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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LAS DONACIONES COMO MEDIDA ALTERNATIVA A LA OBLIGACIÓN DE RESERVA DEL 2% DE LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA DISCAPACITADOS?


 
Se pretende aludir a la adopción empresarial de medidas alternativas a la obligación de reserva del 2% de los puestos de trabajo en las empresas ordinarias del mercado de trabajo, contemplada en el artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los discapacitados, según redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Precepto desarrollado por el RD 364/2005, de 8 de abril.

En esas disposiciones se establece la obligación in natura, para las empresas con más de 50 trabajadores, de reservar el 2% de los puestos de trabajo a empleados discapacitados. Ahora bien, esta obligación podrá ser sustituida por la adopción de otras medidas alternativas, cuando se acredite ante la autoridad laboral la concurrencia de una causa excepcional y ésta autorice la adopción de esas medidas alternativas.

Para que la empresa pueda quedar excluida de la obligación in natura de reserva de puestos de trabajo, deberá solicitar ante la autoridad laboral la declaración de que concurre una causa de excepcionalidad, así como la pertinente autorización de la concreta medida alternativa pretendida.

Son causas de excepcionalidad, que permiten obviar la obligación de reserva, las dos siguientes (artículo 1.2 del RD 364/2005, de 8 de abril): a) que la incorporación de un discapacitado a la empresa sea fruto del resultado negativo de ofertas de empleo dirigidas a la oficina del Servicio Público de Empleo y agencias de colocación, y b) que existan en la empresa causas productivas, organizativas, técnicas o económicas, que motiven "la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla de la empresa".

La empresa ha de solicitar con carácter previo a su adopción, conjuntamente con la declaración de excepcionalidad, la medida alternativa pretendida.

Entre las medidas alternativas previstas, en el artículo 2 aparatado 1, c) del R.D. 364/2005, de 8 de abril, se recoge la realización de donaciones y acciones de patrocinio, que han de ser siempre de carácter monetario, y tener como finalidad el desarrollo de actividades de inserción laboral y creación de empleo de personas discapacitadas, siempre que la entidad beneficiaria sea una fundación o asociación de utilidad pública cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral, o la creación de empleo a favor de personas con discapacidad, de modo que esas donaciones permitan la creación de puestos de trabajo y la integración de los discapacitados en el mercado de trabajo.

En esa disposición reglamentaria se exige la concurrencia de varios requisitos para la validez de la donación como medida alternativa:

a) Requisito sustantivo o material, consistente en que se trate de una auténtica donación, es decir "un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta" (artículo 618 del Código Civil), siendo esencial que se produzca un disminución patrimonial del donante y un correlativo enriquecimiento del donatario, con la intención de enriquecer al donatario (animus donandi). Por tanto, a estos efectos, no podrían considerarse auténticas donaciones actuaciones que lo que realmente constituyen es el pago de bienes, servicios o prestaciones que las fundaciones entregan o "revierten" a las empresas donantes, ya que en estos casos no se produce un auténtico empobrecimiento de estas últimas (criterio de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 29.1.2010, en respuesta a una consulta planteada).

b) Requisito objetivo, consistente en que la donación sea de carácter monetario, en cualquiera de sus formas, sea en dinero efectivo, transferencia bancaria, talón bancario, etc. No cabe la donación de bienes en especie, con lo que no se admiten la entrega de bienes en especie.

c) Requisito subjetivo, en la medida en que la entidad beneficiaria de la donación sea una fundación o asociación de utilidad pública.

d) Requisito instrumental o teleológico, consistente en que el importe de esa donación se destine al desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad. Se insiste en ese carácter instrumental en el artículo 4.2 del Real Decreto 364/2005 citado, donde se señala que "las fundaciones o asociaciones de utilidad pública a las que se refiere la medida prevista en el artículo 2.1.c) destinarán las donaciones o acciones de patrocinio a las actividades que se indican en él". Para la comprobación del cumplimiento del requisito instrumental -que efectivamente las cantidades donadas se han destinado a actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad- es fundamental la memoria anual que deben presentar a los servicios públicos de empleo las fundaciones y asociaciones receptoras de esas donaciones. Si la finalidad de la donación fuere distinta, incurrirá la empresa donataria en una infracción grave por incumpliendo de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo, tipificada en el artículo 15.3 del RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social -LISOS-, con propuesta de sanción de 626 a 6250 euros, en función de la graduación del ilícito administrativo (artículos 39.2 y 40.1 de la LISOS).

 
 
 
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