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LEY 50/2002, DE 26 DE DICIEMBRE, DE FUNDACIONES (BOE DEL 27)
-
Capítulo V. Funcionamiento y actividad de la fundación (Arts. 23 a 28)
-
Capítulo VI. Modificación, fusión y extinción de la fundación (Arts. 29 a 33)
-
Capítulo VIII. El Registro de Fundaciones de competencia estatal (Arts. 36 y 37)
-
Capítulo IX. El Consejo Superior de Fundaciones (Arts. 38 a 40)
-
Capítulo X. Autorizaciones, intervención temporal y recursos (Arts. 41 a 43)
-
Capítulo XI. Fundaciones del sector público estatal (Arts. 44 a 46)
-
LEY 50/2002, DE 26 DE DICIEMBRE,
DE FUNDACIONES (BOE DEL 27)
Corrección de errores BOE de 17 de abril de
2003
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El artículo 34 de la Constitución reconoce «el derecho
de fundación para fines de interés general, con arreglo a la Ley».
Por su parte, el artículo 53.1 del texto constitucional reserva
a la ley la regulación del ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en el capítulo segundo del Título I, entre los que se
encuentra el de fundación, especificando que dichas normas legales
deben en todo caso respetar el contenido esencial de tales derechos
y libertades.
Hasta el momento, esta previsión constitucional se encontraba
cumplida mediante la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones
y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades
de interés general, que regulaba en un solo cuerpo legal el régimen
jurídico de los entes fundacionales y las ventajas de carácter impositivo
que se conceden a las personas privadas, físicas o jurídicas (sin
limitarse a las de naturaleza fundacional), por sus actividades
o aportaciones económicas en apoyo de determinadas finalidades de
interés público o social. Dicha Ley puso fin a un régimen regulador
de las fundaciones que cabría calificar de vetusto (algunas de sus
normas databan de mediados del siglo XIX), fragmentario, incompleto
y aun contradictorio, satisfaciendo las legítimas demandas y aspiraciones
reiteradamente planteadas por el sector, y adaptando, en suma, esta
normativa a las exigencias del nuevo orden constitucional, singularmente
en lo que se refiere al sistema de distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Diversas exigencias aconsejan, sin embargo, proceder a
la revisión de este marco legal.
En primer lugar, resulta necesario acoger en nuestro sistema
jurídico algunas experiencias innovadoras que se han desarrollado
en los últimos años en el derecho comparado, y que pueden servir
para fortalecer el fenómeno fundacional en nuestro país.
Por otro lado, la reforma da respuesta a las demandas
de las propias fundaciones, en un sentido general de superar ciertas rigideces
de la anterior regulación, que, sin significar claras ventajas para
el interés público, dificultaban el adecuado desenvolvimiento de
la actividad fundacional: simplificación de trámites administrativos,
reducción de los actos de control del Protectorado, reforma del
régimen de organización y funcionamiento del Patronato, etc.
II
La presente Ley aborda la regulación sustantiva y procedimental
de las fundaciones, dejando para una norma legal distinta lo que
constituía el contenido del Título II de la anterior, esto es, los
incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés
general, por ser ésta una materia que presenta unos perfiles específicos
que demandan un tratamiento separado.
Tres son los objetivos que se pretende alcanzar con esta
nueva regulación del derecho de fundación. En primer término, reducir
la intervención de los poderes públicos en el funcionamiento de
las fundaciones. Así, se ha sustituido en la mayor parte de los
casos la exigencia de autorización previa de actos y negocios jurídicos
por parte del Protectorado, por la de simple comunicación al mismo
del acto o negocio realizado, con objeto de que pueda impugnarlo
ante la instancia judicial competente, si lo considera contrario
a derecho, y, eventualmente, ejercitar acciones legales contra los
patronos responsables.
Por otra parte, se han flexibilizado y simplificado los
procedimientos, especialmente los de carácter económico y financiero, eximiendo
además a las fundaciones de menor tamaño del cumplimiento de ciertas
obligaciones exigibles a las de mayor entidad.
Por último, la Ley pretende, a lo largo de todo su articulado,
dinamizar y potenciar el fenómeno fundacional, como cauce a través
del que la sociedad civil coadyuva con los poderes públicos en la
consecución de fines de interés general.
El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre las fundaciones
en Europa (R.A. 304/93), señala, en este sentido, que «merecen apoyo
especial las fundaciones que participen en la creación y desarrollo
de respuestas e iniciativas, adaptadas a las necesidades sociológicas
de la sociedad contemporánea. Particularmente, las que luchan por
la defensa de la democracia, el fomento de la solidaridad, el bienestar
de los ciudadanos, la profundización de los derechos humanos, la
defensa del medio ambiente, la financiación de la cultura, las ciencias
y prácticas médicas y la investigación».
También nuestro Tribunal Constitucional (STC 18/1984,
de 7 de febrero, entre otras) ha apuntado que una de las notas características
del Estado social de Derecho es que los intereses generales se definen
a través de una interacción entre el Estado y los agentes sociales,
y que esta interpenetración entre lo público y lo privado trasciende
también al campo de lo organizativo, en donde, como es fácil entender,
las fundaciones desempeñan un papel de primera magnitud.
III
En un breve repaso de las novedades más significativas
del nuevo texto legal, destaca en el capítulo I la regulación de
las fundaciones extranjeras, que queda circunscrita a aquéllas que
pretendan ejercer actividades en España de manera estable. Se especifica
que el Registro competente para su inscripción dependerá del ámbito,
autonómico o supraautonómico en que desarrollen principalmente sus
actividades, y que se sancionará el incumplimiento de los requisitos
legales con la prohibición de usar la denominación «Fundación» en
nuestro territorio.
Se introduce en este capítulo una nueva regulación de
la denominación de las fundaciones, que pretende evitar duplicidades e
inscripciones abusivas.
En el capítulo II, la Ley establece una presunción de
suficiencia de la dotación a partir de 30.000 euros, a fin de garantizar
la viabilidad económica de la nueva entidad, sin perjuicio de que
esta cantidad pueda ser reducida cuando el Protectorado lo considere
necesario, en atención a los fines específicos de cada fundación.
Por otra parte, para garantizar la seriedad de las actuaciones
conducentes a la constitución de las fundaciones, se prevé el cese
de los patronos que no hubiesen instado la inscripción de la entidad
constituida en los seis meses siguientes al otorgamiento de la escritura
fundacional, procediendo el Protectorado a nombrar nuevos patronos,
previa autorización judicial, que asuman explícitamente la obligación
de inscribir la fundación en el correspondiente Registro de Fundaciones.
