técnico realizará las funciones de mediación entre el menor y la
víctima o perjudicado, a los efectos indicados en los apartados
anteriores, e informará al Ministerio Fiscal de los compromisos
adquiridos y de su grado de cumplimiento.
4. Una vez producida la conciliación
o cumplidos los compromisos de reparación asumidos con la víctima
o perjudicado por el delito o falta cometido, o cuando una u otros
no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del
menor, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y
solicitará del Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones,
con remisión de lo actuado.
5. En el caso de que el menor
no cumpliera la reparación o la actividad educativa acordada, el
Ministerio Fiscal continuará la tramitación del expediente.
6. En los casos en los que
la víctima del delito o falta fuere menor de edad o incapaz, el
compromiso al que se refiere el presente artículo habrá de ser asumido
por el representante legal de la misma, con la aprobación del Juez
de Menores.
Artículo 20. Unidad de expediente.-
1. El Ministerio Fiscal incoará
un procedimiento por cada hecho delictivo, salvo cuando se trate
de hechos delictivos conexos.2. Todos los procedimientos
tramitados a un mismo menor se archivarán en el expediente personal
que del mismo se haya abierto en la Fiscalía. De igual modo se archivarán
las diligencias en el Juzgado de Menores respectivo.
3. En los casos en los que
los delitos atribuidos al menor expedientado hubieran sido cometidos
en diferentes territorios, la determinación del órgano judicial
competente para el enjuiciamiento de todos ellos en unidad de expediente,
así como de las entidades públicas competentes para la ejecución
de las medidas que se apliquen, se hará teniendo en cuenta el lugar
del domicilio del menor y, subsidiariamente, los criterios expresados
en el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
4. Los procedimientos de la
competencia de la Audiencia Nacional no podrán ser objeto de acumulación
con otros procedimientos instruidos en el ámbito de la jurisdicción
de menores, sean o no los mismos los sujetos imputados.
Este
artículo 20 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 21. Remisión al órgano competente.-Cuando el conocimiento de los hechos no corresponda a la competencia de los Juzgados de Menores, el Fiscal acordará la remisión de lo actuado al órgano legalmente competente.
Artículo 22. De la incoación del expediente.-
1. Desde el mismo momento de
la incoación del expediente, el menor tendrá derecho a:a) Ser informado por el Juez,
el Ministerio Fiscal, o agente de policía de los derechos que le
asisten.
b) Designar abogado que le
defienda, o a que le sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente
con él, incluso antes de prestar declaración.
c) Intervenir en las diligencias
que se practiquen durante la investigación preliminar y en el proceso
judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente, la práctica
de diligencias.
d) Ser oído por el Juez o Tribunal
antes de adoptar cualquier resolución que le concierna personalmente.
e) La asistencia afectiva y
psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento, con la
presencia de los padres o de otra persona que indique el menor,
si el Juez de Menores autoriza su presencia.
f) La asistencia de los servicios
del equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores.
2. El expediente será notificado
al menor desde el momento mismo de su incoación, a salvo lo dispuesto
en el artículo 24 A tal fin, el Fiscal requerirá
al menor y a sus representantes legales para que designen letrado
en el plazo de tres días, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se
le nombrará de oficio de entre los integrantes del turno de especialistas
del correspondiente Colegio de Abogados. Una vez producida dicha
designación, el Fiscal la comunicará al Juez de Menores
Este
apartado 2 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
3. Igualmente, el Ministerio
Fiscal notificará a quien aparezca como perjudicado, desde el momento
en que así conste en la instrucción del expediente, la posibilidad
de ejercer las acciones civiles que le puedan corresponder, personándose
ante el Juez de Menores en la pieza de responsabilidad civil que
se tramitará por el mismo.
Artículo 23. Actuación instructora del Ministerio Fiscal.-
1. La actuación instructora
del Ministerio Fiscal tendrá como objeto, tanto valorar la participación
del menor en los hechos para expresarle el reproche que merece su
conducta, como proponer las concretas medidas de contenido educativo
y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor
y, sobre todo, al interés del propio menor valorado en la causa.2. El Ministerio Fiscal deberá
dar vista del expediente al letrado del menor y, en su caso, a quien
haya ejercitado la acción penal, en un plazo no superior a veinticuatro
horas, tantas veces como aquel lo solicite.
Este
apartado 2 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
3. El Ministerio Fiscal no
podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos
fundamentales, sino que habrá de solicitar del Juzgado la práctica
de las que sean precisas para el buen fin de las investigaciones.
El Juez de Menores resolverá sobre esta petición por auto motivado.
La práctica de tales diligencias se documentará en pieza separada.
Artículo 24. Secreto del expediente.-
El Juez de Menores, a solicitud
del Ministerio Fiscal, del menor o de su familia, o de quien ejercite
la acción penal, podrá decretar mediante auto motivado el secreto
del expediente, en su totalidad o parcialmente, durante toda la
instrucción o durante un período limitado de ésta. No obstante,
el letrado del menor y quien ejercite la acción penal deberán, en
todo caso, conocer en su integridad el expediente al evacuar el
trámite de alegaciones. Este incidente se tramitará por el Juzgado
en pieza separada.Este
artículo 24 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 25. De la acusación particular.-
Podrán personarse en el procedimiento
como acusadores particulares, a salvo de las acciones previstas
por el artículo 61 de esta ley, las personas directamente
ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes
legales si fueran menores de edad o incapaces, con las facultades
y derechos que derivan de ser parte en el procedimiento, entre los
que están, entre otros, los siguientes:a) Ejercitar la acusación particular
durante el procedimiento.
b) Instar la imposición de
las medidas a las que se refiere esta ley.
c) Tener vista de lo actuado,
siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden.
d) Proponer pruebas que versen
sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisión, salvo
en lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar
y social del menor.
e) Participar en la práctica
de las pruebas, ya sea en fase de instrucción ya sea en fase de
audiencia; a estos efectos, el órgano actuante podrá denegar la
práctica de la prueba de careo, si ésta fuera solicitada, cuando
no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación
del menor en los mismos.
f) Ser oído en todos los incidentes
que se tramiten durante el procedimiento.
g) Ser oído en caso de modificación
o de sustitución de medidas impuestas al menor.
h) Participar en las vistas
o audiencias que se celebren.
i) Formular los recursos procedentes
de acuerdo con esta ley.
Una vez admitida por el Juez
de Menores la personación del acusador particular, se le dará traslado
de todas las actuaciones sustanciadas de conformidad con esta ley
y se le permitirá intervenir en todos los trámites en defensa de
sus intereses.
Este
artículo 25 ha sido redactado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (BOE del 26).
Artículo 26. Diligencias propuestas por las partes.-
1. Las partes podrán solicitar
del Ministerio Fiscal la práctica de cuantas diligencias consideren
necesarias. El Ministerio Fiscal decidirá sobre su admisión, mediante
resolución motivada que notificará al letrado del menor y a quien
en su caso ejercite la acción penal y que pondrá en conocimiento
del Juez de Menores. Las partes podrán, en cualquier momento, reproducir
ante el Juzgado de Menores la petición de las diligencias no practicadas.2. No obstante lo dispuesto
en el apartado anterior, cuando alguna de las partes proponga que
se lleve a efecto la declaración del menor, el Ministerio Fiscal
deberá recibirla en el expediente, salvo que ya hubiese concluido
la instrucción y el expediente hubiese sido elevado al Juzgado de
Menores.
3. Si las diligencias propuestas
por alguna de las partes afectaren a derechos fundamentales del
menor o de otras personas, el Ministerio Fiscal, de estimar pertinente
la solicitud, se dirigirá al Juez de Menores conforme a lo dispuesto
en el artículo 23.3 sin perjuicio de la facultad
de quien haya propuesto la diligencia de reproducir su solicitud
ante el Juez de Menores conforme a lo dispuesto en el apartado 1
de este artículo.»
Este
artículo 26 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 27. Informe del equipo técnico.-1. Durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico, que a estos efectos dependerá funcionalmente de aquél sea cual fuere su dependencia orgánica, la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que deberá serle entregado en el plazo máximo de diez días, prorrogable por un período no superior a un mes en casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.
2. El equipo técnico podrá
proponer, asimismo, una intervención socio-educativa sobre el menor,
poniendo de manifiesto en tal caso aquellos aspectos del mismo que
considere relevantes en orden a dicha intervención.
3. De igual modo, el equipo
técnico informará, si lo considera conveniente y en interés del
menor, sobre la posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora
o de conciliación con la víctima, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 19 de esta Ley, con indicación
expresa del contenido y la finalidad de la mencionada actividad.
