CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (BOE DE 10 DE OCTUBRE DE 1979)

• Preámbulo

• Art. 1. Reconocimiento de los derechos humanos

• Título I. Derechos y Libertades (Arts. 2 a 18)

  • Art. 2. Derecho a la vida

  • Art. 3. Prohibición de la tortura

  • Art. 4. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

  • Art. 5. Derecho a la libertad y a la seguridad

  • Art. 6. Derecho a un proceso equitativo

  • Art. 7. No hay pena sin ley

  • Art. 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar

  • Art. 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

  • Art. 10. Libertad de expresión

  • Art. 11. Libertad de reunión y de asociación

  • Art. 12. Derecho a contraer matrimonio

  • Art. 13. Derecho a un recurso efectivo

  • Art. 14. Prohibición de discriminación

  • Art. 15. Derogación en caso de estado de urgencia

  • Art. 16. Restricciones a la actividad política de los extranjeros

  • Art. 17. Prohibición del abuso de derecho

  • Art. 18. Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos

• Título II. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Arts. 19 a 51)

  • Art. 19. Institución del Tribunal

  • Art. 20. Número de Jueces

  • Art. 21. Condiciones de ejercicio de sus funciones

  • Art. 22. Elección de los Jueces

  • Art. 23. Duración del mandato y revocación

  • Art. 24. Secretaría y ponenentes

  • Art. 25. Pleno del Tribunal

  • Art. 26. Formación del juez único, Comités, Salas y Gran Sala

  • Art. 27. Comités, Salas y Gran Sala

  • Art. 28. Competencia de los Comités

  • Art. 29. Resoluciones de las Salas sobre la admisibilidad y el fondo del asunto

  • Art. 30. Inhibición en favor de la Gran Sala

  • Art. 31. Atribuciones de la Gran Sala

  • Art. 32. Competencia del Tribunal

  • Art. 33. Asuntos entre Estados

  • Art. 34. Demandas individuales

  • Art. 35. Condiciones de admisibilidad

  • Art. 36. Intervención de terceros

  • Art. 37. Cancelación

  • Art. 38. Examen del asunto

  • Art. 39. Transacción

  • Art. 40. Vista pública y acceso a los documentos

  • Art. 41. Arreglo equitativo

  • Art. 42. Sentencias de las Salas

  • Art. 43. Remisión ante la Gran Sala

  • Art. 44. Sentencias definitivas

  • Art. 45. Motivación de las sentencias y de las resoluciones

  • Art. 46. Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias

  • Art. 47. Opiniones consultivas

  • Art. 48. Competencia consultiva del Tribunal

  • Art. 49. Motivación de las opiniones consultivas

  • Art. 50. Gastos de funcionamiento del Tribunal

  • Art. 51. Privilegios e inmunidades de los Jueces

• Título III. Disposiciones diversas (Arts. 52 a 59)

  • Art. 52. Indagaciones del Secretario General

  • Art. 53. Protección de los derechos humanos reconocidos

  • Art. 54. Poderes del Comité de Ministros

  • Art. 55. Renuncia a otros modos de solución de controversias

  • Art. 56. Aplicación territorial

  • Art. 57. Reservas

  • Art. 58. Denuncia

  • Art. 59. Firma y ratificación

Protocolos

• Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

  • Art.1. Protección de la propiedad

  • Art. 2. Derecho a la instrucción

  • Art. 3. Derecho a elecciones libres

  • Art 4. Aplicación territorial

  • Art. 5. Relaciones con el Convenio

  • Art. 6. Firma y ratificación

• Protocolo núm. 2 por el que se confiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la competencia de emitir dictámenes consultivos

• Protocolo núm. 4 Reconociendo ciertos derechos y libertades además de los que ya figuran en la Convención y en el Protocolo Adicional al Convenio

  • Art. 1. Prohibición de prisión por deudas

  • Art. 2. Libertad de circulación

  • Art. 3. Prohibición de la expulsión de los nacionales

  • Art. 4. Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros

  • Art. 5. Aplicación territorial

  • Art. 6. Relaciones con el Convenio

  • Art. 7. Firma y ratificación

• Protocolo Núm. 6 Relativo a la abolición de la pena de muerte

  • Art. 1. Abolición de la pena de muerte

  • Art. 2. Pena de muerte en tiempo de guerra

  • Art. 3. Prohibición de derogaciones

  • Art. 4. Prohibición de reservas

  • Art. 5. Aplicación territorial

  • Art. 6. Relaciones con el Convenio

  • Art. 7. Firma y ratificación

  • Art. 8. Entrada en vigor

  • Art. 9. Funciones del depositario

• Protocolo núm. 7

  • Art. 1. Garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros

  • Art. 2. Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal

  • Art.3. Derecho a indemnización en caso de error judicial

  • Art. 4. Derecho a no ser juzgado o castigado dos veces

  • Art. 5. Igualdad entre esposos

  • Art. 6. Aplicación territorial

  • Art. 7. Relaciones con el Convenio

  • Art. 8. Firma y ratificación

  • Art. 9. Entrada en vigor

  • Art.10. Funciones del depositario

• Protocolo núm. 9

• Protocolo Núm. 11 Relativo a la reestructuración del mercanismo de control establecido por el convenio

  • Art. 1. Modificación del Convenio y el Protocolo núm. 2 sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

  • Art. 2. Modificaciones al Convenio, Protocolo adicional y a los Protocolos 4, 6 y 7

  • Art. 3. Firma y ratificación

  • Art. 4. Entrada en vigor

  • Art. 5. Régimen transitorio sobre mandatos, demandas y asuntos pendientes

  • Art. 6. Relación con el convenio

  • Art. 7. Funciones del depositario

• Protocolo Núm 12. al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

  • Art. 1. Prohibición general de la discriminación

  • Art. 2. Aplicación territorial

  • Art. 3. Relaciones con el Convenio

  • Art. 4. Firma y ratificación

  • Art. 5. Entrada en vigor

  • Art. 6. Funciones del depositario

  • Memoria explicativa

  • Introducción

  • Comentarios a las disposiciones del Protocolo

CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, HECHO EN ROMA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1950 (BOE DE 10 DE OCTUBRE DE 1979)

Por Resolución de 5 de abril de 1999 (BOE de 6 de mayo), de la Secretaría General Técnica, se hacen públicos los textos refundidos del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950; el protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952, y el Protocolo número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983. El Preámbulo de dicha Resolución establece: «El Consejo de Europa ha elaborado los siguientes textos refundidos: Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 ("Boletín Oficial del Estado" número 243, de 10 de octubre de 1979), con las modificaciones introducidas por el protocolo número 11, relativo a la reestructuración de los mecanismos de control establecidos en el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" número 152, de 26 de junio de 1998). Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, hecho en París el 20 de marzo de 1952 ("Boletín Oficial del Estado" número 11, de 12 de enero de 1991), con las modificaciones introducidas por el protocolo número 11, relativo a la reestructuración de los mecanismos de control establecidos en el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" número 152, de 26 de junio de 1998). Protocolo número 6 al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho es Estrasburgo el 28 de abril de 1983 ("Boletín Oficial del Estado" número 92, de 17 de abril de 1985), con las modificaciones introducidas por el protocolo número 11, relativo a la reestructuración de los mecanismos de control establecidos en el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11de mayo de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" número 152, de 26 de junio de 1998).» En el Instrumento de Ratificación del Convenio, España formuló las siguientes declaraciones y reservas: «A.  España, de conformidad bon el artículo 64 del Convenio, se reserva la aplicación de: 1)  Los artículos 5 y 6, en la medida en que fueran incompatibles con las disposiciones que, en relación con el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, se contienen en el título XV del Tratado Segundo y en el Título XXIV del Tratado Tercero del Código de Justicia Militar. (Tal como se establece en la Resolución de 24 de septiembre de 1986, publicada en el BOE del 30, las mencionadas disposiciones del Código de Justicia Militar han sido sustituidas por las contenidas en el capítulo II del título III y los capítulos II, III y V del título IV de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.) 2)  El artículo 11, en la medida en que fuere incompatible con los artículos 28 y 127 de la Constitución Española. B.  España declara que interpreta: 1)  La disposición del punto tercero del párrafo 1.º del artículo 10, como compatible con un régimen que corresponda a la organización de la radiodifusión y televisión en España; 2)  Las disposiciones de los artículos 15 y 17, en el sentido de que permiten la adopción de las medidas contempladas en los artículos 55 y 116 de la Constitución Española.»

PREÁMBULO

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa,

Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

Considerando que esta declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y efectivos de los derechos en ellas enunciados;

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos que ellos invocan;

Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados de un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de preeminencia del Derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1.  Reconocimiento de los derechos humanos.-        Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título I del presente Convenio.

La rúbrica de este artículo 1 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 1.-Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título I del presente Convenio.

TÍTULO I

Derechos y Libertades

La rúbrica de este Título I y la de sus artículos ha sido aprobada por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

Artículo 2.  Derecho a la vida.-        1.  El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.

2.  La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:

a)  En defensa de una persona contra una agresión ilegítima.

b)  Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente.

c)  Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.

La rúbrica de este artículo 2 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 2.-1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena. 2. La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: a) En defensa de una persona contra una agresión ilegítima. b) Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente. c) Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.

Artículo 3.  Prohibición de la tortura.-        Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

La rúbrica de este artículo 3 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 3.-Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Artículo 4.  Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado.-        1.  Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.

2.  Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

3.  No se considera como Trabajo forzado u obligatorio, en el sentido del presente artículo:

a)  Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional.

b)  Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio.

c)  Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad.

d)  Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

La rúbrica de este artículo 4 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 4.-1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. 3. No se considera como Trabajo forzado u obligatorio, en el sentido del presente artículo: a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional. b) Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio. c) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad. d) Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 5.  Derecho a la libertad y a la seguridad.-        1.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley:

a)  Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.

b)  Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley.

c)  Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.

d)  Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.

e)  Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.

f)  Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición,

2.  Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.

3.  Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c) del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.

4.  Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.

5.  Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.