En el capítulo III, se potencia la estabilidad y el adecuado
funcionamiento de los órganos de gobierno de las fundaciones con la
obligatoriedad de la figura del Secretario, y con la posibilidad
de crear órganos distintos del Patronato para el desempeño de los
cometidos que expresamente se le encomienden.
Con objeto de facilitar el funcionamiento del Patronato,
se prevé, además de la obligada representación de las personas jurídicas
por personas físicas, que los patronos puedan ser representados
por otros miembros del órgano colegiado.
Se admite la posibilidad, hasta ahora inédita en la Ley,
de que el Patronato acuerde una retribución adecuada a los patronos que
presten a la fundación servicios distintos de los que implica el
desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del
Patronato, siempre que el fundador no lo hubiese prohibido, resolviéndose
así una problemática reiteradamente planteada por el sector.
El patrimonio de la fundación, regulado en el capítulo
IV, es uno de los campos donde el principio de libertad inspirador
de toda la Ley se pone más ampliamente de manifiesto, al sustituirse,
en determinados supuestos, el sistema de autorización previa por
parte del Protectorado por la simple comunicación al mismo del acto
o negocio realizado, al objeto de que éste pueda, en su caso, llevar
a cabo las acciones legales procedentes.
En el capítulo V se recoge la posibilidad de que la fundación
pueda desarrollar por sí misma actividades económicas, siempre que
se trate de actividades relacionadas con los fines fundacionales
o sean accesorias o complementarias de las mismas.
Con objeto de facilitar la gestión contable de las fundaciones
de menores dimensiones, se autoriza la utilización de modelos abreviados
de rendición de cuentas cuando cumplan los requisitos establecidos
legalmente al efecto para las sociedades mercantiles. Por otra parte,
las fundaciones de reducido tamaño podrán adoptar un modelo simplificado
de llevanza de contabilidad y estarán exentas de la obligación general
de someter las cuentas anuales a auditoría externa.
Por otra parte, la obligación de aprobar un presupuesto
anual ha sido sustituida por la de presentar un plan de actuación,
con lo que, manteniéndose la finalidad esencial de ofrecer información
acerca de los proyectos fundacionales, se facilita en gran medida
la gestión de estas entidades.
El capítulo VII reformula las funciones del Protectorado,
potenciando las de apoyo y asesoramiento a las fundaciones sobre las
que ejerce su competencia, en especial a las que se encuentran en
proceso de constitución.
En el capítulo VIII, regulador del Registro de Fundaciones
de competencia estatal, se prevé por vez primera la creación de una
sección de denominaciones, en la que se anotarán los nombres de
las fundaciones inscritas en los Registros estatal y autonómicos,
así como las denominaciones sobre cuya utilización exista reserva
temporal, con objeto de evitar duplicidades.
De otro lado, se crea en el Consejo Superior de Fundaciones
una Comisión de cooperación e información registral que se encargará
de establecer mecanismos para la colaboración e información mutua
entre Registros.
El capítulo XI diseña el régimen aplicable a las fundaciones
constituidas mayoritariamente por entidades del sector público estatal,
aplicando la técnica fundacional al ámbito de la gestión pública.
En esta regulación se establecen los requisitos y limitaciones exigidos
por la especial naturaleza de la referida figura fundacional de
carácter público.
En las disposiciones adicionales y finales se excluye
de la aplicación de la Ley a las fundaciones gestionadas por el
Patrimonio Nacional, denominadas Reales Patronatos, y se dispone
el estricto respeto a lo dispuesto en los acuerdos y convenios de
cooperación suscritos por el Estado con la Iglesia Católica y con
otras iglesias y confesiones, en relación con las fundaciones creadas o
fomentadas por las mismas.
Por otra parte, la aplicación de la nueva normativa obliga
a establecer las necesarias previsiones en cuanto a la subsistencia temporal
de los actuales Registros de Fundaciones de competencia estatal,
así como a fijar un plazo para la adaptación, cuando proceda, de
los Estatutos de las fundaciones ya constituidas.
En una Ley como la presente, donde se contienen preceptos
reguladores de las fundaciones de competencia estatal junto a otros
dirigidos a todas las fundaciones, resulta de capital importancia
efectuar una delimitación precisa de los distintos tipos de normas.
En tal sentido, la disposición final primera enumera los
preceptos que son de aplicación a todas las fundaciones, sean estatales
o autonómicas, bien por regular las condiciones básicas que garantizan
la igualdad de los españoles en el ejercicio del derecho de fundación
(artículo 149.1.1.ª CE), bien por su naturaleza procesal (artículo
149.1.6.ª CE), bien por incorporar normas de derecho civil, sin
perjuicio de la aplicabilidad preferente del derecho civil foral
o especial allí donde exista (artículo 149.1.8.ª CE). Los restantes
preceptos de la Ley serán de aplicación únicamente a las fundaciones
de competencia estatal.
La nueva regulación de las Fundaciones del Sector Público
Estatal ha obligado a realizar en la Ley General Presupuestaria determinadas
adaptaciones, que se introducen por medio de una disposición final.
Por último, cabe destacar que, pese a la relevancia de
las innovaciones realizadas, se ha conservado un importante número de
preceptos de la Ley de 1994, cuya validez y eficacia han sido confirmadas
por la práctica.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.—La presente Ley tiene por objeto desarrollar el derecho de fundación, reconocido en el artículo 34 de la Constitución y establecer las normas de régimen jurídico de las fundaciones que corresponde dictar al Estado, así como regular las fundaciones de competencia estatal.
Artículo 2. Concepto.—1. Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
2. Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador,
por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley.
Artículo 3. Fines y beneficiarios.—1. Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico.
2. La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades
genéricas de personas. Tendrán esta consideración los colectivos
de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares.
3. En ningún caso podrán constituirse fundaciones con
la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador
o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga
relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado
inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan
fines de interés general.
4. No se incluyen en el apartado anterior las fundaciones
cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación y restauración
de bienes del patrimonio histórico español, siempre que cumplan
las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, en particular respecto de los deberes de visita y exposición
pública de dichos bienes.
Artículo 4. Personalidad jurídica.—1. Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones.