En este caso, no será preciso elaborar un informe de las características
y contenidos del apartado 1 de este artículo.
4. Asimismo podrá el equipo
técnico proponer en su informe la conveniencia de no continuar la
tramitación del expediente en interés del menor, por haber sido
expresado suficientemente el reproche al mismo a través de los trámites
ya practicados, o por considerar inadecuada para el interés del
menor cualquier intervención, dado el tiempo transcurrido desde
la comisión de los hechos. En estos casos, si se reunieran los requisitos
previstos en el artículo 19.1 de esta Ley, el Ministerio
Fiscal podrá remitir el expediente al Juez con propuesta de sobreseimiento,
remitiendo además, en su caso, testimonio de lo actuado a la entidad
pública de protección de menores que corresponda, a los efectos
de que actúe en protección del menor.
5. En todo caso, una vez elaborado
el informe del equipo técnico, el Ministerio Fiscal lo remitirá
inmediatamente al Juez de Menores y dará copia del mismo al letrado
del menor.
6. El informe al que se refiere
el presente artículo podrá ser elaborado o complementado por aquellas
entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación
de menores y conozcan la situación del menor expedientado.
CAPÍTULO II
De
las medidas cautelares
Artículo 28. Reglas generales.-
1. El Ministerio Fiscal, de
oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, cuando
existan indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo
de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor
o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, podrá solicitar
del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopción de medidas
cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o para
la debida protección de la víctima.Dichas medidas podrán consistir
en internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada,
prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos
de sus familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia
con otra persona, familia o grupo educativo.
El Juez, oído el letrado del
menor, así como el equipo técnico y la representación de la entidad
pública de protección o reforma de menores, que informarán especialmente
sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre lo propuesto
tomando en especial consideración el interés del menor. La medida
cautelar adoptada podrá mantenerse hasta que recaiga sentencia firme.
2. Para la adopción de la medida
cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos,
valorando también las circunstancias personales y sociales del menor,
la existencia de un peligro cierto de fuga, y, especialmente, el
que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos
graves de la misma naturaleza.
El Juez de Menores resolverá,
a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular,
en una comparecencia a la que asistirán también el letrado del menor,
las demás partes personadas, el representante del equipo técnico
y el de la entidad pública de protección o reforma de menores, los
cuales informarán al Juez sobre la conveniencia de la adopción de
la medida solicitada en función de los criterios consignados en
este artículo. En dicha comparecencia el Ministerio Fiscal y las
partes personadas podrán proponer los medios de prueba que puedan
practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes.
3. El tiempo máximo de la medida
cautelar de internamiento será de seis meses, y podrá prorrogarse,
a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado
del menor y mediante auto motivado, por otros tres meses como máximo
Este
apartado 3 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
4. Las medidas cautelares se
documentarán en el Juzgado de Menores en pieza separada del expediente.
5. El tiempo de cumplimiento
de las medidas cautelares se abonará en su integridad para el cumplimiento
de las medidas que se puedan imponer en la misma causa o, en su
defecto, en otras causas que hayan tenido por objeto hechos anteriores
a la adopción de aquéllas. El Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal
y oídos el letrado del menor y el equipo técnico que informó la
medida cautelar, ordenará que se tenga por ejecutada la medida impuesta
en aquella parte que estime razonablemente compensada por la medida
cautelar.
Artículo 29. Medidas cautelares en los casos de exención de la responsabilidad.-Si en el transcurso de la instrucción que realice el Ministerio Fiscal quedara suficientemente acreditado que el menor se encuentra en situación de enajenación mental o en cualquiera otra de las circunstancias previstas en los apartados 1.º, 2.º o 3.º del artículo 20 del Código Penal vigente, se adoptarán las medidas cautelares precisas para la protección y custodia del menor conforme a los preceptos civiles aplicables, instando en su caso las actuaciones para la incapacitación del menor y la constitución de los organismos tutelares conforme a derecho, sin perjuicio todo ello de concluir la instrucción y de efectuar las alegaciones previstas en esta Ley conforme a lo que establecen sus artículos 5.2 y 9.º y de solicitar, por los trámites de la misma, en su caso, alguna medida terapéutica adecuada al interés del menor de entre las previstas en esta Ley.
CAPÍTULO III
De
la conclusión de la instrucción
Artículo 30. Remisión del expediente al Juez de Menores.-
1. Acabada la instrucción,
el Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, notificándosela
a las partes personadas, y remitirá al Juzgado de Menores el expediente,
junto con las piezas de convicción y demás efectos que pudieran
existir, con un escrito de alegaciones en el que constará la descripción de
los hechos, la valoración jurídica de los mismos, el grado de participación
del menor, una breve reseña de las circunstancias personales y sociales
de éste, la proposición de alguna medida de las previstas en esta
Ley con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos
que la aconsejen, y, en su caso, la exigencia de responsabilidad
civil.Este
apartado 1 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
2. En el mismo acto propondrá
el Ministerio Fiscal la prueba de que intente valerse para la defensa
de su pretensión procesal.
3. Asimismo, podrá proponer
el Ministerio Fiscal la participación en el acto de la audiencia
de aquellas personas o representantes de instituciones públicas
y privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del
interés del menor y de la conveniencia o no de las medidas solicitadas.
En todo caso serán llamadas al acto de audiencia las personas o
instituciones perjudicadas civilmente por el delito, así como los
responsables civiles.
Este
apartado 3 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
4. El Ministerio Fiscal podrá
también solicitar del Juez de Menores el sobreseimiento de las actuaciones
por alguno de los motivos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la remisión de los
particulares necesarios a la entidad pública de protección de menores
en su caso.
TÍTULO IV
De la fase de audiencia
Artículo 31. Apertura de la fase de audiencia.-
Recibido el escrito de alegaciones
con el expediente, las piezas de convicción, los efectos y demás
elementos relevantes para el proceso remitidos por el Ministerio
Fiscal, el secretario del Juzgado de Menores los incorporará a las
diligencias, y el Juez de Menores procederá a abrir el trámite de
audiencia, para lo cual el secretario judicial dará traslado simultáneamente
a quienes ejerciten la acción penal y la civil para que en un plazo
común de cinco días hábiles formulen sus respectivos escritos de
alegaciones y propongan las pruebas que consideren pertinentes.
Evacuado este trámite, el secretario judicial dará traslado de todo
lo actuado al letrado del menor y, en su caso, a los responsables
civiles, para que en un plazo de cinco días hábiles formule a su
vez escrito de alegaciones y proponga la prueba que considere pertinente.Este
artículo 31 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 32. Sentencia de conformidad.-
Si el escrito de alegaciones
de la acusación solicitara la imposición de alguna o algunas de
las medidas previstas en las letras e) a ñ) del apartado 1 del artículo 7 y hubiere conformidad del menor
y de su letrado, así como de los responsables civiles, la cual se
expresará en comparecencia ante el Juez de Menores en los términos
del artículo 36 éste dictará sentencia sin
más trámite.Cuando el menor y su letrado
disintiesen únicamente respecto de la responsabilidad civil, se
limitará la audiencia a la prueba y discusión de los puntos relativos
a dicha responsabilidad.
Cuando la persona o personas
contra quienes se dirija la acción civil no estuvieren conformes
con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciará el trámite
de la audiencia sólo en lo relativo a este último extremo, practicándose
la prueba propuesta a fin de determinar el alcance de aquella.
Este
artículo 32 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 33. Otras decisiones del Juez de Menores.-
En los casos no previstos en
el artículo anterior, a la vista de la petición del Ministerio Fiscal
y de los escritos de alegaciones de las partes, el Juez adoptará
alguna de las siguientes decisiones:a) La celebración de la audiencia.
b) El sobreseimiento, mediante
auto motivado, de las actuaciones.
c) El archivo por sobreseimiento
de las actuaciones con remisión de particulares a la entidad pública
de protección de menores correspondiente cuando así se haya solicitado
por el Ministerio Fiscal.
d) La remisión de las actuaciones
al Juez competente, cuando el Juez de Menores considere que no le
corresponde el conocimiento del asunto.
e) Practicar por sí las pruebas
propuestas por las partes y que hubieran sido denegadas por el Fiscal
durante la instrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.1 de la presente Ley, y que no
puedan celebrarse en el transcurso de la audiencia, siempre que
considere que son relevantes a los efectos del proceso. Una vez
practicadas, dará traslado de los resultados al Ministerio Fiscal
y a las partes personadas, antes de iniciar las sesiones de la audiencia.