La rúbrica de este artículo 5 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 5.-1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley: a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente. b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley. c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido. d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente. e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo. f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición, 2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c) del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio. 4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal. 5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.

Artículo 6.  Derecho a un proceso equitativo.-        1.  Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia

2.  Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

3.  Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

a)  A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él.

b)  A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa.

c)  A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan.

d)  A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra.

e)  A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.

La rúbrica de este artículo 6 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 6.-1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. 3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: a) A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él. b) A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa. c) A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan. d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.

Artículo 7.  No hay pena sin ley.-        1.  Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.

2.  El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.

La rúbrica de este artículo 7 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 7.-1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. 2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.

Artículo 8.  Derecho al respeto a la vida privada y familiar.-        1.  Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2.  No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

La rúbrica de este artículo 8 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 8.-1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

Artículo 9.  Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.-        1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2.  La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.

La rúbrica de este artículo 9 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 9.-1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.

Artículo 10.  Libertad de expresión.-        1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2.  El ejercicio de estas libertades, que entrañen deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

La rúbrica de este artículo 10 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 10.-1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañen deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Artículo 11.  Libertad de reunión y de asociación.-        1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación incluido el derecho de fundar con otras sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.

2.  El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública la defensa del orden y la prevención del delito la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado.

La rúbrica de este artículo 11 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 11.-1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación incluido el derecho de fundar con otras sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública la defensa del orden y la prevención del delito la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado.

Artículo 12.  Derecho a contraer matrimonio.-        A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.

La rúbrica de este artículo 12 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 12.-A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.

Artículo 13.  Derecho a un recurso efectivo.-        Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.

La rúbrica de este artículo 13 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 13.-Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Artículo 14.  Prohibición de discriminación.-        El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

La rúbrica de este artículo 14 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 14.-El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

Artículo 15.  Derogación en caso de estado de urgencia.-        1.  En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del derecho internacional.

2.  La disposición precedente no autoriza ninguna derogación al artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, y a los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.

3.  Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena aplicación.

La rúbrica de este artículo 15 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 15.-1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del derecho internacional. 2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación al artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, y a los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7. 3. Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena aplicación.

Artículo 16.  Restricciones a la actividad política de los extranjeros.-        Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe a las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros.

La rúbrica de este artículo 16 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 16.-Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe a las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros.

Artículo 17.  Prohibición del abuso de derecho.-        Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo.

La rúbrica de este artículo 17 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 17.-Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo.

Artículo 18.  Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos.-        Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas.

La rúbrica de este artículo 18 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 18.-Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas.

TÍTULO II

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Este Título II (artículos 19 a 51) ha sido redactado por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

Artículo 19.  Institución del Tribunal.-        Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio y sus protocolos, se instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo sucesivo denominado el Tribunal. Funcionará de manera permanente.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 19.-Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las altas partes contratantes del presente convenio, se instituyen: A) una comisión europea de derechos humanos, denominada en adelante "la comisión"; B) un tribunal europeo de derechos humanos, denominado en adelante "el tribunal".

Artículo 20.  Número de Jueces.-        El Tribunal se compondrá de un número de Jueces igual al de las Altas Partes Contratantes.

Este artículo 20 ha sido redactado por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ANATERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1985, DE 19 DE MARZO (BOE DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). INSERCIÓN DE LOS APARTADOS 2, 3, 4 Y 5. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 20.-1. La Comisión se compone de un números de miembros igual al de las Altas Partes Contratantes. En la Comisión no podrá haber más de un nacional del mismo Estado. 2. La Comisión se reunirá en sesión plenaria. Sin embargo podrá constituir Salas, cada una de ellas integrada por siete miembros como mínimo. Las Salas podrán examinar las demandas presentadas en virtud del artículo 25 del presente Convenio siempre que puedan hacerlo basándose en una jurisprudencia establecida, o no susciten cuestiones graves respecto a la interpretación o aplicación del Convenio. Dentro de estos límites, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 5 del presente artículo, las Salas ejercerán todas las facultades conferidas a la Comisión por el Convenio. El miembro de la Comisión elegido como perteneciente a la Alta Parte Contratante contra la que se haya presentado una demanda, tendrá derecho a formar parte de la Sala ante la que se haya sometido dicha demanda. 3. La Comisión podrá constituir Comités, cada uno de ellos integrado por tres miembros como mínimo. Los Comités podrán declarar por unanimidad inadmisible, o eliminar de la lista de causas pendientes, cualquier demanda presentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, siempre que dicha decisión pueda adoptarse sin proceder a un examen más detenido. 4. En cualquier momento de la tramitación del litigio, las Salas o los Comités podrán declinar su competencia en favor del pleno de la Comisión, que podrá también reclamar para sí cualquier demanda sometida a una Sala o a un Comité. 5. Sólo el pleno de la Comisión podrá ejercer las siguientes competencias: a) Examinar las demandas presentadas en aplicación del artículo 24 ; b) Someter un asunto al Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 a; c) Elaborar el reglamento interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 . - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 20.-La comisión se compone de un numero de miembros igual al de las altas partes contratantes. En la comisión no podrá haber mas de un nacional del mismo estado.

Artículo 21.  Condiciones de ejercicio de sus funciones.-        1.  Los Jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia.

2.  Los Jueces formarán parte del Tribunal a título individual,

3.  Durante su mandato, los Jueces no podrán ejercer ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de su independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo: cualquier cuestión que se suscite en torno a la aplicación de este párrafo será dirimida por el Tribunal.

- REDACCIÓN ANATERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1985, DE 19 DE MARZO (BOE DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). INSERCIÓN DEL APARTADO 3. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 21.-1. Los miembros de la Comisión son elegidos por el Comité de Ministros, por Mayoría absoluta de votos, de una lista de nombres elaborada por la Mesa de la Asamblea Consultiva; cada grupo de representantes de las Altas Partes Contratantes en la Asamblea Consultiva presenta tres candidatos, de los que al menos dos serán de su nacionalidad. 2. En la medida en que sea aplicable, se seguirá el mismo procedimiento para completar la Comisión en el caso de que otros Estados lleguen a ser ulteriormente Parte en el presente Convenio y para proveer los puestos que queden vacantes. 3. Los candidatos deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser personas de reconocida competencia en derecho nacional o internacional. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 21.-1. Los miembros de la comisión son elegidos por el comité de ministros, por mayoría absoluta de votos, de una lista de nombres elaborada por la mesa de la asamblea consultiva; cada grupo de representantes de las altas partes contratantes en la asamblea consultiva presenta tres candidatos, de los que al menos dos serán de su nacionalidad. 2. En la medida en que sea aplicable, se seguirá el mismo procedimiento para completar la comisión en el caso de que otros estados lleguen a ser ulteriormente partes en el presente convenio y para proveer los puestos que queden vacantes.

Artículo 22.  Elección de los Jueces.-        1.  Los Jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa Alta Parte Contratante.

2.  [...].

Este apartado 2 ha sido suprimido por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

Este artículo 22 ha sido redactado, salvo las excepciones hechas, por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 22. Elección de los Jueces.-1. Los Jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa Alta Parte Contratante. 2. Se seguirá el mismo procedimiento para completar el Tribunal en el caso de adhesión de nuevas Altas Partes Contratantes y para proveer los puestos que queden vacantes. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 22.-1. Los miembros de la comisión son elegidos por un periodo de seis años. Son reelegibles. Sin embargo, en lo que se refiere a los miembros designados en la primera elección, las funciones de siete de ellos terminaran al cabo de tres años. 2. Los miembros cuyas funciones concluyan el termino del periodo inicial de tres años serán designados por sorteo efectuado por el secretario general del consejo de Europa, inmediatamente después de que se haya procedido a la primera elección. 3. A fin de asegurar, en lo posible, que la mitad de la comisión sea renovada cada tres años, el comité de ministros podrá decidir, antes de proceder a una elección ulterior, que uno o varios mandatos de los miembros que se vayan a elegir tenga una duración distinta de los seis años, sin que esta pueda, sin embargo, exceder de nueve ni ser inferior a tres. 4. En el caso de que proceda conferir varios mandatos y de que el comité de ministros haga aplicacion del parrafo precedente, el reparto de mandatos se realizara por sorteo efectuado por el secretario general del consejo de europa inmediatamente después de la elección. 5. El miembro de la comisión elegido en sustitución de un miembro cuyo mandato no ha expirado ejercerá sus funciones hasta completar el mandato de su predecesor. 6. Los miembros de la comisión seguirán en funciones hasta su sustitución. Después de esta continuaran conociendo de los asuntos que ya les habían sido encomendados.

Artículo 23.  Duración del mandato y revocación.-        1.  Los jueces serán elegidos por un periodo de nueve años. No serán reelegibles.

2.  El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de 70 años.

3.  Los jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, continuarán conociendo de los asuntos que tengan ya asignados.

4.  Un juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo.

Este artículo 23 ha sido redactado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 23. Duración del mandato.- 1. Los Jueces son elegidos por un período de seis años. Son reelegibles. No obstante, en lo que se refiere a los jueces designados en la primera elección, las funciones de la mitad de ellos terminarán al cabo de tres años. 2. Los Jueces cuyas funciones concluyan al término del período inicial de tres años serán designados por sorteo efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa inmediatamente después de su elección. 3. A fin de asegurar, en lo posible, la renovación de las funciones de una mitad de los Jueces cada tres años, la Asamblea Parlamentaria podrá decidir, antes de proceder a una elección ulterior, que uno o varios mandatos de los Jueces que deban elegirse tengan una duración distinta de los seis años, sin que ésta pueda, sin embargo, exceder de nueve años ni ser inferior a tres. 4. En el caso de que proceda conferir varios mandatos y de que la Asamblea Parlamentaria haga aplicación del párrafo precedente, el reparto de mandatos se realizará mediante sorteo efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa inmediatamente después de la elección. 5. El Juez elegido en sustitución de un Juez cuyo mandato no haya expirado ejercerá sus funciones hasta completar el mandato de su predecesor. 6. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de setenta años. 7. Los Jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, continuarán conociendo de los asuntos que tengan ya asignados. - REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1985, DE 19 DE MARZO (BOE DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). INSERCIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 23.-Los miembros de la Comisión forman parte de ella a título individual. Durante todo el ejercicio de su mandato, no podrán desempeñar funciones incompatibles con las exigencias de independencia, imparcialidad y disponibilidad inherentes a dicho mandato. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 23.-Los miembros de la comisión formar parte de ella a titulo individual.