La inscripción sólo podrá ser denegada cuando dicha escritura
no se ajuste a las prescripciones de la ley.
2. Sólo las entidades inscritas en el Registro al que
se refiere el apartado anterior, podrán utilizar la denominación
de «Fundación».
Artículo 5. Denominación.—1. La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes reglas:
a) Deberá figurar la palabra «Fundación», y no podrá coincidir
o asemejarse de manera que pueda crear confusión con ninguna otra
previamente inscrita en los Registros de Fundaciones.
b) No podrán incluirse términos o expresiones que resulten
contrarios a las leyes o que puedan vulnerar los derechos fundamentales
de las personas.
c) No podrá formarse exclusivamente con el nombre de España,
de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni utilizar
el nombre de organismos oficiales o públicos, tanto nacionales como
internacionales, salvo que se trate del propio de las entidades
fundadoras.
d) La utilización del nombre o seudónimo de una persona
física o de la denominación o acrónimo de una persona jurídica distintos
del fundador deberá contar con su consentimiento expreso, o, en
caso de ser incapaz, con el de su representante legal.
e) No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia
a actividades que no se correspondan con los fines fundacionales,
o induzcan a error o confusión respecto de la naturaleza o actividad
de la fundación.
f) Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación
previstas en la legislación vigente.
2. No se admitirá ninguna denominación que incumpla cualquiera
de las reglas establecidas en el apartado anterior, o conste que
coincide o se asemeja con la de una entidad preexistente inscrita
en otro Registro público, o con una denominación protegida o reservada
a otras entidades públicas o privadas por su legislación específica.
Artículo 6. Domicilio.—1. Deberán estar domiciliadas en España las fundaciones que desarrollen principalmente su actividad dentro del territorio nacional.
2. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en
el lugar donde se encuentre la sede de su Patronato, o bien en el lugar
en que desarrollen principalmente sus actividades.
Las fundaciones que se inscriban en España para desarrollar
una actividad principal en el extranjero, tendrán su domicilio estatutario
en la sede de su Patronato dentro del territorio nacional.
Artículo 7. Fundaciones extranjeras.—1. Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable en España, deberán mantener una delegación en territorio español que constituirá su domicilio a los efectos de esta Ley, e inscribirse en el Registro de Fundaciones competente en función del ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades.
2. La fundación extranjera que pretenda su inscripción
deberá acreditar ante el Registro de Fundaciones correspondiente que
ha sido válidamente constituida con arreglo a su ley personal.
La inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la
circunstancia señalada en el párrafo anterior, así como cuando los fines
no sean de interés general con arreglo al ordenamiento español.
3. Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos
establecidos en este artículo no podrán utilizar la denominación de
«Fundación».
4. Las delegaciones en España de fundaciones extranjeras
quedarán sometidas al Protectorado que corresponda en función del
ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades,
siéndoles de aplicación el régimen jurídico previsto para las fundaciones
españolas.
CAPÍTULO II
Constitución de la fundación
Artículo 8. Capacidad para fundar.—1. Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas.
2. Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer
gratuitamente, «inter vivos»
o «mortis causa», de los bienes y
derechos en que consista la dotación.
3. Las personas jurídicas privadas de índole asociativa
requerirán el acuerdo expreso del órgano competente para disponer gratuitamente
de sus bienes, con arreglo a sus Estatutos o a la legislación que
les resulte aplicable. Las de índole institucional deberán contar
con el acuerdo de su órgano rector.
4. Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para
constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan
lo contrario.
Artículo 9. Modalidades de constitución.—1. La fundación podrá constituirse por actos «inter vivos» o «mortis causa».
2. La constitución de la fundación por acto «inter vivos» se realizará mediante
escritura pública, con el contenido que determina el artículo siguiente.
3. La constitución de la fundación por acto «mortis causa» se realizará testamentariamente,
cumpliéndose en el testamento los requisitos establecidos en el artículo siguiente para la escritura de
constitución.
4. Si en la constitución de una fundación por acto «mortis causa» el testador se hubiera
limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y de disponer
de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en
la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta Ley se
otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por los
herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o
incumplieran esta obligación, la escritura se otorgará por el Protectorado,
previa autorización judicial.
Artículo 10. Escritura de constitución.—La escritura de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador
o fundadores, si son personas físicas, y su denominación o razón social,
si son personas jurídicas, y, en ambos casos, su nacionalidad y
domicilio y número de identificación fiscal.
b) La voluntad de constituir una fundación.
c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de
su aportación.
d) Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará
a las prescripciones del artículo siguiente.
e) La identificación de las personas que integran el Patronato,
así como su aceptación si se efectúa en el momento fundacional.
Artículo 11. Estatutos.—1. En los Estatutos de la fundación se hará constar:
a) La denominación de la entidad.
b) Los fines fundacionales.
c) El domicilio de la fundación y el ámbito territorial
en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.
d) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos
al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de
los beneficiarios.
e) La composición del Patronato, las reglas para la designación
y sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones
y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
f) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas
que el fundador o fundadores tengan a bien establecer.
2. Toda disposición de los Estatutos de la fundación o
manifestación de la voluntad del fundador que sea contraria a la
Ley se tendrá por no puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva
de aquélla. En este último caso, no procederá la inscripción de la
fundación en el correspondiente Registro de Fundaciones.
Artículo 12. Dotación.—1. La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los 30.000 euros.
Cuando la dotación sea de inferior valor, el fundador
deberá justificar su adecuación y suficiencia a los fines fundacionales mediante
la presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio
económico que acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos
recursos.
2. Si la aportación es dineraria, podrá efectuarse en
forma sucesiva. En tal caso, el desembolso inicial será, al menos,
del 25 por 100, y el resto se deberá hacer efectivo en un plazo
no superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura
pública de constitución de la fundación.
Si la aportación no es dineraria, deberá incorporarse
a la escritura de constitución tasación realizada por un experto
independiente.
En uno y otro caso, deberá acreditarse o garantizarse
la realidad de las aportaciones ante el notario autorizante, en
los términos que reglamentariamente se establezcan.
3. Se aceptará como dotación el compromiso de aportaciones
de terceros, siempre que dicha obligación conste en títulos de los
que llevan aparejada ejecución.
4. Formarán también parte de la dotación los bienes y
derechos de contenido patrimonial que durante la existencia de la fundación
se aporten en tal concepto por el fundador o por terceras personas,
o que se afecten por el Patronato, con carácter permanente, a los
fines fundacionales.