Contra las precedentes resoluciones
cabrán los recursos previstos en esta Ley
Este
artículo 33 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 34. Pertinencia de pruebas y señalamiento de la audiencia.-
El Juez de Menores, dentro
del plazo de cinco días desde la presentación del escrito de alegaciones
del letrado del menor y, en su caso, de los responsables civiles,
o una vez transcurrido el plazo para la presentación sin que ésta
se hubiere efectuado, acordará, en su caso, lo procedente sobre
la pertinencia de las pruebas propuestas, mediante auto de apertura
de la audiencia, y el secretario judicial señalará el día y hora
en que deba comenzar ésta dentro de los diez días siguientes.Este
artículo 34 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 35. Asistentes y no publicidad de la audiencia.-
1. La audiencia se celebrará
con asistencia del Ministerio Fiscal, de las partes personadas,
del letrado del menor, de un representante del equipo técnico que
haya evacuado el informe previsto en el artículo 27 de esta Ley, y del propio menor,
el cual podrá estar acompañado de sus representantes legales, salvo
que el Juez, oídos los citados Ministerio Fiscal, letrado del menor
y representante del equipo técnico, acuerde lo contrario. También podrá
asistir el representante de la entidad pública de protección o reforma
de menores que haya intervenido en las actuaciones de la instrucción,
cuando se hubiesen ejecutado medidas cautelares o definitivas impuestas
al menor con anterioridad. Igualmente, deberán comparecer la persona
o personas a quienes se exija responsabilidad civil; aunque su inasistencia
injustificada no será por sí misma causa de suspensión de la audiencia.Este
apartado 1 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
2. El Juez podrá acordar, en
interés de la persona imputada o de la víctima, que las sesiones
no sean públicas y en ningún caso se permitirá que los medios de
comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor ni datos
que permitan su identificación.
3. Quienes ejerciten la acción
penal en el procedimiento regulado en la presente Ley, habrán de
respetar rigurosamente el derecho del menor a la confidencialidad
y a la no difusión de sus datos personales o de los datos que obren
en el expediente instruido, en los términos que establezca el Juez
de Menores. Quien infrinja esta regla será acreedor de las responsabilidades civiles
y penales a que haya lugar.
Artículo 36. Conformidad del menor.-
1. El secretario judicial informará
al menor expedientado, en un lenguaje comprensible y adaptado a
su edad, de las medidas y responsabilidad civil solicitadas por
el Ministerio Fiscal y, en su caso, la acusación particular y el
actor civil, en sus escritos de alegaciones, así como de los hechos
y de la causa en que se funden.2. El Juez seguidamente preguntará
al menor si se declara autor de los hechos y si está de acuerdo
con las medidas solicitadas y con la responsabilidad civil. Si mostrase
su conformidad con dichos extremos, oídos el letrado del menor y
la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil,
el Juez podrá dictar resolución de conformidad. Si el letrado no
estuviese de acuerdo con la conformidad prestada por el propio menor,
el Juez resolverá sobre la continuación o no de la audiencia, razonando esta
decisión en la sentencia.
3. Si el menor estuviere conforme
con los hechos pero no con la medida solicitada, se sustanciará
el trámite de la audiencia sólo en lo relativo a este último extremo,
practicándose la prueba propuesta a fin de determinar la aplicación
de dicha medida o su sustitución por otra más adecuada al interés
del menor y que haya sido propuesta por alguna de las partes.
4. Cuando el menor o la persona
o personas contra quienes se dirija la acción civil no estuvieren
conformes con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciará
el trámite de la audiencia sólo en lo relativo a este último extremo,
practicándose la prueba propuesta a fin de determinar el alcance
de aquélla.
Este
artículo 36 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 37. Celebración de la audiencia.-
1. Cuando proceda la celebración
de la audiencia, el Juez invitará al Ministerio Fiscal, a quienes
hayan ejercitado, en su caso, la acción penal, al letrado del menor,
y eventualmente y respecto de las cuestiones que estrictamente tengan
que ver con la responsabilidad civil al actor civil y terceros responsables
civilmente, a que manifiesten lo que tengan por conveniente sobre
la práctica de nuevas pruebas o sobre la vulneración de algún derecho
fundamental en la tramitación del procedimiento, o, en su caso,
les pondrá de manifiesto la posibilidad de aplicar una distinta
calificación o una distinta medida de las que hubieran solicitado.
Seguidamente, el Juez acordará la continuación de la audiencia o
la subsanación del derecho vulnerado, si así procediere. Si acordara
la continuación de la audiencia, el Juez resolverá en la sentencia
sobre los extremos planteados.2. Seguidamente se iniciará
la práctica de la prueba propuesta y admitida y la que, previa declaración
de pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto,
oyéndose, asimismo, al equipo técnico sobre las circunstancias del
menor. A continuación, el Juez oirá al Ministerio Fiscal, a quien
haya ejercitado en su caso la acción penal, al letrado del menor
y al actor civil y terceros responsables civilmente respecto de
los derechos que le asisten, sobre la valoración de la prueba, su
calificación jurídica y la procedencia de las medidas propuestas;
sobre este último punto, se oirá también al equipo técnico y, en
su caso, a la entidad pública de protección o reforma de menores.
Por último, el Juez oirá al menor, dejando el expediente visto para
sentencia.
Este
apartado 2 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
3. En su caso, en este procedimiento
se aplicará lo dispuesto en la legislación relativa a la protección
de testigos y peritos en causas penales.
4. Si en el transcurso de la
audiencia el Juez considerara, de oficio o a solicitud de las partes,
que el interés del menor aconseja que éste abandone la sala, podrá
acordarlo así motivadamente, ordenando que continúen las actuaciones
hasta que el menor pueda retornar a aquélla.
TÍTULO V
De
la sentencia
Artículo 38. Plazo para dictar sentencia.-
Finalizada la audiencia, el
Juez de Menores dictará sentencia en un plazo máximo de cinco días.Este
artículo 38 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 39. Contenido y registro de la sentencia.-
1. La sentencia contendrá todos
los requisitos previstos en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y en ella, valorando las pruebas
practicadas, las razones expuestas por el Ministerio Fiscal, por las
partes personadas y por el letrado del menor, lo manifestado en
su caso por éste, tomando en consideración las circunstancias y
gravedad de los hechos, así como todos los datos debatidos sobre
la personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y social
del menor, la edad de éste en el momento de dictar la sentencia,
y la circunstancia de que el menor hubiera cometido o no con anterioridad
otros hechos de la misma naturaleza, resolverá sobre la medida o
medidas propuestas, con indicación expresa de su contenido, duración
y objetivos a alcanzar con las mismas. La sentencia será motivada,
consignando expresamente los hechos que se declaren probados y los
medios probatorios de los que resulte la convicción judicial.En la misma sentencia se resolverá
sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta, con
el contenido indicado en el artículo 115 del Código Penal.
También podrá ser anticipado
oralmente el fallo al término de las sesiones de la audiencia, sin
perjuicio de su documentación con arreglo al artículo 248.3 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este
apartado 1 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
2. El Juez, al redactar la
sentencia, procurará expresar sus razonamientos en un lenguaje claro
y comprensible para la edad del menor.
3. Cada Juzgado de Menores
llevará un registro de sentencias en el que se incluirán firmadas
todas las definitivas. La llevanza y custodia de dicho registro
es responsabilidad del secretario judicial.
Este
apartado 3 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 40. Suspensión de la ejecución del fallo.-
1. El Juez competente para
la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del
letrado del menor, y oídos en todo caso éstos, así como el representante
del equipo técnico y de la entidad pública de protección o reforma
de menores, podrá acordar motivadamente la suspensión de la ejecución
del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida impuesta no
sea superior a dos años de duración, durante un tiempo determinado
y hasta un máximo de dos años. Dicha suspensión se acordará en la
propia sentencia o por auto motivado del Juez competente para la ejecución
cuando aquélla sea firme, debiendo expresar, en todo caso, las condiciones
de la misma. Se exceptúa de la suspensión el pronunciamiento sobre
la responsabilidad civil derivada del delito o falta.Este
apartado 1 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
2. Las condiciones a las que
estará sometida la suspensión de la ejecución del fallo contenido
en la sentencia dictada por el Juez de Menores serán las siguientes:
a) No ser condenado en sentencia
firme por delito cometido durante el tiempo que dure la suspensión,
si ha alcanzado la mayoría de edad, o no serle aplicada medida en
sentencia firme en procedimiento regulado por esta Ley durante el
tiempo que dure la suspensión.
b) Que el menor asuma el compromiso
de mostrar una actitud y disposición de reintegrarse a la sociedad,
no incurriendo en nuevas infracciones.
c) Además, el Juez puede establecer
la aplicación de un régimen de libertad vigilada durante el plazo
de suspensión o la obligación de realizar una actividad socio-educativa,
recomendada por el equipo técnico o la entidad pública de protección
o reforma de menores en el precedente trámite de audiencia, incluso
con compromiso de participación de los padres, tutores o guardadores del
menor, expresando la naturaleza y el plazo en que aquella actividad
deberá llevarse a cabo.