Artículo 24.  Secretaría y ponentes.-        1.  El Tribunal tendrá una Secretaría cuyas funciones y organización se establecerán en el reglamento del Tribunal.

2.  Cuando esté constituido en formación de juez único, el Tribunal estará asistido de ponentes, que actuarán bajo la autoridad del Presidente del Tribunal. Formarán parte de la Secretaría del Tribunal.

Este artículo 24, anterior artículo 25, ha sido redactado y renumerado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 24. Revocación.- Un Juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 24 .-Toda parte contratante puede denunciar a la comisión, a través del secretario general del consejo de europa, cualquier incumplimiento de las disposiciones del presente convenio que crea que pueda ser imputado a otra parte contratante.

Artículo 25.  Pleno del Tribunal.-        El Tribunal, reunido en pleno:

a)  Elegirá por un período de tres años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que serán reelegibles.

b)  Constituirá Salas por un período determinado.

c)  Elegirá a los Presidentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles.

d)  Aprobará su reglamento;

e)  Elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos;

f)  formulará cualquier solicitud con arreglo al párrafo 2 del artículo 26.

Este artículo 25, anterior artículo 26, ha sido redactado y renumerado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 25. Secretaría y refrendarios.- El Tribunal tendrá una Secretaría cuyas funciones y organización se establecerán en el reglamento del Tribunal. Estará asistido de refrendarios. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 25.-1. La comisión podrá conocer de cualquier demanda dirigida al secretario general del consejo de Europa por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares, que se considere víctima de una violación, por una de las altas partes contratantes, de los derechos reconocidos en el presente convenio, en el caso en que la alta parte contratante acusada haya declarado reconocer la competencia de la comisión en esta materia. Las altas partes contratantes que hayan suscrito tal declaración se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho. 2. Estas declaraciones podrán hacerse por un periodo determinado. 3. Se remitirán al secretario general del consejo de Europa, quien transmitirá copias a las altas partes contratantes y cuidara de su publicación. 4. La comisión no ejercerá la competencia que le atribuye el presente Artículo hasta que seis altas partes contratantes, al menos, se encuentren vinculadas por la declaración prevista en los párrafos precedentes.

Artículo 26.  Formación del juez único, Comités, Salas y Gran Sala.-        1.  Para el examen de los asuntos que se le sometan, el Tribunal actuará en formación de juez único, en Comités compuestos por tres jueces, en Salas de siete jueces y en una Gran Sala de diecisiete jueces. Las Salas del Tribunal constituirán los Comités por un periodo determinado.

2.  Cuando el Pleno del Tribunal así lo solicite, el Comité de Ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo determinado, reducir a cinco el número de jueces de las Salas.

3.  Cuando actúe en formación de juez único, ningún juez podrá examinar una solicitud contra la Alta Parte Contratante en cuya representación fue elegido dicho juez.

4.  El juez elegido en representación de una Alta Parte Contratante en el litigio será miembro de pleno derecho de la Sala y de la Gran Sala. En su ausencia, o cuando dicho juez no esté en condiciones de intervenir, actuará en calidad de juez una persona designada por el Presidente del Tribunal a partir de una lista presentada previamente por esa Parte.

5.  Formarán también parte de la Gran Sala el Presidente del Tribunal, los Vicepresidentes, los Presidentes de las Salas y demás jueces designados de conformidad con el reglamento del Tribunal. Cuando el asunto sea deferido a la Gran Sala en virtud del artículo 43, ningún juez de la Sala que haya dictado la sentencia podrá actuar en la misma, con excepción del Presidente de la Sala y del Juez que haya intervenido en representación de la Alta Parte Contratante interesada.

Este artículo 26, anterior artículo 27, ha sido redactado y renumerado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 26. Pleno del Tribunal.- El Tribunal, reunido en pleno: a) Elegirá por un período de tres años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que serán reelegibles. b) Constituirá Salas por un período determinado. c) Elegirá a los Presidentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles. d) Aprobará su reglamento, y e) Elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 26.-La comisión no podrá conocer de un asunto sino después de que se hayan agotado todos los recursos internos, de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente reconocidos , dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva.

Artículo 27.  Competencias de los jueces únicos.-        1.  El juez único podrá declarar inadmisible o eliminar del registro de asuntos del Tribunal una demanda presentada en virtud del artículo 34, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario.

2.  La resolución será definitiva.

3.  Si el juez único no declara inadmisible una demanda ni la elimina del registro de asuntos, dicho juez remitirá la misma a un Comité o a una Sala para su examen complementario.

Este artículo 27 ha sido añadido por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 27. Comités, Salas y Gran Sala.- 1. Para el examen de los asuntos que se le sometan, el Tribunal actuará en Comités formados por tres Jueces o en Salas de siete Jueces o en una Gran Sala de diecisiete Jueces. Las Salas del Tribunal constituirán los Comités por un período determinado. 2. El Juez elegido en representación de un Estado parte en el litigio será miembro de pleno derecho de la respectiva Sala y de la Gran Sala; en su ausencia, o cuando no esté en condiciones de intervenir, dicho Estado parte designará una persona que actúe de Juez. 3. Forman también parte de la Gran Sala el Presidente del Tribunal, los Vicepresidentes, los Presidentes de las Salas y demás Jueces designados de conformidad con el reglamento del Tribunal. Cuando el asunto sea deferido a la Gran Sala en virtud del artículo 43, ningún Juez de la Sala que haya dictado la sentencia podrá actuar en la misma con excepción del Presidente de la Sala y del Juez que haya intervenido en representación del Estado parte interesado. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 27.-1. La comisión no tomara en consideración una demanda introducida por aplicación del Artículo 25 cuando: A) sea anónima; B) sea esencialmente la misma que una demanda anteriormente examinada por la comisión o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo y no contenga hechos nuevos. 2. La comisión considera inadmisible cualquier demanda presentada por aplicación del Artículo 25 cuando la estime incompatible con las disposiciones del presente convenio, manifiestamente mal fundada o abusiva. 3. La comisión rechazara cualquier demanda que considere inadmisible por aplicación del Artículo 26 .

Artículo 28.  Competencia de los Comités.-        1.  Respecto de una demanda presentada en virtud del artículo 34, un Comité podrá, por unanimidad:

a)  Declarar la misma inadmisible o eliminarla del registro de asuntos, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario; o

b)  declararla admisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo, si la cuestión subyacente al caso, relativa a la interpretación o la aplicación del Convenio o de sus Protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia bien establecida del Tribunal.

2.  Las resoluciones y sentencias dictadas en virtud del párrafo 1 serán definitivas.

3.  En caso de que el juez designado en representación de la Alta Parte Contratante en el litigio no sea miembro del Comité, el Comité podrá, en cualquier fase del procedimiento, invitar a dicho juez a ocupar el lugar de uno de los miembros del Comité, tomando en consideración todos los factores pertinentes, entre ellos el de si esa Parte se ha opuesto a la aplicación del procedimiento previsto en la letra 1.b).

Este artículo 28 ha sido redactado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 28. Declaración de inadmisibilidad por los Comités.- Un Comité podrá, por unanimidad, declarar inadmisible o eliminar del orden del día una demanda individual presentada en virtud del artículo 34, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario. La resolución será definitiva. - REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1985, DE 19 DE MARZO (BOE DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 28 .-1. En el caso en que la Comisión admita la demanda: a) Procederá, con el fin de determinar los hechos, a un examen contradictorio de la demanda con los representantes de las partes, y, si procede, a una investigación, para cuya eficaz realización los Estados interesados proporcionarán todas las facilidades necesarias después de un cambio de impresiones con la Comisión. b) Al propio tiempo, se pondrá a disposición de los interesados, a fin de llegar a un arreglo amistoso del asunto que se inspire en el respeto a los derechos humanos, tal como los reconoce el presente Convenio. 2. Si la Comisión llega a obtener un arreglo amistoso, redactará un informe que se remitirá a los Estados interesados al Comité de Ministros y al Secretario General del Consejo de Europa, para su publicación. Este informe se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 28.-En el caso que la comisión tome en consideración la demanda: A) procederá, con el fin de determinar los hechos a un examen contradictorio de la misma con los representantes de las partes y, si procede, a una investigación, para cuya eficaz realización los estados interesados proporcionaran todas las facilidades necesarias después de un intercambio de puntos de vista con la comisión; b) se pondrá a disposición de los interesados, a fin de llegar a un arreglo amistoso del asunto que se inspire en el respeto a los derechos humanos tal como los reconoce el presente convenio.

Artículo 29.  Resoluciones de las Salas sobre la admisibilidad y el fondo del asunto.-        Si no se ha adoptado resolución alguna en virtud de los artículos 27 ó 28 o no se ha dictado sentencia en virtud del artículo 28, una Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales presentadas en virtud del artículo 34. Se podrá adoptar la resolución sobre la admisibilidad por separado.

Este apartado 1 ha sido redactado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

2.  La Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas de los Estados presentadas en virtud del artículo 33. Salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales, la resolución sobre la admisibilidad se tomará por separado.

El último inciso de este apartado 2 ha sido añadido por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

3.  [...]