5. En ningún caso se considerará dotación el mero propósito
de recaudar donativos.
Artículo 13. Fundación en proceso de formación.—1. Otorgada la escritura fundacional, y en tanto se procede a la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones, el Patronato de la fundación realizará, además de los actos necesarios para la inscripción, únicamente aquellos otros que resulten indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no admitan demora sin perjuicio para la fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidos por ésta cuando obtenga personalidad jurídica.
2. Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la
escritura pública fundacional sin que los patronos hubiesen instado la
inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones, el Protectorado
procederá a cesar a los patronos, quienes responderán solidariamente
de las obligaciones contraídas en nombre de la fundación y por los
perjuicios que ocasione la falta de inscripción.
Asimismo, el Protectorado procederá a nombrar nuevos patronos,
previa autorización judicial, que asumirán la obligación de inscribir
la fundación en el correspondiente Registro de Fundaciones.
CAPÍTULO III
Gobierno de la fundación
Artículo 14. Patronato.—1. En toda fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, un órgano de gobierno y representación de la misma, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos.
2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales
y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad
de los mismos.
Artículo 15. Patronos.—1. El Patronato estará constituido por un mínimo de tres miembros, que elegirán entre ellos un Presidente, si no estuviera prevista de otro modo la designación del mismo en la escritura de constitución o en los Estatutos.
Asimismo, el Patronato deberá nombrar un Secretario, cargo
que podrá recaer en una persona ajena a aquél, en cuyo caso tendrá
voz pero no voto, y a quien corresponderá la certificación de los
acuerdos del Patronato.
2. Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas
que tengan plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para
el ejercicio de cargos públicos.
Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato,
y deberán designar a la persona o personas físicas que las representen
en los términos establecidos en los Estatutos.
3. Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después
de haber aceptado expresamente el cargo en documento público, en
documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia
realizada al efecto en el Registro de Fundaciones.
Asimismo, la aceptación se podrá llevar a cabo ante el
Patronato, acreditándose a través de certificación expedida por
el Secretario, con firma legitimada notarialmente.
En todo caso, la aceptación se notificará formalmente
al Protectorado, y se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
4. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio
del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados
que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, y salvo
que el fundador hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podrá fijar
una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación
servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones
que les corresponden como miembros del Patronato, previa autorización
del Protectorado.
5. El cargo de patrono que recaiga en persona física deberá
ejercerse personalmente. No obstante, podrá actuar en su nombre
y representación otro patrono por él designado. Esta actuación será
siempre para actos concretos y deberá ajustarse a las instrucciones
que, en su caso, el representado formule por escrito.
Podrá actuar en nombre de quien fuera llamado a ejercer
la función de patrono por razón del cargo que ocupare, la persona a
quien corresponda su sustitución.
Artículo 16. Delegación y apoderamientos.—1. Si los Estatutos no lo prohibieran, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros. No son delegables la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la fundación ni aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado.
2. Los Estatutos podrán prever la existencia de otros
órganos para el desempeño de las funciones que expresamente se les
encomienden, con las excepciones previstas en el párrafo anterior.
3. El Patronato podrá otorgar y revocar poderes generales
y especiales, salvo que los Estatutos dispongan lo contrario.
4. Las delegaciones, los apoderamientos generales y su
revocación, así como la creación de otros órganos, deberán inscribirse
en el Registro de Fundaciones.
Artículo 17. Responsabilidad de los patronos.—1. Los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal.
2. Los patronos responderán solidariamente frente a la
fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a
la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia
con la que deben desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad
quienes hayan votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que,
no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían
su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para
evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.
3. La acción de responsabilidad se entablará, ante la
autoridad judicial y en nombre de la fundación:
a) Por el propio órgano de gobierno de la fundación, previo
acuerdo motivado del mismo, en cuya adopción no participará el patrono
afectado.
b) Por el Protectorado, en los términos establecidos en
el artículo 35.2.
c) Por los patronos disidentes o ausentes, en los términos
del apartado 2 de este artículo, así como por el fundador cuando no
fuere Patrono.
Artículo 18. Sustitución, cese y suspensión de patronos.—1. La sustitución de los patronos se producirá en la forma prevista en los Estatutos. Cuando ello no fuere posible, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de esta Ley, quedando facultado el Protectorado, hasta que la modificación estatutaria se produzca, para la designación de la persona o personas que integren provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la fundación.
2. El cese de los patronos de una fundación se producirá
en los supuestos siguientes:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como
por extinción de la persona jurídica.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad,
de acuerdo con lo establecido en la Ley.
c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados
miembros del Patronato.
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista
en el apartado 1 del artículo anterior, si así se declara
en resolución judicial.
e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad
por los actos mencionados en el apartado 2 del artículo anterior.
f) Por el transcurso del plazo de seis meses desde el
otorgamiento de la escritura pública fundacional sin haber instado
la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones.
g) Por el transcurso del período de su mandato si fueron
nombrados por un determinado tiempo.
h) Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cualquiera
de los medios y mediante los trámites previstos para la aceptación.
i) Por las causas establecidas válidamente para el cese
en los Estatutos.
3. La suspensión de los patronos podrá ser acordada cautelarmente
por el juez cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad.
4. La sustitución, el cese y la suspensión de los patronos
se inscribirán en el correspondiente Registro de Fundaciones.
CAPÍTULO IV
Patrimonio de la fundación
Artículo 19. Composición, administración y disposición del patrimonio.—1. El patrimonio de la fundación está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación, así como por aquellos que adquiera la fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación.
2. La administración y disposición del patrimonio corresponderá
al Patronato en la forma establecida en los Estatutos y con sujeción
a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 20. Titularidad de bienes y derechos.—1. La fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual.
2. Los órganos de gobierno promoverán, bajo su responsabilidad,
la inscripción a nombre de la fundación de los bienes y derechos
que integran el patrimonio de ésta, en los Registros públicos correspondientes.
Artículo 21. Enajenación y gravamen.—1. La enajenación, onerosa o gratuita, así como el gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación, o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, requerirán la previa autorización del Protectorado, que se concederá si existe justa causa debidamente acreditada.
2. Se entiende que los bienes y derechos de la fundación
están directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales,
cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración de voluntad
expresa, ya sea del fundador, del Patronato de la fundación o de
la persona física o jurídica, pública o privada que realice una
aportación voluntaria a la fundación, y siempre respecto de los
bienes y derechos aportados.