3. Si las condiciones expresadas
en el apartado anterior no se cumplieran, el Juez alzará la suspensión
y se procederá a ejecutar la sentencia en todos sus extremos. Contra
la resolución que así lo acuerde se podrán interponer los recursos
previstos en esta Ley.
TÍTULO VI
Del
régimen de recursos
Artículo 41. Recursos procedentes y tramitación.-
1. Contra la sentencia dictada
por el Juez de Menores en el procedimiento regulado en esta ley
cabe recurso de apelación ante la correspondiente Audiencia Provincial,
que se interpondrá ante el Juez que dictó aquélla en el plazo de
cinco días a contar desde su notificación, y se resolverá previa
celebración de vista pública, salvo que en interés de la persona
imputada o de la víctima, el Juez acuerde que se celebre a puerta
cerrada. A la vista deberán asistir las partes y, si el Tribunal
lo considera oportuno, el representante del equipo técnico y el
representante de la entidad pública de protección o reforma de menores
que hayan intervenido en el caso concreto. El recurrente podrá solicitar
del Tribunal la práctica de la prueba que, propuesta y admitida
en la instancia, no se hubiera celebrado, conforme a las reglas
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.2. Contra los autos y providencias
de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma ante el propio
órgano, que se interpondrá en el plazo de tres días a partir de
la notificación. El auto que resuelva la impugnación de la providencia
será susceptible de recurso de apelación.
3. Contra los autos que pongan
fin al procedimiento o resuelvan el incidente de los artículos 132829 y 40 de
esta Ley, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
por los trámites que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
el procedimiento abreviado.
Este
apartado 3 ha sido redactado por la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de
diciembre (BOE del 23), sobre medidas urgentes para la agilización
de la Administración de Justicia.
4. Contra los autos y sentencias
dictados por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional
cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional.
5. Contra las resoluciones
dictadas por los secretarios judiciales caben los mismos recursos
que los expresados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se
sustanciarán en la forma que en ella se determina.
Este
apartado 5 ha sido añadido por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre
(BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero de 2007. Esta
norma también ha modificado la rúbrica del artículo y ha cambiado
la referencia al artículo 14 del apartado 3 por el artículo 13.
Artículo 42. Recurso de casación para unificación de doctrina.-
1. Son recurribles en casación,
ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las sentencias dictadas
en apelación por la Audiencia Nacional y por las Audiencias Provinciales
cuando se hubiere impuesto una de las medidas a las que se refiere
el artículo 102. El recurso tendrá por objeto
la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en
apelación que fueran contradictorias entre sí, o con sentencias
del Tribunal Supremo, respecto de hechos y valoraciones de las circunstancias
del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar,
sin embargo, a pronunciamientos distintos.
3. El recurso podrá prepararlo
el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes que pretenda la
indicada unificación de doctrina dentro de los diez días siguientes
a la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional o Provincial,
en escrito dirigido a la misma.
El escrito de preparación deberá
contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción
alegada, con designación de las sentencias aludidas y de los informes
en que se funde el interés del menor valorado en sentencia.
4. Si la Audiencia Nacional
o Provincial ante quien se haya preparado el recurso estimara acreditados
los requisitos a los que se refiere el apartado anterior, el secretario
judicial requerirá testimonio de las sentencias citadas a los Tribunales
que las dictaron, y en un plazo de diez días remitirá la documentación
a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, emplazando al recurrente
y al Ministerio Fiscal, si no lo fuera, ante dicha Sala.
5. El recurso de casación se
interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siendo de
aplicación en la interposición, sustanciación y resolución del recurso
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto resulte
aplicable.
Este
artículo 42 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
TÍTULO VII
De
la ejecución de las medidas
CAPÍTULO I
Disposiciones
generales
Artículo 43. Principio de legalidad.-1. No podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma.
2. Tampoco podrán ejecutarse
dichas medidas en otra forma que la prescrita en esta Ley y en los
reglamentos que la desarrollen.
Artículo 44. Competencia judicial.-
1. La ejecución de las medidas
previstas en esta Ley se realizará bajo el control del Juez de Menores
que haya dictado la sentencia correspondiente, salvo cuando por
aplicación de lo dispuesto en los artículos 12 y 47 de
esta Ley sea competente otro, el cual resolverá por auto motivado,
oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor y la representación
de la entidad pública que ejecute aquélla, sobre las incidencias
que se puedan producir durante su transcurso.2. Para ejercer el control
de la ejecución, corresponden especialmente al Juez de Menores,
de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del
menor, las funciones siguientes:
a) Adoptar todas las decisiones
que sean necesarias para proceder a la ejecución efectiva de las
medidas impuestas.
b) Resolver las propuestas
de revisión de las medidas.
Esta
letra b) ha sido redactada por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre
(BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero de 2007.
c) Aprobar los programas de
ejecución de las medidas.
d) Conocer de la evolución
de los menores durante el cumplimiento de las medidas a través de
los informes de seguimiento de las mismas.
e) Resolver los recursos que
se interpongan contra las resoluciones dictadas para la ejecución
de las medidas, conforme establece el artículo 52 de esta Ley.
f) Acordar lo que proceda en
relación a las peticiones o quejas que puedan plantear los menores
sancionados sobre el régimen, el tratamiento o cualquier otra circunstancia
que pueda afectar a sus derechos fundamentales.
g) Realizar regularmente visitas
a los centros y entrevistas con los menores.
h) Formular a la entidad pública
de protección o reforma de menores correspondiente las propuestas
y recomendaciones que considere oportunas en relación con la organización
y el régimen de ejecución de las medidas.
i) Adoptar las resoluciones
que, en relación con el régimen disciplinario, les atribuye el artículo 60 de esta Ley.
3. Cuando, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, la medida de internamiento
se cumpla en un establecimiento penitenciario, el Juez de Menores
competente para la ejecución conservará la competencia para decidir
sobre la pervivencia, modificación o sustitución de la medida en
los términos previstos en esta Ley, asumiendo el Juez de Vigilancia Penitenciaria
el control de las incidencias de la ejecución de la misma en todas
las cuestiones y materias a que se refiere la legislación penitenciaria.
Este
apartado 3 ha sido añadido por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre
(BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero de 2007.
Artículo 45. Competencia administrativa.-1. La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a la disposición final vigésima segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en esta Ley.
2. La ejecución de las medidas
corresponderá a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla, donde se ubique el Juzgado de Menores que haya dictado
la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo siguiente.
3. Las Comunidades Autónomas
y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer los convenios
o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien
sean públicas, de la Administración del Estado, Local o de otras
Comunidades Autónomas, o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución
de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin
que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad
derivada de dicha ejecución.
CAPÍTULO II
Reglas
para la ejecución de las medidas
Artículo 46. Liquidación de la medida y traslado del menor a un centro.-
1. Una vez firme la sentencia
y aprobado el programa de ejecución de la medida impuesta, el secretario
del Juzgado de Menores competente para la ejecución de la medida practicará
la liquidación de dicha medida, indicando las fechas de inicio y
de terminación de la misma, con abono en su caso del tiempo cumplido
por las medidas cautelares impuestas al interesado, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 28.5 Al propio tiempo, abrirá un
expediente de ejecución en el que se harán constar las incidencias
que se produzcan en el desarrollo de aquélla conforme a lo establecido
en la presente Ley.2. De la liquidación mencionada
en el apartado anterior y del testimonio de particulares que el
Juez considere necesario y que deberá incluir los informes técnicos
que obren en la causa, el secretario judicial dará traslado a la
entidad pública de protección o reforma de menores competente para
el cumplimiento de las medidas acordadas en la sentencia firme.
También notificará al Ministerio Fiscal el inicio de la ejecución,
y al letrado del menor si así lo solicitara del Juez de Menores.