Este apartado 3 ha sido suprimido por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 29. Resoluciones de las Salas sobre la admisibilidad y el fondo del asunto.- 1. Si no se ha adoptado resolución alguna en virtud del artículo 28, la Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales presentadas en virtud del artículo 34. 2. La Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas de los Estados presentadas en virtud del artículo 33. 3. Salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales, la resolución acerca de la admisibilidad se toma por separado. - REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1985, DE 19 DE MARZO (BOE DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO PRIMERO. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 29.-Después de haber aceptado una demanda introducida con arreglo al artículo 2, la Comisión podrá, sin embargo, decidir por por mayoría de los dos tercios de sus miembros que la rechaza, si en el curso de su examen comprueba la existencia de uno de los motivos de no admisibilidad previstos en el artículo 27. En tal caso, la decisión será comunicada a las Partes. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 29.-Después de haber aceptado una demanda introducida con arreglo al Artículo 2 la comisión podra, sin embargo, decidir por unanimidad que la rechaza, si en el curso de su examen comprueba la existencia de uno de los motivos de no admisibilidad previstos en el Artículo 27. En tal caso, la decisión será comunicada a las partes.

Artículo 30.  Inhibición en favor de la Gran Sala.-        Si el asunto pendiente ante una Sala plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal, la Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado sentencia, salvo que una de las partes se oponga a ello.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1989, DE 19 DE MARZO (BOE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 30.-1. En cualquier momento del procedimiento, la Comisión podrá decidir que se elimine una demanda de la lista de causas pendientes cuando las circunstancias permitan concluir que: a) El demandante no tiene la intención de mantener su demanda o, b) El litigio ha quedado resuelto o, c) Por cualquier otro motivo comprobado por la Comisión, ya no está justificado que se prosiga el examen de la demanda. Sin embargo, la Comisión proseguirá el examen de la demanda si así lo exige el respeto de los Derechos Humanos garantizado por el presente Convenio. 2. En el caso de que la Comisión decida eliminar una demanda de su lista después de su admisión, redactará un informe en que se incluirá una exposición de los hechos y una decisión motivada de dicha eliminación. El informe se remitirá a las Partes, así como al Comité de Ministros, para su información. La Comisión podrá publicar el informe. 3. La Comisión podrá decidir que vuelva a incluirse en su lista una demanda cuando estime que las circunstancias lo justifican. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 30.-Si la comisión llega a obtener un arreglo amistoso, conforme al Artículo 28, redactara un informe que se trasmitirá a los estados interesados, al comité de ministros y al secretario general del consejo de Europa para su publicación. Este informe se limitara a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada.

Artículo 31.  Atribuciones de la Gran Sala.-        La Gran Sala:

a)  Se pronunciará sobre las demandas presentadas en virtud del artículo 33 o del artículo 34, cuando el asunto le haya sido elevado por la Sala en virtud del artículo 30 o cuando el asunto le haya sido deferido en virtud del artículo 43;

b)  se pronunciará sobre la cuestiones sometidas al Tribunal por el Comité de Ministros de conformidad con el párrafo 4 del artículo 46; y

c)  Examinará las solicitudes de emisión de opiniones consultivas presentadas en virtud del artículo 47.

Este artículo 31 ha sido redactado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 31. Atribuciones de la Gran Sala.- La Gran Sala: a) Se pronunciará sobre las demandas presentadas en virtud del artículo 33 o del artículo 34, cuando el asunto le haya sido elevado por la Sala en virtud del artículo 30 o cuando el asunto le haya sido deferido en virtud del artículo 43; y b) Examinará las solicitudes de emisión de opiniones consultivas presentadas en virtud del artículo 47. - REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1989, DE 19 DE MARZO (BOE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 1. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 31.-1. Si el examen de una demanda no ha finalizado según lo dispuesto en los artículos 28 (párrafo 2), 29 ó 30, la Comisión redactará un informe en el que hará constar los hechos, y formulará un dictamen sobre si los hechos comprobados implican, por parte del Estado interesado, una violación de las obligaciones que le incumben a tenor del Convenio. Podrán ser incluidas en dicho informe las opiniones de cada uno de los miembros de la Comisión sobre este punto. 2. El informe se transmitirá al Comité de Ministros; igualmente se comunicará a los Estados interesados, quienes no tendrán la facultad para publicarlo. 3. Al transmitir el informe al Comité de Ministros, la Comisión podrá formular las propuestas que considere apropiadas. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 31.-1. Si no se ha podido llegar a una solución, la comisión redactara un informe en el que hará constar los hechos y formularan un dictamen sobre si los hechos comprobados implican, por parte del estado interesado, una violación de las obligaciones que le incumben a tenor del convenio. Podrán ser incluidas en dicho informe las opiniones de todos los miembros de la comisión sobre este punto. 2. El informe se trasmitirá al comité de ministros; igualmente se comunicara a los estados interesados, quienes no tendrán facultad para publicarlo. 3. Al trasmitir el informe al comité de ministros, la comisión podrá formular las propuestas que considere apropiadas.

Artículo 32.  Competencia del Tribunal.-        1.  La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas por los artículos 33, 34 , 46 y 47.

Este apartado 1 ha sido redactado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

2.  En caso de impugnación de la competencia del Tribunal, éste decidirá sobre la misma.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 32. Competencia del Tribunal.- 1. La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas por los artículos 33, 34 y 47. 2. En caso de impugnación de la competencia del Tribunal, éste decidirá sobre la misma. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 32.-1. Si en un periodo de tres meses, a partir del traslado al comité de ministros del informe de la comisión, el asunto no ha sido deferido al tribunal por aplicación del Artículo 48 del presente convenio, el comité de ministros decidirá, por voto mayoritario de dos tercios de los representantes con derecho a formar parte de el, si ha habido o no violación del convenio. 2. En caso afirmativo, el comité de ministros fijara el plazo en el que la alta parte contratante interesada deberá tomar las medidas que se deriven de la decisión del comité de ministros. 3. Si la alta parte contratante interesada no ha adoptado medidas satisfactorias en el plazo concedido, el comité de ministros, por la mayoría prevista en el párrafo 1 de este articulo, decidirá cuales son las consecuencias que se derivan de su decisión inicial y publicara el informe. 4. Las altas partes contratantes se comprometen a considerar como obligatoria cualquier decisión que el comité de ministros pueda tomar en virtud de los párrafos precedentes.

Artículo 33.  Asuntos entre Estados.-        Toda Alta Parte Contratante podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contratante.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 33.-La comisión se reúne a puerta cerrada.

Artículo 34.  Demandas individuales.-        El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1989, DE 19 DE MARZO (BOE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 34.-A reserva de lo dispuesto en los artículos 20 (párrafo 3) y 29 , las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría de los miembros presentes y votantes. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 34.-A reserva de lo dispuesto en el Artículo 29, las decisiones de la comisión se tomaran por mayoría de los miembros presentes y votantes.

Artículo 35.  Condiciones de admisibilidad.-        1.  Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva.

2.  El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34, cuando:

a)  Sea anónima, o

b)  Sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo, y no contenga hechos nuevos.

3.  El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud del artículo 34 si considera que:

a)  la demanda es incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva; o

b)  el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un tribunal nacional.

Este apartado 3 ha sido redactado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

4.  El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 35. Condiciones de admisibilidad.- 1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva. 2. El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34, cuando: a) Sea anónima, o b) Sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo, y no contenga hechos nuevos. 3. El Tribunal considerará inadmisible cualquier demanda individual presentada en aplicación del artículo 34 cuando la estime incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva. 4. El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 35.-La comisión se reunirá cuando lo exijan las circunstancias. Será convocada por el secretario general del consejo de Europa.

Artículo 36.  Intervención de terceros.-        1.  En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, la Alta Parte Contratante cuyo nacional sea demandante tendrá derecho a presentar observaciones por escrito y a participar en la vista.

2.  En interés de la buena administración de la justicia, el Presidente del Tribunal podrá invitar a cualquier Alta Parte Contratante que no sea parte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante a que presente observaciones por escrito o a participar en la vista.

3.  En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa podrá presentar observaciones por escrito y participar en la vista.

Este apartado 3 ha sido añadido por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 36. Intervención de terceros.- 1. En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, la Alta Parte Contratante cuyo nacional sea demandante tendrá derecho a presentar observaciones por escrito y a participar en la vista. 2. En interés de la buena administración de la justicia, el Presidente del Tribunal podrá invitar a cualquier Alta Parte Contratante que no sea parte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante a que presente observaciones por escrito o a participar en la vista. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 36.-La comisión elaborara su reglamento interno.

Artículo 37.  Cancelación.-        1.  En cualquier momento del procedimiento, el Tribunal podrá decidir cancelar una demanda del registro de entrada cuando las circunstancias permitan comprobar:

a)  Que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla;

b)  Que el litigio ha sido ya resuelto,

c)  Que, por cualquier otro motivo verificado por el Tribunal, ya no está justificada la prosecución del examen de la demanda.

No obstante el Tribunal proseguirá el examen de la demanda si así lo exige el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y sus protocolos.

2.  El Tribunal podrá decidir que vuelva a inscribirse en el registro de entrada el procedimiento cuando estime que las circunstancias así lo justifican.

Este artículo 37 ha sido redactado por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 37.-Las funciones de secretaria de la comisión quedaran aseguradas por el secretario general del consejo de Europa.

Artículo 38.  Examen del asunto.-        El Tribunal procederá al examen del asunto con los representantes de las partes y, si procede, a una indagación, para cuya eficaz realización las Altas Partes Contratantes proporcionarán todas las facilidades necesarias.

Este artículo 38 ha sido redactado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 38. Examen contradictorio del asunto y procedimiento de arreglo amistoso.- 1. Si el Tribunal declara admisible una demanda: a) Procederá al examen contradictorio del caso con los representantes de las partes y, si procede a una indagación, para cuya eficaz realización los Estados interesados proporcionarán todas las facilidades necesarias; b) Se pondrá a disposición de los interesados a fin de llegar a un arreglo amistoso del caso, inspirándose para ello en el respeto a los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus protocolos. 2. El procedimiento a que se refiere el párrafo 1.b) será confidencial. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 38.-El tribunal europeo de derechos humanos se compone de un numero de magistrados igual al de miembros del consejo de Europa. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales de un mismo estado.

Artículo 39.  Transacción.-        1.  En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá ponerse a disposición de las partes interesadas para conseguir una transacción sobre el asunto inspirándose para ello en el respeto a los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus Protocolos.