Asimismo, la vinculación a que se refiere el párrafo anterior
podrá realizarse por resolución motivada del Protectorado o de la autoridad
judicial.
3. Los restantes actos de disposición de aquellos bienes
y derechos fundacionales distintos de los que forman parte de la dotación
o estén vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales,
incluida la transacción o compromiso, y de gravamen de bienes inmuebles,
establecimientos mercantiles o industriales, bienes de interés cultural,
así como aquéllos cuyo importe, con independencia de su objeto,
sea superior al 20 por 100 del activo de la fundación que resulte
del último balance aprobado, deberán ser comunicados por el Patronato
al Protectorado en el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes
a su realización.
El Protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad
que correspondan contra los patronos, cuando los acuerdos del Patronato
fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en la
Ley.
4. Las enajenaciones o gravámenes a que se refiere el
presente artículo se harán constar anualmente en el Registro de Fundaciones
al término del ejercicio económico. Del mismo modo, se inscribirán
en el Registro de la Propiedad o en el Registro público que corresponda
por razón del objeto, y se reflejarán en el Libro inventario de
la fundación.
Artículo 22. Herencias y donaciones.—1. La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. Los patronos serán responsables frente a la fundación de la pérdida del beneficio de inventario por los actos a que se refiere el artículo 1024 del Código Civil.
2. La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas
o remuneratorias y la repudiación de herencias, donaciones o legados
sin cargas será comunicada por el Patronato al Protectorado en el
plazo máximo de los diez días hábiles siguientes, pudiendo éste
ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra
los patronos, si los actos del Patronato fueran lesivos para la
fundación, en los términos previstos en esta Ley.
CAPÍTULO V
Funcionamiento y actividad de
la fundación
Artículo 23. Principios de actuación.—Las fundaciones están obligadas a:
a) Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas,
de acuerdo con la presente Ley y los Estatutos de la fundación,
a sus fines fundacionales.
b) Dar información suficiente de sus fines y actividades
para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.
c) Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación
en la determinación de sus beneficiarios.
Artículo 24. Actividades económicas.—1. Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.
Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades
económicas a través de su participación en sociedades, con arreglo a
lo previsto en los siguientes apartados.
2. Las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles
en las que no se responda personalmente de las deudas sociales.
Cuando esta participación sea mayoritaria deberán dar cuenta al
Protectorado en cuanto dicha circunstancia se produzca.
3. Si la fundación recibiera por cualquier título, bien
como parte de la dotación inicial, bien en un momento posterior,
alguna participación en sociedades en las que deba responder personalmente
de las deudas sociales, deberá enajenar dicha participación salvo
que, en el plazo máximo de un año, se produzca la transformación
de tales sociedades en otras en las que quede limitada la responsabilidad
de la fundación.
Artículo 25. Contabilidad, auditoría y plan de actuación.—1. Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
2. El Presidente, o la persona que conforme a los Estatutos
de la fundación, o al acuerdo adoptado por sus órganos de gobierno
corresponda, formulará las cuentas anuales, que deberán ser aprobadas
en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio por
el Patronato de la fundación.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta
de resultados y la memoria, forman una unidad, deben ser redactadas
con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la fundación.
La memoria, además de completar, ampliar y comentar la
información contenida en el balance y en la cuenta de resultados, incluirá
las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos de gobierno,
dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del
plan de actuación, indicando los recursos empleados, su procedencia
y el número de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones
realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo
con otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento
de las reglas establecidas en el artículo 27 de
la presente Ley.
Las actividades fundacionales figurarán detalladas con
los requisitos que reglamentariamente se establezcan. Igualmente,
se incorporará a la memoria un inventario de los elementos patrimoniales,
cuyo contenido se desarrollará reglamentariamente.
3. Las fundaciones podrán formular sus cuentas anuales
en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos establecidos
al respecto para las sociedades mercantiles. La referencia al importe
neto de la cifra anual de negocios, establecida en la legislación
mercantil, se entenderá realizada al importe del volumen anual de
ingresos por la actividad propia más, si procede, la cifra de negocios
de su actividad mercantil.
4. Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza
simplificado de la contabilidad, que podrá ser aplicado por las
fundaciones en las que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos
dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de las partidas del activo no supere 150.000
euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el total que figura
en el modelo de balance.
b) Que el importe del volumen anual de ingresos por la
actividad propia, más, en su caso, el de la cifra de negocios de
su actividad mercantil, sea inferior a 150.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante
el ejercicio no sea superior a 5.
5. Existe obligación de someter a auditoría externa las
cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, a fecha de cierre
del ejercicio, concurran al menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000
euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos
por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de negocios de
su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante
el ejercicio sea superior a 50.
La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con
lo previsto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, disponiendo
los auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento
en que les fueran entregadas las cuentas anuales formuladas, para
realizar el informe de auditoría. El régimen de nombramiento y revocación
de los auditores se establecerá reglamentariamente.
6. En relación con las circunstancias señaladas en los
apartados 3, 4 y 5 anteriores, éstas se aplicarán teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Cuando una fundación, en la fecha de cierre del ejercicio,
pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o bien cese de
cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto
a lo señalado si se repite durante dos ejercicios consecutivos.
b) En el primer ejercicio económico desde su constitución
o fusión, las fundaciones cumplirán lo dispuesto en los apartados anteriormente
mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos
de las tres circunstancias que se señalan.
7. Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de
la fundación y se presentarán al Protectorado dentro de los diez días
hábiles siguientes a su aprobación. En su caso, se acompañarán del
informe de auditoría. El Protectorado, una vez examinadas y comprobada
su adecuación formal a la normativa vigente, procederá a depositarlas
en el Registro de Fundaciones. Cualquier persona podrá obtener información
de los documentos depositados.
8. El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado,
en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación,
en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que
se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
9. Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad
de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio,
debiendo formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundación
se encuentre en cualquiera de los supuestos allí previstos para
la sociedad dominante.
En cualquier caso, se deberá incorporar información detallada
en un apartado específico de la memoria, indicando los distintos
elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil.
Artículo 26. Obtención de ingresos.—Las fundaciones podrán obtener ingresos por sus actividades siempre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.
Artículo 27. Destino de rentas e ingresos.—1. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones
o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el
momento de la constitución o en un momento posterior, ni los ingresos
obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que
la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad
específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta
en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.