3. Recibidos por la entidad
pública el testimonio y la liquidación de la medida indicados en
el apartado anterior, aquélla designará de forma inmediata un profesional
que se responsabilizará de la ejecución de la medida impuesta, y,
si ésta fuera de internamiento, designará el centro más adecuado
para su ejecución de entre los más cercanos al domicilio del menor
en los que existan plazas disponibles para la ejecución por la entidad
pública competente en cada caso. El traslado a otro centro distinto
de los anteriores sólo se podrá fundamentar en el interés del menor
de ser alejado de su entorno familiar y social y requerirá en todo caso
la aprobación del Juzgado de Menores competente para la ejecución
de la medida. En todo caso los menores pertenecientes a una banda,
organización o asociación no podrán cumplir la medida impuesta en
el mismo centro, debiendo designárseles uno distinto aunque la elección
del mismo suponga alejamiento del entorno familiar o social.
Este
artículo 46 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 47. Refundición de medidas impuestas.-
1. Si se hubieran impuesto
al menor varias medidas en la misma resolución judicial, y no fuere
posible su cumplimiento simultáneo, el Juez competente para la ejecución
ordenará su cumplimiento sucesivo conforme a las reglas establecidas
en el apartado 5 de este artículo.La misma regla se aplicará
a las medidas impuestas en distintas resoluciones judiciales, siempre
y cuando dichas medidas sean de distinta naturaleza entre sí. En
este caso será el Juez competente para la ejecución quien ordene
el cumplimiento simultáneo o sucesivo con arreglo al apartado 5
de este artículo, según corresponda.
2. Si se hubieren impuesto
al menor en diferentes resoluciones judiciales dos o más medidas
de la misma naturaleza, el Juez competente para la ejecución, previa
audiencia del letrado del menor, refundirá dichas medidas en una
sola, sumando la duración de las mismas, hasta el límite del doble
de la más grave de las refundidas.
El Juez, previa audiencia del
letrado del menor, deberá proceder de este modo respecto de cada
grupo de medidas de la misma naturaleza que hayan sido impuestas
al menor, de modo que una vez practicada la refundición no quedará
por ejecutar más de una medida de cada clase de las enumeradas en
el artículo 7 de esta Ley.
3. En caso de que, estando
sujeto a la ejecución de una medida, el menor volviera a cometer
un hecho delictivo, el Juez competente para la ejecución, previa
audiencia del letrado del menor, dictará la resolución que proceda
en relación a la nueva medida que, en su caso se haya impuesto,
conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores. En este
caso podrá aplicar además las reglas establecidas en el artículo 50 para el supuesto de quebrantamiento
de la ejecución.
4. A los fines previstos en
este artículo, en cuanto el Juez sentenciador tenga conocimiento
de la existencia de otras medidas firmes de ejecución, pendientes
de ejecución o suspendidas condicionalmente, y una vez que la medida
o medidas por él impuestas sean firmes, procederá conforme a lo
dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.
5. Cuando las medidas de distinta
naturaleza, impuestas directamente o resultantes de la refundición
prevista en los números anteriores, hubieren de ejecutarse de manera
sucesiva, se atenderá a los siguientes criterios:
a) La medida de internamiento
terapéutico se ejecutará con preferencia a cualquier otra.
b) La medida de internamiento
en régimen cerrado se ejecutará con preferencia al resto de las
medidas de internamiento.
c) La medida de internamiento
se cumplirá antes que las no privativas de libertad, y en su caso
interrumpirá la ejecución de éstas.
d) Las medidas de libertad
vigilada contempladas en el artículo 10 se ejecutarán una vez finalizado
el internamiento en régimen cerrado que se prevé en el mismo artículo.
e) En atención al interés del
menor, el Juez podrá, previo informe del Ministerio Fiscal, de las
demás partes y de la entidad pública de reforma o protección de
menores, acordar motivadamente la alteración en el orden de cumplimiento
previsto en las reglas anteriores.
6. Lo dispuesto en este artículo
se entiende sin perjuicio de las previsiones del artículo 14 para el caso de que el menor
pasare a cumplir una medida de internamiento en centro penitenciario
al alcanzar la mayoría de edad.
7. Cuando una persona que se
encuentre cumpliendo una o varias medidas impuestas con arreglo
a esta Ley sea condenada a una pena o medida de seguridad prevista
en el Código Penal o en leyes penales especiales,
se ejecutarán simultáneamente aquéllas y éstas si fuere materialmente
posible, atendida la naturaleza de ambas, su forma de cumplimiento
o la eventual suspensión de la pena impuesta, cuando proceda.
No siendo posible la ejecución
simultánea, se cumplirá la sanción penal, quedando sin efecto la
medida o medidas impuestas en aplicación de la presente Ley, salvo
que se trate de una medida de internamiento y la pena impuesta sea
de prisión y deba efectivamente ejecutarse. En este último caso,
a no ser que el Juez de Menores adopte alguna de las resoluciones
previstas en el artículo 13 de esta Ley, la medida de internamiento
terminará de cumplirse en el centro penitenciario en los términos
previstos en el artículo 14 y una vez cumplida se ejecutará
la pena.
Este
artículo 47 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 48. Expediente personal de la persona sometida a la ejecución de una medida.-1. La entidad pública abrirá un expediente personal único a cada menor respecto del cual tenga encomendada la ejecución de una medida, en el que se recogerán los informes relativos a aquél, las resoluciones judiciales que le afecten y el resto de la documentación generada durante la ejecución.
2. Dicho expediente tendrá
carácter reservado y solamente tendrán acceso al mismo el Defensor
del Pueblo o institución análoga de la correspondiente Comunidad
Autónoma, los Jueces de Menores competentes, el Ministerio Fiscal
y las personas que intervengan en la ejecución y estén autorizadas
por la entidad pública de acuerdo con sus normas de organización.
El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal, también
tendrán acceso al expediente.
3. La recogida, cesión y tratamiento
automatizado de datos de carácter personal de las personas a las
que se aplique la presente Ley, sólo podrá realizarse en ficheros
informáticos de titularidad pública dependientes de las entidades
públicas de protección de menores, Administraciones y Juzgados de
Menores competentes o del Ministerio Fiscal, y se regirá por lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Cáracter Personal, y sus normas de desarrollo.
Artículo 49. Informes sobre la ejecución.-
1. La entidad pública remitirá
al Juez de Menores y al Ministerio Fiscal, con la periodicidad que
se establezca reglamentariamente en cada caso y siempre que fuese
requerida para ello o la misma entidad lo considerase necesario,
informes sobre la ejecución de la medida y sus incidencias, y sobre
la evolución personal de los menores sometidos a las mismas. Dichos
informes se remitirán también al letrado del menor si así lo solicitare
a la entidad pública competente.2. En los indicados informes
la entidad pública podrá solicitar del Ministerio Fiscal, cuando
así lo estime procedente, la revisión judicial de las medidas en
el sentido propugnado por el artículo 13.1 de la presente Ley.
La
referencia del apartado 2 al artículo 14.1 se sustituye por la del
artículo 13.1 por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre (BOE
del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero de 2007.
Artículo 50. Quebrantamiento de la ejecución.-
1. Cuando el menor quebrantare
una medida privativa de libertad, se procederá a su reingreso en
el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro adecuado a
sus condiciones, o, en caso de permanencia de fin de semana, en
su domicilio, a fin de cumplir de manera ininterrumpida el tiempo
pendiente.2. Si la medida quebrantada
no fuere privativa de libertad, el Ministerio Fiscal podrá instar
del Juez de Menores la sustitución de aquélla por otra de la misma
naturaleza. Excepcionalmente, y a propuesta del Ministerio Fiscal,
oídos el letrado y el representante legal del menor, así como el
equipo técnico, el Juez de Menores podrá sustituir la medida por
otra de internamiento en centro semiabierto, por el tiempo que reste
para su cumplimiento.
3. Asimismo, el Juez de Menores
acordará que el secretario judicial remita testimonio de los particulares
relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal,
por si el hecho fuese constitutivo de alguna de las infracciones
a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley Orgánica
y merecedora de reproche sancionador.
Este
apartado 3 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 51. Sustitución de las medidas.-
1. Durante la ejecución de
las medidas el Juez de Menores competente para la ejecución podrá,
de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor
o de la Administración competente, y oídas las partes, así como
el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección
o reforma de menores, dejar sin efecto aquellas o sustituirlas por
otras que se estimen más adecuadas de entre las previstas en esta
Ley, por tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento,
siempre que la nueva medida pudiera haber sido impuesta inicialmente
atendiendo a la infracción cometida. Todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior y de acuerdo con el artículo 13 de la presente Ley.2. Cuando el Juez de Menores
haya sustituido la medida de internamiento en régimen cerrado por
la de internamiento en régimen semiabierto o abierto, y el menor
evolucione desfavorablemente, previa audiencia del letrado del menor,
podrá dejar sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la
medida sustituida de internamiento en régimen cerrado. Igualmente,
si la medida impuesta es la de internamiento en régimen semiabierto
y el menor evoluciona desfavorablemente, el Juez de Menores podrá sustituirla
por la de internamiento en régimen cerrado, cuando el hecho delictivo
por la que se impuso sea alguno de los previstos en el artículo 9.2 de esta Ley
3. La conciliación del menor
con la víctima, en cualquier momento en que se produzca el acuerdo
entre ambos a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley, podrá dejar
sin efecto la medida impuesta cuando el Juez, a propuesta del Ministerio
Fiscal o del letrado del menor y oídos el equipo técnico y la representación
de la entidad pública de protección o reforma de menores, juzgue
que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplido
expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos
por el menor.