2.  El procedimiento a que se refiere el párrafo 1 será confidencial.

3.  En caso de alcanzarse una transacción, el Tribunal eliminará el asunto del registro mediante una resolución que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada.

4.  Esta resolución se transmitirá al Comité de Ministros, que supervisará la ejecución de los términos de la transacción tal como se recojan en la resolución.

Este artículo 39 ha sido redactado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 39. Conclusión de un arreglo amistoso.- En el caso de arreglo amistoso, el Tribunal cancelará el asunto del registro de entrada mediante una resolución que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 39.-1. Los miembros del tribunal son elegidos por la asamblea consultiva por mayoría de los votos emitidos de una lista de personas presentada por los miembros del consejo de Europa, debiendo cada uno de estos presentar tres candidatos, de los cuales al menos dos han de ser de su misma nacionalidad. 2. En la medida en que sea aplicable, seguirá el mismo procedimiento para completar el tribunal en caso de admisión de nuevos miembros en el consejo de Europa y para proveer los puestos que quedan vacantes. 3. Los candidatos deberán gozar de la mas alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia.

Artículo 40.  Vista pública y acceso a los documentos.-        1.  La vista es pública, a menos que el Tribunal decida otra cosa por circunstancias excepcionales.

2.  Los documentos depositados en la Secretaría serán accesibles al público, a menos que el Presidente del Tribunal decida de otro modo.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1989, DE 19 DE MARZO (BOE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). INSERCIÓN DEL APARTADO 7. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 40.-1. Los miembros del tribunal son elegidos por un periodo de nueve años. Son reelegibles. Sin embargo, por lo que se refiere a los miembros designados en la primera elección, las funciones de cuatro de ellos terminaran al cabo de tres años y las de otros cuatro al cabo de seis. 2. Los miembros cuyas funciones terminen en los periodos iniciales de tres y seis años serán designados por sorteo efectuado por el secretario general del consejo de europa inmediatamente después de haberse procedido a la primera elección. 3. A fin de asegurar en lo posible la renovación cada tres años de un tercio del tribunal, la asamblea consultiva podrá decidir, antes de proceder a una elección ulterior, que uno o varios mandatos de los miembros que se vayan a elegir tengan una duración distinta de la de nueve años, sin que pueda, sin embargo, exceder de doce ni ser inferior a seis. 4. En el caso de que proceda conferir varios mandatos y que la asamblea consultiva haga aplicación del párrafo procedente, el reparto de mandatos se realizara mediante sorteo efectuado por le secretario general del consejo de Europa inmediatamente después de la elección. 5. El miembro del tribunal elegido en sustitución de un miembro cuyo mandato no haya expirado ejercera sus funciones hasta completar el mandato de su predecesor. 6. Los miembros del tribunal permanecerán en funciones hasta su sustitución. Después de esta, continuaran conociendo de los asuntos que ya les habían sido encomendados. 7. Los miembros del Tribunal tomarán parte en el mismo a título individual. Durante todo el ejercicio de su mandato, no podrán desempeñar funciones incompatibles con las exigencias de independencia, imparcialidad y disponibilidad inherentes a dicho mandato. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 40.-1. Los miembros del tribunal son elegidos por un periodo de nueve años. Son reelegibles. Sin embargo, por lo que se refiere a los miembros designados en la primera elección, las funciones de cuatro de ellos terminaran al cabo de tres años y las de otros cuatro al cabo de seis. 2. Los miembros cuyas funciones terminen en los periodos iniciales de tres y seis años serán designados por sorteo efectuado por el secretario general del consejo de europa inmediatamente después de haberse procedido a la primera elección. 3. A fin de asegurar en lo posible la renovación cada tres años de un tercio del tribunal, la asamblea consultiva podrá decidir, antes de proceder a una elección ulterior, que uno o varios mandatos de los miembros que se vayan a elegir tengan una duración distinta de la de nueve años, sin que pueda, sin embargo, exceder de doce ni ser inferior a seis. 4. En el caso de que proceda conferir varios mandatos y que la asamblea consultiva haga aplicación del párrafo procedente, el reparto de mandatos se realizara mediante sorteo efectuado por le secretario general del consejo de Europa inmediatamente después de la elección. 5. El miembro del tribunal elegido en sustitución de un miembro cuyo mandato no haya expirado ejercera sus funciones hasta completar el mandato de su predecesor. 6. Los miembros del tribunal permanecerán en funciones hasta su sustitución. Después de esta, continuaran conociendo de los asuntos que ya les habían sido encomendados.

Artículo 41.  Arreglo equitativo.-        Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1989, DE 19 DE MARZO (BOE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 41.-El Tribunal elegirá su Presidente y uno o dos Vicepresidentes por un período de tres años. Serán reelegibles. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 41.-El tribunal elige su presidente y su vicepresidente por un periodo de tres años. Son reelegibles.

Artículo 42.  Sentencias de las Salas.-        Las sentencias de las Salas serán definitivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 2.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 42.-Los miembros del tribunal percibirán por cada día que desempeñan sus funciones una remuneración o dieta fijada por el comité de ministros.

Artículo 43.  Remisión ante la Gran Sala.-        1.  En el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala cualquier parte en el asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala.

2.  Un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptará la demanda si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus protocolos o una cuestión grave de carácter general

3.  Si el colegio acepta la demanda, la Gran Sala se pronunciará acerca del asunto mediante sentencia.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO 8/1989, DE 19 DE MARZO (BOE 11 DE NOVIEMBRE DE 1989). MODIFICACIÓN DE LA FRASE PRIMERA. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 43.-Para el examen de cada asunto sometido al Tribunal éste se constituirá en una Sala compuesta por nueve Magistrados. La integrarán, de oficio, el Magistrado de la nacionalidad de cada Estado interesado o, en su defecto, una persona elegida por él para actuar en calidad de Magistrado; los nombres de los restantes Magistrados serán sacados a suerte por el Presidente antes de entrar a conocer del caso. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. Artículo 43.-Para el examen de cada asunto sometido al tribunal, este se constituirá en una sala compuesta por siete magistrados. La integraran, de oficio, el magistrado de la nacionalidad de cada estado interesado o, en su defecto, una persona elegida por el para actuar en calidad de magistrado; los nombres de los restantes magistrados serán sacados a suerte por el presidente antes de entrar a conocer del caso.

Artículo 44.  Sentencias definitivas.-        1.  La sentencia de la Gran Sala será definitiva.

2.  La sentencia de una Sala será definitiva cuando:

a)  Las partes declaren que no solicitarán la remisión del asunto ante la Gran Sala; o

b)  No haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala tres meses después de la fecha de la sentencia, o

c)  El colegio de la Gran Sala rechace la demanda de remisión formulada en aplicación del artículo 43.

3.  La sentencia definitiva será hecha pública.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 44.-Solo las altas partes contratantes y la comisión tienen facultad para someter un asunto al tribunal.

Artículo 45.  Motivación de las sentencias y de las resoluciones.-        1.  Las sentencias, así como las resoluciones por las que las demandas se declaren admisibles o no admisibles, serán motivadas.

2.  Si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los Jueces, cualquier juez tendrá derecho a unir a ella su opinión por separado.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 45.-La competencia del tribunal se extienden a todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del presente convenio que las altas partes contratantes o la comisión le sometan, en las condiciones previstas por el Artículo 48.

Artículo 46.  Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias.-        1.  Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes.

2.  La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.

3.  Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá remitir el asunto al Tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de remisión al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité.

4.  Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité, remitir al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 1.

5.  Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que no se ha producido violación alguna del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del asunto.

Este artículo 46 ha sido redactado por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009), con efecto para España desde el 1 de noviembre de 2009.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 46. Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias.- 1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes. 2. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su ejecución. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 46.-1. Cada una de las altas partes contratantes puede declarar, en cualquier momento, que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convenio especial la jurisdicción del tribunal para todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del presente convenio. 2. Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior podrán hacerse pura y simplemente a bajo condición de reciprocidad por parte de varias o de ciertas otras altas partes contratantes, o por un periodo determinado. 3. Estas declaraciones se remitirán al secretario general del consejo de Europa, que trasmitirá copia de ellas a las altas partes contratantes.

Artículo 47.  Opiniones consultivas.-        1.  El Tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos.

2.  Estas opiniones no podrán referirse ni a las cuestiones que guarden relación con el contenido o la extensión de los derechos y libertades definidos en el Título I del Convenio y sus Protocolos ni a las demás cuestiones de las que el Tribunal o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultas de la presentación de un recurso previsto por el Convenio.

3.  La resolución del Comité de Ministros de solicitar una opinión al Tribunal será adoptada por voto mayoritario de los representantes que tengan el derecho de intervenir en el Comité.

Este artículo 47 ha sido redactado por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 47.-Un asunto solo puede someterse al tribunal después de que la comisión haya comprobado el fracaso del arreglo amistoso y dentro del plazo de tres meses previsto en el Artículo 32.

Artículo 48.  Competencia consultiva del Tribunal.-    El Tribunal resolverá si la solicitud de opinión consultiva presentada por el Comité de Ministros es de su competencia, tal como la define el artículo 47.

Este artículo 48 ha sido redactado por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 48.-A condición de que la alta parte contratante interesada, si no hay mas que una, o las altas partes contratantes interesadas, si hay mas de una, estén sometidas a la jurisdicción obligatoria del tribunal o, en su defecto, con el consentimiento o conformidad de la alta parte contratante interesada, si no hay mas que una, o de las altas partes contratantes interesadas, si hay mas de una, podrán someter un asunto al tribunal. A) la comisión; B) una alta parte contratante, cuando la víctima haya sido un nacional suyo; C) una alta parte contratante que haya iniciado el caso ante la comisión; D) una alta parte contratante que haya sido demandada.

Artículo 49.  Motivación de las opiniones consultivas.-        1.  La opinión del Tribunal estará motivada.

2.  Si la opinión no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez tendrá derecho a unir a ellas su opinión por separado.