2. Se entiende por gastos de administración los directamente
ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran
el patrimonio de la fundación, y aquellos otros de los que los patronos
tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 15.4.
Reglamentariamente se determinará la proporción máxima
de dichos gastos.
CAPÍTULO VI
Modificación, fusión y extinción
de la fundación
Artículo 29. Modificación de los Estatutos.—1. El Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente en interésde la misma, salvo que el fundador lo haya prohibido.
2. Cuando las circunstancias que presidieron la constitución
de la fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar
satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos, el Patronato deberá
acordar la modificación de los mismos, salvo que para este supuesto
el fundador haya previsto la extinción de la fundación.
3. Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en
el apartado anterior, el Protectorado le requerirá para que lo cumpla, solicitando
en caso contrario de la autoridad judicial que resuelva sobre la
procedencia de la modificación de Estatutos requerida.
4. La modificación o nueva redacción de los Estatutos
acordada por el Patronato se comunicará al Protectorado, que sólo podrá
oponerse por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en
el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación al
mismo del correspondiente acuerdo del Patronato. El Protectorado
podrá comunicar en cualquier momento dentro de dicho plazo y de
forma expresa su no oposición a la modificación o nueva redacción
de los Estatutos.
5. La modificación o nueva redacción habrá de ser formalizada
en escritura pública e inscrita en el correspondiente Registro de
Fundaciones.
Artículo 30. Fusión.—1. Las fundaciones, siempre que no lo haya prohibido el fundador, podrán fusionarse previo acuerdo de los respectivos Patronatos, que se comunicará al Protectorado.
2. El Protectorado podrá oponerse a la fusión por razones
de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de
tres meses a contar desde la notificación al mismo de los respectivos
acuerdos de las fundaciones interesadas. El Protectorado podrá comunicar
en cualquier momento dentro de dicho plazo y de forma expresa su
no oposición al acuerdo de fusión.
3. La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública
y la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones.
La escritura pública contendrá los Estatutos de la fundación
resultante de la fusión, así como la identificación de los miembros de
su primer Patronato.
4. Cuando una fundación resulte incapaz de alcanzar sus
fines, el Protectorado podrá requerirla para que se fusione con otra
de análogos fines que haya manifestado ante el Protectorado su voluntad
favorable a dicha fusión, siempre que el fundador no lo hubiera
prohibido.
Frente a la oposición de aquélla, el Protectorado podrá
solicitar de la autoridad judicial que ordene la referida fusión.
Artículo 31. Causas de extinción.—La fundación se extinguirá:
a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional.
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la presente Ley.
d) Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior.
e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el
acto constitutivo o en los Estatutos.
f) Cuando concurra cualquier otra causa establecida en
las leyes.
Artículo 32. Formas de extinción.—1. En el supuesto del párrafo a) del artículo anterior la fundación se extinguirá de pleno derecho.
2. En los supuestos contemplados en los párrafos b), c) y e) del artículo anterior, la extinción de la
fundación requerirá acuerdo del Patronato ratificado por el Protectorado.
Si no hubiese acuerdo del Patronato, o éste no fuese ratificado
por el Protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución
judicial motivada, que podrá ser instada por el Protectorado o por
el Patronato, según los casos.
3. En el supuesto del párrafo f) del artículo anterior se requerirá resolución
judicial motivada.
4. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución
judicial, se inscribirán en el correspondiente Registro de Fundaciones.
Artículo 33. Liquidación.—1. La extinción de la fundación, salvo en el supuesto previsto en el artículo 31.d), determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la fundación bajo el control del Protectorado.
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación
se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas
privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados
sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución
de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional
o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este
destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y
entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida
esa facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá
al Protectorado cumplir ese cometido.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las
fundaciones podrán prever en sus Estatutos o cláusulas fundacionales
que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados
a entidades públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan
fines de interés general.
4. Reglamentariamente se establecerán los criterios reguladores
del procedimiento de liquidación a que se hace referencia en los
apartados anteriores.
CAPÍTULO VII
El Protectorado
Artículo 34. Protectorado.—1. El Protectorado velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.
2. El Protectorado será ejercido por la Administración
General del Estado, en la forma que reglamentariamente se determine,
respecto de las fundaciones de competencia estatal.
Artículo 35. Funciones del Protectorado.—1. Son funciones del Protectorado:
a) Informar, con carácter preceptivo y vinculante para
el Registro de Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines y sobre la
suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren en proceso
de constitución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 12 de la presente Ley.
b) Asesorar a las fundaciones que se encuentren en proceso
de constitución, en relación con la normativa aplicable a dicho proceso.
c) Asesorar a las fundaciones ya inscritas sobre su régimen
jurídico, económico-financiero y contable, así como sobre cualquier
cuestión relativa a las actividades por ellas desarrolladas en el
cumplimiento de sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario.
d) Dar a conocer la existencia y actividades de las fundaciones.
e) Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales,
de acuerdo con la voluntad del fundador, y teniendo en cuenta la
consecución del interés general.
f) Verificar si los recursos económicos de la fundación
han sido aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar
del Patronato la información que a tal efecto resulte necesaria,
previo informe pericial realizado en las condiciones que reglamentariamente
se determine.
g) Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de
gobierno de la fundación si por cualquier motivo faltasen todas
las personas llamadas a integrarlo.
h) Designar nuevos patronos de las fundaciones en período
de constitución cuando los patronos inicialmente designados no hubieran
promovido su inscripción registral, en los términos previstos en
el el artículo 13.2 de
la presente Ley.
i) Cuantas otras funciones se establezcan en ésta o en
otras leyes.
2. En todo caso, el Protectorado está legitimado para
ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad por los actos relacionados
en el artículo 17.2 y
para instar el cese de los patronos en el supuesto contemplado en
el párrafo d) del artículo 18.2.
Asimismo, está legitimado para impugnar los actos y acuerdos
del Patronato que sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios
por los que se rige la fundación.
3. Cuando el Protectorado encuentre indicios racionales
de ilicitud penal en la actividad de una fundación, dictará resolución motivada,
dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al
órgano jurisdiccional competente, comunicando esta circunstancia
a la fundación interesada.
CAPÍTULO VIII
El Registro de Fundaciones de
competencia estatal
Artículo 36. El Registro de Fundaciones de competencia estatal.—1. Existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma.