4. En todos los casos anteriores,
el Juez resolverá por auto motivado, contra el cual se podrán interponer
los recursos previstos en la presente Ley.
Los
apartados 1 y 2 han sido redactados y los anteriores 2 y 3 pasan
a ser 3 y 4 por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre (BOE del
5), con entrada en vigor el día 5 de febrero de 2007.
Artículo 52. Presentación de recursos.-
1. Cuando el menor pretenda
interponer ante el Juez de Menores recurso contra cualquier resolución
adoptada durante la ejecución de las medidas que le hayan sido impuestas,
lo presentará de forma escrita ante el Juez o Director del centro
de internamiento, quien lo pondrá en conocimiento de aquél dentro
del siguiente día hábil.El menor también podrá presentar
un recurso ante el Juez de forma verbal, o manifestar de forma verbal
su intención de recurrir al Director del centro, quien dará traslado
de esta manifestación al Juez de Menores en el plazo indicado. En
este último caso, el Juez de Menores adoptará las medidas que resulten
procedentes a fin de oír la alegación del menor.
El letrado del menor también
podrá interponer los recursos, en forma escrita, ante las autoridades
indicadas en el párrafo primero.
2. Si el Juez de Menores admitiese
a trámite el recurso, el secretario judicial recabará informe del
Ministerio Fiscal y, previa audiencia del letrado del menor, aquél
resolverá el recurso en el plazo de dos días, mediante auto motivado.
Contra este auto cabrá recurso de apelación ante la correspondiente
Audiencia Provincial, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la presente Ley.
Este
apartado 2 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
Artículo 53. Cumplimiento de la medida.-
1. Una vez cumplida la medida,
la entidad pública remitirá a los destinatarios designados en el artículo 49.1 un informe final, y el Juez
de Menores dictará auto acordando lo que proceda respecto al archivo
de la causa. Dicho auto será notificado por el secretario judicial
al Ministerio Fiscal, al letrado del menor, a la entidad pública
y a la víctima.Este
apartado 1 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
2. El Juez, de oficio o a instancia
del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, podrá instar de la
correspondiente entidad pública de protección o reforma de menores,
una vez cumplida la medida impuesta, que se arbitren los mecanismos
de protección del menor conforme a las normas del Código Civil, cuando el interés de aquél
así lo requiera.
CAPÍTULO III
Reglas
especiales para la ejecución de las medidas privativas de libertad
Artículo 54. Centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad.-
1. Las medidas privativas de
libertad, la detención y las medidas cautelares de internamiento
que se impongan de conformidad con esta Ley se ejecutarán en centros específicos
para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación
penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas
cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de edad
penal.La ejecución de la detención
preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las
medidas impuestas en la sentencia, acordadas por el Juez Central
de Menores o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional,
se llevará a cabo en los establecimientos y con el control del personal
especializado que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia
Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autónomas.
La ejecución de las medidas
impuestas por el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente
de la Audiencia Nacional será preferente sobre las impuestas, en
su caso, por otros Jueces o Salas de Menores.
Este
apartado 1 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
2. No obstante lo dispuesto
en el apartado anterior, las medidas de internamiento también podrán
ejecutarse en centros socio-sanitarios cuando la medida impuesta
así lo requiera. En todo caso se requerirá la previa autorización
del Juez de Menores.
3. Los centros estarán divididos
en módulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades
sociales de los menores internados y se regirán por una normativa
de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendrá como finalidad
la consecución de una convivencia ordenada, que permita la ejecución
de los diferentes programas de intervención educativa y las funciones de
custodia de los menores internados.
Artículo 55. Principio de resocialización.-1. Toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad.
2. En consecuencia, la vida
en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo
al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar
para el menor o para su familia, favoreciendo los vínculos sociales,
el contacto con los familiares y allegados, y la colaboración y
participación de las entidades públicas y privadas en el proceso
de integración social, especialmente de las más próximas geográfica
y culturalmente.
3. A tal fin se fijarán reglamentariamente
los permisos ordinarios y extraordinarios de los que podrá disfrutar
el menor internado, a fin de mantener contactos positivos con el
exterior y preparar su futura vida en libertad.
Artículo 56. Derechos de los menores internados.-1. Todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos no afectados por el contenido de la condena, especialmente los inherentes a la minoría de edad civil cuando sea el caso.
2. En consecuencia, se reconocen
a los menores internados los siguientes derechos:
a) Derecho a que la entidad
pública de la que depende el centro vele por su vida, su integridad
física y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos
a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra, ni ser
objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicación de
las normas.
b) Derecho del menor de edad
civil a recibir una educación y formación integral en todos los
ámbitos y a la protección específica que por su condición le dispensan
las leyes.
c) Derecho a que se preserve
su dignidad y su intimidad, a ser designados por su propio nombre
y a que su condición de internados sea estrictamente reservada frente
a terceros.
d) Derecho al ejercicio de
los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, económicos
y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles
con el objeto de la detención o el cumplimiento de la condena.
e) Derecho a estar en el centro
más cercano a su domicilio, de acuerdo a su régimen de internamiento,
y a no ser trasladados fuera de su Comunidad Autónoma excepto en
los casos y con los requisitos previstos en esta Ley y sus normas
de desarrollo.
f) Derecho a la asistencia
sanitaria gratuita, a recibir la enseñanza básica obligatoria que
corresponda a su edad, cualquiera que sea su situación en el centro,
y a recibir una formación educativa o profesional adecuada a sus
circunstancias.
g) Derecho de los sentenciados
a un programa de tratamiento individualizado y de todos los internados
a participar en las actividades del centro.
h) Derecho a comunicarse libremente
con sus padres, representantes legales, familiares u otras personas,
y a disfrutar de salidas y permisos, con arreglo a lo dispuesto
en esta Ley y sus normas de desarrollo.
i) Derecho a comunicarse reservadamente
con sus letrados, con el Juez de Menores competente, con el Ministerio
Fiscal y con los servicios de Inspección de centros de internamiento.
j) Derecho a una formación
laboral adecuada, a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades
de la entidad pública, y a las prestaciones sociales que pudieran
corresponderles, cuando alcancen la edad legalmente establecida.
k) Derecho a formular peticiones
y quejas a la Dirección del centro, a la entidad pública, a las
autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo
o institución análoga de su Comunidad Autónoma y a presentar todos
los recursos legales que prevé esta Ley ante el Juez de Menores
competente, en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
l) Derecho a recibir información
personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, de su situación
personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno de
los centros que los acojan, así como de los procedimientos concretos
para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones,
quejas o recursos.
m) Derecho a que sus representantes
legales sean informados sobre su situación y evolución y sobre los
derechos que a ellos les corresponden, con los únicos límites previstos
en esta Ley.
n) Derecho de las menores internadas
a tener en su compañía a sus hijos menores de tres años, en las
condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 57. Deberes de los menores internados.-Los menores internados estarán obligados a:
a) Permanecer en el centro
a disposición de la autoridad judicial competente hasta el momento
de su puesta en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades
autorizadas que puedan realizar en el exterior.
b) Recibir la enseñanza básica
obligatoria que legalmente les corresponda.
c) Respetar y cumplir las normas
de funcionamiento interno del centro y las directrices o instrucciones
que reciban del personal de aquél en el ejercicio legítimo de sus
funciones.
d) Colaborar en la consecución
de una actividad ordenada en el interior del centro y mantener una
actitud de respeto y consideración hacia todos, dentro y fuera del
centro, en especial hacia las autoridades, los trabajadores del
centro y los demás menores internados.
e) Utilizar adecuadamente las
instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a
su disposición.
f) Observar las normas higiénicas
y sanitarias, y sobre vestuario y aseo personal establecidas en
el centro.
g) Realizar las prestaciones
personales obligatorias previstas en las normas de funcionamiento
interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del
mismo.
h) Participar en las actividades
formativas, educativas y laborales establecidas en función de su
situación personal a fin de preparar su vida en libertad.