3.  La opinión del Tribunal será comunicada al Comité de Ministros,

Este artículo 49 ha sido redactado por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 49.-En el caso de que sea discutida la competencia del tribunal, este decidirá sobre la misma.

Artículo 50.  Gastos de funcionamiento del Tribunal.-        Los gastos de funcionamiento del Tribunal correrán a cargo del Consejo de Europa.

Este artículo 50 ha sido redactado por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 50.-Si la decisión del tribunal declara que una resolución tomada o una mediada ordenada por una autoridad judicial o cualquier otra autoridad de una parte contratante se encuentra total o parcialmente en oposición con obligaciones que se derivan del presente convenio, y si el derecho interno de dicha parte solo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de esta resolución o medida, la decisión del tribunal concederá, si procede, una satisfacción equitativa a la parte lesionada.

Artículo 51.  Privilegios e inmunidades de los Jueces.-        Los Jueces gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstos en el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y en los acuerdos concluidos en virtud de ese artículo.

Este artículo 51 ha sido redactado por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 51.-1. La sentencia del tribunal será motivada. 2. Si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los magistrados, cualquier magistrado tendrá derecho a unir a ella su opinión individual.

TÍTULO III

Disposiciones diversas

La denominación de este Título III (artículos 52 a 59) y la de sus artículos ha sido aprobada por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

Este Título III mantiene la redacción del antiguo Título V en virtud de lo dispuesto por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

Artículo 52.  Indagaciones del Secretario General.-        A requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, toda Alta Parte Contratante suministrará las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de este Convenio.

Este artículo 52 mantiene la redacción del antiguo artículo 57 en virtud de lo dispuesto por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 52.-La sentencia del Tribunal será definitiva.

Artículo 53.  Protección de los derechos humanos reconocidos.-        Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte.

Este artículo 53 mantiene la redacción del antiguo artículo 60 en virtud de lo dispuesto por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 53.-Las Altas Partes Contratantes se comprometen a conformarse a las decisiones del Tribunal en los litigios en que sean parte.

Artículo 54.  Poderes del Comité de Ministros.-        Ninguna de las disposiciones del presente Convenio prejuzgará los poderes conferidos al Comité de Ministros por el Estatuto del Consejo de Europa.

Este artículo 54 mantiene la redacción del antiguo artículo 61 en virtud de lo dispuesto por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 54.-La sentencia del Tribunal será trasladada al Comité de Ministros, que vigilará su ejecución.

Artículo 55.  Renuncia a otros modos de solución de controversias.-        Las Altas Partes Contratantes renuncian recíprocamente, salvo compromiso especial, a prevalerse de los tratados convenios o declaraciones que existan entre ellas, a fin de someter, por vía de demanda, una diferencia surgida de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio a un procedimiento de solución distinto de los previstos en el presente Convenio.

Este artículo 55 mantiene la redacción del antiguo artículo 62 en virtud de lo dispuesto por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 55.-El Tribunal elaborará su reglamento y fijará sus normas de procedimiento.

Artículo 56.  Aplicación territorial.-        1.  Cualquier Estado puede en el momento de la ratificación o con posterioridad a la misma, declarar, en notificación dirigida al Secretario General de Consejo de Europa, que el presente Convenio se aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, a todos los territorios o a algunos de los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable.

E l Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994 (BOE de 26 de junio de 1998), añadió en este párrafo 1 el texto sañalado en cursiva.

2.  El Convenio se aplicará al territorio o territorios designados en la notificación a partir del trigésimo día siguiente a la fecha en la que el Secretario General del Consejo de Europa haya recibido esta notificación.

3.  En los mencionados territorios, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán teniendo en cuenta las necesidades locales.

4.  Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrá en cualquier momento sucesivo, declarar que acepta con respecto a uno o varios de los territorios en cuestión la competencia del Tribunal para conocer de las demandas de personas físicas, de organizaciones no gubernamentales o de grupos de particulares, tal como se prevé en el artículo 34 del Convenio.

E l Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994 (BOE de 26 de junio de 1998), ha sustituido los términos "Comisión" por "Tribunal" y "de conformmidad con el artículo 25 del presente Convenio" por "tal como se prevé en el artículo 34 del Convenio".

Este artículo 56 mantiene la redacción del antiguo artículo 63 en virtud de lo dispuesto por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 56.-1. La primera elección de los miembros del Tribunal tendrá lugar después de que se reúnan ocho declaraciones de las Altas Partes Contratantes que se refiere el artículo 46. 2. No podrá someterse caso alguno al Tribunal antes de esta elección.

Artículo 57.  Reservas.-        1.  Todo Estado podrá formular, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su instrumento de ratificación, una reserva a propósito de una disposición particular del Convenio en la medida en que una Ley en vigor en su territorio esté en desacuerdo con esta disposición. Este artículo no autoriza las reservas de carácter general.

2.  Toda reserva formulada de conformidad con el presente artículo irá acompañada de una breve exposición de la Ley de que se trate.

Este artículo 57 mantiene la redacción del antiguo artículo 64 en virtud de lo dispuesto por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 57.-A requerimiento del Secretario general del Consejo de Europa, toda Alta Parte Contratante suministrará las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de este Convenio.

Artículo 58.  Denuncia.-        1.  Una Alta Parte Contratante sólo podrá denunciar el presente Convenio al término de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicha Parte, y mediante un preaviso de seis meses dado en una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, quien informará a las restantes Partes Contratantes.

2.  Esta denuncia no podrá tener por efecto el desvincular a la Alta Parte Contratante interesada de las obligaciones contenidas en el presente Convenio en lo que se refiere a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de estas obligaciones, hubiera sido realizado por dicha Parte con anterioridad a la fecha en que la denuncia produzca efecto.

3.  Bajo la misma reserva, dejará de ser parte en el presente Convenio toda Alta Parte Contratante que deje de ser miembro del Consejo de Europa.

4.  El Convenio podrá ser denunciado de acuerdo con lo previsto en los párrafos precedentes respecto a cualquier territorio en el cual hubiere sido declarado aplicable en los términos del artículo 56.

E l Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994 (BOE de 26 de junio de 1998), ha sustituido la referencia que este párrafo 4 hace al artículo 63 por la referencia al artículo 56.

Este artículo 58 mantiene la redacción del antiguo artículo 65 en virtud de lo dispuesto por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 58.-Los gastos de la Comisión y del Tribunal corren a cargo del Consejo de Europa.

Artículo 59.  Firma y ratificación.-        1.  El presente Convenio está abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa. Será ratificado. Las ratificaciones serán depositadas ante el Secretario General del Consejo de Europa.

2.  La Unión Europea podrá adherirse al presente Convenio.

Este apartado 2 ha sido añadido por el Acuerdo sobre la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio (BOE de 25 de noviembre de 2009).

3.  El presente Convenio entrará en vigor después del depósito de diez instrumentos de ratificación.

Este apartado 3 mantiene la redacción del antiguo apartado 2.

4.  Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Convenio entrará en vigor desde el momento del depósito del instrumento de ratificación.

Este apartado 4 mantiene la redacción del antiguo apartado 3.

5.  El Secretario General del Consejo de Europa notificará a todos los miembros del Consejo de Europa la entrada en vigor del Convenio los nombres de las Altas Partes Contratantes que lo hayan ratificado, así como el depósito de todo instrumento de ratificación que se haya efectuado posteriormente.

Este apartado 5 mantiene la redacción del antiguo apartado 4.

Este artículo 59 mantiene la redacción, salvo las excepciones hechas, del antiguo artículo 66 en virtud de lo dispuesto por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ANTERIOR POR EL PROTOCOLO NÚM. 11, DE 11 DE MAYO DE 1994 (BOE DE 26 DE JUNIO DE 1998). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1998 A 31 DE OCTUBRE DE 2009. Artículo 59. Firma y ratificación.- 1. El presente Convenio está abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa. Será ratificado. Las ratificaciones serán depositadas ante el Secretario General del Consejo de Europa. 2. El presente Convenio entrará en vigor después del depósito de diez instrumentos de ratificación. 3. Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Convenio entrará en vigor desde el momento del depósito del instrumento de ratificación. 4. El Secretario General del Consejo de Europa notificará a todos los miembros del Consejo de Europa la entrada en vigor del Convenio los nombres de las Altas Partes Contratantes que lo hayan ratificado, así como el depósito de todo instrumento de ratificación que se haya efectuado posteriormente. - REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 1979 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 59.-Los miembros de la comision y del tribunal gozan, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstos en el articulo 40 del estatuto del consejo de europa y en los acuerdos concluidos en virtud de este articulo.

PROTOCOLOS

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

(Suscrito el 23 de febrero de 1978 y ratificado mediante Instrumento de 2 de noviembre de 1990, publicado en el BOE de 12 de enero de 1991)

Al ratificar el texto del Protocolo, España formuló la siguiente reserva y declaración:

«España, a tenor del artículo 64 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, deseando evitar cualquier incertidumbre en lo que se refiere a la aplicación del artículo 1 del Protocolo, formula reserva, a la luz del artículo 33 de la Constitución Española, que establece:

"1.  Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2.  La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3.  Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por la leyes."

Declaración: España, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo Adicional, reitera sus declaraciones formuladas en relación con los artículo 25 y 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con las demandas suscitadas con motivo de hechos posteriores a la fecha del depósito del Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional y, en particular, respecto de los expedientes expropiatorios iniciados en el ámbito interno con posterioridad a dicha fecha.»

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa,

Resueltos a tomar medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de derechos y libertades distintos de los que ya figuran en el Título I del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (denominado en adelante «Convenio...»),

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1.  Protección de la propiedad.-        Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del derecho internacional.

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor las Leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas.

La rúbrica de este artículo 1 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 2 DE FEBRERO DE 1991 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 1.-Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del derecho internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor las Leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas.

Artículo 2.  Derecho a la instrucción.-        A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

La rúbrica de este artículo 2 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 2 DE FEBRERO DE 1991 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 2.-A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

Artículo 3.  Derecho a elecciones libres.-        Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo.