2. La estructura y funcionamiento del Registro de Fundaciones
de competencia estatal se determinarán reglamentariamente.
3. En el Registro de Fundaciones de competencia estatal
se llevará una sección de denominaciones, en la que se integrarán las
de las fundaciones ya inscritas en los Registros estatal y autonómicos,
y las denominaciones sobre cuya utilización exista reserva temporal.
Las Comunidades Autónomas, una vez realizada la inscripción
de la constitución de la fundación o, en su caso, de la extinción de
la misma, darán traslado de estas circunstancias al Registro de
Fundaciones de competencia estatal, a efectos de lo dispuesto en
el párrafo anterior y para constancia y publicidad general.
Artículo 37. Efectos.—1. Los Registros de Fundaciones serán públicos, presumiéndose el conocimiento del contenido de los asientos.
2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación
del contenido de los asientos, por nota simple informativa o por
copia de los asientos y de los documentos depositados en los Registros
o por medios informáticos o telemáticos que se ajustará a los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.
3. Los actos sujetos a inscripción no inscritos no perjudicarán
a tercero de buena fe. La buena fe del tercero se presume en tanto
no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción no inscrito.
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio
de la normativa reguladora de otros Registros públicos existentes.
5. Cuando el Registro encuentre indicios racionales de
ilicitud penal en la constitución de una fundación, dictará resolución motivada,
dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al
órgano jurisdiccional competente, comunicando esta circunstancia
a la fundación interesada, quedando suspendido el procedimiento
de inscripción hasta tanto recaiga resolución judicial firme.
CAPÍTULO IX
El Consejo Superior de Fundaciones
Artículo 38. Consejo Superior de Fundaciones.—1. Se crea, con carácter de órgano consultivo, el Consejo Superior de Fundaciones.
2. El Consejo Superior de Fundaciones estará integrado
por representantes de la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las fundaciones, atendiendo especialmente
a la existencia de asociaciones de fundaciones con implantación
estatal, y se regirá por las normas que reglamentariamente se establezcan
sobre su estructura y composición.
Artículo 39. Funciones del Consejo Superior de Fundaciones.—Serán funciones del Consejo Superior de Fundaciones:
a) Asesorar e informar sobre cualquier disposición legal
o reglamentaria de carácter estatal que afecte directamente a las fundaciones,
así como formular propuestas en este ámbito. Asimismo podrá informar
sobre tales asuntos cuando le sean consultadas por los Consejos
de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
b) Planificar y proponer las actuaciones necesarias para
la promoción y fomento de las fundaciones, realizando los estudios precisos
al efecto.
c) Las demás que le puedan atribuir las disposiciones
vigentes.
Artículo 40. Comisión de cooperación e información registral.—Se crea en el Consejo Superior de Fundaciones la Comisión de cooperación e información registral, que estará integrada por representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Dicha Comisión se encargará de establecer mecanismos para la colaboración e información mutua entre los distintos registros, en particular en lo relativo a las denominaciones y a las comunicaciones sobre la inscripción y, en su caso, la extinción de fundaciones.
CAPÍTULO X
Autorizaciones, intervención temporal
y recursos
Artículo 41. Autorizaciones.—La tramitación de las autorizaciones a que hace referencia la presente Ley se regirá por lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 42. Intervención temporal.—1. Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia de la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del Patronato, una vez oído éste, la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de aquélla.
2. Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior
no fuese atendido en el plazo que al efecto se señale, el Protectorado
podrá solicitar de la autoridad judicial que acuerde, previa audiencia
del Patronato, la intervención temporal de la fundación. Autorizada
judicialmente la intervención de la fundación, el Protectorado asumirá
todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante
el tiempo que determine el juez. La intervención quedará alzada
al expirar el plazo establecido, salvo que se acceda a prorrogarla
mediante una nueva resolución judicial.
3. La resolución judicial que acuerde la intervención
temporal de la fundación se inscribirá en el correspondiente Registro de
Fundaciones.
Artículo 43. Recursos jurisdiccionales.—1. Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y serán impugnables ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. Las resoluciones dictadas en los recursos contra la
calificación de los Registros de Fundaciones ponen fin a la vía
administrativa y podrán ser impugnadas ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
3. Corresponderá al Juzgado de Primera Instancia del domicilio
de la fundación conocer, de acuerdo con los trámites del proceso
declarativo que corresponda, de las pretensiones a las que se refieren
los artículos 9.4; 13.2; 17.3; 18.2.d); 18.3; 29.3; 30.4; 32.2, 3 y 4; 35.2 y 42.2 de la presente Ley.
CAPÍTULO XI
Fundaciones del sector público
estatal
Artículo 44. Concepto.—A los efectos de esta Ley, se consideran fundaciones del sector público estatal aquellas fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria,
directa o indirecta, de la Administración General del Estado, sus
organismos públicos o demás entidades del sector público estatal.
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia,
esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados
o cedidos por las referidas entidades.
Artículo 45. Creación.—
1. La constitución,
transformación, fusión y la extinción, y los actos o negocios que
impliquen la pérdida de su carácter de fundación del sector público
estatal o la adquisición del carácter de fundación del sector público
estatal de una fundación preexistente, requerirán autorización previa
del Consejo de Ministros.En la constitución y en la adquisición del carácter de
fundación del sector público estatal de una fundación preexistente
se asegurará, en todo caso, la designación por las entidades del
sector público estatal de la mayoría de los miembros del patronato.
Este apartado 1 ha sido
redactado por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre (BOE del 27).
2. En el expediente de autorización deberá incluirse una
memoria, que habrá de ser informada por el Ministerio de Administraciones
Públicas, en la que, entre otros aspectos, se justifiquen suficientemente
las razones o motivos por los que se considera que existirá una
mejor consecución de los fines de interés general perseguidos a
través de una fundación que mediante otras formas jurídicas, públicas
o privadas, contempladas en la normativa vigente.
3. También deberá presentarse una memoria económica, que
habrá de ser informada por el Ministerio de Hacienda. En el caso
de creación de fundaciones, en la memoria se justificará la suficiencia
de la dotación inicialmente prevista para el comienzo de su actividad
y, en su caso, de los compromisos futuros para garantizar su continuidad.
Artículo 46. Régimen jurídico.—1. Las fundaciones del sector público estatal estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No podrán ejercer potestades públicas.
b) Únicamente podrán realizar actividades relacionadas
con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal
fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de
las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias
propias, salvo previsión legal expresa.