Artículo 58. Información y reclamaciones.-1. Los menores recibirán, a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus derechos y obligaciones, el régimen de internamiento en el que se encuentran, las cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. La información se les facilitará en un idioma que entiendan. A los que tengan cualquier género de dificultad para comprender el contenido de esta información se les explicará por otro medio adecuado.
2. Todos los internados podrán
formular, verbalmente o por escrito, en sobre abierto o cerrado,
peticiones y quejas a la entidad pública sobre cuestiones referentes
a su situación de internamiento. Dichas peticiones o quejas también
podrán ser presentadas al Director del centro, el cual las atenderá
si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la entidad
pública o autoridades competentes, en caso contrario.
Artículo 59. Medidas de vigilancia y seguridad.-1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados.
2. De igual modo se podrán
utilizar exclusivamente los medios de contención que se establezcan
reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de
los menores, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones
del centro o ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones
del personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo.
Artículo 60. Régimen disciplinario.-1. Los menores internados podrán ser corregidos disciplinariamente en los casos y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con los principios de la Constitución, de esta Ley y del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, respetando en todo momento la dignidad de aquéllos y sin que en ningún caso se les pueda privar de sus derechos de alimentación, enseñanza obligatoria y comunicaciones y visitas, previstos en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
2. Las faltas disciplinarias
se clasificarán en muy graves, graves y leves, atendiendo a la violencia
desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia del
resultado y el número de personas ofendidas.
3. Las únicas sanciones que
se podrán imponer por la comisión de faltas muy graves serán las
siguientes:
a) La separación del grupo
por un período de tres a siete días en casos de evidente agresividad,
violencia y alteración grave de la convivencia.
b) La separación del grupo
durante tres a cinco fines de semana.
c) La privación de salidas
de fin de semana de quince días a un mes.
d) La privación de salidas
de carácter recreativo por un período de uno a dos meses.
4. Las únicas sanciones que
se podrán imponer por la comisión de faltas graves serán las siguientes:
a) Las mismas que en los cuatro
supuestos del apartado anterior, con la siguiente duración: dos
días, uno o dos fines de semana, uno a quince días, y un mes respectivamente.
b) La privación de participar
en las actividades recreativas del centro durante un período de
siete a quince días.
5. Las únicas sanciones que
se podrán imponer por la comisión de faltas leves serán las siguientes:
a) La privación de participar
en todas o algunas de las actividades recreativas del centro durante
un período de uno a seis días.
b) La amonestación.
6. La sanción de separación
supondrá que el menor permanecerá en su habitación o en otra de
análogas características a la suya, durante el horario de actividades
del centro, excepto para asistir, en su caso, a la enseñanza obligatoria,
recibir visitas y disponer de dos horas de tiempo al día al aire
libre.
7. Las resoluciones sancionadoras
podrán ser recurridas, antes del inicio de su cumplimiento, ante
el Juez de Menores. A tal fin, el menor sancionado podrá presentar
el recurso por escrito o verbalmente ante el Director del establecimiento,
quien, en el plazo de veinticuatro horas, remitirá dicho escrito
o testimonio de la queja verbal, con sus propias alegaciones, al
Juez de Menores y éste, en el término de una audiencia y oído el
Ministerio Fiscal, dictará auto, confirmando, modificando o anulando
la sanción impuesta, sin que contra dicho auto quepa recurso alguno.
El auto, una vez notificado al establecimiento, será de ejecución
inmediata. En tanto se sustancia el recurso, en el plazo de dos
días, la entidad pública ejecutora de la medida podrá adoptar las decisiones
precisas para restablecer el orden alterado, aplicando al sancionado
lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo.
El letrado del menor también
podrá interponer los recursos a que se refiere el párrafo anterior.
TÍTULO VIII
De
la responsabilidad civil
Artículo 61. Reglas generales.-1. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Se tramitará una pieza separada
de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.
3. Cuando el responsable de
los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán
solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres,
tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden.
Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo
o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el
Juez según los casos.
4. En su caso, se aplicará
también lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus
disposiciones complementarias.
Artículo 62. Extensión de la responsabilidad civil.-La responsabilidad civil a la que se refiere el artículo anterior se regulará, en cuanto a su extensión, por lo dispuesto en el capítulo I del Título V del Libro I del Código Penal vigente.
Artículo 63. Responsabilidad civil de los aseguradores.-Los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores a los que se refiere la presente Ley serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien corresponda.
Artículo 64. Reglas de procedimiento.-
Los trámites para la exigencia
de la responsabilidad civil aludida en los artículos anteriores
se acomodarán a las siguientes reglas:1.ª Tan pronto como el Juez
de Menores reciba el parte de la incoación del expediente por el
Ministerio Fiscal, ordenará abrir de forma simultánea con el proceso
principal una pieza separada de responsabilidad civil, notificando
el secretario judicial a quienes aparezcan como perjudicados su
derecho a ser parte en la misma, y estableciendo el plazo límite
para el ejercicio de la acción.
2.ª En la pieza de referencia,
que se tramitará de forma simultánea con el proceso principal, podrán
personarse los perjudicados que hayan recibido notificación al efecto
del Juez de Menores o del Ministerio Fiscal, conforme establece
el artículo 22 de la presente Ley, y también espontáneamente quienes
se consideren como tales. Asimismo, podrán personarse las compañías aseguradoras
que se tengan por partes interesadas, dentro del plazo para el ejercicio
de la acción de responsabilidad civil. En el escrito de personación,
indicarán las personas que consideren responsables de los hechos
cometidos y contra las cuales pretendan reclamar, bastando con la
indicación genérica de su identidad.
3.ª El secretario judicial
notificará al menor y a sus representantes legales, en su caso,
su condición de posibles responsables civiles.
4.ª Una vez personados los
presuntos perjudicados y responsables civiles, el Juez de Menores
resolverá sobre su condición de partes, continuándose el procedimiento
por las reglas generales.
5.ª La intervención en el proceso
a los efectos de exigencia de responsabilidad civil se realizará
en las condiciones que el Juez de Menores señale con el fin de preservar
la intimidad del menor y que el conocimiento de los documentos obrantes
en los autos se refiera exclusivamente a aquellos que tengan una
conexión directa con la acción ejercitada por los mismos.
Este
artículo 64 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Aplicación en la Jurisdicción Militar.-
[...] Esta
disposición adicional primera ha sido derogada por la Ley Orgánica
8/2006, de 4 de diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día
5 de febrero de 2007.
Disposición adicional segunda. Aplicación de medidas en casos de riesgo para la salud.-Cuando los Jueces de Menores aplicaren alguna de las medidas terapéuticas a las que se refieren los artículos 5.27.1 y 29 de esta Ley, en caso de enfermedades transmisibles u otros riesgos para la salud de los menores o de quienes con ellos convivan, podrán encomendar a las autoridades o Servicios de Salud correspondientes su control y seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública.
Disposición adicional tercera. Registro de sentencias firmes dictadas en aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.-En el Ministerio de Justicia se llevará un Registro de sentencias firmes dictadas en aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuyos datos sólo podrán ser utilizados por los Jueces de Menores y por el Ministerio Fiscal a efectos de lo establecido en los artículos 630 y 47 de esta Ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias.
Disposición adicional cuarta. Aplicación a los delitos previstos en los artículos 138, 139, 179, 180, 571 a 580 y aquellos otros sancionados en el Código Penal con pena de prisión igual o superior a quince años.-
[...] Esta
disposición adicional cuarta ha sido derogada por la Ley Orgánica
8/2006, de 4 de diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día
5 de febrero de 2007.
Disposición adicional quinta.-El Gobierno dentro del plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica remitirá al Congreso de los Diputados un informe, en el que se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación de la disposición adicional cuarta.
Esta
disposición adicional quinta ha sido añadida por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre (BOE del 23), con entrada en
vigor el día 13 de enero de 2001.
Disposición adicional sexta.-Evaluada la aplicación de esta ley orgánica, oídos el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, el Gobierno procederá a impulsar las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad, tales como los previstos en los
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 138. Concepto de homicidio | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 139. Asesinato | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 179. Violación. Acceso carnal | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 180. Agravantes específicas | ||
A tal fin, se establecerá la
posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento
en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas
y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad
en centros penitenciarios.
Esta
disposición adicional sexta ha sido añadida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (BOE del 26).
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.-1. A los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley por los menores sujetos a la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre Reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, que se deroga, les será de aplicación la legislación vigente en el momento de su comisión. Quienes estuvieren cumpliendo una medida de las previstas en la citada Ley Orgánica 4/1992 continuarán dicho cumplimiento hasta la extinción de la responsabilidad en las condiciones previstas en dicha Ley.