La rúbrica de este artículo 3 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 2 DE FEBRERO DE 1991 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 3.-Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo.

Artículo 4.  Aplicación territorial.-        Toda Alta Parte Contratante puede, en el momento de la firma o de la ratificación del presente Protocolo o en cualquier momento posterior, presentar al Secretario General del Consejo de Europa una declaración que indique la medida en la que se compromete a que las disposiciones del presente Protocolo se apliquen a los territorios que se designen en dicha declaración y de cuyas relaciones internacionales es responsable.

Toda Alta Parte Contratante que haya presentado una declaración en virtud del párrafo anterior puede, periódicamente, presentar una nueva declaración que modifique los términos de cualquier declaración anterior o ponga fin a la aplicación del presente Protocolo en un territorio cualquiera.

Una declaración formulada conforme al presente artículo será considerada como si hubiera sido hecha conforme al párrafo 1 del artículo 56 del Convenio.

La rúbrica de este artículo 4 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 2 DE FEBRERO DE 1991 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 4.-Toda Alta Parte Contratante puede, en el momento de la firma o de la ratificación del presente Protocolo o en cualquier momento posterior, presentar al Secretario General del Consejo de Europa una declaración que indique la medida en la que se compromete a que las disposiciones del presente Protocolo se apliquen a los territorios que se designen en dicha declaración y de cuyas relaciones internacionales es responsable. Toda Alta Parte Contratante que haya presentado una declaración en virtud del párrafo anterior puede, periódicamente, presentar una nueva declaración que modifique los términos de cualquier declaración anterior o ponga fin a la aplicación del presente Protocolo en un territorio cualquiera. Una declaración formulada conforme al presente artículo será considerada como si hubiera sido hecha conforme al párrafo 1 del artículo 56 del Convenio.

Artículo 5.  Relaciones con el Convenio.-        Las Altas Partes Contratantes consideran los artículos 1, 2, 3 y 4 del presente Protocolo como artículos adicionales al Convenio, y todas las disposiciones del Convenio se aplicarán en consecuencia.

La rúbrica de este artículo 5 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 2 DE FEBRERO DE 1991 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 5.-Las Altas Partes Contratantes consideran los artículos 1, 2, 3 y 4 del presente Protocolo como artículos adicionales al Convenio, y todas las disposiciones del Convenio se aplicarán en consecuencia.

Artículo 6.  Firma y ratificación.-        El presente Protocolo está abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa, signatarios del Convenio; será ratificado al mismo tiempo que el Convenio o después de la ratificación de éste. Entrará en vigor después del depósito de diez instrumentos de ratificación. Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Protocolo entrará en vigor desde el momento del depósito del instrumento de ratificación.

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa, quien notificará a todos los miembros los nombres de aquellos que lo hubieran ratificado.

Hecho en París el 20 de marzo de 1952, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General remitirá copias certificadas a cada uno de los Gobiernos signatarios.

La rúbrica de este artículo 6 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 2 DE FEBRERO DE 1991 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 6.-El presente Protocolo está abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa, signatarios del Convenio; será ratificado al mismo tiempo que el Convenio o después de la ratificación de éste. Entrará en vigor después del depósito de diez instrumentos de ratificación. Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Protocolo entrará en vigor desde el momento del depósito del instrumento de ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa, quien notificará a todos los miembros los nombres de aquellos que lo hubieran ratificado. Hecho en París el 20 de marzo de 1952, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General remitirá copias certificadas a cada uno de los Gobiernos signatarios.

PROTOCOLO NÚM. 4 RECONOCIENDO CIERTOS DERECHOS Y LIBERTADES ADEMÁS DE LOS QUE YA FIGURAN EN LA CONVENCIÓN Y EN EL PROTOCOLO ADICIONAL DEL CONVENIO

(Suscrito el 23 de febrero de 1978 y ratificado mediante Instrumento de 16 de septiembre de 2009, publicado en el BOE de 13 de octubre de 2009)

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa,

Resueltos a tomar las medidas apropiadas para asegurar la garantía colectiva de derechos y libertades distintas de los que ya figuran en el Título I del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (denominado en adelante «el Convenio»), y en los artículos 1 y 3 del primer Protocolo adicional al Convenio, firmado en París el 20 de marzo de 1952,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1.  Prohibición de prisión por deudas.-Nadie puede ser privado de su libertad por la única razón de no poder ejecutar una obligación contractual.

Artículo 2.  Libertad de circulación.-1.  Toda persona que se encuentre en situación regular sobre el territorio de un Estado tiene derecho a circular libremente en él y a escoger libremente su residencia.

2.  Toda persona es libre de abandonar un país cualquiera, incluso el suyo.

3.  El ejercicio de estos derechos no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas en la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la salvación pública, el mantenimiento del orden público, la prevención de infracciones penales, la protección de la salud o de la moral o la salvaguardia de los derechos y libertades de tercero.

4.  Los derechos reconocidos en el párrafo 1 pueden igualmente, en ciertas zonas determinadas, ser objeto de restricciones previstas por la ley y que estén justificadas por el interés público en una sociedad democrática.

Artículo 3.  Prohibición de la expulsión de los nacionales.-1.  Nadie puede ser expulsado, en virtud de una medida individual o colectiva, del territorio del Estado del cual sea ciudadano.

2.  Nadie puede verse privado del derecho de entrar en el territorio del Estado del cual sea ciudadano.

Artículo 4.  Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros.-Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros.

Artículo 5.  Aplicación territorial.-1.  Toda Alta Parte Contratante puede, en el momento de la firma o ratificación del presente Protocolo o en cualquier otro momento posterior, comunicar al Secretario General del Consejo de Europa una declaración indicando en qué medida se compromete a aplicar las disposiciones del presente Protocolo en los territorios que se designen en dicha declaración y de los cuales ella asegura las relaciones internacionales.

2.  Toda Alta Parte Contratante que haya comunicado una declaración en virtud del párrafo precedente puede, de cuando en cuando, comunicar una nueva declaración modificando los términos de toda declaración anterior o poniendo fin a la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo sobre un territorio cualquiera.

3.  Una declaración hecha en conformidad con este artículo se considerará como hecha en conformidad con el párrafo 1 del artículo 56 del Convenio .

4.  El territorio de todo Estado al cual el presente Protocolo se aplique en virtud de su ratificación o de su aceptación por dicho Estado, y cada uno de los territorios a los cuales el Protocolo se aplique en virtud de una declaración suscrita por dicho Estado en conformidad con el presente artículo, se considerarán como territorios distintos a los efectos de las referencias al territorio de un Estado contenidas en los artículos 2 y 3.

5.  Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con los párrafos 1 o 2 del presente artículo, podrá, en cualquier momento posterior, declarar que acepta, con respecto a uno o varios de los territorios contemplados en dicha declaración, la competencia del Tribunal para conocer de las demandas de personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares conforme al artículo 34 del Convenio, en virtud de los artículos 1 a 4 del presente Protocolo o de algunos de ellos.

Artículo 6.  Relaciones con el Convenio.-1.  Las Altas Partes Contratantes considerarán los artículos 1 a 5 de este Protocolo como artículos adicionales al Convenio y todas las disposiciones del Convenio se aplicarán en consecuencia.

2.  (Suprimido.)

Artículo 7.  Firma y ratificación.-1.  El presente Protocolo queda abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa, signatarios del Convenio; será ratificado al mismo tiempo que el Convenio después de la ratificación de este último. Entrará en vigor en cuanto se hayan depositado cinco instrumentos de ratificación. Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Protocolo entrará en vigor en el momento del depósito de su instrumento de ratificación.

2.  El Secretario General del Consejo de Europa será competente para recibir el depósito de los instrumentos de ratificación y notificará a todos los miembros los nombres de los que la hayan ratificado.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Protocolo.

Hecho en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1963, en francés e inglés, cuyos dos textos hacen igualmente fe, en un único ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General remitirá copia certificada conforme a cada uno de los Estados signatarios.

PROTOCOLO NÚM. 6 RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

(Suscrito el 28 de abril de 1983 y ratificado mediante Instrumento de 20 de diciembre de 1984, publicado en el BOE de 17 de abril de 1985)

Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (a continuación denominado «el Convenio»);

Considerando que los desarrollos ocurridos en varios Estados miembros del Consejo de Europa expresan una tendencia general en favor de la abolición de la pena de muerte,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1.  Abolición de la pena de muerte.-        Queda abolida la pena de muerte. Nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado.

La rúbrica de este artículo 1 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 1 DE MARZO DE 1985 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 1.-Queda abolida la pena de muerte. Nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado.

Artículo 2.  Pena de muerte en tiempo de guerra.-        Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma. Dicho Estado comunicará al Secretario General del Consejo de Europa las correspondientes disposiciones de la legislación de que se trate.

La rúbrica de este artículo 2 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 1 DE MARZO DE 1985 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 2.-Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma. Dicho Estado comunicará al Secretario General del Consejo de Europa las correspondientes disposiciones de la legislación de que se trate.

Artículo 3.  Prohibición de derogaciones.-        No se autorizará excepción alguna a las disposiciones del presente Protocolo invocando el artículo 15 del Convenio.

La rúbrica de este artículo 3 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 1 DE MARZO DE 1985 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 3.-No se autorizará excepción alguna a las disposiciones del presente Protocolo invocando el artículo 15 del Convenio.

Artículo 4.  Prohibición de reservas.-        No se aceptará reserva alguna a las disposiciones del presente Protocolo en virtud del artículo 57 del Convenio .

La rúbrica de este artículo 4 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 1 DE MARZO DE 1985 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 4.-No se aceptará reserva alguna a las disposiciones del presente Protocolo en virtud del artículo 57 del Convenio.

Artículo 5.  Aplicación territorial.-         1.  Cualquier Estado, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá designar el o los territorios a los cuales se aplicará el presente Protocolo.

2.  Cualquier Estado podrá -en cualquier otro momento posterior y mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa- ampliar la aplicación del presente Protocolo a cualquier otro territorio designado en la declaración. El Protocolo entrará en vigor, con respecto a dicho territorio, el día primero del mes siguiente a la fecha de recepción de la declaración por el Secretario General.