2. El Protectorado de estas fundaciones se ejercerá, con
independencia del ámbito territorial de actuación de las mismas, por
la Administración General del Estado.
3. En materia de presupuestos, contabilidad y auditoría
de cuentas, estas fundaciones se regirán por las disposiciones que les
sean aplicables del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
En todo caso, la realización de la auditoría externa de
las fundaciones del sector público estatal en las que concurran
las circunstancias previstas en el artículo 25.5 de
la presente Ley, corresponderá a la Intervención General de la Administración
del Estado.
4. La selección del personal deberá realizarse con sujeción
a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la
correspondiente convocatoria.
5. Asimismo, su contratación se ajustará a los principios
de publicidad, concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de
la operación a realizar sea incompatible con estos principios.
6. Cuando la actividad exclusiva o principal de la fundación
sea la disposición dineraria de fondos, sin contraprestación directa
de los beneficiarios, para la ejecución de actuaciones o proyectos
específicos, dicha actividad se ajustará a los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, siempre que tales recursos provengan
del sector público estatal.
7. En los aspectos no regulados específicamente en este
capítulo, las fundaciones del sector público estatal se regirán,
con carácter general, por lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Fundaciones del Patrimonio Nacional.—La presente Ley no será de aplicación a las fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, de 16 de junio, del Patrimonio Nacional.
Diposición adicional segunda. Fundaciones de entidades religiosas.—Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones creadas o fomentadas por las mismas.
Disposición adicional tercera. Fundaciones públicas excluidas.—Las fundaciones públicas sanitarias a que se refiere el artículo 111 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, seguirán rigiéndose por su normativa específica.
Disposición adicional cuarta. Fundaciones constituidas al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.—Las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, seguirán rigiéndose por su normativa específica, aplicándoseles los preceptos capítulo XI con carácter supletorio.
Disposición adicional quinta. Obligaciones de los notarios.—Los notarios deberán poner en conocimiento del Protectorado el contenido de las escrituras públicas en lo referente a la constitución de las fundaciones y sus modificaciones posteriores, mediante la remisión de copia simple de las citadas escrituras.
En el caso de que la fundación haya sido constituida en
testamento, la referida obligación será cumplimentada cuando el
notario autorizante tuviere conocimiento del fallecimiento del testador.
Disposición adicional sexta. Depósito de cuentas y legalización de libros.—Corresponden al Registro de Fundaciones de competencia estatal las funciones relativas al depósito de cuentas y la legalización de los libros de las fundaciones de competencia estatal. Reglamentariamente se desarrollarán las prescripciones contenidas en este precepto.
Disposición adicional séptima. Fundaciones vinculadas a los partidos políticos.—Las fundaciones vinculadas a los partidos políticos se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, y sus recursos podrán proceder de la financiación pública a través de los presupuestos de las distintas Administraciones públicas en los términos establecidos en, la legislación presupuestaria aplicable y, en su caso, mediante las correspondientes convocatorias públicas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Adaptación de los Estatutos de las fundaciones y modificación de la dotación.—1. En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las fundaciones ya constituidas deberán adaptar sus Estatutos, cuando proceda, a lo dispuesto en la misma, quedando extinguidos los plazos de adaptación estatutaria previstos en la legislación anterior. La dotación de dichas fundaciones no se someterá al régimen previsto en el artículo 12 de esta Ley.
2. Para las fundaciones de competencia de las Comunidades
Autónomas dicha adaptación sólo procederá en los términos de la
disposición final primera.
3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado
1 sin haberse producido la adaptación de Estatutos, cuando sea necesario,
no se inscribirá documento alguno de la fundación en el correspondiente
Registro de Fundaciones hasta que la adaptación se haya verificado;
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.3 de
esta Ley.
4. Las condiciones estatutarias contrarias a la presente
Ley de las fundaciones constituidas «a fe y conciencia» se tendrán por
no puestas.
Disposición transitoria segunda. Fundaciones preexistentes del sector público estatal.—Las fundaciones del sector público estatal ya constituidas deberán, en su caso, adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en el capítulo XI de la presente Ley, en el plazo de dos años a contar desde la fecha de su entrada en vigor.
Disposición transitoria tercera. Protectorados de fundaciones.—Hasta tanto se apruebe la regulación reglamentaria del Protectorado de las fundaciones de competencia estatal, las fundaciones de este carácter continuarán adscritas a los Protectorados actualmente existentes.
Disposición transitoria cuarta. Registros de Fundaciones de competencia estatal.—A los efectos previstos en esta Ley, y en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el artículo 36, subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición dereogatoria única. Derogación normativa.—A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma y, en particular, el Título I y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, octava, decimotercera, decimocuarta, decimoséptima y decimoctava de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Aplicación de la Ley.—1. Los artículos 2; 3.1, 2 y 3; 4; 14; 31 y 34.1 constituyen las condiciones básicas para el ejercicio del derecho de fundación reconocido en el artículo 34, en relación con el 53, de la Constitución, y son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.a) de la Constitución.
2. a) Los artículos 6; 7 y 37.4 son de aplicación general
al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.a) y 8.a) de la
Constitución.
b) Los artículos 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17.1 y 2, 18.1.2 y 4, 19.1, 22.1 y 2,
excepto el último inciso 29.1, 2, 3 y 5, 30.1, 3 y 4, 32 y 42 constituyen legislación
civil y son de aplicación general al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.8.a) de la Constitución, sin perjuicio de la aplicabilidad
preferente del Derecho Civil Foral o Especial, allí donde exista.
3. Los artículos 17.3; 18.3; 21.3, segundo párrafo; 22.2, último inciso; 35.2 y 43, constituyen legislación
procesal, y son de aplicación general al amparo del artículo 149.1.6.a)
de la Constitución.
4. Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación
a las fundaciones de competencia estatal.
Disposición final segunda. Modificación del apartado 5 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.—El apartado 5 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, quedará redactado de la siguiente forma:
«5. Son fundaciones del sector público estatal
aquellas fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que se constituyan con una aportación
mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del
Estado, sus organismos públicos o demás entidades del sector público
estatal.
b) Que su patrimonio fundacional, con un
carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por
bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades».
Disposición final tercera. Adaptación del Plan General de Contabilidad y normas de elaboración del plan de actuación.—En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno actualizará las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y aprobará las normas de elaboración del plan de actuación de dichas entidades.
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