2. A la entrada en vigor de
la presente Ley, cesará inmediatamente el cumplimiento de todas
las medidas previstas en la Ley Orgánica 4/1992 que estuvieren cumpliendo
personas menores de catorce años, extinguiéndose las correspondientes
responsabilidades.
3. A los menores de dieciocho
años, juzgados con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal de
1973, en las leyes penales especiales derogadas o en la disposición derogatoria del Código Penal vigente, a quienes se hubiere impuesto
una pena de dos años de prisión menor o una pena de prisión superior
a dos años, que estuvieren pendientes de cumplimiento a la entrada
en vigor de la presente Ley, dichas penas les serán sustituidas
por alguna de las medidas previstas en esta Ley, a instancia del
Ministerio Fiscal, previo informe del equipo técnico o de la correspondiente
entidad pública de protección o reforma de menores. A tal efecto,
se habrá de dar traslado al Ministerio Fiscal de la ejecutoria y
de la liquidación provisional de las penas impuestas a los menores
comprendidos en los supuestos previstos en este apartado.
4. Si, en los supuestos a los
que se refiere el apartado anterior, la pena impuesta o pendiente
de cumplimiento fuera de prisión inferior a dos años o de cualquiera
otra naturaleza, se podrá imponer al condenado una medida de libertad
vigilada simple por el tiempo que restara de cumplimiento de la
condena, si el Juez de Menores, a petición del Ministerio Fiscal
y oídos el letrado del menor, su representante legal, la correspondiente
entidad pública de protección o reforma de menores y el propio sentenciado, lo
considerara acorde con la finalidad educativa que persigue la presente
Ley. En otro caso, el Juez de Menores podrá tener por cumplida la
pena y extinguida la responsabilidad del sentenciado.
5. Las decisiones del Juez
de Menores a que se refieren los apartados anteriores se adoptarán
mediante auto recurrible directamente en apelación, en el plazo
de cinco días hábiles, ante la Audiencia Provincial. Los Jueces
de Menores deberán adoptar estas decisiones en el plazo de dos meses
desde la entrada en vigor de esta Ley. Durante este plazo la situación
del menor no se verá afectada.
Este
apartado 5 ha sido redactado por la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de
diciembre (BOE del 23), sobre medidas urgentes para la agilización
de la Administración de Justicia.
6. En los procedimientos penales
en curso a la entrada en vigor de la presente Ley, en los que haya
imputadas personas por la comisión de hechos delictivos cuando aún
no hayan cumplido los dieciocho años, el Juez o Tribunal competente
remitirá las actuaciones practicadas al Ministerio Fiscal para que
instruya el procedimiento regulado en la misma.
Los que se hallaren sujetos
a prisión preventiva a la entrada en vigor de la Ley serán excarcelados
y conducidos a un centro de reforma a disposición del Ministerio
Fiscal. Si el Ministerio Fiscal estima procedente el mantenimiento
del internamiento, deberá solicitarlo en el plazo de cuarenta y
ocho horas del Juez de Menores, quien convocará la comparecencia
prevista en el artículo 28.2
Este
párrafo ha sido añadido por la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre
(BOE del 23), sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración
de Justicia.
Si el imputado lo fuere por
hechos cometidos cuando era mayor de dieciocho años y menor de veintiuno,
el Juez instructor acordará lo que proceda, según lo dispuesto en
el artículo 4.º de esta Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Derecho supletorio.-Tendrán el carácter de normas supletorias, para lo no previsto expresamente en esta Ley Orgánica, en el ámbito sustantivo, el Código Penal y las leyes penales especiales, y, en el ámbito del procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular lo dispuesto para los trámites del procedimiento abreviado regulado en el Título III del Libro IV de la misma.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.-1. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley en el "Boletín Oficial del Estado", elevará al Parlamento un proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creación de las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y para la adecuación de la regulación y competencia de los Juzgados de Menores y de la composición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a lo establecido en la presente Ley.
2. El Gobierno, en el plazo
de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley en el "Boletín
Oficial del Estado", elevará al Parlamento un proyecto
de Ley de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, a fin de adecuar la organización
del Ministerio Fiscal a lo establecido en la presente Ley.
Disposición final tercera. Reformas en materia de personal.-
1. El Gobierno, a través del
Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial,
la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas afectadas,
en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley
en el "Boletín Oficial del Estado" adoptará las
disposiciones oportunas para adecuar la planta de los Juzgados de
Menores y las plantillas de las Carreras Judicial y Fiscal a las
necesidades orgánicas que resulten de la aplicación de lo dispuesto
en la presente Ley.2. Las plazas de Jueces de
Menores deberán ser servidas necesariamente por Magistrados pertenecientes
a la Carrera Judicial. A la entrada en vigor de esta Ley los titulares
de un Juzgado de Menores que ostenten la categoría de Juez deberán
cesar en dicho cargo, quedando, en su caso, en la situación que
prevé el artículo 118.2 y concordantes de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, procediéndose a cubrir tales
plazas por concurso ordinario entre Magistrados.
3. El Gobierno, a través del
Ministerio de Justicia, y las Comunidades Autónomas con competencia
en la materia, a través de las correspondientes Consejerías, adecuarán
las plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia
a las necesidades que presenten los Juzgados y las Fiscalías de
Menores para la aplicación de la presente Ley. Asimismo, determinarán
el número y plantilla de los Equipos Técnicos compuestos por personal
funcionario o laboral al servicio de las Administraciones Públicas,
que actuarán bajo los principios de independencia, imparcialidad
y profesionalidad
Este
apartado 3 ha sido redactado por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de
diciembre (BOE del 5), con entrada en vigor el día 5 de febrero
de 2007.
4. Asimismo, el Gobierno, a
través del Ministerio del Interior, y sin perjuicio de las competencias
de las Comunidades Autónomas, adecuará las plantillas de los Grupos
de Menores de las Brigadas de Policía Judicial, con objeto de establecer
la adscripción a las Secciones de Menores de las Fiscalías de los
funcionarios necesarios a los fines propuestos por esta Ley.
5. [...]
Este
apartado 5 ha sido suprimido por la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de
diciembre (BOE del 23), sobre medidas urgentes para la agilización
de la Administración de Justicia.
Disposición final cuarta. Especialización de Jueces, Fiscales y abogados.-1. El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el ámbito de sus competencias respectivas, procederán a la formación de miembros de la Carrera Judicial y Fiscal especialistas en materia de Menores con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente. Dichos especialistas tendrán preferencia para desempeñar los correspondientes cargos en las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y en los Juzgados y Fiscalías de Menores, conforme a lo que establezcan las leyes y reglamentos.
2. En todas las Fiscalías existirá
una Sección de Menores compuesta por miembros de la Carrera Fiscal,
especialistas, con las dotaciones de funcionarios administrativos
que sean necesarios, según se determine reglamentariamente.
3. El Consejo General de la
Abogacía deberá adoptar las disposiciones oportunas para que en
los Colegios en los que resulte necesario se impartan cursos homologados
para la formación de aquellos letrados que deseen adquirir la especialización
en materia de menores a fin de intervenir ante los órganos de esta
Jurisdicción.
Disposición final quinta. Cláusula derogatoria.-1. Se derogan: la Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948, modificada por la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio; los preceptos subsistentes del Reglamento para la ejecución de la Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948; la disposición transitoria duodécima de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; y los artículos 8.2, 9.3, la regla 1.ª del artículo 20, en lo que se refiere al número 2. del artículo 8., el segundo párrafo del artículo 22 y el artículo 65 del texto refundido del Código Penal, publicado por el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre.
2. Quedan asimismo derogadas
cuantas otras normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo
establecido en la presente Ley.
Disposición final sexta. Naturaleza de la presente Ley.-Los artículos 16, 20, 21, 23 a 27, 30 a 35, 37 a 39, 41, 42 y 61 a 64, la disposición adicional tercera y la disposición final tercera de la presente Ley Orgánica tienen naturaleza de Ley ordinaria.
Disposición final séptima. Entrada en vigor y desarrollo reglamentario.-1. La presente Ley Orgánica entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". En dicha fecha entrarán también en vigor los
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 19. Responsabilidad penal del menor | ||
|
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal | ||
|
Art. 69. Mayores de 18 años y menores de 21 | ||
2. Durante el plazo mencionado
en el apartado anterior, las Comunidades Autónomas con competencia
respecto a la protección y reforma de menores adaptarán su normativa
para la adecuada ejecución de las funciones que les otorga la presente
Ley.
© Desarrollado por: Lex Nova S.A.U.