3.  Cualquier declaración hecha en virtud de los dos párrafos anteriores podrá retirarse, en lo que respecta a cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante notificación dirigida al Secretario General. La retirada tendrá efecto el día 1 del mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.

La rúbrica de este artículo 5 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 1 DE MARZO DE 1985 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 5.-1. Cualquier Estado, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá designar el o los territorios a los cuales se aplicará el presente Protocolo. 2. Cualquier Estado podrá -en cualquier otro momento posterior y mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa- ampliar la aplicación del presente Protocolo a cualquier otro territorio designado en la declaración. El Protocolo entrará en vigor, con respecto a dicho territorio, el día primero del mes siguiente a la fecha de recepción de la declaración por el Secretario General. 3. Cualquier declaración hecha en virtud de los dos párrafos anteriores podrá retirarse, en lo que respecta a cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante notificación dirigida al Secretario General. La retirada tendrá efecto el día 1 del mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.

Artículo 6.  Relaciones con el Convenio.-        Los Estados Partes consideran los artículos 1 a 5 del presente Protocolo como artículos adicionales al Convenio, y se aplicarán consiguientemente todas las disposiciones del Convenio.

La rúbrica de este artículo 6 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 1 DE MARZO DE 1985 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 6.-Los Estados Partes consideran los artículos 1 a 5 del presente Protocolo como artículos adicionales al Convenio, y se aplicarán consiguientemente todas las disposiciones del Convenio.

Artículo 7.  Firma y ratificación.-        El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa signatarios del Convenio. Será objeto de ratificación, aceptación o aprobación. Un Estado miembro del Consejo de Europa no podrá ratificar, aceptar o aprobar el presente Protocolo sin haber ratificado el Convenio simultánea o anteriormente. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General del Consejo de Europa.

La rúbrica de este artículo 7 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 1 DE MARZO DE 1985 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 7.-El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa signatarios del Convenio. Será objeto de ratificación, aceptación o aprobación. Un Estado miembro del Consejo de Europa no podrá ratificar, aceptar o aprobar el presente Protocolo sin haber ratificado el Convenio simultánea o anteriormente. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General del Consejo de Europa.

Artículo 8.  Entrada en vigor.-         1.  El presente Protocolo entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la fecha en que cinco Estados miembros del Consejo de Europa hayan manifestado su consentimiento de quedar vinculados por el Protocolo de conformidad con las disposiciones del artículo 7.

2.  Para cualquier Estado miembro que manifieste ulteriormente su consentimiento de quedar vinculado por el Protocolo, éste entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

La rúbrica de este artículo 8 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

- REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 1 DE MARZO DE 1985 A 31 DE OCTUBRE DE 1998. Artículo 8.-1. El presente Protocolo entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la fecha en que cinco Estados miembros del Consejo de Europa hayan manifestado su consentimiento de quedar vinculados por el Protocolo de conformidad con las disposiciones del artículo 7. 2. Para cualquier Estado miembro que manifieste ulteriormente su consentimiento de quedar vinculado por el Protocolo, éste entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

Artículo 9.  Funciones del depositario.-         El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo:

a)  Cualquier firma.

b)  El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

c)  Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Protocolo de conformidad con sus artículos 5 y 8.

d)  Cualquier otro acto, notificación o comunicación referente al presente Protocolo.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Protocolo.

Hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983, en francés y en inglés, los dos textos igualmente fehacientes, en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá una copia del mismo certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa.

La rúbrica de este artículo 9 ha sido añadida por el Protocolo núm. 11, de 11 de mayo de 1994.

Artículo 9.-El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo: a) Cualquier firma. b) El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. c) Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Protocolo de conformidad con sus artículos 5 y 8. d) Cualquier otro acto, notificación o comunicación referente al presente Protocolo. En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Protocolo. Hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983, en francés y en inglés, los dos textos igualmente fehacientes, en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá una copia del mismo certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa.

PROTOCOLO NÚM. 7

(Suscrito el 19 de marzo de 1985 y ratificado mediante Instrumento de 16 de septiembre de 2009, publicado en el BOE de 15 de octubre de 2009)

Los Estados Miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo,

Resueltos a tomar medidas para asegurar la garantía colectiva de algunos derechos y libertades por medio del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (denominado en adelante «el Convenio»);

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1.  Garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros.-1.  Un extranjero que resida legalmente en el territorio de un Estado no podrá ser expulsado excepto en ejecución de una resolución dictada conforme a la ley, y deberá permitírsele:

a)  Exponer las razones que se opongan a su expulsión.

b)  Que su caso sea revisado.

c)  Hacerse representar a esos fines ante la autoridad competente o la persona o las personas designadas por esa autoridad.

2.  Un extranjero podrá ser expulsado antes de ejercer los derechos enumerados en los apartados a), b) y c) del párrafo 1 de este artículo cuando su expulsión sea necesaria en interés del orden público o se base en motivos de seguridad nacional.

Artículo 2.  Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal.-1.  Toda persona declarada culpable de una infracción penal por el Tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un Tribunal Superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los que pueda ser ejercitado, se regularán por la ley.

2.  Este derecho podrá ser objeto de excepciones en caso de infracciones de menor gravedad según las define la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto Tribunal o haya sido declarado culpable y condenado al resolverse un recurso contra su absolución.

Artículo 3.  Derecho a indemnización en caso de error judicial.-Cuando una sentencia penal de condena, firme, sea posteriormente anulada, o cuando se haya concedido un indulto porque un hecho nuevo o una revelación nueva prueben que se ha producido un error judicial, la persona que haya sufrido una pena por esa condena será indemnizada conforme a la ley o a la práctica vigente en el Estado respectivo, excepto cuando se pruebe que la revelación en tiempo oportuno del hecho desconocido le era imputable en todo o en parte.

Artículo 4.  Derecho a no ser juzgado o castigado dos veces.-1.  Nadie podrá ser procesado o castigado penalmente por las jurisdicciones del mismo Estado por una infracción por la que hubiera sido ya absuelto o condenado por sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento penal de ese Estado.

2.  Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la reapertura del proceso, conforme a la ley y al procedimiento penal del Estado interesado, cuando hechos nuevos o revelaciones nuevas o cuando un vicio esencial en ese procedimiento pudieran afectar a la sentencia dictada.

3.  No se autorizará excepción alguna al presente artículo a título del artículo 15 del Convenio.

Artículo 5.  Igualdad entre esposos.-Los cónyuges gozarán de igualdad de derechos y de obligaciones civiles entre sí y en sus relaciones con sus hijos por lo que respecta al matrimonio, durante el mismo y en caso de su disolución. Este artículo no impedirá a los Estados tomar las medidas necesarias en interés de los hijos.

Artículo 6.  Aplicación territorial.-1.  Cualquier Estado puede, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, designar el territorio o los territorios en los que se aplicará el presente Protocolo, indicando en qué medida se compromete a que se apliquen en esos territorios las disposiciones del mismo.

2.  Cualquier Estado, en cualquier otro momento posterior y mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, podrá extender la aplicación del presente Protocolo a cualquier otro territorio designado en la declaración. El Protocolo entrará en vigor respecto de ese territorio el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de dos meses después de haber recibido el Secretario General dicha declaración.

3.  Cualquier declaración hecha con arreglo a los dos párrafos anteriores podrá retirarse o modificarse por lo que respecta a cualquier territorio designado en esa declaración, mediante notificación dirigida al Secretario General. La retirada o la modificación tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de dos meses después de haber recibido el Secretario General la notificación.

4.  Una declaración formulada conforme a este artículo se considerará como si hubiera sido hecha conforme al párrafo 1 del artículo 56 del Convenio .

5.  El territorio de todo Estado al que se aplique el presente Protocolo en virtud de la ratificación, de su aceptación o de la aprobación de dicho Estado, y cada uno de los territorios en los que el Protocolo se aplique en virtud de una declaración suscrita por dicho Estado de conformidad con el presente artículo, podrán considerarse como territorios distintos a los efectos de la referencia al territorio de un Estado contenida en el artículo 1.

6.  Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con los párrafos 1 o 2 del presente artículo, podrá, en cualquier momento posterior, declarar que acepta, con respecto a uno o varios de los territorios contemplados en dicha declaración, la competencia del Tribunal para conocer de las demandas de personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares conforme al artículo 34 del Convenio , en virtud de los artículos 1 a 5 del presente Protocolo .

Artículo 7.  Relaciones con el Convenio.-1.  Los Estados Partes considerarán los artículos 1 a 6 de este Protocolo como artículos adicionales al Convenio, y todas las disposiciones del Convenio se aplicarán en consecuencia.

2.  (Suprimido).

Artículo 8.  Firma y ratificación.-El presente Protocolo está abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa signatarios del Convenio. Será objeto de ratificación, aceptación o aprobación. Un Estado miembro del Consejo de Europa no podrá ratificar, aceptar o aprobar el presente Protocolo sin haber ratificado el Convenio simultánea o anteriormente. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General del Consejo de Europa.

Artículo 9.  Entrada en vigor.-1.  El presente Protocolo entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de dos meses a partir de la fecha en la que siete Estados miembros hayan manifestado su consentimiento de quedar vinculados por el Protocolo de conformidad con las disposiciones del artículo 8.

2.  Para cualquier Estado miembro que manifieste ulteriormente su consentimiento de quedar vinculado por el Protocolo, éste entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de dos meses después de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

Artículo 10.  Funciones del depositario.-El Secretario General del Consejo de Europa notificará a todos los Estados miembros de este Consejo:

a)  Cualquier firma.

b)  El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

c)  Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Protocolo conforme a sus artículos 6 a 9.

d)  Cualquier otro acto, notificación o declaración relacionada con el presente Protocolo.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Protocolo.

Hecho en Estrasburgo, el 22 de noviembre de 1984, en francés y en inglés, siendo los dos textos igualmente fehacientes, en un solo ejemplar, que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa dará traslado de una copia certificada a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa.